AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 12 Enero  2006
El mago del constitucionalismo sigue ausente
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA  ABC 12 Enero 2006

Lo irreversible
IGNACIO CAMACHO ABC 12 Enero 2006

Inconstitucionalidades que van “a misa”...y a los preámbulos
EDITORIAL Libertad Digital 12 Enero 2006

La Generalitat catalana viola los derechos fundamentales
Editorial Elsemanaldigital.com  12 Enero 2006

CATALÁNS DE CATALUNYA
MANUEL FERREIRO El Ideal Gallego 12 Enero 2006

La imagen de españa
Editorial ABC 12 Enero 2006

El McGuffin nacionalista
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 12 Enero 2006

La cuestión militar
GEES Libertad Digital 12 Enero 2006

El granero de ZP
Jorge Vilches Libertad Digital 12 Enero 2006

Respeto a la Constitución
I. SÁNCHEZ CÁMARA ABC 12 Enero 2006

Lo que usted no sabe aún sobre Mena, Zapatero y Bono
Pascual Tamburri elsemanaldigital 12 Enero 2006

El fiscal general, en evidencia
Editorial ABC 12 Enero 2006

Batasuna: muertos de risa
Manuel Segura  Periodista Digital 12 Enero 2006

No es ruido de sables, sí del desbarajuste
José Javaloyes Estrella Digital 12 Enero 2006

Irán avanza en la peor dirección
Editorial ABC 12 Enero 2006

Defensa ordena a los militares hablar sólo en castellano en toda España
EL MUNDO  12 Enero 2006

Sirera tacha de "engaño" la carta de Defensa y dice que "el Gobierno piensa que los militares son tontos"
Libertad Digital 12 Enero 2006

Adeu al castellano
Revista de Prensa Libertad Digital 12 Enero 2006

Bilateralidad, financiación y lenguas en la negociación del Estatut
Kiko Rosique  Periodista Digital 12 Enero 2006

El Foro Ermua reclama al Gobierno de Rodríguez Zapatero y al Gobierno vasco que cumplan con su obligación de impedir el Congreso de Batasuna en Baracaldo
COMUNICADO DE PRENSA DEL FORO ERMUA 12 Enero 2006

El mago del constitucionalismo sigue ausente
Por MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ABC 12 Enero 2006

... En contra de lo que algunos sostienen, los Preámbulos constitucionales y estatutarios contienen principios y normas directamente aplicables. No son meros postulados políticos o morales...

NO encaja en nuestro Ordenamiento constitucional que en el Preámbulo de un Estatuto de autonomía se afirme que la correspondiente Comunidad es una Nación. Podría ser una salida retórica del embrollo que se ha creado, pero no es una manera aceptable de resolver la anticonstitucionalidad que destroza la propuesta enviada por el Parlamento catalán y que la hace jurídicamente inviable. Todavía no ha salido a escena el mago del constitucionalismo cuya aparición pedía yo a la desesperada hace meses.

Sólo menospreciando los Preámbulos de los textos constitucionales y con una idea equivocada de lo que, en el Ordenamiento español, es la Nación, se camina por la ingeniosa senda. Tengo que recordar algo que en esta misma página he escrito.

Primero, la naturaleza jurídica de los Preámbulos de las Constituciones y de los Estatutos de autonomía.

En contra de lo que algunos sostienen, los Preámbulos constitucionales y estatutarios contienen principios y normas directamente aplicables. No son meros postulados políticos o morales. El confusionismo se generó con la equiparación de los Preámbulos a las Exposiciones de Motivos que suelen encabezar las leyes. Se trata, sin embargo, de dos clases distintas de textos. En las Exposiciones de Motivos, como su nombre indica, el legislador explica las razones que le han llevado a elaborar las nuevas normas. Los Preámbulos, por el contrario, anticipan las ideas que configuran el sistema constitucional, o el régimen estatutario, con el fin de introducir un cierto orden -nos enseñaba Vedel- en el posible caos que frecuentemente generan los documentos normativos.

Los Preámbulos de las Constituciones (y de los Estatutos) deben ser redactados con especial cuidado, ya que sirven de guía a los intérpretes. En ellos se condensa, en unos párrafos, lo que el constituyente (o el estatuyente) quiere regular. Un buen Preámbulo reduce las dudas y las incertidumbres.

Una infravaloración constitucional de los Preámbulos ha sido rechazada por notables juristas que se han interesado por el tema. Concretamente en Francia se discutió mucho sobre el Preámbulo de la Constitución de 1946, luego reafirmado en el texto de la V República, en 1958. Como razón de peso en pro de la fuerza vinculante de los Preámbulos se dijo que en el referéndum se sometía a la aprobación popular la totalidad de los textos, con los Preámbulos incluidos, y que sería ilógico restar importancia a unas declaraciones efectuadas en los Preámbulos y sancionadas favorablemente de forma directa por los ciudadanos.

Hay que preocuparse, en suma, por lo que se proclame en el Preámbulo del Estatuto de Cataluña. Si en él se admitiese que aquella Comunidad es una Nación, el artículo 2 de la Constitución de 1978 se convertiría en letra muerta. La Nación española, de unidad indisoluble, patria común e indivisible de todos los españoles, dejaría de ser el fundamento del sistema constitucional.

De enorme importancia, por ello, es tener clara la idea de Nación que anida en el Ordenamiento español.

Sabido es que la Nación es un concepto elaborado a lo largo de varias generaciones de estudiosos de la política. Simultáneamente a estos propósitos de exactitud conceptual ha habido poetas y propagandistas entusiasmados con la idea de movilizar las voluntades ajenas mediante la utilización de los sentimientos profundos de los pueblos. Se llega así a una idea de Nación que es homóloga con la idea de Nación de la ciencia política. No es la misma, ni es análoga. Es homóloga.

Al afirmar que son piezas del discurso homólogas entre sí, ni análogas ni parecidas, estoy admitiendo que corresponde a las estructuras proporcionar sentido definitivo a sus componentes. Veamos. Un cuadro de madera, por ejemplo, puede ser el asiento de una estructura que llamamos sillón, y ese mismo cuadro de madera puede ser la tapa de otra estructura que llamamos caja. «Asiento» y «tapa», siendo el mismo cuadro, no son lo mismo. Resultan piezas homólogas entre sí.

La Nación en el texto constitucional español, como componente básico del Ordenamiento, tiene en esa estructura un significado distinto del que posee en una oda literaria o en un discurso de propaganda política. La Nación, en el Ordenamiento español de 1977, entidad jurídico-política, es la titular de la soberanía. No es lícito utilizar la idea constitucional de Nación para aplicarla a realidades que han sido generadas por decisión soberana de ella. La autonomía no es soberanía, sino un fruto o producto de la soberanía.

No ha de confundirnos el hecho, indiscutible, de recogerse en los manuales de la historia del pensamiento interpretaciones distintas de la Nación.

La variedad de ideas sobre la Nación es consecuencia de su inserción en diferentes estructuras. Si retomamos el ejemplo de cuadro de madera que puede ser asiento o tapa, según que esté en un sillón o en un cajón, la Nación, en una estructura preestatal, en una federal o en una confederal, no es lo mismo que en nuestro Estado de las Autonomías. Y fuera de las organizaciones jurídico-políticas, la Nación se emplea con significados plurales en la literatura narrativa, en los discursos propagandísticos y en la poesía.

Pero la Nación, en el actual Ordenamiento español, tiene un significado preciso y juega en él un papel que no cabe constitucionalmente desvirtuar.

En el Ordenamiento español la Nación es la titular única e indivisible del poder constituyente. No pueden esconderse bajo las palabras más o menos ampulosas de un Preámbulo otras Naciones.

Nos queda una última anotación sobre la autonomía, en la línea trazada por Ortega en las Cortes republicanas. Con la autonomía se ceden competencias por el Estado, el cual puede ampliarlas, siempre que la Constitución lo permita, y puede el Estado recuperar competencias cedidas por error o con efectos indeseados. El proceso de transformación del Estado de las Autonomías no ha de marchar necesariamente en la dirección de aumentar las transferencias de poder a favor de las Comunidades. Acaso resulte aconsejable, en determinados casos, ir en la dirección opuesta, o sea que el Estado recupere determinadas competencias antes cedidas. Ortega, en 1932, lo tenía claro y así lo exponía. En la presente situación española debemos recordar esa buena enseñanza.

Todo lo que digo es a la espera de ese mago del constitucionalismo cuya aparición anhelo.

Lo irreversible
Por IGNACIO CAMACHO ABC 12 Enero 2006

MUCHOS catalanes, puede que una mayoría de ellos, piensan que son una nación, pero la Constitución dice que en España no hay más nación que la española. Por tanto, si en una ley española -el Estatuto de Cataluña lo es- se hace constar que Cataluña es una nación, lo que va a ocurrir es que la voluntad de los catalanes se sobrepondrá a la de los (demás) españoles expresada de forma mayoritaria en la Constitución vigente. Esto es así y no de otra manera, ya se admita el concepto de nación catalana en el preámbulo del Estatuto, en el articulado general, en sus disposiciones adicionales o en una nota a pie de página.

La validez jurídica del preámbulo de una ley es asunto para constitucionalistas y otros expertos, pero políticamente lo que pretende el Partido Socialista es ceder la voluntad nacional ante una reivindicación excluyente y soberanista. Y hacerlo con la boca pequeña, mediante un subterfugio que no viene sino a poner de manifiesto la mala conciencia de quienes saben que a los españoles se les atraganta la idea de reconocer a Cataluña como una nación sin Estado. Sin Estado de momento, porque a partir de que se reconozca de modo simbólico no habrá más que esperar la siguiente oleada reivindicativa del nacionalismo.

Desde el instante en que se deje escrito en alguna parte, negro sobre blanco, que Cataluña es una nación, ocurrirán con toda probabilidad dos cosas. Una, que el País Vasco, Galicia y quién sabe más pedirán lo mismo y a ver con qué argumentos se lo niega el Gobierno, que además está por ver que se lo quiera negar. Y dos, que en algún momento, más adelante, alguien volverá a pedir que se trace otra raya, y que las comunidades reconocidas como nación tengan más privilegios que las otras, o simplemente pasen a un estatus diferente, pongamos que de corte confederado. Que de hecho es lo que pide abiertamente el tripartito catalán, con Maragall hablando sin tapujos de una doble velocidad constitucional.

El verdadero peligro de este asunto es que, si ocurre, será irreversible. No tiene vuelta. Ningún Gobierno español, por mucha mayoría que alcance, será capaz de afrontar en un futuro el desafío de dar marcha atrás y negarle a Cataluña un rango de nación aprobado por ley orgánica en las Cortes Españolas. Lo que se otorgue ahora, otorgado quedará, y eso lo saben perfectamente los nacionalistas y lo sabe Rodríguez Zapatero, que a estas alturas, encuestas en mano, ya se habrá convencido de que no se trata exactamente de una mera discusión terminológica o semántica. Y si no se ha dado cuenta es para echarse a temblar.

Porque, con preámbulo o sin preámbulo, de lo que estamos hablando es de aceptar o no aceptar que Cataluña es una nación distinta a la nación española, aunque se integre circunstancialmente en ella. A ver si ése es un concepto «discutido y discutible». Y, sobre todo, a ver si ésa es una decisión que se pueda tomar con mayoría del 60 por ciento.

Inconstitucionalidades que van “a misa”...y a los preámbulos
EDITORIAL Libertad Digital 12 Enero 2006

De las obscurantistas componendas que el gobierno de ZP y sus socios separatistas están llevando a cabo, respecto del futuro del estatuto soberanista catalán –y, por ende, del futuro de España–, cabe destacar las maniobras, filtraciones y globos sondas para tratar de conservar, ya sea en el preámbulo, ya sea en el propio articulado del Estatut, una inconstitucionalidad tan nuclear y fragrante, como sería, en ambos casos, la proclamación de Cataluña como nación.

De la misma forma que el preámbulo y título preliminar de nuestra Ley de leyes forman parte indisociable del cuerpo constitucional, también el preámbulo de un estatuto, forman parte, junto a su articulado, del todo legislativo. Ni en un sitio, ni en el otro, puede aparecer en un estatuto de autonomía una proclama tan anticonstitucional como sería calificar a Cataluña con esa, por lo demás, rotunda falsedad histórica. Sería tanto como jactarse de la inconstitucionalidad que ahora toca maquillar y encubrir.

Valga recordar esta obviedad, para salir al paso de las maniobras rubalcanianas de disminuir la gravedad de esta cuestión en función de donde aparece, así como para afrontar la desautorización del ministro Montilla a Rodríguez Ibarra, quien, tras cenar con ZP, había asegurado rotundo que el término "nación" sería erradicado del estatuto. Montilla le ha respondido al presidente extremeño, por el contrario, que "esto depende de las negociaciones que se están llevando a cabo por los interlocutores designados por el presidente del Gobierno, entre los cuales estoy yo, no está el señor Rodríguez Ibarra".

Al margen de los maquillajes y globos sondas –que, en cualquier caso, también hay que pinchar–, lo que parece que sí "va a misa" –por utilizar la rotunda expresión del separatista Joan Tardá– es la imposición del liberticida y excluyente régimen lingüístico del Estatuto, que amplia y eleva a rango de ley al que de facto y en menor medida ya padece Cataluña.

A pesar de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que niega que el derecho a usar el catalán sea equivalente al deber de conocerlo, el separatista ha desmentido las ultimas declaraciones de Zapatero y ha afirmado, categórico, que el cuatripartito no permitirá que se "rebaje ni se devalúe un ápice" este punto.

Si el monumental escándalo destapado por el diario El Mundo –y silenciado por las elites políticas y mediáticas de Cataluña– , sobre los historiales clínicos y el uso de la lengua, revela el fanatismo del que es capaz el delirio nacionalista, mayor gravedad adquiriría que ese insaciable delirio tuviera, con el estatuto, amparo legislativo.

El cinismo rubalcaniano también pretende, sin embargo, quitar gravedad a ese liberticida y excluyente "deber lingüístico", como si este fuera inane y simplemente retórico. Vamos, como si los nacionalistas no hubieran demostrado ya de lo que son capaces soslayando la ley; como para no temer cosas peores si se les concede amparo legislativo a todos sus excesos.

En cualquier caso, asistimos a cómo el cinismo rubalcaniano y el separatismo más radical conforman e imponen, al margen del consenso constitucional de 1978, el futuro de Cataluña, del País Vasco y del resto de España. Esta alianza es el gobierno del nihilista ZP, el gobierno del 14M.

La Generalitat catalana viola los derechos fundamentales
Editorial Elsemanaldigital.com  12 Enero 2006

En Cataluña se utilizan ilegalmente expedientes médicos para vigilar el uso de la lengua autonómica. El Gobierno de Maragall viola así los derechos constitucionales de los ciudadanos.

12 de enero de 2006. Los documentos que reflejan la relación entre el médico y el paciente son confidenciales, con un grado especial de protección dentro de lo previsto por la Ley de Protección de Datos y en la Ley de Sanidad. En el Código Penal vigente, que desarrolla los principios constitucionales, el acceso indebido a esa información se considera delito. La sociedad anónima Centre Informatic d´Estadístiques y Sondejos utilizó cientos de expedientes clínicos de hospitales catalanes, por parte de personal no médico ni investigador para comprobar, por encargo del Consorcio público para la Normalización Lingüística, el uso de la lengua catalana en la relación médico-paciente. Pasqual Maragall aún no ha dado a la sociedad catalana una explicación de la conducta de la Administración.

El PP y CiU han solicitado aclaraciones y explicaciones, alegando, por medio de algunos de sus portavoces, que se trata de un paso hacia el totalitarismo y de una negación de algunos de los derechos más elementales sobre los que se basa nuestro régimen político. Ante todo, lo que se discute en este caso no es una opinión política ni una decisión administrativa, sino la indefensión de los españoles frente a un poder público expansivo y arbitrario, que olvida la soberanía de la libertad y el imperio de la Ley. El PP de Mariano Rajoy ha denunciado, en este sentido, la situación.

Pero el caso se presta a otra reflexión sobre la deriva totalitaria del pacto entre el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el resto del Tripartito. Hace un año exacto del hundimiento del barrio de El Carmelo, relacionado con casos de corrupción por Artur Mas y por el mismo Maragall. Entonces todos los medios de comunicación de Barcelona callaron la noticia, y ha vuelto a suceder lo mismo con los historiales médicos. El control de José Luis Rodríguez Zapatero y sus socios sobre los medios de comunicación es tal que la libertad de expresión, garantía en democracia de todas las demás, está gravemente amenazada.

Sólo una democracia sana y unos medios de comunicación libres pueden defender a los ciudadanos catalanes de la prepotencia de un Gobierno que antepone los derechos de la lengua autonómica a los de las personas. Y la cuestión es que Marina Geli, consejera de Sanidad de la Generalitat catalana, no tiene motivos para estar satisfecha ni del funcionamiento de sus servicios ni, sobre todo, de su normalización lingüística. Resulta que, según el estudio en cuestión, sólo el 22% de los médicos redacta sus informes en catalán, aunque el 94% de los impresos estén en ese idioma. Y es que, aunque no guste, Cataluña es bilingüe, los hablantes nativos de castellano son mayoría y, en condiciones de libertad, hablan en castellano. Geli podrá repetir lo que dijo Josep Lluís Carod-Rovira sobre la enseñanza: "Hemos ganado las aulas pero estamos perdiendo los patios". Y eso les preocupa más que los derechos de los docentes, de los alumnos, de los médicos y de los pacientes.

Mariano Rajoy entiende que este caso implica la imposición del monolingüismo desde la Generalitat, y que además de violarse la privacidad de los datos se está forzando la voluntad de las personas. Hasta el momento, y pese a que el líder popular ha explicado que se trata de "un ataque a los derechos básicos constitucionales de todo individuo", el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no ha intervenido.

CATALÁNS DE CATALUNYA
MANUEL FERREIRO El Ideal Gallego 12 Enero 2006

Para ser un buen poeta hay que ser capaz de crear grandes metáforas. El símil, la comparación, se convierten en el arma predilecta de los creadores de versos, capaces de encontrar siempre la imagen perfecta. Es evidente que para ser abogado hay que saber mucho de leyes, lo que no implica que quienes se dedican a esa carrera sean capaces de encontrar siempre la imagen evocadora que buscan.

Algo así le pasó el otro día al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco Hernando, quien comparó en desafortunado momento, el catalán y las sevillanas. No tardaron mucho tiempo estas palabras en provocar el desgarro de vestiduras de los defensores de la lengua de Pla, que dedicaron gruesos epítetos al magistrado.

El ruido de la bronca fue tal que, al final, se quedó en el olvido lo que Hernando quería destacar y que no era otra cosa que la dudosa constitucionalidad de imponer el uso de un determinado idioma. Así se recoge en el proyecto de Estatut que negocian socialistas y nacionalistas y según el cual, todo residente en Cataluña tiene la obligación de hablar catalán.

Y el problema es que la imposición no es una amenaza infundada. De hecho, la Generalitat ya ha recurrido a historiales médicos para saber qué pacientes y qué doctores utilizaban el catalán. Incluso, un departamento se encarga de recoger denuncias de aquellos establecimientos que no estén rotulados en ese idioma y hasta una página web, con importante subvención incluida del Gobierno de Maragall, ­www.compraencatala.org­, recomienda qué productos comprar y no basándose en una distintiva característica de calidad: que el etiquetado esté, por supuesto, en catalán.

Vázquez afirmó que el que habla de España es tachado automáticamente de franquista. En Cataluña, el que no habla catalán es tachado de lo mismo y ahora, además, será ilegalizado por medio del Estatut, si Zapatero y lo suyos no lo remedian. Y que no se descuide Francisco Hernando, que, a lo peor, se introduce un nuevo artículo por el cual todos los visitantes de Cataluña, además del idioma deben aprender el arte de la sardana y a entonar Els segadors , o si no, al tiempo.

La imagen de españa
Editorial ABC 12 Enero 2006

LA polémica provocada por las declaraciones y el posterior arresto domiciliario del teniente general Mena ha sido ampliamente recogida por los medios de comunicación internacionales, cuyo interés sobre este episodio no se ha limitado al aspecto militar y sancionador, sino que se ha extendido a la situación política general. Algunas de las informaciones han volcado también ciertos estereotipos sobre España, absolutamente obsoletos, que no reflejan el grado de madurez de la democracia española ni la sintonía del Ejército con el orden constitucional. Incluso se ha llegado a hablar del «fantasma de Franco» tras las declaraciones del teniente general Mena, auténtico contrasentido al ver como prolongación de una dictadura lo que fue una apelación, inoportuna e impertinente, al papel del Ejército en la Constitución democrática de 1978. El último ejemplo de la errática visión que algunos tienen de España y del papel que representa en el panorama internacional lo ha ofrecido Paul Bremer, quien, en su afán por vender el libro que ha escrito sobre su labor como responsable de la ocupación de Irak, vierte graves acusaciones sobre el papel desempeñado por las tropas españolas en Nayaf.

Pero más allá de la absurda referencia de Bremer, lo cierto es que la imagen que actualmente proyecta España al exterior no contribuye a acabar con los estereotipos y los tópicos. A nadie se le oculta que los últimos acontecimientos nacionales dibujan para España el panorama de un país frágil y vulnerable por culpa de las demandas independentistas del nacionalismo vasco y catalán, que estarían en el origen del malestar existente en el estamento militar, proporcional a la implicación activa del Gobierno en la satisfacción de ciertas pretensiones soberanistas. No es extraño, por tanto, que la prensa europea dedique un amplio espacio informativo y de opinión a las tensiones territoriales que está avivando el proceso de reformas estatutarias impulsado por el Gobierno socialista. La solidez constitucional y la unidad interna de los estados son dos fundamentos de la estabilidad política del Viejo Continente, especialmente sensible a las consecuencias trágicas que los nacionalismos han causado en su historia más reciente.

La «balcanización» de España no es una frase tremendista fruto de la exageración, sino el temor que subyace en muchos de los comentarios que se han vertido estos días en las opiniones publicadas en la Prensa extranjera, a las que no les resulta de recibo que en el estado más antiguo de Europa se planteen ahora demandas segregacionistas en materia tributaria, lingüística, judicial o política, que constituyen más un retroceso a tiempos previos a los procesos constitucionalizadores del siglo XIX que un avance hacia un modelo de gestión estatal eficaz. Es la visión histórica lo que hace que el sentido político de estas aspiraciones no sólo se confronte con la Constitución española, sino también con los principios fundadores de la Unión Europea. Por eso, menos aún podrán explicarse los observadores extranjeros que, planteados esos desafíos, sean las instituciones centrales del propio Estado las que estén acogiendo y propiciando tal proceso político rupturista.

Por tanto, a los manidos y absurdos prejuicios históricos que aún perviven fuera de nuestras fronteras se une la realidad verificable de que España está sumida en un problema político que no existe en Europa o que, si existe, está tratado por el Gobierno y el Parlamento nacionales con un rigor constitucional que aquí está inédito. Esta es la causa por la que España transmite precariedad e incertidumbre a las opiniones públicas internacionales, lo que, lamentablemente, es coherente con el movimiento de revisión constitucional que está en marcha y que ha dado una resonancia suplementaria a las declaraciones del teniente general Mena.

No está el Gobierno en condiciones de consentir que la imagen exterior de España empeore más de lo que ya está por su errático deambular por los foros internacionales. Para que a un país se le tenga en consideración en la comunidad internacional debe empezar por contar con un Gobierno que no utilice las relaciones diplomáticas para dar satisfacción a meros instintos ideológicos. El vacío de la agenda diplomática del presidente del Gobierno es un dato que se suma al precario estado de la imagen de España en el exterior y que contribuye a alimentar la rudimentaria y alicorta visión que reflejan algunos comentarios.

Historiales clínicos
El McGuffin nacionalista
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 12 Enero 2006

El Centro Informático de Estadísticas y Sondeos (CIES, S.A.) es una empresa privada radicada en la Ronda Universidad de Barcelona que se dedica al marketing y que no utiliza el catalán en su página web. Sin embargo, por encargo del gobierno de la Generalidad, ha examinado centenares de historiales médicos sin conocimiento de los afectados con el fin de fiscalizar el idioma utilizado por los médicos de ocho hospitales, alguno de ellos dependiente del Ayuntamiento de Barcelona, algún otro tutelado por los gobiernos central y autonómico. No consta aún la reacción de la International Hospital Federation, de la que forman parte los centros implicados a través de la Unió Catalana d’Hospitals.

No sé que concepto tendrá del significado de su cargo el presidente de la Comisión de Deontología de la Organización Médica Colegial, don Gonzalo Herranz, para quien la Generalidad “no ha vulnerado la normativa”. Tampoco sé si Marina Geli, la consellera del ramo, puede dormir tranquila mientras se viola la intimidad de los pacientes catalanes. Pero si Herranz y Geli, si Maragall y el fiscal general del Estado creen que nadie ha violado la ley, yo exijo ver los historiales médicos de los cuatro, sus declaraciones de Hacienda, sus nóminas, su ficha dental, su expediente académico, su libro de familia, su árbol genealógico y su papel higiénico.

Flaco favor le está haciendo el gobierno tripartito al idioma catalán. Casi tan flaco como el que le hacen los socialistas españoles a su ya de por sí dudosa reputación. Como ha quedado patente en el proyecto de estatuto, el gobierno de Cataluña quiere controlarlo absolutamente todo. Si está invadiendo sin miramientos la esfera privada no es por proteger ni por fomentar lengua alguna, sino simplemente por la debilidad de sus convicciones democráticas. El catalán no es más que la excusa, el McGuffin de un relato nacionalista que, para colmo, ni siquiera se reconoce como tal.

Quien ama y respeta la lengua, ama y respeta todas las lenguas. Es una barbaridad de la ingeniería social, un monstruo de la razón totalitaria esa pulsión represora con que se espolea la delación de los comerciantes, se fiscalizan las conversaciones en el patio del colegio o se atropella la intimidad de todos. Porque esos 846 pacientes somos todos.

Caso Mena
La cuestión militar
GEES Libertad Digital 12 Enero 2006

El Presidente del Gobierno miente descaradamente cuando afirma que la inquietud expresada por el Teniente General Mena en la Pascua Militar es una opinión aislada en el seno del Ejército, y que sus declaraciones han causado especial indignación en las Fuerzas Armadas. Por el contrario, la inquietud del General por la reforma del Estatuto de Cataluña, impulsada por el propio Presidente del Gobierno de España, es compartida por una gran mayoría de sus compañeros. La mera lectura de los medios de comunicación muestra además con claridad que sus declaraciones están despertando muchas más muestras de apoyo que de crítica en el seno del colectivo militar.

La inquietud por el futuro de España es generalizada, lo expresó el propio JEMAD en una declaración pública que no sólo no fue sancionada por el Ministro de Defensa, sino que respaldó abiertamente. Lo que existe en el seno del Ejército es una división de opiniones sobre lo que deben y pueden hacer las Fuerzas Armadas ante la creciente amenaza a la unidad nacional que representa la alianza de un nacionalismo excluyente y un Gobierno pusilánime.

Un sector de los militares, probablemente mayoría, piensan que las Fuerzas Armadas no pueden ser testigos mudos de un proceso que conduce irremediablemente a la desmembración de la Patria que han jurado servir y defender. Consideran además que la Constitución, en el tan traído en los últimos días artículo 8, les otorga un papel como garantía última de la independencia, la soberanía y la unidad de la Patria.

Otro sector, que comparte como ciudadanos la inquietud por la actual situación, considera que sería un tremendo error cualquier posicionamiento de las Fuerzas Armadas en el actual debate sobre el modelo de Estado. Un posicionamiento público, como el expresado por el jefe de la Fuerza Terrestre, resulta en su opinión sumamente negativo para la imagen de unas Fuerzas Armadas que habían logrado desprenderse del pesado lastre del franquismo e incluso contraproducente para el propio futuro de la unidad de España. Los ejércitos deben centrarse así en sus propios problemas, que son muchos, y no meterse en jaleos políticos que no les corresponden.

El prudente silencio mantenido por la cúpula del Ejército ante la desafortunada decisión del Ministro de Defensa de arrestar a su compañero es buena muestra de la división de opiniones existente. Este silencio ha causado gran malestar en el ministro de Defensa, quién ya ha mandado un serio aviso a través del diario El País. Según este portavoz oficioso del Gobierno “El caso Mena ha dejado algunas cicatrices en las Fuerzas Armadas. Una de ellas afecta al jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general José Antonio García González … ausente de la crisis que se abrió el día de la Pascua Militar y culminó a la mañana siguiente, con la imposición del primer arresto a un teniente general desde la recuperación de la democracia”.

El mes de septiembre del año pasado, el GEES ya advirtió de que algo estaba sucediendo en el seno del colectivo militar. Escribíamos entonces “Las Fuerzas Armadas españolas han acatado con plenitud el ordenamiento constitucional vigente y han renunciado por tanto a cualquier tipo de posicionamiento político. Pero más allá de su papel institucional, los militares como ciudadanos están particularmente inquietos por el rumbo que está tomando el conjunto del país en los últimos meses”. Es evidente que a la vista de los acontecimientos nuestro análisis no iba desencaminado. Ahora el problema no es que el Presidente no haga caso de las predicciones del GEES, simplemente niega la realidad.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Caso Mena
El granero de ZP
Jorge Vilches Libertad Digital 12 Enero 2006

El teniente general Mena Aguado se ha equivocado, no en el diagnóstico, sino en la interpretación de su papel. La inquietud que ha motivado al militar es ampliamente compartida. El problema no es, por tanto, que pueda haber “ruido de sables” o una “resurrección del franquismo” –¡qué disparates!–. La cuestión es el fondo y la forma de la política del gobierno Zapatero.

Mientras Bono centraba su discurso en la soledad de Mena Aguado y en la complicidad del PP, sus socios antisistema aprovechaban para cargar contra la Constitución y sus fantasmas personales. Salió Gaspar Llamazares, al que Dios no ha llamado por el camino de la seriedad intelectual, atribuyendo al PP una operación para desestabilizar la democracia. Los escamots de Esquerra colocaron impunemente una pancarta con el lema "Ejército español: suspenso en democracia”; precisamente ellos, los que no respetaron la democracia de la II República y desprecian la actual. Y no faltaron los nacionalistas del PNV y CiU que exigieron, sí, que desapareciera de la Constitución el artículo 8º, el invocado por Mena. Incluso el peneuvista Iñigo Urkullu se ha atrevido a comparar a ETA con el Ejército español.

El socialismo de Zapatero nos ha inmerso en una segunda Transición que, de manera irresponsable, está resucitando problemas, posturas, incertidumbres, miedos, iras y tristezas que la mayoría aplastante de los españoles dieron por zanjados hace más de un cuarto de siglo. Es el lamentable resultado de la ausencia de un verdadero programa de gobierno, de un liderazgo que merezca tal nombre, y de un ideario reconocible, moderno y patriótico.

¿Es que alguien se imagina a Tony Blair, Angela Merkel o a Chirac poniendo en cuestión su Constitución, la existencia de su nación o reordenando el mapa territorial contra la opinión del partido de la oposición? El “corazón de Europa”, ese sitio al que Zapatero quería regresar, es precisamente esto, tener como modelo de estabilidad política, económica y social a los países con tradición liberal y democrática. Sí, esos Estados que –¡oh, sorpresa!– son los más desarrollados.

Pero no, Zapatero ha preferido el Frente Popular, volver a los horribles años 30, y exclamar “La democracia soy yo”. Este Gobierno ha creído que dejarse guiar por las minorías más extremistas, de izquierda y nacionalistas, es “más democrático”. Porque los socialistas de Zapatero han resucitado la idea de que la derecha es poco más que un invitado mudo a la democracia, que su legitimidad está viciada porque no reconocen la “verdad progresista”. Y en el fondo subyace la respuesta: los males de España provienen de que ha existido y existe la derecha. ¡Y cómo les gusta identificarla con la Iglesia y el Ejército!

El teniente general Mena Aguado es, en definitiva, un “grano”, en expresión de Bono, que no debía haberse mostrado. Ya, pero el “granero” lo ha construido el gobierno Zapatero. Y se está llenando.

Respeto a la Constitución
Por I. SÁNCHEZ CÁMARA ABC 12 Enero 2006

SObre las declaraciones del teniente general Mena Aguado pueden hacerse tres consideraciones: sobre su contenido, su licitud y oportunidad, y las reacciones que han provocado. El contenido me parece, en general, irreprochable. Después de un balance sobre el año pasado y un comentario acerca de las perspectivas, el militar transmite las inquietudes y las preocupaciones que sus compañeros le han hecho llegar, y que se cifran en una triple crítica al proyecto de Estatuto para Cataluña: los riesgos para la unidad de la Nación española, la influencia de la obligación de conocer el catalán sobre la política de destinos en las Fuerzas Armadas y la quiebra de la unidad jurisdiccional. Recuerda los límites que la Constitución entraña y concluye recordando que si «esos límites fueran sobrepasados, lo cual en estos momentos parece afortunadamente impensable, sería de aplicación el artículo 8», que establece que las Fuerzas Armadas tienen como misión «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Le faltó recordar que, según el artículo 62.h, corresponde al Rey el mando supremo de las Fuerzas Armadas y que, según el 56.3, los actos del Rey deberán ser refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes, según el 64. Si ellos incumplieran sus deberes constitucionales, el abismo estaría a nuestros pies. Salvo estas ausencias, lo que afirma es, si no me equivoco, irreprochable.

Pero no basta llevar razón en el contenido si se atenta contra la prudencia o se vulneran las normas jurídicas. Éstas obligan a los jefes militares al deber de disciplina y a la imparcialidad política en sus manifestaciones, que no pueden entrañar críticas al Gobierno legítimo. Llevando razón en el fondo, sus declaraciones son, en este sentido y sólo en él, reprobables y, por ello, merecen censura. Tampoco parece prudente el momento elegido (aunque acaso no tenía otro), pues, al hacerlas en la Pascua Militar, coincidió con los discursos de Rey y del Ministro de Defensa. Pero tampoco hay que olvidar que es posible que una sanción sea legal y, a la vez, que el sancionado tenga razones para vulnerar la norma.

En tercer lugar, las reacciones políticas, muchas descabelladas. El teniente general ha podido infringir las normas reglamentarias, pero en sus palabras hay respeto a la Constitución, y, por eso, nada de ruido de sables. Por mi parte, encuentro más fidelidad a la Constitución en su discurso que en las acciones de quienes queman ejemplares de la Carta Magna, persiguen la destrucción de la unidad nacional, asumen una especie de poder constituyente catalán de hecho o, incluso, de quien gobierna sustentándose en esos apoyos. Esto es lo que a mí me inquieta y me preocupa. Hay más políticos irresponsables que ruido de sables y fantasías golpistas.

Lo que usted no sabe aún sobre Mena, Zapatero y Bono
Pascual Tamburri elsemanaldigital 12 Enero 2006

Créanme, amables lectores: no voy a contribuir al torrente de opiniones a favor y en contra del teniente general Mena Aguado. Ya está todo dicho, y para lo que falte doctores tiene la Iglesia y coroneles el Arma de Caballería. Vamos a hablar, en cambio, de política de verdad, de la que desconcierta a más de un político en este comienzo de año.

Ni José Luis Rodríguez Zapatero ni José Bono han entendido la naturaleza del problema que se les plantea. No hay "golpe" ni en la más enfermiza mente nacionalista o izquierdista; curioso golpe sería, en todo caso, con el Ejército en cuadro y dedicado a tareas de ONG, y dado por unos militares devotamente defensores del orden constitucional. Al revés, Mena pidió preservar el orden vigente frente a quienes lo amenazan.

Cuando se empezó a plantear la reforma constitucional de Zapatero muchos recordaron que la Nación y la Corona son preconstitucionales, presupuestos de la Constitución de 1978 no susceptibles de modificación salvo cambio de régimen. Algunos añadimos a esa breve lista la foralidad navarra, porque así son las cosas y así se afirmaron en la Constitución. Y poco más; pero en ese "poco más" están las Fuerzas Armadas. En efecto, los Ejércitos no son creados por la Constitución, sino que la preceden, y con su lealtad la garantizan y preservan su esencia.

Y esto es pura y clásica política. Mena, como muchos militares en público y desde luego cientos de miles de españoles en privado –Bono incluido- hablan en las últimas semanas de lealtad, de fidelidad, de juramentos y de promesas. Y todo esto, que es política, desborda a Zapatero. Veamos por qué.

Cuando el teniente general Mena era cadete en 1960 juró "derramar, si es preciso, en defensa del honor e independencia de la Patria, y del orden dentro de ella, hasta la última gota" de su sangre. Y a eso se ha añadido la defensa del ordenamiento constitucional, antes implícita. Pero ese juramento, compromiso solemne de todo militar, es un hecho esencialmente político, que no puede ser liquidado como un vestigio del pasado.

El juramento castrense (como el de todos los servidores del pueblo y del Estado) es un vínculo permanente y vital entre cada uno de los juramentados y la comunidad política. Podríamos hacer su historia, y les podría aburrir citando a Percy Schramm, Ernst Kantorowitz, Carl Schmitt o José María Lacarra; baste por ahora recordar algo a menudo olvidado hoy: que ese juramento es mucho más antiguo que los matices y sutilezas de un Gobierno o de una forma de Gobierno. Mena no ha mencionado el juramento por casualidad, sino precisamente a favor de la Constitución, y de lo que en ella hay de inmutable salvo que se niegue la existencia de la comunidad que llamamos España.

Zapatero y yo sabemos que todo esto no está muy de moda, aparentemente, en 2005. Pero resulta que un juramento, para quien lo ha prestado, no caduca ni prescribe, sino que eleva a permanente una palabra y una voluntad. Mena puso una voz más al movimiento cívico de resistencia a la disolución de España, y ahora Zapatero se asombra de que sus maniobras estén dando paso a un nuevo patriotismo español. Él, y muchos como él desde la extrema izquierda a la extrema derecha, creía que eran antiguallas de la Edad Media y que los juramentos tienen sólo un valor relativo. Bono sospechaba que algo quedaba de lo que hubo, y ahora Zapatero se ha encontrado con algo que ni esperaba ni entiende: la lealtad a la palabra dada.

Háganme caso, el aire de seguridad de los chicos de La Moncloa estos días es pura farsa. No saben qué pensar de una gente dispuesta a sacrificar su comodidad personal por unas palabras pronunciadas muchos años atrás ante una bandera. En eso, como en otras cosas, el PP habrá acertado en la medida en que se haya dejado llevar más por su instinto que por sus miedos.

El fiscal general, en evidencia
Editorial ABC 12 Enero 2006

EL auto del juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska por el que solicita información sobre Batasuna ante la pretensión del brazo político de ETA de celebrar un congreso en Baracaldo dentro de quince días supone una excelente noticia que debe reconfortar a la opinión pública con el que ha de ser el cabal funcionamiento de la administración de Justicia. Pero significa algo más, porque la solicitud del magistrado, así como las declaraciones del fiscal jefe de ese órgano judicial, Eduardo Fungairiño, [«Una asamblea por un organismo que está extinguido teóricamente no debe celebrarse»], ponen en un brete al fiscal general del Estado. Pese a que desde hace semanas Batasuna hace gestiones con el Gobierno vasco para organizar un acto de «autolegalización», Cándido Conde Pumpido aún no ha dado instrucción alguna para evitar este brutal atropello al Estado de Derecho. El mismo Fungairiño afirmaba ayer que se encuentra a la espera de que el fiscal general se decida a abrir la boca. De no hacerlo, Conde-Pumpido se colocaría a sí mismo en una situación imposible, según la cual la Fiscalía General del Estado estaría avalando la «relegalización» de una formación -Batasuna- que los tribunales y otras instituciones nacionales e internacionales consideran como parte esencial de una banda terrorista.

Batasuna: muertos de risa
Manuel Segura  Periodista Digital 12 Enero 2006

Casi trescientos actos públicos habrá celebrado Batasuna desde que fue ilegalizada por su estrecha vinculación con la banda terrorista ETA. Ahora, esa organización política pretende celebrar una asamblea en la localidad vizcaína de Barakaldo, el próximo día 21. El Tribunal Supremo ilegalizó Batasuna en marzo de 2003. El juez Baltasar Garzón, al que sustituyó en la Audiencia Nacional el magistrado Fernando Grande-Marlaska, decretó el 26 de agosto de 2002 la suspensión de sus actividades "porque la propia estructura de HB-EH-Batasuna se encuentra integrada en el grupo terrorista dirigido por ETA, habiendo sido creada para complementar su acción terrorista y hacerla más eficaz". Unos cuarenta dirigentes y ex dirigentes batasunos -entre ellos Arnaldo Otegi- están procesado en el sumario por la financiación de ETA a través de las herriko tabernas, sedes del grupo ilegalizado.

El juez Grande-Marlaska pide información, tanto a la Policía como a la Guardia Civil, sobre el posible desarrollo de actividades ilícitas como convocar e intentar celebrar ese encuentro en Barakaldo.
Mientras se dilucida si el asunto es competencia de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo, el fiscal jefe del primero de los órganos mencionados, Eduardo Fungairiño, asegura que “una asamblea por un organismo que está extinguido teóricamente no debe celebrarse”. Parece obvio. Pero será el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien tenga la última palabra en cuanto a qué actuación adoptar por lo que mañana acudirá a San Sebastián para reunirse con los fiscales del País Vasco.

Lo que ocurre, a todo esto, es que el brazo político de ETA se ha pasado buena parte de su existencia partiéndose de risa ante las mismísimas narices del sistema judicial y ahora no iba a ser menos. El complemento a ese cachondeo que se llevan los amigos de ETA lo ponen episodios como el protagonizado hace meses por el ex presidente del Parlamento Vasco, el otrora admirado Juan María Atutxa, encausado por negarse a disolver el grupo parlamentario de Batasuna, cuestión que está pendiente de recurso, o por el consejero del Interior, Javier Balza, quien ha sido denunciado por prevaricación al no prohibir las reuniones de la ilegalizada organización política.

Éste es el batiburrillo que se nos presenta y ante el que los batasunos saltan alborozados. Eso es lo que buscan ellos. Ladran, dicen, luego cabalgamos.

No es ruido de sables, sí del desbarajuste
José Javaloyes Estrella Digital 12 Enero 2006

Un micrófono abierto puede a veces revelar tanto como el más potente microscopio, o como el telescopio de más profunda penetración en el firmamento. Aquello de conseguid “un acuerdo como sea”, que cupo escucharle al presidente en el tramo final de la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, sí expresó cuanto de sí, en política y ante cualquier negociación, pueden dar un talante y un talento. A José Luis Rodríguez le tienen tomada la medida cualquiera de sus interlocutores, para cualquier negociación y respecto cualquier asunto.

Quien tiene como sistema poner la carreta delante de los bueyes acaba siempre con la carreta atascada en el bancal. El problema se evidencia especialmente cuando se trata de negociar con los nacionalistas, tanto los llamados democráticos como los de discurso terrorista. Así, proponer a los nacionalistas catalanes condiciones tales como nación y lengua, imposibles de cumplir por razón de ley constitucional; o hacer lo mismo con los nacionalistas vascos del entorno etarra, para reinstalarlos en las instituciones, por razón de norma ordinaria, como la desactivada Ley de Partidos.

Se trataría ahora de aceptar que el término nación figure en el preámbulo del Estatuto de Cataluña, luego de que se haya pactado ya la obligatoriedad de conocer la lengua catalana. Lengua y nación son los conceptos sobre los que se asienta el soberanismo nacionalista.

Propuso y alentó Rodríguez, para mantener la estabilidad parlamentaria de su Gobierno, que se aceptaría en Madrid el Estatuto que elaborara en Barcelona el Parlament. Y desde tales premisas de “generosidad política”, el cuatripartito elaboró una pieza de máximos, supuestamente federal pero confederal de hecho, y abierta, en todo caso, a cualquier hipótesis de secesión.

Habiéndose montado el actual escenario de desconcierto nacional, un presidente incapaz de volver sobre sus indebidos pasos y un PSOE estructuralmente roto y con la identidad perdida se ven ahora en la tesitura de lograr “un acuerdo como sea”. Todo en una deriva negociadora, para la nación y para la lengua, de posibilismo anticonstitucional.

Es algo de lo que habrán de responder —y no ciertamente ante Dios y ante la Historia— este Gobierno y el partido al que representa. En democracia de libertades sólo se responde ante las leyes. Y algo debería de pasar, a este respecto, por las responsabilidades contraídas cuando se juró o prometió cumplirlas (las leyes) y hacerlas cumplir.

No existe en nuestro ordenamiento, tal como está configurado en el norteamericano, ese desaforamiento o específico procedimiento de retirada de la inmunidad presidencial, allí llamado impeachment, mediante el cual se forzó la dimisión del presidente Nixon, por saltarse la ley con el espionaje que hicieron los fontaneros de la Casa Blanca, en el hotel Water Gate, al aparato electoral de los demócratas. Aquí el salto ha sido de mayor y distinta magnitud.

El correctivo electoral supone plazos de justicia política desacordes, por lo demorado, para drenar y resolver, adecuadamente, la inquietud social que producen comportamientos políticos como los actuales del Gobierno y su partido, para encontrar “como sea” acuerdos con sus socios parlamentarios.

La sociedad civil precisa de las instituciones democráticas procedimientos ad hoc para responder en tiempo útil a los desafueros, reales o aparentes. El derecho de manifestación y la libertad de expresión responden de forma genérica a esta necesidad, aunque no la cubren enteramente por sí mismos. Resulta muy patente la relevancia de este problema en aspectos de la crisis como los derivados de la aventura catalana, por no consistir ésta en reforma de un Estatuto, sino de inducido cambio de la Constitución. Pues no se trata realmente de reforma estatutaria, propia de una ley orgánica derivada de la Ley Fundamental, sino de un producto legislativo extraconstitucional, de soberanía autónoma y distinta de la del pueblo español.

En este orden de cosas, de alguna forma habrá que regular suficientemente, por imperativo democrático, el derecho de expresión de los militares cuando, al igual que los demás españoles considerados en términos de sociedad civil, sólo pueden protestar y opinar mientras las elecciones llegan.

En Estados Unidos se consideraría cosa de locos que los militares se pronunciaran colectivamente sobre materias políticas, de nivel ordinario o de alcance constitucional, aunque respecto de estas últimas se entendiera o temiese que eran alteradas en su observancia o modificadas ilegalmente por el Ejecutivo, al margen de los procedimientos establecidos para ello.

Pero allí, en Estados Unidos, se dispone del impeachment y no se preceptúa en la Constitución que las Fuerzas Armadas sean las garantes de los bienes supremos, como la libertad y la unidad nacional, consagrados en ella.

Toda política del Ejecutivo en un sistema democrático, especialmente la que concierne a los derechos fundamentales, ha de estar techada por el Derecho, cumpliendo y hacer cumplir las leyes. El derecho gubernamental de iniciativa no incluye la facultad de saltárselas a la torera.

El ruido militar de ahora no es un ruido de sables, sino el eco del grave desbarajuste gubernamental, entre el que se incluye el del Ministerio de Defensa.   jose@javaloyes.net

Irán avanza en la peor dirección
Editorial ABC 12 Enero 2006

LA decisión unilateral de la República Islámica de Irán de retirar los precintos de varias instalaciones de la industria nuclear constituye una medida extremadamente grave y confirma las peores sospechas de que, bajo una superficial apariencia de voluntad negociadora, Teherán esconde su firme determinación de ganar tiempo para alcanzar su objetivo de dotarse de armamento atómico. La comunidad internacional lleva dos años contemporizando con un régimen que desprecia abiertamente todas las ofertas y cuyo presidente, Mahmud Ahmadineyad, declara abiertamente y sin el menor sonrojo que le gustaría hacer desaparecer a un Estado soberano (Israel) del mapa.

Las autoridades de Teherán saben pertinentemente que tienen derecho a desarrollar su industria atómica con fines civiles, campo en el que cuentan con todo el apoyo internacional, pero que sus intenciones de dotarse de armamento de destrucción masiva no son aceptables en un mundo que ya es demasiado peligroso. A estas alturas, parece evidente que el asunto va a llegar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que los países que han estado al frente de los intentos de conciliación, la Unión Europea a través de la «troika» de Gran Bretaña, Francia y Alemania, además de Estados Unidos, Rusia y China, deberían desplegar cuanto antes todos sus esfuerzos para preparar la batalla diplomática. Nada sería peor que afrontar un tema tan grave en una ONU dividida y debilitada, como sucedió ante Sadam Husein, con consecuencias bien conocidas.

Para España, este sería el momento de probar al mundo si la llamada «Alianza de Civilizaciones» que el Gobierno se jacta de haber creado sirve de verdad para algo o no. Es muy fácil sentarse con el régimen teocrático para hablar del tiempo, pero cuando se trata de afrontar un problema gravísimo y del que pende la seguridad del planeta los países civilizados deben mostrar sus cualidades.

CON EL VISTO BUENO DE ZAPATERO
Defensa ordena a los militares hablar sólo en castellano en toda España
EL MUNDO  12 Enero 2006

MADRID.- El Ministerio de Defensa ha dado la orden estricta de que los militares, sea cual sea la unidad o el acuartelamiento al que estén adscritos "dentro del territorio nacional", utilicen exclusivamente el castellano "en todos los actos, actividades y relaciones de servicio", según publica EL MUNDO.

La norma se recoge sin ningún tipo de matices en la carta firmada por el subsecretario del Ministerio, Justo Zambrana, y dirigida este miércoles al jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Félix Sanz Roldán.

La misiva, muy breve, da respuesta a la consulta elevada por el más alto representante de la cúpula militar ante la posibilidad de que finalmente las negociaciones en torno al nuevo Estatuto de Cataluña se salden con un acuerdo que incluya el deber de los ciudadanos que residen en dicha comunidad autónoma de conocer y utilizar el catalán.

El texto dice: "La comprensión inmediata de las órdenes y la transmisión rápida y clara de las informaciones son elementos esenciales para la eficacia en los trabajos y operaciones militares. Por ello, el uso de un solo idioma en los Ejércitos de España es un instrumento de insustituible valor para el funcionamiento homogéneo, uniforme y unívoco de las unidades militares, cualquiera que sea su localización geográfica dentro del territorio nacional".

A continuación, la carta expresa la necesidad de trasladar la orden de uso exclusivo del castellano a todas las unidades: "El criterio en vigor sobre uso de la lengua oficial en el ámbito de los Ejércitos y de la Armada es que en todos los actos, actividades y relaciones de servicio se utilizará siempre el castellano".

Y finaliza apuntando: "La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes comunica que no se está tramitando proyecto normativo alguno, ni existe intención de promoverlo o apoyarlo, tendente a modificar la situación actual".

La misiva, que ha sido analizada por el ministro de Defensa, José Bono, cuenta con el visto bueno del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien este mismo miércoles se le trasladó copia y se le consultó el contenido.

RECUERDA EL PACTO DE ZAPATERO CON ERC
Sirera tacha de "engaño" la carta de Defensa y dice que "el Gobierno piensa que los militares son tontos"
El portavoz adjunto del PP en el Parlamento catalán, Daniel Sirera, ha calificado de "engaño" la orden que ha dado el Ministerio de Defensa a los militares para que "en todos los actos, actividades y relaciones de servicio se usará siempre el castellano". Sirera ha recordado que el presidente Zapatero "ha dado luz verde a que el Estatuto recoja el deber de conocer el catalán". "Una carta firmada por un subsecretario del ministerio no puede estar nunca por encima de una ley orgánica que con probabilidad será aprobada en Cortes", añadió Sirera.
Libertad Digital 12 Enero 2006

Según cuenta este jueves el diario El Mundo, el subsecretario del Ministerio de Defensa, Justo Zambrano, ha comunicado por escrito al general Felix Sanz Roldán, jefe del Estado Mayor (JEMAD), que "el uso de un solo idioma es un instrumento de insustituible valor para el funcionamiento homogéneo, uniforme y unívoco de las unidades". Por este motivo, según añade el texto de la orden al que ha tenido acceso el diario madrileño, "en todos los actos, actividades y relaciones de servicio se usará siempre el castellano".

La carta es la respuesta a la consulta que realizó el más alto representante de la cúpula militar por si las negociaciones sobre el nuevo Estatuto de Cataluña finalizan con un acuerdo que incluya el deber de los ciudadanos que residen en dicha comunidad autónoma de conocer y utilizar el catalán.

En declaraciones a La Mañana de la COPE, Daniel Sirera ha dicho que "el Gobierno pretende tranquilizar a los militares, pensando que los ciudadanos y que también los militares son tontos" y ha mostrado su preocupación por el hecho de que esta carta "esté legitimando a los miembros del Ejército a incumplir la ley". En su opinión, esto "es un hecho muy grave desde el punto de vista del estado de derecho y de la democracia".

El portavoz adjunto de los populares en la Cámara catalana ha enumerado las "barbaridades" del Gobierno de la Generalidad como la persecución de los profesores, médicos o comerciantes que utilizan el castellano y advirtió contra las que podrá cometer el tripartito si el Estatuto se aprueba finalmente. "Cualquier persona que esté en Cataluña tendrá que utilizar el catalán en todas las comunicaciones que haga y la Generalidad no tendrá la obligación de tener folletos o instancias en la lengua castellana", explicó Sirera, que indicó que "el castellano se va a convertir en una lengua de uso privado".

Adeu al castellano
Revista de Prensa Libertad Digital 12 Enero 2006

'Cuando el español se enseña en las clases de gimnasia': No es extraño, pues, que el informe Pisa detecte en Cataluña un nivel de fracaso educativo muy superior -más del doble- entre los alumnos castellanoparlantes La eventual advertencia de Maragall de que CiU no es "imprescindible" para aprobar el Estatuto, así como una supuesta "cesión" de los 'barones' ante Zapatero ante la denominación de Cataluña en su preámbulo, y el deber de hablar en catalán, y la petición por el juez de datos a la Policía acerca del anunciado congreso de Batasuna-ETA son las principales noticias que destacan hoy en portada los periódicos nacionales. Y es que poco a poco los nacionalistas comienzan a atreverse con todos los signos o símbolos de España. Destacamos la nueva noticia de El Mundo: "Defensa ordena a los militares hablar solo en castellano en toda España" en la que informa de que "el Ministerio de Defensa ha dado la orden estricta de que los militares, sea cual sea la unidad o el acuartelamiento al que estén adscritos 'dentro del territorio nacional', utilicen exclusivamente el castellano 'en todos los actos, actividades y relaciones de servicio'". Además, en un apoyo dice que "el tripartito abre la vía para eliminar incluso la asignatura de castellano".

ABC: "Los 'barones' ceden ante Zapatero para llamar nación a Cataluña en el preámbulo". En pie de foto: (UE, gripe aviar): "Contra el virus y el pánico". "El juez ordena que se investigue a Batasuna para impedir su reunión". "Nuevo roce con EE UU por la crítica al Ejército español del ex 'zar' de Bush en Irak". En el editorial "La imagen de España" dice que "no está el Gobierno en condiciones de consentir que la imagen exterior de España empeore más de lo que ya está por su errático deambular por los foros internacionales. Para que a un país se le tenga en consideración en la comunidad internacional debe empezar por contar con un Gobierno que no utilice las relaciones diplomáticas para dar satisfacción a meros instintos ideológicos".

EL MUNDO: "El tripartito abre la vía para eliminar incluso la asignatura de castellano". "El juez pide datos a la Policía sobre el congreso de Batasuna para ver si lo prohíbe o no". "Blair no descarta medidas de fuerza contra Irán por la crisis nuclear". "Puigcercós y Rubalcaba coinciden en que conocer el catalán será un 'deber'". En el editorial "Cuando el español se enseña en las clases de gimnasia" dice que "no es extraño, pues, que el informe Pisa detecte en Cataluña un nivel de fracaso educativo muy superior -más del doble- entre los alumnos castellanoparlantes. Es la constatación de una política discriminatoria, encaminada a erradicar el castellano en Cataluña, que los nacionalistas quieren convertir en irreversible con el nuevo Estatuto".

EL PAÍS: "Maragall advierte de que CiU no es imprescindible para aprobar el Estatuto", "El homicida de Correos amenazó hace un mes con una escopeta a sus colegas", "El Ejército planea una profunda transformación para adaptarse a la escasez de efectivos", "El ex embajador chileno en la ONU revela las presiones de España el 11-M para culpar a ETA", "Tensión en Guadalajara en una visita de europarlamentarios" e "Irán rechaza la presión internacional y reafirma sus planes nucleares". En el editorial "Base logística" avanza que ante la detención de más de un centenar de islamistas en el último año "el desmantelamiento de estas redes de reclutamiento y de financiación es parte esencial de la lucha contra el terrorismo", y que "hay que insistir en no bajar la guardia, pero también en no criminalizar, por extensión, a ninguna nacionalidad ni a la creciente comunidad islámica en España".

LA RAZÓN: "Gobierno y ERC ultiman un pacto sobre el Estatut al margen de CiU", "La Junta de Castilla - La Mancha oculta a Europa el drama de Guadalajara", "El PNV equipara al Ejército con ETA y cuestiona las pensiones de los militares que apoyan a Mena", "La disparidad de criterios entre autonomías provoca el caos con la Ley Antitabaco", "Los créditos hipotecarios de los españoles superan los 700.000 millones de euros" y "La Guardia Civil abre diligencias por una obra expuesta en el Reina Sofía". En el editorial "El Estatuto llega a la fase de las triquiñuelas" se pregunta que "si Cataluña es elevada a la categoría de nación en el Preámbulo, es decir, en la declaración filosófica y de intenciones del Estatuto, ¿quién va a convencer al resto de los españoles de que nada ha cambiado? Si los límites constitucionales no admiten que se llame nación a otra entidad que no sea España, ¿es aceptable que figure en un Estatuto?".

EL PERIÓDICO destaca en portada "España encabeza en la UE el abandono de los estudios en bachillerato y FP", "Encuadernados con piel humana. Bibliotecas de EEUU tienen libros de hace siglos hechos con tejidos de personas" y "El ex virrey de Bush en Iraq acusa de pasividad a los soldados españoles". Su editorial titulado "No eran tan humanitarias" afirma que "De las quejas de Bremer se concluye que el contingente español actuó con dignidad, esforzándose en contemporizar con la población local sin participar en las operaciones a sangre y fuego que alimentaron el rechazo de la 'liberación'. Pero tal disparidad entre las exigencias de EEUU y el mandato de la fuerza española era insostenible, y más que suficiente para poner punto final a esa aventura militar. Las críticas del exvirrey de EEUU en Irak al Ejército español reflejan el equívoco de la intervención del PP".

LA VANGUARDIA titula en portada "El Gobierno propone horarios de trabajo más europeos", "Las expectativas electorales del nuevo partido de Sharon se disparan" y "El ex gobernador de EE.UU. en Iraq critica la actitud de las tropas españolas". En su editorial titulado "Los deberes del PP" afirma que "Todos los grandes partidos tienen corrientes extremistas, pero las direcciones nunca deben dejarse arrastrar por ellas. El PP es un partido vital para la democracia española. Nunca hemos considerado inteligente la tentación de la mayoría de los partidos catalanes de atrincherarse en su contra, pero el argumento sirve a la inversa: tampoco es inteligente negarse por sistema a todas las propuestas catalanas, sean económicas (opa de Gas Natural sobre Endesa), sean políticas. Lo inteligente es hablar y negociar. Si el PP cree de verdad en la unidad de España, debe atraer a una parte significativa del electorado catalán. Esta es su asignatura pendiente. Para conseguirlo, no es necesario que renuncie a sus posiciones ideológicas, basta con que reconozca la importante aportación del dinamismo económico y cultural catalán a la riqueza española.

Bilateralidad, financiación y lenguas en la negociación del Estatut
Kiko Rosique  Periodista Digital 12 Enero 2006

Los cronistas y portavoces de la negociación del Estatuto de Cataluña dan tanta notoriedad a los avances más ínfimos que la situación recuerda alternativamente a los amores adolescentes, la guerra de trincheras y la evolución de los enfermos en coma. Posiblemente, al final, el bufido amenazador de la derecha en la nuca de los interlocutores les recuerde que, como insinuó Carod-Rovira en la Ser, el Estatut es ahora o nunca, y las dos partes terminen firmando un reparto de los puntos en litigio o una componenda cuantitativa, pero los enfoques se antojan cualitativamente tan irreconciliables que no hay posibilidad material de consenso, sino sólo de elección: el uno o el otro.

La delegación del Gobierno y la de la Generalitat están de acuerdo en un concepto, el de bilateralidad; sólo que aquél lo entiende en referencia a los asuntos catalanes y ésta aplicado a los españoles o estatales. Tanto en la cuestión financiera como en la lingüística, ambas partes aspiran a ganar yardas en el campo del otro reservando el propio para su exclusiva competencia. El Gobierno pretende mantener sus propios impuestos en todo el territorio nacional y plantea una doble agencia tributaria en Cataluña; la Generalitat quiere las riendas en su jurisdicción (a eso equivale una sola agencia con preponderancia de la administración autonómica) y además presencia y voz propia en los negocios internacionales de España. En cuanto a los idiomas, la Generalitat impone el monolingüismo en su territorio y reclama cuotas para el catalán en las televisiones estatales; en el resto de España, reivindicamos el bilingüismo catalán y ni siquiera nos lo planteamos en Castilla o Andalucía. En los dos ámbitos de discusión, el Gobierno ha asegurado que todo quedará como está y la Generalitat que no cederá en sus posiciones, ya que son dos de los puntos cardinales del nuevo Estatut.

Ambas instancias son coherentes con sus presupuestos: para la inmensa mayoría de los españoles, la entidad natural y preexistente es España, y, como mucho, los círculos autodenominados progresistas se muestran comprensivos con su pluralidad e intentan darla cabida como un atributo, como un adjetivo aplicable a España; para los nacionalistas catalanes, en cambio, la realidad sustantiva es Cataluña, y a lo sumo están dispuestos a admitir, como una característica, que el devenir histórico la ha hecho parte de una entidad estatal con la que intentan establecer un contrato de igual a igual porque no les queda otro remedio. La bilateralidad es, en ambos casos, un instrumento para adaptarse a un fenómeno, un medio para que el sustantivo subsuma el adjetivo que le ha tocado integrar. Y, naturalmente, se aplica en el campo del otro, porque la entidad preexistente ha de permanecer incólume y única.

Desde este punto de vista, tenía razón la derecha cuando, al comienzo de la polémica estatutaria, alegaba que la raíz de todos los males era la definición de Cataluña como nación y el resto de la propuesta de la Generalitat su desarrollo, y que por tanto corregirlo a base de enmiendas sería imposible a menos que el borrador quedara completamente desnaturalizado. Pese a los buenos oficios de Rubalcaba, los socialistas españoles, que se han metido en esto llevados por el optimismo inconsciente de sus líderes, por los compromisos del pasado y porque los acontecimientos, por desgracia, suceden de uno en uno y desde el principio nunca se avista el desarrollo y el final de un proceso, se dan cuenta ahora de que el pacto no es posible si se parte de lógicas contrapuestas. Y, como en la vida misma, parece que no hay plan B.

El problema de la derecha es que, como ya traté de exponer en "El PP, la Constitución y la nación", su enmienda a la totalidad tampoco se sostiene, porque España no es más (ni menos) nación que Cataluña. En la actualidad, España es más Estado; una naturaleza, por cierto, mucho más real y noble que la de nación, porque sirve para construir carreteras en vez de mitos y bagatelas, aunque Rajoy pretendiera ofender a los catalanistas reduciendo a eso competencias de la Generalitat y éstos efectivamente lo tomaran como una ofensa. Pero no más nación, y por tanto la perspectiva desde la que parte el Gobierno central y su concepto de la bilateralidad no están más autorizados que el enfoque con el que se sienta a negociar el tripartito catalán. Y, como digo, son irreconciliables. Así que, incluso en el improbable caso de que algún día ambas partes asuman mi tesis de que el concepto nación es una falacia que no se sostiene por ningún lado y debe quedar relegado al ámbito de las creencias privadas e irrelevantes, en asuntos tan reales como la financiación y la política lingüística habría que dar por bueno uno de los dos esquemas mentales y postergar el otro.

Por lo que respecta al tema económico, el Gobierno central tiene todas las de ganar. Zapatero, Solbes y Rubalcaba han reiterado repetidamente las líneas rojas por las que no van a pasar; los barones socialistas tampoco consentirían que se transgredieran y el tripartito no tiene argumentos para vender un supuesto federalismo igualitario cuando a la vez justifica su reforma estatutaria con el argumento de que el tiempo ha desvirtuado la distinción entre nacionalidades y regiones. Como resumió el 6 de noviembre Pedro J. Ramírez en una frase pletórica, "el día que Murcia sea una nación, Cataluña se declarará asteroide". Por todo ello, es probable que el esquema teórico que subyace al modelo de financiación se acabe manteniendo como está. Fue significativo el giro de 180º que dio Artur Mas en dos días consecutivos del pasado mes de diciembre. El primero de ellos arguyó, con toda razón, que si los partidos catalanes habían redactado una propuesta de nuevo Estatuto era para cambiar el modelo, porque si aspiraran a una simple mejora en su balanza con el Estado, habrían negociado con cada nuevo Gobierno entrante por separado. Y al siguiente recapacitó y declaró que CiU aceptaría el mismo modelo siempre que conllevara una mejora sustancial del saldo para Cataluña. Aunque ahora parezca que esta formación dificulta el acuerdo, habrá que atribuirlo a la mecánica de cualquier pulso negociador, porque la única solución al embrollo es un arreglo cuantitativo.

Además, dentro de ese mismo modelo, hay reivindicaciones catalanas que suenan bastante justas, como que se hagan públicas las balanzas fiscales, no sólo de las comunidades autónomas como sostienen los nacionalistas, sino también de las ciudades y de los barrios. La gente tiene que aceptar como algo normal que la renta se redistrisbuya en dirección a las zonas más necesitadas de infraestructuras, y punto. Más allá de la derecha y la izquierda, es puro sentido común que el hombre racional corrija las desigualdades que ha ido sembrando el azar, porque no tenemos ningún derecho especial a heredar la riqueza o la pobreza generada por ese azar ni por las personas que vivieron en el mismo territorio antes que nosotros.

Maragall saludó la aprobación del Estatut en el Parlamento de Cataluña proclamando que se había terminado la solidaridad catalana, como si tuviera derecho a ese legado, y acusando a otras regiones de tumbarse a la bartola esperando las subvenciones de la suya. Es decir, como si los catalanes o los ciudadanos de las otras comunidades trabajaran sincronizados por una sola voluntad, y no cada uno por su aire, obteniendo unos ingresos y cotizando individualmente en función a ellos, aunque luego gran parte de las inversiones sociales se realicen por territorios. Esto fue un disparate que habla bastante del nivel intelectual del personaje, pero quedó en el olvido, y otras reclamaciones de los nacionalistas como que las pensiones se adecúen al coste de la vida en cada comunidad, que la cuota de solidaridad de Cataluña se establezca sin que pierda posiciones en el ránking de las diecisiete o que el criterio básico de aportación al margen de esa cuota sea contribuir por renta y recibir por población son reclamaciones muy lógicas que podrían generalizarse al resto de regiones sin inclinar el modelo de financiación de forma asimétrica. Mientras se establezca una cantidad (no fija, pero tampoco indefinida) que se transfiera de las autonomías más ricas a las más pobres, la renta de unas y otras tenderá a igualarse (pero no a invertirse) en términos absolutos, relativos y en referencia con los precios de cada una. Como sucedía con el reparto de los fondos europeos, aquí tampoco es verdad que las comunidades menos pudientes estén pagando los costes de la transformación. No lo es precisamente porque existe una cuota de solidaridad, y el que ésta disminuya no es injusto mientras el descenso sea correlativo a la convergencia interautonómica.

Juan Francisco Martín Seco, una de las plumas más clarividentes y esclarecedoras de la prensa española, hacía en uno de sus últimos artículos en La Estrella Digital (18 de diciembre) una comparación mucho más aguda que ésta entre el debate presupuestario en Bruselas y Madrid. Lamentaba Martín Seco que la triste realidad de una Europa de los Estados en la que cada país vela por sus propios intereses y la unión queda establecida sólo por las relaciones mercantiles y no por una política social común, se estuviera trasladando a un Estado ya constituido como España. Y, encima, gracias a la iniciativa política de partidos que se dicen de izquierdas, en La Moncloa y en la Generalitat. Muchos autores han puesto ya de relieve esta sangrante contradicción, pero causa particular sonrojo oír una y otra vez a los portavoces de ERC y IU-ICV que la financiación (¡la financiación!) es el capítulo fundamental del Estatuto. Pero ahí sí que no hay ningún misterio: un Estado fuerte y con solvencia económica es un requisito previo e imprescindible para poner en práctica políticas sociales eficaces. Por eso, debemos felicitarnos por las escasas posibilidades de que la negociación del Estatut termine modificando el modelo de financiación y vaciando de recursos económicos al Estado.

Sin embargo, como decía al principio, se corre el peligro de que, ante la imposibilidad de un consenso entre dos enfoques opuestos, el Gobierno y la Generalitat se repartan los puntos en litigio, y, en compensación por el desplante financiero, aquél renuncie a la bilateralidad en la regulación del espacio lingüístico catalán. El Mundo ya asegura que el PSOE ha entregado este punto, y Victoria Prego, que siempre se entera de todo, lo suscribe en su blog de la edición digital.

Sería un delito. Mucho más grave que equiparar la jurisdicción del Estado a la de una comunidad autónoma, que la asimetría confederal o que la independencia de Cataluña, que sólo afectarían a entes políticos que ni sienten ni padecen, es la imposición de un idioma a unas personas que no quieren o a las que no les resulta natural hablarlo. No voy a insistir en los calificativos de totalitario y fascista que le han llovido al nacionalismo catalán en los últimos meses, desde la derecha pero también desde labios tan poco sospechosos como los de Albert Boadella y Arcadi Espada. Yo lo apliqué en El Mundo de Castilla y León al aprobarse el Estatut en el Parlament y, desde entonces (no debido a mi proverbial influencia sobre la opinión pública, obviamente) se ha convertido en lugar común. La verdad es que la capacidad de torear con una bandera a todos los estratos de una sociedad teóricamente avanzada, ponerlos en fila haciéndolos olvidar clases sociales, niveles culturales y matices individuales, e insuflarles la emoción de la pertenencia al organismo común en un tipo de identidad que sólo merece el nombre de masturbación nacional, es el rasgo distintivo del fascismo.

Pero, fuera del momento actual e incluso del caso específico de Cataluña, la concepción de las lenguas como un bien cultural y un fin en sí mismo digno de defenderse a toda costa es otra de las bagatelas que hay que extirpar cuanto antes del ideario colectivo. Una lengua no es un tesoro cultural más que desde un concepto tradicionalista y patrimonial de la cultura, que entiende ésta como un inventario de viejos monumentos, un acervo folklórico que, efectivamente, comprendería por igual al catalán y a las sevillanas. El idioma es un rasgo cultural como otro cualquiera de un grupo humano, pero su valor no es intrínseco, no está en su expresividad, en su dulzura, en su concisión, en su riqueza léxica ni en su musicalidad, que eran los elementos que los filólogos románticos valoraban para concluir indefectiblemente que su lengua nacional era la más primorosa. Su riqueza consiste en su capacidad de servir de material para construir obras maestras de la literatura o el pensamiento, que transformen nuestra manera de entender las cosas y hagan que el mundo no gire igual a como giraba antes de ser publicadas.

Eso es concebir la cultura como algo vivo y no como un mero muestrario de antigüedades que nos unan a los antepasados y nos faciliten la invención de la nación. Las lenguas podrían formar parte constituyente de nuestra cultura si, dado que tienen la facultad de configurar y delimitar nuestros pensamientos, el castellano prefigurara unos determinados horizontes estéticos y epistemológicos y el catalán otros distintos. Sin embargo, dado su tremendo parecido, es difícil que las lenguas romances llegaran algún día a diverger de forma sustancial dando lugar a dos culturas distintas, y mucho menos en la época que vivimos.

En estas circunstancias, y aunque quizá suene a sacrilegio, no es ningún drama que unas lenguas desaparezcan, porque el idioma en el que se manejen de forma natural los hablantes seguirá produciendo bienes culturales. Los españoles, por ejemplo, habríamos ganado bastante si nos hubieran educado a todos a la vez en inglés, o en bilingüe para entendernos también con nuestros padres. Los más dotados de nosotros habrían producido bienes culturales en esa lengua, sin echar de menos nada, y los menos nos habríamos tenido que conformar con utilizarlo para hablar con los amigos o sermonear a los lectores de Periodista Digital, pero nos sería muy fácil movernos por el mundo y disfrutar del idioma que más obras interesantes produce o traduce en la actualidad, en vez de consolarnos cantando con fervor patriótico a las glorias de nuestro Siglo de Oro.

Dejémonos de tópicos. Las lenguas son una catástrofe para la adquisición de conocimientos y cultura, además de para la comodidad de la comunicación meramente funcional. Aprender una no reporta a quien la llega a dominar más riqueza cultural que la que le ha sustraído la propia existencia de esa lengua, y su conocimiento sólo supone acceder al umbral de otros muchos conocimientos y placeres que nos resultarían más asequibles si estuvieran en nuestro idioma. No está de más recordar que los autores del relato bíblico concibieron el plurilingüismo tan de moda en nuestros tiempos como un castigo divino por la insolencia de la torre de Babel.

Pues bien, la Generalitat lleva dos décadas castigando a los ciudadanos a los que supuestamente debe proteger, creando un problema donde, aunque fuera por obra y gracia de un dictador igual de fundamentalista, lo cierto es que no existía. Estrictamente, tiene más lógica que la Generalitat quiera instaurar el inglés como segunda lengua después del catalán a que anteponga éste al castellano. Y eso que la situación para el catalán ha mejorado desde la discusión del Estatuto catalán de 1932, cuando Unamuno criticó la cooficialidad lingüística haciendo una malintencionada comparación con el moderno máuser de repetición y la vieja espingarda: ésta (el catalán) habría que mantenerla expuesta en un lugar preferencial de la casa, pero a la guerra era más útil ir armado con el máuser. Pero si ha mejorado ha sido precisamente a costa de obligar a una generación de jóvenes catalanes a aprender una lengua que objetivamente les va a ser menos útil que el castellano, de discriminar a la población que no la domina, de establecer unas barreras a la contratación de otros españoles que deberían haberse llevado a los tribunales y, últimamente, de situarse ya en la absoluta aberración inquisitorial. Es decir, machacando a personas concretas con tal de reflotar un idioma que no era necesario rescatar porque todo el mundo se entendía sin problemas en castellano. No se trata de humillaciones nacionales (reales o sobreinterpretadas), porque las naciones (todas sobreinterpretadas) no sufren, sino del interés de los ciudadanos. Quizás a estas alturas ya empiece a estar justificado exigir el catalán a los funcionarios, porque para gran parte de la población ha vuelto a ser su primer idioma y, en un futuro, cuando todo el mundo lo domine, sea lógico exigir su conocimiento como un deber en el Estatut. Pero, mientras tanto, el bienestar, la libertad y las oportunidades culturales de muchos ciudadanos de Cataluña se están sacrificando al mito absurdo de que una lengua propia legitima y glorifica a la nación catalana.    www.kikorosique.com

El Foro Ermua reclama al Gobierno de Rodríguez Zapatero y al Gobierno vasco que cumplan con su obligación de impedir el Congreso de Batasuna en Baracaldo
COMUNICADO DE PRENSA DEL FORO ERMUA 12 Enero 2006

Bilbao. El Foro Ermua ha requerido hoy a la Fiscalía General del Estado, la Abogacía General del Estado, el Delegado del Gobierno en el País Vasco, la Consejería de Interior, al Gobierno vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya (como socios mayoritarios de la empresa propietaria de los locales BEC) para que impidan la anunciada celebración de un Congreso Nacional de la ilegalizada Batasuna el próximo día 21 de enero, convocado en el BEC (Bilbao Exhibition Centre) de Baracaldo.

El Presidente del Tribunal Supremo ha declarado formalmente que para que dicho Tribunal pueda impedir dicha reunión ilegal es imprescindible que bien el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, o la Abogacía General del Estado en nombre del Gobierno de la Nación se lo pidan expresamente. Ambas instituciones son las partes que se personaron en el sumario de 2003 que desembocó en la ilegalización de Batasuna. Por esta razón, el Foro Ermua se ha dirigido a ambas entidades para que soliciten urgentemente la actuación del Tribunal Supremo.

El Foro Ermua ha reclamado también la intervención de Javier Balza, como Consejero de Interior del Gobierno vasco y responsable directo del cumplimiento de la Ley y de las sentencias judiciales en Euskadi, para que impida el anunciado Congreso de Batasuna. Tras este requerimiento formal, en caso de que se lleve a cabo el Congreso de Batasuna, el Foro Ermua podría actuar judicialmente contra Javier Balza por los presuntos delitos de prevaricación, colaboración con organización terrorista, cooperación en la desobediencia o denegación de auxilio a la Justicia.

Se ha solicitado asimismo a José Luis Bilbao Eguren, Diputado General de Vizcaya, que no se cedan los locales del BEC con aquel fin ilegal. La Diputación Foral que preside el Sr. Bilbao es propietaria del 47,7% del capital social del BEC. De celebrarse el Congreso en el BEC, el Sr. Bilbao podría estar incurriendo igualmente en un ilícito penal.

El propio Gobierno vasco, como titular de otro 47,7% del capital social del BEC, ha recibido una solicitud en el mismo sentido que el Diputado General de Vizcaya.

Por último, el Foro Ermua ha entregado un escrito a Paulino Luesma, Delegado del Gobierno en el País Vasco, pidiendo su actuación ante los responsables del Gobierno autonómico en orden a no permitir que Batasuna ultime su desacato a la sentencia firme del Tribunal Supremo del 27 de marzo de 2003, que estableció su ilegalización.

El FORO ERMUA anuncia que caso de que se celebre la Asamblea de la ilegalizada BATASUNA, que tiene prohibida expresamente toda actividad, actuará en defensa de la Ley, el Estado de Derecho y, en definitiva, la democracia, ante los tribunales, ejercitando contra todos los responsables las acciones que sean necesarias.

La sucesión de acontecimientos en torno a esta provocación de Batasuna al Estado de Derecho está siendo muy expresiva de las verdaderas posiciones de instituciones y partidos políticos ante el brazo político de ETA. Desde hace varias semanas son públicas las gestiones de Batasuna con el Gobierno vasco, pero a fecha de hoy el Fiscal General, Sr. Conde Pumpido, no ha hecho pública ninguna actuación por su parte para evitar que se cometa este delito. El Abogado General del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, tampoco ha dado a conocer iniciativa alguna, si bien es cierto que sería el Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien principalmente debería instruirle a estos efectos. Paulino Luesma, Delegado del Gobierno en el País Vasco, no ha informado de ninguna gestión ni se ha pronunciado claramente en contra del Congreso ilegal en preparación.

José Luis Rodríguez Zapatero ha eludido en todo momento tomar postura clara en pro de hacer abortar esta provocación de los dirigentes proetarras. “Se actuará conforme a la ley” es lo único que ha dicho, mientras sus subordinados permanecen impasibles, dejando que Batauna siga adelante con sus propósitos.

Dirigentes del Partido Socialista de Euskadi (PSE-EE), como José Antonio Pastor -portavoz del PSE en la Cámara de Vitoria-, ha salido en defensa del Consejero de Interior del Gobierno vasco. Según José Antonio Pastor la Consejería que dirige Javier Balza debe limitarse a “instruir el expediente informativo” del acto, por si se lo pidiese a posteriori algún tribunal, resaltando que el Congreso “ha sido convocado por personas jurídicas que están en plena facultad de sus derechos civiles” -en alusión a personas y entidades de paja del entorno de Batasuna-, haciendo suyas las justificaciones de Arnaldo Otegi para desobedecer al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.

Simultaneamente, el portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, ha manifestado públicamente su apoyo a la celebración de la asamblea de Batasuna, al tiempo que la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, declara que su Gobierno “observa con normalidad” dicho acto público. Nada nuevo hay en este apoyo del PNV al entramado de ETA. Pero los dirigentes del PSE-EE no solo se están aproximando mucho a las posturas nacionalistas del PNV, sino que prácticamente se confunden en ellas en una estrategia en la que, por encima de los principios, todo vale con tal de llegar al poder. Mientras los socialistas vascos no abandonden esta política radicalmente equivocada, la situación política vasca no dejará de empeorar ni Batasuna dejará de ganar fuerza, legitimidad y protagonismo.

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