AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 8 Enero  2006
Estado de malestar
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS, Director de ABC 8 Enero 2006

Constitucionalismo cívico
Editorial ABC 8 Enero 2006

La miopía sectaria de Peces-Barba
Jaime Ignacio del Burgo Libertad Digital 8 Enero 2006

Cocineros y frailes
JAVIER ZARZALEJOS EL Correo 8 Enero 2006

Humos
JON JUARISTI ABC 8 Enero 2006

Lo de Mena me da miedo
ANTONIO BURGOS ABC 8 Enero 2006

¿Adónde va España...?
JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 8 Enero 2006

Una cuestión de dignidad
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  8 Enero 2006

Rodríguez el torpe y Bono el ventrílocuo
Pedro Fernández Barbadillo  Periodista Digital 8 Enero 2006

El teniente general José Mena, la primera 'víctima' en la 'guerra' del Estatuto de Catalunya
Pepe Contreras  Periodista Digital 8 Enero 2006

El circo de las periferias
Antonio Gázquez  Periodista Digital 8 Enero 2006

El constitucionalismo cívico planta cara en 2006 a la ofensiva soberanista en Cataluña y el País Vasco
BLANCA TORQUEMADA ABC 8 Enero 2006

Transversal respuesta al nacionalismo catalán
M. J. CAÑIZARES ABC 8 Enero 2006

El terror y la mala educación
VIRGINIA RÓDENAS ABC 8 Enero 2006

Ni un paso atrás
L. L. CARO ABC 8 Enero 2006

La Asociación de Militares Españoles acusa a Bono de politizar el estamento militar
Agencias Libertad Digital 8 Enero 2006

«¡Basta ya!» lanza un periódico en internet frente al nacionalismo radical
R. N.  La Razón 8 Enero 2006
 

Estado de malestar
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS, Director de ABC 8 Enero 2006

... Determinada izquierda ha desarrollado una especie de superioridad moral sobre las demás opciones ideológicas en función de la cual su intervencionismo y revisionismo -en definitiva, su manifiesto desafecto a la libertad «liberal»- se avala en la bondad ontológica de la causa «progresista»...

LA crispación no es ahora un estado social generalizado como suponen los políticos o creemos los periodistas. Unos y otros elevamos nuestras percepciones a categoría universal sentenciando realidades políticas en las que los ciudadanos no siempre se reconocen. Es verdad que existe crispación, es decir, una contracción anímica repentina de la vida social, pero su alcance es limitado. Lo que sí se percibe es un estado difuso de malestar social propiciado por la decepción -es decir, por el pesar causado por un desengaño- que el Gobierno se ha encargado, consciente o inconscientemente, de ir consolidando de manera casi irreversible.

El malestar social -en el que se inscribe la extralimitación del teniente general Mena- no tiene que ver con una medida o una decisión política concretas, sino con la comprobación de que el espíritu con que este Ejecutivo decía que iba a gobernar se ha transformado en un deambular a veces sectario y casi siempre errático en ámbitos extraordinariamente importantes para la convivencia. Y quizá la peor sensación de desazón es la que produce el manifiesto propósito gubernamental de revisar la legitimidad del estatuto político-constitucional actual, que trae causa de 1978, y la voluntad expresa de retrotraernos en la historia para reescribirla conforme a un guión -sutilmente revanchista en un año de aniversarios como es éste de 2006- del que las mayorías sociales huyen o, simplemente, no comprenden.

Es muy cierto que en el origen de este revisionismo está el diseño taimado e interesado de los nacionalistas que han elaborado un eje de poder con los socialistas, al que concurren con entusiasmo nuevas generaciones del PSOE que, olvidando sabios consejos de los dirigentes anteriores del partido y de experimentados líderes institucionales, creen que es más importante desposeer a la derecha democrática de cualquier opción de poder en las próximas décadas que encargarse de seguir impulsando la continuidad de una democracia que hasta hace poco quedó registrada como un prodigio de artesanía política y social. En este gravísimo error de cálculo, los nacionalistas y un sector del socialismo español, mostrando su carácter anacrónico, casi fósil, vuelven por donde transitaron sus ancestros hace setenta años: a ensanchar las fallas de la unidad nacional y a banalizar, en su dimensión pública y cultural, las creencias morales de muchos millones de españoles.

La pretensión de definir España -como Estado y como Nación- desde el texto de un Estatuto de autonomía; o la frialdad con la que se han adoptado decisiones que afectan al patrimonio cultural de unas regiones a favor de otras; la innecesaria lesión que se infiere a quienes quisieran cohonestar la libertad y la igualdad de los homosexuales con la preservación del matrimonio; el desparpajo en la desprofesionalización del primer escalón de la instancia judicial o de proximidad; la indignidad de suscribir un presupuesto que incluye ayudas a los familiares de los terroristas etarras, o, entre otros muchos síntomas preocupantes, la acometida a la libertad de expresión mediante la instauración de los consejos audiovisuales, constituyen todo un macizo estilo de gobernar caracterizado por la prepotencia. Y es que determinada izquierda, asociada al victimismo inacabable de los nacionalismos, ha desarrollado una especie de superioridad moral sobre las demás opciones ideológicas en función de la cual su intervencionismo y su revisionismo -en definitiva, su manifiesto desafecto a la libertad liberal, y no es una redundancia, o su entendimiento grosero- se avala en la bondad ontológica de la causa progresista.

Ningún gobierno hubiese sido capaz, ni en Barcelona ni en Madrid, de erigir organismos como el Audiovisual de Cataluña o el Estatal de Medios Audiovisuales -instancias ilegítimas para el ejercicio de las competencias que se les confieren - si, como ocurre con los que presiden Maragall y Rodríguez Zapatero, no estuviesen poseídos por la soberbia de creerse los intérpretes más legítimos de los derechos fundamentales. Algunas explicaciones técnicas según las cuales estos organismos serían algo similar a una Dirección General de Tráfico, que permite el solve et repete, es decir, pagar y luego recurrir, son de una insensibilidad paquidérmica. La veracidad de una información es un concepto lábil y poliédrico, no comparable con el hecho objetivo de superar determinada velocidad o infringir un stop en una carretera. Mientras que el carácter administrativo de una sanción se ajusta a una tipificación que nunca afecta a derechos fundamentales y puede ser propuesta por funcionarios que hoy están en Sanidad y mañana en Administraciones Públicas -por citar un ejemplo entre cientos-, los posibles excesos a la libre expresión o información requieren de un enjuiciamiento por jueces independientes, imparciales e inamovibles. Y lo que no se produzca así será un ejercicio más o menos estético de censura. El buenismo de los nuevos socialistas no edulcora esta realidad regresiva.

El catálogo de derechos y deberes que introduce el proyecto de Estatuto catalán inflama de orgullo progresista a sus mentores, pero no es sino el espejo de un intervencionismo que alcanza cotas próximas al ridículo en la descripción de las competencias de la Generalitat, en un texto que, siendo más extenso que la Constitución española, resume y ejemplariza, no una visión catalana del mundo como se ha llegado a afirmar, sino una visión nacionalista y socialista de una sociedad que en pleno siglo XXI tiene derecho a sospechar que la prepotencia y la superioridad moral -sea de derechas o de izquierdas, y en este caso lo es del talantismo y del optimismo antropológico- no sean coartadas que procuren la regresión de la libertad. Y esta retrocede cuando -como desde estas mismas páginas ha recordado el líder de la oposición- los verbos promover, fomentar, intervenir y planificar saltean el proyecto estatutario catalán reflejando la mentalidad restrictiva de sus impulsores.

El brusco descenso en la confianza política que, como tendencia, marcan las encuestas e incluso las inquietudes sobre nuestro horizonte económico son fenómenos de inversión del estado de serenidad social producidos por formas de hacer que hasta ahora pasaban inadvertidas debidamente camufladas en el envoltorio de discursos conciliadores. La política es semántica, pero no sólo. Comienzan a aparecer ahora los hechos detrás de las palabras y asoman trazas inquietantes que hablan del pasado; que sobreponen la parte al todo; que relativizan derechos y libertades; que desestabilizan las bases éticas de la sociedad española sin ofrecer más alternativa que formas nihilistas de vida; que establecen relaciones con amigos internacionales con credenciales averiadas, y surge así un difuso estado de malestar consecuencia de la prepotencia, que es donde tiene origen todo el malentendido intelectual desde el que gobierna el PSOE y que irá en detrimento de sus posibilidades futuras. El presidente puede seguir perseverante en su estrategia (?) política derrochando la soberbia de sus antecesores. Bastaría que echase la vista atrás -y no precisamente a 1931, ni a 1936- para reparar en que la decepción de los ciudadanos les lleva al malestar y cuando se vota con esa sensación de desengaño se cambia a estos por aquellos.

Constitucionalismo cívico
Editorial ABC 8 Enero 2006

EL desafío del Estatuto catalán y la «resurrección» del plan Ibarretxe, en un momento en que el PSE se escora hacia el nacionalismo, han propiciado la reacción del constitucionalismo cívico. El Foro de Ermua convocará una batería de movilizaciones para plantar cara a la ofensiva soberanista en Cataluña y el País Vasco, mientras que la Fundación para las Libertades e incluso Basta Ya, pese a sus problemas internos, están igualmente dispuestas a presentar batalla por la idea de España. Tras la quiebra provocada por la deriva del PSE, situado en coordenadas difusas que han roto la unidad constitucionalista, el movimiento ciudadano parece recuperar posiciones después de la «desmovilización» provocada por la ausencia de asesinatos de ETA.

La supervivencia de la Constitución
La miopía sectaria de Peces-Barba
Jaime Ignacio del Burgo Libertad Digital 8 Enero 2006

En un artículo publicado en el diario El País el pasado jueves, 5 de enero, el profesor Peces-Barba formula una serie de importantísimas consideraciones sobre el momento político español desde la perspectiva constitucional. El título del artículo "España como poder constituyente" expresa sin reserva alguna el pensamiento del actual rector de la Universidad Carlos III, con la autoridad que sin duda le proporciona haber sido el ponente socialista de la Constitución de 1978.

Confieso mi total identificación —salvo una importante matización a la que luego me referiré— con los principales puntos de partida del artículo y que podría sintetizar de la siguiente forma:
-España es una nación soberana.
-La nación española es anterior a la Constitución.
-El poder constituyente pertenece a España, se ejerce por el pueblo español y, por tanto, la Constitución es consecuencia del ejercicio del poder originario de la nación española.
-Todas las demás realidades reguladas en la Constitución (ordenación de los poderes, formas políticas del Estado, derechos fundamentales y autonomía de las nacionalidades y regiones) son posteriores, dependen y han sido creadas por la Constitución.

Mi única matización a tan nítida proclamación de principios obedece a que no participo de esta concepción en cierto modo absolutista de la soberanía. Si bien es cierto que la Constitución es fuente de legitimación de las realidades especificadas por Peces-Barba no creo que los derechos fundamentales dependan y hayan sido creados por la Constitución, pues la persona, como sujeto de derechos y libertades fundamentales, es anterior a la misma. De la misma forma, hay otras realidades constitucionales preexistentes. Este sería el caso de la Corona, atribuida al heredero "de la dinastía histórica", y desde luego el de los derechos históricos o regímenes originarios de los territorios forales. Estos últimos fueron amparados y protegidos por la Constitución, no creados por ella, precisamente por ser preconstitucionales, aunque la constatación constitucional de su existencia resulte imprescindible para su incorporación al ordenamiento jurídico español.

En cuanto al derecho a la autonomía, si la Constitución lo reconoce respecto a las nacionalidades y regiones "que integran España", no es por una decisión puramente voluntarista del constituyente sino porque sin lugar a dudas tales realidades se insertan en el ser histórico de España, aunque su acceso al autogobierno requiera pasar por el trámite de conversión en Comunidades Autónomas de acuerdo con las normas constitucionales.

Cataluña, ni siquiera nación cultural
Pues bien, el profesor Peces-Barba analiza, a la luz de los principios expuestos, el contenido del nuevo Estatuto catalán. Si España es la única nación soberana, Cataluña no puede ser nación con el mismo contenido que España. España no es un Estado plurinacional. Ahora bien, si la Constitución reconoce la existencia de nacionalidades, España es una "nación de naciones". Tales naciones han de entenderse tan sólo como "nación cultural" y no pueden pretender la aplicación del romántico principio de las nacionalidades del siglo XIX según el cual toda nación tiene derecho a convertirse en Estado independiente.

Desde esta perspectiva, Peces-Barba analiza con extraordinario sentido crítico el Estatuto catalán. Según el profesor socialista, aquél parte del desconocimiento de la existencia de España como nación, a la que ni siquiera se cita a lo largo del Estatuto, se inventa una realidad inexistente —la plurinacionalidad del Estado—, pretende una relación bilateral en igualdad con el Estado y desconoce que la soberanía, y por tanto, el poder constituyente corresponde exclusivamente a la nación española, razón por la que ni siquiera —a juicio de Peces Barba— debe admitirse la definición de Cataluña como "nación cultural". "Si no se puede aceptar el uso del término nación para Cataluña —sentencia—, ni aunque se añadiese el adjetivo cultural, es porque los propios redactores del proyecto rompen todas las reglas de funcionamiento de un ordenamiento del que deben predicar su unidad, su coherencia y su plenitud. La negativa se la han ganado a pulso. Ningún reproche se puede hacer a quienes rechazan la inclusión de tal concepto. Son los planteamientos propios y los errores propios los que dan motivo para fundamentar el rechazo".

Con tales razonamientos, alguien podría pensar que Peces-Barba aboga por el entendimiento entre el Partido Socialista y el Partido Popular para hacer frente de manera conjunta a un Estatuto tan manifiestamente inconstitucional. Pero no es así. Los únicos valedores reales de la Constitución son el Gobierno y el PSOE, pues el Partido Popular "la empequeñece hasta convertirla en mezquina y conservadora". De una postura de rechazo frontal al Estatuto, porque desde mucho antes de su presentación tanto Aznar como Fraga, como hoy Rajoy, habían negado a Cataluña su condición de nación, el PP ha pasado a presentar enmiendas y reclamar consenso al PSOE. Y esto es una postura "cínica". Sólo el PSOE es el "garante de la lealtad constitucional".

Sectarismo antiPP
Peces-Barba tiene una cierta pretensión al sectarismo. Ya lo demostró en los debates de la Constitución cuando un buen día abandonó la ponencia constitucional porque no prevalecía su enemiga contra la libertad de enseñanza hasta que Fernando Abril y Alfonso Guerra lograron deshacer el entuerto. Lo hemos visto ahora en el ejercicio de su cargo de Alto Comisionado para las víctimas del terrorismo donde alguna de sus actuaciones han sido piedra de contradicción y motivo de división de un colectivo que sólo merece respeto, comprensión y mucho afecto.

Por eso no es de extrañar que para compensar su frontal y público rechazo al Estatuto catalán y no ser tildado por ello de reaccionario, lance sus dardos afilados contra el único partido que desde un principio se ha enfrentado con firmeza y congruencia a la deriva nacionalista. La actitud del Partido Popular ha sido inequívoca y coherente desde un principio. En el Congreso se opuso a la admisión a trámite del proyecto de Estatuto por ser manifiestamente inconstitucional. Y no cabe acusar al PP de practicar una sistemática política de negación, porque el grupo parlamentario popular en el Parlamento de Cataluña participó en los trabajos de redacción del proyecto, presentó propuestas y enmiendas y trató de evitar la remisión a Madrid de un texto tan nocivo, según expresa Peces-Barba. Y si ahora, en el Congreso, el PP ha presentado enmiendas de supresión, sustitución y modificación es porque pretende conseguir un debate público y sereno sobre el proyecto, previo acuerdo con el PSOE si fuera posible. Ocurre que la orden de marginar al PP en todo el proceso ha partido del propio presidente del Gobierno que ha impuesto, además, al proceso de negociación una total opacidad impropia de un régimen parlamentario.

Peces-Barba tampoco quiere reconocer que el Partido Popular fue el único partido que en el debate de admisión a trámite en el Congreso solicitó su devolución al Parlamento de Cataluña por las mismas razones por las que el que fuera ponente socialista lo rechaza de forma tan vehemente. La razón fundamental es que el proyecto no se ajusta a la Constitución. Por otra parte, no se puede descalificar a nadie porque no acepte como dogma de fe que España sea una nación de naciones. Como también resulta manifiestamente opinable la afirmación de que nacionalidad y nación cultural son términos sinónimos. Todo ello podría ser una interpretación razonable del artículo 2 de la Constitución, pero Peces-Barba debiera admitir que hay otras interpretaciones en sentido contrario, no dogmáticas e igualmente razonables.

Como el propio Peces-Barba reconoce, no estamos ante la reforma del Estatuto de una Comunidad Autónoma que quiere ser considerada como nación cultural, sino ante algo de mucho mayor calado. El Estatuto es en realidad la Constitución de un nuevo Estado, el Estado catalán. Todo el proyecto se sustenta en la soberanía nacional de Cataluña. Es una exaltación del principio de las nacionalidades entendida en su acepción más auténtica y nada romántica. De ahí que si Cataluña es una nación, la Generalidad debe convertirse en el Estado catalán. La presencia directa del Estado español en Cataluña ha de desaparecer. El Estatuto supone la práctica expulsión de la Administración del Estado del territorio de Cataluña. Los ciudadanos catalanes nunca más volverán a relacionarse directamente con el Estado español. En el ámbito de la Justicia, a los ciudadanos catalanes les estará vedado recurrir al Tribunal Supremo. Se producirá un vaciamiento total de las competencias estatales en Cataluña. La bilateralidad no es más que una consecuencia lógica derivada de la soberanía nacional de Cataluña. Se llega al esperpento de proclamar, desde el Estatuto catalán, que España es un "Estado plurinacional", al que de manera unilateral se reservan algunas competencias (la defensa y poco más), que en cualquier caso han de ejercerse de acuerdo con la Generalidad. La nueva Confederación hispana surgida tras la aprobación del Estatuto ni siquiera podría ejercer su propia política exterior sin contar con la Generalidad.

La difícil cuadratura del círculo
Por eso es tan difícil conseguir esa "adaptación suave y realista del texto remitido a la Constitución" preconizada por Peces-Barba. Olvida que, a diferencia del plan Ibarreche, el principal responsable de este entuerto es un socialista, Pascual Maragall, al que hace mucho tiempo califiqué como "dinamitero" de la Constitución por intentar la aprobación por mayoría absoluta de un Estatuto claramente inconstitucional sin plantear previamente la reforma de nuestra Carta Magna. Algunos socialistas ya lo han dicho: es como pretender la cuadratura del círculo.

Peces-Barba olvida otra cosa más. Si el Estatuto de la nación catalana se aprobó en el Parlamento catalán, donde estuvo a punto de naufragar, fue por el empeño personal del presidente del Gobierno español. Y no se invoque como justificación de la actitud de Rodríguez Zapatero en todo este proceso el compromiso expresado durante la campaña de las elecciones autonómicas catalanas a apoyar cualquier proyecto surgido de la voluntad del Parlamento de Cataluña. Dicho compromiso sólo puede tener sentido si la propuesta remitida al Congreso hubiera respetado el marco de la Constitución, pues no se puede exigir que el presidente del Gobierno de la nación española traicione el juramento o promesa de guardar y hacer cumplir la Constitución.

El sectarismo conduce a Peces-Barba a la descalificación del Partido Popular y, en este caso, a la miopía política. Cuando está en juego la supervivencia de la Constitución, no se puede despreciar la mano tendida de quien se ofrece para aunar fuerzas en su defensa. No somos ni intransigentes, ni desleales, ni cínicos, ni por supuesto participamos de ningún "nacionalismo español radical". El PP, mientras gobernó, demostró su lealtad a la Constitución. No hubo bajo los Gobiernos de Aznar ninguna involución autonómica. Por el contrario, tanto Cataluña como el País Vasco, vieron incrementado de forma notable su nivel de autogobierno. Convendrá recordar que bajo el Gobierno del PP —y en el marco de un total consenso con el PSOE— se produjo la equiparación de las Comunidades autónomas del artículo 143 con las del 151 en materias tan importantes como la educación y la sanidad. Y por último, el PP fue capaz de pactar con todas las Comunidades Autónomas el actual modelo de financiación.

Hace unos días se ha producido un ejemplo de cómo es posible el entendimiento entre los dos grandes partidos para respetar y hacer respetar el marco de la Constitución. Me refiero al Estatuto de la Comunidad Valenciana que acaba de superar, con el acuerdo del PP y del PSOE, el trámite de ponencia. Se limaron algunas asperezas constitucionales y se ratificó básicamente el texto consensuado en las Cortes valencianas.

¿Por qué no se puede mantener este mismo clima de entendimiento a la hora de abordar en común la respuesta constitucionalista al proyectado Estatuto de Cataluña? La respuesta la sabe todo el mundo. El presidente está maniatado no sólo por sus compromisos electorales, sino sobre todo por haber caído en manos de ERC, un socio incómodo e incluso desleal pero absolutamente necesario para permanecer en el Gobierno. Y ya sabemos que para el partido independentista catalán, la Constitución es un obstáculo para sus sueños separatistas. El Estatuto propuesto no es la solución final, pero sí un paso gigantesco hacia la independencia. Si el Gobierno y el PSOE, que son los responsables de haber permitido que las cosas lleguen hasta donde están, son los únicos garantes de la lealtad constitucional, Dios nos coja confesados. No ver esto, por puro sectarismo antiPP, demuestra una notable miopía política.

Jaime Ignacio del Burgo es diputado por Navarra. Representa a UPN en el Comité Nacional del PP

Cocineros y frailes
JAVIER ZARZALEJOS EL Correo 8 Enero 2006

El día de los Santos Inocentes, este periódico publicaba una amplia entrevista con Alec Reid. A pesar de la festividad, la entrevista no era ninguna broma sino todo lo contrario; no tenía desperdicio. Con buen criterio, el entrevistador dejó hablar al personaje, este sacerdote redentorista, activo en el proceso de paz de Irlanda del Norte y asiduo visitante de estas tierras no como fraile sino como cocinero en esos grasientos fogones donde dicen que han de cocerse la paz de una guerra imaginada para ennoblecer a los terroristas como combatientes y la 'normalización' que legitime la trayectoria criminal de ETA como imposición final de ese nacionalismo que exige para sí el precio último del cese del terror.

Reid no es un mediador. Es un militante nacionalista con alzacuello, lo que no es precisamente una rareza, ni en Irlanda ni aquí. Trabaja activamente por la unidad nacionalista. Cree, y así lo ha declarado en otras ocasiones, que todo el nacionalismo tiene que unir sus fuerzas para plantear un proceso negociador al Estado. En ese frente incluye, por supuesto, a ETA. Ese frente que transforma la violencia terrorista en un activo que debe ser rentabilizado e incluso esperar fundadamente que todos aquellos a los que se les perdone la vida conviertan a ETA en un honorable beligerante de este conflicto del que aquéella sólo es síntoma. Reid no se anda por las ramas. No es de los que dicen aquello de que el diálogo no debe ser consecuencia de la violencia sino de su cese, lo que, dada la utilización que se hace del diálogo, es algo así como decir que no se paga el rescate a los secuestradores porque retengan a su víctima sino porque la liberan. Reid es más directo. Para él hay que negociar con ETA porque ETA mata, tiene armas y las utilizará según su deseo. El redentorista se apunta a la teoría del campanero de Telesforo Monzón, con el que Reid emparenta también en su obscena cercanía a los terroristas, a quienes, sobra decirlo, no reconoce como tales.

Ni un reproche, ni una leve mención a las víctimas, ni una elemental petición de poner fin a la violencia. Todo en las declaraciones de Reid es exculpación y empatía con los terroristas. «Está claro -sostiene el redentorista- que ETA no es la que puede dar el primer paso». Si ETA no declara el cese del terrorismo, aventura Reid que es por el temor a que «una vez que se sienten las bases no ocurra nada, que no haya diálogo». Ilustra por qué estos terroristas tan cumplidores tienen motivos para desconfiar de los intransigentes que tienen enfrente, recordando que «el IRA calló las armas en 1994 a la espera de un diálogo político, pero en realidad no ocurrió nada y, por eso -adviértase la relación causa-efecto- 18 meses después rompió la tregua». Critica la insensibilidad de las autoridades hacia el sufrimiento de los presos y familiares de la banda por el que, sin embargo, «se preocupa mucho la organización». Y si «la organización» pone bombas también ahora, las expectativas de paz no sufren porque, al decir del irlandés, «las bombas son más simbólicas que otra cosa».

Lo del Gobierno es otro cantar. El Gobierno «tiene que darse cuenta de que no sólo tiene que reconocer el estatus de presos políticos, sino que también tiene que hacer gestos, como la puesta en libertad anticipada de algunos reclusos». Y esto sólo sería el primer paso que estaría esperando ETA.

Proclamar el advenimiento de «tiempos nuevos» significa volver a escuchar las mismas apologías sectarias del terrorismo etarra que lo han mantenido vivo, las mismas exigencias de precio político para retribuir a los asesinos e idénticas pretensiones de que la paz, en vez de recuperar la memoria de las víctimas, deje a salvo la trayectoria de los verdugos.

El reverendo Reid da gato por liebre. No viene aquí a proponer que se ponga en práctica lo que se ha hecho en Irlanda del Norte. Lo que pretende es precisamente que aquí se acepte lo que el nacionalismo republicano del IRA y de Sinn Fein no consiguió imponer allí.

Nada más falso que considerar lo ocurrido en Ulster como el resultado de un largo y paciente ejercicio de persuasión de los terroristas mediante un diálogo más terapéutico que político. Nada más lejos de la realidad y de la historia de ese conflicto que presentar la situación actual como una acomodación de las pretensiones de los terroristas mediante la negociación con el Estado de modo que el uso de las armas ha dejado de ser necesario. Detrás de las sucesivas decisiones que han tenido que ser arrancadas al IRA está la imposibilidad de este grupo de derrotar al Reino Unido, la pérdida de sus apoyos en Estados Unidos, la reacción de la población y la actitud de firmeza de británicos, irlandeses y norteamericanos que puso fin al doble juego de Adams tras las últimas fechorías del IRA, en especial el asesinato del católico Robert McCartney a comienzos de 2005.

Como bien ha explicado entre nosotros Rogelio Alonso, lo que cabe atribuir a Adams no es haber impulsado el proceso de paz sino haber retrasado el abandono de las armas por parte del IRA, donde ya en los años ochenta crecían las dudas sobre la eficacia de la estrategia de terror. De este modo, mientras Adams ha podido mantener el juego, ha conseguido prolongar la presencia intimidatoria del IRA para revalorizar su papel político y forzar concesiones del Gobierno británico con el argumento de que fortalecer su posición era clave en el proceso de paz. Adams, sin embargo, no pudo eludir la presión de Londres, Dublín y Washington, decididos a no dejar pasar la responsabilidad del dirigente republicano en el mayor robo de la historia del Reino Unido y en el propio asesinato de McCartney. Deshecha la coartada de Adams -¿qué casualidad¿-, éste pedía públicamente al IRA el abandono de las armas y poco después la comisión internacional constituida al efecto certificaba el desarme del grupo terrorista, con la intervención como testigo del propio Reid junto con el pastor protestante Harold Good. Reid, por tanto, sabe pero calla.

El discurso tramposo de Reid no nos cuenta nada de esto. No nos enseña las lecciones que deberíamos extraer de las sucesivas mentiras del IRA sobre su desarme. No nos cuenta cómo el Gobierno británico suspendió la escasísima autonomía de Ulster. Habla Reid de desarrollo de la nación vasca pero no aclara que el IRA después de décadas de terror no ha conseguido ninguno de sus objetivos. Tampoco, como ha reconocido Gerry Adams, el derecho de autodeterminación a pesar del furor que causan en estos pagos la Declaración de Downing Street y el Acuerdo de Stormont, que, por cierto, ETA descalificó en términos concluyentes en un documento interno publicado en el 'Zutabe' número 91 de junio de 2001. Atribuye Reid una importancia clave a la excarcelación de presos pero oculta las condiciones en que se produjo y sobre todo se olvida de que aquí no ha habido terroristas de dos bandos, por lo que no existen tales gestos recíprocos sino la renuncia de la inmensa mayoría al Estado de Derecho a favor de los terroristas y su impunidad.

Poco puede sorprender en este fraudulento discurso pero aún así causa alguna perplejidad que Reid afirme que «ETA pretende que Batasuna imite a Sinn Fein a la hora de hacer política». Hasta ahora, el reflejo irlandés dictaba que era Batasuna la que intentaba que ETA imitara al IRA a la hora de dejar el terrorismo, pero debe de ser que no. Así está la cocina.

Humos

Por JON JUARISTI ABC 8 Enero 2006

LA primera semana del año ha visto alfombrarse de colillas las aceras y uno transita sobre el mullido sedimento de la desesperación con la solemnidad boba del camello de Gaspar entre los llamazares de Bactriana. Ya Evomorales se fue, buscando un sol de papaya, con su combito aymará, con su chaleco de rayas. Evo se marchó y sólo nos dejó recuerdo de su ausencia, sin la menor indulgencia. Quizá inmensos depósitos de tobas fermenten durante millones de milenios sobre lo que un día habrá sido Caballero de Gracia o Aribau o Sierpes o la Avenida de Sabino Arana y acaso cuando los últimos catalanes de diseño inteligente se hayan extinguido en la reserva de Terrassa a causa de una pelagra atípica transmitida por el langostino navideño, un descendiente indigenista de los primitivos colonizadores marcianos reclame para su pueblo la propiedad del hidrocarburo resultante. Evo se fue y yo escribo mis proverbios (Morales) mientras miro a través de la ventana cómo se desploman ateridas las pobres empleadas a las puertas de las oficinas bancarias, la luciérnaga roja del pecado asomando entre sus garras tintas en púrpura invernal.

Evomorales se fue. Rodríguez no ha tenido arrestos para cobrarle la deuda en hoja de coca, con lo que nos habrían aliviado el mono, durante la trémula cuesta de enero, sus infusiones probadamente terapéuticas. Pero también la coca boliviana es de los bolivianos, sobre todo de los indígenas. Evo no la cambia por nada, ni por petróleo de Chávez ni por los puros del Comandante, cuánto menos por deuda condonada, que, viniendo de los españoles y teniendo en cuenta lo que todavía nos deben del expolio colonial, es un insulto, aunque invertirla, por supuesto que la invertiremos. En el Gran Proyecto: la restauración del Tahuantinsuyu (y esto no es mío, es de Evo). ¿Que suena a cachondeo? Ya me lo dirás cuando impongan el aru unificado como lengua nacional. Evo vino y se fue, disfrazado de Rigoberta Menchú sindicalista. Cuándo he vivido yo esto, me pregunto. Recuerda, oh, sí, recuerda, el inenarrable chalecazo de Arnaldo, sus camisetas de rayas, la emoción pugnando por derretirse en los ojos de los empresarios vascos ante aquel nuevo estilo, tan distinto del bronco bramido de Idígoras (la indumentaria es lo de menos, decían: antes de un mes se pondrá corbata). Recuerda, oh, recuerda, imborrables días del setenta y nueve, con la izquierda cantando a coro las alabanzas de la Revolución Islámica (las melenas y las minifaldas son reaccionarias en Teherán, había escrito Pasolini diez años atrás). Recuerda, por qué no, al payaso de la pipa, el pasamontañas, el huipil y el escarabajo pelotero en los confines de la Selva Lacandona. Recuérdalo cuando oigas el enésimo elogio del poncho y de la pollera.

Tapizan los pingajos del vicio las calles de España y en La Paz pintan bastos para los claritos de piel. Los Reyes Magos han vuelto a la Persia zoroastriana gobernada por un loco sediento de sangre judía. La temperatura desciende. Por todo el litoral del Guadarrama llueve y gracias a ello las pisadas de los madrileños no levantan tsunamis de ceniza que arrasarían la península desde la Puerta del Sol. Entramos en un evo revo porque Evo toma el relevo. Otra vez la seducción de los pobres, o sea, de los que hablan en nombre de los pobres y llaman terrorista a Bush o rezan para que muera Sharon. Recuerda. Otegui nunca se puso corbata: Eguíbar se la quitó. Uno de los asaltantes de la embajada americana en Teherán preside hoy el gobierno iraní, anuncia que seguirá adelante con su programa nuclear y sueña con hundir a los israelíes en el Mar Rojo. Recuerda: el Che murió en Bolivia, hace casi cuarenta años, después de ver frustrarse su esperanza de hacer de los Andes la Sierra Maestra suramericana. Evo Morales sólo aspira a reconstruir el imperio andino de las Cuatro Regiones (él lo ha dicho, ¿te parece que bromea?). No es un tiempo propicio a que le bajen los humos. Estamos en dos mil seis y los únicos humos a bajar son los de la presunta minoría que enmoqueta de pitillos consuntos la ciudad. Ya sabes: fumar no es progre ni solidario. Evo, pasa coca.

Lo de Mena me da miedo
Por ANTONIO BURGOS ABC 8 Enero 2006

MIEDO me da este miedo. Pánico. Nadie se atreve a decir en público que está de acuerdo con lo que preocupa al general Mena y por lo menos a los diez millones de votantes del PP y a parte de los otros diez millones del PSOE. Me da miedo que la mera lectura pública de la Constitución pueda ser un acto inconstitucional. Como nos estamos jugando a las cartas la propia Carta Magna, hay artículos de la Constitución a los que, por lo visto, aunque estén ahí, les pasa como a la sangre de Ignacio sobre la arena en el lorquiano llanto por Sánchez Mejías: que no quiero verla.

Que no quiero ver la sangre de España sobre la arena. Con todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que presumiblemente va a pasar, el único problema de España, perdón, del Estado Español (no me vayan a meter un paquete), tiene tres estrellas de cuatro puntas, un bastón y una espada cruzados y se llama Mena. Que mandaba la Fuerza Terrestre, y no la Fuerza Extraterrestre, como hubieran querido algunos.

El excelentísimo señor teniente general don José Mena Aguado no es militar. Es de Caballería. Un caballero que se atrevió a decir lo que silencia la España del «come y calla». Esta España que ahora asiste cobardemente callada a su linchamiento. Un caballero más constitucional que las dos columnas del escudo, pero con dos... lanzas de Caballería como para decir acerca de la desintegración de España lo que media nación y parte de la otra media calla, muerta de miedo ante la dictadura de lo políticamente correcto, la tiranía del progresismo radical y el chantaje en sesión continua de los separatistas.

A mí me da miedo este miedo. Por eso no me atrevo a decir como aquella madre en el desfile de la jura de bandera de su hijo, y afirmo que el único que va con el paso cambiado es Mena. Estamos en la España de los despropósitos donde los separatistas sí que saben marcar el paso, un, dos, papa y arroz, que no les falte de nada. Y donde citar la Constitución es golpista. Sé que me la estoy jugando. Me llamarán golpista por atreverme a decir que el artículo 8 de la Constitución está ahí, aunque sea como Francisco Alegre: un nombre en los carteles (o en los cuarteles) que nadie quiere mirar. Y sé que el general Mena dijo en su discurso algo que nadie ha recordado, que desde sus malas conciencias han silenciado por tierra, mar y aire: «No olvidemos que hemos jurado o prometido guardar y hacer guardar la Constitución. Y para nosotros, los militares, todo juramento o promesa constituye una cuestión de honor.» ¡Qué tío más golpista y más facha! ¿Cuidado que venir a hablar de honor en una nación de perjuros?

Por eso no puedo estar más de acuerdo con el silencio ominoso de la mayoría. Bono dijo que iba a hacer una ley por la que todo soldado podrá llegar a general. Ayer la puso en práctica, urgentemente, y en sentido inverso: todo general puede llegar a soldado, con arresto de ocho días en prevención incluido, si se atreve a desafiar la peor dictadura. Que no es la de Castro ni la de Pinochet, sino la dictadura de lo políticamente correcto.

Así que bien arrestado y destituido. Ha resultado tan socorrido como lo fue Rusia para Serrano Súñer: Mena es culpable. De hoy a mañana empezaremos a saber que Mena fue el que negoció con la ETA en Perpiñán. Mena, el que no quiso cumplir con Batasuna en el Parlamento Vasco la sentencia del Supremo. Mena, el que ha incumplido el Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos. Mena es la suma de todos los males sin mezcla de bien alguno. Hay que linchar a Mena. ¡Heterosexual el último!

Y el vicario general castrense, que tenga mucho cuidadito. Que no se le ocurra recitar el Credo. Porque como se entere el JEMAD de que ha recitado el Credo en un acto castrense, le pide al Papa su excomunión, por atreverse a decir en un Estado Laico que Dios existe. A Mena ya lo han excomulgado por recitar el credo del honor.

¿Adónde va España...?
Por JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 8 Enero 2006

Desde los más variados puntos de vista europeos, el arresto domiciliario y el cese anunciado del teniente general Mena Aguado parecen confirmar con seriedad los más graves pronósticos. En su balance de fin de año, Liberation escribía: «El federalismo español, en peligro. ¿Adónde va España?». Y agregaba: «Las tensiones centrífugas no son nuevas. Pero se han acentuado desde la llegada al poder del socialista Rodríguez Zapatero, cuando prometió replantear, casi treinta años después, la España de las autonomías». Días antes, The Sunday Times había publicado un artículo estableciendo un paralelo entre Cataluña y Escocia, en el que subrayaba la necesidad de un equilibrio entre las aspiraciones catalanas y «la necesidad de una España fuerte».

Hoy, el tono de voz de la prensa europea se ha hecho mucho más grave. Berliner Monrgenpost afirma que «no se había producido el arresto de un militar desde el fin de la dictadura franquista». Defense News matiza, recordando al coronel Tejero y las intervenciones militares en la política española durante los siglos XIX y XX. Welt am Sonntag utiliza la palabra «balkanización», que suele causar escalofríos entre las elites europeas.

Tradicionalmente sensible a los argumentos gubernamentales españoles, Le Monde publica una crónica informativa muy matizada, que comienza por subrayar el grave «malestar y crispación política», que condena al presidente Zapatero a «interpretar un papel de equilibrista». «Equilibrismo» donde, en definitiva, están en juego las instituciones del Estado, hipotecadas a la presión de unos independentistas catalanes «de quienes depende la actual mayoría parlamentaria».

Sin entrar directamente en el debate español, periférico y central, de alguna manera, desde Viena, donde Austria ejerce la presidencia rotativa de la UE, Die Presse ha rescatado para sus lectores un artículo de Václav Havel, inquieto por el futuro de la democracia en Europa, víctima, a su modo de ver, de amenazas de este tipo: la indiferencia moral, la irresponsabilidad cívica, el cinismo, la corrupción, los nacionalismos étnicos, las mafias, la resignación... Comportamientos que, a juicio de Havel, minan con sus enfermedades del espíritu los cimientos de nuestros frágiles edificios institucionales.

Una cuestión de dignidad
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  8 Enero 2006

CASI una semana después del anuncio, por el Gobierno aragonés, de que se había alcanzado un preacuerdo con la Generalitat sobre el conflicto de los bienes de las parroquias del Aragón oriental depositados en el Museo de Lérida, las dudas suscitadas no se despejan y, lo que es peor, se acrecientan. Que el Consorcio del Museo Diocesano de Lérida, cuyos representantes, en su mayoría, son contrarios a devolver las obras de arte, sea quien redacta el documento sobre el acuerdo, acrecienta la inquietud sobre cuál pueda ser el resultado final para los legítimos intereses de Aragón. Tiene, incluso, un cierto aire estrambótico que el Gobierno de Aragón, defensor hasta ahora de la "no intervención" en un asunto "entre diócesis", se decida a actuar precisamente cuando el obispado aragonés despojado ha ganado ya, rotundamente, todos los recursos planteados por los sucesivos prelados de Lérida.

Para los aragoneses, y es pertinente recordarlo, el litigio de los bienes no es asunto menor. Desde hace décadas, la sociedad civil ha arropado la lucha que, al principio en solitario, emprendió una parte del clero aragonés para que los límites diocesanos de Aragón se correspondieran con los civiles. Conseguido lo cual, falta que los bienes parroquiales depositados en la cabecera episcopal mantengan esa condición cuando la capital diocesana ya no es Lérida, sino Barbastro-Monzón. El Vaticano ha dado la razón, una y otra vez, a Aragón y ha ordenado que los bienes sigan a disposición de sus invariables propietarios. Ante la negativa del obispo de Lérida, apoyado por instituciones civiles renuentes a acatar el fallo, la DGA ha decidido negociar con la Generalitat. Pero el arreglo tiene un límite, certeramente definido por el obispo de Barbastro-Monzón, Alfonso Milián: el retorno de los bienes ha de ser previo a cualquier pacto. La DGA ha de ceñirse a este principio y dar a la oposición y a la sociedad aragonesa, cumplida cuenta, con luz y taquígrafos, de sus gestiones. Porque el caso trasciende el alto valor patrimonial de las piezas reclamadas y no puede en forma alguna supeditarse a intereses de partido: es una cuestión de respeto propio, justicia y dignidad.

Rodríguez el torpe y Bono el ventrílocuo
Pedro Fernández Barbadillo  Periodista Digital 8 Enero 2006

Rodríguez nos prometió que acabaría con la crispación y con las anormalidades democráticas y a punto de cumplirse dos años de su inesperada victoria electoral, los españoles estamos más divididos y enfrentados que nunca desde los años 30.

Después de muerto Franco, ¿había pasado que un gobierno regional dirigido por un socialista pretendiese una separación de facto y el establecimiento de unos fueros contrarios a la Constitución y a los principios de igualdad y unidad nacional?, ¿qué los españoles practicasen boicoteos productos regionales?, ¿que se produjesen las mayores manifestaciones habidas hasta ahora en contra de unas leyes y el Gobierno las desoyese?

Es tan alta la tensión bajo la que vivimos los españoles que en cuanto un general ha expresado la preocupación de los militares por el proyecto de nuevo estatuto de autonomía que está negociando Rodríguez con los nacionalistas catalanes, se han recordado los ruidos de sables de finales de los años 70 y principios de los 80.

¡Rodríguez nos ha rejuvenecido casi 30 años y nos ha devuelto a la transición, cuando cualquier gesto de un capitán general originaba sofocos en la nueva clase política! ¡Pero qué hombre tan nefasto!

Por cierto, el teniente general José Mena no ha hecho más que recordar la legalidad constitucional vigente.

Sin embargo, una pregunta me surge: ¿por qué José Bono, el ministro que declaró que rezó a la Virgen de Cortes para que el estatuto catalán no llegase a las Cortes, defendió al Jefe de Estado Mayor de la Defensa hace unos meses por unas declaraciones casi idénticas y ahora destituye y arrestra a un subordinado de éste a punto de pasar a la reserva?

Ya sabíamos que Bono era un demagogo y un mentiroso; ¿habrá aprendido a ser, también, un ventrílocuo?

El teniente general José Mena, la primera 'víctima' en la 'guerra' del Estatuto de Catalunya

Pepe Contreras  Periodista Digital 8 Enero 2006

La “guerra” del estatuto ya ha comenzado. El general Mena es la primera “víctima”. El ministro de Defensa, José Bono, ha ordenado hoy como primera medida, el arresto domiciliario de ocho días del teniente general José Mena Aguado en aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. La orden de arresto le ha sido comunicada al teniente general Mena por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán. Por otra parte, y al margen de la sanción disciplinaria, José Bono elevará al Consejo de Ministros del próximo día 13 de enero, a propuesta del JEMAD, el cese del teniente general Mena como Jefe de la Fuerza Terrestre. Una medida ejemplar que, posiblemente, no le caiga por sorpresa al militar, un profesional con 40 años de servicio. El PNV cree que quizás hubiera que cambiar el artículo 8 de la Constitución.

Y no tengan miedo alguno. Como comprenderán, nadie, a estas alturas, se cree ya lo del ruido de sables, rumores de golpes de Estado o posibles actos de “normalización constitucional” que corren por esos mundos de Dios. No pasa nada. Hoy tenemos un Ejército profesional y muy serio, que acata la Constitución como no puede ser de otra forma. Ahora bien, la pregunta que yo me hago –y muchos españoles- es ¿por qué un general, Jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército, a tres meses de pasar a la reserva, se la juega con un discurso tan comprometido como el que pronunció en Sevilla como motivo de la Pascua militar? Se supone que si hasta ahora es el número dos, será una persona altamente cualificada para ése puesto. ¿A que no lo entienden? Las reacciones no se han hecho esperar en toda la clase política y en todos los ámbitos de la sociedad española. Las hay para todos los gustos, y todos los colores. Además, el teniente general José Mena ha sido uno de los principales motores de la reorganización actual del Ejército de Tierra.

¿Pero quién defiende a los españoles? La Constitución lo deja bien clarito. Lo que no está tan claro es que, a juzgar por los indicios, todos los españoles estemos siendo defendidos en estos momentos como nos merecemos. Yo, como andaluz, siento que los efectos del estatuto catalán –de aprobarse el próximo día 21- serán negativos para mi comunidad autónoma y para mí como español y andaluz. ¿Los concursos oficiales? ¿el idioma? Por ejemplo. Pero ¿qué recursos tengo como ciudadano para impedir una supuesta tropelía si creo que va a suceder sin remedio?

Y no se trata de ahora comencemos una espiral en España para ver quién tiene o consigue más competencias. Nada de eso. Pero no me da la gana ser menos que nadie. Urge que los grandes partidos, sobre todo el PSOE, se pongan manos a la obra porque los grandes asuntos de Estado no puede ser decididos por pequeños partidos y políticos ultralocalistas. Esos si dan miedo. Lo que ocurre es que hay un gran partido que en Catalunya está con ellos al cien por cien.

Y no me siento menos que nadie y sí muy orgulloso de mi tierra. Ni un puto complejo. Pero percibo claramente que alguien está a punto de lesionar mis derechos constitucionales. ¿Quién me va a defender ahora si mi tierra está presidida por el actual presidente del PSOE y ése es el partido que, al parecer y si los socialistas verdaderos no lo remedian, va a permitir que se consume la agresión constitucional? Aquí, en Andalucía, los ecos del debate y el real significado que tendrá el estatuto para nuestra comunidad autónoma están tan amortiguados que todo pasa sin pena ni glora. Pero así están los medios de comunicación.

Cuando hace unos días expresé mi humilde convicción de que es necesario anticipar las elecciones generales para que quien gobierne lo haga sin anclajes ni obstáculos, muchos lectores de este blog se pronunciaron a favor, sin dudas. Hay un medio, 20 minutos, que no cesa de sorprenderme. Hoy ofrece una de las informaciones multimedia más completas que hay en la red sobre el asunto.

El circo de las periferias
Antonio Gázquez  Periodista Digital 8 Enero 2006

El norte y el sur no solo son dos direcciones o situaciones geográficas, también representan dos realidades sociopolíticas y económicas; siempre se ha identificado al norte con la riqueza y el bienestar social, y al sur con la pobreza y la penalidad.
Un hecho similar sucede con los conceptos centro y periferia. En los últimos tiempos de la historia de España le hemos (hay que incluirnos todos, sea del signo político que sea, aunque las izquierdas han cultivado mas estos significados) adjudicado al concepto de “centro” todo lo perverso y retrógrado que pueda contener la política dirigida desde la Moncloa, y son muchas las voces que se levantan para preguntarse: ¿Por qué desde la Capital tienen que dirigirnos?, de ahí se deriva, en parte, la definición que le damos a lo periférico como antónimo de centro. Por lo que, en los últimos tiempos la “periferia” se definen con las palabras nacionalismo, reivindicación localista, identidad regional, autodeterminación, tradicionalismo, libertad, independencia, autonomía, y todas aquellas palabras que, de alguna manera, tengan un significado que nos aleje de toda nuestra anterior historia. Hasta en las ciencias y en el deporte se habla de centro y periferia, y surgen numerosas iniciativas para buscar signos de todo tipo que identifiquen y señalen las diferencias periféricas con otros territorios. No olvidemos las reivindicaciones de las selecciones autonómicas catalanas, vascas y no tardaran otras periféricas. También con la cultura unidireccional en los colegios y universidades periféricas. Pero dentro de las periferias también existe el centralismo, y sino echen un vistazo a lo que ocurre en cada una de las mencionadas y analicen.

Estos conceptos quien los ha entendido a la perfección han sido los vascos y catalanes, aunque otras regiones autonómicas ya han comenzando imitando por el principio natural que nos dice “yo no voy a ser menos” (véase Andalucía y Galicia).
Lo del vasco y lo catalán periféricos son ya conocidos, pero en este nuevo año 2006 se iniciaran otras periferias, que están al acecho de lo que suceda con el Estatuto catalán, pues luego vendrá el vasco y como una catarata todos los demás. No sucedería nada si solo es una adaptación a los nuevos retos de esta sociedad española, pero me temo que la insaciabilidad de las periferias no tienen límites, no aún tan siquiera con la autodeterminación, ya que sus políticos solo desean seguir “montados en la burra”.

En todo esto, existe una tesis: todo lo que signifique marginar los conceptos tradicionales se entiende como progresismo. No hay más que echar una mirada a las últimas leyes aprobadas por nuestro gobierno, para ver que nos estamos convirtiendo en un país muy desarrollado en ideas que tienen más de marketing que de bien social. Y es que siempre hemos sido más quijotes que sanchos.

Una vez, visitando el sur de Francia, me comentó un viejo profesor, que admirara la sinfonía de tonos y de colores que había en el paisaje francés, y seguidamente dijo una frase que para mí fue lapidaria: “Antonio, te das cuenta que solo en este país podía haber nacido el impresionismo”. Pues bien parafraseándolo yo digo “que solo en nuestro país (España) podía haberse escrito el Quijote”. Pero añado, muchas veces los quijotes suelen ser peligrosos.

El «caso Mena» y la responsabilidad política del gobierno
Editorial ABC 8 Enero 2006

ES un hecho grave e insólito en una democracia madura que un teniente general del Ejército, segundo en su línea de mando y responsable de la Fuerza Terrestre, sea sancionado con un arresto domiciliario y propuesto su cese al Consejo de Ministros por la formulación pública de valoraciones de índole política. Tanto la corrección disciplinaria como la destitución -si acaso la primera pudiera resultar una sobreactuación del ministerio de Defensa- se corresponden con la trascendencia de una situación que José Mena Aguado ha asumido con todas sus consecuencias en la conversación que ayer mantuvo en las dependencias ministeriales. El teniente general jefe de la Fuerza Terrestre no es, sin embargo, un militar de trayectoria dudosa; por el contrario, se trata de un profesional acreditado, al que el propio José Bono encomendó en noviembre de 2004 una misión estratégica en la cadena de mando del Ejército.

Por esta razón, y por la gravedad intrínseca de la situación (habría que remitirse al 23-F para encontrar el precedente de un teniente general bajo arresto domiciliario), el ministro de Defensa debe comparecer en el Congreso, como ha reclamado la oposición, y explicar qué sucede en las Fuerzas Armadas si es cierto -como sostiene José Mena Aguado- que se está produciendo un estado de opinión que ni el ministro ni las más altas jerarquías militares han sido capaces de detectar y, en su caso, desactivar.

Surge ahora, tras el reproche a la conducta del teniente general sancionado, la procedencia de recordar la teoría de la responsabilidad política, que consiste, simplemente, en aquélla que contraen los superiores, jerárquicos y políticos, por las acciones y omisiones de sus subordinados, en particular, cuando, como en este caso, se trata de aquéllos que ocupan cargos de libre designación.

José Bono -que con tanto ahínco ha perseguido la responsabilidad de Federico Trillo, su antecesor en el cargo, por el accidente del Yakolev 42- no habrá de extrañarse de que el Partido Popular reclame su comparecencia para que en sede parlamentaria explique cómo pudo ocurrir este desafortunado episodio. Causa perplejidad que ni el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, ni el Jefe del Estado Mayor del Ejército, ni el ministro de Defensa tuvieran noticia o aviso del campanazo del teniente general Mena Aguado. Y ruboriza que mientras José Bono se jactaba ante Su Majestad el Rey, Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, de la sintonía de sus mandos con la sociedad civil y la clase política, el teniente general le desmintiese desde la capitanía general de Sevilla. En estas circunstancias, los indicios parecen avalar la tesis del PP, que reclama urgentes aclaraciones.

Lo de menos es que haya sido el ministro de Defensa quien más se haya referido al artículo octavo de la Constitución -lo hizo de manera amplia y explícita el 8 de diciembre de 2004 en la Academia de Infantería de Toledo ante el mismo presidente del Gobierno y los altos mandos militares-, porque, en definitiva, está legitimado para hacerlo, aunque en muchas ocasiones abuse en su afán de notoriedad; lo realmente sustancial es que ni su Ministerio ni el Estado Mayor han valorado el impacto que determinadas medidas gubernamentales están provocando no sólo en las Fuerzas Armadas, sino también en otros estamentos y ámbitos sociales. Porque el Ejecutivo no debe confundirse: la práctica unanimidad en reclamar disciplina y profesionalidad extremas a los mandos militares -y, por lo tanto, la corrección disciplinaria si así no se conducen- no implica en modo alguno respaldar su entendimiento con las fuerzas nacionalistas, que, como las catalanas, están planteando un jaque mate a la Constitución de 1978.

Defender la Carta Magna consiste en propugnar que cada cual asuma su responsabilidad -y la de los militares se subordina al poder civil- y, también, recordarle al Gobierno cuál es la suya. Y entre las que al Ejecutivo corresponden se cuentan las de dar estabilidad y evitar innecesarias inquietudes a la sociedad española. Por eso, si se supone que con la «ejemplaridad» de la sanción y la destitución del teniente general Mena Aguado, el Gobierno, y Defensa en concreto, ha resuelto el expediente, se incurriría en una grave confusión. En este asunto media una responsabilidad política -una culpa in vigilando- que hay que depurar.

El constitucionalismo cívico planta cara en 2006 a la ofensiva soberanista en Cataluña y el País Vasco
Trar la «desmovilización» provocada por la ausencia de asesinatos de ETA, los grupos cívicos no desisten para recordar que la falta de libertad sigue vigente
BLANCA TORQUEMADA ABC 8 Enero 2006

MADRID. La ofensiva del proyecto del Estatuto en Cataluña y la inesperada resurrección del «plan Ibarretxe», con el PSE escorado «hacia el pacto de Estella», según el reproche de militantes socialistas desencantados y sin capacidad de respuesta interna, va a toparse con la contestación constitucionalista, a través de la respuesta «firme y cualificada» que articularán las plataformas cívicas a lo largo de 2006. El Foro de Ermua, la Fundación para la Libertad e incluso Basta Ya (aunque arrastra problemas internos) están dispuestas a dar la batalla por la idea de España y por unos consensos mínimos para la cohesión y la convivencia.

Estas entidades creen imprescindible superar las contradicciones que han minado su labor desde que el PSOE llegó al Gobierno y esperan que sus ideas vayan calando «capilarmente» en la sociedad, especialmente en el País Vasco y en Cataluña, según explica Inma Castilla de Cortázar, portavoz del Foro de Ermua. El giro del Partido Socialista de Euskadi hacia posturas soberanistas y la «desmovilización» provocada por el ya dilatado lapso en el que no se han producido atentados mortales de ETA han tenido efectos letárgicos en una parte de los ciudadanos, por lo que, dice Castilla de Cortázar, «es más necesario que nunca el rearme moral frente a la tentación de cerrar los ojos y de acomodarse en el «aquí no pasa nada» o «estamos de maravilla», cuando cientos de miles de vascos continúan viviendo amenazados y sin libertad. Que no haya habido asesinatos no anula la dictadura nacionalista ni la convicción de que a los terroristas no les puede salir gratis todo el daño causado».

Llamamientos a los ciudadanos
Por ello el Foro de Ermua prevé movilizaciones ciudadanas que arrancarán el próximo 21 de enero en Pamplona en el paseo de Sarasate, con la lectura del manifiesto «Por la unidad de España, por la igualdad y la solidaridad de todos», a cargo del antropólogo Mikel Azurmendi. «En realidad -recuerda la portavoz del Foro de Ermua- estas convocatorias son consecuencia de la que ya celebramos el 5 de noviembre en la Puerta del Sol. Vamos a seguir en la brecha para vender la idea de España como valor de convivencia, frente a las ideologías reduccionistas. España nos aporta todo y no nos quita nada». Además del acto de Pamplona, ya está convocado otro en Barcelona con participación de Convivencia Cívica Catalana y Ciutadans per Catalunya (la plataforma de Albert Boadella y Arcadi Espada) y un tercero en la plaza Mollúa de Bilbao el 18 de febrero. Se trata de eslabones de una cadena que el Foro de Ermua quiere cerrar con «una gran manifestación en Madrid en primavera» y que estarán sincronizados con «los pasos que vaya dando el Estatuto catalán».

Entretanto, «Basta Ya» se mantiene en un compás de espera y se refugia por ahora en su página «web», hasta que se resuelva el debate interno en el que está sumida la organización. Fuentes conocedoras de estos grupos cívicos explican que «hasta hace poco el Foro de Ermua había sido casi una entelequia sin apenas base social, especialmente en el País Vasco, mientras que Basta Ya sí era una realidad en la calle, en los funerales, en el asfalto aún salpicado por la sangre de los asesinados. El Foro ejercía como puntal ideológico, pero Basta Ya funcionaba como puente tendido en donde se superaban las diferencias de la militancia. De hecho, se puede considerar que fue el embrión del Pacto Antiterrorista, porque el movimiento cívico antecedió al político, en el acercamiento, a través de esta organización, de gente del PP y del Partido Socialista». Su vitalidad se afianzó «por las expresiones tangibles de confianza mutua: el Gobierno del Partido Popular respaldaba a una organización con una base mayoritaria de militantes de la izquierda. Por eso todo se rompe cuando el PSOE alcanza el poder. Surgen dudas, pierden ese apoyo y además el Gobierno exige unos márgenes de confianza por afinidad ideológica para su política antiterrorista».

Tras el «caso Savater»
En esa situación de incertidumbre, ABC reveló la reunión de José Luis Rodríguez Zapatero con el filósofo Fernando Savater y con el periodista José María Calleja, dos de los miembros más activos de Basta Ya. Como resultado del monumental escándalo de opinión pública desencadenado por la noticia, se interpretó que el Ejecutivo había logrado desactivar a la plataforma, e incluso hubo virulentas reacciones (excesivas, según muchos) como la del Foro de Ermua, que acusó al filósofo de prestarse a «aceptar paz por presos». El hecho es que el golpe dejó «noqueadas» a estas voces de primera línea. Ahora, Savater ha elevado el tono crítico, en vista de que el presidente del Gobierno ha dilapidado el crédito que pidió.

Carlos Martínez Gorriarán, también miembro significado de Basta Ya, explica a ABC que tampoco él ha flaqueado en ningún momento en sus convicciones, sino que se limitó a reaccionar con independencia de criterio «cuando vi que el Foro de Ermua no estaba dispuesto a conceder el más mínimo apoyo al Gobierno legítimamente elegido y ofrecía un cheque en blanco al Partido Popular». Gorriarán lamenta que «el tejido social que fuimos capaces de crear entre 1999 y 2004 se abrasara con el fatídico 14-M, que sacó a la superficie lo peor del sectarismo de los dos grandes partidos. De ambos, y no sólo de uno de ellos».

Esperanza
De momento aboga por un «stand by» de Basta Ya consistente en «reconvertir nuestra página web en diario electrónico». Su esperanza es que «PP y PSOE vuelvan a entenderse a medio plazo, a partir de 2008. Es verdad que ETA está cansada y que quiere dejarlo, pero intenta hacerlo por la puerta grande y por ahí no podemos pasar».

Pero esa política de compás de espera defendida por Gorriarán no la suscribe todo Basta Ya. Muchos de sus miembros consideran apremiante recuperar la fuerza reivindicativa «en la calle» anterior a la llegada de los socialistas al poder. Por eso no sólo no se descarta un cambio de rumbo forzado por esta corriente de opinión, sino que ese viraje podría estar próximo. «Basta Ya volverá a la calle -dice otro buen conocedor de estas cuestiones- y no lo hará porque lo diga Fernando Savater». Mientras, los descontentos se aproximan al Foro de Ermua y dan consistencia a la «encarnadura social» que en otro tiempo le faltó a ese colectivo. Tras su éxito como aglutinador de la Diáspora vasca antes de los últimos comicios autonómicos, se ha convertido en la alternativa a otros frentes cívicos más condescendientes con la política antiterrorista del Gobierno.

A un tiempo, la Fundación para la Libertad de Nicolás Redondo y Teo Uriarte no renuncia al papel de «limar asperezas. Seremos siempre fuente de entendimiento». Redondo Terreros explica a este diario que la entidad ha organizado una serie de seminarios en varias Universidades de España en los que diversos especialistas debatirán y propondrán «cómo alcanzar los consensos básicos nacionales que ahora faltan y que son absolutamente necesarios, en educación, en política exterior o en la lucha antiterrorista. El resultado de estos foros de discusión se plasmará en un libro de la Fundación».

Sobre la situación en la que se halla el PSE, donde apenas se oyen voces de contestación interna contra Patxi López, Redondo opina que «hoy los partidos, y no sólo el PSOE, son monolíticos, no hay corrientes de opinión como las que por ejemplo existían en tiempos de Felipe González. Además, en esta situación en la que ETA no mata a la gente le resulta más difícil dar el salto de lo ético a lo político. Muchos lo han pasado muy mal, hay que entenderlo».

No hay visos de un nuevo partido
En el reciente debate interno de las plataformas cívicas se ha puesto en alguna ocasión sobre la mesa la posibilidad de crear un nuevo partido, un espacio con la única seña de identidad de defensa del concepto de nación española en el País Vasco. La iniciativa de Espada y Boadella en Cataluña ha alimentado un planteamiento que, sin embargo, no termina de arrancar: «No lo creo posible -argumenta Nicolás Redondo-, porque quienes no son capaces de transferir su voto socialista al PP ni siquiera por pragmatismo en un momento dado, tampoco lo harían en favor de una eventual plataforma de ese tipo. En Cataluña hay un paraguas social que da cobertura a esa opción, aquí no».

Tampoco ve factible ese camino el antropólogo Mikel Azurmendi: «No es eso lo que está en el ánimo de la gente aquí en el País Vasco -dice-, sino que ahora quienes siguen en la contestación al nacionalismo se están aproximando más al PP. Mucha gente está dispuesta a volver a aquel momento en el que fue capaz de superar las fronteras personales a la hora de votar. Hay que desmontar ese discurso sibilino de quienes critican a la vez al Gobierno porque lo está haciendo todo mal y al PP porque dice a todo que no. Si Zapatero lo está haciendo fatal, ¿es tan raro que el PP se niegue a todo?».

Transversal respuesta al nacionalismo catalán
M. J. CAÑIZARES ABC 8 Enero 2006

BARCELONA. Aunque ambas asociaciones pertenecen a esferas ideológicas diferentes, están unidas por un denominador común: su oposición al nacionalismo catalán. Dirigentes de Convivencia Cívica Catalana (CCC) y de Ciutadans per Catalunya participarán en la manifestación prevista para el día 28 en Barcelona. Los primeros, como convocantes. Los segundos, para expresar su rechazo al nuevo Estatuto. CCC se fundó a mediados de los noventa como reacción a la política lingüística del Gobierno de Jordi Pujol. Está liderada por el profesor universitario Francisco Caja, quien ha sido víctima de varias agresiones por parte de grupos independentistas radicales por su defensa del uso del castellano. Entre los dirigentes de esta asociación se encuentra el eurodiputado popular Aleix Vidal-Quadras, crítico con la actual ejecutiva del PP catalán por entender que su postura ante el proyecto estatutario ha sido poco contundente.

Más reciente es la creación de Ciutadans per Catalunya, plataforma de intelectuales no nacionalistas vinculados a la izquierda catalana. A la misma pertenecen el autor teatral Albert Boadella, el escritor Xavier Pericay y el catedrático Francesc de Carreras, entre otros, quienes han manifestado su decepción ante la deriva nacionalista del socialismo catalán desde que ocupó el Gobierno de la Generalitat. En breve anunciarán oficialmente su intención de crear un partido político con estas señas de identidad. Su manifiesto, contrario al Estatuto, cuenta con la adhesión de más de 5.000 personas. Esta plataforma ultima su presentación en distintos puntos del territorio catalán.

El terror y la mala educación
VIRGINIA RÓDENAS ABC 8 Enero 2006

MADRID. Cuando hace un año y medio, el flamante delegado del Gobierno en Navarra comunicó su decisión de reducir a una sola pareja el número de guardias civiles que vigilan el perímetro de la sede gubernamental «para acercar la institución a la ciudadanía» eliminando «cualquier factor intimidatorio para los viandantes» -declaraciones recogidas literalmente por la prensa local- gran número de pamploneses quedaron sumidos en la perplejidad y otros pasaron directamente al estadio de la preocupación. No se podían explicar la decisión de este socialista navarro, de 60 años, natural de Miranda de Arga, y catedrático de instituto -su último magisterio lo ejerció en el Torre Basoko de la capital Navarra-, y menos las razones esgrimidas del presunto distanciamiento de la población con sus instituciones a cuenta de la visión de los números de la Benemérita. Pero como él mismo apostilló meses después «la retirada de las patrullas no fue algo complejo. Cuando uno toma una decisión política y está convencido de ello, no hay dificultades que valgan. Se hace y ya está».

Una firme determinación que parece ser el acicate que ha llevado a Vicente Ripa, casado y con dos hijas y que en 1995 desempeñó el cargo de director gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, a tomar sus últimas resoluciones. Autorizar el pasado 18 de diciembre un homenaje a terroristas de ETA en la localidad de Berriozar, donde alrededor de setenta personas profirieron gritos a favor de la banda -en general- y de un acólito de los criminales recién excarcelado, en particular, mientras portaban fotos del asesino del subteniente Casanova, el vecino acribillado en el pueblo. Luego, ordenar una investigación y posterior expediente contras dos agentes del Benemérito Instituto que presuntamente, y según testimonio de algunos vecinos, hicieron desaparecer una figura del Olentzero -carbonero que según la tradición vasca lleva regalos a los niños- de la plaza Mayor de Areso por lo que se enfrentan a una pena máxima de separación del servicio. Y, por último y hasta el momento, a primero ocultar y después hacer pasar por un «no saber estar» y «una gamberrada» los ataques con cócteles molotov contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Sangüesa (donde, por cierto, los sanguinarios etarras acabaron con la vida de sus últimas víctimas mortales, los policías nacionales Julián Embid y Bonifacio Martín).

Precisamente el alcalde, también socialista, de este último municipio le ha mostrado su intranquilidad no sólo tras los ataques al edificio del Instituto Armado, sino porque desde el mes de agosto han sido incendiados en su pueblo once contenedores y un coche, un «no saber estar» contagioso que se ha extendido como una mancha de aceite por la geografía navarra para alarma de los grupos ciudadanos que pelean cada día, y desde hace años, por la libertad de todos y que también han visto cómo las amenazas contra ellos, que habían cesado, han vuelto con una ira revitalizada. Ellos, las víctimas, dicen simplemente que «los criminales se han ido para arriba». Pero, Ripa, que ha visto como el propio ministro del Interior, José Antonio Alonso, le desautorizaba atribuyendo al entorno de ETA los últimos ataques, mantiene un optimismo envidiable: «Mi principal deseo para el 2006 -ha manifestado- es la consecución de la paz y brindaría agustísimo este año si se lograra alcanzar», lo que entra dentro de sus más que factibles predicciones conforme a los designios de sus videncias: «Veo -ha declarado- ciertos movimientos del mundo de la violencia en esa dirección». Lo ha dicho «ya está», Vicente Ripa.

Ni un paso atrás
En su audiencia con Bono, el teniente general no titubeó al ratificar que en Sevilla dijo lo que piensa, que sus palabras no fueron una improvisación y que asumirá el castigo
L. L. CARO ABC 8 Enero 2006

MADRID. No se retractó. El teniente general José Mena Aguado compareció ayer ante el ministro de Defensa apenas veinte minutos, el tiempo que tardó en ratificarse en sus declaraciones del día anterior -aquellas en las que alertaba de los peligros del Estatuto catalán y de la responsabilidad de los Ejércitos de defender la integridad de la nación-, en sostener de viva voz que su mensaje responde fielmente a las inquietudes que le han manifestado sus subordinados y en expresar a José Bono su vocación de asumir con disciplina tantas sanciones como le pudieran caer encima. Dicen que, incluso, reconoció al ministro que, si hubiera estado en su lugar, él, José Mena, también habría optado por aplicar un correctivo contundente. Pero no dio ni un paso atrás.

El teniente general comenzó mal el día, con un retraso que, en la mañana lluviosa y desapacible del sábado madrileño, supo mitad a demora temerosa, mitad a gesto altanero o provocador. Pero ni lo uno ni lo otro. Había sido citado a las diez en punto de la mañana, y por algún motivo hizo esperar a quien le había convocado doce largos minutos: en el despacho le aguardaban el ministro -que había llegado, como siempre, con tiempo de sobra, a las 9.10-, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz, que hizo su aparición inmediatamente después, y el auditor de la Asesoría General de la Defensa, general Pignatelli, dispuesto a levantar acta del trámite.

Y allí, explican fuentes de la casa, Mena Aguado se comportó como dicen que es quienes le conocen: «Inteligente, brillante, de una pieza». Sin asomo de soberbia, pero tampoco de arrepentimiento, no titubeó a la hora de reconocer que su controvertido discurso de la Pascua Militar sevillana no fue producto de enajenación transitoria, sino de una decisión cierta. «Lo que dije es lo que pienso, nadie me ha inducido a hacer tales manifestaciones, pero sí puedo asegurar que obedecen a las inquietudes que me han manifestado mis subordinados», aseguran que dijo. Y si por algo se mostró consternado, fue por la repercusión excepcional y bronca que han tenido sus palabras: a título de anécdota, hasta media docena de medios extranjeros montaban guardia ayer por la mañana a la puerta del ministerio. «Arrestado un oficial español por alertar de que el Ejército debe defender la unidad del país», titulaba horas después la agencia Associated Press.

«Cree que todo se ha magnificado, que nunca se le ocurrió que podría alcanzar tal proyección... pero aparte de eso, la sensación después de toda su comparecencia es que volvería a hacerlo: que volvería a decir lo mismo», añade la fuente de Defensa.

Cuando el teniente general abandonó el despacho eran aproximadamente las diez y media, momento en que se despidió del ministro, aunque no salió del ministerio hasta cerca de la una y media de la tarde: a bordo del mismo Mercedes azul marino matrícula de Madrid en el que llegó, agarrado a una carpeta como quien se agarra al mundo y con el semblante digno y grave.

Apenas tres minutos después, Bono haría lo propio, por la misma puerta, esforzándose ante el pelotón de cámaras y flashes por dar una sensación de naturalidad: un medio saludo a la afición para las fotos, la mano a los ujieres, y ademanes de pretendida normalidad. Como si no pasara nada, como si el teniente general no le hubiera dado el viernes la Pascua (Militar), ni acabara de despedirle con la amarga constatación de que no fue un error, que dijo lo que dijo, Y ni un paso atrás.

"TARDE O TEMPRANO ALGUIEN TENÍA QUE HABLAR"
La Asociación de Militares Españoles acusa a Bono de politizar el estamento militar
El presidente de la Asociación de Militares Españoles ha calificado de "intolerable" e "inaudito" que el ministro de Defensa haya ordenado el arresto domiciliario del teniente general Mena por "defender y reproducir la Constitución". Esta decisión la enmarca en la "lucha personal" de Bono por llegar a la Presidencia del Gobierno y, como ha dicho en la COPE, la considera una muestra más de la politización a la que está constantemente sometido el estamento militar. José Conde Monge cree que el jefe de la Fuerza Terrestre sólo dijo "lo que tenía que decir".
Agencias Libertad Digital 8 Enero 2006

En La Mañana del Fin de Semana de la COPE, el presidente de la Asociación de Militares Españoles (AME) ha matizado que el teniente general Mena "no ha entrado en el Estatuto" por lo que la sanción impuesta es sólo una muestra más de la politización a la que está constantemente sometido el estamento militar.

El coronel retirado José Conde Monge considera que es "rarísimo que nadie se acuerde de que la nación tiene militares, y que éstos tienen encomendada la misión de garantizar el ordenamiento constitucional, que consagra la unidad de España". Por eso ha salido en defensa del teniente general sancionado, del que elogió su valentía para "decir lo que tenía que decir" ante "una peligrosa situación, que los políticos no quieren ver y que puede llevar a soslayar la Constitución y hasta al desmembramiento de España".

A su juicio, el principal problema de los militares reside en la ley disciplinaria "que les impide hablar e incluye la censura previa". Sostiene que lo único que ha hecho Mena es "infringir una ley que es inconstitucional". Pese a esta ley, cree que "tarde o temprano alguien tenía que hablar". Sin embargo, no cree que muchos militares le sigan en ese discurso porque "no se atreven".

En su opinión, "imbuido en su lucha personal por la Presidencia del Gobierno", Bono no se da cuenta "de que mi amigo Mena ha ido más allá que el jefe de las Fuerzas Armadas en defensa de la Constitución".

AUME respalda al ministro
Estas declaraciones contrastan con las que ha realizado el secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles. Desde AUME, Mariano Casado expuso que la decisión del Ministerio de Defensa de ordenar el arresto domiciliario de Mena es "adecuada", aunque advirtió que "militares de muy inferior empleo dentro de la escala jerárquica han sido sancionados con muchísimo más rigor" por declaraciones similares.

"El teniente general ha hecho unas declaraciones que no son idóneas y la ley disciplinaria tiene que aplicarse como si fuera el último soldado sin ningún tipo de benevolencia", informó. "Puede ser que en este caso haya habido una aplicación benevolente de la ley", añadió en declaraciones a Europa Press.

El secretario general de la asociación militar afirmó que "no se trata de cercenar la libertad de expresión" de los militares, sino de que Mena asuma su responsabilidad como alto responsable militar. "Parece lógico y razonable que si un responsable militar de esa graduación hace esa interpretación de la Constitución que entendemos que no es correcta, no está en las mejores condiciones para mandar la unidad y tener las responsabilidades que hasta el momento tenía", dijo.

«¡Basta ya!» lanza un periódico en internet frente al nacionalismo radical
R. N.  La Razón 8 Enero 2006

Madrid- La plataforma ciudadana «¡Basta Ya!» lanzará un periódico en internet con el que este colectivo quiere trasladar de forma directa a la sociedad su visión sobre aspectos como la lucha contra ETA, la oposición al nacionalismo o la situación de los amenazados en el País Vasco. Fuentes de «¡Basta Ya!» informaron a Servimedia de que el periódico será elaborado a partir de la página con la que ya cuenta la plataforma ciudadana (www.bastaya.org), que se reelaborará para presentar un formato similar al de otros diarios electrónicos.

Las fuentes consultadas aseguraron que la presentación del nuevo proyecto tendrá lugar a finales de este mes o principios de febrero, fecha a partir de la cual los internautas podrán consultar la nueva versión de la web.

Por otra parte, el PP está promoviendo a través de su página web (www.pp.es) una campaña solidaria con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). «Ahora tenemos una buena causa: ayudar a la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a la que el Gobierno le ha negado recientemente una subvención», resalta el sitio en internet.

Madrid- La ilegalizada formación Segi ha colocado carteles en varios municipios vascos arremetiendo contra la patronal vasca Confebask, contra el consejero de Interior vasco, Javier Balza, contra el PNV y el PSE y contra los medios de comunicación ETB, «Deia» y «El Correo». En los carteles también aparecen los alcaldes de Bilbao, Iñaki Azkuna; de Getxo, Iñaki Zarroa; y de Barakaldo, Tontxu Rodríguez, todas ellas localidades de Vizcaya. En ellos se pueden leer pueden los lemas «Errepresioa guztien gainetik (Por encima de toda represión)», «Borrokaz aske biziz (Vivir libres en la lucha)» e «Independentzia» (Independencia)».

Junto a estas consignas, Segi colocó las fotos de Balza sobre un escudo de la Ertzaintza y del alcalde de Bilbao sobre el emblema de la Policía Municipal.

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