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Recortes de Prensa     Lunes 2 Enero  2006
Irene Lozano: «El español también es la lengua propia de Cataluña y el País Vasco»
BLANCA TORQUEMADA ABC 2 Enero 2006

El laberinto de 2006
Editorial ABC 2 Enero 2006

El futuro de España
Isabel Durán Libertad Digital2 Enero 2006

LEVIATÁN RESUCITADO
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 2 Enero 2006

El año decisivo
EDITORIAL Libertad Digital 2 Enero 2006

2005, el asalto al Estado
Lorenzo Contreras Estrella Digital 2 Enero 2006

Año de expectativas
Editorial El Correo 2 Enero 2006

Vuelve el turno vasco
José Javaloyes Estrella Digital 2 Enero 2006

Mediaciones eclesiales
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 2 Enero 2006

Expolia, que algo queda
JUAN MANUEL DE PRADA ABC 2 Enero 2006

La libertad de expresión, en peligro
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital 2 Enero 2006

Manifiesto por la unidad de España del Foro Ermua
ABC 2 Enero 2006

Miguel Sanz, presidente de Navarra: «El PSOE se ha unido a la ofensiva nacionalista contra Navarra»
C. Morodo ABC 2 Enero 2006

La Guardia Civil incrementa la vigilancia sobre los independentistas
R.L. A CORUÑA El Ideal Gallego 2 Enero 2006

Irene Lozano: «El español también es la lengua propia de Cataluña y el País Vasco»
Irene Lozano desenmascara en su ensayo «Lenguas en guerra» la forma en que los nacionalismos utilizan el catalán, el gallego o el vasco como «moneda de cambio política» y tratan de aniquilar una realidad bilingüe. «España -dice- no puede perder el privilegio de su lengua común».
BLANCA TORQUEMADA ABC 2 Enero 2006

«Eliminar el castellano de las escuelas es una desgracia»

MADRID. La conveniencia de cuestionar «verdades» instaladas más a fuerza de reiteración e imposición que de honradez intelectual ha llevado a Irene Lozano a huir del fango de la corrección política en su obra «Lenguas en guerra», galardonada con el Premio Espasa de Ensayo 2005. En un terreno pantanoso, anegado de ampulosos ropajes identitarios y abonado por una insidiosa «culpabilización» del español, Lozano argumenta sólidamente cómo a las lenguas se les ha arrebatado en España «la inocencia original» de su función de intercambio y comunicación para convertirlas en un elemento de exclusión y discriminación que no se corresponde con su realidad social e histórica. En Cataluña, en el País Vasco, en Valencia o en Galicia. «Es una falacia -dice- cómo utilizan los nacionalismos la expresión «lengua propia», porque igual de «propio» es en todas las Comunidades autonómas el español. Tenemos la inmensa fortuna de disfrutar de una lengua común».

-El PSOE acaba de aceptar que el nuevo Estatuto de Cataluña recoja el «deber» de conocer el catalán. ¿Cómo interpreta el hecho?
-En primer lugar, con sorpresa, porque el pasado mes de mayo el Partido Socialista no estaba de acuerdo con ese punto, y ahora sí. Una vez más, se está utilizando la lengua como moneda de cambio, en una intragable equiparación simbólica del catalán y el castellano, por encima incluso del criterio del Tribunal Constitucional, que ya calificó en su sentencia 84/1986 como contraria a la Carta Magna la imposición del «deber» de conocer el gallego en la Ley de Normalización Lingüística de esa Comunidad autónoma de 1983. Creo que los socialistas se suben ahora al carro de una interpretación flexible de la Constitución y aducirán que el deber de conocer el castellano no tiene por qué excluir el deber añadido de conocer otra lengua en un determinado territorio, pero ese camino es muy peligroso por el uso que el nacionalismo puede hacer de él, como filtro laboral y elemento de discriminación. No es una medida lingüística, sino política, que implica primar a los comprometidos con una determinada ideología, a los «aculturados» en el catalanismo. En esa línea va igualmente el hecho de que en Galicia se estén eliminando los test en castellano en algunas oposiciones.

-La tesis principal de «Lenguas en guerra» es que el bilingüismo es lo verdaderamente «propio», frente a la exclusión del español en las regiones que además hablan catalán, vasco o gallego...
-Es lo natural, porque ha sido así durante siglos. Hasta la dictadura de Franco en España nunca hubo una utilización ideológica sistemática del español. Ha sido la lengua de comunicación aceptada y libremente asumida en todas las regiones sin la percepción de que la generalización de su uso significara el aplastamiento de las lenguas minoritarias, porque han coexistido. El hablante la valoraba, y la valora, como instrumento útil, como «lengua franca». Salvo algunas leyes del siglo XIX sobre la obligación de redactar la documentación en castellano que nunca llegaron a ser de general aplicación, en España la construcción nacional jamás se sustentó sobre la lengua mayoritaria, como sí ocurrió por ejemplo en Francia, Alemania o muy especialmente Italia. En esos países el ideal revolucionario o el romántico, según el caso, sí contribuyeron a la asfixia de las lenguas minoritarias. En España no.

-Usted recuerda en su libro un factor importante, que es la diferencia entre competencia y uso de una lengua...
-Claro, porque con las políticas de normalización se generaliza la competencia, pero no se logra imponer el uso. Con las «inmersiones» es cierto que un porcentaje creciente de los ciudadanos de esas autonomías es «competente» en catalán o vasco, o sea, capaz de comprenderlo y de utilizarlo, pero el «uso» no se incrementa ni mucho menos al mismo ritmo que la competencia. Actualmente, el uso del catalán en Cataluña está en un 50 por ciento y el del euskera» en el País Vasco en un 15. Incluso se está detectando que en determinados medios sociales ese uso está descendiendo. Esto queda fuera del control de los políticos. Muchas veces se exige el catalán para acceder a un determinado trabajo y luego no se usa en ese ámbito laboral. Pero al impregnar el conocimiento y uso de la lengua de la adhesión a unos determinados valores se hace saber, en definitiva, que quien la haga suya va a gozar de unos determinados privilegios. Se convierte la lengua en un factor de discriminación.

-También analiza cómo el franquismo ha distorsionado este debate...
-Sí, por dos factores fundamentales: Primero porque ideologizó de forma generalizada la lengua española (la del «imperio»), y en segundo término porque al convertir al catalán, al gallego o al vasco en lenguas marginadas en los espacios públicos aproximó a los sectores nacionalistas y a la izquierda, lo que consolidó una sintonía que no es natural y que ahora sigue vigente. No olvidemos que la raíz de la izquierda es internacionalista. El tradicionalismo catalanista defensor a ultranza de la lengua es de raíz ultraconservadora, igual que el vasco que, después de haberse fundado en la raza, traspasó esa identificación excluyente a la lengua porque el nazismo y la Segunda Guerra Mundial convirtieron en inaceptables los planteamientos etnicistas. A unos y a otros, nacionalistas e izquierda, los unió en la dictadura su condición de «víctimas» y esa anomalía pervive hasta el punto de que se convierte hoy en la «pinza» que pretende culpabilizar a la lengua, al español, lo que considero un gravísimo error. Esto provoca que hoy en Cataluña la «normalización» atenace a la sociedad y que, como reacción a este y a otros excesos, haya nacido la plataforma de Albert Boadella.

-Además, su ensayo reflexiona sobre cómo han cambiado las tornas: antes del franquismo se reivindicaba la españolidad de las otras lenguas peninsulares (salvo el portugués, claro) y ahora ese planteamiento es marginal en todos los foros de discusión.
-Así es. En 1931, con la llegada de la Segunda República, se debatió si se debía denominar a la lengua oficial español o castellano porque muchos diputados de la periferia consideraban que ello podría poner en cuestión la españolidad de las demás lenguas. Gabriel Alomar, intelectual y parlamentario mallorquín argumentó su temor de que se negara el carácter español a la lengua catalana. Ahora el interés de los nacionalismos extremistas es el contrario, el de negar a toda costa la españolidad de las otras lenguas.

-¿Por qué se convirtió en lengua común el español, si, como usted defiende, sólo durante durante unas pocas décadas ha funcionado a golpe de imposición?
-Precisamente por su carácter de lengua dúctil, sin temores a la «contaminación». Siempre se ha dicho que el euskera fue la «partera» del castellano, al que debe su fonética, las cinco vocales. La realidad lingüística bilingüe de muchas zonas de España no es de anteayer y está magníficamente reflejada en las glosas de San Millán de la Cogolla donde se han encontrado acotaciones a lo escrito en latín en castellano y en euskera. Aquellos cenobitas eran perfecta y naturalmente bilingües. Luego, el español se extendió y generalizó en América más por el empuje de la burguesía de los nuevos Estados después de independizados que bajo dominio del «imperio». De hecho, antes se había considerado que para la evangelización eran más útiles las lenguas indígenas, y ocurrió que algunas de ellas incrementaron su implantación mientras aquellos territorios fueron españoles. El Imperio español se fundó en la fe, no en la lengua.

-Otro dato interesante es que la Constitución de la II República impedía cualquier tentación de arrinconar al español...
-Sí, en el artículo 4 se decía literalmente que «a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de una lengua regional». Otro aspecto importantísimo es que se salvaguardaba el derecho de todos los ciudadanos a no verse privados del acceso al español culto, a través del artículo 50, que estipulaba que era obligatorio «el estudio de la lengua castellana, y ésta se utilizará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas».

-Sin remontarnos a esos años, hoy en día tampoco en el resto de Europa se suelen utilizar las lenguas minoritarias como las únicas vehiculares para la enseñanza...
-España es hoy con diferencia el país más proteccionista con las lenguas minoritarias. Algunos aspiran a que esto sea como Suiza, con sus cuatro idiomas oficiales, pero es realmente absurdo porque nosotros tenemos la suerte y el privilegio de contar con una lengua común y ellos no.

-¿Por qué considera tan dañino el concepto de «lengua propia» que esgrimen algunos nacionalismos?
-Al menos es uno de los más insidiosos, porque no responde a la realidad. Es lamentable cómo se recoge ese concepto, por ejemplo, en el Estatuto de Baleares. Lo que implica tal uso de «propia» es que la que no es esa lengua queda catalogada como «ajena», lo que relega al castellano a la categoría de algo artificial e impuesto. Se impregna de valores a la «lengua propia» frente a la otra. Es una estrategia delirante, casi como del siglo XIX. Tiene únicamente el propósito de proyectar todos los sentimientos del grupo sobre lo particular.

-¿Hay actualmente persecución del castellano en Cataluña o el País Vasco?
-El término «persecución» es duro y hay que matizarlo mucho. Sí hay persecución moral y dificultades objetivas para escolarizar a los niños en castellano. Ahí se demuestra que al español no se le da la misma consideración que al catalán. Y en el País Vasco la imposición del euskera es especialmente artificial, dado su nivel de uso. En el País Vasco y en Galicia hubo una renuncia de las élites sociales a la lengua, porque se asociaba el gallego y el vasco al mundo rural. El castellano tuvo una rápida penetración en el País Vasco en buena parte por la enorme fragmentación dialectal del euskera, circunstancia que lo hacía menos útil para la comunicación.

-¿Es la actual Constitución culpable de esta «guerra de lenguas»?
-Sí, en parte. En ese aspecto de la Constitución hubo absoluta dejadez. En su redacción se dejó el terreno abonado para los problemas cuando ni siquiera se enumeran las otras lenguas de España. Ahí cabe todo, el bable, el canario... Además, la Carta Magna comete el error de ceder al poder autonómico la regulación de la lengua, lo que ha propiciado que se intente convertir a la lengua minoritaria en dominante y excluyente. Para los políticos es una ventaja, porque les otorga parcelas de poder y de influencia, pero para los ciudadanos es un grave perjuicio.

«Eliminar el castellano de las escuelas es una desgracia»
Irene Lozano (Madrid, 1971), licenciada en Lingüística Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y periodista, acumula ya una fértil trayectoria como escritora. Hace sólo diez meses alumbró la ambiciosa biografía «Federica Montseny. Una anarquista en el poder» (Espasa). Anteriormente había publicado «Lenguaje femenino, lenguaje masculino, ¿condiciona nuestro sexo la forma de hablar?» (Ediciones Minerva, 1995). El Premio Espasa de Ensayo 2005 por «Lenguas en guerra» la ha refrendado como una voz nítida y original: «Los hablantes están demostrando que usan la lengua que les resulta eficaz y satisfactoria en cada momento, más que la que se les impone por decreto, por mucho que se empeñen siniestras «oficinas de vigilancia lingüística». Está demostrado que es la lengua materna la que se transmite como lengua de habla a la siguiente generación, no la de la escuela. Así, nos podemos encontrar con un panorama de futuros ciudadanos que no dejarán de hablar en español aunque se les haya educado en catalán o vasco, y a los que, sin embargo, se les habrá privado del castellano culto, que hasta la introducción de estas políticas se adquiría en el sistema educativo. Es un empobrecimiento atroz y una desgracia».

El laberinto de 2006
Editorial ABC 2 Enero 2006

EL Gobierno de Rodríguez Zapatero se enfrenta al nuevo 2006 con la presión de quien tiene que salir de un laberinto antes de perderse definitivamente en él. En 2007 empieza la temporada electoral. No hay otro responsable de esta situación que el propio Gobierno y su política de selección de aliados, porque nunca antes un Gobierno en minoría, como el de Zapatero, había negado tan absolutamente al principal partido de la oposición cualquier posibilidad de acuerdo, incluso en materias en las que sus bases electorales comparten criterios fundamentales. La exclusión del PP, solemnizada en el Pacto del Tinell y aplicada a rajatabla por el PSOE, aísla al Gobierno en su responsabilidad exclusiva por tener que abordar este nuevo año como una prórroga para deshacer los entuertos del anterior. Por lo pronto, la despedida económica de 2005 contrasta con la excelente autocalificación que se dio el propio presidente del Gobierno. Incurriendo en lo que él mismo criticaba hace apenas un par de años -la complacencia de Aznar con la macroeconomía y el desinterés por las economías familiares-, Rodríguez Zapatero inaugura el año con una inflación muy alta, superior al crecimiento económico, y coincidente con un incremento de los tipos de interés que se suma a los anunciados aumentos de luz, gas, agua y transporte. El «patriotismo social» es un eslogan vistoso para un acto de partido -aun haciendo cuentas de becas y pensiones, que las han hechos todos los Gobiernos, en todo tiempo-, pero es corto para tapar la realidad cuando ésta no se deja disfrazar. Las familias están al límite de su capacidad de endeudamiento y nuevas cargas económicas, sin un correlativo control de precios, pueden ser el anticipo de un colapso financiero. Pese a que los indicios negativos vienen de largo, el Gobierno no ha aprovechado este primer tiempo de su mandato para hacer reformas estructurales en el mercado laboral o en aumentar la competencia de servicios. Reformas que deben hacerse en coyunturas de bonanza económica, para anticiparse a un cambio de ciclo cuya llegada es una seria amenaza.

En el terreno político, el laberinto es más complicado para Rodríguez Zapatero porque a cada paso que da, cambia el trazado y pierde el camino de vuelta. El Gobierno socialista ha abierto en canal la Constitución desde el momento en que la alianza con los ultranacionalistas catalanes permitió llevar a las instituciones del Estado propuestas, como el nuevo Estatuto de Cataluña, que no pretenden un desarrollo del modelo autonómico, sino una suplantación pura y simple del régimen constitucional por otro en el que los principios serán la confederación, la soberanía y la autodeterminación. El caldo ideológico que alimenta el cambio impulsado por Rodríguez Zapatero al calor de sus peligrosas alianzas no puede ser más dañino para el interés nacional. El proyecto de Estatuto para Cataluña es el síntoma de todo un cambio histórico en la izquierda española -o, al menos, en una buena parte de ella-, que ha decidido rehacer la Transición con grupos e ideas que eran y son incompatibles con los valores constitucionales. Por eso, 2006 empieza como acabó 2005, anegado de las incertidumbres que provoca la falta de definición del presidente del Gobierno ante asuntos esenciales que ya habrían merecido un pronunciamiento público y decisivo por cualquier gobernante europeo que se preciara de su función. España no se merecía llegar al 2006 con un horizonte plagado de dudas, sin confianza -lo dice el CIS- en su futuro económico y político, con un Gobierno desvinculado de la defensa constitucional -en sus alianzas políticas, en sus propuestas partidistas, en la inaplicación de la legalidad frente al terrorismo no armado de ETA- y, menos aún, en manos de la insolencia reivindicativa de minorías separatistas, que hoy parecen más de lo que son gracias a las credenciales socialistas.

En este contexto de ruptura de amarras con los mejores valores de la vida constitucional de España, no extraña que la actitud del Gobierno ante ETA -roto el Pacto Antiterrorista y muerta la Ley de Partidos- carezca ya de imperativos éticos, y sea un peón táctico de la estrategia general de crisis constitucional; tampoco que la relación que el Gobierno quiera imponer a la Justicia sea de sumisión, ni que la sociedad y sus principales fundamentos, como la familia o la educación, se hayan convertido en el campo experimental de prejuicios progresistas, más atentos a eliminar todo aquello que, según el manual izquierdista, connote valores cristianos o tradicionales, que a ofrecer soluciones sensatas para problemas reales. Un laberinto, en definitiva, en el que PSOE ha metido a toda España.

El futuro de España
Isabel Durán Libertad Digital2 Enero 2006

“En dos años, autogobierno y referéndum” prometió José Luis Rodríguez Zapatero durante la campaña electoral de las elecciones vascas el pasado mes de abril. Eso con un plan secesionista aparentemente aparcado por el presunto lehendakari de todos los vascos y sin tener ningún otro sobre la mesa. ¿Qué pactó entonces el presidente con Ibarretxe? No en vano se habían producido varias reuniones secretas en La Moncloa entre ambos responsables políticos, el mismo trato concedido al independentista radical de izquierdas catalán Carod Rovira.

Posteriormente sólo tuvimos constancia de la negativa constante del presidente a que su Gobierno aplicara y persiguiera a la organización terrorista Batasuna en su actual prolongación en el parlamento vasco. Hemos asistido incrédulos al tremendo golpe de ver cómo España tiene un presidente que no condena los atentados terroristas. Y ahora, ya es un hecho, el viraje de 180 grados del Partido Socialista a las filas nacionalistas con el apoyo a unos presupuestos que engrasan al entorno etarra. Enterrado definitivamente el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, el año que comienza es el año de los terroristas y con ellos, el de los nacionalistas. Porque ellos ya han ganado.

Y es que primero va Cataluña. Maragall asegura que 2006 será el año del referéndum. Está claro que el jefe de la Generalidad considera que el presidente “rojo” acabará aprobando el Estatuto catalán “como sea”. Después llegará el “nuevo” plan Ibarretxe, esta vez con el apoyo de Rodríguez Zapatero.
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El futuro de España es, por tanto, oscuro y ciego. Y no solo por su desmembramiento pilotado desde La Moncloa. Empieza la gran revancha con el recorte de libertades fundamentales, con la censura a la cabeza y la mirada centrada en el negro pasado de la guerra, de los vencidos clamando venganza. Pinceladas de una triste España que, en manos de un irresponsable, esta vez, si que no la reconocerá ni la madre que la parió.

LEVIATÁN RESUCITADO
Por ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 2 Enero 2006

Varios prodigios han constelado el firmamento político del 2005. Pero ninguno se iguala en lo desaforado, en lo presagioso, a la Ley Audiovisual aprobada en Cataluña hace dos semanas. Los profesores de Derecho afirman que la ley entra en conflicto con los artículos 53.2 y 20.2 de la Carta Magna, y que es por tanto inconstitucional. Yo, que no sé Derecho, me limito a constatar que no habrá libertad de expresión en Cataluña si ese texto no cae en desuso instantáneo. Inquieta enormemente que el Consejo Audiovisual, un organismo controlado a la postre por los partidos, se arrogue la facultad de determinar cuándo una información es veraz o acorde con los valores constitucionales. La inquietud sube de grado, apenas se repara en el contexto concreto en que ha sido alumbrado el engendro.

Poco antes de que se votara la ley, el Cuatripartito en masa había puesto la proa a una determinada cadena de radio por motivos estrictamente ideológicos, o mejor todavía, políticos. ERC llegó al extremo de enviar a la sede central de la emisora a una partida de encapuchados.

Resultaba evidente que la ley sería empleada por la oligarquía local con el propósito de quitarse de en medio a un enemigo incómodo. Dicho y hecho, o casi hecho: la primera diligencia del Consejo ha consistido en instruir un sumario sobre la COPE en el que se incluyen, como potencialmente sancionables, opiniones del tenor siguiente: «el presidente de la Caixa está muy mayor, y ya no se entera».

Imaginen que se hubiera aplicado el mismo baremo a expresiones como «Aznar es un político autoritario», o «A Fraga se le notan los años». No habría habido campaña electoral en el 2004, ni gallega en el 2005. En los países civilizados, los consejos audiovisuales se ocupan de detalles administrativos. Aquí, hemos ido a los contenidos, y reinventado la censura.

Que el escenario del disparate haya sido el oasis catalán, mueve a reflexión. Conforme a una doctrina muy asentada, la descentralización federal propicia el acercamiento del poder a los ciudadanos. El federalismo sería deseable porque la democracia se aprende mejor en formato pequeño, que en formato grande. Me temo que los españoles estamos experimentando el fenómeno opuesto. El clientelismo, la acción corruptora del poder a través del Presupuesto, y el estrangulamiento de las libertades, se ejercen con mayor despejo a escala autonómica.

En la práctica, la Ley Audiovisual catalana podría estar sirviendo como cata o ensayo de la Ley Audiovisual que el Gobierno prepara para el conjunto de la nación.

Con esto subimos, por así decirlo, un piso, y entramos en consideraciones que afectan a los grandes partidos y no sólo a sus terminales regionales. Tanto el PP como el PSOE pidieron en sus programas del 2004 la creación de una Ley Audiovisual y del correspondiente Consejo. Pero, interesantemente, el espíritu que animaba las propuestas no era idéntico. En el programa del PP, se hablaba sólo de proteger al menor. El asunto se reducía a un guiño oportunista y poco meditado al electorado conservador, molesto por la naturaleza cada vez más escatológica de la televisión.

La propuesta socialista, por el contrario, anticipaba, con bastante exactitud, lo que han hecho después los catalanes. En el programa se afirmaba que el Consejo Audiovisual tendría como misión «asegurar la protección de los valores constitucionales». Lo último significa, en plata, que el PSOE estima lícito que una filial oficiosa del Parlamento usurpe a los jueces la determinación de qué es constitucional, o qué no lo es. El derrape no es casual. En efecto, Zapatero y su equipo han reformulado la función del Parlamento en clave jacobina.

En las democracias liberales, el Parlamento genera leyes cuya interpretación, conforme al principio de la división de poderes, está reservada a los jueces. Zapatero, sin embargo, parece concebir las mayorías parlamentarias como cristalización de la voluntad general. Una mayoría no sería el producto contingente de un acuerdo entre diputados, conscientes de las limitaciones anejas a su mandato. Integraría, más bien, una encarnación del pueblo, con títulos y autoridad para transformar a fondo la realidad pública, y aun la privada.

Conviene recordar, por si no se hubiera reparado en ello, que la idea nos retrotrae, no a una democracia «auténtica», sino a las especulaciones teológicas de los defensores del Estado absoluto.

Que los beneficiarios reales de la situación acaben por ser ERC o grupos de presión con intereses perfectamente descriptibles, deja impertérritos a los adalides del nuevo orden. En ésas estamos, según enfila el 2006 su curso incierto

El año decisivo
EDITORIAL Libertad Digital 2 Enero 2006

El año que comienza este domingo no estará condicionado por ninguna llamada a las urnas, pero no nos puede servir de consuelo, porque todo indica que en 2006 la vida nacional no va a estar menos convulsa que en 2005. José Luis Rodríguez Zapatero ha abierto en la cuestión autonómica no el debate sobre las competencias y la gestión de los asuntos ciudadanos, sino el del mismo ser de España. La dolorosa carrera para alcanzar un acuerdo con sus socios de Gobierno en torno al Estatuto catalán es síntoma de las enormes tensiones a que Zapatero está sometiendo a su Gobierno, a su partido y a España en este asunto. Esa tensión entre la radicalidad de suspender todo en el aire, desde la Constitución hasta la unidad de España, y el deseo mayoritario de los españoles de mantener la democracia constitucional, se acentuará el año que empieza. Y a estas alturas al Gobierno se le han agotado los conejos en la chistera. Llega la hora de la verdad. Llegó el momento de mostrar el camino elegido por Zapatero.

Ese camino, el del nuevo Estatuto para Cataluña, no se puede desvincular del todo de la negociación del Gobierno con la banda asesina ETA. El pacto de Carod-Rovira con la banda para que redirija sus bombas hacia otros españoles y el comunicado de ésta que une el futuro político de Cataluña y el del País Vasco son dos mojones que señalan una misma ruta. ETA se reforzaría en una España con su unidad en duda y el Gobierno se reforzaría con una tregua de la banda terrorista, ante una opinión pública que no desea ser testigo de la secesión de una parte de nuestro país. Este año veremos hasta dónde es capaz de llegar Zapatero.

No le será fácil sacar adelante sus proyectos, que son contrarios a los intereses y a los deseos de la mayoría de los españoles, mientras queden medios de comunicación dispuestos a denunciar los proyectos radicales de Rodríguez Zapatero. Por eso resulta vital la defensa de la libertad de prensa, que está siendo sistemáticamente atacada por el Gobierno y por el tripartito catalán. La creación de un ministerio de la verdad pergeñado por Montilla es expresión del miedo y del desprecio que tienen los socialistas por la libertad de expresión. En la lucha por esta libertad básica estará la defensa de la democracia española y de nuestra Carta Magna.

Los medios de comunicación seguirán siendo protagonistas también en su labor de desvelar cómo se creó y operó la serie de atentados cometidos tres días antes de las últimas elecciones. La verdad sobre el 11-M, que hoy solo podemos vislumbrar, no es para nada del interés de este Ejecutivo. Pero su esclarecimiento es un mandato democrático insoslayable que quedará casi en exclusiva para lo que queda de prensa crítica.

Nada indica que este será un buen año para José Luis Rodríguez Zapatero. Es el momento de desvelar su estrategia, de tomar posiciones. En concordancia, es también un año decisivo para la oposición, encarnada en exclusiva por el Partido Popular. El partido de Rajoy prevé una convención en primavera en la que se marcará el discurso que mantenga, previsiblemente, hasta las elecciones regionales y municipales de 2007. Hoy, más que otras veces, la defensa de las libertades de los españoles es la defensa de la idea de España que reconoce nuestra Constitución y no otra puede ser la guía de la oposición al Gobierno socialista.

2005, el asalto al Estado
Lorenzo Contreras Estrella Digital 2 Enero 2006

Ha sido el año de las situaciones políticas límite. El 2005 marca puntos de muy difícil retroceso. España, y no ya sólo un modelo de Estado español, ha sido cuestionada. Se ha llegado a tal extremo en este prólogo histórico del gran cambio postconstitucional que, como habría dicho Pío Cabanillas en una de sus más famosas ironías-sarcasmo, “ya no sabemos si somos de los nuestros”. El espíritu de 1978, año de la Constitución (que acaba de cumplir veinticinco nada menos, pero nada más), ha entrado en crisis. El Estatut catalán y el Plan Ibarretxe se han dado la mano en un perverso turno de presiones sobre la débil voluntad de un Gobierno cuyo nacimiento estuvo menos determinado por las urnas que por las circunstancias trágicas que viven en la memoria de cualquier ciudadano. Un personaje gris llamado José Luis Rodríguez Zapatero no pareció tomarse en serio desde la oposición el proyecto “autonómico” vasco e incluso parecía dispuesto a respetar en su integridad la voluntad que expresara el Parlamento de Vitoria. Cuando, por fin, ya en la Moncloa se plantó y formuló el anuncio de que el plan contaría con todas las reservas del Ejecutivo central, era tarde. Se había cruzado en el camino un tercero en discordia llamado Estatut de Cataluña, cuyo destino, según el voluntarismo zapateril, iba a ser quedar “limpio como una patena”, pero que en realidad ofrece el riesgo, para España, de conservar demasiadas adherencias anticonstitucionales.

El Estatut, aunque de momento parezca algo frenado, sigue siendo el gran detonante del proceso conducente a la desnaturalización y al desmontaje de la Constitución bajo el aspecto de una reforma estatutaria. Ibarretxe había tenido que frenar la velocidad de su Plan como consecuencia de su propio retroceso electoral en las autonómicas vascas. Pero llegaba el turno de Maragall-Carod y optó por la comodidad de esperar lo que sucediera con el proyecto catalán, avalado por el PSC, el hermanastro socialista del PSOE. Lo estamos viendo. Zapatero y compañía, lo reconozcan o no, están rebasados. Como ha escrito en Gara, órgano proetarra vasco, un pequeño historiador —pequeño pero suficiente—, “el presidente del Gobierno español prometió en su campaña electoral que iba a abordar el modelo de Estado, posiblemente porque ni él mismo creía que iba a tener el problema encima de la mesa. O tal vez porque desconocía la realidad de la correlación de fuerzas en torno a este tema”.

El ritmo que los acontecimientos adquieran es la única incógnita por despejar. El ritmo, que no el objetivo. Galicia ha entrado pálidamente en el concurso de méritos, con un Gobierno bipartito a base de socialistas y nacionalistas. La Valencia todavía bajo el control del PP se ha inventado su propio proyecto estatutario como si el cambio fuese una ley necesaria según el esquema clásico de “marica el último”. Andalucía y Extremadura están todavía a más o menos bajo el peso del PSOE central. Cualquier ciudadano con algún criterio está en condiciones de sopesar las derivadas territoriales que en otras zonas del antiguo mapa español puedan producirse.

2005 ha sido el año del debate sobre el concepto de nación. Ha sido la palabra tabú, el término impronunciable o vedado para quienes aspiran a ser nación cueste lo que cueste, por encima del artículo segundo de la Constitución moribunda de 1978. Pero en última instancia, la gran ambición independentista no es un concepto más o menos romántico y sentimental relacionado con el idioma y la sangre, sino una concreta realidad llamada Estado. Quieren tener el Estado, su Estado, su sustrato administrativo, su sistema educativo, el control de sus puertos, su comercio exterior, su representación diplomática, algún día su Ejército, sus compañías aéreas de bandera, el dominio de sus costas y de sus aeropuertos. Es el Estado lo que se cuestiona como tal Estado único. Y la representación exterior, como queda explicado por el hecho de que tanto vascos como catalanes, más los primeros que los segundos por el momento, procuran internacionalizar su victimismo.

Durante 2005 se ha ido avanzando en el espíritu y en la tendencia concesiva de facultades centrales, al amparo muchas veces del artículo 150.2 de la Constitución que contempla la entrega en determinadas condiciones de las competencias del Estado.

Mientras tanto, el Gobierno central ha ido perdiendo peso exterior. No es que José María Aznar, en cuanto cabeza directora de la Administración anterior, nos mejorara en el “ranking” internacional de una manera espectacular y sin pago de precios excesivos, que los pagó también e incluso con innecesario entusiasmo. No es eso. Es que la política exterior, con Zapatero, ha bajado muchos peldaños, ha perdido respetabilidad, ha gesticulado torpemente en sus comparecencias diplomáticas en foros y asambleas, ha entrado en contradicción consigo misma, no ha recuperado peso en la Unión Europea, ha cuestionado —Zapatero dixit— la competencia de la sucesora del ex canciller Schroeder, ha “compensado” la retirada de tropas españolas en Iraq con presencias descaradas en escenarios tan peligrosos o más que el antiguo feudo de Sadam Husein, ha procurado vender como un éxito espectacular el retroceso “logrado” en la cumbre europea y, en definitiva, nos ha dejado en cuanto españoles con el asombro de descubrir que podemos recuperar en América una influencia que siempre se nos ha negado.

La política interior ha sido en gran parte un cruce de insultos entre el Gobierno y oposición, un intercambio de denuestos, un abandono del pacto antiterrorista, una relajación de la política inmigratoria con todos sus riesgos e inconvenientes, una estrategia preelectoral de aspecto progresista a base de matrimonios homosexuales y anuncios de leyes sociales para jubilados y personas dependientes, una discutible reforma de la Justicia... En fin, casi de todo y muchas veces casi de nada. Ha habido que venderles a los nacionalistas el apoyo a los presupuestos generales del Estado, mediante un do ut des cuya valoración está por hacer en términos aproximativos. Al cabo del 2005 nos hemos quedado con la sensación de que la política española, mientras siga llamándose así, es la historia de una crispación, una revisión de proyectos interrumpidos que no acaban de sustituirse (caso del Plan Hidrológico), una antología de improperios rematados con la alusión de Rajoy a Zapatero como “bobo de solemnidad” y, finalmente por ahora, una peligrosa tendencia del Gobierno Zapatero a zanjar las disputas mediáticas a través de un Consejo Audiovisual Estatal que recuerda no poco la censura franquista, o la Ley Fraga que el propio Fraga ya no había aplicado y cuyas derivaciones hacia la generación de autocensuras va a cercenar la libertad de expresión para que el señor Zapatero y compañía se sientan más tranquilos.

Y de la ETA, ¿qué? Nada de sangre en dos años y cantidades inmensas de extorsiones, simples además al acecho de las claudicaciones del Gobierno central en materia del llamado “modelo de Estado”, que sería para la banda —y será— el momento de lanzarse sobre la presa del PNV.

Año de expectativas
Editorial El Correo 2 Enero 2006

El año que ahora comienza dará sus frutos en Euskadi siempre y cuando las formaciones políticas y las instituciones hayan asimilado las lecciones que nos ha dejado 2005. El pasado año la sociedad vasca ha sido a la vez protagonista y espectadora de importantes acontecimientos que podrían preludiar un tiempo de cambio y esperanza. El anhelo de que el terrorismo desaparezca definitivamente y el deseo de que el entendimiento sustituya al enfrentamiento en la política vasca son propósitos comunes a la inmensa mayoría de la sociedad. Pero aún persisten los intentos de manipulación de esas aspiraciones colectivas. La paz continua apareciendo en demasiadas ocasiones como coartada argumental para defender opciones políticas que se asemejan en exceso a las pretensiones que albergan los propios terroristas. Del mismo modo que la apelación al diálogo 'sin condiciones ni exclusiones' trata de inducir en la opinión pública una sensación tan irreal como injusta: la impresión de que hay que partir de cero -como si los vascos no contasen ya con un marco de libertades y autogobierno envidiables- y la idea de que todos tienen idéntico derecho a participar en ese diálogo, incluidos quienes han apuntalado su discurso político sobre la persecución brutal y sistemática de quienes se resisten a sus pretensiones. 2006 se presenta como un año de expectativas; y lo será si la sociedad y sus representantes más comprometidos con la convivencia en libertad logran apartar los peligros que representan la intolerancia, el exclusivismo y la confrontación extrema.

2005 fue el año en el que las Cortes Generales primero y los electores vascos después orillaron el denominado Plan Ibarretxe. Un proyecto que al finalizar dicho año trataron de reivindicar, significativamente, el lehendakari Ibarretxe y el dirigente jeltzale Joseba Egibar. El autogobierno vasco, con un cuarto de siglo de vigencia, requiere ser actualizado y eventualmente reformado para ajustarse a nuevas necesidades y desafíos. La experiencia acumulada y la integración europea así lo aconsejan a la hora de clarificar al máximo nuestro marco competencial y procurar una gestión más eficiente de los intereses ciudadanos. Pero la gran lección que ha dejado 2005 es que ni el Estado constitucional ni la voluntad ciudadana permiten o auspician proyectos de ruptura. De forma que ha quedado consagrada la premisa de que ningún proyecto de cambio puede merecer el calificativo de mejora y avance si no propicia, como mínimo, el nivel de consenso social y político en que se cimentó el Estatuto de Gernika, y no procura avanzar por el cauce abierto entre 1978 y 1979, sin desentenderse de él o desbordarlo.

La gran lección que la democracia ha aprendido en la lucha contra ETA es que el abandono definitivo de las armas por parte de la banda terrorista será consecuencia de la debilidad en que se encuentre ésta. Un punto de vista desde el que 2005 ha podido resultar un año contradictorio. Al mismo tiempo que ETA y su entorno han continuado experimentando los efectos de la acción policial, judicial y legislativa que en los años anteriores habían contribuido a arrinconar a la banda, las especulaciones en torno a una supuesta vía de entendimiento entre ETA y el gobierno de Rodríguez Zapatero -alimentadas por el optimismo a corto plazo del que hizo gala el presidente- contribuyeron a conceder a ETA y a su entorno un protagonismo inusitado. Es de esperar que, en el año que ahora comienza, las instituciones competentes afronten, con el apoyo de las fuerzas democráticas y sin que éstas utilicen la lucha antiterrorista como tema de enfrentamiento partidario, la tarea primordial de conseguir el final de la violencia dejando claro en todo momento que ETA no recibirá nada a cambio de hacer aquello que la sociedad y la razón democrática le exigen: que desaparezca de una vez y para siempre.

El pasado año, con la obligada retirada del Plan Ibarretxe, se disiparon buena parte de los temores que apuntaban no sólo a una ruptura entre la autonomía vasca y la España constitucional, sino también a una quiebra de la convivencia en la pluralidad que caracteriza a Euskadi. El reto que ante sí tienen ahora los partidos y las instituciones es el de dotar al País Vasco de un clima político de entendimiento interno y de engarce constitucional para evitar que en cualquier momento regresemos a la zozobra vivida en los años anteriores. Es evidente que persisten actitudes proclives a un horizonte distinto al señalado; a un futuro diseñado para todos los vascos por parte únicamente de los nacionalistas. A un futuro en el que la existencia de una mayoría sociológica nacionalista se imponga sobre esa otra mayoría democrática y pluralista que da sentido al progreso y a la convivencia en cualquier sociedad. Es una meta que persiguen no sólo los más extremistas. También la quieren alcanzar importantes sectores del nacionalismo gobernante que rehúsan admitir las lecciones de 2005 y prefieren seguir esperando otra oportunidad para imprimir un giro soberanista desde las propias instituciones. Pero tal cuestión no puede dilucidarse en el seno de la familia nacionalista, como si fuera un tema privativo de ella, en torno a lo que le resulte más conveniente en cada momento al PNV. Exige el compromiso constante de cuantos en la política y en la sociedad aspiran a conocer un País Vasco próspero y estable en el que ya nadie más pueda albergar delirios de barbarie o quimeras de secesión.

Vuelve el turno vasco
José Javaloyes Estrella Digital 2 Enero 2006

Por el entreabierto portón del Estatuto de Cataluña, el Partido Nacionalista Vasco asoma de nuevo la cabeza y reclama la supuesta vigencia plena del Plan Ibarreche. Quien puede o quiere lo más, se habrán dicho los herederos directos de Sabino Arana, quiere o puede lo menos. Todos los nacionalistas – con sus respectivos apetitos y pretensiones – son iguales ante la ley, como españoles, mientras tanto, y en tanto no lleguen a su puerto de máximos las respectivas pretensiones.

Nada menos sorprendente, pues, para empezar el año. Ni sorprendente ni imprevisto desde que Carod Rovira fundara con los etarras el Club de Perpiñán. Los reactivados terroristas vascos y el hombre de ERC, albacea mayor de Terra Lliure, pactaron algo que está entre el programa de acción y la “hoja de ruta”. Del pacto se han derivado después estrategias por desplegar enteramente y concretas acciones enteramente desplegadas y expresadas en su completo sentido: tregua de atentados en Cataluña y alfombra rosa para el regreso del brazo político de los etarras a las instituciones vascas.

Por los poderes que le confiere su llave, Caros impuso en el Tinell el pacto de que la derecha española fuera expulsada del juego político. Ningún pacto con ella (por parte del PSOE), y el que hubiera habría de quedar roto. Así, como no podía ser de otro modo, el de las Libertades y contra el Terrorismo. La Fiscalía General del Estado quedaba encargada de efectuar el previo trabajo de campo: obstruir o bloquear la virtualidad práctica de la norma para que los mandatarios de los etarras, en el curso de las últimas elecciones vascas, regresaran al Parlamento de Vitoria. Aceptada esta condición y después cumplida, se abría la mesa negociadora. Y a esperar.

Entre tanto ha ocurrido lo que menos esperaban Carod y sus interlocutores de boina y metralleta: que desde la madrileña calle Ferraz se plantase el PSOE e hiciera atascar en el bancal el carro de la negociación estatutaria con el cuatripartito. Pero la aceptación de principio por parte de Rodríguez de la premisa nacionalista elaborada en Barcelona , significaba también de principio que se habría de aceptar el soberanismo del Plan Ibarreche que en el Congreso se había rechazado. Es el momento procesal oportuno para que el PNV relanzara su pretensión. Pero sabe este partido que, objetivamente, no hay nada que rascar.

La establecida previsión entre los nacionalistas catalanes, y la de Carod Rovira en primer lugar, es la de que han de tragar lo que en nombre de Rodríguez se les ofrezca, porque si no tragan y, a la boliviana, tumban el Gobierno, quien venga después llegaría con las rebajas de enero, y las de febrero y marzo. El sismógrafo del Centro de Investigaciones Sociológicas ya ha registrado la presión enorme que la tectónica de placas tiene acumulada en la base electoral del PSOE. De modo que aunque las alegrías y las copas de fin de año puedan seguir en el cortijo político de Doñana, por Ferraz son todo caras largas y rictus de preocupación e impaciencia.

Idéntica consideración vale para el PNV. Aunque a Rodríguez le hicieran el quite con la boina la cuestión seguiría donde estaba. El mensaje que se deriva de las encuestas es que no caben las pretensiones soberanistas del nacionalismo, ni de unos ni de otros. En condiciones así, por tanto, habría que considerar la hipótesis de que el recordatorio del PNV sobre el Plan Ibarreche sea un asunto interno de los nacionalistas vascos: no puede esa derecha apostólica dejar que sea sólo la izquierda abertzale quien reclame soberanía, independencia y las cadenas de Navarra. Si en la mesa secreta de la negociación los etarras aprietan y reclaman, los nacionalistas de carné tienen que gesticular para la galería; pero, eso sí, montados sobre la estela de los interlocutores de Carod en el club de Perpiñán.

jose@javaloyes.net

Mediaciones eclesiales
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 2 Enero 2006

Una gran parte de las actuaciones mediadoras entre el Gobierno y ETA han sido protagonizadas por religiosos o instituciones vinculadas a la Iglesia. Varios jesuitas con José María Martín Patiño, en 1984; la Comunidad de San Egidio, el responsable argentino de Paz y Justicia y premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel, y el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, en los noventa, son algunos de estos mediadores. Hasta con el arzobispo de Boston llegó a hablarse, aunque la cosa no pasó de ahí.

Ninguna de estas mediaciones eclesiales acabó bien. El único diálogo que concluyó con el abandono de las armas de una parte de ETA fue laico: lo protagonizaron Mario Onaindía, Juan María Bandrés y Juan José Rosón.

La semana pasada ha estado de nuevo en el País Vasco el sacerdote norirlandés Alec Reid, invitado habitual desde hace cinco años de diversas organizaciones nacionalistas. Para algunos es un mediador in pectore, para todos su tarea es predicar la pacificación. En sus manifestaciones más recientes ha mostrado su identificación plena con la interpretación nacionalista del terrorismo etarra al afirmar que ETA no es el problema, sino el síntoma del problema. Cree incluso, equivocadamente, que todos los partidos vascos quieren la autodeterminación y va más allá que la propia Batasuna cuando pide al Gobierno la «libertad anticipada» de presos. Ni la izquierda abertzale pide tanto. Al menos hoy.

El padre Reid ejerce de pacificador en el sentido que le da a este concepto Michael Ignatieff ('El honor del guerrero'): «Los pacificadores son imparciales por definición y no les compete establecer distinciones morales entre el agresor y la víctima, pero su sola presencia en la línea de demarcación ratifica de hecho las conquistas de los agresores e impide que las víctimas recuperen el terreno perdido». Así, Alec Reid considera que los miembros de ETA no pueden ver la situación «como una rendición». Los terroristas deben salvar la cara. Todo lo contrario de lo que defienden intelectuales como Joseba Arregi que sostiene que el final del terrorismo tiene que ir acompañado de una clara derrota política de ETA.

También ha hablado en los últimos días el obispo donostiarra con un mensaje navideño dedicado a la paz en el que incluye un par de esas frases que hacen que el resto de la prédica pase desapercibida. Dice Uriarte que «la aplicación excesivamente rígida de la ley» es un obstáculo para avanzar hacia la paz. Son muchos los ciudadanos vascos que opinan justo lo contrario: que si hay alguna oportunidad para la paz es porque al fin se ha aplicado la ley.

Expolia, que algo queda
JUAN MANUEL DE PRADA ABC 2 Enero 2006

SE ha convocado para mañana una concentración ciudadana en Salamanca ante la sede del Archivo de la Guerra Civil. La concentración o funeral anticipado no servirá, sin embargo, para quebrar la disposición del Gobierno, que no ha vacilado en infringir el mandato constitucional que lo obliga a preservar la integridad del patrimonio histórico español, con tal de mantener saciada la voracidad de sus socios. Naturalmente, tras la devolución de documentos a la Generalitat, se sucederá una ristra de reclamaciones más o menos encadenadas de municipios y asociaciones legalmente constituidas allá por los años de la Guerra Civil; reclamaciones que el Gobierno habrá de satisfacer, salvo que no le importe quedar retratado como un burdo componedor de disposiciones legales ad hoc que sólo benefician a sus amiguetes. Así, en el plazo de unos pocos meses, el otrora conocido como Archivo de la Guerra Civil se convertirá en un delirante Almacén de la Fotocopia y el Microfilm que nuestras autoridades pretenden bautizar, en un acceso de optimismo antropológico, como Centro de la Memoria Histórica (que también será de la Amnesia Histórica, pues ya se sabe que ciertas memorias son guadianescas y sólo cubren a los que batallaron en un bando; los otros bien pueden pudrirse en el limbo, ahora que las criaturas no bautizadas parece que lo desalojan).

El Centro de la Memoria y la Amnesia Históricas tendrá su sede, si hemos de hacer caso a los planes arbitristas improvisados por la ministra del ramo floral, en el salmantino Palacio de Orellana. La construcción, de proporciones más bien exiguas para albergar tan Altisonante y Mnemotécnico Centro, habrá de ser previamente expropiada o cedida en uso, pues su propiedad la ostentan unos particulares, quienes, por cierto, están iniciando obras de acondicionamiento y restauración para habilitarla como museo. Emilio Melero, secretario general de la facción gobernante en sede salmantina, acaba de conceder una entrevista a un medio local en la que reconoce que dichas obras de acondicionamiento resultarían inútiles (llega, incluso, a precisar que habrá que «derribarlas») si finalmente el Palacio de Orellana se destinase al cometido que la ministra del ramo floral le ha asignado imaginariamente, en otro acceso de optimismo antropológico y aun arquitectónico. El optimismo del Gobierno, en fin, llega hasta donde no llegan ni siquiera las ensoñaciones anfetamínicas; pero ni las cortinas de humo lanzadas por la ministra del ramo floral, ni sus brindis al sol de Antequera, logran maquillar este delirio tan chapuceramente aliñado, urdido con la única finalidad de mantener contentos a los que sostienen con su apoyo parlamentario la sonrisita de Zapatero.

Mientras el Archivo de la Guerra Civil se convierte en un abracadabrante Almacén de la Fotocopia y el Microfilm, los museos catalanes siguen albergando piezas que no les pertenecen, muchas de ellas expoliadas en fechas muy recientes al patrimonio castellano-leonés. Así, por ejemplo, el Museo Marés, del cual es titular el Ayuntamiento de Barcelona, entre cuyos fondos expuestos al público (no queremos ni imaginarnos lo que ocultarán sus sótanos) se cuentan hasta ciento ochenta obras birladas de ermitas e iglesias rurales de Castilla y León en los años cuarenta, cincuenta y sesenta, cuando el ínclito Federico Marés arramblaba con lo que pillaba, con la venia y el beneplácito de las autoridades franquistas. Así, también, el Museo Nacional de Cataluña, donde por ejemplo se exhiben las pinturas funerarias de Mahamud, joya del arte gótico burgalés del siglo XIV, trasladadas a Cataluña por manos non sanctas en fechas mucho más próximas. Puestos a disgregar el patrimonio histórico con la excusa de la «devolución a sus legítimos propietarios», ¿qué tal si empezamos a cambiar cromos, a ver quién sale ganando?

La libertad de expresión, en peligro
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital 2 Enero 2006

Zapatero quiere seguir los pasos de Carod y Maragall y poner un funcionario de inspección y vigilancia al cargo de las televisiones y las radios. Después ya se verá qué se hace con la prensa. Hay cosas que la derecha no puede hacer, porque el país entraría en conmoción, pero que a la izquierda se le dan muy bien porque llevan el sacrosanto sello de la progresía universal, que garantiza la bondad infinita a todo lo que toca. Ahora el Gobierno socialista quiere crear un consejo estatal audiovisual que, al modo del tripartito catalán, tenga en sus manos la torre de control de lo que sale por las ondas y decida lo que conviene y lo que no a las pobres gentes que somos los ciudadanos. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo.

No lo dicen así, claro está, pero detrás de la propuesta zapateril se esconde una voluntad intervencionista y de control político de la libertad de expresión, lo cual es una cosa muy antidemocrática y franquista, por utilizar un referente histórico tan al gusto de Zapatero. Con una mano se derriban las estatuas de la dictadura y con la otra se levantan los principios que las inspiraron. Somos así. El caso es que el proyecto debe ser el colmo del talante, aunque, un suponer, si esto lo hace Aznar cae el diluvio universal sobre la España nuestra: hubieran sacado Rubalcaba y Llamazares sus tropas pancarteras a la calle y hasta Buenafuente, que es muy majo, habría dedicado un divertido monólogo a tan grave escándalo nacional. La cosa no sería para menos.

El proyecto, sin embargo, es de Zapatero y entonces es mejor callarse porque es "uno de los nuestros", aunque el asuntillo deja ver, aparte de mal rollo, que los actuales inquilinos del poder no confían mucho en la Justicia -¿realmente Montesquieu ha muerto?- y prefieren "gestionar" directamente la libertad de expresión y sus contenidos por ellos mismos, en un claro afán paternalista y, lo que es mucho peor, totalitario, peligroso, imprevisible y claramente anticonstitucional. Para comprobarlo, basta leerse el artículo 20 de la Constitución, en todos sus puntos y apartados, o más sencillamente, darse cuenta de que vivimos en un Estado de Derecho, con sus normas y sus límites, más allá de los cuales los tribunales, y sólo ellos, tienen la última palabra.

Es tan elemental que Zapatero podrá entenderlo, en fin. Esperemos que la idea no pase a mayores, porque de lo contrario habrá que combatirla. También en esto, España se la juega en 2006. Feliz año nos espera.

Manifiesto por la unidad de España del Foro Ermua
ABC 2 Enero 2006

El Foro Ermua celebrará en las próximas semanas dos actos públicos en Pamplona y Bilbao para presentar su manifiesto «Por la unidad de España, por la igualdad y la solidaridad de todos», en los que pretenden dar a conocer un texto en el que se denuncia la «ofensiva nacionalista» y se apuesta por preservar el «pacto constitucional de la Transición». El texto, apoyado por decenas de colectivos como Convivencia Cívica Catalana o la Fundación Luis Portero, fue presentado el pasado 5 de noviembre en la Puerta del Soly reclama «el cumplimiento de la Constitución y la unidad de la nación española como garante de la igualdad y la solidaridad».

Miguel Sanz, presidente de Navarra: «El PSOE se ha unido a la ofensiva nacionalista contra Navarra»
«Llegaré hasta donde haga falta. Nunca hemos practicado el victimismo, pero tampoco nos dejaremos avasallar»
C. Morodo ABC 2 Enero 2006

«Es injusto y demagógico decir que no hay la misma lealtad por parte de la oposición que la que recibió el PSOE. Ha sido Zapatero quien se ha apartado de la línea de acción conjunta en política antiterrorista marcada en la anterior legislatura»

Madrid- Desde una comunidad foral, por natural tendente a la diferencia, de su discurso llama la atención la racionalidad, su distancia con poses reivindicativas y la defensa de que la mejora del autogobierno está limitada por un contundente principio, el de que responda a las necesidades ciudadanas y no a la ambición de poder de una clase política.
P.-¿En Navarra sigue funcionando el matrimonio con los socialistas en los grandes asuntos o han roto las relaciones, como el PP y el PSOE en el País Vasco y en Madrid?
R.- Yo ya no confío en el PSN. Son mucho más fiables los partidos nacionalistas que los socialistas, porque uno sabe dónde están y a dónde quieren llegar, pero con el PSN, uno sabe de dónde viene, pero no hacia dónde va. Además, últimamente cada vez es más normal que digan una cosa y hagan otra distinta, como proponer públicamente blindar territorialmente Navarra y, por otro lado, mantener sus pactos con los nacionalistas en seis ayuntamientos. En Sangüesa están aliados incluso con un sucedáneo de Batasuna.

Los pactos de los socialistas.
P.-¿Teme que tengan la tentación de intentar desbancarle de la Presidencia en 2007 por la vía del pacto con todos, que ya ha sufrido en sus carnes el PP?
R.-No tengo ninguna duda de que tratarán de hacerlo, aunque veo muy difícil que consigan los votos suficientes como para que, ni con este tipo de alianzas, puedan llegar al Gobierno. Hemos situado a Navarra a la cabeza autonómica en niveles de convergencia y de bienestar y, además, hemos sido firmes en las defensa de la identidad y del amejoramiento dentro de la lealtad constitucional y del respeto a la solidaridad. Sobre este asunto, no hay que olvidar además que las decisiones del PSN en relación a sus pactos pasan siempre por el tamiz de Madrid y que en Madrid, Zapatero gobierna con quienes quieren desgajar España. Es evidente que Zapatero, más allá de lo que diga el PSN, intentará desbancarnos del gobierno, como él mismo diría, «como sea».

P.-Las alianzas del PSOE con los nacionalistas les pueden plantear un mayor problema a nivel municipal...
R.-Es probable que haya algún problema, pero confío en que los ciudadanos estén tomando nota de lo que está haciendo el Partido Socialista y de que no es fiable.

P.-Se habla mucho de la reactivación «abertzale» en las calles del País Vasco bajo la esperanza de paz que guía la política antiterrorista en esta legislatura. ¿Están notando ustedes un fenómeno semejante en esta comunidad?
R.-Sí. A raíz de la firma del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo y de consecuencias de ese pacto, como la ilegalización de Batasuna, se generó un clima de mayor paz y estabilidad social. Y la política del señor Rodríguez Zapatero ha sido la causante, si no de la ruptura de ese consenso, sí de la quiebra de la confianza sobre la que se sostenía. El resultado ha sido que volvemos a ver en la calle a los antiguos líderes de Batasuna reclamando espacio político e intentando condicionar las decisiones del Parlamento de Navarra.

P.-¿Asume que Batasuna estará presente de alguna manera en las próximas elecciones municipales?
R.-Hombre, no sé hasta dónde puede llegar la Justicia, porque, al final, quien debe decidir es el Tribunal Supremo. No sé lo que podrá hacer, pero de lo que no tengo ninguna duda es de que la política de Rodríguez Zapatero se dirige a dejar margen para que algún sucedáneo de Batasuna esté presente en los comicios.

Navarra como pieza de la paz.
P.-¿El presidente del Gobierno ha llegado a darle en algún momento su palabra de que aprovecharía la reforma de la Constitución, que quería hacer en esta legislatura, para eliminar la disposición transitoria cuarta en la que se amparan las ansias soberanistas del nacionalismo vasco sobre su comunidad?
R.-Al principio, me indicó que estaba estudiando la posibilidad de suprimirla para sustituirla por una de carácter general que pudiera afectar a todas las comunidades en el supuesto de que intentaran modificar su situación territorial. Ahora, sin embargo, ha decidido esconderse en la afirmación de que no es prioritario. En cualquier caso, mi impresión es que no va a haber reforma de la Constitución porque el necesario acuerdo PSOE-PP es inviable tal y como están las cosas. El Partido Popular ya ha impuesto, además, como condición de partida que se incluya la supresión de la disposición transitoria cuarta.

P.-¿Navarra se siente amenazada como pieza de ETA y de los nacionalistas ante un proceso de negociación?
R.- No nos sentimos amenazados porque tenemos de nuestro lado la seguridad que nos da la cobertura jurídica del amejoramiento, que es un blindaje para que nadie pueda decidir por nosotros ya que su carácter pactado impide una modificación unilateral. Existiría riesgo si en el Gobierno de Navarra hubiera un partido que permitiese modificar el amejoramiento y el Gobierno de España también estuviese en esa tesis, ya que para cambiarlo hace falta el acuerdo de las dos partes, ni siquiera cabe la iniciativa parlamentaria. Los navarros, como le decía, no nos sentimos amenazados, pero sí presionados, y estamos hartos de la ofensiva intelectual, política y económica que se ejerce desde el ámbito nacionalista para llevarnos hacia una dirección que no queremos seguir. A esta corriente presionadora se ha unido ahora el socialismo con decisiones sectarias adoptadas en Madrid. Por ejemplo, los Presupuestos Generales del Estado recogen 15 millones de euros para Navarra cuando aportamos 600 millones a las cargas del Estado.

P.-¿No se sienten amenazados pero sí discriminados?
R.-Por primera vez, sí. Nunca hemos practicado el victimismo y hemos procurado siempre gestionar con eficacia los recursos desde el respeto al principio de la solidaridad por la vía del Concierto Económico. Pero el trato que se nos está dando nos obliga a levantar la voz para exigir igualdad porque nuestros esfuerzos deben verse correspondidos por el Gobierno de España.

P.-¿Tiene al menos algún canal abierto con el Ejecutivo para trasladar estas quejas?
R.- He solicitado una reunión con el presidente del Gobierno, pero parece que lo único que le preocupa es el Estatuto catalán y hacer propaganda de sus fracasos, como el de la negociación de las nuevas perspectivas financieras de la Unión Europea.

La tregua de ETA.
P.-Desde su comunidad autónoma, en la que conocen muy de cerca el problema terrorista, ¿están percibiendo movimientos que justifiquen el optimismo y la esperanza del Gobierno en el final de la banda criminal?
R.- Lo que hay es un cambio de estrategia para intentar conseguir los objetivos que siempre ha perseguido, la territorialidad y la soberanía, aprovechando la debilidad del Gobierno de España. Pero nadie puede afirmar, sin mentir, que se ha terminado con el terrorismo y con el chantaje. La amenaza sigue ahí.

P.-¿Ha aumentado últimamente el número de empresarios navarros que le llegan con denuncias sobre la extorsión etarra?
R.-En lo que yo conozco eso no ha ido a menos, sino que las campañas se desarrollan con la misma intensidad que en el País Vasco. Hay empresarios que han recibido listas con peticiones hasta en cuatro ocasiones… Y quiero agradecerles su actuación coherente, su firmeza a la hora de negarse a ceder al chantaje… Quien tenga la tentación de pensar que una tregua es el fin del terrorismo comete un grave error porque simplemente es una iniciativa unilateral de una banda criminal que da un plazo a la democracia para que cumpla sus exigencias. Vencido ese plazo, si no se le corresponde con lo que reclama, ETA volverá a matar, y lo que pide es lo mismo de siempre.

Aznar y el consenso.
P.-¿Echa de menos la política antiterrorista de la etapa de Aznar?
R.-Nadie puede poner en duda la eficacia de su firmeza y sus esfuerzos para promover la unidad entre los dos grandes partidos. Es injusto y demagógico decir que ahora no hay la misma lealtad por parte de la oposición que la que recibió el PSOE, porque quien se ha apartado de la líneade acción conjunta que se marcó en la anterior legislatura ha sido Rodríguez Zapatero. Aznar tuvo el valor de tomar la iniciativa y de promover medidas que ya estaban en marcha en la Unión Europea pero que aquí, por prejuicios, no nos atrevíamos a llevar a cabo. Aquel gran éxito fue posible gracias a la determinación de José María Aznar y a la colaboración del PSOE. Más valdría que algunos se dieran cuenta, antes de que sea demasiado tarde, de que hay que volver al camino del consenso.

P.-La negociación del PSOE con el cuatripartito catalán sigue en marcha después de la presentación de enmiendas. ¿Usted confía en que de esas conversaciones, y después de las cartas que cada partido ha puesto ya encima de la mesa, salga un Estatuto limpio como una patena?
R.-No me atrevo a hacer un pronóstico. Desconozco los límites y las reglas de la escenificación que se está ejecutando. Siempre he pensado que estaba todo pactado… De lo que no tengo duda es de que el Partido Socialista será capaz de todo para hacer lo que considere que le resulta más beneficioso. Hasta justificará lo injustificable.

P.- Como presidente de una comunidad foral, ¿cree que el Estado de las Autonomías resistiría que a Cataluña se la reconozca un estatus superior al del resto?
R.-En este debate sería interesante que todos tuviésemos presente que la mejora del autogobierno es positiva siempre que sea para prestar servicios con mayor calidad. A nosotros no nos preocupa el incremento de competencias porque nuestro amejoramiento garantiza un alto nivel competencial e incluye asimismo un artículo que posibilita que lleguemos a donde llegue otra autonomía. Pero además es que no es algo que nos obsesione porque entendemos el autogobierno, como ya le he dicho, con un sentido racional, al servicio de los ciudadanos, no sólo como un mecanismo para tener más poder. Por ejemplo, Navarra tiene competencias en materia de tráfico y queremos gestionarlas de manera exclusiva, no porque pretendamos poner multas con boina roja en lugar de con tricornio, que eso al ciudadano le da igual, sino porque pensamos que podemos hacerlo con más eficacia. Y, sin embargo, nunca nos hemos planteado solicitar competencias para nuestra policía en materia de lucha antiterrorista, porque somos conscientes de que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil están más preparados y tienen más recursos.

Ley Electoral.
P.-¿Cómo se ve desde Navarra la posibilidad de promover una reforma electoral para disminuir el peso de las fuerzas nacionalistas?
R.-Bueno, bueno. A este asunto conviene darle una vuelta antes de hacer ningún movimiento. Sin obsesionarse demasiado. Cualquier modificación debe plantearse teniendo en cuenta criterios razonables, no de oportunidad, para no ir a una situación de ingobernabilidad. No se puede pretender hacer cambios cuando uno cree que le benefician, y echarlos por tierra cuando dejan de ser rentables, ya que se trata de un asunto de Estado y, como tal, requiere de un acuerdo entre los dos principales partidos. Que la calidad de la democracia no puede debilitarse porque esté vigente una Ley Electoral que concede a unos partidos una capacidad de presión que no se corresponde con sus votos es evidente, pero también lo es que no parece que hoy en día haya muchas posibilidades de que el Partido Socialista y el Partido Popular puedan alcanzar un acuerdo.

P.-Hay Casandras que dicen que «Zapatero llegó con un gran atentado y se marchará con otro gran atentado».
R.-Todos los responsables políticos tienen derecho a inspeccionar la posibilidad de la paz, pero ese derecho en ningún caso legitima a nadie para olvidar que la unidad y el consenso es imprescindible. Yo no quiero ser agorero y no me gustaría que fuera un atentado el que desalojase a José Luis Rodríguez Zapatero de La Moncloa, pero sí la decisión de los ciudadanos en las urnas si no modifica algunas de sus políticas, como la antiterrorista. P.- Hasta dónde está dispuesto a llegar para defender a Navarra de la presión nacionalista y de la «discriminación» a la que, según dice, le somete el Gobierno socialista. R.-Hasta donde quieran los navarros. Estoy dispuesto a sacrificarme y a hacer mucha pedagogía... Llegaré donde sea necesario si las circunstancias me obligan. Ya le he dicho que nunca hemos practicado el victimismo, que no hemos vivido de la política de pedir, pero tampoco nos dejaremos avasallar. >

En primera persona
Miguel Sanz ha hecho todos los cursos de la carrera política. Militante de UPN (marca del PP en Navarra), fue elegido alcalde de Corella en 1983 y accedió también a un escaño del Parlamento Foral. Como primer edil de su localidad natal se mantuvo hasta 1991, mientras que en paralelo iba ascendiendo, paso a paso, en la ejecutiva de su partido. El 18 de septiembre de 1996 le llegó su momento de gloria al tomar posesión como presidente del Gobierno autonómico, cargo en el que ha ido siendo revalidado en los procesos electorales celebrados desde entonces. Con las formas sencillas que son sello de la tierra, deja entrever su malestar con el ninguneo del que se siente víctima. Está preocupado con la evolución de la política antiterrorista, con la «discriminación» en inversiones en su comunidad, con la falta de entendimiento entre el PP y el PSOE..., y, sobre todo, con la deriva de los socialistas navarros y sus coqueteos con los nacionalistas. Él, precisamente, no gusta de ejercer de nacionalista, sin que esto signifique renunciar a defender con fiereza la foralidad de su tierra. «Estoy dispuesto a sacrificarme por Navarra», proclama bajo el ruido de ofertas de paz construidas sobre los mimbres de la territorialidad.

La Guardia Civil incrementa la vigilancia sobre los independentistas
La recepción de un paquete bomba en un domicilio del barrio del Agra del Orzán, el pasado 14 de julio, fue el primero de una serie de hechos relacionados con el independentismo en la comunidad gallega.
R.L. A CORUÑA El Ideal Gallego 2 Enero 2006

La Guardia Civil sigue investigando la autoría de este suceso y ha intensificado el control sobre la actividad de grupos como Assambleia da Mocidade Independentista (AMI) en A Coruña, dentro de una campaña conjunta en toda Galicia.

La Operación Castiñeira, impulsada por la Audiencia Nacional, ha supuesto ya más de diez detenciones en varios puntos de la autonomía, pero el Instituto Armado no descarta incrementar ese número y A Coruña es una de las ciudades que está siendo peinada .

La operación más contundente se registró el pasado 11 de noviembre, cuando diez jóvenes vinculados a AMI, a los que se les imputaba delitos de ensalzamiento del terrorismo y desorden público, fueron detenidos.

Además, fuentes de la investigación apuntaron que estos jóvenes mantenían vínculos con miembros del entorno del Movimiento Nacional de Liberación Vasco (MLNV), ya que no sólo están acreditados contactos personales sino que ambos grupos separatistas compartían tácticas de guerrilla urbana, utilizados en actos de violencia callejera, conocida en el País Vasco como kale borroka .

Suceso. El pasado 14 de julio, José Vázquez Pereiro recibió en su domicilio, en el barrio del Agra del Orzán, un sobre con explosivos en su interior.

Aunque el caso aún no ha sido aclarado, la principal hipótesis es la de una venganza, ya que Pereiro había sido durante algún tiempo dirigente de AMI, agrupación que posteriormente abandonó.

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