AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 9 Enero  2006
Una política lingüística que tiene miedo a la libertad
JOSE DOMINGO El Mundo  9 Enero 2006

SI AL FOMENTO DEL CATALAN, NO A SU IMPOSICION OBLIGATORIA
EDITORIAL El Mundo  9 Enero 2006

En un estado libre, lengua y mente deben ser libres
FERNANDO GAREA El Mundo 9 Enero 2006

El Gobierno acepta en el Estatuto la imposición del “deber de conocer el catalán”
Libertad Digital 9 Enero 2006

El malestar contemporáneo
JUAN PABLO FUSI
ABC 9 Enero 2006

Lo que pasa cuando un militar dice lo que hablan en sus casas millones de españoles
Jesús Cacho El Confidencial 9 Enero 2006

¡Alarma, alarma!
José García Domínguez Libertad Digital 9 Enero 2006

Uno de los nuestros
EDUARDO SAN MARTÍN ABC 9 Enero 2006

Del arresto a la blogsfera
JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 9 Enero 2006

La proclama de mena
JORGE TRIAS SAGNIER ABC 9 Enero 2006

¿Ordenará el Gobierno del 14-M el arresto de Otegi?
EDITORIAL Libertad Digital  9 Enero 2006

Un general en el fango
JUAN MANUEL DE PRADA ABC 9 Enero 2006

El nuevo populismo español
Isabel Durán Libertad Digital 9 Enero 2006

Un listón muy bajo
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 9 Enero 2006

Los militares son ciudadanos
Pío Moa Libertad Digital 9 Enero 2006

Un general con arrestos
Aurelio Alonso Cortés Libertad Digital 9 Enero 2006

El rostro de Zapatero
Agapito Maestre Libertad Digital 9 Enero 2006

No hace falta el Ejército
Pablo Sebastián Estrella Digital 9 Enero 2006

El capitán que se inmole era un teniente general
Las pesquisas de Marcello Estrella Digital 9 Enero 2006

El Estatuto, la nación y la pasta
José Javaloyes Estrella Digital 9 Enero 2006

Diecisiete meses
Ignacio del Río Estrella Digital 9 Enero 2006

El problema es que Mena tiene razón
José Javier Esparza elsemanaldigital 9 Enero 2006

Las palabras del general
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital  9 Enero 2006

Una cuestión innegociable
Editorial Heraldo de Aragón 9 Enero 2006

La profesión periodística clama contra el CAC y su ley
M. Arroyo - Madrid.- La Razón  9 Enero 2006

La DGA aclara ahora que cualquier pacto con Cataluña está supeditado al retorno de los bienes a Barbastro
HERALDO de Aragón 9 Enero 2006

Mikel Buesa y el Foro de Ermua, mensaje a Guerra en defensa de España
Elsemanaldigital.com  9 Enero 2006

El comandante militar de Navarra alertó del "nacionalismo excluyente"
Elsemanaldigital  9 Enero 2006
 

Una política lingüística que tiene miedo a la libertad
JOSE DOMINGO El Mundo  9 Enero 2006

Durante el año 2000, el independentismo catalán puso en marcha el III Congreso de Cultura Catalana. A diferencia del II Congreso -celebrado en plena Transición, entre los años 1975 y 1977- que fue apoyado por las fuerzas democráticas y con una acogida realmente popular, aquél pasó desapercibido por la falta de implicación de CDC y del PSC y de la sociedad catalana en general. Con el II Congreso se pusieron las bases para la recuperación de la lengua y cultura catalana después de la larga noche del franquismo; en cambio, el tercero tuvo como finalidad planificar las estrategias para la consecución de un marco soberano para los Países Catalanes en el siglo XXI.

Los títulos de los temas de debate (Soberanía Nacional y Defensa de la Lengua, Simbología nacional de los Países Catalanes o Sustitución lingüística y autoodio, entre otros) retratan adecuadamente la filosofía que inspiró el Congreso. Sus resoluciones también resultan clarificadoras, en la ponencia dedicada a la defensa de la lengua se fijaron como principales objetivos: «Conseguir que la lengua catalana fuese reconocida como la lengua propia y única oficial de Cataluña y de todos los Países Catalanes» y «Recuperar la lengua en todos los ámbitos de uso, situaciones y funciones, estableciendo la obligatoriedad del conocimiento y del uso de la lengua, con las sanciones que sean necesarias». Para lograrlo, se invitó a la colectividad a trabajar en múltiples campos, entre los que resaltamos por razones de actualidad los dos siguientes: «El control lingüístico y de contenidos de la TV y las radios, para garantizar que estén al servicio de la lengua y cultura de nuestro país» y «hacer los cambios necesarios para garantizar que la escuela y la enseñanza en general sean una herramienta de transmisión de nuestra identidad y, por tanto, de nuestra cultura y nuestra lengua».

Se trae a colación aquel evento porque entre los artífices del III Congreso figuraron los principales muñidores de la política de ERC, Joan Puigcercós y Josep Lluís Carod Rovira, y los responsables de ese partido en el Gobierno catalán: Josep Bargalló -primer consejero, de quien directamente depende la política lingüística y de comunicación-, Marta Cid -consejera de Educación-, Enric Marín -secretario de Comunicación- y Josep Huguet -consejero de Cultura, Comercio y Turismo-.

Con esos antecedentes es comprensible que Josep Lluís Carod Rovira clame por una ofensiva definitiva a favor del catalán en un reciente libro colectivo y que Jordi Porta, el conspicuo presidente de Omnium Cultural, llame a rebato desde la portada de otro: «El català, ara o mai» («El catalán ahora o nunca»).Hay urgencia histórica en obtener el máximo rédito por su participación en el Gobierno catalán y por el sostenimiento del Gobierno socialista.De ahí que se pise el acelerador en el proceso de afirmación del catalán como única lengua nacional en el ámbito de los Países Catalanes y de descuartizamiento del castellano como lengua común de España. El proyecto independentista se forja con una cadena de tres eslabones: «Lengua-Nación-Estado».

Por lo tanto, para entender estos tiempos hay que tener en cuenta que el control y la gestión de la política lingüística en Cataluña está en manos de un partido político que quiere hacer del catalán la lengua nacional de Cataluña, única y oficial, y que, para ello, ni tiene ningún escrúpulo en controlar los medios de comunicación y la escuela, ni en obligar a conocer y a usar el catalán mediante la aplicación de sanciones. Con esos propósitos, es comprensible que las apelaciones a la realidad social -la mitad de la población tiene como lengua primera el castellano-, y a la libertad de expresión, de la que forma parte intrínseca la libertad de uso lingüístico o al régimen de cooficialidad lingüística del castellano y del catalán, sean sistemáticamente ignoradas.

En esa estrategia, el proyecto de Estatuto de Autonomía es una pieza primordial y por eso se incluye, por primera vez en un texto del bloque constitucional, el deber de conocer la lengua catalana. Precisamente, fue la ausencia de este deber lo que originó el rechazo de ERC a la Ley de Política Lingüística del año 1998. Ahora, lo que alguien ha definido como el Partido Uniformador Catalán (PUC) -tripartito más CiU- ha hecho suya esa propuesta.Con este apoyo, el Partido Socialista quiebra su postura tradicional en este tema: votó en contra de la inclusión de ese deber en la Constitución y presentó en 1983 un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Normalización del Gallego que contenía un artículo con la obligación de conocer el gallego y que, finalmente, fue declarado inconstitucional.

Con independencia de la posible inconstitucionalidad del precepto -esperemos que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse al respecto en caso de ser aprobado-, la inclusión de ese deber no es retórica, sino que tiene importantes consecuencias. Si hasta ahora los castellanohablantes en Cataluña han sido discriminados, es fácil imaginar lo que acontecerá con un salvoconducto que otorga patente de corso al nacionalismo para construir la nación idealizada.

La exigencia de este deber hace añicos el principio de igualdad de todos los españoles, al propiciar la distinción entre catalanes de primera y de segunda en función del conocimiento lingüístico y facilitar el levantamiento de una barrera que contribuirá a alejar a Cataluña del resto de España. No se trata de legítimas medidas de fomento de una lengua minoritaria, sino de la aprobación de una rigurosa regla que se da de bruces con el artículo 139.1 de la Constitución que declara que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». De mantenerse la obligación, la condición política de catalán -la adquieren los españoles empadronados en Cataluña- incorporará una carga que no soportarán el resto de los españoles y muchas acciones políticas se verán afectadas. Si la inmigración pasa a ser competencia de la Generalidad, ningún inconveniente legal habrá para hacer depender los flujos migratorios del conocimiento lingüístico. Es más, en manos de políticos insensibles, el acceso a ayudas, subvenciones o prestaciones sociales pudiera quedar condicionado al cumplimiento del deber lingüístico. Igualmente, nada impedirá a la Ley electoral catalana prohibir el sufragio pasivo -la posibilidad de ser elegido- a quienes desconozcan ese idioma. Asimismo, la toma de posesión del personal al servicio de las Administraciones Públicas dependerá del cumplimiento del requisito lingüístico, y ello alcanzará a jueces, notarios, registradores, jardineros o albañiles... Flaco servicio se hace con ese precepto al artículo 139.2 de la Constitución que consagra la libertad de circulación y de establecimiento de las personas, cuando esta libertad queda restringida por la inclusión en el proyecto de Estatuto del denominado «principio de disponibilidad lingüística» (derecho a ser atendido en la lengua del usuario o consumidor), principio que, por cierto, fue expresamente rechazado en la Ley de Política Lingüística de 1998, y por la creación de un marco laboral propio en Cataluña, siendo previsible que en convenios colectivos se introduzcan cláusulas relacionadas con este deber.La inestabilidad en el puesto de trabajo de aquellos trabajadores que desconozcan el idioma catalán está servida, al hacer factible el despido por causas objetivas (ineptitud del trabajador o falta de adaptación al puesto de trabajo). No deja de ser lamentable que los sindicatos soliciten la adhesión de los trabajadores a un Estatuto que condena a muchos de ellos a la precariedad laboral.

Tienen prisa, son conscientes de que el terreno conquistado es espacio infranqueable. Una vez asegurado el monolingüismo en las instituciones y las Administraciones Públicas en Cataluña, un ejército de sociolingüistas, inspectores de consumo, dinamizadores y comisarios lingüísticos se apresta a cubrir los huecos resistentes; para ello no tienen límite: intromisión en la vida privada de los ciudadanos, sanciones a profesores por utilizar el castellano en las aulas, examen lingüístico y de contenidos de los medios de comunicación a través del Consejo Audiovisual de Cataluña, implantación de siniestras Oficinas de Garantías Lingüísticas en las que se garantiza el anonimato al delator; rigor exhaustivo con las empresas para asegurar que la lengua de uso externo e interno sea el catalán...

La libertad en Cataluña ha quedado mancillada. Todo, absolutamente todo, está controlado. Cataluña es una casa de cristal, en la que la Administración escudriña hasta el más mínimo detalle.Millones de euros se destinan a encuestas que tienen como fin mesurar el grado de conocimiento o de uso del catalán; se investigan desde los hospitales hasta las cárceles, pasando por las escuelas, en las que se vigila la lengua del patio, las comunicaciones de profesores y padres, y se interroga a los niños sobre el idioma en que imparten las clases sus maestros; etiquetas, supermercados, empresas de telefonía móvil, hoteles, relaciones de pareja, amigos, discotecas, cines, teatros... En fin, todo.

Ningún interés en conocer de primera mano lo básico, lo que debe marcar las relaciones de los ciudadanos con la Administración, esto es, el servicio público. Una montaña de impedimentos para decidir libremente la lengua de escolarización, o la de comunicación administrativa. El Gobierno catalán tiene miedo a las respuestas, tiene miedo a la libertad. Amparado en un colectivo imaginario, ahorma a su absurda ficción a toda la sociedad y olvida al individuo.¡Qué pena!

José Domingo es vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia.


SI AL FOMENTO DEL CATALAN, NO A SU IMPOSICION OBLIGATORIA
EDITORIAL El Mundo  9 Enero 2006

El Gobierno llegó el jueves 29 de diciembre a un pacto con todos los partidos catalanes excepto el PP para mantener en su integridad las disposiciones del proyecto de Estatuto relativas a la política lingüística. Se trata sin duda de una de las mayores concesiones que los socialistas podían hacer a los nacionalistas, quienes, como asegura el vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia, José Domingo, en su esclarecedor artículo sobre la cuestión que hoy publicamos, «forjan su proyecto independentista con una cadena de tres eslabones: Lengua, Nación y Estado».
Desde los años de la Transición, las autoridades catalanas han ido pasando gradualmente de un legítimo y encomiable fomento de la lengua a una política de imposición que alcanza ahora su máximo exponente con el Estatuto. En dicho proyecto, por ejemplo, se establece por primera vez en una ley la «obligación de conocer el catalán» y se impone que ésta sea la «lengua vehicular» de todos los niveles de la enseñanza, universitaria y no universitaria.

Al aceptar tales disposiciones, Zapatero está entrando en contradicción directa con la jurisprudencia del Constitucional, que tanto para el catalán como para el euskara y el gallego se ha pronunciado repetidamente en contra de equiparar las lenguas cooficiales con el castellano en cuanto a la obligación de su conocimiento.Es más, fue el propio Partido Socialista el que en 1983 presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Normalización del Gallego que contenía un artículo similar al del Estatuto que ahora apoya.

Quizá haya quienes dentro del PSOE piensen que su cesión sólo va a reflejar en la ley lo que ya está ocurriendo de facto en Cataluña. Y algo de razón no les falta, en el sentido de que la imposición del catalán y la consiguiente discriminación del castellano es un empeño de los Gobiernos catalanes desde hace años, como demuestra la serie de investigación y análisis cuya publicación comienza hoy nuestro periódico.

Sin embargo, pretender otorgar carta de derecho a una realidad inconstitucional por el mero hecho de que ya está ocurriendo es de una gravedad insoslayable. De mantener su pacto, el Gobierno español estará dando patente de corso al Ejecutivo catalán para sancionar a los comercios que no rotulen en catalán, hacer que el castellano desaparezca definitivamente de la enseñanza -contra las reiteradas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña- y permitir, por ejemplo, que se produzcan despidos laborales alegando como razón objetiva que el trabajador no conoce la lengua autonómica. Los nacionalistas conocen tan bien la importancia de este triunfo que sólo por ello están dispuestos a ceder momentáneamente en el resto de sus reclamaciones.

No se ha dejado puntada sin hilo, y la prueba es que ni siquiera la imposibilidad de aplicar la ley con carácter retroactivo se respeta. Así, a la «obligación de todos los magistrados, jueces y fiscales de acreditar su conocimiento del catalán para obtener una plaza en Cataluña» se añade la de hacerlo «para obtener una plaza en los concursos de traslado», lo que en la práctica afectará absolutamente a todos.

Todo esto es lo que está respaldando Zapatero con su aprobación del Estatuto: un nacionalismo lingüístico que, como hoy explica el filósofo Eugenio Trías, miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO, quiere negar y destruir paulatinamente, a través de su insaciable espíritu intervencionista, lo que es hoy la realidad social de Cataluña: el bilingüismo.

En un estado libre, lengua y mente deben ser libres
(Cayo Suetonio)
LA IMPOSICION DEL CATALAN / El Gobierno ha pactado ya con los nacionalistas el apartado de derechos, que incluye el deber de conocer el catalán / Ningún estatuto actual establece dicha obligación
El Gobierno pacta que en el Estatuto figure el 'deber de conocer el catalán'
El acuerdo se cerró el 29 de diciembre, en la reunión multilateral celebrada en Barcelona - El texto contradice la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que no puede exigirse el mismo nivel de conocimiento de las lenguas cooficiales que del castellano
FERNANDO GAREA El Mundo 9 Enero 2006

MADRID.- El Gobierno ha cerrado ya con los partidos catalanes acuerdos sobre una parte sustancial del proyecto de Estatuto, que incluyen el artículo que obliga a conocer la lengua catalana, en plano de igualdad con el castellano.
Esta exigencia contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que, en al menos tres sentencias, ha considerado que las lenguas cooficiales de las autonomías no pueden tener la misma protección que el castellano, lengua oficial en todo el Estado.

Ese artículo forma parte del capítulo de derechos y deberes que se pactó entre el Gobierno y los cuatro partidos que aprobaron el proyecto en el Parlamento catalán, el 29 de diciembre, en la reunión multilateral celebrada en Barcelona.

El pacto fue posible porque el Gobierno apenas ha manifestado objeciones a este capítulo, tal y como mostraban el documento de trabajo del Ejecutivo conocido hace tres semanas y las enmiendas del PSOE que sólo proponían retoques mínimos. También se pactó el capítulo de organización institucional y se avanzó en el de Justicia, según el texto de los proyectos de ley enviados por el Gobierno a las Cortes durante el mes de diciembre.

Desde el 29 de diciembre se han producido multitud de contactos bilaterales que han avanzado mínimamente sobre los puntos más conflictivos: competencias, financiación y definición de Cataluña.

El de competencias es el más avanzado porque los partidos nacionalistas ya han aceptado eliminar el blindaje suprimiendo la palabra «excluyentes» y queda algún fleco en el análisis pormenorizado de cada una de ellas. Por ejemplo, para la competencia sobre aeropuertos que los partidos catalanes desean tener en su totalidad y el Gobierno sólo acepta compartir la gestión.

El capítulo de financiación seguirá siendo discutido desde hoy, sobre la base de los espacios fiscales del Estado, las comunidades y los ayuntamientos, con posibilidad de ceder capacidad normativa para el IVA minorista ya cedido y posibilidad de participar en la inspección del 50% del IRPF que se cederá. La discusión de la definición de Cataluña quedara para el final, con la posibilidad aceptada por el Gobierno de que la palabra nación vaya sólo en el preámbulo.

El Gobierno, encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, asegura que trabaja todavía con la hipótesis de poder anunciar un acuerdo en las próximas semanas, para abrir en febrero la ponencia en el Congreso con un pacto con los cuatro partidos nacionalistas de Cataluña. En paralelo llevará a final de mes la propuesta de financiación generalizable a todas las comunidades al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Al menos tres sentencias del Tribunal Constitucional han considerado no acorde con la Carta Magna la obligación de conocer las lenguas cooficiales en cada una de las comunidades autónomas.

Según el acuerdo entre el Gobierno y los partidos catalanes, el artículo 6.2 del futuro Estatuto dirá que «el catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen el derecho de utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el deber de conocerlas».

Sin embargo, según la jurisprudencia del TC, no puede haber una protección idéntica, porque «sólo del castellano se establece un deber individualizado de conocimiento y, con él, la presunción de que todos los españoles lo conocen».

El informe de los expertos del PSOE aprobado por la Ejecutiva del partido admitía la posibilidad de aceptar el deber de conocer el catalán, siempre que no llevara acarreadas sanciones, lo que no ocurre en este momento en Cataluña.

En concreto, aquel informe aseguraba que «se trata de un deber que cede frente al ejercicio de ciertos derechos y cuyo incumplimiento no acarrea sanciones».

Las tres sentencias, de junio de 1986, se refieren a normas sobre el catalán, el gallego y el euskara. El Constitucional acumuló la revisión de las tres normas y emitió sentencias coincidentes sobre la imposibilidad de equiparar el castellano a las lenguas cooficiales en cuanto a la obligación de conocerlas.

Posteriormente, el TC, con magistrados distintos, ha dictado otras sentencias sobre las lenguas cooficiales que han suavizado esa jurisprudencia pero sin contradecirla y sin establecer el deber de conocimiento.

Así, en el mes de diciembre de 1994 se reconoció el uso del catalán como lengua vehicular en la enseñanza, pero utilizando como base la restrictiva doctrina anterior.

La sentencia más próxima al proyecto de Estatuto es la que anuló el artículo de la Ley de Normalización Lingüística de Galicia, que aseguraba que todos los gallegos tienen el deber de conocer y el derecho de usar el idioma gallego.

La resolución, de la que fue ponente Antonio Truyol Serra, aseguraba que, «según la doctrina del TC, resulta adecuado al ordenamiento constitucional un deber de conocimiento de la lengua autonómica, siempre que se proyecte en conjunto o por medio genérico con ocasión de la gestión de materias o sectores administrativos y no se atribuya individualmente a los ciudadanos».

También asegura en sus fundamentos jurídicos que la Constitución «establece un deber general de conocimiento del castellano como lengua oficial del Estado», pero «no ocurre lo mismo con las otras lenguas españolas cooficiales en los ámbitos de las respectivas comunidades, pues el artículo 3.1 no establece para ellas ese deber, sin que ello pueda resultar discriminatorio».

El artículo de la Constitución es el 3 y asegura que «el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también cooficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos». Ninguno de los estatutos afirma la obligación de conocer esas lenguas cooficiales, aunque sí hablan del derecho a conocerlas y usarlas y se incluyen referencias a la necesidad de impedir las discriminaciones.

La sentencia sobre el gallego admite la alegación del Parlamento autonómico, según la cual ese deber legal «carece de exigibilidad coercitiva», «está referido al mundo de los valores» y se interpreta como «imperativo ético».

Pero ni así fue admitido por el TC, porque «el deber se predica de todos los gallegos, con lo que no cabe en puridad no ver en él un deber individualizado y exigible de conocimiento». El fallo «declara la inconstitucionalidad del inciso 'el deber de conocerlo'».

La sentencia sobre el País Vasco se refiere a la Ley de Normalización del Uso del Euskara y, aunque no hay ningún precepto sobre la obligación de conocer esta lengua, el TC insiste en que «sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento» aunque admite el derecho a prescribir «el conocimiento de ambas lenguas para acceder a determinadas plazas de funcionario o que se considere como un mérito».

Explica que no es exigible el deber de conocimiento de las lenguas cooficiales, pero sí «es inherente a la cooficialidad el que el uso de una u otra lengua por cualquiera de los poderes públicos tenga la misma validez jurídica».

Significativamente, la sentencia declaraba inconstitucional el inciso que permitía que prevaleciera el euskara sobre el castellano.En concreto, se anuló la expresión «en caso de no haber acuerdo se utilizará la que disponga la persona que haya promovido el expediente o procedimiento, sin perjuicio del derecho de las partes a ser informadas en la lengua que lo deseen».

La sentencia sobre el catalán afectaba también a la Ley de Normalización, pero no contiene referencias tan claras porque no incluía tampoco el deber de conocer esta lengua. Es también llamativo que el fallo declarara inconstitucional el inciso que decía: «En caso de interpretación dudosa, el texto catalán será el auténtico».Es decir, el que imponía la prevalencia de la lengua cooficial sobre el catalán.

En las tres sentencias hay voto particular de Rubio Llorente, ex magistrado del TC y ahora presidente del Consejo de Estado, pero no discrepa de la anulación del deber de conocer las lenguas oficiales.




 

 

CONTRADICE LA JURISPRUDENCIA DEL CONSTITUCIONAL
El Gobierno acepta en el Estatuto la imposición del “deber de conocer el catalán”
El Gobierno cerró el pasado 29 de diciembre con los partidos catalanes, dentro de la negociación del proyecto de Estatuto, el artículo que obliga a conocer la lengua catalana al mismo nivel que el castellano. De esta manera, los ciudadanos de Cataluña tendrán el deber de conocer el catalán. Según informa este lunes el diario El Mundo, esto contradice la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), que considera que las lenguas cooficiales de las autonomías no pueden tener la misma protección que el castellano.
Libertad Digital 9 Enero 2006

El rotativo nacional informa que ese artículo forma parte del capítulo de derechos y deberes pactado el pasado 29 de diciembre en Barcelona en la reunión que mantuvieron los representantes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los cuatro partidos que aprobaron el proyecto de Estatuto en el Parlamento catalán.

Tal y como muestran el documento de trabajo del Ejecutivo conocido hace tres semanas y las enmiendas del PSOE, que sólo proponían retoques mínimos, el Gobierno apenas ha manifestado objeciones a este apartado. De esta forma, el artículo 6.2 del futuro Estatuto dirá que "el catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el castellano, que es la lengua oficial del Estado español. Todas las personas tienen el derecho de utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de Cataluña el deber de conocerlas".

Jurisprudencia
Pero es aquí cuando cabe destacar que, en al menos tres sentencias del Tribunal Constitucional se explica que no se puede dar una protección idéntica a ambas lenguas, porque "sólo del castellano se establece un deber individualizado de conocimiento y, con él, la presunción de que todos los españoles lo conocen". Del mismo modo, en diciembre de 1994 se reconoció el uso del catalán como lengua vehicular en materia de enseñanza, pero utilizando como base la restrictiva doctrina anterior.

Según el diario El Mundo, se da igualmente la circunstancia de que el informe de los expertos del PSOE admite la posibilidad de aceptar “el deber de conocer el catalán”, siempre que no acarreara sanciones, algo que no está sucediendo en este momento en Cataluña.

El malestar contemporáneo
Por JUAN PABLO FUSI Catedrático de Historia Contemporánea y director de la Fundación Ortega y Gasset
ABC 9 Enero 2006

... Progreso y bienestar materiales, pluralismo de valores y la visión de la vida como placer coexisten en nuestra sociedad con sentimientos indudables de infelicidad colectiva, y probablemente con un gran vacío moral...

LA historia carece de lógica predeterminada. Es un proceso abierto, discontinuo, imprevisible, en buena medida incoherente. La revolución de 1989, con la caída de los regímenes comunistas de la Europa del Este y la posterior desaparición de la Unión Soviética, pareció consagrar el triunfo de la democracia. Se pensó -si se recuerda- que democracia y pluralismo, que eran ya el fundamento de Occidente, triunfarían en el mundo, y que el fin de la Guerra Fría crearía un nuevo orden mundial basado en la autoridad de la ONU como garantía de la seguridad y la paz.

En todo caso, la evolución hacia la democracia tras 1989 fue en muchos sentidos evidente: procesos de transición en la Europa del Este, reunificación de Alemania, caída de las dictaduras de Paraguay, Etiopía, Haití, Nigeria y Zaire (Congo), procesos electorales y fin de la lucha guerrillera en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, fin negociado del apartheid en Sudáfrica, acuerdo de paz, ya en 1997, en Irlanda del Norte, posibilidad de paz en Oriente Medio tras las conferencias de Madrid y Oslo... El fin de la Guerra Fría permitió a la ONU, ya en los años 90, revitalizar sus intervenciones en misiones de paz y de ayuda frente a la pobreza y el hambre: el intervencionismo humanitario -según la expresión entonces acuñada-aparecía así como la nueva y enaltecedora misión que correspondía a los poderes internacionales y a las organizaciones no gubernamentales, un poder social nuevo -de gestión y funciones vagamente definidas- surgido, o potenciado, precisamente a raíz del cambio.

1989 fue, sin embargo, un formidable espejismo democrático. El nacionalismo reapareció de inmediato, o continuó, como factor de violencia y guerra: en Yugoslavia (cinco guerras en los 90: 300.000 muertos), en Georgia, en Armenia y Azerbaiyán, Cachemira, Kurdistán, País Vasco (800 muertos entre 1975 y 2000), Sri Lanka (nacionalismo tamil: 64.000 muertos entre 1983 y 2000) y Oriente Medio, donde en septiembre de 2000 los palestinos desencadenaron una nueva insurrección a la que Israel, bajo el mando de Sharón, respondió con extremada dureza. El fundamentalismo islámico, el movimiento por la reafirmación de los principios religiosos y sociales del islam asumido por distintos grupos radicales del mundo islámico -alimentado por el régimen iraní y por el ultranacionalismo árabe desatado por el conflicto de Oriente Medio- amenazó la estabilidad de los propios países islámicos y la seguridad de los países occidentales y, en primer lugar, de los Estados Unidos en tanto que arquetipo del mundo occidental. Los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York, ya en septiembre de 2001 (3.000 muertos), y los posteriores de Túnez, Bali, Marruecos y Madrid en 2004 (191 muertos), sobrecogieron al mundo, y cambiaron la historia.

El hecho era, pues, incontrovertible: el mundo seguía siendo un mundo inestable y peligroso. Subdesarrollo y miseria, genocidios, hambre, epidemias, choques inter-étnicos, migraciones masivas y guerrilla, seguían definiendo, tras 1989, la realidad de por lo menos una tercera parte de la población mundial, especialmente en África. El terrorismo, injusticias, represión, la corrupción política, el crimen organizado y aún, de Estado, imperaban trágicamente en buena parte del planeta. Estados malogrados (como los nacidos de la Unión Soviética, si no la propia Rusia), dictaduras militares y civiles, regímenes de poder personal y partido único, sistemas autoritarios o totalitarios (China comunista, la Cuba de Castro, Corea del Norte, Irán...), populismos delirantes (Chávez en Venezuela), aún perduraban, o se instalaban, en muchos puntos, a veces con amplio apoyo social.

Como probaban la ocupación de Kuwait por Irak en 1990 y la guerra del Golfo que, como respuesta a Irak, se desencadenó poco después; o las intervenciones militares de la OTAN en la ex Yugoslavia para detener las agresiones de Serbia (1995, 1997), y de Rusia en Chechenia en 1994-95 y 1999; y las guerras de Afganistán en 2001 e Irak en 2003 -ambas desatadas por los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre-, la violencia y la guerra continuaban condicionando, si no decidiendo, el orden internacional, a veces con la aprobación de la ONU, como en las guerras del Golfo y Afganistán, a veces sin ella como en Irak en 2003. El estado moral del mundo era perplejizante: las guerras provocaron una apasionada, y admirable, movilización pacifista (y un intenso antiamericanismo, sobre todo tras la guerra de Irak); pero el pacifismo abstracto era probablemente impotente ante la complejidad y gravedad de los conflictos, y muchas veces ocultaba una escasa, si no nula, determinación moral para asumir responsabilidades decisivas.

El malestar contemporáneo era, pues, patente. El mundo occidental, un mundo postindustrial con altos niveles de desarrollo, renta, educación y bienestar, carecía desde hacía tiempo de explicaciones religiosas o científicas o políticas verdaderas o coherentes, que le dieran razón de su condición y de su posible destino. Prensa, radio, televisión y las nuevas tecnologías de la información habían ido cambiando la significación de la cultura y el papel e influencia de ideas, valores y principios morales, como revelaba el triunfo, ya en los años 90, de modas y prestigios superfluos y ocasionales, y el interés y preocupación por acontecimientos y personalidades -del cine y la televisión, del deporte y la música ligera, de las industrias de la moda- excitantes pero efímeras, y exponentes muchas veces de ideas y gustos insoportablemente banales y vulgares.

Nuestra sociedad -la sociedad abierta y plural- es una sociedad sin verdades absolutas, marcada por la fragmentación del conocimiento, la crisis de las grandes explicaciones e interpretaciones de la vida y del mundo, y la desjerarquización de valores y principios. En Pequeño tratado de grandes virtudes (1995), Comte-Sponville argumentaba que virtudes como el valor, la humildad, la prudencia, la cortesía, la generosidad, la compasión, la justicia, la templanza, la gratitud o la buena fe, estaban desapareciendo, si no habían desaparecido ya; los valores de occidente parecían reducidos a dinero, celebridad, placer (alcohol, drogas) y sexo.

Progreso y bienestar materiales, pluralismo de valores y la visión de la vida como placer coexisten en nuestra sociedad con sentimientos indudables de infelicidad colectiva, y probablemente con un gran vacío moral. La literatura del mejor escritor de nuestros días, el sudafricano J.M. Coetzee (Esperando a los bárbaros, La vida y el tiempo de Michael K., Desgracia, Elisabeth Costello...), es una literatura del sufrimiento, de la opresión y del remordimiento, un análisis perfecto, en su laconismo y contención formales, de la obscenidad que supone la existencia entre nosotros de formas de violencia, opresión, injusticia y crueldad: una representación, en suma, del mundo contemporáneo.

Lo que pasa cuando un militar dice lo que hablan en sus casas millones de españoles
Jesús Cacho El Confidencial 9 Enero 2006

La Pascua militar ha dejado un sabor amargo en la tropa, la tropa en general, la que está en los cuarteles y la que deambula por lo civil en las calles y plazas de España. Las palabras del teniente general jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército, José Mena, en su discurso del pasado día 6 de enero, han contribuido a revolver aún más las fangosas aguas que bajan por la riera del Estatuto catalán.

Nadie, que se sepa, había pedido opinión a este jefe militar, porque la función de los mandos de las Fuerzas Armadas no es pronunciarse sobre proyectos sometidos a debate político en el Parlamento, pero sus afirmaciones en ocasión tan señalada no han servido sino para desenterrar viejos fantasmas, tan presentes en la Historia española más digna de ser olvidada para siempre.

Conviene, sin embargo, si no queremos participar en el baile de máscaras al que tan aficionada es una parte de la izquierda española, reconocer que el militar no ha dicho nada que no se haya hablado, de una u otra forma, en comidas, charlas y reuniones familiares durante estas fiestas de Navidad en millones de casas españolas.

¿Y de qué hablan los españoles en sus casas? Pues del aparente sin sentido en que ha entrado la política española de la mano de un presidente del Gobierno que, por culpa de su debilidad parlamentaria y su disposición a mantenerse en el poder como sea, sigue dispuesto a pactar con grupos que abiertamente manifiestan su disposición a romper España, y por lo tanto a poner en peligro el más largo y fructífero periodo de paz y libertad que hemos conocido los españoles en nuestra Historia.

Coincido en este punto con Gabriel Elorriaga a la hora de responsabilizar al Presidente del Gobierno de la división que se está produciendo en la sociedad española y del clima de inquietud en el que vive, desconocido hace apenas un par de años. No se puede gobernar en asuntos de importancia tan capital como el que nos ocupa para media España y en contra la otra media, sobre todo cuando esa otra media le ha ofrecido de forma reiterada un pacto capaz de permitirle escapar la dogal que le han tendido los nacionalismos.

Por si la equivocación del militar Mena no hubiera sido suficiente, no ha faltado la presencia en escena el responsable de la cosa. El ministro Bono ha tenido en el desafuero del teniente general Mena la oportunidad de ejercer mando en plaza y, sobre, de sobreactuar como una prima donna, dentro de la tradición que le distingue: Arresto domiciliario y retirada de la carrera a un profesional al que faltaban tres meses para jubilarse.

Pero, o muy corto es este militar, cosa que no creo en absoluto, o debería saber de antemano que sus palabras no podían acabar de forma distinta a como han acabado. Con su pase a la reserva, y con una sanción. Porque, en democracia, el militar está para obedecer al poder civil.

De paso le ha dado a la máquina propagandística de la izquierda una oportunidad de oro para ponerse en marcha con algunos de sus tópicos más queridos, ya saben, ruido de sables, la derechona, el 36 y todo lo demás. En fin, flaco favor le ha hecho este militar a la causa de mandar a su casa, cuando antes, al señor Zapatero, mediante el magnífico, eficaz y democrático mecanismo de depositar un voto en una urna.     jcacho@elconfidencial.com

¡Alarma, alarma!
José García Domínguez Libertad Digital 9 Enero 2006

Dice Bono que recitar la Carta Magna en voz alta crea alarma social. Y algo de eso debe haber. Sin ir más lejos, mi quiosquero, que es de la Esquerra, anda alarmadísimo. “Oiga, es intolerable. Esos espadones de Madrit, en lugar de organizar bullangas para arrancar las páginas de la Constitución una a una, van y la leen”. ¡Alarma, alarma!, grita Maragall, que también intuye graves amenazas para la normalidad democrática si se desempolvasen los códices del Índice Prohibido sin ánimo de befa y escarnio. ¡Alarma!, replica el eco, Piqué. Y tampoco son baladís sus temores: resulta que a otro bombero de “Farenheit 451” acaban de descubrirlo nada menos que husmeando en la letra impresa de la Ley de Leyes.

Porque caso bien distinto hubiese sido que el general Mena diera en glosar respetuosamente a los nietos putativos del coronel Macià. Que hubiera salvado el expediente de la Pascua con un: “Señores, el drama está servido y vamos a una guerra civil entre comillas en la que el Ejército mantendrá una posición de exquisita neutralidad e indiferencia, tal como aconseja el más elemental sentido del patriotismo social”. Pero, lejos de imitar la serena prudencia de esos trabucaires del Somatén barcelonés, Mena cayó en la intolerable provocación herética de enunciar el artículo ocho.

Y es que, aquí, estábamos todos tan tranquilos; felices con una Generalidad que incumple cotidianamente la Ley de Banderas; con el Valle de Arán declarándose nación soberana; con ese Pacto del Tinell que augura una “consulta” a la población catalana si el Parlamento cometiera la osadía de desobedecer a los ponentes del Estatuto; con la ETA ajetreada organizando su guateque en el polideportivo; y con un tipo que se tutea con Josu Ternera dictando la política general del Gobierno. Cómo se le podría ocurrir a nadie turbar tal sosiego entonando la letra muerta de la Constitución.

Esos vicios literarios del general Mena son intolerables y alarman a la población. De ahí que no resulte correctivo suficiente para castigar tamaño desvío el arresto domiciliario. No, procede exigir una orden de alejamiento a Bono. Pero no sólo aplicable a Mena sino, con carácter preventivo, a las Fuerzas Armadas en pleno, empezando por su jefe supremo. Urge ese gesto de firmeza por parte del Gobierno. Hay que evitar, por el bien común, que ni un solo uniformado pueda acercarse a menos de tres kilómetros de cualquier ejemplar de la Constitución española. Porque mientras no se ponga en marcha tan perentoria profilaxis, seguiremos expuestos a que Mena se tome en serio ese vademécum peregrino, ese ajado romance de ciego que pregona sandeces tales como que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los Poderes del Estado”. ¡La situación es alarmante!

Uno de los nuestros
Por EDUARDO SAN MARTÍN ABC 9 Enero 2006

COINCIDIMOS en el diagnóstico. Le habíamos oído con atención durante una buena media hora, atentos a cualquier indicio que justificara su buena estrella política. «¿Has escuchado? Es como un odre vacío. Suena alto y pomposo, pero está lleno de aire». Ha pasado algún tiempo, pero estoy convencido, porque conozco y aprecio la honradez intelectual de mi compañero de audición, de que su juicio no ha debido de alterarse sustancialmente; si acaso, se habrá visto confirmado por nuevos hechos y otras palabras. Ahora bien, su discreción, así como su trabajo profesional en la esfera del alto funcionariado, le inhibirá de expresar en público esa opinión. También, y eso es lo que me interesa subrayar en esta hora, sus confesadas simpatías por la opción política que representa nuestro personaje y su inequívoca aversión por las opuestas.

Durante los últimos meses he sido depositario de confidencias análogas sobre el mismo prócer político, y también sobre otros de igual o contrario signo, por parte de quienes hacen oficio de la expresión de juicios sobre hechos y personas de nuestras escena pública, una clase de la que no sería honesto excluirme. En rarísimos casos, sin embargo, he visto reflejadas esas opiniones íntimas en sus escritos o en sus intervenciones habladas. ¿Exceso de pudor? ¿Un rasgo encomiable de piedad para con quien nos produce tan pobre impresión? Tal vez, en algunos casos. Pero me temo que, en la mayoría, tras ese silencio se esconde la intención de no disminuir el crédito de quien, a pesar de todo, comparte la misma posición política, o, más prosaicamente, defiende idénticos intereses. Y también el recelo a no acrecentar el del oponente.

«Uno de los nuestros». Por una vez, la traducción española del título original de una película extranjera (en este caso, del excepcional filme de Martín Scorsese «Goodfellas») sí hacía honor a la propuesta argumental de la cinta. Por encima de la astucia cínica de Jimmy Conway (De Niro) o de la psicopatía primitiva y cruel de Tonny de Vito (Joe Pesci), o de cualquier otro criterio de autoridad, en el clan al que se incorpora el aprendiz de gánster Henry Hill (Ray Liotta) se anteponía el vínculo de pertenencia. Las tensiones entre actitudes no sólo divergentes sino contradictorias no traspasaban el discreto ámbito del grupo, y la repuesta hacia el exterior era siempre solidaria y colectiva, no importaba cuál fuera el grado de desaprobación que el exceso cometido por «uno de los nuestros» provocara en el resto de la manada. De no ser así, el clan juzgaba que se concedía al oponente una ventaja acaso letal.

No dar una baza al enemigo. Hace pocas semanas, un siempre comedido dirigente nacionalista catalán confesaba, esta vez en público, que probablemente la razón más poderosa por la que socialistas y nacionalistas estaban condenados a llegar a un acuerdo sobre el estatuto catalán era que, al punto al que ambos habían llegado en su compromiso con el texto, un fracaso proporcionaría al Partido Popular un triunfo político de tal calibre que condicionaría el resto de la legislatura y, muy probablemente, el resultado de las próximas elecciones. Y realizaba semejante confesión después de admitir que las posiciones de partida de ambas fuerzas eran casi incompatibles. Debían de serlo realmente porque, a día de hoy, poco se ha avanzado en lo que Artur Mas define como «el grano» del estatuto. No importa, habrá acuerdo. Pero el consenso será fruto no de una convergencia, que algunos ingenuamente seguimos creyendo imposible, entre el nacionalismo y una fuerza que se sigue reclamando de la izquierda, sino el resultado táctico de la repulsión compartida por el enemigo común.

Arropar siempre a «los nuestros» y no dar bazas al contrario, aun al precio de violentar los propios criterios; he ahí la urdimbre sobre la que se tejen muchas decisiones y juicios políticos en España. Dos restricciones mentales que empobrecen hasta la indigencia el discurso público en nuestro país y lo hacen predecible, reiterativo y condenadamente aburrido.

Del arresto a la blogsfera
Por JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 9 Enero 2006

El caso del general Mena Aguado da de España una imagen conflictiva e imprevisible en Europa y América, para convertirse en tema de inflamable debate en la blogosfera internacional.

De Dublín a Buenos Aires, de Nueva York a Berlín, la prensa de referencia utiliza siempre los mismos adjetivos, «inquietud», «sorpresa», «advertencia», «riesgos», «conmoción», etc., ligados una y otra vez a una reforma del Estado que nadie parece comprender dónde comienza y cuándo pudiera terminar.

El New York Times, por ejemplo, hace un análisis muy equilibrado, para terminar preguntándose cuál será el alcance último de la crisis, recordando la «importancia del potente movimiento independentista catalán, desde hace cien años». Ante tal «riesgo», el NYT subraya la no menos potente opinión de los militares españoles, «interviniendo históricamente en continuas disputas políticas». En el otro extremo del continente americano, en Buenos Aires, Clarín se pregunta por el alcance de «la honda conmoción y sorpresa en los medios de defensa».

En la vieja Europa, en Berlín, Der Spiegel también se deja llevar por viejos fantasmas, para hablar de militares inquietos cuando las palabras nación y Cataluña están ligadas en detrimento de España. En París, el Nouvel Observateur vuelve a la carga con «el recuerdo de las sublevaciones militares que han salpicado la historia de España». En Roma, el tema irrumpe de manera inflamable en la blogosfera profesional, y Euroteca se pregunta si «la cuestión catalana no corre el riesgo de provocar una seria involución».

Esos nubarrones de polución ideológica corren el riesgo de perturbar la imagen de la muy otra España cívica, económica, cultural, empresarial, social, considerada con inmenso respeto. Forbes, por ejemplo, especializada en información económica, tradicionalmente sensible al dinamismo español, recuerda, de pasada, que «el País Vasco también desea revisar su estatuto propio».

En esa escena de grandes productores de riqueza y cultura, European Business ha incluido a Amancio Ortega (Zara) entre los cincuenta hombres y mujeres más ricos y dinámicos de Europa. Sin embargo, siendo lo que son las cosas de la polución audiovisual e informativa, es de temer que el granizo de la gestión política del caso Mena Aguado manche con sus chafarrinones la imagen internacional de las otras Españas.

La proclama de mena
Por JORGE TRIAS SAGNIER ABC 9 Enero 2006

BUENO, ¿pero qué ha dicho este general para que el ministro de Defensa le arreste y le destituya de forma fulminante? Mena no ha hecho otra cosa que repetir el artículo 8 de la Constitución: las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Quizás este general constitucionalista debió decir algo más, como recordaron tantos profesores de Derecho cuando se discutía en el Parlamento vasco el plan Ibarretxe: al amparo del artículo 155.1 de la Constitución, si una Comunidad no cumple con las obligaciones que la Constitución le impone, o actuare de forma que atente al interés general de España, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligarle al cumplimiento forzoso de sus deberes. Es cierto que, como cuando el plan de marras, después de la aprobación del anticonstitucional Estatuto de Cataluña por el Parlamento catalán, el Gobierno no debió permitir su tramitación en la sede de la soberanía popular. Ahora bien, si el Gobierno, contra toda lógica, hace que prospere y, al final, es aprobado ese Estatuto, ¿qué ocurre entonces?

Eso es lo que ha querido recordar el general Mena, algo que bien podría haberlo dicho el Rey y, de hecho, lo repite de otro modo y constantemente en sus reiteradas llamadas a la unidad de la Nación. ¿Se ha extralimitado el militar? ¿Ha dicho algo ajeno no ya al espíritu sino a la letra de la Constitución? El Ejército, es cierto, no debe opinar sobre política, pero ¿es opinar sobre política repetir lo que dicen las leyes? ¿No queríamos militares constitucionalistas? ¿O, ahora, además los queremos mudos y desarmados?

Esta noche, en el hotel Palace de Barcelona, el Ritz de toda la vida, Vidal Quadras volverá a hablar del Estatuto e intentará movilizar a los militantes populares de Cataluña -justo lo que no hace Piqué- en defensa de la Constitución, como también lo están haciendo los socialistas integrados en «Ciutadans de Catalunya», ya que tampoco está por la labor el PSC-PSOE. Mientras tanto, los independentistas rasgan, sin que nadie se escandalice por ello y protegidos por los «mossos», las páginas de la Constitución en plena calle. Gabriel Elorriaga acertó el otro día al afirmar que el único responsable de la insólita situación que estamos viviendo es el Gobierno de Zapatero.

Quizá sea ya el momento en que el Rey, apoyado por González y Aznar, Guerra y Rajoy, tenga el ineludible deber de poner un poco de orden en la nación. El Rey en su papel arbitral, y los líderes en sus respectivos partidos. No podemos seguir siendo rehenes de unas minorías irresponsables: tanto en la nación como en los partidos. En esta nueva etapa constituyente, en la que nos guste o no ya estamos instalados, tendrían el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles.

¿Ordenará el Gobierno del 14-M el arresto de Otegi?
EDITORIAL Libertad Digital  9 Enero 2006

Que los riesgos para la continuidad democrática y constitucional de España no se encuentran en las declaraciones de un militar como el teniente general Mena Aguado, sino en el nihilismo moral y político de José Luis Rodríguez Zapatero y en la declarada y confesa aversión que, hacia nuestra Carta Magna, sienten sus separatistas socios de gobierno, debía ser, a estas alturas, una evidencia para todos si la mentira, el fariseísmo político o la simple estupidez no dominaran a la mayoría de nuestras élites políticas y mediáticas.

Que un general –por muy acertadas que, en el fondo, sean sus observaciones– no deba opinar públicamente sobre un proyecto de Ley –por muy anticonstitucional que dicho proyecto sea–, es una cosa. Que de ello se infiera que el teniente general, a pesar de su lealtad constitucional de fondo, haya infringido el reglamento y el "deber de neutralidad" en relación "con las diversas opciones políticas", es otra muy distinta. Si, para colmo, todo ello se sanciona, no con una ajustada reprimenda escrita o verbal, sino con el cese fulminante del cargo del militar y su arresto domiciliario, asistimos a una, más que rigurosa, farisaica y completamente desproporcionada reacción de un Gobierno que, con ella, presume de una observancia de la ley, de la que, en realidad, carece.

"Desproporcionada" porque, incluso para la tradicional severidad castrense, es aplicable el aforismo romano summun ius, summa injuria ("el derecho más estricto constituye la mayor injusticia"). Y farisaica, porque este Gobierno, tan aparentemente implacable en las formas, no hace otra cosa –cuando se trata de sus socios separatistas– que hacer la vista gorda –cuando no secundar– unas reivindicaciones que, esas sí en las formas y en el fondo, ponen en jaque la continuidad de la Constitución y la unidad de España, ya sea arrancando paginas de nuestra Carta Magna, ya sea elaborando estatutos que la pulverizan. Esto es lo que crea alarma social entre los ciudadanos y no saber que un teniente general opina del Estatut lo mismo que opina la mayoría de la gente.

Podríamos retrotraernos al respaldo que, siendo todavía líder de la oposición, Zapatero brindó a Maragall y a su amenaza de "drama" y referéndum ilegal en Cataluña si las Cortes surgidas del 14-M no daban el visto bueno a su Estatuto soberanista; podríamos recordar también la promesa de lealtad a la Constitución de ZP al asumir el cargo para, acto seguido, poner en duda la nación que preside y gobernar con los socios de ETA en Perpiñán. Pero baste fijarnos en la "última" del Gobierno del 14-M, que no es otra que la de poner en duda la aplicación de la ley de partidos de cara al Congreso que los batasunos pretenden celebrar el próximo día 21. No contento con haber hecho la vista gorda con los proetarras del PCTV, el Gobierno de ZP está dispuesto a que sea la propia Batasuna-ETA la que se salte descarada e impunemente la ley.

La presidenta del PP del País Vasco, por su parte, ha reclamado, tanto al consejero de Interior, Javier Balza, como al delegado del Gobierno, Paulino Luesma, que "hagan su trabajo" e impidan a los proetarras la celebración del evento.

Desde luego, si el Gobierno insta a que se aplique la ley de partidos a un mal nacido tan acreditado como Arnaldo Otegi, con la mitad del rigor que le ha aplicado el reglamento militar a un general tan intachable como Mena Aguado, el batasuno debería temer algo más que un inminente arresto domiciliario.

Un general en el fango
Por JUAN MANUEL DE PRADA ABC 9 Enero 2006

EN uno de sus habituales rasgos de histrionismo, el ministro Bono ha decretado el arresto domiciliario del general Mena. Para justificar la imposición de una pena a todas luces desmedida y oprobiosa para un militar de limpia ejecutoria, el ministro Bono se ha amparado en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, que tipifica como falta leve «expresar públicamente opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad en relación con las diversas opciones políticas». Buscamos con lupa en el discurso pronunciado por el general Mena cuáles han sido esas opiniones que infrinjan el deber de neutralidad o delaten su decantación hacia una determinada opción política y no somos capaces de hallarlas.

En primer lugar, el general expresó, haciendo suyo el sentir de sus subordinados, su «preocupación ante las graves consecuencias que podría conllevar la aplicación del Estatuto de Cataluña en los términos en que está planteado, tanto para las Fuerzas Armadas como institución como para las personas que las integran». Nótese, en primer lugar, que el general formula su preocupación en un modo verbal condicional. Nótese, además, que el general se refiere a la redacción del proyecto de Estatuto previa a su tramitación parlamentaria, sin entrar a valorar las posibles enmiendas que sean introducidas en el texto, a propuesta de tal o cual formación política. Nótese, en fin, que el general no propone un enjuiciamiento global del Estatuto de marras, sino que se atiene a aquellos aspectos que afectan a las Fuerzas Armadas, omitiendo pudorosamente las inquietudes que el citado proyecto legislativo le pueda suscitar como ciudadano. A continuación, el general Mena se detuvo en tres especificaciones contenidas en el Estatuto que, a su juicio, perturbarían el funcionamiento o las atribuciones del Ejército; en ninguna de estas tres especificaciones detectamos tampoco ninguna infracción del deber de neutralidad que obliga a cualquier militar ni, mucho menos, atisbo de bandería política.

Aludió, en primer lugar a la remodelación del concepto de nación que introduce el proyecto de Estatuto, concepto que «la Constitución Española expresa clara y rotundamente». También se refirió a las graves alteraciones que se producirían en el sistema de asignación de destinos militares si el Estatuto obligara a hablar catalán a los residentes en Cataluña, así como a los problemas que se derivarían «para las Fuerzas Armadas» si los tribunales evacuasen sentencias dispares sin la existencia de una instancia superior que unifique doctrina. Se trata, a todas luces, de cuestiones de intendencia, que afectan al gobierno y administración internos del Ejército; en modo alguno de consideraciones de índole política. Para completar su «falta», el general Mena leyó un artículo de la Constitución que asigna al Ejército la misión de «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional».

Ni por lo más remoto insinuó que esa defensa del ordenamiento constitucional deba hacerla el Ejército arrogándose competencias que corresponden al Congreso, al Gobierno o al mismo Rey. Su único comentario a dicho artículo, atinado e irreprochable, fue recordar que los militares han «jurado o prometido guardar y hacer guardar la Constitución»; y que, «para los militares, cualquier juramento o promesa constituye una cuestión de honor». Al general Mena, un patriota austero que se ha limitado a proclamar preceptos básicos del orden constitucional, el ministro Bono, un patriota de peineta y faralaes, acaba de arrojarlo al fango, castigándolo al descrédito y al oprobio, como si fuera un militarote nostálgico de las asonadas, con el aplauso o la anuencia de todas las fuerzas políticas y el silencio cobarde de sus conmilitones. Empieza a dar vergüenza llamarse español.

Alarma social
El nuevo populismo español
Isabel Durán Libertad Digital 9 Enero 2006

El arresto del general jefe de la Fuerza Terrestre ha producido un natural júbilo entre los socios independentistas de izquierdas del Gobierno, y se ejecuta con el argumento de que sus afirmaciones recordando el papel constitucional del Ejército en defensa de la unidad e integridad de España generan “alarma social”. ¿Qué le producen al Ejecutivo las huestes de Arnaldo Otegui campando a sus anchas mientras preparan un nuevo golpe a la legalidad, con su anuencia y la de Vitoria? Imperan el cinismo y un doble rasero preocupantes al servicio exclusivo del mantenimiento en el poder de José Luis Rodríguez Zapatero y la tajada de quienes le sustentan.

¿No genera alarma social la puesta en marcha de un tribunal de honor en Cataluña, que tiene en tiempo de descuento el cerrojazo sobre la COPE para amordazar la libertad de expresión? ¿Tampoco la detención ilegal de dos militantes del PP por tener “actitud vociferante” en una manifestación en memoria de las víctimas del terrorismo, con manipulación de pruebas por parte de la Policía incluida? ¿Y el Estatuto pactado en secreto y a espaldas de quien representa a 10 millones de españoles? ¿Y qué el ministro Montilla favorezca a La Caixa, tras condonarle un millonario crédito a su partido deja impasible a la ciudadanía? ¿no alarma que la presidenta de la CNE trabaje para dos filiales de la empresa beneficiada? ¿Y la utilización torticera de la guerra de Irak ocultando y manipulando la actual participación española en el Golfo de la mano de Estados Unidos? Nada de nada.

Para Rodríguez Zapatero y sus socios, la alarma social la provoca un militar, el primer teniente general de la democracia confinado en su domicilio por orden del ministro de Defensa, a la espera de ser cesado, que ha cometido la osadía de mentar la letra de la Constitución. El Gobierno radical-socialista escarmienta en José Mena Aguado cualquier asomo de crítica en el estamento castrense y entrega en bandeja a sus socios la primera víctima del Estatuto, con una gran venta política. Estamos en plenitud del nuevo populismo español, una etapa marcada por el déficit democrático, el revanchismo, la subversión de la legalidad y el escarmiento-mordaza. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar…

Un listón muy bajo
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 9 Enero 2006

Pasaron las navidades y el Olentzero se olvidó de traer la tregua de ETA que anhelaba el Gobierno para fin de año. Ha sido la última frustración que se suma a un montón de fechas similares de los últimos doce meses que, a priori, se presentaban preñadas de buenos presagios y que pasaron con más pena que gloria. Basta mirar las hemerotecas de enero de 2005 para ver cómo las grandes esperanzas con que afrontaba el año el Ejecutivo socialista saltaban por los aires con aquel coche bomba de Getxo, colocado para matar, según contó el consejero de Interior, Javier Balza.

Pero cada fecha caducada en vano fue sustituida por una nueva, aun por venir, a la que se diferían las esperanzas anteriores. Ahora, la última fecha del horizonte es la del próximo día 21 en que se celebrará la asamblea final del proceso de debate 'Bide Eginez' que se ha desarrollado en Batasuna. Pero en esta ocasión el listón de las expectativas del Gobierno se ha puesto muy bajo: se conforman con que se ratifique la declaración de Anoeta y que continúen al frente del partido ilegalizado quienes ahora lo encabezan. Con eso ya considerarían que se ha avalado la apuesta por la paz de Batasuna.

No es pedir mucho si se tiene en cuenta que no ha habido un sólo proceso de debate en la izquierda abertzale que no haya sido ganado por goleada por el aparato de poder. Lo de menos en esos debates es el fondo de la discusión. Lo importante es que siempre sale lo que manda la cúpula, tanto si es blanco como negro. En el debate 'Urrats Berri', de 1991, los críticos que apoyaron a Iñaki Esnaola no pasaron del 15%. En el proceso 'Oldartzen', de 1995, los críticos sumaron el 16%, mientras que en el último, el debate 'Batasuna', de 1999/2000, se quedaron en el 11%.

No es pedir mucho pensar que por ratificar lo de Anoeta, Batasuna se está comprometiendo con la paz. Hace catorce meses que se formuló aquella declaración y desde entonces se han producido 68 atentados y se han frustrado unos cuantos más, algunos de ellos con intención de matar.

Pero, por si fuera poco, desde las instituciones se está contemplando con pasividad cómo un partido ilegalizado organiza en su nombre un acto público, como si no existiera la sentencia que pone a Batasuna fuera de la ley, ni la resolución del Tribunal Constitucional del pasado 20 de diciembre en la que se proclama la «muerte civil» de esta formación que carece de cualquier capacidad jurídica. Batasuna, incluso, expresa públicamente su desafío afirmando que el acto del día 21 pretende «hacer frente» a la ilegalización. Y los Gobiernos mirando hacia otro lado para no tener que aplicar la ley.

Mena
Los militares son ciudadanos
Pío Moa Libertad Digital 9 Enero 2006

Las palabras del general Mena en defensa de la Constitución, y por tanto de la democracia, han sido percibidas como una amenaza por diversas fuerzas políticas. Y no es de extrañar, pues se trata, precisamente, de esas fuerzas que atacan sin tregua la Constitución y la democracia en España, habiendo reducido ya ésta a muy poca cosa en las Vascongadas, y a poco más en Cataluña.

Las observaciones del general sobrarían totalmente en un contexto de normalidad. Pero no hay tal contexto. La Constitución, la ley básica que nos permite convivir en libertad a los españoles, está siendo sistemáticamente vulnerada e invalidada, mediante hechos consumados, por una alianza práctica entre los partidos separatistas y los terroristas. Lo nuevo e inaudito es que un gobierno español actúe como cómplice e impulsor de ese proceso. Un gobierno, no lo olvidemos, presidido por un personaje autoproclamado “rojo” (los rojos han asesinado a mucha más gente que los nazis en el siglo XX), aliado además con los tiranuelos populistas del Tercer Mundo. Por ello las alarmas están sonando en toda la sociedad, y, lógicamente, también en los cuarteles.

Sin embargo nos encontramos ante un serio problema político y legal. El ejército podría intervenir, pero sólo por orden del poder civil, orden que difícilmente recibirá de unos políticos partidarios, según todo parece indicar, de la balcanización de España, del “diálogo” con los terroristas y de la involución democrática. ¿Cómo podría resolverse el conflicto entre unos gobernantes antidemocráticos y un ejército dispuesto a cumplir la Constitución? Esa eventualidad resultaría catastrófica, tanto si los militares recibieran instrucciones de intervenir desde el poder civil como si no.

Afortunadamente, como ha indicado el general Mena, el conflicto está lejos todavía de una crisis tan extrema. Asistimos, desde luego, a un proceso de golpe de estado mal disimulado, pero es posible y preciso detenerlo por medios pacíficos. La pugna se libra en el terreno de la opinión pública, y en él los militares sólo pueden actuar como ciudadanos, no como institución, alertando e informando, denunciando sin tregua el ataque a las libertades y a la unidad de España. Porque debe prevalecer la opinión democrática y pacífica, expuesta, entre cosas, en esas grandes manifestaciones cívicas, tan alejadas de las violencias, saqueos y banderas anticonstitucionales y totalitarias propias del “Rojo de la Moncloa” y sus aliados.

No debe ocultársenos, de todas formas, la dificultad de la tarea cuando casi todos los medios de masas están en poder de esa alianza non sancta o la sirven. Un panorama tan oscuro sólo puede contrarrestarse si cada uno de cuantos sienten la democracia y la unidad de España sale de la pasividad, se moviliza y explica la situación al resto de la ciudadanía. Si así ocurre, el peligro será superado sin traumas. Hace algún tiempo, Rajoy habló de una campaña en ese sentido por parte de la militancia del PP, teóricamente muy numerosa. No he visto traducirse en la práctica la consigna. Quizá esa militancia lo sea sólo de boquilla, o haya sido refrenada por los burócratas del Partido. Pero hay otros cientos de miles de personas que no tienen que obedecer a ningún aparato partidista, y pueden actuar de acuerdo con sus convicciones. Esa es la vía, y no se insistirá en ello lo bastante.

Mena
Un general con arrestos
Aurelio Alonso Cortés Libertad Digital 9 Enero 2006

No es preciso aclarar que tener “arrestos” significa lo mismo que tener “redaños”. El teniente general Mena, jefe de la Fuerza Terrestre que ha enseñado en la escuela del valor, no pretendió sin embargo dar una lección de potencia seminal sino transmitir confianza a los españoles.

El pasado viernes en Sevilla recordó que "la Constitución marca una serie de límites infranqueables para cualquier estatuto de autonomía" y que "si esos límites fuesen sobrepasados... sería de aplicación el artículo 8º de la Constitución”. Usted mismo amigo lector sabrá ya de memoria el susodicho artículo, como tantos otros ciudadanos: “Las fuerzas armadas, constituidas por el Ejercito de Tierra, la Armada y el Ejercito del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad, y el ordenamiento constitucional". No en vano, en cuatro ocasiones recientes lo ha recitado el Rey de España y hace tres meses el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Félix Sanz Roldán en los famosos desayunos del Ritz, el mismo JEMAD que ahora propone a Bono castigar con ocho días de arresto al General Mena por decir algo parecido. Y eso que Mena no dejó de enfatizar que “en estos momentos (sobrepasar limites constitucionales) parece impensable”.

Bono alardea como acostumbra de valor y autoridad en busca de la presidencia, esta vez imponiendo arrestos sin comillas a quien, como general subordinado, no puede replicar. Hace así realidad lo del “dime de que presumes y te diré lo que no tienes”. Delante como siempre de la TV, “pa que se enteren...”, incluida la manchega que lleva tras sí a todas partes, y dictando la medida de destitución por el móvil a su acólito el citado JEMAD también manchego, de Uclés.

Lo que disgusta a los políticos es que el general Mena rompa el silencio de quienes deben hablar y cobardemente callan. La citada expresión “garantizar” del artículo 8º significa que las Fuerzas Armadas “avalan” la integridad de España contra los autores de un Estatuto que, según el Consejo Consultivo de la Generalidad, contiene 149 “torpedos” contra la línea de flotación del ordenamiento constitucional español. Los separatistas son los golpistas y los que crean alarma social y no el general Mena. Un problema para el presidente Rodríguez que les invitó a presentarlo.

¿A qué buen español puede escandalizar que los avalistas de la Constitución –los militares– recuerden al Gobierno como mero administrador del patrimonio que garantizan –España– que debe conservarlo integro para las siguientes generaciones? ¿No es extraño que los separatistas quieran suprimir el indicado artículo 8 como han declarado los de ERC en varias ocasiones? A estos si se permiten tan perversas declaraciones. Para los demás, la “ley mordaza”.

Cierto que los militares deben ser mudos en política, salvo en situaciones extraordinarias. Mejor hubiera sido que el general Mena hubiera transmitido la queja de sus subordinados en privado a su inmediato Jefe militar; y seguro que lo ha hecho. Por ello Bono debe aclarar en el Parlamento, punto por punto, el estado actual de opinión comparado con el existente al tiempo de su toma de posesión como ministro, las provocaciones al estamento militar que contribuyeron al cambio.

El militar no es por supuesto mudo, ciego o sordo en las salas de banderas de las unidades; no es el mono que se tapa boca, ojos y oídos como algunos quisieran. Y Mena ha reflejado el sentimiento castrense, según ha dicho, por "expreso deseo de sus subordinados”. Es el mismo sentir de la inmensa mayoría de españoles agobiados por el nazionalseparatismo que sostiene con sus escasos votos al PSOE en el poder.

Los 15 minutos empleados por Bono para arrestar por ocho días al General Mena –sin expediente– indican que ni siquiera escuchó sus motivos. Importaba tan sólo aparecer como “duro”. Bono parece que ha preferido “matar al mensajero” pero los hechos siguen ahí.

¿Por qué Mena no acude en queja hasta el Rey contra el arresto, usando la facultad de todo militar de “recurrir ante Nos”? Y en cuanto a la destitución, ¿ha consultado el JEMAD, Sanz Roldan, a la Junta de Jefes de Estado Mayor para hacer su propuesta? ¿Dirá algo la Junta antes del Consejo de Ministros consuma el entuerto.-

Tal destitución recuerda en mucho a la del Jefe del Estado Mayor del Ejército, Luis Alejandre en junio del 2004, tan pronto llegó Bono a Defensa. Aparentemente tuvo como objeto presentar un chivo expiatorio por lo del Yakovlev-42. Sin embargo, el resultado fue quitarse de en medio a un general inteligente y preparado que en su anterior puesto de máxima responsabilidad militar en Cataluña mostró signos de no plegarse a los nacionalismos. Hoy la cabeza del nuevo Bautista castrense la han pedido los “mindundis” del “consorcio” IU/ERC a los que se viene agregando CiU y el PSOE catalán.

Pascua militar
El rostro de Zapatero
Agapito Maestre Libertad Digital 9 Enero 2006

Nunca he practicado el análisis de la fisonomía de un personaje para descubrir sus intenciones políticas, pero ante la impresión horrible que me causó el rostro de Zapatero, a quien siempre respetaré como ser humano, el día de la Pascua Militar, no puedo dejar de ejercer de fisonomista político. Sí, ese día en el rostro de Zapatero estaba ya contenida la destrucción de España, pero el personal mira para otro lado. Faltan agallas e inteligencia para hacerse cargo de lo que está pasando. Falta moral ciudadana para enfrentarse al rostro del poderoso. Faltan inteligencia e imaginación para no ver en el rostro de Zapatero la verdadera dimensión de la maldad política. El día de la Pascua Militar Zapatero exhibió su verdadero rostro. Era el rostro indagador de quien se prepara para la “decisión” final. ¿Quién estaba o no con él era su única preocupación? Sobraba todo lo demás.

ZP: mirada perdida de idea fija.
Las imágenes de televisión lo recogieron como es. Todos los músculos de su cara estaban contraídos. El ceño fruncido, cejas menos enarcadas que de costumbre y la mirada perdida por una sola idea punzante, desgarradora, eran los adornos de un rostro, de una fisonomía, que revelaba el carácter resentido, quizá malvado, de un político que lleva a España a la destrucción. El rostro de Zapatero revelaba una rabia sin contención contra media España.

ZP: mirada perdida de idea fija.
Sin oposición alguna, porque falta coraje civil y moral ciudadana, Zapatero miraba de modo amenazante a todos los que asistían a la ceremonia. Indagaba en los pensamientos de cada uno de los asistentes. Con sus dedos índice y corazón de la mano izquierda pretendía ocultar levemente su amenazadora y breve barbilla. Todo era en el rostro del presidente señas de rabia y violencia contenidas, de maquinación al mal, de resentimiento contra el mundo. Ojalá me equivoque, pero el rostro de Zapatero ante las jerarquías militares me pareció la de un hombre con no muchos amigos, poco de fiar desde el punto de vista político, o sea, desde la posibilidad de llegar a acuerdos sobre temas decisivos para asentar la existencia de una nación, de una democracia, con la que estén de acuerdo también los diez millones y medios de ciudadanos que no votan al PSOE.

ZP: mirada perdida de idea fija.
Su fría mirada era un punzón contra las entrañas de sus adversarios. Si en verdad la fisonomía, como dicen los entendidos en la materia, no engaña, entonces el rostro de Zapatero el día de la Pascua Militar constituía todo un programa de destrucción de España. Nunca recordaré sin horror ese rostro. Por otro lado, estoy convencido de que era éste y no otro el objetivo del presidente del Gobierno: asustar a quien se oponga a su proceso de destrucción de España como nación. Sin duda ya lo ha conseguido. Las sonrisas ya han cedido ante el rostro convulso y compulsivo de quien sabe que ha llegado la hora de la verdad. Del zarpazo. ¿Habría dicho Mena, el teniente general del Ejército de Tierra, lo mismo que dijo en Sevilla delante de ese rostro amenazante de Zapatero? Seguramente, sí, porque Mena es un hombre de armas, de guerra, que sabe a la perfección que el más mínimo titubeo ante la agresión, el menor signo de complacencia ante un ataque planificado, es el final, la muerte, de quien lucha en legítima defensa de su vida y de su patria.

¡Ay, ZP, mirada perdida de idea fija!

No hace falta el Ejército
Pablo Sebastián Estrella Digital 9 Enero 2006

La crisis nacional, absurda e inesperada, en la que estamos inmersos por la decisión del presidente Zapatero, su Gobierno, la dirección del PSOE —que todo le consiente—, y una partida de pintorescos y oportunistas nacionalistas catalanes que creen haber encontrado en la Moncloa el guardián incapaz  —“ahora o nunca”, le decía Zapatero a Mas desde el otro lado del butrón animándolo a entrar en la caja del Estado— y el momento oportuno para imponer desde Cataluña a toda España un modelo confederal, insolidario y nada democrático, debe ser resuelta por los ciudadanos demócratas que, en las instituciones o en la opinión pública, tienen la obligación de movilizarse y denunciar la situación. No hacen falta ejércitos ni generales salvapatrias para salir del embrollo, sino más bien la toma de conciencia de la crisis planteada, una responsabilidad activa de la ciudadanía y un poco de sentido común de los políticos que no están contagiados por la enfermedad.

Un mal que se extiende por las distintas capas y estamentos de la sociedad y que, como no podía ser de otra manera, ha provocado un creciente malestar en el Ejército, donde uno de sus mandos más cualificados, el teniente general Mena Aguado, se ha atrevido a subrayar la indignación de los cuarteles en plena festividad de la Pascua Militar, cuando el Rey Juan Carlos pedía consenso —la inclusión del PP en los pactos— y reconciliación —por la reaparición de las dos Españas— ante un presidente del Gobierno, Zapatero, con la mirada y la sonrisa perdidas en su laberinto y un ministro de Defensa, Bono, que tras un empalagoso discurso monárquico anunciaba el final del ruido de sables en el mismo momento en el que el teniente general Mena desenvainaba, simbólicamente, el suyo en Sevilla, dejando al ministro en precariedad.

Y ahora, en vez de ocuparnos de España —mientras el Gobierno negocia en secreto los niveles de insumisión o insolidaridad al marco constitucional—, tenemos que ocuparnos de reñir y de castigar al teniente general Mena, que dijo en público lo que dicen en los cuarteles, que pasó la raya de las ordenanzas militares entrando en el ámbito prohibido para ellos de la política, que fue un poco más allá en sus palabras de lo que no hace mucho fue el jefe del Estado Mayor de la Defensa, teniente general Sanz Roldán, y que por supuesto no declaró en público ni la mitad de lo que el ministro de Defensa —que sí es político pero que pertenece al Gobierno pro nacionalista de Zapatero— suele decir en privado sobre el Estatuto catalán, cuando no ante el Rey, como ya ocurrió en la cena del presidente Sampaio.

El teniente general Mena Aguado no ha respetado las ordenanzas a la hora de defender la Constitución y de recordar su artículo octavo o de criticar varios aspectos del Estatuto de Cataluña y por eso será destituido —el viernes en Consejo de Ministros— del mando de jefe del Ejército de Tierra. Y mientras tanto ha sido arrestado como un colegial en su domicilio por, en definitiva, habernos traído la noticia del malestar creciente en los cuarteles sobre el desafío inconstitucional del nuevo Estatuto catalán admitido a trámite en las Cortes por el PSOE y sus aliados, lo que se sumará a la indignación que, sin lugar a dudas, provoca en el estamento militar la negociación con ETA y el nuevo auge de la ilegal Batasuna.

Si en vez de recordar las obligaciones constitucionales del Ejército el teniente general Mena hubiera hecho un llamamiento a la política y a los ciudadanos este incidente no habría tenido lugar, pero una vez ocurrido no se puede despreciar ni en contenido ni en sus consecuencias, entre las que se incluye el nuevo frente que se le abre a Zapatero —adiós a su viaje a Afganistán y a sus videoconferencias navideñas con los militares— y cómo progresa sin freno su imagen de debilidad y su incapacidad política, dentro y fuera de España. Lo que le faltaba a Zapatero era un conflicto militar, ¿quién da más?

Pues sin duda los nacionalistas llamando golpista —desde su golpe político incruento— al que propone una defensa dramática e injustificada de la Constitución. Los pájaros le tiran a las escopetas y mantienen vivo su espectáculo nacionalista y nacional que, sin lugar a dudas, irá aumentando el cansancio y el malestar no sólo del Ejército sino del conjunto de la sociedad ante lo que unos quieren vestir de maquiavélica política de un Gobierno de izquierdas que pretende reescribir la transición y sellar un pacto de hierro con los nacionalistas para aislar al PP. Pero que en realidad responde a la pura y simple incapacidad de gobernar y de trazar una línea coherente y racional de gestión pública en cuestiones relativas a la esencia nacional. Por lo que, una vez inmerso el Gobierno en el camino equivocado, les impide recular y avanzan dando palos de ciego e intentando tapar aquí y allá errores con censuras —en prensa—, compensaciones paralelas —OPA de Gas Natural— y toda clase de disparates e improvisaciones que les estallan en las manos como les acaba de ocurrir con la citada crisis en el ámbito militar.

La clase política española no ha estado a la altura de las circunstancias. El líder del PP, Mariano Rajoy, se ha ausentado sorprendentemente —una vez más— de la bronca de la Pascua Militar y el PP que ahora pide responsabilidades al ministro de Defensa primero aplaudió a Mena y luego se pasó a aplaudir su cese y arresto. ¿En qué quedamos? De los portavoces zapatistas del PSOE poco que decir porque de la pobreza de sus discursos hay constancia diaria, y de los dinosaurios del partido mejor escuchar su silencio, que seguro es de profunda preocupación, mientras IU se autodiluye sin la menor compasión.

Y de la clase política nacionalista catalana, qué les vamos a decir. Mejor recordarles que son los protagonistas de: la corrupción del tres por ciento, y las condonaciones de La Caixa; las carreras en patines por Macao; la foto de la corona de espinas en Jerusalén; el boicot a la Olimpiada de Madrid —convertido luego en certero bumerán sobre los productos catalanes—; la de las negociaciones con ETA desde la Generalitat para que no maten a catalanes y tomen como ejemplo y modelo para el País Vasco el Estatuto catalán, a ver si dan otra tregua; la del chantaje público permanente, entre ellos y contra Madrid; la de la censura audiovisual; la que canta Els Segadors en el Parlament llorando de emoción sobre un Estatuto que están dispuestos a vender en Madrid a cambio de unas monedas de plata, etcétera, etcétera.

Ésta es la clase política que quiere modificar la Constitución española a su capricho y la que tiene secuestrado y desconcertado a Zapatero en Moncloa y al PSOE en Ferraz? Semejantes adversarios no merecen, ni es el caso, una advertencia militar, sino más bien una respuesta de la sociedad civil. Pero ¿existe la sociedad civil en España? Da toda la impresión que existe pero que está desmovilizada e insensibilizada, suplantada por los partidos políticos y ciertos medios mesiánicos de comunicación, pero poco a poco se va a despertar. Ya lo está haciendo, y así lo dicen las encuestas, aunque aún falta un salto cualitativo y sustancial.

El capitán que se inmole era un teniente general
(Drama en tres actos)
Las pesquisas de Marcello Estrella Digital 9 Enero 2006

Acto I
Nos lo dijo Pepe Bono en los pasillos del Congreso de los Diputados en las vísperas calientes de la llegada a Madrid del Estatuto catalán: “esto no puede seguir así, ¡hace falta un capitán que se inmole para frenar la locura, y más de cincuenta diputados del PSOE lo seguirán”! Testigos de esta declaración fueron Raúl del Pozo, viejo zorro del periodismo, de Cuenca como el JEMAD; una dama de la prensa, Isabel San Sebastián, y el Marcello que esto escribe y que quedó admirado de la audacia y el valor del ministro de Defensa que se presentaba y anunciaba cual Juana de Arco española al pie de la pila funeraria donde se iba a incinerar. Decidido el valiente Bono a ser el gran capitán que pretendía inmolarse ¡por España!, como los últimos héroes de Filipinas cuya bandera aún ondea en el comedor del Ministerio de la Defensa Nacional.

Pero llegó el Estatuto, todo él inconstitucional cual Plan Ibarretxe, y Bono no sólo no se inmoló sino que se ausentó del banco del Gobierno, en un quiero y no puedo. Dio la espantá como respuesta y el gatillazo de su patriotismo circunstancial y se sometió a la tiranía de la mirada azul de Zapatero, con el que vive una extraña relación de corte sadomasoquista, conformándose con ser el más famoso y aplicado estudiante del colegio ministerial según las notas que otorga las encuestas del CIS al Gobierno de la nación. ¿Era una huida final o un mutis, un quiebro calculado en pos de una mejor ocasión?

Acto II
Dónde está el capitán que se inmole? ¿Dónde está Bono? El que se ha inmolado por decir menos de lo que Pepe Bono arenga en privado no ha sido finalmente un capitán sino un teniente general, en su despedida del servicio, poniendo sobre la mesa el sable, el bastón y el fajín a la disposición del ministro, que quedó convertido en capitán araña de la revuelta patriótica nacional. Dilo tú, general Mena, que a mí me entra la risa. El JEMAD hizo de liebre cuando habló en público del interés y la preocupación que el Estatuto despertaba en el Ejército, pero dejó pendiente del actor principal el final del libreto, esa escena tan castiza, tan torera, tan de Carmen, tan de España y tan cañí, que se apropió el teniente general en el pascualazo militar de Sevilla. A lo mejor Mena había oído a Bono ensayar el acto cumbre de “el capitán que se inmole” y concluyó que el ministro no daba muestras suficientes de valor y entonces dio un paso al frente y, como un Tenorio en Sevilla, sentenció: ¡aquí estoy yo, para quien me quiera encontrar!

Y miren ustedes por donde ahora es Bono el que arresta y destituye al teniente general Mena. Ahora es el ministro salvapatrias el encargado de ejecutar la inmolación, de encender la cerilla que arrimará en el Consejo de Ministros a la leña seca y crujiente sobre la que arderá el jefe del Ejército de Tierra que él mismo seleccionó. El ministro enciende la mecha y esconde la mano, ¿o acaso piensa Pepe Bono completar el drama ofreciendo al Consejo de Ministros del viernes su dimisión?

Bono no le perdona a Mena que le haya robado la escena heroica de la inmolación que a lo mejor él se reservaba para el día del anuncio del pacto final sobre el Estatuto catalán. Ni le perdona eso, ni que le haya estropeado su florido discurso ante el Rey, ¡no habrá mas ruido de sables!, dijo, mientras la hoja afilada del teniente general brillaba en la capitanía general donde se rodaron las más emocionantes escenas de Lawrence de Arabia entrando en el cuartel general que mantenía en El Cairo el mando militar inglés.

Acto III
Venía Bono triunfante de su última gira mundial, que pensaba cerrar con el botón de oro de su flamante discurso monárquico ¡hasta el tuétano!
—creíamos que el manchego era republicano— y aparece el pascualazo sevillano, le estropea el final del tercer acto y le hace ¡la Pascua Militar! Y el ministro deambula durante horas deprimido por el sobrio escenario de su despacho. El capitán está hundido. Es el mismo Bono que venía de vencer a Moratinos en Filipinas, a Bush en Caracas, que llevó a Zapatero a Afganistán para que el presidente viera lo que es un pobre de verdad, que a punto estuvo de morir en Bosnia al aterrizar de morro en un sembrao, que insultó a la OTAN desde Pakistán, que montó a Zapatero las videoconferencias de la Navidad. El gran Bono, que había colado de matute una fragata española en el golfo Pérsico para cubrir el flanco zurdo de un portaaviones USA en la guerra de Iraq, había sido suplantado en la escena cumbre del drama político nacional, con la que, una vez caído ¡por España! del Gobierno, renacería de sus cenizas para ser por fin ¡candidato electoral del PSOE en el 2008 y el presidente del Gobierno constitucional!

El ministro Bono lo tenía todo preparado, como un samurái prepara con mimo el ritual de su inmolación. Pero al final todo se fue al garete porque se le adelantó, ¡y de qué manera!, el teniente general. Ahora del heroico monólogo de su inmolación ya no le queda nada, tan sólo el papel de capellán castrense para leer el responso por el alma de su glorioso teniente general y el rol de jefe de la guardia pretoriana de Zapatero que, en cualquier momento y sin la menor gloria a su alcance, lo podría cesar, Roma no paga a traidores).

(El ministro mirando y señalando al cielo con el índice de su mano derecha y el brazo extendido hacia el infinito)

—¡Oh cruel destino!, impaciente y provocador, ¿porque me habéis abandonado y a la vez burlado, robándome tan gloriosa escena en el umbral de mi inmortalidad política camino de la divinidad?

(Se arrodilla, llora, cae el telón)

El Estatuto, la nación y la pasta
José Javaloyes Estrella Digital 9 Enero 2006

Las negociaciones entre el Gobierno y el cuatripartito catalán encaran una semana crítica. Todo gira en torno a la férula económica de la propuesta del vicepresidente segundo, el prudente Pedro Solbes. Y de las declaraciones de Joaquín Nadal, consejero de Política Territorial y Obras Públicas, además de portavoz de la Generalidad, y de Artur Mas, presidente de CiU, parece inferirse que el eje de la disputa es menos la idea metafísica de nación que la física de las pretensiones económicas.

La puja soberanista entre los partidos catalanes cede brillantez directamente ideológica para situarse en los énfasis sobre inmediatas exigencias materiales. Se preguntaría un castizo ante ello: ¿estamos en la metafísica nacional o en la materia y física de la “pela”? Vale la sospecha de que los autores del texto estatutario estén jugando, en realidad, al juego austriaco con el que sus ancestros lidiaron en la Guerra de Sucesión. Aquello, según se acaba de precisar, consistió menos en la defensa de la supuesta entidad histórica de Cataluña, al apostar contra el candidato francés, que en la pretensión de que se les cedieran entre otras cosas las regalías mercantiles de La Coruña y Gibraltar. Felipe V, sin embargo, abrió a los catalanes, con el Decreto de Nueva Planta, el comercio con América.

La idea de que finalmente se llegue a un acuerdo de mínimos antes de que el asunto estatutario entre en la Comisión Constitucional del Congreso orienta la postura del PSC cuando Nadal afirma que la definición de una “tradición nacional” en Cataluña será “inevitable de una forma u otra”, bien que precisando que ello es cuestión de “última hora”. Lo primero es lo primero, podría haber apostillado el portavoz del Govern, ahora tan locuaz luego de haber permanecido tan palmariamente mudo cuando la catástrofe del Carmel, enterrada por el tripartito, al igual que la polémica del “tres por ciento” durante el pujolato.

Los énfasis nacionalistas catalanes se centran ahora en el lado económico, igual por el portavoz socialista que por el hombre de CiU, habiéndose oscurecido, casi apagado, los planteamientos formales de la puja soberanista en que han estado enredados los unos y otros antes de que, de consuno, se aplicaran a redactar el texto estatutario traído después a Madrid. Alentados y casi empujados por el huésped de la Moncloa, al que el PSOE mantiene tan retranqueado como el PSC al Honorable de turno.

En verdad, como bien sabido resulta, se trata de dos procesos en paralelo: el estatutario, sometido a un tratamiento de cuantificación —que oficia de burladero para el presidente Rodríguez luego de aquel jardín de la semántica constitucional en el que adentró, perdiéndose en lo de la idea de Nación—, y el asunto también electrizante de la OPA de Gas Natural/La Caixa sobre Endesa. Cuestión ésta a la que la férula no se la ha puesto el ministerio de Economía, sino el Tribunal de Defensa de la Competencia, que depende de Economía y no de Industria: como a José Montilla le hubiera gustado que fuera, para así cohonestar la resolución de este organismo —según el cual la OPA ocasionaría “daños irreparables”— con la resolución de la Comisión Nacional de la Energía, donde el criterio unánime de los técnicos fue barrido políticamente por la preparada presidencia socialista.

La pérdida de “temperatura metafísica” del pulso catalanista a la solidaridad nacional y a la armonía cultural de la diversidad española es muy esclarecedora de su realidad última, distinta, en última instancia, de los perfiles de la pretensión nacionalista vasca. Pretensión que se ha potenciado, dentro de la oscura sinergia que mantienen desde el inmediato eslabón de Perpiñán con los pactos entre Carod y los etarras que, entre otras cosas, han blindado a Cataluña de la violencia terrorista.     jose@javaloyes.net

Diecisiete meses
Ignacio del Río Estrella Digital 9 Enero 2006

La vuelta de las vacaciones navideñas, que han sido escolares para el presidente del Gobierno y para el líder de la oposición, viene con ruido de sables provocado por el Estatut. La imposición del catalán, que deja de ser cooficial para convertirse en lengua obligatoria, ha motivado las declaraciones del teniente general jefe de las Fuerzas Terrestres. Los fogonazos que están saliendo del Estatut, la financiación, la justicia, la lengua, la bilateralidad, demuestran la imprudencia, irresponsabilidad y ausencia de reflexión de Zapatero, que ha abierto un camino político absolutamente descontrolado.

Cada día amanece con una nueva reflexión, ya sea sobre el 80 por ciento del IRPF o relativa a la organización judicial, y los ciudadanos contemplan atónitos las idas y venidas de unas negociaciones semiclandestinas que sólo contribuyen, por ahora, a generar mayor confusión. La autoconfianza de Zapatero, que se ha calado el gorro del mago Merlín, en la reconducción del proceso es la misma que la de Buster Keaton conduciendo la locomotora. Solbes, convertido en el ministro-presa, intenta poner racionalidad, defendiendo que no se puede pasar de la cesión del 50 por ciento del IRPF y que el IVA y el Impuesto de Sociedades son intocables. La unidad de mercado, el propio mercado y el modelo económico pueden saltar por los aires. Y detrás está la realidad de los ciudadanos: el empleo, los salarios y el bienestar. Y con estas cosas no se juega.

Las reivindicaciones nacionalistas y el proceso reconstituyente, que se ha abierto sin preguntar a los ciudadanos, está poniendo en grave peligro un sistema político que ha servido para modernizar el país, hacer crecer su economía y acercarnos a los países occidentales más desarrollados. Da la impresión de que a algunos les ha molestado las mejoras y se han instalado en una regresión extrapiramidal, en términos psiquiátricos, para devolvernos a nuestra posición de mayor inmadurez histórica. Desde luego, la pérdida de sustancia en la clase política es extraordinaria. Si se compara uno por uno los líderes y equipos de los partidos políticos, de uno y otro y lado, incluidos los nacionalistas, se comprueba cómo lo mejor ha cambiado por lo peor. Desde Tarradellas a Carod, de Pujol a Mas, de Anguita a Llamazares, de Felipe a Zapatero y de Aznar a Rajoy.

La mediocridad, el oportunismo, la irresponsabilidad y la indolencia de unos políticos dedicados a hacer malabarismos con el país y con los ciudadanos debajo, viendo cómo lanzan los bolos sin preocuparse por los destrozos, es la gran crisis de la partitocracia remunerada, todos a 600.000, en que se ha convertido la política. Listas cerradas, aparatchiks pretorianos, el Congreso como un parvulario con el maestro Marín al frente y el Senado convertido en el Deauville de la política de los excelentísimos. Mientras, las Autonomías asentadas en la mamandurria de cargos y personajes de tercera dispuestos a organizar partidos de fútbol entre sus selecciones y la de Malta por Navidad. Y todavía quieren más poder y más dinero. Y más control sobre la prensa libre mediante el último invento de los Consejos Audiovisuales que aspiran a garantizar, qué sarcasmo, una información veraz.

La salida de esta inmersión política no es fácil mientras el PSOE no vuelva al consenso de 1978 y rectifique su línea de apoyo a los nacionalismos regresivos. Y mientras el Partido Popular no sepa articular una estrategia que le falta, así lo dice y lo argumenta Alonso de los Ríos, para que deje de bailar al son que le tocan desde Moncloa y Ferraz. Una estrategia que sólo puede estar basada en la defensa de la libertad y del Estado, garantía de la defensa de los derechos ciudadanos y de la igualdad. El último salvavidas que el PP envía al PSOE por Navidad, con el ofrecimiento por enésima vez de un pacto, refleja una política subsidiaria y que deambula con poco criterio y nula comunicación. Ni siquiera se ha aprovechado la ausencia navideña de Zapatero, que enfría la situación con sus vacaciones y con la cortina de humo de la Ley Antitabaco. El PP responde con Soraya Sáez de Santamaría vestida de Matrix y lanzando el salvavidas.

Las elecciones generales están, todavía, demasiado lejos. Los socios de Zapatero, ERC e IU, no le dejaran solo y apretarán sin asfixiar. Y cuando se empiece a poner de color morado, abrirán las válvulas de oxígeno para que recobre el color. Saben que no hay mejor presidente que Zapatero para crear valor a sus siglas. Dentro del PSOE, algunos ven peligrar sus barbas y bandean el Estatut como pueden. Ejemplo, el presidente Andaluz, que no quiere ver por Sevilla a un político catalán ni debajo de un capirote en una procesión de Semana Santa. Pero si la cuerda se tensa demasiado no dudarán en soltar los perros para que acosen a Zapatero. Bono, por el momento, hace la guerra por su cuenta, con un disfraz a medio camino entre el peronismo y la frescura manchega de Tobarra. El test autonómico y municipal está a menos de 17 meses y se convertirán en unas auténticas primarias. Un descalabro del PSOE en sus feudos de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura provocaría una reacción inmediata en los barones de Ferraz. Sin embargo, la pelota está en el tejado de Rajoy y del PP, porque si no consigue un claro cambio electoral en estas Comunidades en los comicios de mayo del 2007 y aprovecha los 18 meses para impulsar el cambio, será en la calle Génova donde se formará la tormenta perfecta.

El problema es que Mena tiene razón
José Javier Esparza elsemanaldigital 9 Enero 2006

Todos hemos visto florecer los almendros, al menos una vez. Es comprensible que no deseemos repetir la experiencia. Con todo, sorprende el ambiente de "ruido de sables" creado en torno a las declaraciones del teniente general Mena. Porque los golpismos, normalmente, buscan suspender el sistema democrático, pero lo que el jefe de la Fuerza Terrestre ha defendido es exactamente lo contrario: la legalidad constitucional. Hace sólo tres años, estas declaraciones apenas habrían llamado la atención. Hoy son punibles. Elocuente giro.

¿Qué ha dicho Mena? Que la actual redacción del Estatut plantea problemas profesionales a los militares. Que el artículo 8 de la Constitución encomienda al Ejército la defensa de la soberanía e independencia de España, de su integridad territorial y del ordenamiento constitucional. Y que si un Estatuto de autonomía violara la Constitución –algo, dice, "afortunadamente impensable"- el Ejército tendría que intervenir. Las tres proposiciones son formal y sustancialmente impecables. La primera es una observación de carácter profesional. Las otras dos son pura doctrina constitucional. Inversamente, todos los argumentos esgrimidos contra el general son o bien circunstanciales (que si ha "tapado" al Rey, que si alimenta el victimismo separatista, etc.) o bien opinables (hasta dónde puede expresarse un militar sin que ello suponga "intervenir en política"). Es difícil extraer de aquí razones para una sanción de arresto domiciliario y cese.

Ni en la forma ni en el fondo de las declaraciones de Mena hay nada que amenace el orden constitucional. Sin embargo, el Gobierno se ha sentido amenazado. ¿Por qué? La clave nos la da la fórmula escogida para fundamentar la sanción: "incumplimiento del deber de neutralidad" y "crear alarma social". Pero si defender la Constitución rompe la neutralidad, entonces es que la Constitución se ha convertido en objeto de litigio. Y si el Gobierno penaliza su defensa, es que se halla en el campo de los atacantes. Eso también explica que el Gobierno se haya apresurado a ofrecer la cabeza del pecador. Una reacción tan drástica denota miedo. La puesta en escena gubernamental trata de enviar un mensaje inequívoco: "Aquí mando yo". Ahí caben la histriónica sobreactuación de Bono y la rúbrica de López Garrido al proclamar triunfal, como el verdugo que enseña la cabeza del reo, que es "la primera vez que se arresta a un teniente general en democracia". ZP cree que con este gesto refuerza su autoridad. Pero no: dado el objeto de litigio –la Constitución-, los únicos que salen reforzados son quienes aspiran a destruirla. O sea, Carod y compañía.

Seamos sinceros: muchos millones de españoles se sienten mejor defendidos por posiciones como las de Mena que por Bono y ZP. El Gobierno lo sabe. No ha sido Mena quien ha roto la neutralidad ni quien ha creado alarma social: ha sido ZP. Y el Gobierno también lo sabe. Por eso el Gobierno tiene miedo. Porque sabe que Mena tiene razón. Lo sabe.

Las palabras del general
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital  9 Enero 2006

No voy a entrar en la improcedencia de las palabras del general Mena en torno al Estatuto de Cataluña, ya muy comentadas. Me interesa mucho más lo que significan y revelan, porque muestran un mar de fondo esclarecedor de la situación por la que el Gobierno Zapatero, incluido Bono, está haciendo pasar a España. Una política desestabilizadora y rupturista, irresponsable y partidista, que frecuentemente no va más allá de la simple aritmética parlamentaria y los intereses políticos de urgencia, ha colocado a nuestra nación ante la quiebra del modelo de convivencia y estabilidad. Y eso duele en muchos sectores de la sociedad española, como es obvio.

Las palabras del general Mena, condenables en el momento, el lugar, la oportunidad, la procedencia y la forma, son el síntoma, no el problema. No exactamente el problema, y menos en un hombre de impecable trayectoria en el Ejército. Lo dicho por el alto militar es la prueba del nueve de las fuertes marejadas que Zapatero está provocando en la sociedad española y en las instituciones del Estado y la evidencia del profundo malestar que atenaza a buena parte del país. Un mal presidente, que toma malas decisiones, genera malos momentos a su pueblo. Momentos difíciles y desagradables, rechazados por la gran mayoría de los españoles, que ven como sus gobernantes manosean el Estado para seguir sirviéndose de él. Desde hace meses, las encuestas son de una elocuencia fuera de la común.

Doy por hecho que en el PSOE son conscientes de lo que Zapatero representa y están actuando en consecuencia. Si no lo son, peor para todos. Las reformas territoriales que se han puesto en marcha, emprendidas por el presidente del Gobierno de forma alocada y poco inteligente, con tan bajo sentido del Estado, están tomando cuerpo al paso que marcan los nacionalistas excluyentes y siguen el ritmo crecido de sus actitudes delirantes, disparatadas y ultras. Nacionalismos capaces de monstruos con vocación de ley tan palpables como la reforma planteada por los partidos catalanes, excepción hecha del PP de Piqué, y cocinada en la más rancia escuela por los Maragall, Carod, Mas y compañía, bajo el paraguas de la Moncloa socialista. Esto último es lo peor y el responsable es Zapatero.

Así que en lugar de demonizar a los buenos militares cuando se exceden, tal vez convendría exigir a los que nos gobiernan, Bono incluido, que sean gente sensata y responsable, y que aporten soluciones y no propaganda. Si no son capaces, que se vayan a su casa. La democracia es fuerte y sabrá reemplazarlos sin despeinarse. Un suponer: toda España se imagina, sin dramatizar, con total tranquilidad y sin agobios, a un Gobierno sin Zapatero. Incluso a un Gobierno del PSOE.

¿O no?

Una cuestión innegociable
Editorial Heraldo de Aragón 9 Enero 2006

LA inquietud generada por el anuncio de un preacuerdo verbal Generalitat-DGA en el que no se concretaba el retorno de los bienes de las parroquias del Aragón oriental ha forzado al Pignatelli a aclarar lo que estaba muy confuso. A saber, que la condición de cualquier acuerdo es que las obras vuelvan a Aragón desde Lérida. El comunicado del Pignatelli, que pretende zanjar la preocupante ambigüedad con la que se había manifestado la consejera de Cultura, afirma, en su punto cuarto y último, "que no se adoptará ninguna decisión que no esté explícitamente aceptada por la Diócesis de Barbastro-Monzón y que no suponga el retorno de los bienes a Aragón y el reconocimiento innegociable de que su propiedad corresponde a las parroquias aragonesas". Se trata de una aclaración que enmienda la alarmante omisión de referencias claras al retorno de los bienes. Una omisión que contrastaba con la insistencia en que el objetivo prioritario de las conversaciones era evitar que alguna institución catalana recurriera a la vía civil. Pero, ¿a qué precio? Esa indefinición amenazaba con convertirse en un tremendo error político que el Gobierno aragonés ha querido enmendar, quizás consciente de que el desgaste político y social podía ser elevadísimo. La solución al conflicto pasa por que Lérida cumpla la orden vaticana de devolver las 113 obras de arte de las parroquias oscenses a Barbastro-Monzón.

Si cualquier institución o partido político decide recurrir a la vía civil, sin duda que el proceso se dilatará. Pero también se dilataría, en la práctica, si desde Aragón se acepatara un pacto que no garantizara el regreso del patrimonio. Ahora, una vez que la DGA ha fijado claramente su postura, y ha reafirmado que nada se pactara sin el beneplácito del obispo de Barbastro-Monzón, la responsabilidad sigue en manos de Lérida. Del obispo, primero, pero también de las instituciones catalanas y de los partidos que las sustentan. Y que han de tener muy claro que en este asunto, que trasciende el alto valor patrimonial de las piezas, no caben componendas. Como afirmó ayer el obispo de Barbastro-Monzón en un comunicado emitido, al mismo tiempo que el de la DGA, pero no de manera conjunta, sólo tendrá sentido explorar esas vías de colaboración entre diócesis una vez que los bienes hayan vuelto. En este asunto, nunca un mal acuerdo será mejor que un pleito. Ni Barbastro-Monzón ni la sociedad aragonesa lo aceptarían. Y el Gobierno aragonés, del signo que sea, ha de tenerlo muy claro.

La profesión periodística clama contra el CAC y su ley
La mayoría la comparan con la censura franquista, reclaman respeto a la Constitución y piden que juzguen los tribunales de justicia
La Ley Audiovisual de Cataluña sólo parece gustarle al gobierno tripartito. Los periodistas les dan las gracias pero piden que les dejen en paz.
M. Arroyo - Madrid.- La Razón  9 Enero 2006

E l Parlamento catalán aprobó el pasado mes de diciembre la Ley Audiovisual de Cataluña, que deja en manos del Consejo Audiovisual Catalán el prever sanciones de hasta 300.000 euros y suspensiones de la actividad de un operador en caso de infracciones muy graves, e incluso otorgar y conceder licencias. Acreditados periodistas opinan sobre esta medida.

Ignacio Villa, Director de Informativos de Cope
>Es un recorte directo y sin paliativos a las libertades. Una sociedad democrática sin libertad de expresión es una sociedad vigilada. Es una vuelta al franquismo, a la censura, por el miedo de la clase política catalana a que haya medios críticos con su gestión. Es algo coherente con el nacionalismo rancio que manda en Cataluña. Pedro Aparicio
Director de PR Noticia
>La Ley Audiovisual es el principio de la vuelta a la censura, no debería existir. No debe haber ningún organismo que diga qué es y qué no es información. Hemos vivido una guerra de Iraq que parece haber sido un paseo por la tele y ya vale todo. Lo único que hacemos los periodistas es contar las cosas que pasan. A ver si se terminan de dar cuenta nuestros gobernantes.

Javier González Ferrari, Presidente de Onda Cero
>Esta ley es intervencionista e incumplible y la Asociación de Radios está a la espera de lo que digan sus servicios jurídicos. Querer regular los contenidos es absurdo. No dudo de la independencia de los miembros del CAC, pero ¿de qué autoridad están revestidos para decir dónde poner la raya entre lo que es información y opinión?

Carlos Llamas, Director de «Hora 25», de la Ser
>Es de un intervencionismo inaceptable. Ha mezclado todo, las carencias en el ejercicio de la profesión, que las hay, con la libertad de expresión. El mismo Estatuto, sobre todo en periodos electorales, deja una disponibilidad de intervención al poder muy notable, por lo que podrían cerrar cualquier medio que se opusiera a cualquier candidato.

Gloria Lomana, Directora de Informativos de Antena 3
>Es un disparate que organismos administrativos se atribuyan funciones de tribunales. Estos órganos no deben entrometerse en los contenidos, pues tienen el riesgo de socavar la libertad de expresión. No estamos hablando de la vigilancia de normas administrativas sino de juzgar la imparcialidad y la veracidad de las informaciones.

Carlos Herrera,Director de «Herrera en la Onda
>El consejo audiovisual catalán me interesa muy poco. Me interesa más el andaluz, que no está hecho para retirar licencias y sí para asesorar. Claramente se autoconcede el derecho de juzgar qué es verdad y mentira. Es cuando menos chocante, pero viniendo de donde viene no
me extraña. Son unos
iluminados.

Antonio Jiménez, Director de Radio Intereconomía
>Estoy absolutamente en contra. La mejor ley de prensa es la que no existe. Me opongo por coherencia a la creación de un organismo regulador que fiscalice o penalice a empresas. El CAC no deja de ser un invento del tripartito catalán para silenciar, amedrentar y coaccionar a las personas y medios que osen enrarecer el ambiente versallesco del oasis catalán.

Consuelo Álvarez de Toledo, Periodista
>La que fuera consejera a propuesta del PP en el Consejo de Administración de RTVE considera «inaceptable cualquier poder de censura en manos de los políticos. Creo que corresponde sólo a los tribunales de Justicia velar por el cumplimiento de la ley, sobre todo en lo que se refiere a la defensa de la infancia».

Luis del Olmo, Director de «Protagonistas
» >No soy amante de las leyes, sino de la Constitución. Lo que tengo también muy claro es que actualmente el artículo 20 de la Carta Magna es la mejor ley que existe y todo lo que no sea eso, sobra. Yo pediría a las distintas comunidades autónomas que intentan con una ley como ésta observar a los medios que nos dejen en paz.

Fernando González Urbaneja, Presidente de la AP
>No conocemos al detalle la Ley, porque todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de Cataluña y no sabemos los retoques que ha sufrido, pero por lo que sabemos introduce elementos muy imprecisos respecto a velar por la honestidad informativa y pluralismo de los medios. Está bien que se creen consejos audiovisuales, pero no que
tengan influencia sobre los contenidos.

Telecinco (Paolo Vasile), Opinión oficial de la cadena privada
>El proyecto contempla severos castigos para unas infracciones muy vagamente definidas lo que dificulta su aplicación. Con esta ley estaríamos regalando una poderosa arma de censura a un órgano estrictamente político. Para Tele 5 resulta imprescindible que un derecho fundamental como el de la información sea controlado exclusivamente por los tribunales.

Julián Cabrera, Director de Informativos de Onda Cero
>Creo que es algo que no tiene ningún precedente en la actual democracia. Es un intento de tutela sobre los medios absolutamente innecesario y una normativa muy difícil de cumplir porque para eso ya están los tribunales. Es una de las extravagancias legales del actual Gobierno y del tripartito catalán. Gracias, pero no necesitamos una regulación así.

Fernando Ónega, Periodista
>La Ley Audiovisual, en la medida en que abra las puertas a la creación de ese Consejo Audiovisual Catalán y sirva de inspiración para que en el resto de España se postulen para la creación del Consejo Audiovisual del Estado, me parece terrible. Creo que cercena la libertad de información y de opinión y crea un monstruo de consecuencias imprevisibles.

César Vidal, Director de «La Linterna», de Cope
>Es un atentado gravísimo contra la libertad de expresión. La muestra más clara de ello es que el organismo más importante del mundo en defensa de aquella remitió una carta a Maragall en la que al final le pedía que desmantelara el CAC. Es el mayor atentado contra la libertad de expresión que se ha dado en España en los últimos 30 años.

La DGA aclara ahora que cualquier pacto con Cataluña está supeditado al retorno de los bienes a Barbastro
La DGA aclara así una postura que ha generado confusión en los últimos días y dice que no adoptará decisiones sin recibir el visto bueno de la diócesis. El Obispado insiste en que la devolución de las piezas es innegociable.
HERALDO de Aragón 9 Enero 2006

Zaragoza | El Gobierno aragonés aseguró ayer que cualquier acuerdo con Cataluña sobre el litigio de las obras artísticas de las parroquias de la zona oriental de Aragón que se encuentran en Lérida, tendrá como condiciones innegociables el retorno de las piezas a la Comunidad Autónoma y el reconocimiento de su propiedad, tal y como establecen las sentencias emitidas por el Vaticano.

La consejera de Cultura, Educación y Deportes del Ejecutivo autonómico, Eva Almunia, vinculó ayer por primera vez la devolución de las 113 piezas de arte sacro a cualquier negociación con la Generalitat sobre la gestión y uso de los bienes del patrimonio cultural de la Diócesis de Barbastro-Monzón que están en manos del Museo Diocesano de Lérida. En un comunicado oficial (el tercero que emite tras una semana de polémica y de críticas a la DGA), el Gobierno de Aragón concretó su posición sobre el litigio en un intento de frenar la creciente oleada de protestas a su gestión y a su actuación en todo este proceso, principalmente en lo que se refiere a su actitud en las negociaciones con el Ejecutivo de Cataluña.

En el documento, el Gobierno de Aragón recuerda que durante estas semanas ha mantenido conversaciones con el Ejecutivo catalán para coordinar las actuaciones sobre los bienes y que éstas se fundamentan en los principios de "respetar la vía canónica como forma de resolución jurídica y de aceptar la titularidad de los bienes que determine la sentencia". Además, insiste en que la Diócesis de Barbastro-Monzón ha sido conocedora, ha participado en estas conversaciones y ha dado su consentimiento para iniciar una vía de acuerdo entre las partes.

Pero asegura que "hasta el momento no se ha cerrado ningún tipo de acuerdo entre Aragón y Cataluña", a pesar de que el pasado jueves, Eva Almunia compareció ante los medios para explicar los términos de un supuesto y avanzado pacto. En el documento remitido ayer, se especifica que, en cambio, sí se han generado documentos y propuestas de trabajo conjunto "que deberían someterse a la aprobación de las diversas instancias afectadas".

Y, por último, reitera que no adoptará ninguna decisión que no esté "explícitamente" aceptada por la diócesis aragonesa y que "no suponga el retorno de los bienes a Aragón y el reconocimiento innegociable de que su propiedad corresponda a las parroquias aragonesas".

El Obispado coincide
Por su parte, el Obispado de Barbastro-Monzón, que agradece la contribución de la DGA en el litigio, asegura que la colaboración entre los museos de su diócesis y la de Lérida "es positiva" en lo referido a la conservación, estudio y difusión de los respectivos fondos y que está dispuesto a estudiar cauces de ayuda .

Sin embargo, en la misma línea que el Ejecutivo aragonés, advierte de que "cualquier acuerdo de colaboración tiene como condición innegociable la devolución de las piezas".

Además, recuerda que el Obispado no tiene capacidad para llegar a un pacto sobre los bienes mientras no se haya resuelto el recurso presentado por la Diócesis de Lérida ante la Signatura Apostólica. El motivo es que, al no suspender la ejecución del decreto de devolución, el Obispado de Barbastro-Monzón debe mantener las piezas en situación jurídicamente segura, lo que le impide emprender actos jurídicos que afecten a los bienes.

Por último, avisa de que las cláusulas del convenio entre ambos museos diocesanos deberán ser objeto de un detallado estudio con el fin de que quede "salvaguardada con nitidez la propiedad y lugar de depósito de las diversas piezas, así como los términos de la colaboración entre los museos".

Iniciativas del PP en los ayuntamientos aragoneses
El presidente del Partido Popular de Aragón, Gustavo Alcalde, ha anunciado que su partido presentará mociones en los ayuntamientos altoaragoneses reclamando el regreso inmediato y definitivo a Aragón de los bienes religiosos de las parroquias aragonesas depositados en el Museo de Lérida.

Alcalde manifestó que "no compartimos ni el buen conformar de Iglesias ni su absoluto silencio, ante un acuerdo que es absolutamente injusto". "Y por ello, como primer paso, desde las corporaciones locales el PP va a exigir al Gobierno de Marcelino Iglesias que utilice todos los cauces políticos y legales necesarios para que se cumpla la ley y los bienes sean devueltos a Aragón", afirmó.

Para Alcalde, "los aragoneses no tenemos que pagar que Iglesias prefiera un mal acuerdo a tener que enfrentarse a Maragall", y aseguró que la actitud del Ejecutivo PSOE-PAR hubiera sido "más reivindicativa y menos complaciente" si en lugar del gobernar el PSOE en Cataluña gobernara cualquier otro partido.

Mientras, el PP leridano dice lo contrario que sus compañeros aragoneses. Recientemente, el PP se unió a ERC y a CIU en la Diputación de Lérida en una moción que pedía a la Generalitat que impidiera el retorno de las piezas a las parroquias aragonesas.

Mikel Buesa y el Foro de Ermua, mensaje a Guerra en defensa de España
Elsemanaldigital.com  9 Enero 2006

El Foro de Ermua está organizando nuevas concentraciones en defensa de la unidad nacional antes de que la Comisión Constitucional comience a estudiar el Estatuto de Cataluña.

8 de enero de 2006. Tras la concentración en defensa de la unidad de España y la Constitución celebrada el pasado 5 de noviembre en la Puerta del Sol de Madrid, el Foro de Ermua, que preside Mikel Buesa, quiere intensificar su presencia en la sociedad española con nuevas concentraciones reivindicativas en distintos puntos de la geografía nacional antes de que en febrero se inicie el estudio del Estatuto de Cataluña en la Comisión Constitucional del Congreso, que preside Alfonso Guerra.

El propio Mikel Buesa ha sido el encargado de anunciar las nuevas concentraciones en defensa de España, que tendrán lugar en Pamplona, Bilbao y Barcelona, tres puntos muy significativos en el momento actual del país. La concentración de Pamplona tendrá lugar el día 21 de enero en el Paseo de Sarasate. La segunda concentración será en Barcelona, posiblemente el 4 de febrero, y la tercera y última tendrá lugar en Bilbao el 18 de febrero.

Esta serie de concentraciones surge, según Buesa, como "reacción al ataque de los nacionalismos en contra de la unidad de España y de la Constitución", un ataque que, a su juicio, comenzó con el Plan Ibarretxe y está teniendo ahora una segunda parte con el Estatuto de Cataluña. En las diferentes concentraciones se leerá el manifiesto "Por la unidad de España, por la igualdad y la solidaridad de todos".

El comandante militar de Navarra alertó del "nacionalismo excluyente"
Elsemanaldigital  9 Enero 2006

No sólo el general Mena ha irrumpido para advertir sobre la inquietud que existe en los Ejércitos por el debate del Estatuto de Cataluña. El general Sierra Tabuenca habló en la misma línea.

9 de enero de 2006. El teniente general del Ejército de Tierra y todavía general jefe de la Fuerza Terrestre, José Mena Aguado, irrumpió el pasado viernes en el debate sobre la reforma del Estatuto catalán al advertir de que si alguna reforma sobrepasara los límites de la Constitución, el Ejército se vería obligado a intervenir. No es difícil de entender que las palabras del militar no se hubieran producido si no existiera en el seno del estamento castrense, como en toda la sociedad civil en general, una especial preocupación por el "debate territorial" abierto en canal por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Un debate que ha permitido a los socios del jefe del Ejecutivo la reivindicación de ideas y conceptos perturbadores y disolventes. No puede ser grato para nadie, por ejemplo, ver cómo se cuestionan los valores solidarios y equitativos del sistema político que los españoles hemos abrazado democráticamente. Es un hecho que la preocupación existe, por si hubiera dudas, y según han recordado a Elsemanaldigital.com fuentes castrenses, el comandante militar de Navarra, general José Sierra Tabuenca, ya criticó el pasado 9 de diciembre a los "indocumentados" que quieren "tergiversar la historia" y defendió la unidad de España durante un discurso que pronunció en el Acuartelamiento de Aizoáin con motivo de la celebración de la Inmaculada Concepción.

Sierra Tabuenca apoyó en una breve alocución ante autoridades civiles y militares el papel que desempeña el Ejército tanto en España como en misiones internacionales, y se refirió a la labor desempeñada por los soldados para paliar las "calamidades" derivadas de catástrofes naturales o de los "nacionalismos excluyentes" en cualquier parte del mundo. Así, el comandante militar de Navarra, que en septiembre de 2006 pasará a la reserva al haber alcanzado la edad de 65 años, subrayó durante su discurso que el Arma de Infantería del Ejército "hace culto del deber, anhela la grandeza, nobleza y fortaleza de nuestro pueblo, sueña con una patria querida y honrada aún a costa de la entrega de la vida".

Ocurre también que las sucesivas intervenciones del propio Jefe del Estado acreditan el desasosiego existente, recuerdan los consultados. Por tres veces en el último mes y medio, el Monarca ha apelado en sus mensajes institucionales a la recuperación del consenso fundacional de 1978 que permitió alumbrar la Constitución, así como al retorno de los creativos hábitos del diálogo y la reconciliación sincera para que lo mucho conseguido hasta aquí no se dilapide. "La Corona está tratando de ejercer una labor pedagógica que, según van revelando los acontecimientos, nada tiene de retórica", advierten.

La democracia española está arraigada, pero no por ello es menos peligroso ni menos destructivo que el debate político haya alcanzado una fuerte tensión ni que el hoy jefe del Ejecutivo haya roto todos los grandes pactos de Estado. En estas circunstancias, determinados incidentes han de ser entendidos –por más que no deban permitirse- como la prueba palmaria de que éste no es el buen camino.
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