AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 29 Diciembre 2005
La ETA de siempre
Editorial ABC 29 Diciembre 2005

Rajoy ante la inconstitucionalidad del CAC
EDITORIAL Libertad Digital 29 Diciembre 2005

Controlar la información
Enrique Dans Libertad Digital 29 Diciembre 2005

La irreal Navidad del Rey
Aurelio Alonso Cortés Libertad Digital 29 Diciembre 2005

Nunca más la derecha
IGNACIO S. CÁMARA ABC 29 Diciembre 2005

Frenazo con reservas
Lorenzo Contreras Estrella Digital 29 Diciembre 2005

Retroceso audiovisual
ENRIQUE PORTOCARRERO El Correo 29 Diciembre 2005

La OPA y el Estatut
Pablo Sebastián Estrella Digital 29 Diciembre 2005

Rajoy le gana a Zapatero una batalla que éste no esperaba perder
Editorial Elsemanaldigital  29 Diciembre 2005

2006 en Teherán
RAFAEL L. BARDAJÍ  ABC 29 Diciembre 2005

Epístola moral a Mónika
José Javier Esparza elsemanaldigital 29 Diciembre 2005

Peces Barba: un hombre fuera de lugar y fuera de época
Pascual Tamburri elsemanaldigital 29 Diciembre 2005

El CNI y la propia ETA le bajan las ansias negociadoras a Zapatero
Manuel Ortega elsemanaldigital 29 Diciembre 2005

ETA roba en Francia 1.280 kilos de material para hacer bombas
J. M. Zuloaga La Razón  29 Diciembre 2005

Escándalo en la CNE por la actuación de un consejero amigo de Zapatero y el representante de ERC
Libertad Digital 29 Diciembre 2005

«En el mal llamado proceso de paz, Navarra es un problema para Zapatero», dice Sanz
BEGOÑA LÓPEZ ABC 29 Diciembre 2005

PSOE y BNG imponen el gallego como única lengua en los test de las oposiciones
ANA MARTÍNEZ ABC 29 Diciembre 2005

Denuncian que obligar a que las oposiciones sean sólo en gallego es inconstitucional
(santiago) La Voz 29 Diciembre 2005

Egoïsme
Jean-Michel HELVIG liberation.fr 29 Diciembre 2005

«La région qui deviendrait Etat sortirait de l'UE»
Nathalie DUBOIS liberation.fr 29 Diciembre 2005

Por su actualidad, reproducimos este artículo de JUAN R. LODARES (d.e.p.)

LA DISPUTA DE LAS LENGUAS EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA
Sombras y luces
JUAN R. LODARES El País 13 Marzo 2005

Es un hecho que en los órganos directivos de la Unión Europea se avanza tácitamente hacia una selección de lenguas. La dinámica humana y económica de la integración europea conduce por ese camino. En esta selección hay tres lenguas que han ido ganando terreno poco a poco, ya ocupan mucho y es previsible que en el futuro ocupen más: el inglés, el francés y el alemán. 

La UE se manifiesta muy amiga de la diversidad lingüística y dice en su Carta Magna que la fomentará, pero a la hora de la verdad esas tres lenguas tienen una gran presencia demográfica, geográfica, económica y cultural y son las que más se estudian en la UE como "segundas lenguas" en aquellos países donde no se hablan. En fin, son tres lenguas que pesan más que otras. Más allá de las declaraciones de principios será difícil mantener la paridad de las lenguas en la UE porque, si hay libertad de opción, la masa de hablantes se orientarán hacia las de más peso. Este es un proceso muy conocido en la historia de las lenguas en contacto y yo creo que es el proceso que se ha abierto a largo plazo en la UE (por ejemplo, el 70% de quienes se han examinado para funcionarios de la Unión en los países de la ampliación, ha elegido el inglés como lengua extranjera). 

Con todo, no deja de ser un proceso de incierto futuro, porque si la UE quiere avanzar hacia formas de gobierno ágiles y eficientes, así como mantener su credo integrador y de libre movilidad sociolaboral, la selección de lenguas se hará cada vez más visible; pero si en ese camino no quiere enajenar a muchos europeos tendrá que atender a sus lenguas tengan la condición que tengan. En fin, es previsible que la UE experimente en este terreno —no sabemos durante cuánto tiempo—encontronazos entre su desarrollo económico y su visión política que se irán suavizando con compromisos de distinto tipo, como el alcanzado hace unos días, donde del triunvirato inglés-francés-alemán se ha pasado a un grupo más numeroso de lenguas de trabajo (EL PAÍS, 4/3/2005). 

En todo este negocio, el español parece que pierde algún terreno, aunque finalmente haya sido admitido en el septeto de "lenguas de trabajo" de la UE. Hay varias razones que hacen singular —y, en cierto sentido, débil— al español en la UE: para empezar, es idioma más americano que europeo. En términos demográficos es la quinta. lengua de la UE y la sexta o, séptima en términos económicos Podría retroceder más aún cuando Turquía, si finalmente ingresa, ponga en la UE ochenta millones de hablantes de turco y toda la influencia que está adquiriendo esta lengua en Asia Central. -No hay que olvidar tampoco los ejemplos desconcertantes que España da a sus vecinos: el diario Neue Zürcher Zeitung (20.1.2002), uno de los más prestigiosos de lengua alemana, y el sueco Svenska Dagbladet (16/1/2003), reseñaban en su día la pérdida de peso institucional del español en determinadas autonomías o el hecho de que hubiera en España escolares que teniendo el español como lengua materna no pudieran estudiar en él en la escuela (un caso único en la UE, todo hay que decirlo). 

Sin embargo, aparte de la peculiar posición que el español ocupa en la UE, y de las sombras que se ciernan sobre él, sí se podría hacer algo para que Si la UE quiere ser más que un poder regional, la lengua española será una buena aliada su peso no caiga hasta extremos que no le corresponden. Se trataría de mejorar nuestra imagen idiomática en un club internacional como es la UE. Y yo creo que hay suficientes recursos para ello. 

He aquí siete ideas que se deberían trasmitir a la UE respecto a nuestra lengua:  

1) Efectivamente, hablamos un idioma sobre todo americano pero el Atlántico no traza frontera lingüística y la comunidad hispanohablante es, al fin y al cabo, la tercera del mundo en tamaño internacional.  

2) En España se hablan varias lenguas, nadie lo niega; pero hay una general y común: el español. No somos como Bélgica, Suiza o Canadá, donde no existe una lengua común. Somos un país de comunidad lingüística, donde todo el mundo puede entenderse en una misma lengua y éste es un hecho objetivo.  

3) Descontado el inglés, el español será en el siglo XXI la lengua europea que va a experimentar un mayor crecimiento mundial como grupo de lengua materna (GLM). El futuro es imprevisible, ya lo sé, pero consulten las cifras del Britannica World Data para el periodo 1993-2025 y verán qué favorecidos salimos. Consulten asimismo el Informe Graddol de previsión demolingüística para el 2050 (patrocinado por el British Council) y hallarán que el chino, el español y el inglés encabezan el capítulo de "Grandes Lenguas", ni el francés ni el alemán aparecen en él. Quizá las previsiones de este informe son muy optimistas para el español pero... no lo he hecho yo.  

4) En cuanto a su peso económico, el español aparece entre las seis primeras lenguas del mundo en todos los estudios hechos al respecto.  

5) Es, sin duda alguna, la lengua extranjera que más gusta e interesa en EE UU (si es que puede considerarse extranjera allí) un país muy influyente en el mundo en cuestión de modas y gustos. Es más, si no yerran las previsiones, otra vez, del Informe-Graddol, toda América será un dominio geopolítico bilingüe en inglés-español gracias a los acuerdos sectoriales de libre comercio como Mercosur o el Nafta (y aquí sí creo que Graddol menoscaba al portugués).  

6) Son muchas en el mundo las instituciones comprometidas con la enseñanza y difusión del español que, por su propio interés, consideran inconveniente el desplazamiento de esta lengua en organismos internacionales. Dicho de otro modo: de doce años a esta parte, el español ha ido creando una clientela internacional cada vez más numerosa y exigente.

 7) Hablando de organismos internacionales a nivel mundial, el español es la lengua, junto con el inglés y el francés, que mejor representada está en ellos. 

No sé si estas ideas convencerán a nuestros colegas europeos, pero nuestra estrategia respecto a la imagen del español tendría que girar en torno a ellas. Todos los informes de prospectiva lingüística dan al español como uno de los idiomas más favorecidos por el proceso globalizador a que se asiste en el mundo. La conclusión es sencilla: si la UE quiere ser algo más que un poder regional, la lengua española será una buena aliada. Ocurra lo que ocurra finalmente con nuestro idioma, los siete puntos antedichos deberían quedar claros para la Unión Europea. 

Juan R. Lodares es profesor de Lengua Española en la Universidad Autónoma de Madrid, y autor de El porvenir del español (Taurus 2005).

La ETA de siempre
Editorial ABC 29 Diciembre 2005

SI los últimos comunicados de ETA están recibiendo más atención de la que merece una organización terrorista, no es tanto por el deseo de la opinión pública de conceder a los etarras un protagonismo especial, sino por el de confirmar o desmentir las expectativas de final dialogado abiertas por el Gobierno socialista. Por eso resulta un contrasentido que el Ejecutivo lance reproches a quienes leen los comunicados etarras y sacan conclusiones sobre los mismos, pues ha sido el discurso gubernamental el que ha puesto el foco en las epístolas de los terroristas. Está bien que el Gobierno repita puntualmente que sólo espera el comunicado en el que ETA anuncie su disolución, pero como sucede que ETA no sólo no hace este anuncio, sino que persevera en su estrategia habitual, es la sociedad española la que espera una explicación del Gobierno, a falta de treguas. Una explicación que, por ejemplo, ponga plazo a la oferta de diálogo y concrete los efectos de que ese plazo venza sin el cese de la violencia. ¿Acaso la espera del Gobierno es indefinida? El último comunicado de ETA, hecho público ayer, se limita a reconocer su autoría en la colocación de veintiún artefactos explosivos en los dos últimos meses. Pero ETA no se disuelve, ni entrega las armas ni concede esa tregua que siempre es inminente pero nunca llega. Y no lo hace porque, como dijo en uno de sus últimos comunicados, es al Gobierno al que le corresponde hacer un gesto, tras el «indulto» etarra a los cargos electos.

El Gobierno ha patrocinado un diagnóstico virtual, irreal, de la situación de ETA ante el supuesto final dialogado. Los llamamientos del jefe del Ejecutivo a la confianza ciega en sus esperanzas chocan, una y otra vez, con la realidad. El Consejero vasco de Interior, Javier Balza, ha declarado públicamente que no hay indicio alguno de que ETA vaya a parar su violencia, ni siquiera a declarar una tregua. Los empresarios vascos, por su parte, han denunciado de forma tajante y explícita que no cabe hablar de proceso de paz mientras ETA mantenga su campaña de extorsión, publicitada incluso con pasquines callejeros que piden que no se compren productos de las empresas que se niegan a ceder a la extorsión etarra. Incluso el ministro del Interior, José Antonio Alonso, no desaprovecha ocasión alguna para desmarcar a su departamento de los análisis optimistas sobre un supuesto proceso de paz, insistiendo en la aplicación de la ley y de la eficacia policial. Lamentablemente, el criterio de Alonso no es el que impera en el círculo presidencial que, supuestamente, maneja los hilos del final dialogado de la violencia etarra.

En definitiva, ETA no ha dado ningún paso que permita hablar de paz. La ausencia de muertos -refugio último para la ausencia de otras pruebas- no se debe a una «tregua de sangre» para atraer al Gobierno a una negociación, sino a una estrategia que busca, por un lado, afianzar la recuperación notoria y progresiva de la izquierda abertzale para las elecciones municipales de 2007; y, por otro, acompañar el proceso político de reagrupación del nacionalismo en torno a la Mesa para el Acuerdo, creada por el Foro de Debate Nacional, que es una mutación del Acuerdo de Lizarra, sin el PNV.

Frente a la ETA de siempre, el Estado ha cedido mucho terreno en muy poco tiempo. Tanto, que si el Gobierno decide rectificar su política sobre terrorismo, su posición de partida ya no será la del 13 de marzo de 2004, sino otra muy anterior. Se ha perdido la unidad democrática entre el PP y el PSOE, con la consiguiente ruptura del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo; la ley de Partidos Políticos está derogada; Batasuna se beneficia de la impunidad que le otorga la pasividad de la Fiscalía General y su nueva marca parlamentaria, el Partido Comunista de las Tierras Vascas -investigado por la Audiencia Nacional, con la abstención del Ministerio Fiscal-, asegura a los terroristas una presencia institucional que estaba perdida. Además, la dirección del PSE ha metido al socialismo vasco en el laberinto nacionalista, y no tanto por el apoyo a los presupuestos del Gobierno de Ibarretxe -que es una forma de cancelar aquel acto de dignidad que fue, en 1998, la ruptura con un PNV que ya estaba pactando con HB-, cuanto por el desistimiento constitucional que Patxi López hizo oficial en el diario «Gara». ETA lleva un intenso año de atentados -sin muertos, pero con decenas de heridos-, de violencia callejera reactivada, de más extorsión a empresarios, de burla al Estado y aprovechamiento de los errores del Gobierno.

Rajoy ante la inconstitucionalidad del CAC
EDITORIAL Libertad Digital 29 Diciembre 2005

La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), acaba de anunciar, por boca de su presidente, Fernando González Urbaneja, que ha pedido al Gobierno y a los grupos parlamentarios que insten la inconstitucionalidad de artículos concretos de la reciente Ley Audiovisual catalana que asignan funciones y competencias en materia de contenidos al Consejo Audiovisual de Cataluña.

Aunque sea con tardanza y tibieza, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España se ha sumado, así, al clamor mediático y ciudadano contra esta liberticida legislación que regula el CAC, verdadero organismo censor con el que el tripartito nacional socialista –o social nacionalista– presidido por Maragall, pretende silenciar las voces críticas, empezando por las de la COPE.

La reacción de la FAPE se produce después de que se haya presentado en el Parlamento Europeo un manifiesto en apoyo a la COPE, avalado con casi setecientas mil firmas ciudadanas, y después de que el Comité Mundial de Libertad de Prensa reclamara por carta a Maragall el desmantelamiento de ese "organismo censor", más propio de una dictadura bananera que de un Estado democrático y de derecho. Este mismo lunes, también la Asociación Española de Radiodifusión Comercial denunciaba de los riesgos, que para "los derechos fundamentales", entraña las "ilimitadas" facultades de control e inspección otorgadas al CAC.

Si bien el presidente de la FAPE ha cumplido, por su parte, el requisito formal de dirigirse tanto al Gobierno como a los grupos parlamentarios, es iluso esperar que el gobierno de Zapatero –auténtico cómplice de esta ley mordaza– vaya a ser quien promueva el recurso ante el Tribunal Constitucional. Caso diferente es el del PP que, por razones de coherencia y de principios elementales, debería haber dirigido ya –sin necesidad de que ninguna asociación le instara a ello– su recurso contra esta campaña liberticida que, de forma tan flagrante, viola nuestra ley de leyes.

Aunque demos por descontado el recurso del PP, su dilación no es ajena a ese lamentable espectáculo protagonizado por este partido en Cataluña que a punto estuvo de secundar en el parlamento autonómico esta "ley mordaza", y que, tras su definitivo voto negativo, todavía elogió al CAC y a su inexistente "independencia y pluralidad".

En cualquier caso, de los errores estratégicos y hasta de la falta de principios, se aprende; siempre, claro está, que se corrijan.

El túnel
Controlar la información
Enrique Dans Libertad Digital 29 Diciembre 2005

Con inmenso estupor asisto al episodio de la creación e inicio de actividades de un organismo, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, dedicado al ejercicio de la censura informativa. Realmente, ignoro si es mayor mi estupor por verlo creado, por constatar su execrable existencia, o el debido a la falta de reacción aparente que observo en la mayoría de mis conciudadanos, rayana en el desinterés y la resignación total ante lo que pueda venir. La rápida reacción del Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC), a través de carta del 23 de Diciembre (de lectura más que recomendable) solicitando a la Generalitat y al Parlament de Catalunya el desmantelamiento del vergonzante organismo no deja lugar a dudas de ningún género: nos hallamos ante la más brutal recaída antidemocrática de la reciente historia de este país, algo “cuya mera existencia”, citando textualmente la carta, “se estrella de plano contra las normas democráticas y de libertad de expresión aceptadas por la Unión Europea, la Corte Europea de Derechos Humanos y la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo”.

Sin embargo, la cosa está lejos de acabar ahí, y todavía tenemos que asistir a cómo un ministro del gobierno se despacha diciendo que prepara una ley audiovisual a imagen y semejanza de la catalana. ¡Y su superiora jerárquica, la vicepresidenta del gobierno, va, lo apoya, y se proclama una “defensora a ultranza de la libertad de expresión”! Digo yo que será defensora de “su” libertad de expresión. Aquí, como en “Rebelión en la granja”, de Orwell, somos todos iguales, pero unos son claramente más iguales que otros.

¿Alguien se ha parado a pensar de qué estamos hablando aquí? ¿Pero es que nadie se da cuenta de hacia dónde vamos? Por favor, hagan la prueba. Despacio, muy despacio, paladeen las palabras “cen-su-ra gu-ber-na-men-tal”... Imaginen un país en el que el encargado de decidir si yo puedo escribir o hablar sobre un tema determinado no sea un juez sino, ¡el gobierno! ¿Dónde están los más elementales principios de la separación de poderes? ¿En qué democracia vivo cuando se puede ejercer la represalia contra aquellos que dicen cosas que no gustan al gobierno de turno? ¿Quién es un gobierno para decidir qué es mentira y qué es verdad? En ningún sitio consta que un gobierno tenga estas atribuciones. En cualquier país demócrata civilizado, el mero hecho de pretender o anunciar la intención de crear algo remotamente parecido al Consell de l'Audiovisual de Catalunya debería ser motivo de dimisión del político de turno por manifiesto comportamiento antidemocrático. Aquí, lejos de tener alguna connotación negativa, el comportamiento anima a la creación de un ente superior a nivel estatal. Y aquí no se despeina nadie. Nos parece de lo más normal. De verdad, se me está cayendo todo, todo al suelo, hasta las convicciones democráticas más profundas...

El control de la información es una de las características más representativas de las dictaduras. Siempre que un gobierno pretende ejercer su poder contra el pueblo, busca métodos para controlar la información que éste puede llegar a recibir, para asegurarse el manejo de la situación. Es el mismo tipo de obsesión que surge con el control de la televisión cuando hay un cambio de poder: es preciso poner al mando de los vehículos comunicativos a personas afines que impidan la difusión de mensajes contrarios a los intereses del poder. Normalmente, se hacía con “cierto” interés por guardar las formas, por evitar parecer lo que uno no es. Además, con ejercer control sobre la televisión, se aseguraba la influencia sobre la amplia mayoría de la población, y esto era suficiente. Las cosas, sin embargo, han cambiado. Ahora, una porción cada vez más representativa de la población alimenta sus necesidades informativas con un número mayor de fuentes, que incluyen televisión, pero también radio, periódicos, revistas y, como no, Internet. ¿De verdad se creen que el ya demostrado y patente ímpetu censor del gobierno se va a quedar en la televisión y la radio? No, ni mucho menos. Nos dirigimos a un escenario patéticamente antidemocrático, en el que todo lo que un ciudadano exprese a través de un medio de comunicación –e Internet indudablemente lo es– podrá tener su respuesta inmediata por parte del órgano censor correspondiente, que será además un órgano ejecutivo. Imagíneselo, repartiendo mandobles a diestro y siniestro, cierra una emisora aquí, ordena una hora de fundido a negro en pleno prime time por allá, cierra esta web, entra a saco con tus funcionarios en donde creo que los delincuentes alojan sus páginas... ¿Qué ocurrirá cuando los censurados, lejos de ser una empresa de medios, seamos las personas, los ciudadanos? Y no lo olviden, hablamos de José Montilla, el mismo personaje que el pasado 20 de Mayo dijo textualmente, refiriéndose a la información en Internet, “...se crean ex novo nuevos productos de dudosa utilidad y legalidad, como es el caso de algún tipo de confidencial o bitácora...”

Ministro, yo tengo una bitácora, y escribo en ella lo que me da la gana, ejerciendo mi libertad de expresión. Si un día difamo a alguien o miento, serán los tribunales los que deberán demandarme la oportuna sanción y/o medida correctora. Los tribunales, no usted. Ministro, sabemos que le molesta Internet, y ha dejado asimismo patente que le molesta, y profundamente, la libertad de expresión. Juntemos ambas cosas, y sabremos lo que se nos viene encima. La obsesión enfermiza por controlar la información puede llevarnos a una de las mayores locuras antidemocráticas que hayamos vivido nunca en este país. Es preciso pararlo ya. Hoy es la COPE. Mañana, cualquiera de nosotros.

Enrique Dans es profesor del Instituto de Empresa

Discurso real
La irreal Navidad del Rey
Aurelio Alonso Cortés Libertad Digital 29 Diciembre 2005

La tarjeta fotográfica con la que la Casa Real ha felicitado las Navidades a los españoles, no es auténtica. Es un montaje, o mejor dicho un fotomontaje. Sobre la foto-base del ventanal a un idílico jardín –¿de La Zarzuela?– se han incrustado digitalmente las de los monarcas y sus nietos procedentes de poses anteriores. Una pierna faltaba aquí y otra allá. Por respeto a Sus Majestades evito profundizar. Es pues “una real foto”, pero no “una foto real”, verdadera. Ni Goya lo hubiera pintado con mayor falta de respeto. La crítica del trueque, que fue primicia de “El Mundo”, es acertada pues, como indica ese mismo medio, “no puede presentarse a los españoles lo que nunca sucedió”. En tiempos de tanta mentira política es la certeza e identidad indubitable de sus personas y actos lo que diferencia a la monarquía de otras instituciones.

Sin recuperarnos aún del asombro fotográfico escuchamos el tradicional discurso real de Navidades en plena cena de Nochebuena. Ni una palabra sobre el evento religioso que daba ocasión al mensaje navideño, salvo el simbólico y sintético belén con el Niño, la Virgen y San José.

Don Juan Carlos pronunció frases de doble dirección. A nadie extrañe que sin darse por aludidos los partidos las hayan apropiado “a beneficio de inventario”. Su ambigüedad gustó a todos, especialmente a los separatistas. Así, El Periódico de Cataluña interpretó lo del consenso como “unanimidad en torno al Estatut”. Y Deia resaltaba que "el PNV espera que los valores que defiende el monarca español se hagan efectivos también en Euskadi".

Fue un discurso triunfalista e irreal, con referencia a éxitos –se supone que gubernamentales– sin mención concreta a los muy peligrosos y recientes sucedidos de la España diaria y real. Habló de crispación aunque sin reparar que, siendo síntoma de una grave enfermedad, no se cura con recetas de diálogo y consenso es decir, con aspirinas. ¿Con quien podría dialogar el primer partido de la oposición si el pacto del Tinell le prohíbe todo trato con los del cuatripartito, la artificiosa mayoría que manda en España? De este modo diez millones de españoles con plenos derechos carecen de voz cuando se modifica la Constitución.

¿Oyeron amigos lectores en el real discurso algo sobre la libertad de expresión, primer pilar constitucional y basamento de toda democracia? Y sin embargo es pública y notoria la preparación de una ley mordaza en Cataluña –por mediación del CAC– y otra para toda España, la del CEMA.

¿Pudo desconocer Su Majestad que el día anterior el Consejo de Ministros había aprobado un anteproyecto de ley dividiendo la Justicia –el segundo pilar constitucional– y su unitario Consejo General del Poder Judicial en 17 Consejos autonómicos, arrinconando de paso al Tribunal Supremo de todos los españoles? A partir de ahora tendremos juicios “a la carta” según territorios. Y jueces sumisos a cada poder autonómico nombrados por los respectivos Parlamentos. ¿Qué jueces independientes nos ampararán de la eventual arbitrariedad de los políticos? ¿Quién juzgará a éstos?

Tampoco encontramos en el discurso real referencia al tercer pilar constitucional que es la solidaridad entre las comunidades autónomas más ricas y las que no lo son. Y ello en un momento en que los del Estatuto quieren alzarse con el santo y la limosna.

Justificar los silencios en que el Rey no debe entrar en materias de Gobierno, equivale a admitir como incumbencia del Gobierno el trastocar la Constitución, incluso en la unidad nacional, sin participación de todos los ciudadanos, con ocasión de cambiar el Estatuto de algunos. Olvidan que según la Carta Magna el Rey, como Jefe del Estado, es “símbolo de su unidad y permanencia”, “arbitra y modera el funcionamiento regular de sus instituciones” y “debe guardar y hacer guardar la Constitución”.

Su discurso repitió conceptos de los últimos treinta años de reinado. Se refirió al terrorismo indicando que terminarlo era “objetivo prioritario e irremplazable”. ¿Qué fue del Pacto antiterrorista de los dos partidos mayoritarios que dio tan buenos resultados? ¿Por qué silenciarlo? Y en materia de educación fue escueto: “llevo años insistiendo en que la mejora de la educación y el fomento de la innovación tecnológica son tareas prioritarias”. Reconoció el retraso pero no señaló males y remedios. España lidera el fracaso escolar europeo gracias a que la LOGSE de 1990, y ahora la LOE, han sustituido el esfuerzo personal de cada estudiante por una irreal igualdad en la mediocridad. ¿Se les prepara para el pensamiento único, el mismo que pretende la ley mordaza?

¿Dónde quedaron en el discurso navideño la ética y los principios morales? A los actuales gobernantes sólo parece importar la educación para la ciudadanía, resumida en esta frase de la Carlos III que pastorea Peces-Barba: “la palabra de Dios no significa nada para el ciudadano”. ¿No estará este agnosticismo impulsando a los jóvenes al consumo generalizado de drogas, al navajeo en las calles, a la promiscuidad, y al record de 85.000 abortos? ¡Y que decir del comisioneo de algunos mayores; del Carmel por ejemplo!

¡Cuánto echamos en falta a un Don Sabino en la Casa Real! Al menos los que creemos que la monarquía es esa continuidad que nos evita el follón de elegir Presidente de la República cada cinco o seis años.

Nunca más la derecha
IGNACIO S. CÁMARA ABC 29 Diciembre 2005

Es legítimo que un Gobierno aspire a mantenerse en el poder, pero deja de ser democrático si, yendo más allá de esta natural propensión, aspira a destruir a la oposición o a impedir que pueda llegar al poder. Sin oposición, no hay democracia. La democracia se fundamenta en, al menos, tres pilares fundamentales: la soberanía nacional, la independencia del Poder Judicial y la libertad de expresión y de Prensa. Por eso, el «talante» democrático de un Gobierno se mide, ante todo, por la firmeza en la defensa de esos tres principios. La soberanía nacional venía siendo socavada por la amenaza cruenta del terrorismo de la ETA y por la incruenta de los proyectos de reforma de los Estatutos vasco y catalán. Pero mientras el primero ha sido desactivado, legítima y legalmente por las Cortes, el segundo ha contado con la colaboración del Gobierno de Zapatero, obligado ahora a corregir, en parte, lo que contribuyó a crear. El proyecto de Estatuto catalán presupone la soberanía de Cataluña, olvidando que un Estatuto de Autonomía es una norma jurídica del Estado, cuya legitimidad deriva de la Constitución, que, a su vez, se asienta en la soberanía nacional y en la indisoluble unidad de la Nación española. La independencia del Poder Judicial yacía maltrecha desde hace años. Ahora, no sólo no se remedian los viejos males sino que se aspira a aumentarlos con el proyecto de creación de jueces de proximidad, que entraña un paso más hacia la «gubernamentalización» del Poder judicial. Ni la «telebasura», ni las intromisiones en el honor y la intimidad de las personas, ni la protección de los derechos de la infancia ni, en suma, el decoro, habían provocado una reacción como la que ha propiciado la Cope: la creación de un Comité político que decidirá la veracidad y licitud de los contenidos emitidos, establecerá sanciones y podrá, en última instancia, revocar concesiones y clausurar medios. Como si el establecimiento de una «censura democrática» no fuera una contradicción en los términos, y no bastara el control judicial establecido por la Constitución. Soplan aires de cambio de régimen y auspicios de «segundas transiciones».

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Sólo caben hipótesis y conjeturas, pero el diagnóstico parece diáfano. Ahí va una, acaso equivocada. La izquierda española, salvo excepciones, está convencida de estar en posesión de la verdad y de la representación popular. La victoria electoral del PP por mayoría absoluta fue un golpe histórico a su autoestima y a sus falsas pretensiones. Tomando como pretexto algunos errores del Gobierno de Aznar, emprendió un camino hacia la recuperación del poder y la marginación de la derecha extramuros del sistema. Todo parece indicar que su acción de gobierno va presidida por este lema: «Nunca más la derecha». No es extraño que la democracia sufra una regresión.

Frenazo con reservas
Lorenzo Contreras Estrella Digital 29 Diciembre 2005

Han tenido que dar marcha atrás. Querían cerrar este primer curso parlamentario con el compromiso de una situación abierta en la que el PSOE y el tripartito catalán, más CiU, ofreciesen la impresión de que “nada de anticipo de cerrojazo”, “ya veremos” y, por tanto, los planteamientos básicos del Estatut no serían condenados ni descalificados de antemano por el PSOE como partido gobernante. Sin embargo, visto el plante del PP, Zapatero ha tenido que optar antes de tiempo entre la complicidad con los nacionalistas anticonstitucionales en cuestiones básicas, con algunos retoques, o la desactivación casi completa del Estatuto. Aun así, las enmiendas paralelas del PSOE respecto a las del PP, con notables semejanzas entre ellas, presentan la diferencia de que la posición popular es cerrada y la socialista es una puerta entreabierta con vistas a los futuros debates postvacacionales de las Cortes. O sea, el “choque de trenes” que se avecina va a dar la medida de lo que unos y otros —los dos grandes partidos nacionales— entienden por respeto a la Constitución y mantenimiento sustancial del modelo de Estado concebido en 1978.

Una vez más, a Zapatero le han salido mal los cálculos. En su día se arriesgó a anunciar que respetaría lo que en materia de reforma estatutaria (anticonstitucional) acordasen los parlamentarios catalanes, mayoritariamente nacionalistas. Ahora ha tenido que dar prácticamente la razón en líneas generales a sus adversarios políticos. Se ha tenido que tragar el concepto de nación catalana, el planteamiento de la financiación, la idea de la relación bilateral Cataluña-Estado, la figura del Poder Judicial independiente de la concepción general del Poder Judicial del Estado, los derechos históricos como puerta abierta o túnel de regreso al pasado, con Wifredo el Velloso a caballo al frente de la tropa catalana y, sin agotar todo el repertorio, el flujo de traspaso de competencias exclusivas del Estado... Ha quedado el fleco de la lengua, ya que en realidad, tal como se perfila la tragadera socialista, el castellano se consolida como lengua secundaria frente a un catalán que “todo habitante” tendrá el deber de conocer, o de lo contrario allá él con sus problemas. Imaginemos lo que esto significa en el orden de la enseñanza, tanto para el alumnado como para el profesorado, y nada digamos para el opositor.

Inevitablemente, Zapatero se está ganando a pulso la atención crítica de gran parte de la opinión española, incluyendo una considerable porción de la socialista. Nadie con un cierto sentido de la imparcialidad va a poder olvidar lo ya apuntado al principio de este comentario: ZP diciendo que lo acordado por el Parlamento catalán iría a misa, por su parte; ahora, tras la confirmación de de la famosa “patena”, limpia de adherencias anticonstitucionales en la reforma estatutaria catalana , el presidente tendrá que demostrar voluntad de respetar el contenido esencial de sus propias enmiendas al articulado del Estatut. Pero eso tiene poco de cosa segura. A la vuelta del calendario legislativo, cuando el nuevo curso se desarrolle, ya veremos qué pueden haber pactado zapateristas y maragallianos, con Carod de vigilante.

La desactivación del Estatut, con sus matizaciones y condescendencias sutiles, es sospechosa de provisionalidad. Lo que vale como criterio interpretativo es que ZP quería prorrogar el plazo de enmiendas al Estatut para cerrar el trámite con una idea inconcreta de acuerdo con los entusiastas nacionalistas . Ya habría luego tiempo de rematar la faena política.

Retroceso audiovisual
ENRIQUE PORTOCARRERO El Correo 29 Diciembre 2005

Mal tienen que estar la democracia y la justicia en España como para que los gobiernos de Cataluña y Madrid decidan al unísono otorgar a un órgano puramente político el control de los medios de comunicación audiovisual, hurtando a los tribunales su legítima jurisdicción cuando se trata de valorar unos hechos y, en su caso, de sancionar un delito. Mal tienen que estar ahora, repito, porque hasta la aprobación reciente de la Ley Audiovisual de Cataluña o hasta el anuncio navideño de la creación de un Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales todavía pensábamos que cualquier conflicto entre la libertad de expresión y los derechos fundamentales se resolvía por los tribunales ordinarios, lo cual está en la esencia del Estado de Derecho, sobre todo porque en el mismo siempre se garantizan la independencia y la imparcialidad en las sentencias emitidas por esos tribunales.

Algo grave habrá pasado, seguramente, como para que el Gobierno de Rodríguez Zapatero y la mayoría parlamentaria de Cataluña se conviertan de la noche a la mañana en juez y parte, dando en el primer caso un poder omnímodo a un órgano que hasta puede apreciar la vulneración de los principios de objetividad y veracidad de las informaciones emitidas por los medios de comunicación audiovisual, mientras que a lo anterior también se añade en el segundo caso una plena capacidad para conceder, suspender y anular las licencias de radio y televisión, lo cual es ya el colmo de la parcialidad y el disparate.

Tendrán que explicarnos los gobiernos de Maragall y Rodríguez Zapatero, por lo tanto, las graves razones que han motivado la atribución subjetiva y parcial de jurisdicción a un órgano político y hasta la concesión al mismo de una alta función como garante de la ética y de la veracidad en las informaciones transmitidas por los medios de comunicación audiovisual. Igualmente, deberán darnos cuenta de las complejas razones que explican la configuración plenamente política de unos órganos reguladores que no sólo tendrían que haber sido creados con un carácter más limitadamente administrativo, sino que encima deberían haber previsto una composición de sus miembros más técnica e independiente y menos política. De hecho, y a diferencia de otros sistemas en los que la necesidad de garantizar la imparcialidad obliga a la inclusión en los consejos audiovisuales de perfiles de reconocida solvencia profesional o de miembros que no desempeñen cargo político, en el modelo autonómico y en el estatal todo indica que será la mayoría parlamentaria la que gobierne unos órganos compuestos por cuotas estrictamente partidistas y, claro, políticas.

Así las cosas, de no justificarse con claridad y precisión las graves razones que han llevado a los gobiernos catalán y central a suplantar las competencias de los tribunales y a cercenar en un caso y proponer en otro una grave limitación a la libertad de expresión, deberemos deducir que las capacidades previstas para el Consejo Estatal de los Medios Audiovisuales y las ya otorgadas al Consejo Audiovisual de Cataluña no son sino tanto un instrumento para consolidar el intervencionismo político, como una herramienta para la prevención y el control de los medios de comunicación que se consideren 'desafectos'. No en balde, el hecho de concentrar en un solo órgano no judicial el poder sancionador y la capacidad para determinar cuándo se ha producido una vulneración del derecho al honor y cuándo una infracción en la obligación de separar opinión de información supone, por igual, la desaparición de una necesaria garantía de legalidad y la consagración de un sistema que es conminatorio para los medios de comunicación y constrictivo para el ejercicio de la libertad de expresión.

Mal asunto todo ello, en definitiva, ya que semejante creación política viene a completar de forma poco racional un escenario audiovisual que nunca se acaba de conformar atendiendo a criterios estrictamente sociales, industriales y competitivos. Y es que, muy al contrario, parece como si los poderes públicos se empeñaran legislatura tras legislatura en regular y legislar desacertadamente, buscando un control y un dominio a través de medios afines de lo que se considera un simple instrumento del poder político. Con ese oriente, claro, se margina la autorregulación y hasta se priva a los tribunales de su función como garantes de las libertades constitucionales, favoreciendo el intervencionismo, el dirigismo y, en última instancia, la censura y la mordaza. Una pena, en fin, que en nuestro sistema democrático todavía sean posibles los traspiés y los retrocesos constitucionales.

La OPA y el Estatut
Pablo Sebastián Estrella Digital 29 Diciembre 2005

Mientras la batalla política del Estatuto catalán ha pasado a zonas de oscuridad a la espera del gran debate parlamentario, la otra contienda paralela, la OPA de Gas Natural sobre Endesa, que está estrechamente ligada a la pretendida posición dominante del nacionalismo catalán sobre el resto de España, mantiene su ritmo de crucero y viaja de la política a los tribunales con la pretensión de convertir la OPA en moneda de pago económico y de influencia financiera de Cataluña en el resto de España, una vez que las pretensiones confederales del Gobierno tripartito de Maragall parecen desinflarse ante la protesta interna del PSOE y la reacción contraria que los ciudadanos de casi toda España están agitando frente a semejante embestida tanto en la política como en las relaciones económicas, véase el caso del boicot a empresas y entidades catalanas.

Aquellas imágenes solemnes y sentimentales del Parlamento de Cataluña cantando en pie Els Segadors tras la aprobación del nuevo Estatut por el 85 por ciento de sus diputados y la proclamación de la nación, el autogobierno y casi el nuevo Estado confederal están quedando en poca cosa y no se ve en estos días a Carod, Maragall, Saura y Mas protestando ante el flagrante recorte de sus pretensiones políticas —¿dónde está el término nación en las enmiendas del PSOE?— y camino de una transacción que recuerda en algo aquellas negociaciones del Oriente Próximo en las que se proponía “paz por territorios”. Ahora lo que se propone es un nuevo Estatuto en el que se ofrece dinero a cambio de la renuncia a toda pretensión de soberanía. Dinero por soberanía.

Y en esto del dinero parece incluirse la OPA de Gas Natural y La Caixa sobre Endesa, una vez que el ministro Montilla ha quedado tocado por el caso de la financiación irregular o presuntamente corrupta del PSC. Activando Montilla unas artes reguladoras de la OPA que muy poco tienen que envidiar a la quita de la deuda de su partido, una vez conocida su complicidad y la actuación flagrante e indecente de la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía o del presidente de la CNMV. Sin perder de vista las andanzas de Montilla en los ataques frontales a la libertad de expresión con sus concesiones televisivas —Cuatro y La Sexta— a editores próximos al PSOE y el PSC, o los tristemente famosos consejos de censuras audiovisuales.

Montilla no está para izar banderas nacionalistas, de la misma manera que Maragall —a quien en el PSOE acusan de ser autor irresponsable de esta crisis política— no está para plantar cara a nadie en Madrid ni en su propio partido, ni siquiera para remodelar su Gobierno. Pero ambos, y el ministro de especial manera por los favores económicos recibidos de La Caixa, quieren por lo menos conseguir algún triunfo económico y sigue empeñado en meter la mano en la OPA. Y lo hacen en sintonía con los promotores del asalto a Endesa, Gas Natural y La Caixa, que siguen con su modelo de apoyo en lo político —que ahora extienden al campo judicial— que a la larga será malo para la entidad financiera y tendrá graves repercusiones en el resto de España, como ya se está demostrando. Marcando una diferencia esencial de cómo en su día se hicieron las cosas en Repsol, donde lo empresarial primó sobre lo político, aunque de todo hubo un poco.

Es, en este camino de forzar la mano y de subir la tensión, donde se inscribe ahora la demanda presentada por Gas Natural ante un tribunal de Barcelona —después de haber presentado otras dos en Madrid, fallidas— para intentar amordazar a Endesa y dañar los intereses y la gestión de la empresa a la que se pretende bloquear en sus más notorios derechos, como el reparto de dividendos según los acuerdos de su Junta General, lo que además de ser algo ilegal y una agresión contra los accionistas actuales revela unas maneras de entender la gestión empresarial que debería alarmar a los fondos de inversión, a los que ahora pretenden implicar en su OPA, de momento con unos precios y unos “papelitos” que no parecen muy atractivos para el mercado, a no ser que se modifiquen en los próximos meses.

Sin olvidar en todo ello el gesto de buscar un tribunal catalán —en pos de medidas cautelares—, como si los de Madrid no fueran imparciales, lo que permite sospechar que alguien espera o a lo mejor piensa que un juez amigo o nacionalista podría actuar en su favor por “proximidad” (abriendo así La Caixa un escándalo judicial a sumar al otro de la política), lo que nos recuerda casos flagrantes no lejanos como el del famoso Pascual Estevill, al que apadrinó la Generalitat ni más ni menos que en el Consejo General del Poder Judicial. Aunque por ahora tenemos que confiar en que este modelo no sea repetible ni en Cataluña ni en ninguna parte.

El Estatuto catalán se planteó mal, y si Maragall tiene una seria responsabilidad, el presidente Zapatero, azuzado por su ministro Montilla, es también responsable del fiasco que ahora se va a intentar moderar o rectificar, de la misma manera que La Caixa debería reconducir la situación de la OPA, que es hermana gemela y cómplice de la operación del Estatuto, si no desea que, a que corto, medio o largo plazo, en lugar del semen que Gabarró anunció haber sembrado en Endesa, sea la profunda animadversión española con todo lo que tiene que ver con La Caixa el fruto que saldrá de toda esta alocada y politizada operación que ahora se quiere judicializar en Cataluña.

Son los empresarios catalanes los que ahora se quejan de sus problemas con el resto de España, pero sus quejas las deben dirigir a los políticos y a los empresarios catalanes que han hecho las cosas tan mal, mezclándolo todo y moviendo de manera interesada y descarada las palancas de los poderes públicos en beneficio de sus ambiciones y negocios que, con unos orígenes tan perversos y poco limpios, les pueden salir bastante mal.

Rajoy le gana a Zapatero una batalla que éste no esperaba perder
Editorial Elsemanaldigital  29 Diciembre 2005

Quedan Carod y Mas frente a Rajoy, con Zapatero como un testigo, por ahora, extraparlamentario. El líder del PP ha ganado una batalla importante ante la opinión pública catalana.

29 de diciembre de 2005. A fecha de hoy, en el Congreso de los Diputados se han registrado tres documentos.

En primer lugar, un texto original de proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que la totalidad del PSOE, e incluso parte del PSC aunque votara a su favor en el Parlament, considera inaceptable por ser anticonstitucional de arriba abajo.

En segundo lugar, un texto alternativo presentado por el PP, que enmienda el anterior para hacerlo coherente con el Estatut aprobado en 1979 y con la Carta Magna, de forma que sea lo que dice ser: una reforma, y no una ley enteramente nueva, y además contraria a la norma superior de la que emana.

Por último, un conjunto de enmiendas recolectadas a toda prisa por el Grupo Socialista ante el parón negociador y la imposibilidad de prorrogar el plazo de presentarlas.

El portavoz del PP en la Cámara Baja, Eduardo Zaplana, no ha dudado en calificarlas como "chapuza", y el diputado Vicente Martínez-Pujalte ha señalado incluso que en sus doce años de vida parlamentaria no había visto nunca algo así.

Los socialistas no han podido redactar enmiendas en sentido estricto –esto es, propuestas con un valor dispositivo y normativo nítido, claro y coherente con el resto del articulado– porque, a 24 horas del plazo deseado por ellos mismos para la obtención de un acuerdo básico con el Tripartito y con CiU (en principio, mañana día 30), no tienen un modelo territorial ni para Cataluña en lo que es propio de ella, ni para el resto de España en aquello que otras comunidades exigirán en cuanto lo tenga la que preside Pasqual Maragall.

¿Quién actúa con respeto hacia Cataluña? ¿Mariano Rajoy o José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Quién está cumpliendo con seriedad los plazos que otros fijan, y quién es incapaz de conducir una negociación de manera que el texto resultante de ella pueda ser visto con respeto, y no como producto de un chalaneo de aficionados?

Lo que está demostrando la actitud de Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, Pasqual Maragall, Josep Lluís Carod-Rovira y Artur Mas es un nulo aprecio a la dignidad institucional de las leyes.

El PSOE ha pergeñado unas cuantas opiniones y reflexiones genéricas sobre una ley que aspira a entrar en vigor, y las intenta "colar" como enmiendas. Y todo ello sólo porque es incapaz de arriesgar una postura propia que le comprometa en un acuerdo futuro que nadie sabe en qué consistirá, pues todo depende de hasta dónde esté dispuesto a ceder el presidente del Gobierno en un cálculo de pura conveniencia electoral y de supervivencia política.

Ésta es toda la historia del tiempo que va del martes 27 a, en el mejor de los casos, el viernes 30.

Entretanto, sobre la mesa sólo están: un proyecto que rompe España, por un lado; y por otro, una reforma del Estatuto de Cataluña ante la cual los nacionalistas podrán rasgarse las vestiduras, pero que al menos ha tenido el rigor de respetar los procedimientos establecidos.

Esto es, quedan Carod y Mas frente a Rajoy, con Zapatero como un testigo, por ahora, extraparlamentario. El líder del PP ha ganado una batalla importante ante la opinión pública catalana.

2006 en Teherán
POR RAFAEL L. BARDAJÍ  ABC 29 Diciembre 2005

... Un Irán nuclear no sólo dispondría de los medios de aniquilar a Israel, sino que podría jugar a forzar el alza del precio del crudo y dominaría las líneas de comunicación marítima que pasan por el estrecho de Ormuz...

EL actual presidente de la República Islámica de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, lanza una soflama ante cuatro mil correligionarios y dice que «hay que borrar del mapa a Israel». A pesar de la indignación internacional, se reafirma y poco después suelta que es posible y deseable un mundo sin los Estados Unidos. La inmediata reacción de nuestro gobierno es preparar una visita del ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, como si Ahmadinejad, en lugar de lanzar amenazas, hubiera hablado del precio de los pistachos. Teherán ha venido jugando con la comunidad internacional, y muy especialmente con los europeos, desde que se supo de su programa nuclear a finales de 2003. Ha roto y violado las sucesivas promesas sobre la congelación de su capacidad para enriquecer uranio de uso militar y ha endurecido no sólo su discurso, sino también su estrategia negociadora, de tal forma que el último encuentro en Viena ni siquiera pudo considerarse una negociación, sino conversaciones sobre una posible negociación. Que el actual gobierno socialista no quiera ver el juego iraní es grave, aunque lo es mucho más en quien lleva el peso del diálogo con Teherán, el trío formado por Londres-París-Berlín, con una UE pegada como una lapa en la figura de Javier Solana y unos Estados Unidos apoyando tibiamente las conversaciones desde la distancia.

Cuando Moratinos aterrice en Teherán para entrevistarse con los ayatolás, lo hará para fortalecer la iniciativa de su presidente, la llamada «alianza de civilizaciones», una propuesta, en realidad, copia del «diálogo de civilizaciones» del anterior presidente de Irán, Jatamí. A cambio, se supone que ofrecerá perspectivas comerciales, y con ellas la negativa a apoyar cualquier sanción económica destinada a forzar a los dirigentes iraníes a poner fin a sus ambiciones nucleares. Todo lo contrario de lo que un gobierno serio haría, a saber, mostrar su rechazo total al programa nuclear de Irán; condenar la línea de actuación exterior del nuevo gobierno de Irán; criticar la brutal represión de los clérigos contra su propio pueblo, comenzando por las mujeres; y demandar el respeto a los derechos humanos y los principios fundamentales de una convivencia social pacífica. Aunque el Gobierno español no tenga una política hacia el Irán de los ayatolás y guardias revolucionarios, quienes ejercen férrea y dictatorialmente el poder en ese país, al menos debería recordar la línea marcada por los tres grandes europeos: el programa nuclear iraní, con su consabida capacidad de enriquecimiento de uranio, es totalmente inaceptable. Pero no debiera quedarse solamente ahí. Hay quien dice, cínicamente, que cuando un político afirma que algo es totalmente inaceptable, es porque internamente ya lo ha aceptado. En sus conversaciones con Irán los occidentales han dado muestras de una gran ingenuidad y, aún peor, de partir de supuestos erróneos. Los europeos, por ejemplo, parecen haber asumido alegremente que el programa nuclear iraní es, en realidad, una pieza de chalaneo para obtener todo tipo de concesiones en otros terrenos, desde el diplomático al comercial; los americanos, por su parte, han imaginado un régimen dividido donde los moderados podrían finalmente hacerse con sus riendas o, al menos, imponer una cierta cordura. Ninguno de estos supuestos resiste el choque con la realidad.

Ahmadinejad fue elegido el pasado mes de junio como exponente del rechazo a la apertura y la evolución del régimen teocrático impuesto por Jomeini desde su revolución de 1979. Como viejo guardia revolucionario y parte de la generación de la guerra con Irak de los años 80, representa una línea dura y una visión de Irán, la región del Golfo y el mundo, solidificada sobre el odio a Israel, a América y a Occidente, la ambición jomeinista de hacer de Irán una potencia regional y mundial, así como sobre el deseo de que un país chií sirva de faro de la revolución islámica, desbancando a las corrientes suníes, no sólo mayoritarias numéricamente sino tradicionalmente la vanguardia del fervor islamista.

Los clérigos iraníes nunca renunciarán a su bomba atómica por la sencilla razón de que en ello les va su liderazgo espiritual y como nación, primero frente a sus vecinos, incluido el custodio de los santos lugares, Arabia Saudí, pero también frente a sus enemigos, comenzando por el Gran Satán que ven en Norteamérica. Incluso quienes los occidentales llamamos «moderados» apoyan la bomba iraní como su mejor instrumento para hacerse dueños de la realidad geoestratégica de todo Oriente Medio. Un Irán nuclear no sólo dispondría de los medios de aniquilar a Israel, sino que podría jugar a forzar el alza del precio del crudo y dominaría las líneas de comunicación marítimas que pasan por el estrecho de Ormuz. Es más, no hay que olvidar que quienes hoy ejercen el poder en Irán tienen poco o nada de moderados y que, por primera vez en muchos años, el régimen goza de una homogeneidad ideológica sin parangón alguno. Es más que probable que los actuales líderes de Teherán crean que están viviendo «una guerra histórica entre el Mundo de la Arrogancia (Occidente) y el Mundo Islámico» en la que los occidentales estamos en el momento más débil en los últimos cien años. Que estén equivocados o no da lo mismo, lo que les vale para planificar y decidir son sus creencias, no lo apropiado de su cálculo. De hecho, si se analizan los dos últimos años de negociaciones, la única conclusión posible es que Irán ha jugado con mala fe y ha engañado a sus interlocutores, sistemáticamente. No pueden ni quieren renunciar al arma atómica porque ésta es consustancial con su forma de entender el papel de Irán en el mundo. Mientras no la tengan no podrán defenderse de sus adversarios, no serán líderes ante las masas musulmanas y no dispondrán de los medios para hacer realidad su visión de un orden internacional a imagen y semejanza de lo que han impuesto en Irán.

Si Irán acaba teniendo armamento atómico, a los occidentales sólo les quedará una alternativa: claudicar o la guerra. Fue Sir Winston Churchill quien dijo en los Comunes tras la reunión de Múnich de 1938: «Francia e Inglaterra podían haber elegido entre el deshonor y la guerra. Han elegido el deshonor. Tendrán guerra». Mientras los ayatolás no tengan su bomba, hay tiempo para evitar uno u otra. Si se actúa correctamente. El debate sobre qué hacer con Irán se reduce hoy a dos opciones simplistas: negociación diplomática o intervención militar. Es más, suele decirse que las negociaciones no conducirán a ningún buen puerto y que la opción militar no es factible. Quien así habla es que ya se ha rendido mentalmente y ha aceptado lo inaceptable, que Teherán se salga con la suya en materia nuclear. Hay que reforzar la diplomacia y mostrarse más enérgicos y duros. Por ejemplo, Moratinos, cuando hable con Ahmadinejad, si es que le recibe, debería recordarle que sus palabras sobre Israel no es que resulten desagradables, sino que son una incitación al genocidio y como tal punibles según el art. 3C de la Convención de 1949 sobre genocidio, plenamente en vigor. Y hay muchas medidas que se pueden llevar a la práctica si de verdad se quiere luchar contra la ambición nuclear iraní. Es factible castigar los intereses de los mandatarios iraníes a la vez que abrir un diálogo y apoyo con las fuerzas por el cambio. Si no se quiere la bomba iraní y no se está dispuesto a intervenir militarmente, la única alternativa que se puede ensayar es alimentar el cambio de régimen. Y cuanto antes, mejor. Lástima que Rodríguez Zapatero y su ministro Moratinos estén en todo lo contrario.

Epístola moral a Mónika
José Javier Esparza elsemanaldigital 29 Diciembre 2005

Mónika con k cómica, Mónika de k patética. Escribes en la revista de la Academia de Policía. De mayor quieres ser policía nacional. Y desde esa revista acabas de soltar un salivazo sobre las víctimas del terrorismo y sobre cualquier ciudadano con sentido de la justicia. Te gusta el grupo Soziedad Alkoholika, dices. Y añades que sus letras, que cantan al terrorismo y al crimen, podrán o no ser compartidas, pero que al escucharlas sientes "el sabor de la democracia, la libertad y el respeto", y que hemos de aprender a ser tolerantes con la diversidad porque, si no, "regresaremos al fascismo". Mónika querida: vaya empanada mental.

Verás, Mónika: ya eres mayor para saber ciertas cosas. Esto no te lo han contado en la escuela, pero has de saber que el bien existe. Los civilizados, por convención, lo llamamos justicia, y tiene que ver con la ley. También existe la verdad, también la belleza. Lamento decepcionar las ilusiones de tu infancia LOGSE, pero las cosas son así. Del mismo modo que existe el bien, también existe el mal. Como existe la verdad, así existe la mentira. Y como existe la belleza, también la fealdad. Matar es malo. Decir que matar es bueno, es mentir. Y cantar himnos a los tiros en la nuca y las bombas-lapa es, además de malo, feo, Mónika.

Con estas cosas no se puede ser tolerante. Porque si yo tolero que se ensalce el crimen, la mentira y el horror, mañana yo seré su víctima. La tolerancia no es un valor en sí: hay cosas que no es posible tolerar –por ejemplo, que alguien se atribuya el derecho a matarte. Eso no significa ser "fascista", del mismo modo que ser "demócrata" no es tolerarlo todo. La democracia es una forma de elegir a quien gobierna y, sobre todo, una forma de poder echarlo. A veces funciona, a veces no. La vida del género humano no se rige por la oposición entre democracia y fascismo: eso son accidentes históricos, conceptos válidos para un tiempo y sólo para él. Importan más otros conceptos: bien y mal, justicia e injusticia, verdad y mentira, belleza y fealdad. Cuando el primer hombre se propuso llevar una vida recta, no se dijo: "Debo ser demócrata y tolerante, nunca fascista". No, no. Ese primer hombre se diría: "Haré crecer el bien, la verdad, la justicia, la belleza". A ti no te lo han enseñado, pero de eso ha venido viviendo la civilización.

Tú eres responsable de lo que has escrito, Mónika, pero no eres culpable. Tú no eres culpable de vivir en una sociedad sin principios sólidos, éticamente analfabeta, estéticamente sórdida; una sociedad profundamente perversa. Tú, Mónika, eres la imagen viva de la España de hoy, de su fragilidad interior, de su alma absurda. Tienes, Mónika, el rostro de nuestra degeneración. Pero no, no eres culpable. Kómika, patétika.

Peces Barba: un hombre fuera de lugar y fuera de época
Pascual Tamburri elsemanaldigital 29 Diciembre 2005

Gregorio Peces-Barba es un político veterano, de los más veteranos aún hoy en activo. Y es un intelectual. Presume de serlo y vive de haberlo sido, al menos. Hizo su tesis sobre Maritain con Tierno Galván, de todo lo cual nace, inevitable, algo de ese regusto entre cursi y rancio que cierta izquierda aún aprecia. Pero no es nuestro tema de hoy, ni tampoco la peculiar manera de acceder a la cátedra universitaria. Hablar de eso sería quedarse en la periferia; hablemos del personaje, que es interesante en sí mismo.

Peces-Barba es heredero personal y doctrinal del más radical liberalismo progresista decimonónico. Antes que por sus obras políticas, Peces es criticable por encarnar, en pleno siglo XXI, una ideología rígida y cerrada, nacida en el siglo XVIII, impuesta en el XIX, fracasada en un mar de sangre en el XX. Es un hombre convencido volterianamente de la maldad de la Iglesia y de su incompatibilidad con el mundo moderno; es un enemigo de toda religión vivida socialmente y, por esa misma razón, un ideólogo de las conductas sectarias y extemporáneas del Gobierno Zapatero. Peces no ha leído al cardenal Giacomo Biffi, que ha explicado cómo libertad, igualdad y fraternidad, si no se basan en la verdad, se convierten necesariamente en libertinaje, sectarismo y egoísmo. Algo de eso estamos viviendo. Y Peces es un hombre del siglo XIX.

Pero este relativista no vive fuera del mundo. Nació en el siglo XX, y en él ha desarrollado la mayor parte de su actividad pública; nació en España, y ha participado en algunos acontecimientos decisivos de nuestra historia reciente. Fue abogado de etarras, y cualquier intento de pasar ese hecho como militancia antifranquista se convertiría en legitimación de ETA. Peces colaboró con los terroristas. Socialista, presidió las Cortes de 1982, las de la LODE y las del aborto. No es precisamente un hombre lejano de la violencia, como se ve; y sin embargo, el ilustre jurista es un sectario en política, porque cuando su partido estuvo en la oposición llegó a pedir la desobediencia civil contra una Ley, la de Universidades, que no le gustaba porque reducía su poder caciquil en Getafe.

Pero la carrera de Peces-Barba no ha terminado. Desde la victoria electoral del 11 de marzo de 2004, es Alto Comisionado del Gobierno para las Víctimas del Terrorismo. Su tarea ha consistido, hasta ahora, en intentar convencer a las víctimas de las bondades de Zapatero y de su negociación con ETA, que pasará necesariamente por encima de la dignidad de los que murieron y de los que sufrieron. Zapatero pensó en él, olvidando sus ideas y su pasado, probablemente por su actual imagen madura y de apariencia respetable, casi venerable; pero Peces se ha mostrado en su aspecto más radical y extremista, enemigo de las víctimas en la medida en que éstas pedían y piden algo más que las migajas materiales que Zapatero está dispuesto a dar.

Peces ha fracasado en su misión, y aparece ante los españoles como un hombre de partido, un fanático más cercano a los malos que a los buenos. De nada vale su gesto postizo de la pasada semana intercediendo por las víctimas ante Patxi López. El siglo XXI no es el suyo, ni sus ideas ni su trayectoria se corresponden con su actual cargo ni con la España real. Su fracaso sólo puede tener una salida, si Zapatero no quiere tener cada vez más cerrada la puerta de las víctimas del terrorismo: el cese y una digna jubilación. Tal vez entonces, con calma, pueda reparar en el mal hecho y en la perseverancia sectaria en el error.

El CNI y la propia ETA le bajan las ansias negociadoras a Zapatero
Manuel Ortega elsemanaldigital 29 Diciembre 2005

La banda terrorista sigue ufanándose de su campaña de atentados "light" mientras los servicios de inteligencia le ponen sobre la mesa al presidente que ETA busca objetivos militares.

29 de diciembre de 2005. Este mes de diciembre, José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido que desayunarse con varios sapos. Entre ellos, al menos un par relacionados con uno de los asuntos que más preocupan en La Moncloa: ETA.

A todos los presidentes del Gobierno españoles les ha tentado sentarse en una mesa con ETA. De Adolfo Suárez a José María Aznar, han enviado sus emisarios allá donde la dirección etarra lo ha solicitado. Con la excepción, creo recordar, de Leopoldo Calvo-Sotelo, y probablemente debido al poco tiempo que pudo estar en la Presidencia del Gobierno. Hay quienes han asumido dichas negociaciones y hay quien, como el anterior inquilino de La Moncloa, pretende reescribir la Historia a su medida. Poco importa que se llame negociación, diálogo o toma de contacto. ¿Qué es, entonces, sentar en la misma mesa al secretario general de Presidencia, Javier Zarzalejos, al secretario de Estado de Seguridad Ricardo Martí Fluxá o al gurú Pedro Arriola, con Mikel Antza, Vicente Goikoetxea y Belén González Peñalba?

La tentación siempre ha estado presente. Y al actual presidente del Gobierno también le ha picado. Después de la frustrada negociación de Zurich en mayo de 1999, < b>se volcó en la línea del único miembro de su gabinete que no había picado con la estrategia etarra, su ministro de Interior Jaime Mayor Oreja, que bautizó aquello como tregua trampa. La vía policial dio buenos frutos, desde luego. Las ilegalizaciones de estructuras vinculadas al complejo ETA acogotaron a la banda y sus satélites.

El caso de Zapatero es diferente. Como hombre que predica el talante, no puede ceder a la tentación policial de su antecesor. Él debe llegar al fin de las armas por la negociación. Otra cosa es que sus interlocutores estén dispuestos a ellos.

Dos jarros de agua fría
Ayer mismo, en sendos comunicados enviados a Gara y Berria, la banda terrorista expresaba su satisfacción por asumir la colocación de 21 bombas en los dos últimos meses. Aunque los atentados de ETA han tenido un carácter light, esta situación resulta preocupante.

Mucho más grave ha sido el informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el que Zapatero se desayunó a principios de mes. El servicio de inteligencia, como desveló esta misma semana Elsemanaldigital.com alertaba al presidente del Gobierno de que ETA buscaba "poner patas arriba a un uniformado", como instruyese en febrero pasado el jefe de sus comandos, Txeroki. Al fin y al cabo, un atentado etarra contra un militar no vulneraría sus treguas parciales, ya que miembros de las Fuerzas de Seguridad, militares y miembros del Gobierno no están excluidos de ellas.

El significado de la campaña terrorista
Fuentes de la lucha antiterrorista señalan que la campaña suave de ETA tiene varios objetivos. Por un lado, demostrar que la banda continúa disponiendo de sus colmillos; segundo, que el hecho de no causar víctimas es una pequeña concesión al proceso que intenta dirigir Batasuna; y tercera, y no por ello menos importante, conseguir fondos económicos.

El hecho de que los atentados se hayan llevado a cabo contra empresas da muestras de que las arcas de ETA no andan muy boyantes. Mantener un grupo terrorista es caro; las redadas en Francia, especialmente la de octubre de 2004, dejaron muy tocadas todas las estructuras, incluyendo la económica.

Y tampoco falta, desde luego, el deseo de atemorizar. Oficialmente, según la propia ETA el atentado contra la discoteca Bordatxo de Santesteban (Pamplona) está relacionado con que su propietario es un "chivato" y "colaborador" de la Guardia Civil. Pero no se descarta el intento de camuflar la extorsión del impuesto revolucionario puro y duro bajo una fachada ideológica.

ETA: situación precaria, ascenso preocupante
A pesar de que la banda terrorista no vive su mejor momento, no se puede bajar la guardia. Un despacho de Colpisa aseguraba que en 2005 ETA había cometido 28 atentados, con lo que había aumentado su actividad, aunque las acciones no hubiesen sido sangrientas. No se duda de que ETA pueda estar reorganizándose, aunque para ello haya elegido escenarios internacionales.

Recientemente Jesús María Zuloaga, en La Razón, informaba de que los servicios de información habían detectado que los activistas de ETA estaban dejando Francia y trasladándose a zonas fronterizas de Italia, Alemania y Bélgica. Allí podían aprovecharse de una menor experiencia de las policías respecto a la banda.

Esta información es complementaria de lo que el especialista francés Jean Chalvidant, autor de ETA. La investigación, y profesor del Departamento de Amenazas Criminales Contemporáneas de la Universidad de Assas (París), nos ha apuntado: que el País Vasco francés ha dejado de ser un refugio seguro para los etarras. ETA ha dado orden de evacuar el antaño santuario. Tan sólo quedan algunos etarras dispersos que toman medidas excepciones de seguridad. Incluso llegando a dormir dentro de los coches en los bosques de la región.

ETA roba en Francia 1.280 kilos de material para hacer bombas
La Gendarmería detuvo ayer a dos terroristas armados en un control
J. M. Zuloaga La Razón  29 Diciembre 2005

Madrid- El robo de casi1.300 kilos de polvo de aluminio, perpetrado en una localidad de la región francesa de Normandía, es atribuido a ETA por medios antiterroristas galos consultados por LA RAZÓN. Esta sustancia es una de las utilizadas en la fabricación del amonal y el amosal, dos explosivos «rompedores» que elabora la propia banda criminal.

Esta nueva «labor de aprovisionamiento», como las llama ETA, similar a la perpetrada el pasado mes de abril, también en territorio francés, cuando la banda robó cinco toneladas de clorato de sodio (que se utiliza para hacer el «granizo» o cloratita), supone un jarro de agua fría para los que vienen anunciando que la organización criminal va a dejar las armas y abandonar las actividades terroristas. El robo, cometido por dos hombres y una mujer armados con pistolas, se produjo en la tarde del pasado día 22 en la empresa Radium Bronze, cuya sede se encuentra en la localidad de Heudebouville, en el departamento de Eure (Normandía).

Alrededor de las siete y cuarto de la tarde, una mujer llamó a la puerta de la empresa indicando que tenía un regalo para uno de los empleados. Cuando le fue franqueada la entrada, aparecieron otros dos individuos armados con pistolas que amenazaron a los trabajadores de Radium Bronze. Los asaltantes, tras reducir a los empleados, procedieron entonces a sacar de la empresa y cargar en un vehículo cajas que contenían entre 1.280 y 1.290 kilos de polvo de aluminio.

Las fuentes consultadas por LA RAZÓN subrayan el hecho, como una prueba más de la autoría de ETA, de que los asaltantes se pudieron llevar otras sustancias pero sólo robaron el polvo de aluminio. Los testigos del asalto manifestaron, en un principio, que los tres individuos tenían un acento extranjero que identificaron como procedente de países del Este, informa Vasco Press. Esta declaración, al parecer, fue lo que hizo que no se considerara el hecho relacionado con ETA.

El miércoles, sin embargo, entró en el caso la unidad que se encarga de las investigaciones de terrorismo, la DNAT, y la juez Laurence le Vert, que lleva casi todos los sumarios relacionados con ETA. La Policía francesa se ha puesto en contacto con la española para intercambiar información y coordinar las actuaciones.

El polvo de aluminio es una sustancia que ha sido empleada por ETA en la fabricación del amonal, aunque también tiene aplicaciones en procesos de impresión de los documentos de identidad. Según un manual destinado al adiestramiento de los nuevos pistoleros, al que ha tenido acceso este periódico, el amonal y el amosal (lo mismo pero con sal para evitar los efectos de la humedad), se sitúan entre los explosivos «rompedores».

En el lavabo. Señalan que «es el más usado por nosotros» y «está hecho por la organización». Tras especificar los componentes que se utilizan en su fabricación, entre ellos el polvo de aluminio y en las proporciones en que se deben mezclar (que no se facilitan por razones lógicas de seguridad), el manual indica que «si hay un ingrediente importante del amonal, ése es el polvo de aluminio. Es muy fácil que se pierda en el aire, puesto que es muy volátil», advierten.

Los pistoleros recomiendan a los aprendices que deben tratar, por todos los medios, de no dejar pistas y les indican que si «usamos grandes cantidades, debemos poner cuidado en hacerlo en un sitio que se pueda limpiar bien y con todas las puertas cerradas (por ejemplo, un lavabo no es un mal sitio para preparar un gran artefacto y luego no tener problemas de limpieza)». El otro explosivo rompedor es el «granizo» o cloratita, cuyo componente básico es el clorato de sodio, «que se usa para acabar con las malas hierbas» (recuerda el manual), sustancia de la que ETA robó en abril las cinco toneladas también en Francia.

Por otra parte, la Gendarmería francesa detuvo ayer a dos individuos que reconocieron ser miembros de ETA y que, al cierre de esta edición, no habían sido identificados.

El arresto se produjo a las tres de la tarde como consecuencia de un control establecido por la Gendarmería de tráfico en una carretera. Una furgoneta Citroen Berlingo, ocupada por dos individuos, se saltó el control, por lo que los agentes iniciaron su persecución durante varios kilómetros. En el trayecto, los terroristas lanzaron a la carretera unas estrellas metálicas con el fin de pinchar las ruedas de los coches policiales que iban detrás de ellos. Al llegar a la localidad de Tournon Saint Pierre, los gendarmes consiguieron detener a los fugitivos, que se negaron a facilitar sus identidades aunque admitieron ser miembros de la banda criminal. Se trata de dos hombres de nacionalidad española, que tienen entre 30 y 35 años. Los detenidos, que iban armados, llevaban varios juegos de documentaciones, españolas y francesas.

HABRÍAN ALTERADO EL INFORME TÉCNICO DE LA OPA SOBRE ENDESA
Escándalo en la CNE por la actuación de un consejero amigo de Zapatero y el representante de ERC
Según informa El Mundo, tres consejeros de la CNE –dos nombrados por el PSOE y uno por ERC– alteraron el informe de los técnicos sobre la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Se amputaron párrafos enteros en los que se advertía sobre las consecuencias para la competencia de la operación. Uno de los consejeros implicados, según El Mundo, en este nuevo escándalo relacionado con la OPA es Jaime González, amigo personal del presidente del Gobierno. Hace cuatro años, la polémica saltó cuando Rodrigo Rato denunció el nombramiento de González como miembro de la CNE.
Libertad Digital 29 Diciembre 2005

Según denuncia este jueves el diario El Mundo, Luis Abentosa y Jaime González, consejeros de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) nombrados a propuesta del PSOE, y Sebastián Ruscalleda, consejero propuesto por Esquerra Republicana de Cataluña, realizaron numerosas modificaciones de redacción, incluidas tachaduras y amputaciones de párrafos enteros, del informe de los técnicos sobre la OPA de Gas Natural a Endesa.

Los tres consejeros se habrían repartido la alteración del informe de forma estratégica. Abentosa se encargó de los cambios relacionados con el mercado del gas. Ruscalleda reinventó los capítulos referidos a la superposición de redes. Finalmente, González se dedicó a los asuntos que afectaban al negocio eléctrico. La presidenta de la CNE, la ex diputada del PSC Maite Costa, fue quien dio el visto bueno al informe alterado.

Algunos ejemplos:
En la página correspondiente al apartado de Conclusiones se tacha la frase "la gravedad de los problemas" que se derivan de la OPA sobre Endesa y se amputa la petición de introducir necesariamente "modificaciones normativas". A cambio, se dice que con las recomendaciones de la CNE se "compensan" –antes de la modificación aparecía "se palian"– los efectos en la competencia.

Desaparece de forma fulminante en el informe técnico la recomendación expresa de "limitar la posibilidad de Gas Natural de influir en el precio del gas en el mercado mayorista y en consecuencia, en el precio de los consumidores finales".
Desaparece la advertencia de que Gas Natural pasaría a tener cuotas de abastecimiento en España superiores al 70 por ciento, "muy por encima de los umbrales considerados por las directrices de la UE", al hacerse con los contratos de aprovisionamiento de Endesa.

Desaparece la propuesta inicial de traspasar el contrato de gas de Argelia a Enagás y la obligación de que el grupo resultante de la OPA venda el 12 por ciento que tiene Endesa en el nuevo gaseoducto que une España y Argelia sin pasar por Marruecos.

Desaparece la petición de "enajenación de 4.000 megavatios adicionales" y se cambia por "la enajenación de 1.200 megavatios adicionales".

Se suprime por completo el siguiente párrafo y que era uno de los principales obstáculos planteados por los técnicos a la OPA por su repercusión en la competencia del sector: "Desaparecería el motor principal de la competencia observado hasta la fecha: en las zonas geográficas de Andalucía, Aragón, Cataluña y sur de Extremadura, Gas Natural-Endesa se convertiría en el único distribuidor de gas y electricidad y, como comercializador, no se enfrentaría a la competencia procedente de Endesa como comercializador asociado al distribuidor eléctrico de la zona".

¿Quién es Jaime González?
Conviene recordar, tras la publicación de esta noticia, quién es Jaime González, uno de los consejeros implicados en el escándalo.

En diciembre del año 2001, PP y PSOE se enfrentaron en una dura polémica a causa de un por entonces desconocido Jaime González. En el marco de las negociaciones para la renovación de los órganos constitucionales, los socialistas habían incluido a González en su lista de precandidatos para el Tribunal de Cuentas. No obstante, las negociaciones se bloquearon por la petición del PP para que el PSOE rebajara el perfil político de su lista. La solución que se encontró fue promover a Jaime González para la Comisión Nacional de la Energía, con lo que el acuerdo de los dos grandes partidos se selló el 1 de octubre.

La polémica estalló cuando el por entonces vicepresidente Rodrigo Rato cuestionó la idoneidad de González y lo calificó de "chantaje" socialista en el pleno del Congreso del 3 de octubre. El responsable de economía aseguró que los únicos méritos para formar parte del CNE eran ser ingeniero agrónomo y "amigo" del líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE reaccionó entonces asegurando que no reactivaría el acuerdo para renovar las vacantes del Tribunal de Cuentas, del Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial hasta que Rato no rectificase o fuese desautorizado por José María Aznar.

El vicepresidente primero resolvió el trance confirmando el nombramiento de Jaime González no sin antes leer de forma irónica en la Comisión de Economía el currículum del amigo de Zapatero ante los diputados asistentes. Recordó que el nuevo consejero de la Comisión Nacional de la Energía había sido procurador de las Cortes de Castilla y León por el PSOE y que, en las elecciones autonómicas de 1999, fue candidato a la presidencia de la Comunidad por este partido. Recordó que también fue portavoz del grupo parlamentario socialista en las cortes de Castilla y León, durante 1999 y el año pasado, y profesor en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad de León, desde 1969 a 1983.

«En el mal llamado proceso de paz, Navarra es un problema para Zapatero», dice Sanz
Miguel Sanz está convencido de que «algo se está cociendo» respecto a una supuesta negociación del Gobierno central con ETA y sospecha de «la callada» de Zapatero
BEGOÑA LÓPEZ ABC 29 Diciembre 2005

PAMPLONA. El presidente del Gobierno navarro y líder de UPN, Miguel Sanz, ha afirmado que «dentro del mal denominado proceso de paz», la Comunidad foral «se ha convertido en un problema para la política de Zapatero», porque la región «no va a cambiar la posición que ha mantenido, desde la lealtad, de favorecer la cohesión de España». Sanz hacía así alusión a la posibilidad de que en un hipotético proceso se ponga a Navarra encima de una mesa de negociación.

Aseguró que tiene motivos para «estar alerta». Argumentó que Navarra ha sido hasta ahora «baluarte y bastión en la política territorial tendente a fortalecer la unidad constitucional y la política de lucha contra los terroristas» y que, sin embargo, «con la nueva política, dentro del mal denominado proceso de paz», la Comunidad foral «se ha convertido en un problema» para el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, porque se mantendrá firme.

El presidente de UPN recordó que cuando preguntó a Rodríguez Zapatero en el Senado si Navarra está encima de la mesa de un supuesto proceso de negociación, la respuesta fue «la callada». «La no respuesta invita a pensar que algo se está cociendo». Subrayó, además, que ETA no ha renunciado a Navarra.

Sanz recalcó que, aunque los terroristas llevan dos años sin matar, «jamás hubo una presión tan espeluznante hacia los empresarios de Navarra y del País Vasco que no se han prestado al chantaje» y a los que quiso recordar durante su intervención en la cena navideña que celebró UPN el martes por la noche.

«Una miseria de inversión»
Por otro lado, Sanz criticó el gasto del Estado en Navarra, «quince millones de euros en 2006» y afirmó que «el PSN no ha hecho nada para evitar esa miseria de inversión». «O no ha querido, o no ha podido porque pinta muy poco», añadió. Sanz también tuvo especialmente presente en su intervención al delegado del Gobierno en Navarra, al socialista Vicente Ripa, al que criticó por responder preguntas que no le dirige a él o por recomendarle «mesura», un consejo que le devolvió: «Mesura debe tener el que tiene la responsabilidad de ser el representante, no del Estado, sino del Gobierno central en Navarra».

El presidente de UPN pidió a Ripa que responda «en qué lado se sentará, con Navarra o con la Administración del Estado», cuando se reúna la Junta de Cooperación para que se resuelva el conflicto surgido sobre la financiación del corredor navarro del Tren de Alta Velocidad (TAV).

El Gobierno foral ha pedido que se reúna esta Junta que regula las relaciones Navarra-Estado porque considera que «se discriminará» a Navarra con respecto al País Vasco si no se le permite realizar el corredor navarro y descontarlo de su aportación al Estado, del mismo modo que hará el Gobierno vasco con el cupo. «Ahora le pregunto a él, ahora quiero una respuesta», reclamó Sanz refiriéndose a Ripa.

PSOE y BNG imponen el gallego como única lengua en los test de las oposiciones
Las academias se han apresurado a alzar la voz para reprochar lo que consideran una vulneración de la cooficialidad de las lenguas castellana y gallega
ANA MARTÍNEZ ABC 29 Diciembre 2005

SANTIAGO. La determinación adoptada por el bipartito de eliminar el castellano de los exámenes tipo test de las oposiciones a auxiliar y subalterno, una de las primeras medidas anunciadas en esta legislatura, ha levantado polvareda. Presidencia, el departamento que lidera José Luis Méndez Romeu, apeló a la Ley de la Función Pública, que en su artículo 33 establece la obligación de los empleados de la Xunta de conocer el idioma propio, para justificar esta iniciativa.

«Comprender las preguntas formuladas en gallego es una forma de garantizar que se cumple este requisito», explicó, al tiempo que recordó que «en el pasado, debido a la duplicidad, hubo problemas de filtraciones, por lo que ahora, además, lo que pretendemos es evitar este riesgo». Sin embargo, pese a esta argumentación, las academias de preparación de oposiciones se han apresurado a alzar la voz para reprochar lo que consideran una vulneración de la cooficialidad. En su queja, recuerdan que ya existe una prueba específica sobre la lengua oriunda que permite verificar si el aspirante a ocupar el cargo público cumple con el requerimiento normativo de conocer el habla de la autonomía.

Los centros de formación denunciaron, por tanto, que este nuevo sistema lo que acarreará será, más que un beneficio, una desigualdad palpable en todos aquellos que estén habituados a leer en español, puesto que tendrán que enfrentarse a ciertos retrasos en las respuestas; una posición de partida difícil en una prueba en la que el tiempo juega un papel fundamental. Los más optimistas, por contra, manifestaron no temer esta modificación, al partir de la base de que la mayoría de los examinandos leen gallego con fluidez.

Ante esta inquietud, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, aseguró que la supresión fue acordada con los tres sindicatos -UGT y CC.OO. lo niegan-, que se ajusta plenamente a la legalidad vigente y que se toma, básicamente, para desarrollar el plan de normalización lingüística.

El socialista puntualizó que sólo se aplicará en un determinado tipo de ejercicios y que no se contempla su ampliación progresiva a otros (de hecho, en la convocatoria de plazas para el Grupo A se permite el uso del castellano en los exámenes en los que se requiere el desarrollo de los temas).

Los sindicatos desmienten ser los promotores de la restricción
UGT se opuso radicalmente a la intención expresada por la Xunta de imponer exclusivamente el idioma gallego en las oposiciones a los cargos de funcionarios de la Administración autonómica. «Si en Galicia conviven dos lenguas oficiales, esto implica que los exámenes de cualquier oferta pública de empleo deben estar confeccionados en ambas», precisaron a través de un comunicado.

Por este motivo, el sindicato, que exigió públicamente que se evite esta situación, ofreció sus servicios jurídicos a los opositores afectados para que puedan presentar los recursos que estimen pertinentes.

Desde CC.OO. todavía fueron más duros. Emilio Doforno comentó a ABC que «la propuesta salió de la Xunta, lo que ocurre es que al ver el problema generado, echó balones fuera y nos cargó con la responsabilidad; pero hay algo claro: nosotros no planteamos nada de esto en ningún foro oficial, UGT sostiene que tampoco, y por ahí se habla de que quizás alguna plataforma sindical nacionalista ..., no sé». Lo que sí matizó es que en la comisión de personal donde se aprueban las bases de las convocatorias, Comisiones emitió un voto negativo, «por esta restricción y por otros motivos».

Desde la CIG, afín al BNG, defendieron la medida, aunque admitieron que los examinados tienen que demostrar conocimientos en cualquiera de las dos lenguas.

Denuncian que obligar a que las oposiciones sean sólo en gallego es inconstitucional
(santiago) La Voz 29 Diciembre 2005

El sindicato de enfermería Satse remitió a la ministra de Sanidad, al presidente de la Xunta y al conselleiro de Presidencia un escrito mostrando su total rechazo al anuncio de que los exámenes de oposición de la Administración autonómica se realicen de forma exclusiva en gallego.

Para esta organización sindical, esto supondría para la mayoría de los españoles una vulneración del derecho fundamental del acceso a la función pública en condiciones de igualdad y según criterios de mérito y capacidad. En la argumentación de Satse se recoge también que la Constitución determina que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional y que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y el establecimiento de las personas y bienes en todo el territorio español.

Discriminación
Satse también apunta que el Estatuto de Autonomía de Galicia prohíbe la discriminación por razón de la lengua y obliga a los poderes públicos a garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas. El sindicato se remite asimismo a la Lei de Normalización Lingüística de Galicia, que valora, entre otros méritos, el conocimiento del idioma gallego, «pero no exige -añade Satse- un total y absoluto conocimiento de esta lengua como único requisito de acceso».

La organización sindical exige una rectificación al Gobierno gallego «de forma inmediata» y el restablecimiento del principio de igualdad.

UE
Egoïsme
par Jean-Michel HELVIG liberation.fr 29 Diciembre 2005

L'Europe n'a pas encore digéré l'élargissement qu'un nouveau spectre la hante : le remembrement. Si l'Union compte désormais vingt-cinq Etats membres, elle voit se profiler des dissociations souverainistes au sein même de ces Etats, qui font augurer la revendication de représentations propres. La Catalogne en est à réclamer un statut de nation distincte de la nation espagnole, premier pas vers l'instauration d'un Etat, lequel pourrait bien un jour réclamer à son tour le statut d'Etat membre. Et pourquoi pas la Padanie, la Bavière, l'Ecosse, la Flandre ?

Ce national-régionalisme, s'il se radicalise depuis l'élargissement des années 90, est déjà enraciné dans le fonctionnement communautaire. Ce que l'Europe a de supranational sert aux régions en veine d'autonomie pour contourner leurs gouvernements et faire valoir des intérêts propres, surtout économiques. Car ce mouvement visant à remembrer les Etats membres exprime d'abord un égoïsme de riches qui ne veulent pas «payer» pour les plombiers polonais, les bûcherons slovènes ou les maçons calabrais.

Cette démarche, qui n'est pas étrangère non plus aux nations établies, s'accompagne d'un phénomène de création d'élites locales ­ politiques et administrativo-économiques ­ dont le pouvoir et les avantages se confortent par l'exclusion de la concurrence sur le critère de la langue, de l'appartenance ethnique ou de la soumission à un certain ordre culturel. C'est net en Catalogne, où l'opinion n'est pas à l'unisson des «catalanistes» qui parlent en son nom. C'est assez exemplaire pour faire réfléchir à la doxa qui veut que les «élites» ne soient nécessairement que cosmopolites, bruxelloises ou madrilènes (en français, «parisiennes»).

UE. Nicolas Levrat, professeur de droit, analyse les velléités catalanes et la construction européenne :
«La région qui deviendrait Etat sortirait de l'UE»
par Nathalie DUBOIS liberation.fr 29 Diciembre 2005

Nicolas Levrat, professeur de droit à l'Institut européen de l'université de Genève, a publié en 2005 un ouvrage sur l'Europe et ses collectivités territoriales. Il replace le phénomène autonomiste catalan dans le cadre européen.

Que signifie la revendication de la Catalogne d'être reconnue comme une «nation» ?

Comme les Basques, les Ecossais ­ qui disposent de leur propre Parlement depuis 1999, grâce à la devolution décidée par Tony Blair ­ ou, en partie, les Flamands de Belgique, les Catalans se considèrent comme une nation sans Etat. Etre reconnu comme une nation est le prélude au droit d'avoir un Etat. Ce n'est pas innocent. Il suffit de voir, dans les Balkans, comment la Croatie et la Slovénie se sont construit une espèce d'identité nationale, afin de se rattacher à l'Europe alors que la Serbie de Milosevic n'en voulait pas.

Cette démarche d'émancipation ne se réduit-elle pas à une histoire de gros sous ?

En général, ce sont plutôt les régions riches qui revendiquent le droit à plus d'autonomie. Les raisons invoquées, qu'elles soient d'ordre culturel, linguistique ou religieux, camouflent souvent le sentiment de trop contribuer à l'effort de cohésion nationale. Mais je ne pense pas que ce soit l'argument déterminant en Catalogne, comme c'est le cas, en Italie, pour la Ligue du Nord, qui n'a jamais caché la volonté que la «Padanie» (nord de l'Italie) paie moins pour le Mezzogiorno (sud du pays). Il y a historiquement une longue exigence de la Catalogne à être reconnue comme entité propre sur la scène non seulement espagnole, mais aussi européenne. Ces vingt dernières années, le leader nationaliste Jordi Pujol a joué la carte de l'Europe pour faire avancer la cause catalane. Son successeur socialiste Pasqual Maragall a plutôt une stratégie de cavalier seul, interne à l'Espagne. La Catalogne ne veut pas être à la traîne du Pays basque, où Juan José Ibarretxe a soumis, il y a un an, son plan de «libre association» à l'Espagne (rejeté à une écrasante majorité des députés espagnols, ndlr).

La construction européenne accroît-elle ces phénomènes centrifuges ?

Le lien Europe-régionalisme est complexe et il agit dans deux sens contradictoires. On a ainsi beaucoup écrit que la politique régionale de l'UE contribue à l'émergence des revendications politiques dans les régions. Mais l'argument ne me convainc pas, car les fonds structurels vont prioritairement aux régions pauvres. Or celles qui veulent s'émanciper sont riches. L'Union européenne a plutôt un rôle modérateur, car, au sein de ce cadre institutionnel, la question de la souveraineté, au sens classique du terme, se pose moins. Ce que veulent les régions est finalement moins l'indépendance que le droit de peser dans les choix politiques.

Et de l'autre côté ?

Les phénomènes de mondialisation, d'unification européenne et de montée de l'individualisme concourent, tous, à accroître la demande d'identification à des structures perçues comme plus proches du citoyen et plus efficaces. Et, surtout, le dernier élargissement de l'Union a provoqué une grande frustration des régions les plus fortes. On n'a pas assez souligné que six des dix pays qui ont adhéré en mai 2004 n'étaient pas des Etats il y a quinze ans : la Slovénie, la République tchèque, la Slovaquie et les trois Etats baltes. Pour la Catalogne, le Pays basque ou la Bavière ­ qui a un PIB peut-être équivalent à l'ensemble des pays qui sont rentrés ! ­, il est très frustrant de voir la petite Slovénie siéger au Conseil européen, et pas eux. Ce n'est pas un hasard si les Basques ou les Catalans veulent plus aujourd'hui.

Et l'idée d'une «Europe des régions» ?

Avec l'élargissement à Vingt-Cinq, elle ne serait pas gérable : cela signifierait 300 entités autour de la table. Cela dit, le traité de Maastricht a marqué une reconnaissance de la légitimité des régions en autorisant les Etats membres à envoyer des dirigeants régionaux siéger au Conseil des ministres. Les Etats fédéraux comme l'Allemagne, la Belgique et l'Autriche le font. L'Espagne, elle, ne pourra pas résister éternellement.

Peut-on voir apparaître de nouveaux Etats au sein de l'UE ?

En Espagne, la stratégie du Premier ministre Zapatero est de faire diminuer la pression, à coups de concessions, dans un cadre institutionnel négocié. Notez que, même au Pays basque, le plan Ibarretxe, tout en visant la rupture avec Madrid, prévoit la «libre association» avec l'Etat espagnol. En Belgique, la situation reste très instable. Selon un récent sondage, un peu plus de 51 % des Flamands souhaitent la fin de la Belgique. Il y a néanmoins un problème juridique : la région qui se séparerait de l'Etat auquel elle appartient sortirait aussi de l'UE et devrait donc s'y faire réadmettre, à l'unanimité. C'est un argument que les francophones n'ont pas manqué de faire valoir au gouvernement flamand en 2002 quand il songeait à sortir de la Belgique !

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