AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 7 Enero  2006
«Es nuestra obligación alertar de las consecuencias que podría acarrear una propuesta como la del proyecto catalán»
R. N.  La Razón 7 Enero 2006

La valentía de Mena
EDITORIAL Libertad Digital 7 Enero 2006

Un discurso improcedente
Editorial ABC 7 Enero 2006

La lealtad sancionada
GEES Libertad Digital 7 Enero 2006

ESTO ES LO QUE HAY
ANDRÉS DE LA OLIVA ABC 7 Enero 2006

Hacer la pascua
XAVIER PERICAY ESCRITOR ABC 7 Enero 2006

La xenofobia en la tierra mártir
Cristina Losada Libertad Digital 7 Enero 2006

Hacer la Pascua,
TONIA ETXARRI El Correo 7 Enero 2006

Montilla, la COPE, la OPA, o de cómo Zapatero pierde el seso
Guillermo Urbizu elsemanaldigital 7 Enero 2006

El asunto de los "bienes"
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  7 Enero 2006

Manipulación
Cartas al Director ABC 7 Enero 2006

Cerco policial a la amenaza islamista
J. C. Serrano / R. Coarasa  La Razón 7 Enero 2006

«Es nuestra obligación alertar de las consecuencias que podría acarrear una propuesta como la del proyecto catalán»
R. N.  La Razón 7 Enero 2006

Sevilla- La Pascua Militar celebrada ayer en Sevilla adquirió un protagonismo inesperado merced a las más que polémicas declaraciones del general jefe de la Fuerza Terrestre, teniente general de Ejército José Mena Aguado, quien afirmó que si «los límites infranqueables» que marca la Constitución son rebasados por algún Estatuto autonómico, «sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución», en el que se dice que las Fuerzas Armadas «tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional», según informa Ep.

En su discurso en la Capitanía General de Sevilla, el teniente general dijo que «afortunadamente, la Constitución marca una serie de límites infranqueables para cualquier Estatuto de autonomía», por lo que reiteró un «mensaje de tranquilidad». No obstante, advirtió de que «si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución: las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional».

El teniente general declaró que siempre ha mantenido que los militares no deben «entrar en disquisiciones políticas, que lógicamente corresponden a los políticos», pero considera que sí forma parte de sus obligaciones «alertar» de las consecuencias que podría acarrear aprobar una propuesta como la contenida en el Estatuto catalán.
Según sus palabras, «la preocupación por la unidad de España se ha desatado con la presentación del proyecto del Estatuto de Cataluña».

«La historia se repite -dijo ayer Mena-. Basta leer los discursos de los Diputados Companys, Ortega y Gasset y Azaña cuando en mayo de 1932 las Cortes españolas debatieron el Estatuto de Cataluña. Curiosamente, el entonces Diputado Azaña, que fue un firme defensor del Estatuto de Cataluña cambió radicalmente su visión del Estado y su actitud cuando alcanzó la Presidencia de la República, propugnando un Estado Regional, antecedente del actual Estado de las Autonomías».
Para el teniente general hay tres aspectos «veraderamente» preocupantes, según el dicurso pronunciado ayer:

«El primero es el concepto de nación, en el que no voy a entrar porque el artículo 2 de la Constitución lo expresa clara y rotundamente: «a Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

«El segundo es el de la lengua. El hecho de que en una autonomía sea exigible el conocimiento de su lengua particular es una aspiración desmesurada que obligaría en las Fuerzas Armadas a regular los destinos a esa autonomía de la misma forma que actualmente se regulan los destinos en el extranjero. Es decir, que los destinos a Cataluña, País Vasco y Galicia estarían supeditados a la voluntariedad de los militares que quisiesen acreditar el conocimiento de la lengua que fuese exigible en cada Comunidad».

«El tercero está relacionado con la justicia. Las Fuerzas Armadas están desplegadas en todo el territorio nacional. La actual independencia de los Tribunales de Justicia de las Autonomías crea graves problemas en las Fuerzas Armadas al producir sentencias dispares para hechos similares que afectan al régimen interior de las Bases, Acuartelamientos o Establecimientos militares y a las expectativas profesionales de cada uno de los componentes de las Fuerzas Armadas. Este problema se agravaría mucho más con la aparición de poderes judiciales autonómicos, independientes del Estado».

Las palabras del teniente general Mena cayeron como una auténtica «bomba» entre la clase política española, que reaccionó prácticamente en bloque en contra de las mismas. Las más contundentes, como cabía esperar, fueron las formaciones nacionalistas catalanas, verdaderas impulsoras del Estatut, junto al PSC, que ahora se discute en el Congreso de los Diputados, e Izquierda Unida. Los portavoces en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja de ERC y CiU, Joan Puig y Josep Maldonado, respectivamente, coincidieron en calificar de «inadmisibles» e «inaceptables» las declaraciones. Puig declaró que si los militares quieren dedicarse a la política deberían dejar las Fuerzas Armadas. En su opinión, las palabras de Mena son «inadmisibles, porque las amenazas, en democracia, no sirven para nada». «En el siglo XXI y en democracia, los militares están para otras cosas. Es inaceptable que aprovechando este acto se intente volver a tiempos pasados», agregó.
Por su parte, Maldonado manifestó que las declaraciones son «desafortunadas e inaceptables», por lo que confía en que el Gobierno o el ministro de Defensa, José Bono, «haga entender a los militares que las declaraciones políticas pertenecen al ámbito político y, en la situación actual de discrepancia, manifestaciones como ésta no ayudan».

El más contundente de los tres, sin embargo, fue el coordinador de IU, Gaspar Llamazares, que consideró que Bono debería destituir al general. En declaraciones a Efe, opinó que esas manifestaciones son contrarias a la Constitución y suponen una injerencia inaceptable.

Para Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV en el Senado, las palabras del general Mena son propias de un general «trasnochado y que está fuera de la realidad política». «Si las hubiese hecho en 1981, hubiera sido calificado de golpista», añadió.

Sin embargo, para el secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, la advertencia de Mena es «el reflejo de la situación que estamos viviendo», en relación con el Estatuto de Cataluña. Aunque no quiso valorar el fondo del mensaje lanzado por el mando, Elorriaga consideró «inevitable que se produzcan pronunciamientos de todo tipo», en el contexto de las negociaciones del Estatuto. El PSOE aprovechó estas palabras para cargar contra los populares, a los que acusó de «irresponsables».

La valentía de Mena
EDITORIAL Libertad Digital 7 Enero 2006

Es del todo injustificado el revuelo que se ha armado en torno a las palabras que el teniente general José Mena Aguado pronunció ayer en Sevilla. Lo es porque lo que dijo el jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra es una obviedad de tal calibre que resulta curioso que muchos no quieran ni oírla. José Mena se limitó a recordar de un modo pausado y tranquilo, tal y como lo haría cualquier militar de alta graduación, que nuestra Constitución tiene unos límites que no pueden franquearse. Así de sencillo. ¿O acaso no es verdad?

El edificio constitucional, construido con esmero hace un cuarto de siglo, dispone de válvulas de seguridad para evitar que, desde fuera o desde dentro, se atente contra él. Una de ellas es la del artículo octavo, en el mismo Título Preliminar de la Carta Magna, que dice literalmente: “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”

¿Hay algo de malo en ello? Es perfectamente natural que el ejército garantice la soberanía de la Nación si, desde una autonomía o desde el exterior, ésta se ve amenazada. Sorprende, por lo tanto, la amenaza de cese por parte del JEMAD, Felix Roldán, y la conminación a presentarse con urgencia –hoy mismo a las 10 de la mañana– en el Ministerio de Defensa. A José Mena, un militar que lleva 40 años en el Ejército y que posee una hoja de servicios impecable a la que no le falta ni la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, le quedan tres meses escasos para pasar a la reserva. Quizá por eso mismo se ha sentido lo suficientemente libre para recordar a todos un particular que no debería impresionar a nadie.

Los militares, cuya lealtad al orden constitucional está fuera de toda duda, no se meten en política, no lo hacen al menos desde la felizmente fracasada intentona de golpe de Estado de 1981, pero eso no significa que las Fuerzas Armadas no tengan una misión constitucional muy bien definida. Es posible que sea esto lo que perturbe el delicado paladar del Gobierno, especialmente de su ministro de Defensa; que alterna el patrioterismo más deleznable con los guiños a sus socios separatistas. He ahí el quid de la cuestión, no se puede estar en misa y repicando, o se está con la Constitución o contra ella. Esto, los militares parecen tenerlo bastante más claro que el ministro.

Un discurso improcedente
Editorial ABC 7 Enero 2006

LA Pascua Militar se vio ayer sumida en la polémica por la improcedente intervención en Sevilla del teniente general José Mena Aguado, Jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército. El alto mando militar, con grave confusión sobre la naturaleza de sus competencias, pronunció un discurso en el que, amparándose en los supuestos «sentimientos, inquietudes y preocupaciones» de sus subordinados, los manifestó «por expreso deseo de aquéllos», y al hacerlo devolvió al estamento castrense a los años iniciales de la transición democrática, época en la que se consagró la expresión, siempre inquietante, de «ruido de sables».

No es misión de ningún teniente general aludir a los más delicados problemas políticos -que corresponde gestionar al Gobierno y a las instituciones representativas del sistema democrático-, ni formular digresiones acerca del proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña. José Mena Aguado, sin embargo, lo hizo con profusión: acerca de cómo este proyecto afecta a la unidad de España; las disfunciones que plantea el deber de conocer los idiomas cooficiales y los «graves problemas» que se crearían con «la aparición de poderes judiciales autonómicos». El corolario de las preocupaciones del jefe de la Fuerza Terrestre ha sido el de invocar «los límites infranqueables» que marca la Constitución, que encomienda a las Fuerzas Armadas, en su artículo octavo, la garantía de la soberanía y la independencia de España, así como la defensa «de su integridad y del orden constitucional».

Tanto el fondo como la oportunidad del discurso del teniente general responsable de la Fuerza Terrestre del Ejército merecen un reproche explícito: las Fuerzas Armadas están sometidas al poder civil, deben atenerse a una disciplina no sólo operativa, sino también verbal, y ajustarse en este tipo de actos a un guión por entero profesional. Cualquier desviación de estos criterios supone una injerencia en el ámbito político que hace merecedor al transgresor de una destitución inmediata, como la que en la tarde de ayer propuso el Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Porque José Mena Aguado, a mayor abundamiento, con su extralimitación, ha situado el discurso del Rey, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, en un segundo plano mediático. De otra parte, irrupciones inapropiadas y fuera de lugar, como las del teniente general Mena, no sólo infringen cuestiones de principio indeclinables, sino que sirven para alimentar el radicalismo victimista de los nacionalismos más extremos, como habrá oportunidad de comprobar en las próximas horas.

La intervención de Mena Aguado -que se ampara en una evanescente «obligación» de transmitir la opinión de sus «subordinados», atribuyéndose una representatividad que nadie le ha conferido- implica una seria falla en la plena sintonía entre los mandos de las Fuerzas Armadas y la clase política y supone un muy serio revés para el ministro de Defensa, José Bono, que fue quien le nombró Jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército en noviembre de 2004, y para el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Para el primero, porque uno de sus subordinados se le encampana con un discurso improcedente el mismo día en que el protagonismo corresponde al Rey y a él mismo; para el segundo, el presidente, porque se demuestra que su gobernanza está produciendo, por errática y tantas veces incomprensible, sarpullidos y malestares impropios de los tiempos de madurez y estabilidad por los que la sociedad española quiere transitar.

Por todas estas circunstancias, lo sucedido ayer en Sevilla es extremadamente grave. Un teniente general no puede pronunciarse como un líder político. La doctrina del momento, aquélla que concita el consenso y se corresponde con la competencia adecuada, es la que Don Juan Carlos sentó en su discurso en el Salón del Trono del Palacio Real: el consenso nacional en torno a la Constitución de 1978; la diversidad de los pueblos de España en la cohesión de una Nación única, España, y el impulso a una voluntad común de perseverar en un proyecto en el que lo diverso haga fuerte el conjunto. Y para que estos planteamientos se hagan realidad hay que atenerse de forma estricta a las reglas del juego democrático que la Constitución establece con meridiana claridad. Una reglas vigentes para todos. Cuando se pierde el norte -y hay episodios que demuestran que así ha ocurrido- surgen acontecimientos como los de Sevilla, que deben servir para, tras la oportuna corrección, provocar la siempre inteligente reflexión sobre sus causas y efectos.

La lealtad sancionada
GEES Libertad Digital 7 Enero 2006

Durante años la “cuestión militar” fue uno de los problemas principales para garantizar el orden constitucional. Durante el siglo XIX y principios de XX se recurría a un “espadón” para resolver un cambio de “situación” ante la inoperancia de unas elecciones falseadas. Después llegarían los golpes de estado, actos corporativos de intervención en la vida política. El régimen de Franco fue el resultado de un golpe de estado y de una guerra civil y las Fuerzas Armadas fueron en todo momento uno de los pilares que garantizaron su estabilidad. De ahí que en los años de la Transición preocupara tanto su aceptación del nuevo orden constitucional y su encaje final en él. El papel jugado por el Rey y la inteligencia y el saber hacer de hombres como Gutiérrez Mellado, Quintana Lacaci, Liberal Lucini o Saénz de Tejada, por citar sólo algunos de ellos, hicieron posible la plena y perfecta integración, la solución de un problema que arrastrábamos desde hacía años.

El Teniente General Mena ha hecho unas declaraciones propias de un alto mando de nuestros días. Ha recordado que la Constitución tiene sus límites y que impone a las Fuerzas Armadas un mandato claro y definitivo, salido de la pluma del general Gutiérrez Mellado, sobre la defensa de la integridad del territorio y del orden constitucional. En sus propias palabras: "si esos límites fuesen sobrepasados, lo cual en estos momentos afortunadamente parece impensable, sería de aplicación el artículo octavo de la Constitución: las fuerzas armadas, constituidas por el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad, y el ordenamiento constitucional".

A nadie se le escapa que las palabras del Teniente General son muy representativas del sentir de la gran mayoría de nuestros jefes y oficiales, lo que debería alegrar a nuestros políticos. Después de un pasado tan complicado nuestras Fuerzas Armadas reivindican la Constitución y piden su cumplimiento.

Tan cierto es esto como que la autoridad del ministro Bono hace ya tiempo que se redujo a mínimos, por el uso abusivo de nuestros muertos en acción con fines políticos o de las propias Fuerzas Armadas en su permanente tensión con el Presidente del Gobierno. Bono es consciente de ello, pero confía en la disciplina interna para salir bien parado de su paso por el Ministerio.

Sorprende, una vez más, el papel jugado por el general Félix Sanz, Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Entre sus competencias no está la de proponer sanciones a un teniente general por hacer una encendida defensa de la Constitución, ni por ninguna otra cosa. Ese es un ámbito específico del ministro. Tratar de hacer méritos ante quien le ningunea habitualmente es, como poco, humillante.

La reacción del ministro es también significativa de los tiempos que corren. Ahora la preocupación del Partido Socialista no es que las Fuerzas Armadas acaten el orden constitucional, sino que acepten pasivamente su desmantelamiento, que no hagan honor al juramento que se les impuso. Bono puede utilizarlas para captar votos y presionar a su Presidente, pero nuestros generales no pueden recordar cuáles son los deberes que las Cortes Constituyentes les asignaron.

Estamos sencillamente ante otro acto dirigido a imponer un cambio de régimen, al que algunos generales parecen prestarse con tal de seguir disfrutando del dulce menosprecio del señor ministro.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

ESTO ES LO QUE HAY
ANDRÉS DE LA OLIVA CATEDRÁTICO DE DERECHO PROCESAL ABC 7 Enero 2006

Veamos lo que hay para el 2006. Han dicho que vamos a tener otro año de extrema sequía. Muy probablemente, tendremos un año en que España será, en su estructura jurídico-política y en su funcionamiento real, otra cosa, aún desconocida, pero sin duda enrevesada. Cabe incluso que asistamos al aceleramiento de un proceso de reconversión de España en algo que ahora ignoramos, aunque, eso sí -es prioridad máxima del Sr. Rodríguez Zapatero- con «unidad de mercado». Mientras esa reconversión avanza o acaso se consuma, tendremos un millón de extranjeros en estado de movilización para las elecciones municipales venideras. Y tendremos, tenemos ya, un alto número de nuevos ciudadanos, bastantes de los cuales, que no son iberoamericanos ni latinos ni eslavos con facilidad para los idiomas, todavía no dominan la lengua española. Por la lógica de la Unión Europea súper-ampliada, tendremos muchos millones de euros menos. Tendremos grandes infraestructuras pendientes. Y tendremos, seguiremos teniendo, la amenaza de la «deslocalización», que es como ahora se llama al desmantelamiento de empresas (no necesariamente extranjeras) en busca de costes menores. Son sólo ejemplos.

En el capítulo de cosas pendientes, siempre extenso, las hay de mucha entidad. Pero, por encima de todo, porque en eso nos jugamos casi todo, está el sistema educativo. Y, asuntos colaterales y distracciones aparte, lo que se ha echado a andar parlamentariamente no es muy conforme al buen sentido de padres y de profesores, ni a la cacareada necesidad de la «excelencia» y sólo parece responder a unos prejuicios ideológicos momificados y al criterio de algunos cosidetti expertos en enseñanza y aprendizaje. En cuanto a la Universidad, el lector entenderá la situación si le digo que llevamos más de seis meses forzados a idear el denominado «postgrado» sin que se aclare qué será el denominado «grado»: nos han dicho que debíamos diseñar la segunda parte de un conjunto sin saber nada de la primera parte... y sin que, hasta ahora, nadie haya ofrecido una explicación coherente ni sobre el acortamiento de todas las carreras ni sobre el troceamiento de todas ellas.

¿Qué hace, mientras tanto, el Gobierno de España? Si hay que fiarse de la prensa (y sí), lo que hace es, ante todo, «Estatut» y «Estatut». Y, después -en buena medida complementariamente del «Estatut»- el Gobierno impulsa un multiforme proyecto para que se disperse la Justicia, que era «competencia exclusiva» del Estado según el artículo 149.1, 5ª de la Constitución, antes de ser «releído» por el Tribunal Constitucional, que lo volverá a «releer» hasta dejarlo perfectamente en blanco. Además, el Gobierno anuncia una copia para toda España del «Consell de l´Audiovisual de Catalunya», que no sólo aconseja, sino que puede amonestar y cerrar emisoras. Y, como clima o ambiente social, el Gobierno fomenta el que resulta de aplicar estas tres «reglas»:

1ª) Es, no ya tolerable, sino perfectamente explicable, cualquier exceso verbal o fáctico procedente de cualquier ministro o alto cargo de designación gubernamental o de los aliados parlamentarios (por ejemplo, «Esquerra Republicana de Catalunya») o de ámbitos a los que hay que aproximarse, como Herri Batasuna: todos éstos nunca crispan, nunca hieren y a nadie insultan: denuncian, se expresan libremente, rechazan lo que no es progresivo.

2ª) Es inexplicable e intolerable cualquier exceso verbal de cualquier persona, física o jurídica, no comprendida en la regla anterior y procederá desacreditarla y, en su caso, suspender su actividad.

3ª) La discrepancia con las convicciones y propósitos del Sr. Rodríguez Zapatero, actual cabeza del Gobierno, sólo es admisible, e incluso ejemplar y útil, en el seno del Gobierno o, a lo sumo, en el ámbito de la coalición que forma mayoría parlamentaria. Parece una reedición del franquismo: el «contraste de pareceres» y la «ordenada concurrencia de criterios».

Los ejemplos para ilustrar la realidad de estas reglas son innumerables, como sabe cualquier lector. No exagero lo más mínimo: lo que dice un Presidente autonómico socialista no lo puede decir un dirigente del PP. ¿Por qué? «Porque no es lo mismo», nos vienen a decir: «la intención es diversa y opuesta». Y aunque, desde hace siglos, de internis, neque Ecclesia, el Sr. Rodríguez Zapatero y los que le apoyan, en cambio, juzgan y condenan las intenciones. Y etiquetan y excomulgan. Por escribir lo que llevo escrito, seguramente dictaminarán que soy oyente de la COPE, «fan» de Jiménez Losantos y simpatizante de Rajoy, Acebes y Zaplana. Ni un solo acierto en tal dictamen, pero el simplismo es políticamente necesario y la necesidad política lo justifica todo, de suerte que los discrepantes, los descontentos, los atónitos, todos ellos al mismo saco: acólitos de los obispos, oyentes de la COPE, profesionales de la crispación, atizadores de odios. La falsedad es inconmensurable, pero no importa.

Por encima de la península ibérica, el Sr. Rodríguez Zapatero tiene pendiente el reto planetario de la «Alianza de las Civilizaciones». Yo quiero mantener esperanzas en una futura «Alianza de las Civilizaciones», aunque, tras procurar informarme en serio, encuentre el asunto muy vaporoso, empezando por la identificación de las «Civilizaciones» que deberían aliarse. Pero si, en definitiva, de lo que se trata es, por ejemplo, de que «nosotros» nos aliemos con los mahometanos o islámicos, convendría no saltarse ningún paso. Antes de ponerse a combinar esfuerzos para lograr ciertos objetivos, que eso es una alianza, es necesario que los aliados en potencia convivan aceptablemente. Y el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero seguramente advierte que queda mucho para esa convivencia aceptable. Debería hacernos entender por qué han de ser tan unilaterales (es decir, casi sólo nuestros) los esfuerzos de convivencia cuando de islámicos o mahometanos se trata.

La «corrección política» oficial obliga, con demasiada frecuencia, a un absoluto fingimiento de ignorancia o de tontería. Es una «corrección» que llega a ser insoportable. No podemos fingirnos tontos o ignorantes hasta el punto de tragarnos la distancia sideral con los mahometanos o islámicos en materia de libertades personales, por ejemplo. Y probablemente la libertad religiosa no le importe al Sr. Rodríguez Zapatero: aquí, todas las mezquitas que se quieran y, en no pocos países islámicos, ni siquiera una misa en una embajada. Pero, ¿y la dignidad y condición de la mujer, de millones de mujeres?

Con todo, inténtese, sí, que «nosotros» nos entendamos mejor con los mahometanos. Pero, el Sr. Rodríguez Zapatero y los que le apoyan deberían entrenarse un poco, procurando que «nosotros» nos entendamos entre «nosotros». Para empezar, no actúen, no reaccionen, ante toda discrepancia, como si pensaran que los que discrepan de sus planes y ocurrencias son los «nacionales» de 1936. El dogmatismo conductista de estos gobernantes y cogobernantes empieza a parecerse al de los talibanes. Y eso no puede ser ninguna aceptable «Alianza de las Civilizaciones».

Hacer la pascua
POR XAVIER PERICAY ESCRITOR ABC 7 Enero 2006

... El militar ha dicho que el Ejército debería intervenir si el Estatuto que se aprobase desbordara los límites de la Constitución. Pero es que esa hipótesis es pura y simplemente imposible. Tanto la Constitución como el Estatuto son herramientas de la democracia y sólo en la democracia encuentran su sentido. De ningún modo podría aprobarse en la España democrática una ley que violentara la ley...

DESDE que el 30 de septiembre de 2005 el Parlamento de Cataluña aprobó el proyecto de reforma del Estatuto autonómico -o desde antes incluso: desde que en julio del mismo año la ponencia parlamentaria constituida al efecto presentó un primer borrador-, la vida política española ha girado en torno al problema catalán. Fatalmente, podría añadirse. En todo este largo tiempo, y al margen de los momentos culminantes del proceso -el propio 30 de septiembre, o el 2 de noviembre siguiente, cuando el pleno sobre la admisión a trámite del proyecto de reforma en el Congreso de Diputados-, no ha habido día sin que en determinada parte de España alguna voz autorizada se refiriera a la cuestión. Y esta suma de opiniones, lejos de derivar en una suerte de consenso, que es lo que suele ocurrir cuando un debate está bien encauzado y participan en él todas las partes, ha ido generando en los ciudadanos una incertidumbre cada vez mayor. A estas alturas, quien más quien menos tiene la sensación de que cualquier desenlace es posible, y de que, sea cual sea este desenlace, en el mejor de los casos vamos a estar bastante peor de lo que estábamos seis meses atrás.

De ahí que las declaraciones realizadas ayer en Sevilla durante la celebración de la Pascua Militar por el teniente general del Ejército de Tierra y general jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena Aguado, en el sentido de que el Ejército debería intervenir si se aprobara un Estatuto de autonomía que rebasara los límites de la Constitución, no puedan ser calificadas de sorprendentes, aun cuando en una democracia siempre resulte sorprendente escuchar a un militar opinar sobre el comportamiento de la clase política. Como ciudadanos, los miembros de las Fuerzas Armadas no son ajenos a esta preocupación generada por la tramitación de la reforma estatutaria catalana. Ahora bien, otra cosa es que, dada su condición de militar, las declaraciones del teniente general Mena sean admisibles.

Precisamente porque la principal función del Ejército como parte fundamental de la estructura del Estado, y tal como reconoce el propio título octavo de la Constitución invocado ayer por el teniente general, es la de garantizar la aplicación de la Carta Magna, es decir, la de supeditar su cometido a la supremacía del poder civil, cualquier declaración de alguno de sus miembros que se inmiscuya en este terreno está fuera de lugar. Y más si quien la hace es un oficial de alto rango.

En una democracia, el Ejército debe ser el gran mudo, que es como se le conocía tradicionalmente en Francia. Del mismo modo que los políticos tienen fijados los límites de su campo de juego y no han de rebasarlos; del mismo modo que los jueces deben hablar sólo con sus autos, los miembros de las fuerzas armadas tienen que conducirse con arreglo a lo que son sus funciones y no ingerirse en modo alguno en las de los demás. Eso, y no otra cosa, es lo que se espera de un militar. Este silencio, este saber estar en su puesto, constituye lo más genuino del espíritu castrense. Por ello, no deja de resultar natural que el jefe del Estado Mayor de la Defensa haya pedido al ministro de Defensa el cese del teniente general.

Las declaraciones de Mena Aguado no sólo son contrarias al papel del Ejército en una democracia, a la esencia del propio oficio militar, sino que también presentan un absurdo lógico. El militar ha dicho que el Ejército debería intervenir si el Estatuto que se aprobase desbordara los límites de la Constitución. Pero es que esa hipótesis es pura y simplemente imposible. Tanto la Constitución como el Estatuto son herramientas de la democracia y sólo en la democracia encuentran su sentido. De ningún modo podría aprobarse en la España democrática una ley que violentara la ley. Hasta el propio militar, en su desafortunado discurso en Sevilla, pareció darse cuenta luego de esta imposibilidad cuando calificó de «infranqueables» los límites de la Constitución. Eso mismo son: infranqueables. Para los políticos y para todos los ciudadanos. Incluidos entre los ciudadanos, como es natural, los propios militares, cuyo destino constitucional está firmemente alejado de la tentación de hacer política.

La tradición española provoca que la palabra de un militar resulte siempre inquietante para los ciudadanos. Este es un país cuya memoria, cíclicamente activada a veces por la irresponsabilidad política, está demasiado presente en la vida cotidiana. Un país que en el horizonte de algunos virulentos conflictos políticos siempre ve alzarse la sombra del levantamiento armado, la interrupción de la democracia y la guerra civil. Sin embargo, y por mucho que la superficie de las cosas pueda confundirnos, la España democrática está a años luz del mitológico país fratricida, hecho a medias de historia y poesía. España es un país mucho más frío, y felizmente banal.

Y es esta frialdad, casi desdeñosa, la que debe caracterizar la respuesta de la sociedad política ante el exabrupto del teniente general. Sería lamentable que sus palabras fueran tratadas como palabras políticas, objeto de réplicas y contrarréplicas. No deben desencadenar nada más que la rígida y automática aplicación de los protocolos militares, y más allá el silencio general. Es muy probable que muchos dirigentes políticos hayan caído en el delirio, en estos últimos meses de tramitación estatutaria. Por desgracia el debate sobre la redacción del Estatuto de autonomía no va a pasar a la historia como una página brillante de la democracia española. Pero los políticos pueden permitírselo, el delirio. Entre otras cosas porque las urnas suelen devolverles implacablemente la razón.

Galicia
La xenofobia en la tierra mártir
Cristina Losada Libertad Digital 7 Enero 2006

Pasaron años enhebrando el discurso del atraso. Pero quien pensara que una vez en el poder darían puntadas con esa aguja, se equivocó. Ni las infraestructuras contenidas en el malhadado plan Galicia, ni ninguno de los asuntos serios y aburridos que gestionan los gobiernos, rutilan en el firmamento del bipartito. Las estrellas son otras y se ubican en la galaxia de lo simbólico. Se llaman nuevo Estatuto de Autonomía (de nazón, apostilla el socio), normalización lingüística (eufemismo por erradicación del castellano), selección de fútbol propia (gran proyecto del departamento de Cultura), o declaración del 2006 como Año de la Memoria histórica (parcial y sesgada).

En sintonía con los gobernantes de Madrid, los de Compostela practican la política como espectáculo, sobre todo, los del BNG. Éstos pinchan y cortan menos, así que tratan de pintar más. La labor de las hormiguitas socialistas queda anulada por el estruendo de las cigarras nacionalistas. El hombre orquesta de Allariz se ha propuesto acaparar el protagonismo que las urnas le negaron y toca todas las teclas. No siempre cuela. La declaración del aniversario del accidente del Prestige como Día da Dignidade fue vetada por sus socios y parecido destino le espera a la nueva efeméride con la que quiere adornar el calendario de fiestas luctuosas: el Día de la Galicia Mártir.

Pero una idea del equipo de Quintana merece la pena. Se trata de conseguir en Galicia la “xenofobia cero”. Poca población extranjera vive en estas tierras; ronda el 2 por ciento del censo. La mayoría son hispanoamericanos. El censo recoge la presencia de 5.108 africanos y de 1.164 asiáticos. Esto, en un total de 2.760.179 almas. No hay constancia de brotes xenófobos contra esos inmigrantes en los últimos años. Pero la negativa de los porteros de dos bares de copas de Narón a permitir la entrada de un gitano una noche, durante estas fiestas, ha movido a la vicepresidencia de la Xunta a proclamar tan loable objetivo para los próximos tiempos.

Aunque no lo parezca, hay mucho por hacer. Porque en Galicia un porcentaje minoritario pero significativo de la población abriga sentimientos fóbicos hacia otra parte que desprecia como extraña y ajena: los gallegos que se consideran españoles y hablan español. La reciente decisión de la Xunta de suprimir el castellano de las pruebas para opositar a la función pública ha hecho aflorar un brote de esa xenofobia de raíces ideológicas que estalla ante el idioma, el que es común a los ciudadanos de España. Ante las protestas que suscitó, decía uno: ¡Que se vayan a opositar a Murcia!

La primera batalla contra la xenofobia tendrá que darla Quintana entre su tropa. Y si quiere erradicar estereotipos, nada más fácil que instruirla para que a las voces España, español no suelte colérica calificativos como reaccionario, centralista, machista, fascista, colonialista u opresor. Si eso no es estereotipar que venga el CAC y lo vea. Pero más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja a que un nacionalista renuncie a alimentar el odio a lo español. La xenofobia cero de Quintana, que incluye un pacto con los medios de comunicación, no se traducirá en otra cosa que en suprimir de las informaciones de sucesos la nacionalidad del presunto delincuente; a menos, que sea blanco, español y heterosexual.

Hacer la Pascua,
TONIA ETXARRI El Correo 7 Enero 2006

Muy preocupado tiene que estar el Rey (cuyo discurso navideño sigue sin emitirse en la televisión Pública Vasca por cierto), para volver a insistir en la necesidad de la reconciliación y el consenso, como las virtudes que recoge la Constitución tan cuestionada hoy por los nacionalismos históricos y los republicanos de viejo y nuevo cuño. Pero ayer, en la celebración de la Pascua militar, apeló a los principios que contiene la Carta Magna, en un momento clave del curso de este país, en el que la clase política está pendiente del debate en torno al Estatuto catalán, seguido muy de cerca por los nacionalistas gallegos y avalado, desde Euskadi, por un lehendakari que quiere seguir haciendo valer su plan soberanista, se pongan como se pongan los constitucionalistas.

Aunque, todo hay que decirlo, el lehendakari tiene hoy menos oposición que ayer gracias al cambio de táctica que el partido de López ha empezado a aplicar en el Parlamento autonómico. De momento, y como los socialistas vascos han dejado de entrarle de frente en las cuentas presupuestarias, dejando solos a los del PP en el ejercicio de la alternativa parlamentaria, Ibarretxe piensa aprovechar la coyuntura para volver a dar brillo a un plan que lo ha tenido guardado en la recámara mientras el presidente Zapatero permanecía atento a los movimientos (más bien exigencias) de los socios de su compañero Maragall en el gobierno de la Generalitat.

Habrá muchos movimientos. Dentro del PSE y del PNV. Algunos de ellos, descaradamente contradictorios. Pero, sobre todo, la agenda de la ilegalizada Batasuna es la que seguirá imponiendo el ritmo de los demás. Otegi sigue ensanchando su terreno. Después de la amortización obtenida tras el acto de Anoeta hace un año, ahora la asamblea anual de su ilegalizada formación no va a cobrar menos importancia. Faltaría más. Únicamente el PP se escandaliza y recuerda que la ley está para cumplirla. Una obviedad en un Estado de derecho pero que aquí, en nuestros ambientes gubernamentales, se interpreta como «ganas de hacer la Pascua».

Así es que será problema de Balza si decide autorizar, o no, el acto de la ilegalizada Batasuna para el próximo día 21. Después de un curso en el que se ha paseado por todas las conferencias de prensa que ha querido y firmado libros en la Feria de Durango en loor de multitudes, a ver quién es el guapo que le recuerda que el Tribunal Supremo ilegalizó a Batasuna por formar parte del entramado de ETA. En el Gobierno vasco están más entretenidos en reclamar el acercamiento de presos para «acelerar el proceso de paz». Dicen que, total, «eso lo hizo hasta el gobierno de Aznar». Cierto. Pero se olvidan de un pequeño detalle: que, primero, ETA anunció su tregua.

Montilla, la COPE, la OPA, o de cómo Zapatero pierde el seso
Guillermo Urbizu elsemanaldigital 7 Enero 2006

El gobierno de Rodríguez no parece tener cura razonable. Como terapia nos quedará la fotografía de las ministras vogue a las puertas de la Moncloa, y los dibujitos del ministro de Justicia. El presidente electo Evo Morales, de Bolivia, creo que ha dado en el clavo de todo este entuerto al demandar a su homólogo español si él era el de verdad. Y no una broma reconvertida en pesadilla (esto lo digo yo).

¿No se lo han preguntado ustedes nunca? ¿Será Rodríguez "el de verdad", o el anagrama de algún capricho espectral que se nos esconde? Porque el caso es que ya el respetable no distingue la verdad de la ficción en un gobierno desquiciado por la trinca y el latiguillo. Ríanse ustedes del realismo mágico o del idealismo rezongón.

Para colmo han perdido el sentido del humor, que es la forma más cruda que tiene uno de suicidarse en esta vida. Y más en política. Antes lo intuíamos, pero ahora ya sabemos con certeza que Rodríguez sonríe sin convicción, que es todo una cosicosa más falsa que los estudios de Montilla.

Y hasta aquí quería yo llegar. A Montilla, ministro de algo y, entre otras actividades, presunto captador de patrocinadores para la jubilación del gobierno y entuertos económicos del partido. El tipo -recordemos que como ministro es un "bien de Estado"- anda últimamente con rostro cada vez más encapotado. ¿No se lo notan? Responde a los periodistas con acritud, avinagrado, harto de sus monsergas.

La OPA de Gas Natural le lleva a mal traer. El rechazo del Tribunal de la Competencia es lo que le faltaba. Pobre hombre. Pues algunos siguen pensando -es un decir- que en el poder todo está permitido. Y no. Si acaso en el amor, y con educación. Su contratreta es clamar contra el causante de sus desdichas, que según su cavilosidad no es otro que Federico Jiménez Losantos. Y la COPE. Y los obispos. Y el Papa de Roma.

Por lo que ha decidido preparar una Ley de Comunicación Audiovisual a la carta. Una ley como la catalana ya en vigor. Una ley que censure, que permita -sin acudir a los siempre farragosos tribunales- deshacerse de los que no piensan como él. He aquí Montilla, ministro de algo, licenciado en nada, obediente a Rodríguez (que le da de comer), especialista en enajenamientos e industrias rocambolescas.

El hombre se ha puesto decididamente la tramontana por montera y ha declarado una OPA hostil a la libertad de expresión. La cosa es que nos dejemos. Y la pregunta del millón (aparte de la rabieta de Montilla, el amigo invisible del Consejo de Administración de La Caixa): ¿a quién beneficiaría la clausura de algunas de las emisoras de la COPE? Ustedes mismos.

El asunto de los "bienes"
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  7 Enero 2006

HAN tenido que ser los medios catalanes los que nos hayan alertado sobre las verdaderas intenciones que se esconden en ese oscuro y desorientador acuerdo que nos ha vendido la Generalitat en connivencia con el Gobierno aragonés. Y lo que se deduce de la satisfacción catalana es que el "acuerdo" sobre los bienes eclesiásticos de las parroquias del Aragón oriental, hoy en posesión de la diócesis de Lérida, es que la Iglesia catalana va a seguir disponiendo de ellos con esa "feliz invención" de la unidad museística del patrimonio en cuestión. No hace falta recurrir al asunto de los "papeles de Salamanca", donde la unidad ha importado un ardite, para subrayar la manipulación de un litigio al que el Vaticano dio conclusión con una sencilla fórmula: devolverlo a sus legítimos propietarios. Y una vez devueltos, se podrán estudiar las fórmulas más adecuadas para que ese patrimonio pueda ser exhibido y difundido en beneficio de todos los españoles.

Manipulación
Ignacio Olazábal Uriarte/Vitoria-Gasteiz Cartas al Director ABC 7 Enero 2006

Dice un diccionario de la lengua que manipular es: «controlar la actuación de un individuo o una sociedad, determinando su conducta y sus necesidades e impidiendo que actúen natural y libremente», en otro diccionario es: «intervenir de forma poco escrupulosa en la política, la sociedad, el mercado, etc., para servir a intereses propios o ajenos». Hace varios días apareció en esta sección una carta que de manera nada documentada mencionaba datos dispares: historia muy antigua como la Inquisición, la Bula o conceptos como el infierno, guerras de religión, personajes como Franco y algunos políticos de actualidad, teólogos, instituciones como la Conferencia Episcopal, la Iglesia, ONG, índice de PIB, gastos militares, de educación, riqueza, pobreza, explotación, etc.., todo un cóctel que lo agitó a su gusto el autor de la carta.

¿Para qué? se preguntarán, pues para justificar lo que ponía en la primera línea, objeto de su escrito: denigrar, intimidar y desprestigiar a la COPE y a sus profesionales. El escrito es un ejemplo de manipulación tal como lo describen los diccionarios, y quien así se expresaba «ve la paja en ojo ajeno y no ve la viga en el propio». La COPE es de los pocos medios que informa sobre muchos temas que están ocurriendo, que son deliberadamente silenciados o contados de distinta manera por intereses políticos o de grupo, tanto mediáticos como económicos. Esta sociedad, en la era de la información del siglo XXI, necesita poder oír libremente a «todos», todo lo que tengan que decir, sin censuras ni oficiales, ni interesadas, ya sacará cada cual la conclusión que le parezca más veraz. Sólo así seremos libres como sociedad y como personas.

Cerco policial a la amenaza islamista
- Tras los atentados de Madrid, en 2005 fueron detenidos 90 terroristas, de los que la mitad sigue en prisión - De los 86 extremistas que había en la cárcel en 2004, se pasó a 131 el pasado año
J. C. Serrano / R. Coarasa  La Razón 7 Enero 2006

Madrid- La lucha contra el terrorismo islamista no ha cejado en España durante el año que acaba de terminar. Policía y Guardia Civil han detenido a lo largo de 2005 a 90 extremistas en 23 operaciones desplegadas en 16 provincias. De los arrestados, algo más de la mitad (51) se encuentran en prisión, donde hasta el pasado diciembre había 131 islamistas. Una gran parte de las actuaciones policiales, en realidad, eran hilos que quedaban sueltos de la madeja del 11-M. Sobre todo, redes de financiación y captación de muyaidines para enviarlos a Iraq. No han servido para cerrar el círculo de los atentados, con grandes lagunas aún sobre su organización y ejecución material e intelectual, pero han proporcionado algunas piezas importantes sobre el periodo inicial de adoctrinamiento al que fue sometida la célula terrorista.

-La detención en Madrid (marzo) del sirio Mohannad Allmallah Dabas y su hermano Moutaz en Londres puso al descubierto el «centro neurálgico» de los islamistas que participaron en los atentados, un piso alquilado por ellos en la madrileña calle Virgen del Coro, donde fue fanatizado el grupo a través de constantes reuniones yihadistas.

Moutaz Allmallah, el guía religioso en esas reuniones, se convirtió en el referente espiritual de los terroristas hasta el punto de que algunos de los principales cabecillas le visitaron en Londres días antes de los atentados. El sirio, pendiente aún de ser extraditado, está considerado una pieza clave del 11-M. Junto a él también fueron detenidos este año fuera de España otras «fichas» importantes para la reconstrucción del puzzle.

-Youssef Belhadj (febrero). Detenido en Bélgica, sobre él pesaba una orden internacional de busca y captura al considerarle la Policía el autor de las reivindicaciones de los atentados del 11-M en nombre de «Abu Dujanah, portavoz de Al Qaida en Europa». Fue extraditado en abril y el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, quien investiga la matanza, le envió a prisión acusado de pertenecer a la organización terrorista y por la comisión de 191 asesinatos y cuatro delitos de estragos.
- Abdelmajid Bouchar (agosto). Uno de los huidos clave del piso de Leganés, capturado en Belgrado con documentación iraquí falsa. Vivía con los siete islamistas muertos en Leganés. Escapó tras el suicidio colectivo después de avisar al resto del grupo de la presencia policial en la casa. En septiembre llegó a España extraditado e ingresó en prisión. Una pieza clave para conocer los planes de los terroristas después del 11-M y sus contactos con el exterior.

-Mustafa Setmarian Nasar (noviembre). Aunque no hay datos que le incriminen en los atentados, todos los caminos policiales terminan en él. Miembro de la «shura» (consejo) de Al Qaida es el único islamista vinculado a las redes españolas que tiene contacto directo con Ben Laden. Se cree que fue detenido en Pakistán a principios de noviembre, aunque las autoridades de ese país aún no lo han aclarado. Español de origen sirio, tenía una orden de busca y captura internacional emitida en 2001 por el juez Baltasar Garzón, que le imputó en el sumario contra la primera célula de Al Qaida en España. EE UU había ofrecido por su cabeza una recompensa de cinco millones de dólares por su presunta relación con los atentados del 11-S y el programa de armas químicas de la red de Ben Laden. La hipótesis más lógica es que las autoridades pakistaníes le hayan entregado a EE UU, eludiendo el derecho internacional.

-Juicio contra lacélula de Al Qaida. El aumento en el número de islamistas detenidos tras los atentados del 11-M ha supuesto, además, que algunos de ellos se estén sentando ya en el banquillo. El juicio con mayor resonancia internacional ha sido, sin duda alguna, el que supuso, a la postre, la primera condena mundial por el 11-S (aunque fuese de refilón). La Audiencia Nacional juzgó en primavera a 24 personas (la mayoría de nacionalidad siria y marroquí) acusadas de integrar la célula española de Al Qaida, liderada por «Abu Dahdah». En la lista de procesados estaba el propio Ben Laden que, obviamente, no compareció. Sobre la mesa, 223.000 años de cárcel, la mayoría sobre las espaldas de tres de los acusados, a quien el fiscal consideraba cómplices del 11-S (por favorecer, supuestamente, una reunión en Tarragona de tres miembros de la «célula de Hamburgo», responsable de la masacre).

Después de dos meses y medio de juicio, la sentencia se conoció a finales de septiembre pasado y los 167 años a los que fueron condenados 18 de los 24 acusados «desinflaron» la primera condena por el 11-S, que sólo recayó sobre «Abu Dahdah» (27 años) por conspiración para la comisión de atentado terrorista. Pero de complicidad con el 11-S, nada de nada, pues quedó acreditado que no llevó a cabo «actos preparatorios de ningún tipo». Otro de los procesados sobre los que pesaba la acusación de complicidad con el 11-S, Driss Chebli, fue finalmente condenado a seis años de cárcel. El tercero, en el disparadero por haber grabado en un viaje turístico un vídeo de las Torres Gemelas de Nueva York que, presuntamente, había llegado a manos de un correo de Al Qaida antes del 11-S, salió absuelto. Para cada uno de ellos el fiscal pedía más de 74.000 años de prisión (25 por cada muerto).

El juicio a islamistas más esperado -el que dilucidará las responsabilidades por los atentados del 11-M- todavía no tiene fecha. Tras más de año y medio de instrucción (sólo la pieza principal del sumario supera los 70.000 folios) y una lista de imputados por encima del cententar (previsiblemente, menos de un tercio se sentará finalmente en el banquillo), el auto de procesamiento que debe dictar el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo (relevado de cualquier otro cometido en el Alto Tribunal) acumula retraso tras retraso. Otoño de 2006 es la penúltima fecha estimada para el comienzo del histórico juicio, pero cualquier tipo de previsión al respecto es un ejercicio de riesgo con estos antecedentes.

Respecto al incremento en el número de islamistas detenidos, fuentes de la Audiencia Nacional explican que «después del 11-M y el 7-J (los atentados de Londres) se ha intensificado, lógicamente, la labor policial. De ahí el número de islamistas detenidos a finales del año pasado, de los que, sin embargo, «no hay constancia que fuesen a atentar de forma inmediata, aunque poseen una infraestructura».

Recortes de Prensa   Página Inicial