AGLI

Recortes de Prensa     Martes 10 Enero  2006
La lengua prostituida
IRENE LOZANO ABC  10 Enero 2006

La cámara oscura
Pablo Sebastián Estrella Digital 10 Enero 2006

Militaria
IGNACIO RUIZ QUINTANO ABC 10 Enero 2006

Estado de sitio
IGNACIO CAMACHO ABC 10 Enero 2006

Estatuto: y todo a media luz
Editorial ABC 10 Enero 2006

Hay que centrarse en los verdaderos riesgos
EDITORIAL Libertad Digital 10 Enero 2006

El “caso Mena” no está cerrado
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 10 Enero 2006

Las estrategias del terror
MIQUEL PORTA PERALES ABC 10 Enero 2006

El rayo que sí cesa
GEES Libertad Digital 10 Enero 2006

El meollo del "debate Mena"
José Javier Esparza elsemanaldigital 10 Enero 2006

No provocar
Cristina Losada Libertad Digital 10 Enero 2006

Relativismo jurídico
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 10 Enero 2006

Otra vez el traje del emperador
Lorenzo Contreras Estrella Digital 10 Enero 2006

ETA, más que un síntoma
JOSÉ IGNACIO CALLEJA El Correo 10 Enero 2006

Mozart como revancha
JUAN JOSÉ R. CALAZA La Voz 10 Enero 2006

Vidal Quadras critica al PP catalán por su "intervención políticamente inane" en la ley del CAC
Libertad Digital 10 Enero 2006

La Audiencia avala al fiscal y embargará los bienes de los asesinos de Baglietto
R. N.  La Razón 10 Enero 2006

El Consejo de la Abogacía vasca ampara las maniobras dilatorias de los letrados de EKIN
N. VILLANUEVA/ M.L.G.FRANCO ABC 10 Enero 2006

El Gobierno de Maragall utiliza historiales clínicos privados para comprobar el uso del catalán en la Sanidad regional
Libertad Digital 10 Enero 2006

Política lingüística gallega
Cartas al Director Faro de Vigo 10 Enero 2006

 

La lengua prostituida
IRENE LOZANO ABC  10 Enero 2006

... La sociedad catalana es bilingüe se pongan como se pongan los muñidores de nacionalidades de ocasión, y la regulación de las lenguas que hace el proyecto de Estatuto no responde a esa realidad...

EL catalán está a punto de dejar de ser la gran lengua en la que Ramón Llull describió las maravillas del mundo, Mercé Rodoreda recreó la opresiva Plaça del Diamant o Joanot Martorell narró las hazañas de Tirante el Blanco. La elite política catalana la quiere para limitar el acceso al mercado laboral de los ajenos a la tierra y para la aculturación de las nuevas generaciones, como recoge el proyecto de Estatuto. O sea, para prostituirla al servicio de sus intereses.

Hay quien ve en el idioma un instrumento de sus fines políticos, aunque por suerte aún queda mucha gente para la que una lengua es una oportunidad. El presidente electo de Bolivia ha venido a España y ha hablado en español, como hizo en Cuba y en Venezuela, a pesar de que su lengua materna es el aymara, uno de los tres idiomas oficiales de su país. Pero a Evo Morales no se le ocurriría renunciar a las oportunidades que le brinda un idioma de 400 millones de hablantes. El valor que se da al español en lugares como Bolivia no lo tiene en Cataluña o, para ser exactos, sí se lo conceden ciudadanos que llevan siglos viviendo una realidad bilingüe -pisoteada durante la dictadura franquista-, pero no las leyes elaboradas por políticos que parecen ver en ese bilingüismo una anomalía de la historia que ellos están llamados a enderezar.

Más allá de aspectos sentimentales, resulta pasmoso que se vaya a aceptar un régimen lingüístico para Cataluña que no es que sea inconstitucional, es que tritura la letra y el espíritu de la Constitución. En ella se deja muy claro que las cuatro lenguas de España no son iguales y por tanto no gozan del mismo estatus. Primero, porque una es la lengua común de todos los españoles y las otras son lenguas particulares; segundo, porque una es oficial en todo el Estado y las demás son cooficiales en sus respectivos territorios. De esas dos diferencias se deriva la tercera: existe el deber de conocer el castellano y no las demás. Esa obligatoriedad da respuesta a una realidad inapelable: el castellano es la lengua en la que se entiende un tipo de las Navas del Marqués con otro de Azcoitia y uno del Port de la Selva con uno de Cedeira. Como dijo William Blake, «una misma ley para el león y para el buey es opresión».

Con menos literatura, pero más solidez jurídica, lo expuso el Tribunal Constitucional (sentencia 84/1986), al declarar inconstitucional la obligatoriedad de conocer la lengua gallega incluida en la ley de normalización lingüística de esa Comunidad. Argumentó el TC entonces que el deber de conocimiento del idioma gallego «no viene impuesto por la Constitución y no es inherente a la cooficialidad de la lengua gallega». En cambio, decía que el conocimiento del castellano «puede presumirse en cualquier caso, independientemente de factores de residencia o vecindad», algo que «no ocurre con las otras lenguas españolas cooficiales». Sostenía por último el TC que este distinto trato «no puede considerarse discriminatorio, al no darse respecto de las lenguas cooficiales los supuestos antes señalados», es decir, el ser lengua común y oficial de todo el Estado.

Ese distinto estatus de las lenguas ha servido incluso para evitar la discriminación verdaderamente importante: la de los ciudadanos. Frente a las exigencias del Gobierno vasco de saber euskera para optar a ciertos cargos en la Administración autonómica, el TC argumentó que «sólo se puede alegar válidamente el desconocimiento de lenguas distintas de la castellana» (sentencia de 26-VI-1986).

¿Es esperable que el Constitucional mantenga ahora esta doctrina? La respuesta es: vaya usted a saber. Como tampoco podemos predecir si dará por buena la consagración del catalán como única lengua de la educación. El artículo 35 del proyecto de Estatuto establece que «todas las personas tienen derecho a recibir la enseñanza en catalán», algo que no se dice respecto al castellano, y que «el catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza universitaria y no universitaria». A continuación se asegura que todo el mundo deberá conocer las dos lenguas al finalizar su educación, aunque no se sabe bien cómo van a lograrlo quienes hayan recibido toda su educación en catalán. Le dan a una ganas de ponerse caricaturesca y preguntarse si el Estatuto no pretenderá que se acabe abriendo un Instituto Cervantes en las Ramblas. Pero no lo haré porque esto es muy serio. La lengua culta sólo se aprende en las aulas: un niño de seis años entiende unas 13.000 palabras, y al final del Bachillerato, unas 60.000. Esas 47.000 palabras de diferencia constituyen la lengua culta, es decir, todo el vocabulario científico, técnico y literario que contienen los libros de texto y las lecturas escolares.

Es verdad que la inmersión lingüística lleva practicándose más de una década en Cataluña, y que la constitucionalidad de ese modelo de enseñanza fue aceptada por el TC, pero en la medida en que trataba de corregir «la situación histórica de desequilibrio» entre el catalán y el castellano, es decir, como algo temporal destinado a un fin concreto (sentencia 337/1994). ¿Sigue siendo así cuando se recoge en un estatuto, de mayor fuerza normativa y más difícil de modificar?

No faltará quien diga que el derecho a la opción lingüística estaba recogido en las leyes y lo estará igualmente en el nuevo Estatuto. Sí, y de adorno queda muy bonito. La última vez que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a la Generalitat por no informar a los padres de su derecho a elegir la lengua de la educación de sus hijos fue hace sólo unos meses. ¿No se estará buscando dejar bien atado un sistema educativo que, en su afán de exaltar los valores identitarios y simbólicos de la lengua catalana, priva a los escolares de la oportunidad que representa el castellano para su proyección en el resto de España y en el mundo?

La sociedad catalana es bilingüe se pongan como se pongan los muñidores de nacionalidades de ocasión, y la regulación de las lenguas que hace el proyecto de Estatuto no responde a esa realidad, sino que da pasos agigantados hacia el monolingüismo, que tendrá que desandar una futura generación de catalanes con mayor altura de miras. De los que hoy gobiernan no podemos esperar gran cosa: que eduquen en el aldeanismo e impongan deberes lingüísticos para utilizarlos a modo de filtro laboral -ya se viene haciendo en la Administración autonómica y quizá se intente extender a la empresa privada-. No quiero dar ideas, pero las Oficinas de Garantías Lingüísticas no auguran nada bueno. Se trata de asegurar el ascenso laboral y social a los del terruño, a los más catalanizados, a los nacidos en Lérida antes que a los de Albacete y, desde luego, antes que a los de Camerún.

Tal vez esa actitud resulte coherente con los postulados de partidos que anteponen la pertenencia tribal y la identidad a consideraciones más universales, como la dignidad humana, la libertad o la justicia, y a preocupaciones cotidianas como el salario, la hipoteca o la salud. Pero ¿lo es con el ideario de un partido que se dice socialista y obrero?

IRENE LOZANO, Periodista, lingüista y Premio Espasa de Ensayo 2005

La cámara oscura
Pablo Sebastián Estrella Digital 10 Enero 2006

La jauría que vigila la puerta secreta tras la que se negocia a media luz el Estatuto de Cataluña en contra de los intereses generales de España —de lo contrario no haría falta la oscuridad— se ha lanzado al debate de la actualidad llenándose la boca de golpismo para empeorar, más si cabe, la crisis provocada por las declaraciones del teniente general Mena Aguado, que si son golpistas como señalan los cancerberos del PSOE y del nacionalismo merecerían algo más que ocho días de arresto y nos situarían a todos, y al Gobierno de manera especial, en un escenario de involución democrática en el que, afortunadamente, nadie cree.

Dice el Gobierno que no hay problema militar y que estamos ante un caso aislado de falta de disciplina, pero su aparato de propaganda está llamando golpista al general y a quienes defienden sus palabras, y ello está dando alas a una situación en la que llueve sobre mojado, porque lo que permanece oculto tras el revuelo militar es este desgraciado Estatuto catalán impulsado por Zapatero y aceptado en Madrid. Un texto en el que, entre otras cosas, se pretende la marginación del idioma español en media España, porque sería lógico que si en Cataluña se impone como obligación el catalán, lo mismo pueda ocurrir en Valencia, Baleares, Galicia y País Vasco. Lo que constituiría una muy bonita manera de festejar el final del aniversario de El Quijote dándole una patada a la lengua de Cervantes desde el Gobierno de la nación.

La Constitución española de 1978 de la que tanto se habla incluye éxitos y carencias, y en estas últimas destaca la partitocracia que ha dado a la mediocridad de los políticos hoy en el poder un protagonismo inmerecido al margen de la sociedad. Y fueron los que negociaron en secreto el texto constitucional los responsables de ese autorregalo en el que se incluye el secuestro de la soberanía nacional en beneficio de los partidos, en un tiempo en el que el franquismo saliente ejercía de gran hermano vigilante de ese pacto constitucional. Ahora el modelo de la negociación en secreto se repite, pero esta vez son los partidos nacionalistas catalanes los que ejercen la vigilancia sobre todos los demás, a medias con el Gobierno de Zapatero y un incierto PSOE que entra y sale de puntillas a la sala oscura de las reuniones donde se fragua el destino nacional.

Es indecente en una democracia lo que está ocurriendo en España con el Estatuto. Y para colmo de la tomadura de pelo nacional asistimos a la desvergüenza de los que están en el ajo del secretismo declarando a los medios de comunicación que las cosas van bien, mejor, mal, regular, hacia delante, hacia atrás, y los medios, los periodistas y los españoles todos pasmaos con la boca abierta a ver si sale o no fumata blanca o negra de semejante cónclave de reparto del poder, donde se están dirimiendo las reglas del juego del Estado español.

Cómo se puede consentir semejante atropello democrático? Ya sabemos que no existe el Senado, pero ahora se está suplantando al Congreso en la cámara oscura del PSOE sólo por el temor de que los ciudadanos descubran las trampas del nuevo Estatuto y se lancen a la calle pidiendo responsabilidades, porque de lo que se trata es no sólo de ocultar lo que se negocia y cómo se negocia, sino de evitar que desde que se encuentre un marco de acuerdo entre el PSOE y los nacionalistas hasta que se apruebe luego en el Congreso de los Diputados pase el menor tiempo posible para que nadie impida lo que se debería impedir si las cosas van por donde quieren los nacionalistas, que no será el buen camino que interese al conjunto de la sociedad.

La cámara oscura de Zapatero no debe continuar porque está alimentando las peores sospechas y está sustituyendo el debate democrático por un modelo que empeora la partitocracia para llevarla a la oligarquía de unos pocos que no quieren el control de la transparencia informativa, del Parlamento ni del poder judicial. No sabemos lo que va a salir de la cámara oscura, pero el secretismo ya está provocando un daño más.

Militaria
IGNACIO RUIZ QUINTANO ABC 10 Enero 2006

LIBERTAD, según Martí, es el derecho de todo hombre a ser honrado. Ocho días de arresto le ha metido el ministro de Defensa a un general que mentó a la Constitución en Sevilla. ¿A quién se le ocurre ser fraile habiendo epidemia en Madrid? ¿A quién se le ocurre ser militar estando de ministro el hijo de Pepe, el de la tienda?

Porque el que se fue a Sevilla ha perdido su silla. Y esto es lo extraño. Los spenglerianos creen que siempre ha sido a última hora un pelotón de soldados el que ha salvado la civilización, que aquí sería la Constitución. ¿Fue un reflejo spengleriano lo del general que marchó a Sevilla a perder su silla? Con esta Constitución, desde luego, los militares siempre han llevado el paso cambiado: o por no nombrarla cuando está de moda, o por nombrarla cuando se ha convertido en la bicha para los socios parlamentarios del Gobierno, ésos que la exorcizan por las calles arrancándole de cuajo las hojas, con enorme regocijo democrático.

El separatismo huye de la Constitución como Drácula de los escapularios, y esa Constitución, precisamente, es la que en Sevilla, y sin tomarse, que se sepa, una copa de sake, como exige el ritual del kamikaze antes de la batalla, ha mentado un general. ¿Por qué? Cualquiera sabe, viniendo la cosa del teatrillo arnichesco de Bono, el gamo de Iraq, cuyo Ministerio recomienda a los periodistas de guerra la conversión al budismo para controlar el dolor. ¿No fue este hombre quien denunció haber recibido una tremenda paliza en la manifestación que derivó en el arresto de una señorina de la Unicef de Las Rozas que había mostrado cierta actitud vociferante?

Hablar, lo que se dice hablar, cada vez se puede hablar menos en España. Y, si ya hay Tribunales de Honor para los periodistas, ¿qué podían esperar los militares? De momento, la industria progresista de la indignación ha decretado una «fatwa» contra el militarismo, y sus muyaidines mediáticos lo tienen rodeado. Obligado a retribuir servicios parlamentarios con trozos de España, el Gobierno, que atribuyó los muertos de Guadalajara y los muertos de Afganistán a sendos golpes de viento, calmará al separatismo atribuyendo a una ventolera el arrebato constitucionalista del general, gracias al cual, por cierto, ya nadie repara en la pizpireta fragata enviada a barloventear en la guerra mesopotámica. «Nunca más los soldados de España irán donde no quieran los españoles que vayan», gorjea Bono en el último número de la revista de los notarios, que bien podrían gritar juntos el «¡Hip, hip, hurra!» -acrónimo de «Hierosolyma est perdida»-, y dar fe así de que Jerusalén se ha perdido a manos de los infieles, y nos hallamos de camino al Paraíso.

Estado de sitio
IGNACIO CAMACHO ABC 10 Enero 2006

EN el ordenamiento vigente no parece haber más que una manera constitucional de que el Ejército intervenga para salvaguardar la unidad nacional en aplicación del artículo octavo de la Carta Magna. Se llama estado de sitio, y lo explicó en ABC, con apoyo de prolijo aparato de citas, el profesor Benigno Pendás, jurisperito sabio, ponderado y didáctico. Existe otro procedimiento más expeditivo, cuyo fantasma ha sacudido -sin duda involuntariamente- el general Mena en su admonición de la Pascua Militar sevillana, pero tiene el defecto de ser ilegal, conflictivo y poco escrupuloso, aunque históricamente esté muy asentado en España. Se trata del pronunciamiento, el cuartelazo y demás denominaciones castizas de lo que en el mundo se conoce como golpe de Estado.

El estado de sitio requiere un alto y excepcional consenso de instituciones ante una situación de emergencia. Si Maragall fuese un Maciá sonaca y posmoderno que proclamase el Estat Catalá en el balcón de San Jaime, el ministro de Defensa tendría que presentarle al presidente del Gobierno un plan detallado de actuación para estudiar en el Consejo -es probable que Bono disfrutase en el trance- y luego pasarlo por las Cortes en medio de la previsible crisis nacional. Pero ocurre que el que está dando alas a las reivindicaciones del catalanismo, el que ha abierto la espita a la desquiciada carta de soberanía del tripartito, no es un orate cantonal ni un iluminado de barraca, sino el propio primer ministro de España. Lo que ya es de por sí un estado de excepción, pero no tiene otra solución que la puramente electoral y política.

Así que vamos a sosegarnos todos, que ya hay bastante electricidad en la atmósfera. El general Mena, que es un hombre de bien y un demócrata leal, se ha saltado un montón de semáforos de prudencia aunque su diagnóstico haya sido impecable en la materia que le compete al resaltar que el proyecto de Estatuto compromete la unidad de la Defensa. Luego, quizás estimulado por el ambiguo juego dialéctico que al respecto se trae desde hace tiempo el ministro Bono, se metió en el jardín del artículo ocho sin reparar en que en las democracias constitucionales el Ejército está callado y sólo interviene en política cuando se lo manda el Gobierno. Y Bono, que es experto en gestos demagógicos de galería y tendido, lo ha tirado a los leones para desviar la evidencia de que él mismo lleva varios meses coqueteando con un concepto inaplicable.

El principal valor de todo este frufrú de uniformes consiste en que ha expresado un malestar evidente en los cuartos de banderas. La memoria histórica contemporánea tiende a la alarma cuando se habla del Ejército en términos de asuntos internos, sin reparar en que la milicia ha sido casi desmantelada, y algo tuvo que ver Aznar en ese proceso. Ahora bien, las Fuerzas Armadas pesan lo que pesan, y aunque en la actualidad no sea mucho convendría que quien tiene que oír se dé por enterado.

Estatuto: y todo a media luz
Editorial ABC 10 Enero 2006

EL Gobierno y el PSOE han retomado el curso de las negociaciones, opacas y casi clandestinas, sobre el proyecto de Estatuto para Cataluña con los mismos registros que ya en 2005 hacían de este episodio un pesado lastre para el crédito de las instituciones y de la continuidad constitucional de España. Parece poco creíble, pero es cierto que el futuro de la Constitución, del modelo de Estado, de las relaciones interregionales y de los principios de solidaridad e igualdad está siendo manejado al margen del principal partido de la oposición -el único, realmente- y de una opinión pública acostumbrada a conciliar a derecha e izquierda en las fundamentales cuestiones que atañen a la convivencia política. Tiene razón Mariano Rajoy cuando afirma que es «un error histórico» de Rodríguez Zapatero la exclusión del PP, porque la fractura política que está abriendo el proyecto mancomunado de socialistas y nacionalistas se medirá en términos históricos, por la gravedad de sus consecuencias y el alto coste que exigirá la reposición del país a su estado habitual de normalidad política y convivencia cívica. El PSOE persevera en desdeñar la existencia del PP, penalizando a una mayoría de ciudadanos -electores del PP y también socialistas que en este asunto se identifican con los populares- que se ve expulsada del diseño de una España que no es la de la Constitución y que sólo estaba reflejada en los programas electorales de los nacionalistas más radicales y en el del Partido Socialista de Cataluña. Pero los votos de esta formación, como recordó Joaquín Nadal, no deben sumarse a los del PSOE.

La opacidad de las negociaciones es explicable en quienes, como los nacionalistas, buscan la máxima rentabilidad política, sabiéndose exentos de cualquier fiscalización democrática gracias al eficaz victimismo endógeno de su ideología. En cambio, resulta inadmisible en el Gobierno de la nación y en el partido que lo sustenta, también teóricamente nacional, que, por serlo, deberían asumir públicamente la representación de los intereses nacionales y no extender más inquietudes por la indefensión en que se hallan, ahora mismo y frente a las pretensiones nacionalistas, la Constitución y el modelo de Estado unitario y descentralizado que en ella se configura.

No obstante, el PSOE anuncia que el acuerdo «es hoy más posible» y se utiliza la manida frase -aplicada también con igual sentido enigmático al supuesto proceso de paz- de que «las cosas van bien», sin que se precise para quién o quiénes van bien las cosas y en qué consiste la bondad de los avances. Lo que se va conociendo, a interés de los interlocutores, demuestra que, en efecto, se avanza, pero en aproximarse a las tesis del tripartito y CiU, como ya se ha dicho en materia de Justicia y política lingüística y en un sentido que, lejos de tranquilizar, aumenta la certeza de que el Gobierno y el PSOE son cada día más vulnerables a las presiones nacionalistas y que sus propuestas, incluida la financiera elaborada por Solbes, nunca son máximos, sino mínimos fácilmente desbordables.

En todo caso, hasta la misma opacidad tiene una evidente eficacia informativa al demostrar que la inconstitucionalidad originaria del proyecto estatutario era tan estructural que el PSOE se está viendo abocado no tanto a enmendar un texto que no tiene remedio, sino a rescatar al presidente del Gobierno del atolladero en el que se metió trayendo a Madrid una propuesta inasumible. No es la oposición del PP la que desgasta a Zapatero a cuenta del Estatuto, sino el empecinamiento presidencial en sacar adelante una reforma estatutaria que ha sido reconvertida, a medida que pasa el tiempo y van fallando plazos y previsiones, en el programa político de una coalición de intereses cuya fuerza vertebradora es, ante todo, aislar a la derecha democrática, lo que exige no dar al PP la baza de la retirada del proyecto.

Cuando comenzó en Cataluña la discusión sobre el nuevo Estatuto, aún pervivía la esperanza de que la izquierda española mantuviera su nervio nacional y rechazara de plano cualquier propuesta, por tentadora que fuera, del nacionalismo y del socialismo confederal, consistente en unir fuerzas frente a la derecha democrática, aun a costa de quebrar el consenso constitucional. Pero esa, como otras esperanzas, está en camino de frustrarse definitivamente.

Hay que centrarse en los verdaderos riesgos
EDITORIAL Libertad Digital 10 Enero 2006

“Que un general –por muy acertadas que, en el fondo, sean sus observaciones– no deba opinar públicamente sobre un proyecto de Ley –por muy anticonstitucional que dicho proyecto sea–, es una cosa”, que ayer, aquí mismo, sosteníamos, y que hoy reiteramos, a la vez que suscribimos a Rajoy cuando ha considerado que, “independientemente del contenido de las declaraciones de Mena Aguado, el derecho a la libertad de expresión de los militares es el que marca la ley y la ley no les permite hacer este tipo de declaraciones”.

No sabemos si el líder del PP, también considera –como nosotros ayer– que el militar merecía “una ajustada reprimenda escrita o verbal”, o por el contrario, comparte la decisión de Bono de cesar y, al mismo tiempo, arrestar al militar, que a nosotros nos sigue pareciendo una sanción completamente “desproporcionada y farisaica”.

Lo que parece exigible al líder del PP es que, puesto que tiene claro que el derecho de expresión política de los militares está -y debe estar– restringido, no parece muy coherente ni prudente seguir utilizando las declaraciones políticas de un militar como prueba del malestar social que causa la alianza de este Gobierno con los separatistas, en general, y el Estatuto catalán, en particular. Así, el PP sólo corre el riesgo de desacreditar su mensaje por culpa de un inapropiado mensajero que, además, ni siquiera es suyo.

La infracción de la ley –en este caso, del Reglamento Militar– del general Mena no debe, pues, enturbiar la visión de la vulneración de nuestra Ley de Leyes que pretenden los impulsores del Estatut y que genera un malestar en ámbitos muchos más numerosos y libres que el militar, el cual, a diferencia de aquellos, debe mantener su malestar en silencio o trasmitirlo por el conducto reglamentario.

Precisamente porque consideramos que “los riesgos para la continuidad democrática y constitucional de España no se encuentran en las declaraciones de un militar como el teniente general Mena Aguado, sino en el nihilismo moral y político de José Luis Rodríguez Zapatero y en la declarada y confesa aversión que, hacia nuestra Carta Magna, sienten sus separatistas socios de gobierno”, es por lo que insistimos en reclamar al principal partido de la oposición, y a los medios contrarios al Estatuto, que se centren en la verdadera causa del malestar ciudadano. Y eso, por mucho que a ese malestar no sean ajenos, sin duda, los militares.

Fijar la atención en Bono, en el inapropiadamente denominado “caso Mena” o en la “infracción leve del reglamento militar”, supone dejar en un segundo plano la clamorosa desatención a la letra y al espíritu de la Constitución que anida en el Estatuto soberanista catalán, o una forma de facilitar la desatención a la letra de la Ley de Partidos, o la de las sentencias del Supremo, que se da, de forma reiterada, en el País Vasco. ¿Tiene sentido pedir la comparecencia de Bono por la “leve infracción” al reglamento de Mena, y no pedir ya la de Zapatero o la del ministro de Justicia o de Interior para ver qué medidas van a adoptar ante el anunciado “congreso nacional” de Batasuna?

¿Acaso los apologistas del terror no están también obligados –desde la entrada en vigor de la Ley de partidos– a guardar silencio? ¿Y qué decir .–por poner otro ejemplo desatendido– de este Gobierno que, de forma tan rigurosa interpreta y sanciona el reglamento militar y, sin embargo, no se ajusta a la Constitución ni a la clara jurisprudencia del Tribunal Constitucional contra la obligatoriedad del catalán como guía a la hora de dejar el Estatuto “limpio como una patena”?

En cualquier caso, y como dijo James William Fulbrait, “la función del Ejército no es educar al publico en asuntos públicos”. Esperemos que esa “paja” en el, por lo demás intachable, historial de Mena Aguado no nos sirva para ocultar ni un día más las “vigas” en la inacabada trayectoria del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esperemos.

El “caso Mena” no está cerrado
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 10 Enero 2006

Dice el ministro Bono, confundiendo las ganas con la realidad o con la verdad, que el caso del teniente general Mena está cerrado porque el Gobierno ha hecho una encuesta en el seno del Ejército de la que se deduce que no habrá goteo de declaraciones y que sólo hubo un problema de “disciplina militar”. No es verdad. Porque una cosa es que no exista la tentación militarista de intervenir en la política y la vida pública y otra que no haya ahora un problema militar sobre la cuestión del Estatuto catalán. El problema existe y ha empeorado con el cese y arresto a Mena porque lo convierte en héroe y en ejemplo, y porque está recibiendo —mucho más que un goteo— un sinfín de apoyos públicos y privados, alguno de los cuales sí que podría saltar a los medios, como está ocurriendo en la sección de cartas de ABC, que desmiente lo dicho por el titular de Defensa y que irá a más a no ser que alguien pida al diario que evite estas cartas al director.

El presidente Zapatero ya tiene su problema en los cuarteles y en su Gobierno con un ministro de Defensa que ha pasado de ser nacional a cubrir las espaldas de los nacionalistas, y que debería de una vez por todas aclarar su posición frente a un Estatuto que es a todas luces inconstitucional si se confirma, como parece, la obligación del estudio del catalán para todo español que quiera habitar o deambular por ese territorio de España que es Cataluña.

Lo que implica que habría que estudiar también el euskera, el gallego y el valenciano y balear para trabajar en estas otras comunidades, a no ser que quede clara la bilateralidad de Cataluña frente al Estado, es decir, la confederación estatal. O sea, un auténtico caos en medio de la torre de Babel.

Y serían idiotas y poco responsables ante sus ciudadanos los presidentes autonómicos de Valencia, País Vasco, Baleares y Galicia si no piden para sus comunidades la misma normativa que este Gobierno está concediendo a Cataluña tanto en el ámbito lingüístico como en el económico, competencial, social y administrativo. De la misma manera que las Comunidades en las que sólo se habla castellano deberían exigir para sus Estatutos todos los techos competenciales y ayudas extraordinarias para la enseñanza de un segundo idioma (inglés, francés o alemán) en un proceso de biligüismo que podría ser tan caro como el que están propiciando los gobiernos del País Vasco y Cataluña a costa del erario público.

La espiral del disparate nacida del Estatuto que fue aprobado, con el apoyo de Zapatero y del PSOE, en el Parlamento catalán y admitido a trámite en el Congreso de los Diputados no tiene fin y nadie sabe a dónde conduce ni tampoco las consecuencias que puede alimentar. Porque una vez abierta la caja de los truenos resulta difícil imaginar que alguien la pueda cerrar sin causar destrozos ni agravios territoriales. Sin olvidar el alto coste que todo ello está provocando en el seno de un PSOE en el que nadie manda y en el que nadie sabe hacia dónde se va.

Las estrategias del terror
MIQUEL PORTA PERALES ABC 10 Enero 2006

LA defensa pide el amparo del Colegio de Abogados. Al parecer, falta un documento previamente solicitado por la defensa. El decano del Colegio de Abogados de Vizcaya concede el amparo. Sí señor, eso es un régimen garantista. La defensa pide entrevistarse con la presidenta del Tribunal y con el presidente de la Audiencia Nacional, razón por la cual reclama la suspensión del juicio. La vista se suspende. Sí señor, más garantismo. Y resuenan las palabras de uno de los imputados, Xavier Alegría, considerado máximo responsable de KAS: «A un Tribunal especial que avala el uso de la tortura como medio de trabajo no voy a contestar». El llamado macrojuicio contra ETA pone en evidencia el obstruccionismo de la defensa, la cultura de la mentira, la falsa lucha en nombre de la justicia, el chantaje del discurso victimista, el no asumir las consecuencias de los propios actos, el situarse legalmente fuera de la ley, el pasaporte a la inmunidad perpetua, la legitimación de la arbitrariedad y el terror, el intercambio y usurpación de papeles entre víctima y verdugo, entre perseguidor y perseguido. El reinado de lo peor. Y las víctimas reales hacen suyas las palabras que escribió Albert Camus en «El hombre rebelde»: «El día en que el crimen se engalana con los restos de la inocencia, por efecto de una curiosa subversión propia de nuestro tiempo, es la inocencia la que tiene que justificarse».

Bono
El rayo que sí cesa
GEES Libertad Digital 10 Enero 2006

Aunque le pese, el actual ministro de Defensa, José Bono, pasará a la Historia como el ministro de los ceses. Se arrancó en su cartera con la destitución caprichosa de parte de la cúpula militar a causa del YAK-42; amenazó con más ceses como tinte dramático de un episodio en el que ha montado su estrategia de popularidad como hombre profundamente de izquierdas; cesó al director de la academia del Aire en San Javier, para dejar claro que no tolera comportamientos que se salgan de sus directrices más estrictas; y acaba de imponer el arresto domiciliario y aceptar el cese solicitado por el JEMAD del teniente general Mena, basándose en los comentarios de éste en la celebración de la Pascua militar.

El teniente general Mena, hay que recordarlo, no criticó ningún proyecto de Ley del gobierno; ni manifestó descontento alguno con una decisión política de sus autoridades; no se metió con las iniciativas políticas de su superior el ministro; ni tampoco con la gestión de su compañero el JEMAD, general Félix Sanz Roldán. No, lo único que hizo fue expresar un sentimiento compartido con parte de sus oficiales acerca de un posible futuro de España amenazada por la desmembración. Y si ese era su supuesto teórico, no hizo más que repetir lo que todos sabemos –y Bono no se ha cansado de repetir cínicamente–, que el artículo 8 de la Constitución indica que es deber de las Fuerzas Armadas defender el orden constitucional, la soberanía y la integridad de España.

Aunque se atenga a derecho –y eso es discutible en todo caso– la sanción impuesta al general Mena, la respuesta del ministro Bono y del JEMAD, actuando como comisario político de los militares en este caso, se sale del sentido común. Máxime si se cree lo que él mismo dice: que ya no existe el problema militar, que los militares están perfectamente integrados en el sistema constitucional y que “un solo grano, no hace granero”. ¿Por qué entonces tanto revuelo? Por una sencilla razón, porque el ministro tiene miedo. Miedo de que comiencen a salirle enanos críticos por todos los rincones de su departamento. Hace pocos días, por ejemplo, otro alto mando militar, ya en la reserva, exponía en ABC su rechazo a la nueva Ley de Defensa Nacional. Mena podía ser sólo el principio. De ahí la celeridad y la contundencia. Que no cunda el mal ejemplo.

La participación del JEMAD en esta operación disciplinaria también llama la atención. Pide el cese por pérdida de confianza en el hasta ahora mando de la fuerza terrestre. Pero no lo fundamenta en juicio profesional alguno, puesto que las capacidades profesionales del teniente general Mena no están en discusión. Sino sobre la idoneidad y oportunidad política de sus manifestaciones. Pero, ¿a quién le parecen inoportunas sus palabras? Si uno mira las reacciones públicas, esa alarma social a la que se refiere José Bono, se dará cuenta de que los alarmados son los compañeros de Carod Rovira (quienes no se alarman de que su cabecilla se reúna con terroristas de ETA para acordar una tregua regional para Cataluña) y los peneuvistas de siempre. El PSOE no está alarmado, sino atemorizado de pensar que las cosas se les van de las manos. Y Bono lo que no quiere no puede permitirse es una revuelta entre los suyos.

Pero lo peor es que todos andan equivocados. Si el general Mena supone que las Fuerzas Armadas intervendrían para combatir el secesionismo vasco, catalán y gallego, llegado el caso, está muy equivocado. La institución militar, en tanto que cuerpo o colectivo cohesionado, dejó de existir hace muchos años y sus inclinaciones para participar en la vida política, para bien o para mal, fueron lapidadas hace ya tiempo. Los militares volvieron a sus cuarteles y de ahí ni han salido ni pueden salir porque ni quieren ni saben cómo hacerlo. Mena debe saberlo y por eso sus palabras no pueden interpretarse como una llamada a las armas más bien como un sentido presagio sobre el adiós a la España a la que ha servido.

El PP se dice y se desdice porque no le gusta que los militares expresen su opinión (aunque lo hagan constantemente de hecho), pero tampoco puede negar el profundo malestar al que ha conducido a media España el actual gobierno, incluido los militares. Pero se equivocaría si hiciera del caso Mena un elemento táctico para criticar a Rodríguez Zapatero. Es mucho más que eso. La sanción a Mena viene a poner en primera plana un problema real, la misión de los ejércitos. Cuando un militar jura defender a España y dar la vida por ella, si es necesario (y hay que recordar que han muerto muchos militares por ello en los últimos años), hay que tomarse ese juramento con la profundidad y el respeto que se merece. Estamos hablando de dar la vida, no de pagar impuestos simplemente. El actual gobierno y su imagen de una España confederal, el auge de los separatismos nacionalistas y la ausencia de un claro liderazgo confluyen para que la razón última que da sentido al compromiso de un militar se difumine hasta borrarse por completo. Las Fuerzas Armadas no son carros de combate y procedimientos, son valores y las personas que los encarnan.

Aceptar sin más la sanción al teniente general Mena equivale a aceptar el fin de la razón de ser de los ejércitos, su servicio a España. Mena no lo ha dicho, pero todos lo tenemos en la mente: España, el régimen político que hoy tenemos, está amenazado. Desgraciadamente para los militares las amenazas no sólo viene del exterior sino que se alimentan desde el gobierno de la nación. El general Mena ha dicho la verdad y nadie le puede acusar de lo contrario. Ni siquiera Bono. Su sanción, por muy jurídicamente que esté motivada, supone el suicidio de la institución militar, porque se le está robando legalmente su ser último.

A José Bono se le hace la boca agua hablando de España y de los militares y sus sacrificios por la patria. Pero sus palabras parecen más juegos de artificio que otra cosa. Y es que a los políticos, sobre todo a los de izquierdas, hay que juzgarles por sus obras y no por sus declaraciones.     GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

El meollo del "debate Mena"
José Javier Esparza elsemanaldigital 10 Enero 2006

No desenfoquemos las cosas: España tiene un problema, pero no lleva uniforme. Nuestro problema es que un presidente del Gobierno se comprometió a aceptar "como viniera" un estatuto de autonomía que ha resultado ser anticonstitucional y antidemocrático. El proyecto de Estatuto catalán es anticonstitucional y antidemocrático porque, entre otras cosas, refuta el concepto de soberanía nacional del pueblo español, que es la base constitucional de nuestra democracia. Y como el compromiso de ZP choca contra la Constitución, todas las alarmas se han disparado.

En este contexto, las declaraciones del teniente general Mena plantean un debate de primera importancia: qué quiere decir el artículo 8 de la Constitución cuando encomienda a las Fuerzas Armadas la defensa del ordenamiento constitucional. El asunto nos remite a la figura del Guardián de la Constitución, adelantado aquí hace pocos días. Porque las Fuerzas Armadas están bajo la dirección del Gobierno, pero el jefe de los ejércitos es el Rey, y no es un título honorífico. Y la custodia de la legalidad constitucional se encomienda al Tribunal correspondiente, pero al Rey le compete "guardar y hacer guardar" la Constitución, y tampoco es una inocua metáfora. ¿Quién debe, pues, defender la Constitución?

En el debate clásico sobre si la Constitución debe defenderla un tribunal (Kelsen) o un poder efectivo (Schmitt), nuestra Carta Magna puede justificar simultáneamente una posición y su contraria. Esta ambigüedad no había generado problemas hasta ahora porque nunca se había producido un conflicto como el actual. Pero hoy estamos ante un proceso que puede llevar a la voladura de la Constitución desde los propios poderes constitucionales. Todo esto era "impensable" en 1978, cuando se redactó el texto: plantearlo habría parecido disparatado. Sin duda se subestimó la capacidad histórica de España para el disparate. Hoy nos encontramos con una pregunta sin respuesta.

La política es el terreno de los hechos. Los principios y las ideas (y los intereses) preceden siempre a la acción, pero, al final es ésta la que cuenta. Un Gobierno es legítimo cuando está en condiciones de proteger de hecho a sus ciudadanos; del mismo modo, una institución puede ser Guardián de la Constitución cuando está en condiciones de defenderla efectivamente. Hay que preguntarse si, en las actuales circunstancias, esas condiciones efectivas se dan cita en un Tribunal Constitucional cuyo criterio está viciado por su dependencia del poder legislativo, es decir, de los partidos. Pero hay que preguntarse también qué pueden garantizar unas Fuerzas Armadas cuyo cometido constitucional queda afectado por el desconcierto o el silencio de la cabeza jerárquica.

Este episodio ha puesto de manifiesto una contradicción en nuestro sistema. Ocurre como cuando introducimos a la vez dos órdenes contrapuestas en un ordenador: el sistema se colapsa. ZP ha colapsado España.

(A todo esto: de momento, nadie ha aprobado en las Cortes un proyecto anti-constitucional; la irresponsabilidad gubernamental no se ha convertido todavía en ley. Algunos dicen que por eso Mena ha hablado ahora).

Nacionalistas
No provocar
Cristina Losada Libertad Digital 10 Enero 2006

La definición clásica del nanosegundo, según me recordaba un brillante artículo de Mark Steyn en The New Criterion, era ésta: el tiempo que media entre la luz verde de un semáforo neoyorquino y el bocinazo del coche de atrás. Steyn hace una magnífica actualización, apropiada al escenario abierto por el terrorismo islamista. Pero aquí, in Spain, el nanosegundo sigue siendo el tiempo que tardan los nacionalistas en pasar de agresores de la legalidad a víctimas de quienes la defienden. Es ésta una finta bien ensayada y que ha dado sus frutos. Otro nanosegundo transcurre desde aquel instante hasta el momento en que los no nacionalistas lamentan que se haya proporcionado a los otros la ocasión de representar el numerito.

Dice la leyenda que en las manifestaciones o saltos, como los llamábamos, que se hacían bajo el franquismo, se gritaba “no correr que es peor”. Yo nunca oí tal cosa en los que estuve, pero si alguien lo decía, nadie hacía el menor caso. Cuando venían los grises, uno corría lo que daba de sí y punto. A buenas horas te ibas a quedar a que te zurraran o te detuvieran. Pero en la democracia española se impuso desde el primer momento respecto a los nacionalistas una tontería de similar factura. Un “no provocar que es peor” regiría durante muchos años, y hasta ahora mismo, la conducta de sus adversarios, tanto a izquierda como a derecha.

Por no provocar se la fueron envainando los no nacionalistas en el País Vasco, en Cataluña y, sobre todo, en Madrid, donde se ha vivido siempre en otra órbita celeste, libre de las coacciones de los poderes nacionalistas, y donde los grandes partidos cedían a sus exigencias cuando necesitaban sus votos. Y no se piense que provocarlos requiere declaraciones como las del teniente general Mena. El organismo nacionalista se cuida de mantener una epidermis ultrasensible, y ante cualquier intento de defenderse de los recortes a la libertad que impone, rasga las bolsitas de ketchup y grita “sangre”. Vive de cebar el monstruo del victimismo, todo le sirve de alimento y ninguna ofrenda sacia su apetito.

Valga como ejemplo el nacionalista que nos toca en el gobierno gallego. Anxo Quintana culpa de lo de Mena no a Mena, sino al “patrioterismo” del PP y de ciertos dirigentes del PSOE. Que un señor que vive de excitar los sentimientos patrióticos gallegos y de confrontarlos a los españoles hable de patrioterismo tiene miga. Los de su cuerda andan siempre envueltos en himnos y banderas, soflamas y cánticos, de una patria a su particular medida. Provocadores son para ellos todos los que hablen de la nación española en los términos de la Constitución, todos menos los que se muestran dispuestos a hacer leña de ese árbol, como Rodríguez. Y también les provocamos los que preferimos vivir como hasta ahora veníamos haciéndolo en España, donde nadie obliga a rendir culto a sus símbolos ni a utilizar un idioma en exclusiva. Al contrario que en la patria patriotera que quieren montarse, donde hay que ser patriota por obligación y, aún por encima, demostrarlo.

Como decía, hace muchos años se instituyó la costumbre de no provocar a los nacionalistas. Desde entonces, no han dejado de empeorar.

Relativismo jurídico
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 10 Enero 2006

Hans Horchem, mi señor Zapatero, es un ciudadano alemán que el Gobierno vasco contrató como experto hace veinte años para elaborar un informe sobre la violencia. Durante su estancia en Euskadi, nuestras particularidades lo llevaban a expresar su perplejidad alemana con la observación de que aquí las líneas que delimitan el terreno de juego son flácidas.

El secretario de organización de su partido, Pepe Blanco, ha descubierto el discreto encanto de la flacidez, el irresistible atractivo de lo fofo. Ha dicho que, si de dan las condiciones, «la ley será interpretada y aplicada en función del interés general, que más allá de todo tipo de declaración, es que se acabe de una vez por todas con el terrorismo (...) En todo caso, (las propuestas que se hagan) siempre serán dentro de la ley». Normal. ¿Quién necesita cambiar la definición del penalti si podemos ampliar o reducir el área a nuestra conveniencia? Lo ilegal puede ser legal si desplazamos un poco la frontera. Basta con magrear adecuadamente las palabras.

Pepe Blanco comete el mismo error que el teniente general Mena, aunque a él no le vayan a arrestar. El general parece desconocer que el Ejército no es quien para juzgar la pertinencia de aplicar el artículo 8º de la Constitución. Eso sería competencia del Consejo de Ministros, con conocimiento o autorización (según los casos) del Congreso de los Diputados (C.E. art. 116). Análogamente, no es al Gobierno ni al partido de Pepe Blanco a quien compete interpretar las leyes, sino a los tribunales de justicia.

Pero ya lo han hecho. Rodolfo Ares ha interpretado creativamente al Tribunal Supremo, al decir que está en manos de Batasuna presentarse a las elecciones de 2007. La sentencia del alto Tribunal no permite tanta flexibilidad: en cinco epígrafes contundentes ordena su ilegalización, disolución, borrado de su inscripción en el Registro de Partidos, prohibición de sus actividades y liquidación patrimonial de sus bienes. El Tribunal Constitucional se hacía eco de la sentencia al negar un recurso de Batasuna con argumento inapelable: el fallo del T. S. certificó la «muerte civil» del partido radical y los difuntos no recurren.

Sin embargo, tenemos leyes de aplicar a rajatabla, como la Ley Antitabaco y leyes que escribimos con caligrafía pulcra en la barra de hielo o en la arena de la playa a la hora de la bajamar, como la Ley de Partidos o las sentencias del Tribunal Supremo. ¿Para cuándo un homenaje socialista a Juan Mari Atutxa, ese precursor? A César lo que es del César, presidente.

«Principios pocos, pero flexibles», escribió con admirable capacidad de síntesis Chelu Aguinaga en 'El becario del CESID'. O, si prefiere la versión de Groucho Marx de la misma idea: «Estos son mis principios. Si no le gustan, no importa, tengo otros». De entrada, Arnaldo le va a exigir los otros, ya verá.

Otra vez el traje del emperador
Lorenzo Contreras Estrella Digital 10 Enero 2006

Otra vez el cuento de Andersen y el vestido invisible del emperador. El teniente general Mena ha tenido la ocurrencia de decir la verdad sobre el Estatut: primero, porque es invisible como ropaje complementario de la Constitución; segundo, porque el artículo octavo de la propia Constitución dice lo que dice sobre la misión de las Fuerzas Armadas en defensa de ella misma y de la soberanía e integridad territorial de España.

Qué hizo el general? Seguramente elegir un mal momento para recordar que el Estatut crea peligro para tales valores tal y como está siendo proyectado. Si se hubiera mostrado entusiasta partidario de lo que el ministro Bono manifestó sobre la condición de los militares como testamento “no mudo” al que no se le puede tapar la boca, o hubiera suscrito lo que el jefe del Estado Mayor de la Defensa, preguntado por los periodistas, dijo recientemente sobre la preocupación de los militares respecto a la unidad de España, ¿se le habría castigado?

Dice el ministro de Defensa que la opinión del general Mena no responde al sentir del Ejército. ¿Y comó lo sabe? ¿Ha sondeado de verdad a los mandos de las unidades? ¿Se ha dado algún paseo por las calles o círculos de Madrid, o de cualquier otra ciudad española, y entablado conversación en el seno de alguna de esas tertulias que en la España de hoy alternan temáticamente el futbol con el futuro de la patria? ¿Tampoco hay alarma en ellas?

El señor Bono, decididamente, debe acudir al Parlamento y explicar algo sobre esta extraña situación, en lugar de acogerse a la protección del silencio que piden en su entorno algunos socialistas y casi todos, por no decir todos, los nacionalistas. Es de esperar que no se oculte ni se ampare en la teoría de que en las palabras del general Mena se agazapa el golpismo. Sería la primera vez que un golpista defiende la Constitución frente a separatistas descarados que se apoyan en las libertades que la propia Constitución les regala. ¿Les hace falta el Estatut para llevar adelante su objetivo? Pues seguramente. Y el general Mena tiene la ocurrencia de así expresarlo en acto oficial solemne con todas las galas militares puestas y a banderas desplegadas.

Se la ha jugado. Es verdad que ya tenía cerca la hora del retiro o del pase a la reserva. Lo que ha dicho, lo ha dicho tal vez tarde. Pero ya se sabe: más vale tarde que nunca.

Además no es verdad que hay unanimidad en el sentir de los socialistas sobre el Estatut y el futuro de España como realidad asegurada. Al propio Bono la situacion le ha sorprendido en este desfile de actitudes con el pie cambiado. Cree que el portavoz popular Gabriel Elorriaga tendrá que arrepentirse de sus reticencias tras el episodio del general Mena. A lo peor es el propio Bono quien pude que haya de arrepentirse de su actitud cambiante, ambigua y polisémica.

Bastantes socialistas están tan alarmados como esos militares a quien Bono niega ahora el espíritu de alarma. Hace pocos días el socialista Joaquín Leguina, ex presidente de la Comunidad de Madrid, expresaba en un artículo de la revista El Siglo su convencimiento de que que el Estatut, tal como se le quiere reformar, “no es democrático”, “pretende decidir sobre asuntos que no corresponden”, “hace mangas y capirotes de la multilateralidad” (esencia de una nación plural), y resulta ser, en definitiva, un texto estatutario fundado en un sistema de financiación que, de generalizarse, “simplemente haría desaparecer el Estado”. Así, simplemente. Ni el teniente general Mena se mostró tan alarmado en Sevilla el día de la Pascua Militar.

ETA, más que un síntoma
JOSÉ IGNACIO CALLEJA/PROFESOR DE MORAL SOCIAL CRISTIANA El Correo 10 Enero 2006

Hace tiempo que no escribo de ETA. Siempre he creído que si no había atentados, la política democrática tendría recursos justos para darle una salida. No es fácil, pero confiaba y lo sigo haciendo. Además, me dedico a la reflexión moral, no a la política. El caso es que había escrito estas líneas, apareció lo de José María Calleja, 'El cura irlandés y los síntomas' (EL CORREO, 3-1-05), y pensé en tirarlas a la papelera. Ya se sabe que mi homónimo dice las cosas de un modo que o las tomas o las dejas. No hay espacio para la diferencia. ¿O, quizá, sí? Al final no tiré estas líneas.

En el pasado, me ha interesado ante todo la aportación peculiar de la ética frente la barbarie que conlleva un atentado. Un atentado con víctimas, y sin víctimas también, es una acción inhumana y totalitaria. Hablo de nosotros, del País Vasco. Para mí, esto era tan claro hace muchos años, que callarlo sólo podía significar complicidad política y moral. Ocurre, sin embargo, que de tanto recordar los mejores principios morales, podemos devaluarlos y convertirlos en tópicos. De ahí que, a mi juicio, haya un tiempo para gritarlos, porque casi no se puede hacer otra cosa, y un tiempo para hacerlos estrategia política justa. Ojalá que los elegidos para esta función atinen con su sabia combinación. Ellos deben saber que estamos expectantes y que les confiamos nuestra representación para una buena salida.

Pero, ¿qué es bueno, qué es justo, qué es democrático? Éstas son palabras y cuestiones mayores. Suele decirse que cada cual tiene su idea, y tampoco es eso. ¿Como si todo fuese igual! Hemos de evaluar si en los medios y en los fines estamos respetando la dignidad y libertad de todos los ciudadanos. No mañana, sino ayer y hoy. ¿Estamos respetando, hoy, y cómo, la dignidad y libertad igual de todos los ciudadanos de esta sociedad, la de los vascos? No pensemos tanto en el Estado, sino en nosotros, en nuestros barrios, pueblos y ciudades. En esos lugares y entre la gente que vivo, ¿podemos decir que tú, o él, o yo, estamos respetando y, por tanto, pactando entre distintos un proyecto de vida en común? O, por el contrario, ¿das por verdadera una idea, seguramente un 'prejuicio', sobre España o Euskalherria, que es anterior y superior a tu respeto a la libertad y dignidad de todos? Parece mentira que haya que volver sobre estos principios tan elementales, pero el fundamentalismo político es ciego y no ve ni sus gafas.

Una cosa a aclarar y previa. Lo oigo y me quedo pensativo por lo que tiene de falso. ETA, se dice, no es el problema, sino un síntoma. No se trata de poner palos en la rueda de la paz, pero la comparación con la enfermedad y sus síntomas no es correcta. Los síntomas de una enfermedad o de un problema no son voluntarios, y ETA es un síntoma voluntario. No puede interpretarse la existencia de ETA, ni queriendo ni sin querer, como un hecho físico, un síntoma impuesto por los hechos. No es cierto.

No podemos callar que pasaron muchas cosas injustas antes y durante ETA; incluso contra ETA; pero tampoco ignorar que en ETA hubo y hay una voluntad personal que, contra el parecer de la inmensa mayoría de su sociedad, siguió y sigue un camino perverso. Hay mucha gente muy patriota e igual de ilusionada por la libertad de su pueblo, pero sólo ellos, una minoría, decidieron desarrollar una estrategia de terror contra sus adversarios. En ello hay un problema político, desde luego, pero también moral y personal, es decir, una decisión voluntaria y minoritaria por seguir una vía inhumana, ayer, hoy y tal vez, ¿ojalá no!, mañana. Conviene aclarar muchas cosas para fijar la verdad histórica, pero ésta es muy importante. Algunas cosas pueden tener explicaciones históricas, pero no justificaciones fácticas y, menos aún, éticas. ¿O habrá que decir, en su defecto, que la inmensa mayoría de los vascos se opuso a ETA, pero poco y tarde, con la boca pequeña y sólo ante algunos 'excesos' como Hipercor, Miguel Ángel Blanco o Fernando Buesa? Porque, entonces, ETA sí que fue y es un síntoma necesario de una sociedad enferma y, por tanto, obligada a recuperarse moralmente. Prefiero pensar que no; o, al menos, que, en estos momentos, ya no. Y es que hemos crecido mucho, ¿gracias a Dios!

Mozart como revancha
JUAN JOSÉ R. CALAZA La Voz 10 Enero 2006

TODOS los años se celebran, resucitan o conmemoran efemérides que tenemos, a veces sin gran razón, por señeras. El que acabamos de enterrar fue el Año Internacional de la Física, y habrá en su momento, no lo duden, el año Di Stefano. El que despunta corresponde al aniversario del nacimiento de Freud -van de ello ciento cincuenta y me pregunto qué importancia puede tener- y al de Mozart, hace doscientos cincuenta y miles de botellas de champaña. Porque si hubiese bebido cava no hubiera sido quien fue.

¡Ah, Mozart! Palabras mayores. Un amigo mío que entiende del asunto y tiene sus mismos ojos sabe que puso en orden un sueño etéreo y como un ideal del más allá. Es también lo que opinaba Cioran, que culpó a Beethoven de haber enviciado la música al introducir en ella su estado de ánimo y mal carácter. Pero lo más importante es que Mozart nos otorga a los parias sin confesión una dulce sensación de revancha. La misma que deben sentir las apasionadas amas de casa derrotadas por la vida al saber que Gary Cooper está en el cielo.

Pero ¿revancha de qué o sobre qué? Pues yo, gracias a Mozart, me vengo silenciosamente de la mentalidad aldeana. Que tanto daño nos hace. Porque, si bien se mira, una de las taras de nuestra época es el mal gusto espiritual que invade todos los ámbitos y que impregna de aldeanismo la política y la cultura (Diccionario de la RAE, Aldeanismo , en su segunda acepción: «Tosquedad o estrechez de espíritu atribuida a una sociedad muy reducida y aislada»). Ahí andan, para probarlo, los paletos criptofascistas imponiendo antidemocráticamente que los exámenes sean en el idioma que les sale a ellos de sus muy enxebres narices aldeanas. Y ahí está la alta autoridad regional apoyando candidaturas al Nobel -no recuerdo si a Beiras al de Economía y a Calaza al de Literatura, o viceversa- por méritos de guerra. Sucia.

Pero ¿no será políticamente incorrecto hablar de aldeanos habida cuenta del prestigio que goza la aldea y de la sensiblera connotación del término y lo mucho que velan por él sus ofendidos hagiógrafos? La aldea ha ganado desde antiguo tal predicamento que en su honor hasta se han compuesto zarzuelas («¡Mi aldea! ¡Cuánto el alma se recrea?al volverte a contemplar!»), por no mencionar la ingente literatura que la ha ensalzado. Literatura de ociosos que ven en su inmovilismo la razón de su placer. Y de su poder.

Por supuesto, nada más noble y digno de respeto que el campesino, que con sus manos alumbra las silenciosas cosechas, o el diestro marinero, domador del irisado tornasol de la sardina en la ardora. Y muy mala fe tendría quien viera en mi intención desmitificadora desprecio o burla de su trabajadora condición. Por el contrario, la más cara cachemira, la seda más suave y mejor cortada, el diploma de la mejor universidad no garantizan que estemos ante una persona culta si su espíritu está embrutecido por una sensibilidad tullida que los mismísimos hagiógrafos de la aldea sacan a relucir para insultar, llamando pailáns o pailarocos a quienes no piensan como ellos.

En Mozart no cabe el chantaje afectivo del aldeano que toca mal y se lamenta bien. Pero que é dos nosos. Mozart reduce a cenizas toda la bronca petulancia del matonismo aldeano, inquisitorial y prepotente, y nos surte a los castrati cosmopolitas con las llaves de la esperanza. Y no sabría decirles bien por qué pero cuando escucho a Mozart, y aunque sé que no es así, tengo la impresión que, al estallar de generosidad sus acordes, los pailáns desaparecen cual vampiro ante ristra de ajos. Lo suyo es dar la gaita.

"FALTABA PEDIR EXCUSAS POR EL ATREVIMENTO DE DISCREPAR"
Vidal Quadras critica al PP catalán por su "intervención políticamente inane" en la ley del CAC
El europarlamentario del PP, Alejo Vidal Quadras, arremetió este lunes contra su partido en Cataluña por su actuación en la creación del Consejo Audiovisual de Cataluña, al que definió como "órgano de control de la libertad de expresión". Según Vidal Quadras, pese a votar en contra, el PPC tuvo una "intervención políticamente inane en la que lo único que faltaba era pedir excusas por el atrevimiento de discrepar". El europarlamentario hizo estas observaciones en la conferencia "El nuevo Estatuto de Cataluña: Nada que ganar, mucho que perder".
Libertad Digital 10 Enero 2006

En una conferencia ofrecida en el Hotel Palace de Barcelona organizada por la Fundación Concordia, Vidal Quadras comparó la ley del Consejo Audiovisual de Cataluña con el nazismo y recordó los consejos del ministro de Justicia del III Reich, Hans Frank, creador del Volkergerichtshof, a los jueces. "¿Cómo actuaría el Führer en mi lugar? En cada sentencia que emitan, pregúntense ¿Es compatible con la conciencia del pueblo alemán?".

Según el europarlamentario popular, "es obvio que en su dictamen sobre la COPE, el amigo Carbonell se plateó la cuestión en estos términos: ¿Reflejan adecuadamente las opiniones y las informaciones difundidas por la COPE la realidad inmediata de Catalyuña y utiliza esta emisora formas expresivas suficientemente vinculadas a nuestro abanico de tradiciones y su entorno simbólico? Sólo le faltaba plantearse: ¿Cómo escribiría este dictamen Carod Rovira? Y así le salió, naturalmente."

Vidal Quadras criticó duramente que durante la creación de este "órgano político de control de la libertad de expresión con facultades para sancionar e incluso clausurar medios de comunicación" ningún grupo parlamentario, incluido el PPC, "puso la menor pega" e incluso apoyara la ponencia. "Cuando determinados comentaristas y la dirección nacional del partido", continúa Vidal Quadras, "pusieron el grito en el cielo, y sólo entonces, se procedió a pedir una opinión al Consell Consultiu. Esta acción paralizó el trámite, pero ante el deseo del tripartito de que el asunto pudiese ser resuelto antes de Navidad, se retiró la solicitud de consulta con el fin de acelerar el procedimiento, eso sí, votando en contra en el pleno tras una intervención políticamente inane en la que lo único que faltaba era pedir excusas por el atrevimiento de discrepar. Así están las cosas".

Duras críticas al PP de Piqué
Estas no fueron las únicas críticas vertidas por el europarlamentario popular contra la labor de oposición que está realizando el PPC dirigido por Josep Piqué en el asunto del Estatuto. Vidal Quadras calificó la actitud del Partido Popular catalán de "silencio y cuerpo a tierra", "perfil bajo y discreto" para dar una imagen de "moderación y centralidad" y no crear "problemas" y abogó por la "devolución del Partido Popular de Cataluña a la senda que nunca debió abandonar y que tan buenos frutos rindió en la primera mitad de los noventa del siglo XX", para luchar contra una "pandilla de fanáticos rencorosos de alma tan oscura como sus camisas".

"Ya está bien de concesiones, de complejos, de disimulos, de repliegues tácticos, de procurar no molestar, de no alzar la voz, de no desentonar. Hay que pasar sin vacilación al ataque, porque la manera más segura de perder una guerra es darla por perdida", dijo con contundencia, y acusó al PP de Piqué de "encogerse y acomodarse a la sombra del pal de paller" al "nacionalismo identitario".

Para el europarlamentario, "nadie con dos dedos de seso niega que el Estatuto no tiene arreglo posible" porque transformarlo en constitucional es "una misión imposible". "Si todas y cada una de las modificaciones propuestas" por PP y PSOE "se llevasen a cabo, el producto resultante tendría tanto que ver con el original como el monstruo de Frankenstein con la Venus de Milo". "Una verdadera limpieza del Estatuto equivale a su devolución a los corrales", aseguró.

Aboga por "ir a por todas"
Vidal Quadras insistió en que su partido debe abandonar "las posiciones defensivas" e ir "a por todas" porque "para convencer a los tibios hay que transmitirles el ardor de nuestras convicciones, no desincentivarlos con medias tintas". Consideró que la pretensión de construir un "pseudo-Estadito al precio de inutilizar el gran Estado-Nación que la alberga, conduciría a Cataluña a la ruina económica y a la irrelevancia política". Por ello, reiteró su "compromiso con Cataluña, con España, con Europa y con los valores de la sociedad abierta que los nacionalismos identitarios nos quieren arrebatar y que los cultivadores de la centralidad pulsilánime nos dificultan combatir con todas las armas políticas y democráticas a nuestro alcance. Extraña centralidad, que estriba en complacer al enemigo más que en derrotarle y que practica la oposición saliendo a cazar rinocerontes embravecidos armada con un tirachinas".

El europarlamentario popular se mostró dispuesto a "luchar con auténtica voluntad de ganar" porque "si el nuevo Estatuto entra en vigor, tenemos mucho que perder y nada que ganar".

La Audiencia avala al fiscal y embargará los bienes de los asesinos de Baglietto
R. N.  La Razón 10 Enero 2006

Madrid- La Audiencia Nacional acordó ayer que se realice una investigación patrimonial completa para acreditar los bienes de los etarras Kandido Azpiazu y José Ignacio Zuazolazigorraga, condenados por la muerte de Ramón Baglietto, y así proceder a su embargo para pagar la indemnización que se les impuso, como había solicitado la Fiscalía. Fuentes jurídicas informaron de que en el auto, que se notificará hoy a las partes interesadas, la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ordena cursar oficio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a las agencias forales vascas y navarra, así como a la Dirección General de Tráfico para comprobar los bienes que tienen a su nombre los dos etarras.

Según una querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), presentada en la Audiencia Nacional y sobre la que la sala no se ha pronunciado, el negocio abierto por Azpiazu en los bajos del mismo edificio donde reside la viuda de Baglietto, la concejala del PP en Azkoitia (Guipúzcoa) Pilar Elías, es de su propiedad. Además, en la misma querella, la AVT asegura que desde hace siete años Azpiazu y su mujer, Milagros Altuna, son también dueños de un local de 30 metros cuadrados situado en la planta baja de los números 1, 2 y 3 de la calle Jandonianiz del mismo municipio. Como informó LA RAZÓN el pasado miércoles, en el Registro de la Propiedad de Azpeitia figura, en inscripción del 21 de diciembre del pasado año, la adquisición del inmueble el 5 de agosto de 1998. Tres años después, en marzo de 2001, hipotecaron el local, tasado en 35.500 euros, para obtener un crédito de 18.000 euros por parte de la Caixa.

La condena por el asesinato de Baglietto fue dictada por la sección primera de lo penal de la Audiencia Nacional el 21 de noviembre de 1981 y ninguno de los dos condenados recurrió ante el Tribunal Supremo, por lo que fue declarada firme el 23 de diciembre de 1981. A ambos etarras se los condenó a pagar una indemnización de 75.727 euros (12,6 millones de pesetas) a la viuda y los hijos de Baglietto, cantidad que nunca abonaron al ser declarados, en enero de 1981, insolventes.
Según las citadas fuentes, la familia del edil de UCD asesinado presentó un escrito a la Sala el 11 de enero de 1989 en el que solicitaba que con los bienes incautados en Francia a la banda terrorista ETA se les pagara la responsabilidad civil acordada por la Audiencia Nacional, informa Efe.

En septiembre de 2000 la viuda y los hijos de Baglietto cobraron una indemnización pero no de los dos etarras, sino a través del Ministerio del Interior en aplicación de la Ley de Solidaridad. Pilar Elías recibió unos doce millones de pesetas (cerca de 72.000 euros) y cada uno de los hijos siete millones de pesetas (unos 42.000 euros). Por este motivo, una vez que se comprueben los bienes que tienen en propiedad los dos etarras y de serles embargados, el dinero iría a parar al Estado por haber asumido el coste de las indemnizaciones.

La Sala de lo Penal reclamó las piezas de responsabilidad civil de los dos etarras el pasado 5 de diciembre, las cuales han sido remitidas desde el depósito que tiene la Audiencia Nacional en Alcalá de Henares, donde estaban archivadas desde septiembre de 2003 respecto a Azpiazu, con el informe favorable de la Fiscalía, y desde agosto de 2004 respecto a Zuazolazigorraga.

El auto no resuelve la querella presentada por la AVT, que ha sido enviada a la Fiscalía para que la estudie y emita un informe sobre su admisión a trámite o no.

El Consejo de la Abogacía vasca ampara las maniobras dilatorias de los letrados de EKIN
N. VILLANUEVA/ M.L.G.FRANCO ABC 10 Enero 2006

MADRID/BILBAO. Los letrados que defienden a los 56 acusados en el macrojuicio contra el entorno político, mediático y cultural de ETA lanzaron ayer un órdago al tribunal al amenazar con no asistir a más sesiones de este proceso mientras la presidenta de la Sala, Ángela Murillo, y el presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar, no reciban al decano del Colegio de Abogados de Vizcaya y presidente del Consejo de la Abogacía vasca, Nazario de Oleaga. «No vamos a acudir, señoría. Nos vamos», dijo Arantza Zulueta. Los letrados de EKIN aprovechaban así que, ayer mismo, el órgano que representa a los abogados vascos respondía favorablemente a su petición de amparo por no poder ejercer su profesión, dadas las «limitaciones» que, según ellos, les está poniendo la Sala. En su resuelto apoyo a esta causa, el presidente del Consejo de la Abogacía denunciaba a ABC que «no se puede desarrollar la defensa» si se «deniegan pruebas documentales».

Nazario de Oleaga explicó que el artículo 24 de la Constitución recoge la posibilidad de solicitar «amparo» al Colegio de Abogados si se supone «conculcado el derecho de defensa». En su opinión, al no aparecer «unos documentos que han servido de base para los escritos de la acusación», se ha producido una «merma de derecho de defensa». «Esos documentos tienen que aparecer, porque si no, no pueden ser constitutivos de prueba de cargo», explicó Nazario de Oleaga.

En ese sentido, los letrados aseguran que se les están negando documentos «básicos» para los interrogatorios de sus defendidos, algo que las acusaciones niegan, pues recuerdan que esos informes (uno de ellos sobre la caída de la cúpula de Bidart) están a su disposición desde hace veinte días.

La amenaza de abandonar la Sala se hizo efectiva después de tres intentos por suspender la undécima sesión del proceso (primera tras las vacaciones de Navidad), en la que tenía que haber empezado a declarar el principal encausado y presunto enlace de KAS y ETA, Xavier Alegria, para quien el fiscal solicita 51 años de cárcel por pertenencia a ETA y varios delitos fiscales. Aunque no llegó a producirse su interrogatorio, el propio acusado dio algunas claves de la que va a ser su actitud: «No voy a contestar a un tribunal especial que avala el uso de lal tortura como medio de trabajo».

El comienzo del nuevo año no ha modificado las maniobras dilatorias de las defensas, que si hasta ahora basaban sus solicitudes de suspensión en cuestiones meramente formales, ayer optaron por boicotear el proceso con la intención de que el tribunal accediera a sus pretensiones.

Desde que la presidenta del tribunal impidió a los acusados utilizar este proceso como altavoz político de sus reinvindicaciones, el no reconocimiento (por parte de los acusados) a la justicia que imparte la Audiencia Nacional es una tónica casi tan habitual como las solicitudes de suspensión.

CON EL OBJETIVO DE IMPONER ESTE IDIOMA COMO "LENGUA VEHICULAR"
El Gobierno de Maragall utiliza historiales clínicos privados para comprobar el uso del catalán en la Sanidad regional
La política de normalización lingüística que el gobierno autonómico de Cataluña lleva imponiendo desde la transición ha dado una nueva vuelta de tuerca en los últimos tiempos. Tal y como informa este martes el diario El Mundo, la Generalidad ha puesto en marcha un programa piloto para certificar que el personal sanitario de los hospitales hable catalán entre sí y con los pacientes así como que la documentación emitida sea en catalán. Para ello, los técnicos han utilizado, entre otros, documentos confidenciales como los historiales clínicos de los pacientes.
Libertad Digital 10 Enero 2006

Este nuevo proyecto responde una iniciativa de Jordi Pujol en 2003 dentro del pan estratégico de política lingüística acordado antes de las elecciones por el gobierno anterior y puesto en marcha por el tripartito. El objetivo es lograr el uso del catalán en clínicas y hospitales así como el desarrollo de la lengua en el campo de la salud.

La información del diario El Mundo explica que el plan lo desarrollan los técnicos del Consorcio para la Normalización Lingüística de la Generalidad a través de visitas periódicas a los centros durante las cuales auditan " todas las vertientes que puedan estar relacionadas con los objetivos del plan", encuestan al personal y confeccionan un programa de trabajo que tiene continuidad. Entre os documentos que estudian se encuentran los historiales clínicos de los pacientes –846 durante 2004– aunque los responsables aseguran que no se indagan las initimidades de los pacientes.

Según las conclusiones de los resultados de la iniciativa de 2004, el Consorcio estudió el año pasado casi 9.000 documentos, el informe revela que, aunque la mayoría de los formularios e impresos internos de los centros sanitarios –94 por ciento– está en lengua catalana, sólo el 22,6 por ciento de los facultativos los rellena o formaliza en este idioma. Además, el 53,7 por ciento del personal escribe los formularios en castellano y otro 15,3 por ciento, mayoritariamente en castellano. Tan sólo un 8,3% rellena estos impresos en catalán y en lengua castellana por igual. En los hospitales más grandes, a partir de 400 camas, "se observa un uso inferior de los impresos en catalán".

El objetivo, lograr "hacer del catalán la lengua vehicular" tanto entre los profesionales del sector como en la atención al público y corregir el que la mayoría de los documentos estén escritos en castellano.

Política lingüística gallega
Cartas al Director Faro de Vigo 10 Enero 2006

Cristina Losada Fernández, presidenta de "Vigueses por la Libertad" - Vigo viguesesporlalibertad@yahoo.es

La asociación cívica "Vigueses por la Libertad", que tiene por objeto la defensa de los derechos y libertades individuales, quiere mostrar su repulsa por la reciente disposición de la Xunta que prohíbe el uso del castellano en las pruebas de oposición. Esta medida, de dudosa constitucionalidad, corrobora el desprecio del nacionalismo por los derechos individuales de los gallegos, en este caso el que se refiere al uso de su lengua materna o de elección. Es un síntoma, además, del afán del gobierno bipartito de la Xunta por sumarse a la ofensiva extremista y nacionalista que sufren otras autonomías.

Para "Vigueses por la libertad", la medida representa otra vuelta de tuerca en la política lingüística gallega. La administración, los gestores culturales y educativos se han marcado como objetivo prioritario la modificación de nuestras costumbres lingüísticas. Por tanto, en estos tiempos de globalización, competencia y migraciones masivas, el gobierno autonómico de nuestra tierra consagra sus mejores esfuerzos en cambiar el idioma que hablamos o escribimos. Ni Galicia, ni los gallegos, se lo pueden permitir.

"Vigueses por la libertad" protesta ante este nuevo abuso contra los derechos individuales de los ciudadanos. Esta asociación, recientemente constituida por profesionales de Vigo y de toda Galicia preocupados por el estado de cosas, quiere ser portavoz de estos derechos individuales tantas veces atacados por nuestros legisladores. Pues la libertad cuenta entre nosotros con muchos defensores teóricos que la olvidan siempre en su práctica diaria. "Vigueses por la libertad" intentará que no lo hagan.

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