AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 6 Enero  2006
La confiscación del Estado
Editorial ABC 6 Enero 2006

TIEMPO DE DESTRUCCIÓN
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 6 Enero 2006

El TDC mueve ficha
EDITORIAL Libertad Digital 6 Enero 2006

ETA ataca en Sos del Rey Católico
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  6 Enero 2006

EL DEFENSOR DE ETA
Editorial El Ideal Gallego 6 Enero 2006

Locos por la pasta
José García Domínguez Libertad Digital 6 Enero 2006

ETA podría elaborar diez toneladas de explosivos con el material robado en Francia durante 2005
J. M. Zuloaga / R. L. Vargas La Razón 6 Enero 2006

El PP presenta un requerimiento para que el Gobierno vasco prohíba la asamblea de Batasuna-ETA
Agencias Libertad Digital 6 Enero 2006

Los principales organismos de defensa de la libertad de expresión critican el "retorno a la censura" del CAC
Libertad Digital 6 Enero 2006

Los periodistas europeos, contra la ley audiovisual catalana (CAC)
Adrián Ramos Periodista Digital  6 Enero 2006

AÑO NUEVO
XAVIER PERICAY ABC  6 Enero 2006

La confiscación del Estado
Editorial ABC 6 Enero 2006

EL tiempo no juega a favor de la estrategia del Gobierno en la negociación del proyecto de Estatuto para Cataluña, porque está permitiendo que afloren todas las diferencias de fondo y forma que quedaron veladas por el rescate in extremis realizado por el jefe del Ejecutivo. Las voces que entonces aconsejaban que fueran el socialismo catalán y, en particular, Pasqual Maragall quienes asumieran el coste de frenar en origen este despropósito inconstitucional se ven ahora confirmados por los mínimos márgenes de negociación en los que se mueven el PSOE y el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Los independentistas de ERC han sacado a pasear el demonio familiar del PSOE y han advertido que del fracaso del Estatuto sólo se beneficiará el PP. Y éste es el dilema en el que se ha plantado el PSOE, solo y sin ayuda: o una huida hacia delante en la que se llegue a un acuerdo «como sea» para evitar que la pieza se la cobre el PP o acabar cediendo a las evidencias de que este proyecto no tiene salida, aunque suponga reconocer que los populares tenían razón cuando le demandaron no apoyar el proyecto del tripartito.

El Gobierno es cada vez más vulnerable en esta negociación y sus interlocutores nacionalistas lo saben: abundan en la división del Ejecutivo, descalificando la propuesta de financiación patrocinada por el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, y reclaman, al mismo tiempo, la intervención mesiánica de Rodríguez Zapatero, insistiendo en la reclamación de una financiación que supone, lisa y llanamente, la confiscación de las arcas del Estado, la merma presupuestaria de la Administración General.

Por eso, cuando ERC pide el 80 por ciento del IRPF para la Generalidad, desprecia el efecto general en la capacidad financiera del Estado, porque, trasladada esa transferencia tributaria a todas las Comunidades autónomas -al descartarse un sistema de financiación sólo para Cataluña-, la Hacienda estatal perdería, ya en 2007, unos 30.000 millones de euros. Para la Generalidad implicaría la obtención de más de 5.000 millones de euros, importe que supera con creces el de varios departamentos ministeriales. El aspecto más preocupante de esta pugna de números es doble.

Por un lado, el Gobierno demuestra no tener una última palabra que zanje la discusión. No lidera la negociación ni ha asumido con todas sus consecuencias la representación de los intereses nacionales. La propuesta de Solbes, aunque éste insista en que el sistema del proyecto estatutario es incompatible con la Constitución, se ha tomado no como lo que debía ser, la oferta final, sino como un punto de partida para negociar, y esto supone una grave desautorización para la única voz del Ejecutivo que ha terciado con sentido común en este asunto. La negociación estatutaria es, así, una muestra sucesiva de las debilidades del Gobierno, y no sólo en el aspecto económico. Su ministro de Economía lanza una propuesta financiera, pero se descarta como «línea roja» del acuerdo. Su ministro de Justicia propone una reforma judicial ad hoc de algunas demandas nacionalistas, pero ya se anuncian nuevos acuerdos en materia de Justicia que desbordarán el proyecto ministerial. Y esto es lo que ha trascendido.

La ventaja de los nacionalistas en esta negociación es que saben que el Gobierno no ha trazado límites infranqueables y que, en todo caso, los atisbos de firmeza que pueda exhibir se debilitan señalando al PP y el beneficio político que obtendría si el proyecto de Estatuto fuera retirado del Parlamento. Esto no es una política de Gobierno, sino un menudeo partidista.

Cuando un problema es de dinero, hay solución. Pero en este caso, tras la exigencia de más fondos para la Generalidad, lo que asoma es una absoluta indiferencia por la suerte de España en su conjunto, por la solidaridad de las regiones y por las políticas de cohesión que precisa un país todavía con grandes desequilibrios territoriales. No se puede esperar otra cosa de la actitud nacionalista, cuyo motor siempre ha sido el egoísmo y la insolidaridad, la permanente impugnación de los grandes consensos constitucionales y la provocación de una incomodidad permanente en los territorios en los que se asienta en la relación con el resto de España.

TIEMPO DE DESTRUCCIÓN
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 6 Enero 2006

La ciudadanía sabe que «ellos» se reúnen y negocian. Un día tras otro. Y siempre la misma crónica. Sigue en blanco el espacio dedicado a la nación, no llegan a ningún acuerdo en el sistema de financiación y progresan en la liquidación de la unidad de jurisdicciones.

Le montaron el número al PP por negarles una prórroga de días y luego siguieron negociando sin el más mínimo resultado. Ni siquiera hay filtraciones sobre las diferencias. Así que más vale el comentario de ayer, el de antes de ayer y el del mes de noviembre. Rubalcaba sigue siendo el más optimista, Artur Mas está sobrado porque es el más alto, Maragall hace el papel del buey mudo y Carod aconseja que «se» cambie la Constitución. O sea, Rajoy.

Todo discurre en la clandestinidad. Como no la practicaron en el franquismo, abusan de ella en la democracia. Porque «esto» que seguimos llamando democracia ha integrado las formas más oscuras y siniestras de la política. Rojos, republicanos de izquierda y comunistas verdes siguen pensando, como tales, que el sistema es un invento del capitalismo y que hay que aprovechar todas sus contradicciones para utilizarlo con fines progresistas. Contra el propio sistema. Desde el Estado contra el Estado.

Digo que siguen pensando como rojos y comunistas y republicanos de izquierda porque de lo contrario se habrían acercado a posiciones más liberales como hemos hecho otros. Pero ellos siguen fieles a sí mismos, fieles al error, al centenario error, al sangriento error.

¿Luz y taquígrafos?... Lemas decimonónicos, recetas pequeño-burguesas. Piensan que en este siglo digital y analógico, sería de cretinos hablar de libertad de prensa. Ahora se dedican a defender las posiciones ganadas frente a los que en otro tiempo tuvieron el capital, el ejército, la Iglesia y la censura; a proteger al propio Parlamento de sí mismo, es decir, de lo peor del mismo, del enemigo que alberga dentro, de la «otra» España, de España misma. La que se manifiesta en Salamanca. Derecha delenda est. ¿Parlamento? Pero sin el PP. ¿Negociaciones en La Moncloa? Sin el PP. Y mientras la ciudadanía espera que salgas tú del antro, con Carod o con Mas y te das el botón central de la chaqueta y pones las cejas en circunflejo y una sonrisa por cuyas comisuras se escapa el hilillo de la satisfacción mal contenida y te hacen la foto...(¿recuerdas?), que decían que ibas para fracasado y, sin embargo, lo controlas todo.

¿Todo? Bueno, lo destruyes todo.

El TDC mueve ficha
EDITORIAL Libertad Digital 6 Enero 2006

A estas alturas, el cariz político de la OPA que Gas Natural ha presentado sobre Endesa con ayuda de La Caixa y la complacencia del PSOE y sus socios nacionalistas, no es un secreto para nadie. El Gobierno, sin embargo, lejos de intentar fingir manteniéndose a prudente distancia de la operación, conforme van pasando los meses muestra más a las claras su postura abiertamente favorable a una de las partes.

Ayer, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), presentó un generoso informe en el que advierte al Gobierno de los efectos sobre la competencia en el sector energético que tendría una concentración como la que se está fraguando. Porque, aunque los medios afines al Gobierno traten de disfrazarlo como una mera y ordinaria operación bursátil, el hecho insoslayable es que Gas Natural es la primera empresa gasista de España, y Endesa la principal eléctrica. Esto, que es de sentido común y que los firmantes de Tinell tenían bien claro cuando perpetraron su acuerdo hace más de dos años, parece que no termina de cuajar entre la opinión pública.

Como bien apunta el TDC, órgano cuyo cometido es velar por la competencia y evitar que se formen monopolios, un grupo energético formado por Gas Natural y Endesa alteraría “gravemente la dinámica competitiva existente actualmente en los mercados de gas y electricidad”. No puede ser de otra manera cuando los líderes en ambos sectores pasan a ser uno. Poco importa que a la CNE le parezca una operación óptima, y más teniendo en cuenta el grado de control del Gobierno sobre esta comisión, porque, que dos empresas que operan en el mismo sector se fusionen, es algo sobre lo que el TDC tiene mucho más que decir.

El Gobierno, por lo tanto, ha de priorizar el informe –que no es vinculante– emitido por el TDC sobre el plácet interesado de la CNE. Por una cuestión obvia, el TDC es el único organismo encargado de elevar directamente su informe al Gobierno cuando se tratan cuestiones de competencia. En ello ha insistido el presidente de la eléctrica, Manuel Pizarro, aunque creemos que su esperanza de que el Gobierno cambie de postura y prohíba la absorción es en vano.

Todo huele mal en esta anómala y politizada operación. La mayor pestilencia proviene, curiosamente, del lado del Gobierno, especialmente, del correspondiente a su ministro de Industria. Mejor sería ir pensando en ir gestionando el recurso al Tribunal Supremo aún a sabiendas de que ni eso evitaría que, al final, la cacicada energética llegue a buen puerto.

ETA ataca en Sos del Rey Católico
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  6 Enero 2006

CON motivo de la nueva actuación de ETA en el parador de Sos del Rey Católico se ha dicho que a Batasuna se le presentaba una pintiparada ocasión para que, por primera vez, y de una manera clara, condenara la violencia etarra. En unos momentos en que desde el Gobierno central se impulsan cauces de negociación, el rechazo por parte de Batasuna a la nueva acción violenta de la banda terrorista hubiera sido un espaldarazo a esos esfuerzos y un reconocimiento a un cambio en la estrategia de la formación abertzale. Pero la respuesta no se ha hecho esperar, y, desde luego, desde la insensibilidad y la prepotencia a las que nos tienen acostumbrados.

Para Batasuna, ETA "está calculando el alcance de sus atentados" y demuestra que "pretenden no causar el daño que pudieran causar con pocos esfuerzos más". O sea, que si no hacen más daño es porque no quieren, y ahora no les conviene porque andan preparando un Congreso Nacional, el próximo día 21, del que saldrá, como ha dicho el propio portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Egibar, una dirección de Batasuna "exclusivamente política" y que será la "consolidación" de la formación abertzale ilegalizada. Y ante semejante reunión -que se celebrará entre la protesta impotente del PP-, el atentado de Sos del Rey Católico, como ha afirmado el dirigente abertzale Pernando Barrena, se enmarca en un momento en que "todos los agentes políticos calculan mucho qué dicen y hacen, y qué no dicen y qué no hacen". Lo que, desgraciadamente, hacen es poner bombas, aunque sea calculadamente.

Con el ataque de ayer de ETA en Sos del Rey Católico, Zaragoza padece su cuarto atentado en siete meses, después de los sufridos en junio y octubre en el aeropuerto de la capital y, en septiembre, en una pequeña central hidroeléctrica en desuso en Añón de Moncayo.

EL DEFENSOR DE ETA
Editorial El Ideal Gallego 6 Enero 2006

ETA también vuelve por Navidad, aunque no con el regalo que esperan millones de españoles, el abandono definitivo de las armas, sino con otro nuevo mensaje en forma de bombas y que quiere advertir de su operatividad. Las explosiones registradas en el Parador de Sos del Rey Católico, en Zaragoza, sólo provocaron destrozos materiales al estar el establecimiento cerrado por vacaciones, pero no por ello dejan de ser menos condenables las acciones terroristas.

Batasuna, pese a su condición de partido ilegalizado, sigue ejerciendo como tal y ostentando el título de defensor de los etarras y, en su línea, más que opinar, ayer quiso lanzar un aviso. Según los abertzales , ETA está calculando el alcance de sus atentados ­curiosamente el mismo término empleado por el PNV para calificar las reapariciones de los asesinos­ y pretende no causar el daño que pudiera hacer con pocos esfuerzos más.

Ante semejante amenaza, sólo cabe volver a recurrir a la Justicia para que de una vez por todas frene las actividades de los que amparan a los criminales, ya que en breve celebrarán su congreso muy seguros de que continuarán participando en la vida política vasca.

Resulta inadmisible que haya que justificar o valorar que los terroristas coloquen artefactos de escasa potencia y no maten, y considerar este hecho como un gesto de la banda. El atentado de Zaragoza es una muestra más del chantaje y la extorsión que usa ETA para comunicarse, una lacra que hay que combatir con firmeza y con todos los instrumentos legales de los que dispone la democracia.

Cataluña
Locos por la pasta
José García Domínguez Libertad Digital 6 Enero 2006

El ciudadano Ricard Murga es un patriota catalán; y el ciudadano Antoni Jordà, también. No hace tanto, cuando el PSOE intentó encerrar en el trullo al patriota Jordi Pujol, acusándolo de apropiación indebida de unas pesetas españolas, el patriota Murga se lanzó a las calles montando febriles tenidas en defensa de la honorabilidad de Cataluña. Fue aquel un gesto que llegaría a lo más hondo del corazón del otro patriota, Jordà. “Cómo premiar las murgas de Murga”, preguntábase desde entonces el patriota Jordà en sus largas noches de insomnio nacional. Hasta que una madrugada dio con la solución a su desasosiego patrio. “Le regalaré –se dijo aliviado– un cheque de un kilo con el que cancelar aquel crédito que le otorgara Banca Catalana para comprarse la Yamaha Neo’s en el concesionario que cae justo enfrente de ADIGSA. Pero, a mas a mas, ya que yo mismo soy el director general de esa empresa de la Generalidad, también lo agraciaré con un contrato de trabajo, pues lo ansío a mi vera”.

Dicho y hecho. Así fue cómo, ya unidos para siempre, el patriota Murga y el patriota Jordà fueron felices y comieron perdices… Hasta la fatal hora en que el patriota Murga enloqueció. Y es que, hoy, el patriota Murga sufre alarmantes trastornos psicológicos. Lo ha desvelado en TV3 Felip Puig, el del túnel del Carmelo, que es otro patriota que también ocupara en su día la dirección general de ADIGSA. Y no debe andar errado el tribuno en su diagnosis. Pues dicen por ahí que el cuadro clínico del enajenado presenta síntomas inquietantes, que abarcarían desde la alucinación ocasional al “delirium tremens”. Para que el lector se haga justa idea de la severidad del caso, baste referir que el paciente cree haber presenciado mil y una vez cómo cobraban comisiones del veinte por ciento –en billetes usados– los patriotas Jordà y Puig.

Es más, ese orate corretea por el periódico de Franco jurando que en las contratas de ADIGSA siempre ocurría lo mismo: la pasta en mano y por adelantado o no habría concesión. ¡Pobre insensato! El chiflado no comprende la enormidad de lo que perora. Pues si ADIGSA ha facturado por un valor total de 473 millones de euros desde su fundación, eso representaría el hurto de dieciséis mil millones de pesetas en bolsas de deportes. Vaya, casi la solución al cruel zarpazo de la globalización neoliberal contra la industria doméstica de marroquinería y complementos.

Y gracias que el seny de la Prensa local ha evitado crispar a la opinión pública con la historia el asalto a la sede de ADIGSA durante la noche de Navidad (los cacos se llevaron varios discos duros de ordenadores y un montón de tarjetas de memoria). ¡Imagínense la que podrían armar esos catalanófobos de Madrit si se enterasen! Pero, gracias a Dios, todo el malentendido ha quedado en Casa Nostra. Todo y todos. Incluso el otro director general que pasó por ADIGSA en tiempos de CiU, el muy patriota Josep Maria Violant. Sí, el mismo que ahora ejerce de flamante gerente en la UGT catalana.

ETA podría elaborar diez toneladas de explosivos con el material robado en Francia durante 2005
La banda se está aprovisionando para iniciar una campaña de atentados que lleve a una negociación, advierten los expertos
J. M. Zuloaga / R. L. Vargas La Razón 6 Enero 2006

Madrid- ETA, que, según repetidas declaraciones realizadas en los últimos meses por destacados políticos nacionalistas y del Partido Socialista de Euskadi (PSE), «decretará» la paz en algún momento de 2006, empieza este año con material suficiente como para fabricar diez toneladas de dos tipos de explosivos, cloratita y amonal. Expertos antiterroristas consultados por LA RAZÓN afirman que este acopio de material por parte de la banda criminal mediante robos perpetrados en Francia no casa con esos supuestos deseos de «paz», de desaparecer, o, incluso, entregar las armas.

Los terroristas se han reabastecido de material con sólo dos acciones de gran envergadura llevadas a cabo el pasado año en el país vecino. En la primera de ellas, el 22 de abril, seis encapuchados sustrajeron de un almacén de productos químicos de Poitiers cuatro toneladas -aunque algunas fuentes elevaron la cantidad posteriormente a cinco- de clorato sódico, componente básico para la fabricación de la cloratita.

Más de 4.000 kilos de cloratita. La cantidad de material robado por los etarras, mezclada en las proporciones adecuadas con otros elementos químicos, permite la elaboración de unos 4.200 kilos de este explosivo, uno de los «favoritos» de la banda terrorista. Según detalla el manual que los etarras han confeccionado para adiestrar a los «principiantes» recién llegados a ETA, esta sustancia se debe emplear para «acabar con las malas hierbas».

El otro robo se perpetró hace tan sólo dos semanas, el 22 de diciembre, cuando tres sujetos se llevaron de un almacén ubicado a cien kilómetros de París 1.300 kilos de polvo de aluminio, elemento básico para la fabricación del amonal, aunque también tenga aplicaciones en procesos de impresión de los documentos de identidad. Su mezcla con otros elementos químicos de fácil adquisición en el mercado agrícola posibilitaría la fabricación de unos 5.200 kilos de amonal o amosal -el mismo producto pero con un añadido de sal, para evitar los efectos de la humedad-. No obstante, el manual antes mencionado ofrece la posibilidad de hacer otras combinaciones que elevarían las estimaciones hasta un total de 20 toneladas de explosivo.

El citado texto ilustra con meridiana claridad la importancia que los terroristas atribuyen al polvo de aluminio. Según el documento, se trata de un elemento «esencial» para la fabricación del explosivo «más usado por nosotros», el amonal, y que «está hecho por la propia organización». De hecho, no ahorra detalles a la hora de explicar a los aprendices cómo deben manipular este componente. «Si usamos grandes cantidades, debemos poner cuidado en hacerlo en un sitio que se pueda limpiar bien y con todas las puertas cerradas (por ejemplo, un lavabo no es un mal sitio para preparar un gran artefacto y luego no tener problemas de limpieza)», afirman.

Tal y como ocurrió durante el alto el fuego mantenido entre septiembre de 1998 y diciembre de 1999, ETA ha aprovechado un período «especial» para la banda, que se inició con un parón de algunos meses tras los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, para reorganizar sus estructuras y hacer acopio de materiales. Al igual que entonces, según las fuentes consultadas por este periódico, todo parece indicar que los pistoleros se preparan para una intensa campaña de atentados con el fin, en este caso, de conducir al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a un callejón sin salida pero con la falsa escapatoria de la negociación. «Nadie que conozca un poco a ETA y su siniestra historia puede pensar que esta organización criminal roba materiales, susceptibles de ser convertidos en diez toneladas explosivos, con el fin de especular en el mercado de productos químicos o por el simple gusto de almacenar objetos. Cuando los terroristas hacen estas cosas, las consecuencias son siempre las mismas», subrayan los referidos expertos. Preocupa de modo especial que ETA haya decidido fabricar de nuevo amonal, un explosivo catalogado de «rompedor» y que ha utilizado en los últimos años en los coches bomba colocados contra objetivos fijos o móviles (incluidos vehículos blindados) y que han tenido efectos devastadores por la capacidad de fuego y destrucción que generan.

«Comandos» etarras.
Las fuentes consultadas han destacado, asimismo, que la banda terrorista cuenta, al comienzo de este año, con pistoleros suficientes como para montar varios «comandos». Para las campañas de atentados de 2005 utilizó sólo dos células, a lo sumo tres, una de ellas con base en Guipúzcoa y la otra en Vizcaya. El «gasto» de explosivo que realizaron no llegó a los 300 kilos en todas las acciones criminales. Es decir, que con un pequeño grupo de militantes -entre seis y diez- han conseguido a lo largo del pasado año dar una sensación de progresivo fortalecimiento y de seguridad interna. ¿Qué puede ocurrir ahora con esas diez toneladas de explosivos en manos de los terroristas, presionadaos por los presos más influyentes y que se han hartado de repetir que no van a aceptar una solución «autonómica», como la que parecen preconizar socialistas y nacionalistas, para lo que ellos llaman problema vasco? La respuesta, según los expertos, la tienen los propios terroristas, pero si es verdad que el 2006 es el año de la paz (qué paz, a qué precio) van a tener que pasar muchas cosas y, por supuesto, que los etarras empiecen por devolver a sus legítimos dueños los materiales que robaron.

CRITICA SU "PERMISIVIDAD" Y "COMPLICIDAD" CON LOS BATASUNOS
El PP presenta un requerimiento para que el Gobierno vasco prohíba la asamblea de Batasuna-ETA
El PP ya ha actuado para obligar al Gobierno vasco a prohibir el acto de Batasuna-ETA en Baracaldo, previsto para el próximo 21 de enero. Mientras la ilegalizada formación negocia con el Ejecutivo de Ibarretxe para que les ceda un local para el congreso, los populares han presentado un requerimiento en el Departamento de Interior vasco para que su responsable, Javier Balza, prohíba la asamblea. Mientras, desde el PNV se confía en que la asamblea sirva para "consolidar la vía política" iniciada en Anoeta en un acto que tampoco fue prohibido.
Agencias Libertad Digital 6 Enero 2006

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, el parlamentario del PP Carlos Urquijo quiso resaltar que Javier Balza puede incurrir en responsabilidades penales por denegación de auxilio si no impide la celebración del acto de la ilegalizada formación. Urquijo recordó que la querella del Foro de Ermua contra Balza por la celebración en noviembre de 2004 del acto de Anoeta fue archivada precisamente por la ausencia de un requerimiento expreso y previo al consejero.

Dicho requerimiento, sin embargo, "ahora va a existir y no podrá decir que no tiene conocimiento directo (de la celebración del acto), como se motivó en el archivo de la querella" del Foro de Ermua. Además, subrayó que el requerimiento al consejero no lo realiza un ciudadano particular, sino un grupo parlamentario que representa a miles de votantes vascos. Urquijo comentó que el PP no ha decidido si se querellará contra Balza en el caso de que Batasuna-ETA celebre el acto su Asamblea Nacional porque "no nos planteamos que el consejero incumpla con su obligación".

El parlamentario popular destacó que Batasuna-ETA es una formación ilegalizada y que el juez Baltasar Garzón, cuando ordenó la suspensión de sus actividades en 2002, comunicó al departamento de Interior su obligación de impedir que realizara actos públicos. Pese a ello, consideró que desde entonces el Gobierno vasco se ha "resistido" a aceptar la sentencia de ilegalización de Batasuna y ha practicado una "política de permisividad, cuando no de complicidad, con la actividad pública de Batasuna".

Mientras, en el Congreso de los Diputados y con motivo del atentado cometido este jueves por la banda, la diputada popular María Salom, además de condenar el acto terrorista, ha pedido al Ejecutivo de Zapatero que diga si va a prohibir la próxima celebración en Baracaldo del Congreso Nacional de Batasuna-ETA, ilegal desde 2003, o "se quedará con los brazos cruzados". María Salom, diputada popular, ha calificado de "lamentable" que los batasunos estén "negociando con el Gobierno vasco" la cesión de un local donde celebrar la asamblea, en declaraciones a Efe.

Dicha asamblea, prevista para el 21 de enero, podría servir, según los dirigentes batasunos, para que la formación ilegal salga "reforzada". También se debatirán "aportaciones" de las asambleas locales para "la resolución del conflicto". Las conclusiones del acto del partido, ilegalizado en 2003, se esperan con grandes expectativas desde partidos como el PNV. Su portavoz parlamentario, Joseba Egibar, indicó que el paso de Batasuna-ETA en Baracaldo será la "consolidación" de Anoeta, donde la formación sugirió el uso de medios exclusivamente políticos para lograr el fin del terrorismo aunque no exigió a ETA que dejara las armas.

Egibar, en una entrevista a Radio Euskadi recogida por Europa Press, señaló que el Congreso supondrá la "articulación política y estructural de la izquierda abertzale" y el abandono del "esquema político-militar". "Estamos en vísperas de un nuevo periodo, de un nuevo tiempo para el país", llegó a asegurar Egibar. "De ahí, la irreversibilidad de algunas decisiones", señaló.

Según el portavoz del PNV, ETA "tiene una capacidad de decisión sobre lo que son sus propios actos, y esa llave o ese interruptor es intransferible". Pero quiso recordar que "el resto de formaciones políticas y agentes implicados también tienen su propia e intransferible responsabilidad y, de eso se trata, de poner encima de la mesa el activo de cada cual, para que un proceso de esta naturaleza pueda arrancar y prosperar".

Egibar ejemplificó con la gestión de Zapatero y los "movimientos que se están produciendo a lo largo del último año o año y medio", como la " cobertura en el Congreso para lanzar un proceso de pacificación o final dialogado". Sin embargo, "poco o nada" han dicho desde el Gobierno "sobre el problema de fondo, de normalización política", insistió el portavoz.

Desde el PSE también se ha hecho referencia a Batasuna-ETA este jueves, aprovechando el comunicado de condena que los socialistas vascos han remitido con motivo del atentado etarra en Sos del Rey Católico. En la nota, Rodolfo Ares, portavoz de la Ejecutiva de la formación política, ha instado al partido ilegal a aprovechar la "ocasión inmejorable" que tiene de demostrar "que quiere constribuir a la paz", pidiendo a la banda que abandone las armas.

CONSIDERAN ESTE ÓRGANO POLÍTICO UNA "AMENAZA" A LOS DERECHOS
Los principales organismos de defensa de la libertad de expresión critican el "retorno a la censura" del CAC
El Instituto Internacional de Prensa y la Asociación Mundial de Periódicos han pedido a la Generalidad de Cataluña y al Parlamento autonómico que "restrinjan las facultades sancionadoras" del CAC. Estos dos organismos, los más importantes en defensa de la libertad de expresión con sede en Europa, consideran que el Consejo Audiovisual de Cataluña supone "un retorno a épocas pasadas de censura y represión". Hace dos semanas, el Comité Mundial de Libertad de Prensa pidió a Maragall que "desmantele" ese "órgano censor".
Libertad Digital 6 Enero 2006

El Instituto Internacional de Prensa ha expuesto en Viena que los poderes que tiene el Consejo Audiovisual de Cataluña para cerrar o multar a medios de comunicación marcan un "un retorno a las épocas pasadas de censura y represión". Además, el IPI expresó su "profunda preocupación" por la reciente decisión del Parlamento catalán de dar al CAC el poder de cerrar o multar a medios de comunicación con hasta 300.000 euros si no dan información veraz.

"El IPI considera que éste es un asunto muy grave, ya que marca un retorno a las épocas pasadas de censura y represión contra los medios que pensábamos que nunca más iban a volver a la España democrática", aseguró su director, Johann P.Fritz.

El IPI, una red mundial de editores y propietarios de medios de comunicación de 110 países ha denunciado que "aparentemente el CAC ha recibido ahora de la mayoría parlamentaria poderes punitivos para silenciar voces críticas". En una carta abierta dirigida al presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, este organismo critica que "los amplios poderes de censura del CAC no tienen equivalente alguno en Europa occidental".

"La creación de un órgano político como éste representa una seria amenaza al derecho de cualquier persona de recibir, buscar e impartir información e ideas a través de cualquier medio, tal y como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas", añade el escrito. "Por eso urgimos a las autoridades responsables a asegurar que los derechos punitivos del CAC sean recortados y a hacer todo lo que esté en su poder para poner fin a la campaña de acoso contra la Radio Cope", concluye el director del IPI.

Más críticas a la "labor censora" del CAC
En la misma línea se han manifestado Gavin O'Reilly, presidente de la Asociación Mundial de Periódicos(WAN) con sede en París, y George Brock, presidente de su filial, el Foro Mundial de Directores. Estos dos organismos agrupan a 18.000 periódicos de 102 países, 11 agencias de noticias y nueve grandes grupos de prensa. Han solicitado que "el Parlamento de Cataluña observe en el futuro las normas internacionales sobre libertad de expresión" y retire al CAC su capacidad censora.

Además, en otra carta remitida el presidente catalán, le recuerdan "con todo respeto que el Consejo no es un tribunal de Justicia, sino un organismo político controlado por la mayoría gobernante del Parlamento de Cataluña. Sus facultades censoras recién adquiridas y de gran alcance no tienen parangón en las democracias modernas de Europa occidental".

Tras conocer el informe del CAC contra la COPE, la WAN expresa una "honda inquietud ante la creación de un órgano político como el mencionado, al que se le otorgan facultades para amordazar y destruir toda voz crítica. Observamos que no se ha presentado contra la Cope ninguna querella por difamación en la última década, lo que indica a las claras su observancia de las normas legales nacionales".

Los periodistas europeos, contra la ley audiovisual catalana (CAC)
Adrián Ramos. Agencias  Periodista Digital  6 Enero 2006

El Instituto Internacional de Prensa (IPI) y la Asociación Mundial de Periódicos (WAN) han pedido a Maragall y al Parlamento de Cataluña que «restrinjan las facultades sancionadoras» del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), ya que suponen «un retorno a épocas pasadas de censura y represión».

IPI y WAN, los dos principales instituciones de libertad de prensa en Europa, quieren que el Gobierno catalán quite capacidad sancionadora al CAC.

La semana pasado el Comité Mundial de Libertad de Prensa (WPFC) exigió a las autoridades catalanas que desistiera de tratar de retirarle a la Cope sus licencias de emisión en Cataluña

En Viena, Johann Fritz, director del IPI -que reúne a directores y responsables de medios del mundo entero-, escribe en sus misivas a Pasqual Maragall y Ernest Benach:

"Se nos ha informado de que la nueva ley otorga al Consejo una amplia discrecionalidad para determinar lo que es verdad y lo que no lo es. Tal y como establece el preámbulo de la ley, existe un 'derecho de los ciudadanos de Cataluña a disponer de un sistema audiovisual que refleje su realidad inmediata a partir de formas expresivas vinculadas a su abanico de tradiciones, a su entorno simbólico'»

Parece que el CAC ha recibido ahora de la mayoría parlamentaria poderes punitivos para silenciar voces críticas
El IPI cree que los amplios poderes de censura del CAC no tienen equivalente alguno en Europa occidental"

Gavin O'Reilly, presidente de la WAN, con sede en París, y George Brock, presidente de su filial el Foro Mundial de Directores -organismos que agrupan a 18.000 periódicos de 102 países, 11 agencias de noticias y nueve grandes grupos de prensa- solicitan que «el Parlamento de Cataluña observe en el futuro las normas internacionales sobre libertad de expresión» y retire al CAC su capacidad censora.

La misiva a Maragall afirma:
«Le recordamos con todo respeto que el Consejo no es un tribunal de Justicia, sino un organismo político controlado por la mayoría gobernante del Parlamento de Cataluña. Sus facultades censoras recién adquiridas y de gran alcance no tienen parangón en las democracias modernas de Europa occidental».

La WAN y su Foro de Directores se ocupan de forma extensa del informe contra la Cope emitido por el CAC y de las amenazas vertidas contra la cadena de la Conferencia Episcopal:

«Sentimos una honda inquietud ante la creación de un órgano político como el mencionado, al que se le otorgan facultades para amordazar y destruir toda voz crítica. Observamos que no se ha presentado contra la Cope ninguna querella por difamación en la última década, lo que indica a las claras su observancia de las normas legales nacionales.

Estamos enormemente preocupados por que se haya instaurado un sistema al margen de los tribunales y bajo control político con el objetivo (manifestado sin ambages por algunos de los que lo han propuesto) de eliminar de las ondas las opiniones críticas de la Cope.

La Cope, cadena conservadora que defiende con absoluta firmeza la unidad territorial de España, ha criticado con vehemencia las iniciativas para otorgar a Cataluña un nuevo Estatuto de cuasiindependencia. Los partidos nacionalistas que forman parte de la coalición que gobierna Cataluña han calificado a la Cope de 'cadena del odio' y han encabezado los esfuerzos por eliminar a esta cadena de las ondas de Cataluña».

Le recordamos con todo respeto que el cierre de la Cope constituiría una violación manifiesta del derecho a la libertad de expresión, que está garantizado por numerosas convenciones internacionales, entre ellas, la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 19 de la Declaración dispone: 'Todo el mundo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencias y de buscar, recibir y transmitir información e ideas a través de cualquier medio, con independencia de fronteras'».

PERIODISTA DIGITAL ha recabado la opinión de expertos y afectados
Dolores Comas, diputada por ICV en el parlamento catalán - «Es una anomalía que España no tenga un Consejo Audiovisual»

Santiago Rodríguez, diputado por el PP en el parlamento catalán - «Las sanciones y suspensiones coartan la libertad de expresión»

Dardo Gómez, presidente del sindicato de Periodistas de Cataluña - «La capacidad sancionadora del CAC no es nueva en Europa»

Eugeni Sallent, director de RadioCat (3ª emisoras por oyentes de Cataluña) - «Hasta la fecha no tengo quejas del CAC»

Los periodistas opinan sobre el Consejo Estatal Audiovisual: «Algunos sufrimos la ley Fraga; ¡Ahora nos toca la ley Montilla!»

Urbaneja apela al Tribunal Constitucional para echar abajo el CAC

AÑO NUEVO
XAVIER PERICAY ABC  6 Enero 2006

El otro día, leyendo «Lenguas en guerra», el libro con que Irene Lozano ganó el último premio Espasa de ensayo, hice un descubrimiento sensacional. Resulta que los catalanes, nos guste o no, tenemos la culpa de casi todo. Sí, sí, no le den más vueltas; las cosas como son. Según refiere Lozano haciéndose eco de un trabajo anterior de Fernando González Ollé, el hecho de que la Constitución republicana de 1931 fuera la primera en incorporar la declaración del castellano como lengua oficial no cabe atribuirlo, como tan a menudo se ha dicho, al jacobinismo y a la perfidia de aquellos afrancesados, sino al legítimo ejercicio de la autodefensa por parte del Estado.

Al parecer, en el anteproyecto de aquella Constitución no había alusión ninguna a la lengua, y fue el conocimiento del borrador del Estatuto catalán -el Estatuto de Núria, que después sería rebajado considerablemente en las Cortes-, donde el catalán figuraba como único idioma oficial en Cataluña, lo que llevó a sus señorías a incluir en su propuesta constituyente aquella mención. Es decir que, de no mediar la amenaza de una ley menor, la Carta Magna republicana ni siquiera se habría tomado la molestia de fijar el carácter oficial del castellano.

A partir de ahí, el tema de la lengua y de las lenguas ha sido ya insoslayable en el marco legal español. Y la presencia en nuestra Constitución del deber de conocer el castellano no deja de constituir, en el fondo, un último reflejo de aquel juego de fuerzas. Aunque mejor sería hablar de un penúltimo reflejo, puesto que el último será con toda seguridad -a menos que el barco acabe naufragando por completo- la inclusión en el nuevo Estatuto catalán de un deber parecido con respecto a la lengua propia estatutaria, por lo que el ciclo iniciado en 1931 con aquel Estatuto de Núria que no pudo ser se habrá cerrado al cabo de 75 años y a plena satisfacción del mismo nacionalismo que le dio el primer impulso. Y el absurdo -que no de otro modo cabe calificar la pretensión de que un idioma, llámese castellano, llámese catalán, deba ser conocido por ley- habrá alcanzado su cota mayor.

Y digo que ello sucederá con toda seguridad porque así se desprende de las negociaciones en curso entre socialistas hispánicos y cuatripartitos catalanes. Estos ejemplares de nuestra clase política, tan preocupados por la nación y la financiación, con puntos de vista tan aparentemente dispares -de momento- sobre la nomenclatura y las cuentas, coinciden plenamente en que los ciudadanos de Cataluña han de tener en adelante la obligación legal de conocer el catalán. No sé si ustedes se imaginan, amables lectores, lo que semejante novedad puede llegar a suponer. Vivimos en un país donde no existe otra lengua institucional que el catalán. Vivimos en un país que dispone de un sistema público de enseñanza catalanizado de arriba abajo. Vivimos en un país donde los comercios, grandes o pequeños, están sujetos a una normativa que no les permite rotular sus establecimientos únicamente en castellano y sí rotularlos, por el contrario, únicamente en catalán. Vivimos en un país, en fin, en el que existen unas oficinas de garantías lingüísticas para los ciudadanos que se expresan en uno de los dos idiomas oficiales y cuyo principal cometido es tramitar unas denuncias que van a acabar afectando, tarde o temprano, a ciudadanos que se expresan en el otro idioma oficial.

Todo esto se da ya en estos momentos en Cataluña. Con el marco legal actual. Con la Constitución del 78 y el Estatuto del 79. Gracias, pues, a los tan alabados acuerdos de la transición. ¿Se imaginan ahora lo que puede venir si se aprueba el nuevo texto estatutario? ¿Se imaginan de lo que son capaces esos mismos que han actuado durante años al filo de la ley, cuando no al margen, si tienen a su favor esa misma ley?

Yo sí. Y no se me ocurre entonces otra salida que la reforma urgente de la Constitución. Si la del 78 nos ha llevado hasta aquí, no queda más remedio que dotarse de una nueva que garantice de verdad unos derechos fundamentales que creíamos a salvo. Que el tiempo apremia y, como suele decirse, el enemigo no descansa.





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