AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 13 Enero  2006
Todo va por sus pasos
Lorenzo Contreras Estrella Digital 13 Enero 2006

Las lenguas españolas son patrimonio de toda la nación
José Javier Esparza elsemanaldigital 13 Enero 2006

El catalán y las sevillanas
Antonio Jiménez elsemanaldigital 13 Enero 2006

Con 2 lenguas es mejor
Jorge Moragas  Periodista Digital 13 Enero 2006

¿Hasta dónde va a llegar la tregua del Estado de Derecho?
EDITORIAL Libertad Digital 13 Enero 2006

Preámbulo para un responso por la izquierda española
JOSÉ VARELA ORTEGA ABC 13 Enero 2006

Zapatero se encara con la ley
Editorial ABC 13 Enero 2006

Cobardes, hasta que demuestren lo contrario
CARLOS HERRERA ABC 13 Enero 2006

La prueba de la mentira
Ignacio Villa Libertad Digital 13 Enero 2006

Bentham y el Estatut
JOSÉ MARÍA LASSALLE ABC 13 Enero 2006

Estado de excepción
Agapito Maestre Libertad Digital 13 Enero 2006

El anagrama de ETA
Ramón Villota Coullaut Libertad Digital 13 Enero 2006

Sentido común
JOSEBA ARREGI El Correo 13 Enero 2006

Zapatero apela al derecho de reunión para no impedir la asamblea de la ilegalizada Batasuna
J. Arias Borque  La Razón 13 Enero 2006

Vidal Quadras pregunta si el uso de informes clínicos para un estudio del uso del catalán viola la ley
Agencias Libertad Digital 13 Enero 2006

El PP se movilizará para que España siga siendo «la única nación» y por el castellano
M. IGLESIAS/COLPISA. TOLEDO El Correo 13 Enero 2006

«Un archivo de la Guerra Civil creado en Cataluña al servicio del nacionalismo»
ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA ABC 13 Enero 2006

Todo va por sus pasos
Lorenzo Contreras Estrella Digital 13 Enero 2006

En la laboriosa pero inevitable marcha del Estatut hacia su instalación final en la vida política y social de Cataluña hay muchos valores españoles —y Cataluña, que se sepa, es parte de España— que van a quedar heridos, lastimados, menoscabados. Ésa es la verdad elemental y todo el mundo lo sabe, incluso quienes se empeñan en negarlo o en relativizar los efectos de la política en curso. Se alude en el debate de la sociedad a cuestiones como la nación, el sistema de financiación, etcétera. Pero se habla menos del habla, es decir, de la lengua, en cuyo terreno el castellano, entendido como el español, va de cabeza. Y va de cabeza por no decir lo contrario, que sería más apropiado. Esta deriva del español hacia su descalabro en Cataluña comienza con la imposición de la llamada inmersión lingüística en la enseñanza, que determina, según un informe de Acción Cultural Miguel de Cervantes, boletín mensual editado en barcelona, el mayor índice de fracaso escolar de toda España o, perdón, del Estado, como gustan decir quienes comienzan la destrucción de España por la negación de su concepto o su falta de utilización. “En un sistema que enseña sólo en catalán, los alumnos castellanohablantes tienen una dificultad lingüística añadida y se encuentran en inferioridad de condiciones”, argumenta ese informe, según el cual, además, “en las escuelas públicas de Cataluña el fracaso escolar entre los alumnos castellanohablantes es cercano al 50 por ciento, frente al 34 por ciento de Madrid o Andalucía”.

El boletín ofrece en su último número la novedad de insertar parte del texto de respuesta del Defensor del Pueblo a las denuncias que sobre política lingüística le han remitido. El Defensor, refiriéndose a la famosa “inmersión”, comunica que, tomando como base la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la materia, se ha apuntado la procedencia de incluir en el futuro texto legal “la garantía de una presencia adecuada y suficiente de la lengua castellana en los planes de estudio, de manera que quede plenamente garantizado su conocimiento y uso por parte de todos los alumnos al finalizar la educación obligatoria”. ¿De veras? De la intención oficial del Defensor no hay por qué dudar un considerable trecho, como suele decirse. Habría sido interesante conocer el sentir de otro defensor, este específico de los habitantes de Cataluña, el llamado “Sindic de Greuges”. ¿Se expresaría ese señor en los mismos o parecidos términos antes transcritos?

En plena discusión del Estatut, o sea, cuando avance el examen de su texto, se supone que el asunto de la “inmersión lingüística” de los escolares y, en general, del uso oficial del español llamado castellano, ocupará una buena parte de la atención parlamentaria, gubernamental y autonómica. Se supone, pero tal vez sea mucho suponer. Recientemente, en una tertulia del Ateneo Madrid XXI con Rosa Díez, la eurodiputada socialista abordó el tema del uso de la lengua y manifestó, entre otras consideraciones, la siguiente sobre la base del Estatut: “Cuando regula el poder judicial, jueces, abogados, pasantes... todos tienen que hablar catalán (...) Si aceptamos que hay que hablar catalán para poder ocupar un puesto de funcionario público, cuando todo el mundo se entiende perfectamente en español, (eso) es aceptar que 35 millones de españoles se conviertan en extranjeros en su propio país, en Cataluña. Esto no tiene cabida, no se puede discutir; pero es que lo han escrito además algunos que son de izquierdas”. Sí señora. Ahí queda eso. Está bien que se sepa.

Las lenguas españolas son patrimonio de toda la nación
José Javier Esparza elsemanaldigital 13 Enero 2006

El Estado de las Autonomías instituyó un modelo cultural discutible, pero razonable: el castellano es lengua común, de obligado conocimiento y libre uso; las lenguas regionales son co-oficiales en sus territorios y de libre uso y conocimiento. Este modelo pretendía superar el castellanocentrismo de las décadas anteriores, ajeno a la realidad histórica de la cultura española. Pero hoy todo se ha dado la vuelta: las oligarquías regionales han convertido la lengua local en un arma de poder y penalizan el uso del castellano. El caso catalán es, sin duda, el más notorio.

Una cuestión de principio: las lenguas regionales no son patrimonio exclusivo de esas regiones, menos aún de los nacionalismos locales. Las distintas lenguas españolas son patrimonio de toda la nación española. La historia común de España no podría escribirse sin ellas y la propia historia de esas lenguas sería incomprensible fuera de la cultura española. Cuando se habla de "cultura catalana" o "vasca" hay que entender cabalmente esto: "cultura española en catalán" o "en vasco". Porque la cultura no es una categoría autónoma, sino que se perfila en función de contextos geográficos, históricos, políticos, religiosos, etc. Y todos esos contextos, en Cataluña o en el País Vasco, nunca han dejado de ser españoles.

Como las lenguas españolas son patrimonio de toda la nación, parece sensato que su conocimiento sea un deber –para preservar la riqueza común. Ahora bien, ¿cuál es el alcance preciso de ese deber? Porque no es lo mismo el deber de estudiar la lengua catalana que el deber de estudiar en catalán. En este segundo caso, pasaríamos del deber de conocimiento al deber de uso. Y el deber de uso es un contrasentido en sociedades bilingües: si se obliga al uso de una lengua, el bilingüismo desaparece. Complementariamente, tiene todo el sentido que conocer el castellano sea un deber y que su uso sea un derecho, como dice la Constitución: es la lengua común de España, la matriz común de nuestra cultura y, en el plano político, es el instrumento que garantiza el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Este marco sigue siendo el más razonable, pero ha dejado de tener vigencia. La deslealtad de los partidos nacionalistas, los errores del sistema de 1978 y la desidia de los Gobiernos de España han conducido a una situación de violencia cultural: la cultura española se ve hostilizada mientras las oligarquías secesionistas manipulan las lenguas regionales como herramienta de exclusión. En esas condiciones, imponer el deber de conocer una lengua regional, como pretende el Estatut, sería letal para la diversidad cultural española: un pretexto para la marginación de los castellanoparlantes.

Hoy la defensa de nuestra diversidad cultural tiene que cambiar de horizonte. Hoy es preciso reivindicar el castellano como lengua común. Y al mismo tiempo, hay que devolver a las lenguas regionales su más hondo valor: son formas singulares de expresar la cultura española; son patrimonio de todos los españoles.

El catalán y las sevillanas
Antonio Jiménez elsemanaldigital 13 Enero 2006

En el fondo yo también me siento concernido y molesto por la comparación entre el aprendizaje del catalán y del baile por sevillanas que hizo el máximo representante del poder judicial en España. Creo que, en efecto, no ha podido ser más desafortunado el presidente del Supremo al equiparar el conocimiento de un idioma limitado en su uso a una pequeña parte del territorio español con una danza universal como son las sevillanas.

A diferencia, sin embargo, de Maragall y la tropa nacionalista que le acompaña en la deriva insultante y provocadora en la que están instalados, yo no pido la dimisión del señor Hernando, ni le exijo que se disculpe por haber tenido la imprudencia y la osadía de igualar el conocimiento del catalán con el de las sevillanas que se bailan y cantan de Híspalis a Tokio y de Londres a Sydney pasando por Nueva York y la Patagonia. Faltaría más. ¿Acaso al presidente del Consejo General del Poder Judicial no le asiste el derecho de opinión para expresar públicamente su oposición a una política lingüística excluyente y discriminatoria como la que impone el disparatado e intervencionista Estatut?

Los nacionalistas crecidos y consentidos por un Zapatero que necesita de su imprescindible apoyo para mantenerse en La Moncloa se comportan con despotismo y descaro dentro y fuera de sus ámbitos de influencia política. Nadie que traspase con sus críticas la línea del pensamiento único y uniforme trazada en Cataluña y País Vasco por el "cuatripartito" y el PNV, respectivamente, o cuestione sus políticas, actitudes y comportamientos se libra de sus arremetidas. Lo mismo la emprenden contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial que contra el Ejército al que el peneuvista Urkullu compara con la banda asesina ETA mientras su compañero Erkoreka, en otro ejercicio más de totalitarismo, pide en el Congreso que se le retire las pensiones a todos los militares en la reserva que se han solidarizado por carta con Mena.

En este "país de las maravillas" y de lo políticamente correcto, según las doctrinas del gobierno socialista y de los nacionalistas, es más arriesgado exigir el respeto y la defensa de la Constitución que apartarse de ella. Estamos a un paso de llegar a ese estadio de resignación en el que la ironía se antepone a la indignación: "Nos mean y dicen que llueve".

Con 2 lenguas es mejor
Jorge Moragas  Periodista Digital 13 Enero 2006

Sí, confieso, soy catalán, diputado del PP por Barcelona y castellano parlante. Técnicamente no soy un charnego, pero si sirve para algo estoy dispuesto a declararme como tal. Para muchos en mi tierra soy un catalán incompleto e imperfecto que rompe la idea de pureza que anida en todo nacionalismo. Como tantos otros, soy un catalán que no fue debidamente normalizado. Ellos nos consideran anormales aunque lo cierto es que somos piezas fuera de serie condenadas a la marginación y a vivir en las orillas de la catalanidad pura.

Muchos piensan que es mejor no meterse en problemas pero uno no está en política para transitar. Ya me dan igual los insultos pero lo que no aceptaré nunca es que unos políticos profesionales en nombre de una ensoñación identitaria excluyente penetren en lo más recóndito de nuestra identidad y arrasen con la pluralidad de la sociedad catalana.

Cataluña no se lo merece. Hay que plantear una resistencia cívica y constitucionalista para evitar que los que se han erigido en jefes de la tribu y practican un despotismo iletrado (Estatut) consigan borrar del mapa de Cataluña la cultura catalana en castellano y el bilinguismo del que tan orgullosos nos sentíamos muchos catalanes. Como se apuntaba en una campaña de Nuevas Generaciones de Barcelona, con dos lenguas es mucho mejor.

Yo en este tema me pienso plantar como un ciprés del Ampurdá en aparente soledad. Estoy dispuesto a que la tramontana nacionalista me azote sin misericordia sabiendo que las raíces de mi árbol se entrelazan bajo nuestra tierra con miles de cipreses que sufren en soledad la intolerancia del mismo vendaval.

Hay que detener el péndulo de la historia que por un exceso del efecto de compensación ha pasado del hostigamiento franquista al catalán al hostigamiento nacionalista al castellano. La realidad catalana coquetea peligrosamente con el absurdo: Hoy es posible en Cataluña recibir educación en catalán, en inglés, en francés, en alemán e incluso en italiano pero resulta imposible recibir educación en castellano.

Uno que se dedica a lo internacional desde hace más de diez años siente vergüenza cuando más allá de los Pirineos tiene que explicar que en la bella Barcelona no se puede recibir educación pública ni privada en castellano.

Mucha gente de gran valía de todo el mundo ha dejado de instalarse en Cataluña por esta razón y este lucro cesante es objetivamente malo para el principado. Claro que para muchos de mis interlocutores extranjeros lo del castellano no les dice nada ya que para la inmensa mayoría de la humanidad la lengua de Cervantes es sencillamente el español. De hecho, cuando he tenido la oportunidad de estar en la ONU en Nueva York o en Ginebra, las cabinas de intérpretes disponen de un rótulo muy clarito que dice “Español” o “Spanish”.

Eduardo Mendoza o Rosa Regás que han sido catalanes que han trabajado de interpretes en la ONU lo pueden atestiguar. La razón es muy sencilla y es que el español es la lengua que hablan centenares de millones de personas de más de 22 países de todo el mundo. No olvidemos un dato. Hay más hispanohablantes en EEUU que en nuestra España de diván.

Qué algunos en nuestro país hayan decidido estirarse en el diván de Zapatero, no quiere decir que el resto de españoles estemos dispuestos a pagar con nuestra pasta esta sesión interminable de psicoanálisis nacional. Qué se entere el aprendiz de brujo que habita la Moncloa: Hoy España no es la razón de ser del Español, sino el mundo entero.

¿Hasta dónde va a llegar la tregua del Estado de Derecho?
EDITORIAL Libertad Digital 13 Enero 2006

ZP quería que el Congreso de Batasuna-ETA pasara mediáticamente desapercibido. Sabía que tolerarlo era un precio político más a pagar y, además, por adelantado. Sabía que a los terroristas y sus socios de Perpiñán –que son también los suyos– no les bastaba con lo entregado con el PCTV; que los proetarras querían además burlar la Ley de Partidos a cara descubierta, sin intermediarios, con sus propias siglas, con su propio anagrama de la serpiente. ZP sabía que no les había entregado lo suficiente para esa tregua en pro del separatismo y en pro de que el gobierno del 14M –galgos o podencos– vuelva a ganar, en nombre de la “Paz”, las elecciones.

Todo transcurría bien, sin crispación, hasta que María San Gil, hace una semana, alzó la voz. No encontró eco, sin embargo, ni en los medios de la izquierda ni en los de la derecha. Y eso que Rajoy –dicho sea en su honor– había hecho suya la denuncia. Tan abandonado estaba el tema que un socialista vasco hasta se permitió responderla acusándola de "poner obstáculos a la paz". Tampoco trascendió. Coincidió, además, que una infracción del reglamento militar vino, involuntariamente, a contribuir a la desatención mediática sobre esta clamorosa vulneración de la Ley de Partidos. Desde estas mismas páginas quisimos contribuir al esfuerzo informativo de la redacción. "¿Ordenará el Gobierno del 14M el arresto de Otegui?". No encontramos eco.

La Asociación Víctimas del Terrorismo, a mitad de semana, cambió sus silenciados comunicados de prensa por una denuncia judicial para ver si la Administración de Justicia hacía su trabajo. Las cosas, sin llegar a la crispación, se le empezaban a torcer mediáticamente a ZP y a su talante. Preguntado por la cuestión, hace escasos días en el Ritz, Zapatero se limitó, cínicamente, a decir que "en este tema, la mayoría de las competencias son del gobierno vasco". El presidente del Tribunal Supremo, que tenía la misma constancia que Zapatero de que el gobierno vasco ya había dado un silenciado visto bueno al evento, dijo que "estaba a la espera", que sin el requerimiento previo de la Fiscalía General del Estado o la Abogacía General del Estado –ambas dependientes del gobierno central–, el Tribunal no podía tomar cartas en el asunto. Otros jueces, como el juez Marlaska, se han interesado por el asunto. El fiscal Fungairiño, que ha recordado el carácter ilegal y terrorista de Batasuna, ha dicho también que está a la espera del Fiscal General, Conde Pumpido, el cual siempre está a lo que diga Zapatero.

Con la atención mediática y algunas televisiones informando ya de la Asamblea que los proetarras han convocado desde hace semanas, desde el partido que se increpó a María San Gil, el PSE, Miguel Buen ha tenido la desfachatez de decir que no le constaba que la formación terrorista hubiera convocado ningún congreso.

Peor ha sido, con todo, la última reacción del presidente del Gobierno para justificar la pasividad de su Fiscal General. Y es que, no pudiendo ya evitar que la convocatoria del congreso de los proetarras pase mediáticamente desapercibido, no pudiendo ya excusarse en las competencias del gobierno vasco, Zapatero ha pasado directamente a sostener que "la Ley de Partidos es muy restrictiva" y a afirmar que "hay que respetar los derechos y libertades individuales que están consagrados en la Constitución". Se refiere a los de los proetarras.

Que no nos fiamos para nada de la persona que preside nuestro gobierno, es algo que hemos dejado acreditado desde hace muchísimo tiempo. Aún es posible, sin embargo, torcer sus intenciones –que van mucho más allá–, si lo que queda de España, de su opinión pública, de su maltrecha independencia judicial, sabe reaccionar.

Preámbulo para un responso por la izquierda española
Por JOSÉ VARELA ORTEGA Catedrático de Historia Contemporánea ABC 13 Enero 2006

... Este insólito viraje de la izquierda hacia un arcaísmo nacionalista radical tiene, claro, su coartada: la integración en el sistema de los insaciables...

DURANTE mis primeros pasos en Oxford, pensé hacer una tesis sobre la Desamortización (de 1855). Pasados unos meses, le entregué a mi tutor -un conocido historiador económico- un ensayo, mejor trabajado que meditado. Nunca olvidaré la primera lección de 101 logic, que dicen mis estudiantes americanos. «He aprendido mucho con su ensayo»- me aseguró con benévola amabilidad mi tutor. «Pero lo que más me intriga es el sujeto: esa España a la que usted le atribuye la facultad de hablar, de comprar y vender tierras, abrir minas y construir ferrocarriles, dígame, ¿de qué sexo es? Se lo pregunto, sobre todo, por aquello del atuendo»- añadió con aparente seriedad mi profesor australiano. -«Porque, claro, si ha llevado siempre el mismo vestido, me temo que debía de estar ya algo apolillado; en cambio, si varía de traje al compás de los tiempos, ¿no será mejor que olvidemos la percha y nos centremos en los cambios de vestimenta?».

La formulación del sujeto vertebra «el espíritu» de una ley como condicionante de la articulación de su predicado. Y desde el Preámbulo, el sujeto constituyente del Estatut, una Catalunya inmarcesible, cual seráfico jinete galopando siglos, se dirige a nosotros en primera persona: nos habla,«avanza», «modela el paisaje» y «acoge lenguas». Esa Cataluña meta-histórica es, pues, la verdadera autora del borrador y por su boca eterna hablan sus intérpretes, muñidores del texto. Y como tan alta y espiritual Criatura es infalible, su Volksseele, al modo de la Iglesia Romana, se expresa en la lengua del dogma. Con tal sujeto, ¿por qué extrañarse de un predicado que regula y planifica la economía, interviene el negocio financiero, impone a los sufridos botigueres el idioma en que deben comerciar y señala a los periodistas el pensamiento correcto, esposándolos al dictamen inefable del «pedagogo nacional» de Fichte, administrador de la Verdad revelada?

Ya sabemos, pues, lo que nos ha sido dado: una Carta Otorgada. Pero ¿quién será nuestra egregia y sin par soberana? ¿Será Pau Claris, siempre santificado y hoy resucitado?, ¿o es acaso «La Moreneta», que se nos manifiesta inmaculada como graciosa donante del Estatuto? Personalmente, tengo un interés vital en conocerla. Quiero que me la presenten para interrogarle acerca de mi destino. Porque, si bien «nos ofrece amistad», en su infinita sabiduría, también define a los «otros» -simples ciudadanos descarriados, huérfanos de nacionalidad histórica- como «Estado plurinacional». Y, como eso es un concepto político-administrativo, a lo mejor otro día se levanta enojada, va y nos deroga y nos pasa como a Prieto, a quien los franquistas le borraron del Registro Civil. Así y todo, no debemos quejarnos. Mucho hemos avanzado en la averiguación de nuestro destino. Todavía no sabremos la naturaleza de nuestra celestial donante, pero ya conocemos que nuestro futuro está en el pasado. Hemos regresado al Antiguo Régimen. Pero no al tiempo que sugiere el señor Rajoy. Por desgracia, la máquina de Wells no nos ha depositado entre luces: Montesquieu se sentía cosmopolita; «francés, (sólo) por accidente». Y aquí precisamente lo que se ha quebrado es la ecúmene ilustrada en donde todo lo moderno -a izquierda y derecha- tiene su origen. Nos han arrojado de bruces en el «mundo restaurado» de la Santa Alianza, pero trufado de tensión romántica. Esta pieza arqueológica parece un híbrido de Carlyle y De Maistre -sin la pluma del primero ni la cabeza del segundo, claro está- aderezado con algunas gotas de cursilería ecologista, beatería izquierdista y cara de velocidad progresista: ¡para que luego dudemos del sentido etimológico de los matrimonios del mismo sexo! En suma, unos «discursos a la nación... catalana» que, tras alguna mano de estilo, podría haber articulado Savigny e historiado Treitschke con versos del «Guillermo Tell». Como era de temer de este palimpsesto, doña Cataluña es también portadora de «derechos históricos». ¡Y uno que creía que eran precisamente los abolidos en la famosa noche del 4 de agosto de 1789! -y, en España, después de Cádiz-. Pero no. Andábamos muy confundidos. Debemos prepararnos para el regreso al pretérito imperfecto. Es tiempo de heráldica. Y, en un mundo reorganizado en territorios y gobernado según principios de privilegio y desigualdad, nos conviene rastrear nuestro árbol genealógico para desempolvar algún Señorío (que también son históricos) o buscarnos un magnánimo Señor que nos cobije y proteja.

Este insólito viraje de la izquierda hacia un arcaísmo nacionalista radical tiene, claro, su coartada: la integración en el sistema de los insaciables. Resumen también de las expectativas de Azaña para el Estatuto de 1932, pero de las que el presidente estaba de vuelta en 1937, no digamos en 1939. Con la misma buena voluntad y ánimo optimista se aprobó en 1979 un texto que hoy los nacionalistas consideran tan despreciable que ni siquiera quieren reformarlo. No resulta aventurado vaticinar que este borrador pronto se considerará insufrible grillete del destino histórico de la nación oprimida.

¿Por qué entonces esta deriva de la izquierda tras un reverso ideológico que le chupa la sangre electoral por doquier desde hace cosa de un siglo? ¿Cuál es el propósito, cuáles las consecuencias? La ignorancia es cosa diferente de la estulticia, pero sazonada con audacia y decantada con astucia es la cocaína del ludópata. Y esta sobredosis de nacionalismo puede resultar una apuesta tan arriesgada para la izquierda votante como aditiva para la intrigante, si logra expulsar al centro-derecha del sistema -y, por tanto, del poder- durante muchos años. Porque aquí el objetivo estratégico consiste en rehacer el planetario político con nacionalistas y secesionistas para romper el modelo de consenso constitucional de 1978 entre izquierda y derecha. Un retroceso, pues, al exclusivismo o monopolio de partido: la causa de todos nuestros males, según Cánovas. No obstante, la actual puesta en escena del infausto ritornelo es más bien una variante de la hiper-legitimidad, estilo izquierda republicana: el ensueño de «la mayoría natural» como derivada de un síndrome de superioridad moral y antesala de autoritarismo. Digamos que una suerte de azañismo con setenta y tantos años más -aunque setenta mil lecturas menos en la cabeza. Que la ocurrencia se nos antoje lamentable o simplista no le resta eficacia electoral: sacar el Estatuto «como sea», pactar con ETA «lo que sea» y, luego, disolver. La tormenta pasará, la gente olvidará, las elecciones se ganarán y la derecha, «sin discurso» ni pancarta y fuera ya del sistema, se verá embuchada con un trágala de pesada digestión. En este guión de ruptura y marginación, se entiende que la Transición sea el enemigo histórico a batir y la «memoria histórica» -valga el anacronismo- de la República, la Guerra y la represión franquista, los episodios a deformar, en la medida que un ajuste de cuentas anacrónico coadyuva al objetivo señalado: la satanización y marginación del centro-derecha como reo de franquismo.

Sin embargo, la comprensión de un plan no exime del costo. Aparte de la carga insoportable para la estabilidad del sistema, dinamitar principios e ideas producirá daños irreversibles. En estas capitulaciones matrimoniales con el nacionalismo, la izquierda se ha dejado algo más que plumas de su identidad programática. Se ha vaciado de contenido ideológico. Ha pinchado en hueso filosófico y eso no se enmienda en un chalaneo de porcentajes. Un discurso más interesado en la identidad que en la semejanza; centrado en etnias, en lugar de la Humanidad; en el nacionalismo, antes que el internacionalismo; que trafica igualdad por privilegio; que traduce diferencia cultural en desigualdad socio-política, confundiendo el derecho a la diferencia con la diferencia de derechos; que promueve derechos históricos a costa de los individuales; que habla de territorios, en vez de ciudadanos libres e iguales; que, en lugar de exigir el derecho a la igualdad, predica la virtud de la solidaridad, calculando balanzas fiscales, que no impuestos individuales y progresivos...Un discurso así, en suma, licuará la izquierda. Estos jóvenes han abandonado su legendario lugar a la izquierda del presidente de la histórica Asamblea. Ya no se sientan entre «los amigos de la Constitución». Acierta, pues, el president Maragall... pero sólo en el título: ¡Parece mentira!, en efecto, que la izquierda española haya comulgado con las ruedas del molino constitucional más reaccionario conocido desde el Fuero de los Españoles. Estos jóvenes turcos no lograrán destruir España. Quizá porque, desde los supuestos del catecismo identitario que hoy profesan, la España eterna debe ser un cruce espiritual entre la Virgen del Pilar y Santiago, y tal divina condición estará siempre a salvo de toda maldad humana. Lo que en esta derrota amenaza naufragio, empero, es el futuro de la izquierda española. Puede que tras algunos éxitos electorales. Dentro de algunos años, quizá. Pero por mucho tiempo después.

Zapatero se encara con la ley
Editorial ABC 13 Enero 2006

LA mejor interpretación de las posibles es que Rodríguez Zapatero no fuera consciente del grave error que cometió ayer -quizá el más grave de su mandato- al argumentar preventivamente contra la posible suspensión judicial de la Asamblea de Batasuna, convocada para el 21 de este mes. Sin embargo, no es la primera vez que el presidente del Gobierno realiza una desafortunada incursión jurisprudencial, aunque esta declaración, pidiendo respeto para las libertades y derechos de los convocantes del acto batasuno, supera con creces su afamada afirmación de que eloncepto de nación -aplicado a España, claro- «es discutido y discutible».

No cabe, en todo caso, premiar con el beneficio de la duda una reflexión que contraviene principios elementales del Estado de Derecho, aquellos que se suponen en el manual básico de la máxima autoridad política de una democracia europea, lo que obliga seriamente a plantearse si las legítimas convicciones personales del jefe del Gobierno no resultan claramente inconvenientes para sobreponerse a la agresión terrorista.

Hay ciertos asuntos que no admiten especulaciones. Rodríguez Zapatero sabe, o debería saber, que se ha referido peligrosamente a la situación jurídica de un partido político disuelto por decisión del Tribunal Supremo y ratificada por el Tribunal Constitucional -que ha calificado a Batasuna de «muerto civil»- a causa de su inserción en la organización terrorista ETA. Sabe el presidente del Gobierno, o debería saber, que decenas de candidaturas electorales han sido anuladas por extensión de dichas sentencias, y porque sus promotores eran meros testaferros de Batasuna y de ETA. Y sabe, o debería saber, que su análisis pseudojurídico es el que se hacía antes de que el Estado se quitara la venda de los ojos y aceptara la realidad de que ETA es una hidra con máscaras que se aprovecha de confusiones como la que ayer exhibió el presidente del Gobierno. Por supuesto, la Constitución consagra los derechos y libertades individuales. Por eso Batasuna fue ilegalizada.

Un corrillo con periodistas no es el foro adecuado para que el presidente del Gobierno se encare con el Estado de Derecho. Para decir lo que dijo ayer está el Parlamento, cuyo auditorio es el conjunto de la sociedad española, a la que se debe explicar qué razones han apremiado al presidente del Gobierno para salir en auxilio, no sólo de Batasuna, sino también del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), del que dijo que «no era lo que decían que era, porque en caso contrario Batasuna seguiría actuando en el Parlamento vasco». Aparte de lo inefable del silogismo, el presidente del Gobierno parece ignorar que algunos dirigentes de ese partido-máscara están imputados en la Audiencia Nacional por integración en banda armada y desdeña el hecho de que esta formación no ha condenado un solo atentado terrorista de los más de cien cometidos por ETA en esta legislatura, ni ha exigido el cese de la violencia.

Llama la atención que el presidente del Gobierno se pronuncie tan favorablemente sobre una iniciativa abertzale (la Asamblea de Batasuna) y sobre un partido político proetarra que, en estos momentos, están siendo objeto de sendas investigaciones penales en la Audiencia Nacional. Y también llama la atención que esta declaración presidencial -pura casualidad- se produzca al día siguiente de que el presunto terrorista Xavier Alegría manifestara en el macroproceso contra Ekin que es imprescindible el archivo de este juicio para que se produzca el supuesto proceso de paz.

Nada es gratuito cuando se introduce tanto desorden en las prioridades éticas y políticas del Estado. La obsesión por borrar todo rastro de la gestión de Aznar y sus gobiernos está arrasando la mejor arquitectura jurídica e institucional que nunca tuvo el Estado en la lucha contra ETA, dentro y fuera de sus fronteras. Otros ya han tomado nota de que en España se ha dejado de identificar correctamente a terroristas y víctimas. Según publica hoy ABC, los Gobiernos de Bélgica e Italia han pedido al Ejecutivo español que les aclare la situación de Batasuna ante la invitación que ha cursado a políticos de esos países. La duda sería ofensiva si no fuera porque su causante es el asombroso comportamiento del Gobierno frente a la izquierda proetarra. Y lo más grave es que, tras la declaración de ayer de Zapatero, no está en absoluto clara cuál puede ser la contestación del Ejecutivo español.

Cobardes, hasta que demuestren lo contrario
CARLOS HERRERA ABC 13 Enero 2006

LA ley es inobjetable cuando está confeccionada por legisladores elegidos libremente y resulta aplicada bajo la estricta vigilancia de poderes equilibrados. Véase España, por ejemplo. Un individuo tiene, en cambio, licencia moral para ignorarla en aquellas sociedades totalitarias en las cuales la ley es un mero instrumento de represión. Véase Cuba, sin ir más lejos. Del segundo escenario no hablemos hoy, pero del primero convengamos que resulta indebido ignorar la ley y debe ser penado consecuentemente ese acto de irresponsabilidad, sea esquivar impuestos o sea fumar en lugares prohibidos. O sea convocar congresos por parte de asociaciones prohibidas o deslegalizadas y declaradas como terroristas. Sencillamente, la ley no lo permite. El anuncio de Batasuna convocando a sus seguidores a la celebración de un encuentro orgánico en Baracaldo es, por sí mismo, un desafío a la ley y, en consecuencia, el Estado debe actuar con toda su contundencia para evitar cualquier escarnio. Supongo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero, en cambio, a siete días del hecho anunciado, sólo un juez con arrestos -Grande Marlaska- ha mostrado inquietud profesional y ha excitado su celo reclamando la documentación que le permita declarar fuera de la ley dicha convocatoria. Los demás miran al tendido.

Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado, se ha limitado a nombrar no sé qué general de la ley -«El fiscal vela por que todo esté dentro de la ley»- y se ha puesto a silbar inmediatamente, como teniendo miedo de meter la pata y fastidiarle los planes al presidente. El PSE, ilusionado con la posibilidad de pactar algún día con Batasuna y sustituir al PNV en el trono perpetuo de la política vasca, considera que oponerse a ese congreso de terroristas es «obstaculizar el proceso de paz». El máximo responsable del Gobierno central -y perdón por lo de responsable- se ha encogido de hombros y ha derivado la responsabilidad al ámbito del Gobierno vasco, el cual ni se ha inmutado con la pelota recibida y simplemente se ha dedicado a reflejar «el ánimo de la sociedad vasca por encontrar la paz». El desafío, entretanto, continúa su curso.

El grotesco espectáculo que supone que el brazo supuestamente político de una organización terrorista celebre un congreso como el que celebran los hematólogos en Torremolinos pasma a una Europa que incluyó por fin en sus listas a dichos sujetos después de no pocos tira y afloja: nadie en su sano juicio puede entender que todos miren hacia otra parte y que, además, Batasuna actúe como si fuera legal, con toda normalidad administrativa. Han olisqueado la debilidad del Estado de Derecho, la cobardía de alguno de sus miembros y la complicidad de un buen puñado de ambiciosos sin escrúpulos: el anagrama del cartel de convocatoria es el hacha y la serpiente, el gran símbolo de ETA, y eso no basta para que se despierten las mínimas iras exigibles de aquellos que han visto morir a no pocos compañeros de partido a manos de los socios de los convocantes. El descaro con el que la organización terrorista convoca actos, realiza declaraciones, acude a entrevistas con el resto de partidos políticos y, finalmente, organiza macroencuentros sólo puede entenderse desde el abandono de la decencia por parte de quienes tienen la obligación de vigilar el cumplimiento de las leyes. Ante este hecho absolutamente obsceno, sólo cabe concluir que el Gobierno de España ha dado su consentimiento tácito al objeto de no estorbar sus proyectos políticos: cuando las burras del PCTV accedieron al Parlamento vasco, el fiscal general no se opuso y su proceder de ahora se asemeja enormemente al toreo perfilero exhibido en aquel momento. Entonces supusimos lo que ahora ya confirmamos. Mientras no demuestren lo contrario, podemos estar ante un hatajo de cobardes. O, quizá, ante algo peor.

www.carlosherrera.com

La prueba de la mentira
Ignacio Villa Libertad Digital 13 Enero 2006

Hay que reconocer que en la presente legislatura hay momentos en que parece que la capacidad de asombro está agotada al extremo. Esa sensación dura muy poco, puesto que casi de inmediato vuelve a surgir una nueva entrega del presidente del Gobierno.

Este jueves, ante la próxima Asamblea de la ilegalizada Batasuna, la mañana se había convertido en una cascada habitual de declaraciones y valoraciones sobre la obligación o no de suspender esa reunión del brazo político de ETA. El Fiscal General del Estado se ponía de canto, la vicepresidenta de la Vega miraba hacia otra parte, los socialistas vascos veían con buenos ojos la reunión de Batasuna y desde el PP se denunciaba la presencia del logotipo de ETA en los carteles de esa Asamblea. En fin, cada uno en su sitio. Con un Gobierno entre la tibieza y la ambigüedad, enterrando cualquier discurso político contra la banda terrorista ETA y su entorno; y un Partido Popular defendiendo los principios básicos de la democracia y de la lucha contra el terrorismo. Dos actitudes cada vez más distantes.

En este contexto de enfrentamiento entre los dos grandes partidos ha surgido de nuevo la inverosímil posición del presidente del Gobierno. Rodríguez Zapatero se ha despachado en el Palacio Real, después de la audiencia real con el cuerpo diplomático. El presidente se ha descolgado en esta polémica, ante el asombro de todos, diciendo que la Ley de Partidos es muy restrictiva y que no se puede negar a nadie el derecho de reunión. Sinceramente, este hombre, ¿dónde nos quiere llevar? ¿A qué está jugando? Está faltando al respeto y al sentido común de todos los españoles.

El propio Zapatero que, estando en la oposición, impulsó el Pacto Antiterrorista y apoyó la ley de partidos con la ilegalización de Batasuna, se ha bajado –para siempre– del tren del sentido común. El presidente del Gobierno ha abierto de esta forma la puerta a la legalización de Batasuna, un gesto y una actitud que no se hace de forma gratuita. ¿A cambio de qué contraprestaciones está dispuesto el jefe del Ejecutivo a legalizar el brazo político de ETA? ¿En qué punto están las negociaciones con los terroristas? ¿Qué nos está ocultando descaradamente?

El comentario de Zapatero ante periodistas –sin micrófonos– en el Palacio Real toca fondo. Es el final de una etapa que había terminado hace mucho tiempo pero que se negaban a reconocer desde el Gobierno y desde el PSOE. Hasta ahora no había dudas de lo que se estaba tramando desde Moncloa, ahora ya tenemos las pruebas. Y, sinceramente, ver a un presidente del Gobierno dispuesto a ceder de esta forma ante los terroristas sobrecoge al más pintado. Este hombre no tiene escrúpulos. Y no parece que se quiera imponer un límite. Y lo que es peor, la capacidad de asombro no se agota. Mañana vendrá lo siguiente, no lo duden. Aunque con lo de hoy ya vamos servidos. Está dispuesto a laminar todos los resultados de la larga y costosa lucha contra el terrorismo.

Bentham y el Estatut
Por JOSÉ MARÍA LASSALLE ABC 13 Enero 2006

SEGURO que Jeremy Bentham hubiera encontrado en el proyecto de reforma del Estatut de Cataluña un asunto de extraordinario interés analítico. Desde su refugio de Queen´s Square Place, en pleno Westminster londinense, se asomaría todos los días a los debates generados en España. Incluso abordaría con alguno de sus amigos, quizá con Austin, Mill o con el hijo de éste, John Stuart Mill, más de una interminable y sesuda conversación acerca del texto de la reforma estatutaria.

Se haría traer los diarios y gacetas de Madrid y Barcelona. Intercambiaría correspondencia con sus discípulos españoles y con el bien informado Blanco White, que desde la vecina Oxford desmenuzaría los entresijos ocultos del debate. Los contactos universitarios de este último lo pondrían en comunicación con la capilaridad política catalana que se nutre de aquéllos y, de este modo, la cátedra del sevillano se convertiría en la plataforma panóptica que permitiría a Bentham examinar cómo una sociedad históricamente comprometida con las enseñanzas del equilibrado «seny» había podido entregarse a un inesperado rapto de enfervorizada «rauxa».

Sentado en el escritorio de su biblioteca, el padre del utilitarismo acodaría su gesto, pondría su atención en el farragoso proyecto legal y llegaría a la temprana conclusión de que la reforma estatutaria encarnaría la más perfecta representación de los antípodas de sus enseñanzas. Y no sólo porque la falta en el texto de la reforma catalana de un lenguaje sencillo, claro e inequívoco hubiese propiciado una redacción oracular, oscura, voluminosa y preñada de reiteraciones y ambigüedades, sino porque parecía concebido como una pieza destinada a contrariar los fines que deberían presidir la racionalidad de cualquier legislador moderno: la igualdad, la seguridad y un orden eficiente de propiedad. Y si no, ¿acaso el legislador catalán desconocía que dentro del Estado constitucional de Derecho la justificación de la norma no sólo reside en la autoridad o legitimidad del sujeto que la genera sino en el contenido mismo de la decisión que asume, que ha de ser acorde con la Constitución si no quiere dañar su calidad y su eficacia? Es más, ¿cómo catalogar un proyecto legal que lesionaba deliberadamente su propia racionalidad operativa al vulnerar la sistematicidad que imponen las exigencias de unidad, completitud y coherencia lógicas que presiden la elaboración de una norma destinada a formar parte de un ordenamiento jurídico?

Producto depurado del King´s Bench Division de la High Court de Londres, el pragmatismo jurídico de Bentham tendría que ruborizarse ante tal cúmulo de vulneraciones de la racionalidad legislativa. Para alguien que seguía creyendo que el orden jurídico debía ser un mecanismo de ajuste de intereses que naciera de un compromiso social inspirado en un cálculo de utilidad que eludiera los excesos y buscara la felicidad del mayor número, aquella propuesta tendría que sorprenderle debido a la desmedida emocionalidad ideológica que envolvía una puesta en escena políticamente caracterizada por la falta de prudencia, moderación y sentido de la oportunidad. ¿Cómo explicar si no que hubiera podido prosperar un texto tan historicista y comunitarista como aquél, más en sintonía con la filosofía política holista que con una visión liberal en la que las instituciones políticas no son nunca «totalidades éticas» que subsumen a la sociedad sino entes artificiales e instrumentales al servicio de la libertad de los ciudadanos?

Su avezado olfato liberal lo haría desconfiar ante un legislador hiperactivo, obsesionado por el desarrollo de una ingeniería social dirigista que llegaría incluso a detallar pormenorizadamente el contenido de los derechos de los ciudadanos. Su desprecio hacia las abstracciones y las emociones haría que pensara finalmente que la propuesta había sido elaborada conforme a pautas más propias de la retórica rupturista del romanticismo político que de la ontología técnico-jurídica de un legislador del siglo XXI volcado sobre la desactivación de conflictos y la articulación de soluciones neutras que propiciasen la gestión igualitaria y eficiente de la complejidad.

Pero el cambio de año habría sumido a Bentham en la perplejidad. Las últimas noticias llegadas de España tendrían que haber mermado la frescura de su juicio ante la constatación de que lo que se palpaba detrás de la reforma no era otra cosa que la lógica imperativa de toda esa maraña de «siniestros intereses» que persiguen la satisfacción de expectativas particulares de felicidad que, eso sí, logran envolverse con habilidad bajo el manto de infinitas falacias y ficciones. Aquí el optimismo voluntarista de Bentham cedería finalmente ante los nubarrones de su pesimismo hobbesiano y su reflexión se abandonaría a la fatalidad de detectar la presencia de esos intereses que hacen que incluso los gobiernos cedan a la tentación de pensar en cómo salvaguardar su propia expectativa de felicidad particular. ¿Acaso no era eso lo que evidenciaba la negociación secreta que, al margen de los cauces parlamentarios de transparencia y publicidad, trataba de conciliar los intereses que los promotores de la reforma habrían querido poner en juego?

Su conocimiento de Cataluña era el de una sociedad pragmática que se había caracterizado históricamente por buscar tan sólo lo posible. ¿Por qué rebasar entonces tan abruptamente los límites de la arquitectura constitucional que había demostrado cumplir la máxima utilitaria de que el fin del legislador ha de ser conseguir la mayor felicidad del mayor número? ¿No sería que estaba buscando alguna otra felicidad inconfesable bajo el estruendo de tantísimo ruido y furia? Ante tal hipótesis su mente no tendría más remedio que detenerse. Entonces, quizá, la fría oscuridad invernal londinense provocaría que la imagen de Macbeth se cruzara por delante de sus ojos y recordara que «la vida no es más que una sombra... Un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y furia, que nada significa».

(*)Diputado del Grupo Popular y profesor de Sistemas Políticos Comparados

España
Estado de excepción
Agapito Maestre Libertad Digital 13 Enero 2006

Empiezan a faltar palabras para identificar el proceso de involución política a la que asistimos los españoles por la política autoritaria del Gobierno socialista. El Gobierno ha conseguido instalarnos en un Estado de excepción sin que la Oposición logre un discurso capaz de plantar cara al método decisionista del Gobierno. Sobreexcitados por un Gobierno autoritario y resignados a una Oposición sin nervio ni inteligencia, nadie sabe qué puede suceder mañana en España. Nadie es capaz de predecir el funcionamiento de nuestras instituciones. Nadie está seguro de cómo puede funcionar mejor el engranaje del Estado de Derecho.

Nuestro confuso estado de ánimo ante el presente de la nación es la principal consecuencia de una política socialista puramente instrumental. Estamos instalados en un régimen político, en un tinglado institucional, basado en las decisiones despóticas, autoritarias y golpistas, que están terminando con todas las instituciones autónomas e independientes de la democracia. Las víctimas del terrorismo son estigmatizadas, a los jueces independientes se les insulta, a los altos funcionarios del ejército se les arresta, a los medios de comunicación disidentes se les amenaza y castiga, etcétera. Puede que exista alguna decisión del Gobierno, cómo no, que revierta positivamente en un sector de su electorado, pero su objetivo primario es no sólo quebrar a la Oposición sino gobernar autoritariamente, o sea, manteniendo “movilizada”, en estado de alerta permanente, a toda la ciudadanía.

Se trata, por encima de todo, de gobernar de modo tan arbitrario que los ciudadanos actúen no tanto como ciudadanos sino como pueblo sumiso a las órdenes de sus dirigentes. Se trata de sembrar el caos, la arbitrariedad y el miedo por todas partes. La mentira, el engaño, la permanente contradicción ya no importan para este Gobierno. Peor aún, gracias a la labor de crítica de unos cuantos, muy pocos, medios de comunicación, todos los días nos desayunamos con una barrabasada del Gobierno, pero toda una legión de periodistas y medios de comunicación, prácticamente casi todas las cadenas de televisión y radio, están prestas a desactivar la capacidad crítica de la ciudadanía. Son los sicarios del golpismo institucional. Los bienpagados del golpismo postmoderno. Los imbéciles que nos susurran al oído: “No crispen”.

No sé cuánto tiempo puede durar esta política de excepción, quizá más de lo que piensen los optimistas; pero resulta decisivo que extendamos al resto de nuestros conciudadanos que vivimos ya en un Estado de excepción. Sí, no debemos engañarnos, quizá lo que venga será peor, pero eso no debe hacernos olvidar todas las reservas democráticas que estamos perdiendo: tranquilidad, sosiego, libertades, capacidad de decisión y, sobre todo, la posibilidad de intervenir en el diseño de nuestro futuro como nación de acuerdo con la democracia surgida de la Constitución del 78.

Todo eso, a pesar de lo que digan los desactivadores de la conciencia democrática, ya lo hemos perdido. El responsable de esta quiebra democrática es Zapatero y su Gobierno. Su política de excepción, que rompe todo vínculo con la norma fundamental del 78, nos instala en el reino de la pura aventura, lejos de las reglas democrática por las que se rige cualquier democracia, al excluir a la Oposición de las grandes tomas de decisión sobre la nación. Imitando la violación sistemática del Estado de Derecho en el País Vasco y en Cataluña, o sea, el modelo totalitario de estas Comunidades Autónomas, Zapatero toma decisiones al modo “romántico”, por no decir nacionalsocialista, negando la realidad y refugiándose en un mundo de meras posibilidades. Se trata de instrumentalizar todo hasta hacerlo aparecer como el reino de la pura aventura o, como ha visto bien Rajoy, “el juego de la ruleta rusa”.

Para Zapatero, un aventurero tan peligroso como los revolucionarios del siglo pasado, todo queda abierto para que sea manipulado a su antojo. Es el reino de la pura arbitrariedad. Se trata, pues, de huir de una realidad, que se ha vuelto compleja, ambigua y multívoca, para mantenerse en el poder al margen de una ciudadanía caída y doliente.

Asamblea Batasuna
El anagrama de ETA
Ramón Villota Coullaut Libertad Digital 13 Enero 2006

Si la sola presencia del cartel que anuncia la convocatoria de la asamblea de Batasuna-ETA no ha bastado para que el Fiscal General del Estado actúe, el juez de la Audiencia Nacional Grande-Marlaska, en cambio, ha abierto diligencias para conocer si esta convocatoria puede implicar un delito de colaboración con banda armada. Es decir, que si bien de conformidad con la Ley Orgánica de Partidos Políticos, nuestro poder político no termina de ver clara la ilegalidad del cartel que inunda las calles del País Vasco y, por tanto, no insta a la Sala VI del Tribunal Supremo a hacer cumplir la sentencia que ilegalizó a Bataasuna, un representante de nuestro poder judicial sí ve clara esta relación, e incluso llega más lejos, entendiendo que puede haber en esta convocatoria un delito de colaboración con banda armada, recogido en el Código Penal.

Así, mientras el Gobierno y la Fiscalía General del Estado siguen pensando que dirección tomar, es un integrante del Poder Judicial, el titilar del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia nacional, quien, gracias a la independencia que le otorga nuestra Constitución, solicita a los Cuerpos de Seguridad del Estado que le informen sobre la convocatoria de la asamblea del día 21.

Pero dicho esto, es indignante que el Gobierno no haya dado instrucciones de forma inmediata a la Fiscalía General del Estado para impedir que se celebre el 21 de enero en Baracaldo (Vizcaya) la asamblea de un partido ilegalizado por el Tribunal Supremo hace casi 3 años, en una resolución avalada posteriormente por el Tribunal Constitucional. Pero menos mal que si el procedimiento regulado ante el Tribunal Supremo para exigir el cumplimiento de dicha sentencia no va a iniciarse porque quien pudiera hacerlo –la Fiscalía General del Estado o el Gobierno, por medio de la Abogacía General del Estado– todavía no lo ha iniciado, existe la vía penal de la colaboración con banda armada, una vía ya iniciada por Garzón y que posteriormente ha mantenido su sustituto en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, lo que en la práctica puede hacer que, a pesar de la inactividad de la Fiscalía General del Estado, la Asamblea a celebrar en Baracaldo el día 21 de este mes se quede en nada.

Ramón de Villota Coullaut es abogado, puede contactar rdevillota@telefonica.net

Sentido común
JOSEBA ARREGI El Correo 13 Enero 2006

Hay momentos en que uno, con miedo a cometer un pecado de soberbia, llega a pensar, viendo el panorama político vasco y español, que el sentido común es precisamente lo contrario a la corrección política. Y no es que uno haya sido un revolucionario toda su vida, alguien que haya creído que la verdad se encuentra necesariamente en la marginalidad.

Pero algo raro está pasando entre nosotros. Por lo menos en el plano político. Con la palabra democracia en la boca se dan por buenos comportamientos que, con algo de análisis, por lo menos debieran dar lugar a algo de preocupación. Pero no sólo se dan por buenos esos comportamientos, sino que son considerados la cima del espíritu democrático.

La vida política vasca está orientada a la asamblea o congreso que va a celebrar próximamente un partido político inexistente, por ilegal, como lo ha vuelto a recordar recientemente el Tribunal Constitucional. No hace falta esforzarse mucho para saber que la atención dirigida a esa reunión proviene de la esperanza de muchos de que en ella se oiga la palabra, no la que debiera escucharse de una vez, la condena del terrorismo de ETA, pero sí la que permita seguir manteniendo la ilusión de que algo se mueve, de que Batasuna apuesta por las vías exclusivamente políticas, que está en condiciones, o por o menos tiene la voluntad, de exigir a ETA que cese en el uso de la violencia terrorista.

Lo que sucede es que podía haber otras formas de hacer oír esa palabra. Lo que sucede es que debiera existir una presión mucho mayor por parte de todos los partidos políticos para exigir que condene de una vez por todas el terrorismo de ETA. Y lo que sucede es que vamos a asistir a un acto ilegal, a un imposible en un Estado de Derecho. A la burla a una sentencia del Tribunal Supremo. Y quienes piensen que, a pesar de todo, merece la pena tragarse la realidad de un acto ilegal, lo podrían decir así: en aras a una estrategia en cuyo final aseguramos que está la desaparición de ETA, nos tragamos el sapo de admitir la vulneración de las leyes y de las sentencias judiciales.

Pero no. Mucho peor. Según algunos medios de comunicación, fuentes del Departamento de Interior del Gobierno vasco, criticando la petición de un parlamentario del PP de impedir la asamblea ilegal de Batasuna, afirman que no se puede condenar a la muerte civil a miles de ciudadanos vascos, que el Parlamento vasco mayoritariamente ya ha decidido que Batasuna debe ser legal.

Tomemos un momento el aliento. En esa afirmación referida por la prensa existen dos elementos a analizar. La condena a la muerte civil de ciudadanos vascos por la sentencia del Tribunal Supremo declarando fuera de la ley a Batasuna, y la idea de que el Parlamento vasco puede por mayoría decidir incumplir la ley, pedir el incumplimiento de las sentencias judiciales, es decir, colocarse por encima del ordenamiento jurídico.

Ambas cosas son tremendas. Todos los ciudadanos vascos pueden participar en las elecciones. En todas las democracias las elecciones se celebran de forma ordenada, en marcos jurídicos, con protección y tutela judicial. Ningún ciudadano de un país democrático tiene derecho a participar en las elecciones optando por personas o listas de personas que se niegan a condenar la violencia terrorista, que incumplen un requisito mínimo irrenunciable para poder participar en la vida política democrática.

Afirmar que en Euskadi existen ciudadanos que no pueden ejercer su derecho a participar en las elecciones significa lo mismo que decir que se puede participar en democracia apoyando el terrorismo, sin condenar la violencia. Así de sencillo y así de grave.

Y ningún Parlamento del mundo puede decidir nada que no esté dentro de las leyes. Para poder hacerlo tiene que comenzar por cambiar las leyes. Y lo tendrá que hacer en el ámbito de sus competencias. Y no podrá hacerlo en lo que no le compete. El Parlamento de Castilla-León, por poner, un ejemplo, no es competente para cambiar los estatutos de la ONU, o para añadir artículos a su Declaración de Derechos Humanos. Afirmar que un parlamento puede, por mayoría, saltarse a la torera leyes legítimas y sentencias judiciales democráticas es tanto como decir que un parlamento puede dar un golpe de Estado contra sí mismo. Así de sencillo y así de grave.

También se ha sabido que corren rumores de que el sacerdote irlandés Alec Reid puede ser uno de los observadores internacionales en el proceso de pacificación, es decir, en lo que debiera llamarse lisa y llanamente desaparición de ETA. Pues no en mi nombre. Quien se ha atrevido a decir que cuando un movimiento terrorista pone encima de la mesa muchos muertos -asesinados estaría mejor- es señal de que existe un problema de derechos humanos; quien se ha atrevido a decir -referencias de prensa con ocasión de recibir el premio René Cassin de Derechos Humanos del Gobierno vasco- que ETA no es el problema, sino el síntoma del problema, no puede ser observador neutral, ni intermediario, ni negociador, ni facilitador. Sencillamente porque es parte, porque ha aprendido a pies juntillas el catecismo de quienes ejercen violencia terrorista.

Desde el sentido común parece imposible que quien comulga con el discurso legitimatorio de quienes ejercen la violencia terrrorista esté en condiciones de facilitar ningún acuerdo de abandono de la violencia terrrorista, y desde luego no uno que haga justicia a la memoria y al significado político de las víctimas asesinadas: que el proyecto político que sirvió para asesinar no puede ni debe ser posible en Euskadi.

Claro que el desvarío alcanza ámbitos más amplios. La reacción del ministro de Defensa y del Gobierno ha sido fulminante ante las inaceptables declaraciones del teniente general Mena en Sevilla. Dichas declaraciones son del todo inaceptables, independientemente del contenido, porque los militares no tienen nada que decir en cuanto tales sobre lo que ocurre en la política española. Punto.

Pero conviene recordar lo que recientemente decía Gregorio Peces-Barba en un artículo de prensa. La idea fundamental era la de que, en rigor de doctrina constitucional, a la Constitución española sólo la precede España como nación, que en su capacidad constituyente se da la misma, a la que a partir de ese momento se sujeta: poder soberano que se somete al imperio de la ley. Y que fuera de ese previo, de esa España nación constituyente, no existe ninguna otra posible en el Estado. Y que lo peor del proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña radica en que en ningún lugar de él existe reconocimiento alguno de esa realidad constitucional sin la cual, empero, el propio proyecto de nuevo Estatuto no tiene sentido jurídico y político alguno.

Tomemos de nuevo el aliento. Según Peces-Barba, lo que sucede con el nuevo proyecto de Estatuto para Cataluña es que un órgano constitucional, el Parlamento de Cataluña, se sitúa al margen de la realidad constituyente y constituida del Estado. Que estamos ante una propuesta de un Parlamento ubicado dentro del marco constitucional y sometido a sus previsiones, concretadas en el vigente Estatuto de Cataluña, que hace como si se ubicara en un limbo constitucional, como si pusiera entre paréntesis aquello que precisamente hace posible que exista.

De ese colocarse en un limbo constitucional se derivan todos los demás problemas que afectan al nuevo proyecto de Estatuto de Cataluña, entre otros el de que tiene una manera de delimitar lo que es Cataluña que desborda la propia Cataluña y afecta al resto del Estado, al que sin embargo se le somete a la presión de recordarle permanentemente que el 90% del Parlamento catalán ha votado la nueva propuesta.

Pero si no perdemos el sentido común tendremos que recordar lo que dijo aquel otro dirigente socialista: por mucho que se empeñe, el Ayuntamiento de Cartagena no tiene competencias para declarar la guerra a EE UU, aunque lo haga con mayoría absoluta o por unanimidad.

Esperemos que los negociadores del PSOE sean capaces de constitucionalizar el proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña, por el bien de todos. Pero no perdamos el sentido común: vivir en democracia significa moverse siempre en el marco de las leyes legítimamente aprobadas, y no hay mayorías absolutas que valgan contra dichas leyes si pretenden introducir variaciones fuera de lo previsto por las mismas leyes, y menos aún en ámbitos competenciales que no les incumben para nada.

Zapatero apela al derecho de reunión para no impedir la asamblea de la ilegalizada Batasuna
Mantiene que la Constitución consagra el derecho de cualquier ciudadano a reunirse
El PP insta al Gobierno a que prohíba la celebración del acto en Baracaldo y denuncia que el anagrama de ETA se exhibe en el cartel de la convocatoria
J. Arias Borque  La Razón 13 Enero 2006

San Gil denunció ayer la presencia del anagrama de ETA en la convocatoria de Batasuna

Vitoria- Mientras los tribunales aún no han dicho su última palabra sobre la asamblea que ha convocado Batasuna para el próximo día 21 en Baracaldo (Vizcaya), el presidente del Gobierno dejó entrever ayer su posición respecto al acto que pretende celebrar la formación ilegalizada. José Luis Rodríguez Zapatero dejó claro, de antemano, su respeto a la decisión que puedan adoptar los jueces, pero insistió en que la Constitución consagra el derecho de cualquier ciudadano a reunirse. El jefe del Ejecutivo explicó que hay una línea muy fina entre las restricciones a los derechos fundamentales que se derivan de una ley como la de partidos, que tiene una aplicación muy delicada, y los derechos que reconoce la Carta Magna, entre ellos el de reunión. Mientras, la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega subrayó que Batasuna es un «partido ilegalizado» que «no tiene ni capacidad jurídica ni posibilidad de hacer ningún tipo de convocatoria».

«Decencia democrática». Pese a las palabras de Zapatero, el PP sigue insistiendo en que el Gobierno debe impedir la celebración del acto. El secretario general de los populares, Ángel Acebes, instó ayer al Ejecutivo a mostrar una «mínima decencia democrática» ante las víctimas del terrorismo y poner en marcha los mecanismos que eviten que «una organización terrorista» celebre una asamblea política con total impunidad. Su compañera de partido, y presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, denunciaba precisamente ayer que los carteles que convocan al acto de Batasuna incluyen un anagrama de ETA. Para San Gil es una «chulería» y «provocación», que achacó a la «falta de firmeza del presidente del Gobierno». Por ello, reiteró al consejero vasco de Interior, Javier Balza, y al delegado del Gobierno, Paulino Luesma, su exigencia de que impidan la celebración del acto. Idéntica petición ha realizado al Gobierno vasco el Foro de Ermua, que en un comunicado avisó de que si la asamblea se celebra, acudirá a los tribunales para denunciar a «todos los responsables». También se sumó a las peticiones de prohibición del acto el vocal del Consejo General del Poder Judicial para el País Vasco, Juan Pablo González, para quien supone «una burla inaceptable» al Estado de Derecho, informa Efe.

Quienes también se mantienen firmes, pero éstos en su intención de llevar a cabo la asamblea, son los miembros del brazo político de ETA. El portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, aseguró que su formación tiene «la firme voluntad» de celebrar su congreso. Del mismo modo, añadió que «el riesgo para unos sectores del Estado es que el acto abre posibilidades ciertas para construir un proceso de paz, y parece ser que es un proceso que algunos no quieren». Pero el Gobierno vasco no parece estar por la labor de impedir la celebración de la asamblea. Su consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, cree que se cometería «un grave error político y democrático al impedir la consolidación de un proceso de pacificación».

«Cumbre» fiscal en San Sebastián. A la vista de la actitud del Gobierno, la decisión de no permitir que la asamblea tenga lugar depende de los tribunales. Tres son las vías abiertas para conseguirlo. La primera, la denuncia presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en la que acusa de colaboración con banda armada a los convocantes de la asamblea. De momento, el fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, acordó ayer remitir la denuncia a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, al considerar que los hechos no son constitutivos de un delito de colaboración, sino de desobediencia. Hoy mismo, el fiscal general del Estado se desplazará a San Sebastián para celebrar una «cumbre» con los tres fiscales del País Vasco, con el objetivo de «ser informado detalladamente» acerca de la asamblea de Batasuna. Conde-Pumpido ya ha deslizado que la ilegalización da la formación abertzale «no suspende los derechos fundamentales de sus ex integrantes aunque no puedan realizar actos orgánicos de partido».

Pero la vía más seria para abortar la celebración de la asamblea es la que ha puesto en marcha el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que está a la espera de recibir los informes policiales sobre la actividad política de Batasuna para dar traslado a la Fiscalía de los mismos y tomar una decisión al respecto. Por último, la sala especial del 61 del Tribunal Supremo rechazará el próximo lunes la petición de prohibición del acto instada por Manos Limpias, al no estar legitimado el sindicato para plantearla.

El juicio contra el presunto entramado de ETA ha sufrido un nuevo aplazamiento. A la suspensión del proceso durante una semana (decretada el pasado lunes) hay que añadirle ahora otras dos, una decisión acordada ayer por el tribunal «con el fin de evitar cualquier atisbo de indefensión» y facilitar que los abogados de los 56 acusados puedan consultar los 100.000 folios de las diligencias previas incorporadas al sumario, un contratiempo que provocó la amenaza de los letrados de no comparecer.

El tribunal, sin embargo, rechaza que exista causa de nulidad. El juicio se reanudará el próximo día 30 y se celebrarán sesiones de lunes a jueves hasta el 13 de febrero para recuperar jornadas.

PIDE A LA COMISIÓN EUROPEA UNA INVESTIGACIÓN
Vidal Quadras pregunta si el uso de informes clínicos para un estudio del uso del catalán viola la ley
El vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras, ha pedido a la Comisión Europea que investigue si el uso de informes clínicos sin informar a los afectados, para realizar un estudio sobre el uso del catalán apadrinado por la Generalidad de Cataluña, viola la directiva europea sobre tratamiento de datos personales de 1995. En concreto, el articulado que prohíbe el tratamiento de los datos relativos a la salud sin el consentimiento explícito del interesado.
Agencias Libertad Digital 13 Enero 2006

El eurodiputado del PP presentó una interpelación urgente al Ejecutivo comunitario solicitando que verifique si lo sucedido en Cataluña cumple con los preceptos de la directiva 95/46/CE sobre la protección de las personas en el tratamiento de datos personales y si piensa "exigir explicaciones de lo sucedido al Gobierno Español", teniendo en cuenta la importancia de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, en especial, el derecho a la intimidad.

Alejo Vidal Quadras reclama a la Comisión Europea, en concreto, que valore el cumplimiento de los artículos octavo, undécimo, decimocuarto y decimoctavo de la mencionada directiva, que prohíben el tratamiento de los datos relativos a la salud sin el consentimiento explícito del interesado, obligan a comunicar al interesado las características del tratamiento de datos, garantizan a las personas el derecho a oponerse a que los datos puedan ser tratados y obligan a que los procesos de tratamiento de datos sean notificados a la autoridad de control para su evaluación previa.

Fines legítimos
También pide la verificación del cumplimiento del artículo sexto que obliga a que los datos sean "recogidos con fines (...), explícitos y legítimos", informa la agencia Europa Press.

El eurodiputado del PP consideró que la Comisión Europea debe tomar cartas en el asunto al ser el responsable de velar por el cumplimiento de los tratados y del derecho comunitario, sobre todo cuando éste tiene relación con los derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad de las personas. "A las autoridades nacionales y autonómicas españolas corresponde verificar si lo sucedido no viola el artículo 197 del Código Penal y las leyes de Sanidad, Protección de Datos y Autonomía del Paciente, que garantizan la privacidad de los pacientes y avalan el secreto del historial clínico de las personas, pero a las autoridades comunitarias les corresponde verificar si se cumplen las directivas y, en su caso, adoptar las medidas oportunas", explicó Vidal Quadras.

El PP se movilizará para que España siga siendo «la única nación» y por el castellano
M. IGLESIAS/COLPISA. TOLEDO El Correo 13 Enero 2006

La oposición del PP al Estatut le llevará otra vez a la calle si la propuesta que tramitan las Cortes incluye el reconocimiento de nación para Cataluña. El secretario general, Ángel Acebes, anunció movilizaciones en los próximos meses, y lo hizo antes de participar en la reunión extraordinaria de 'maitines' que convocó Mariano Rajoy en Toledo para diseñar la política del PP en este nuevo año.

Las últimas informaciones sobre la negociación del Estatuto marcaron la llegada de los dirigentes populares al parador de la ciudad castellanomanchega, donde prepararán «iniciativas y movilizaciones» ciudadanas en contra de la «grave» situación y «la crisis nacional» que Acebes identifica en la tramitación del proyecto.

El PP rechaza de plano que el término 'nación' figure en la norma. Según el 'número dos' del partido, «es exactamente igual» que aparezca en el preámbulo o en el articulado, porque se producirían «los mismos efectos jurídicos». En su opinión, aceptar esa denominación, sea donde sea, significa «renunciar a que España sea la única nación».

Ángel Acebes acusó además a José Luis Rodríguez Zapatero de ser cómplice de los nacionalistas catalanes, que «pretenden la eliminación del castellano» a través del nuevo Estatuto. «Me parece que los votantes del PSOE no se lo van a consentir», aventuró el dirigente popular, quien adelantó que, «desde luego, nuestra voz no va a faltar para que esto no ocurra».

Oposición útil
Los planes iniciales de la cúpula popular eran aprovechar esta sesión de aislamiento y reflexión, que culminará a mediodía de hoy, para buscar iniciativas que permitan presentar al partido como una fuerza constructiva y útil en lo que resta de legislatura. Así, la convención que celebrarán los populares los días 3,4 y 5 de marzo se dedicará a buscar ofertas políticas novedosas con vistas a las elecciones de 2008, para contrarrestar las medidas de carácter social y de contenido electoral que, según su análisis, promoverá Zapatero una vez zanje la cuestión catalana.

Sin embargo, los componentes del equipo de Mariano Rajoy reconocen que la reforma del Estatuto les obliga a aparcar cualquier pretensión en esta dirección y condiciona sus posiciones, al menos, durante el tiempo que se prolongue su tramitación parlamentaria.

«Un archivo de la Guerra Civil creado en Cataluña al servicio del nacionalismo»
El ex director del Archivo de Salamanca y miembro de la Comisión de Expertos que asesoró al Gobierno del PSOE sobre la reclamación de la Generalitat de Cataluña rechaza en este análisis la Ley recién aprobada, porque supone una gran oportunidad perdida
POR ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA ARCHIVERO ABC 13 Enero 2006

El momento histórico, con dos administraciones presididas por políticos del mismo color político (ya ha quedado muy claro que no del mismo partido) hacía presagiar una solución satisfactoria a la asignatura pendiente de la Transición -la devolución de los documentos incautados en la Guerra Civil-, basada en la ecuanimidad y tomada sin presiones ni chantajes, tratando de dar satisfacción a las víctimas de la represión política que vieron cómo sus documentos les eran arrebatados por la fuerza, pero atendiendo a todos los intereses en conflicto, principalmente a la preservación del conjunto patrimonial que hoy día constituye el Archivo General de la Guerra Civil.

Sin embargo, al contrario, la presión sobre el Gobierno ha sido tan alta, si no mayor, como la realizada con anterioridad por los gobiernos de Convergencia a los gabinetes presididos por Felipe González y José María Aznar a la hora de exigir la mencionada restitución. La ley 21/2005, de 17 de noviembre, de Restitución a la Generalitat de Catalunya de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, no da solución a los principales retos implícitos en la superación de esa asignatura pendiente.

En primer lugar, no resuelve el problema de la restitución o compensación a las víctimas de las incautaciones, a las que, además, discrimina de forma injustificable, haciendo que el número de beneficiarios sea, previsiblemente, muy reducido. En segundo lugar, apartándose de las recomendaciones internacionales sobre los archivos de los servicios de información de los regímenes represivos (UNESCO), la aplicación de esta ley dificultará la gestión de las certificaciones sobre daños sufridos por las víctimas de la represión, al dejar sin valor los ficheros policiales de control, auténtica llave para la localización de los documentos a partir de los datos onomásticos.

Consecuencias políticas
En tercer lugar, al descontextualizar los documentos de la función represiva a la que sirvieron, no sólo se perjudica a la preservación de nuestro patrimonio cultural común, sino que se proyecta sobre él una gran sombra de incertidumbre derivada de la inevitable proliferación de nuevas reclamaciones en función de la procedencia de los fondos; este riesgo es particularmente alto para el resto de los archivos de titularidad estatal a los que aboca a una situación de inestabilidad con este precedente de distribución de fondos documentales de acuerdo con su origen geográfico, insoslayable en el futuro.

Esta ley tiene asimismo otras consecuencias políticas que no pueden dejar de ser tenidas en cuenta: 1) no satisface a los reclamantes catalanes más radicales, encabezados por la Comisió de la Dignitat, que piden una segunda vuelta de tuerca por cuanto esta norma jurídica no contempla la restitución de los documentos incautados a los ayuntamientos, y ello a pesar de que los posicionamientos de esa Comisió han sido mayoritariamente recogidos en la ley, si exceptuamos este punto concreto; 2) deja insatisfechas y agraviadas al resto de las comunidades autónomas con respecto a Cataluña; 3) cuenta con el rechazo de algunas de las más importantes asociaciones profesionales de archiveros; 4) ha ofrecido argumentos a los radicales de la derecha política que han visto en ella un elemento de confirmación de su temor a la división de España; y 5) ha soliviantado no sólo a las autoridades salmantinas y castellano leonesas, sino también, aunque puede que en este caso la procesión vaya por dentro, a muchos socialistas de estos lares, que ven convertida esa zona geográfica en un erial electoral para las expectativas de la izquierda, con la posibilidad de encontrarse condenados al ostracismo político, como poco, durante los próximos diez años, y encima por culpa de un desgaste no provocado por ellos.

No es una ley de compensación por cuanto, para serlo, debería haber partido de la delimitación del concepto de víctima de las incautaciones de documentos, independientemente de que éstos se hayan conservado o no y, en el caso de haberlo hecho, independientemente de si se custodian en el hoy Archivo General de la Guerra Civil o en otros archivos. Igualmente se tendría que haber matizado qué derechos tienen las víctimas según se trate de personas físicas o de personas jurídicas y, en el caso de estas últimas, si se trata de personas públicas (sólo se ha contemplado a la Generalitat) o privadas; también habría que haber diferenciado los derechos de las víctimas cuyos documentos no se han conservado, aunque esté documentada su incautación, de los de aquellas otras cuyos documentos sí se han conservado.

La ley debería haber arbitrado los medios para conocer a todas las víctimas de las incautaciones (se puede intuir que se hará sólo con las catalanas), obligando a los responsables actuales de esta documentación a la elaboración de una lista o base de datos de las mismas, cosa absolutamente sencilla de realizar a partir de los libros de registro y actas de incautación levantadas por los servicios de «Recuperación de Documentos» y conservadas, también, en el Archivo General de la Guerra Civil. Ése debería constituir el punto de partida: sólo podrían exigir, tanto el reconocimiento de la condición de víctimas de las incautaciones como el reconocimiento de la titularidad sobre documentos, las personas físicas o jurídicas incluidas en la mencionada relación.

Reclamaciones sin instancia
En la ley no se han creado los órganos administrativos que deberán resolver las reclamaciones de reconocimiento de la titularidad ni de restitución, abriendo así los cauces para recurrir en vía judicial los fallos de esos órganos administrativos, elemento que sí vemos tanto en la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado (Ley de Devolución del Patrimonio Sindical) y su Reglamento como en la Ley de Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes y Derechos Incautados y, generalmente, en cualquier legislación dedicada a la reparación de daños causados a las víctimas de abusos contra los derechos humanos.

No es una ley de restitución de documentos incautados, o sólo parcialmente se la puede considerar una ley de restitución. Es, sobre todo, una ley de redistribución de fondos documentales de titularidad estatal, si bien de alcance únicamente bilateral entre el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña. Porque lo único que esta ley regula de forma nítida es la entrega a la Generalitat de Catalunya no sólo de los documentos incautados a ella y al Parlament de Catalunya sino también de todos los documentos de carácter privado incautados a entidades catalanas o a delegaciones provinciales o locales de entidades de ámbito nacional, radicadas en Cataluña.

No parece, por cierto, defendible que si sólo se plantea la devolución de documentos a personas físicas o jurídicas se contemple, en cambio, la devolución de documentos incautados a una institución republicana desaparecida y luego reconstituida como la Generalitat, sobre todo si no se hace lo mismo con los documentos del otro Gobierno Autónomo legalmente existente en la Guerra Civil, el Gobierno Vasco, para el que no hay ni tan siquiera una solución diferida (como la prevista para los documentos privados de otras comunidades autónomas).

De forma inmediata se plantea la entrega a la Generalitat (es de suponer que para su conservación en el Arxiu Nacional de Catalunya) de las famosas 507 cajas con los originales de los documentos microfilmados de acuerdo con el Convenio de 1982 entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat de Catalunya para la reproducción de fondos de la Generalitat conservados en la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional, la procedencia de muchos de los cuales, por otra parte y como ya se ha dicho repetidas veces, es de dudosa adscripción a los archivos incautados a la institución catalana (caso, por ejemplo, de los del Comité Central de Milicias Antifascistas). En una segunda etapa, previa identificación de los restantes documentos incautados en Cataluña, se procedería a transferir a la Generalitat los documentos confiscados a personas jurídicas y físicas catalanas o delegaciones radicadas en Cataluña de otras entidades, hayan o no reclamado la documentación, erigiéndose en representante de las mismas la Generalitat de Catalunya, a la que se entregarían estos fondos, tengan o no propietarios originarios o herederos de los mismos. La Generalitat establecería entonces el procedimiento para que los legítimos propietarios de los documentos o sus herederos, si unos u otros existieran, reclamasen la restitución de sus documentos al Gobierno catalán. El Estado, de este modo, haría dejación de sus responsabilidades históricas al subrogarse la Generalitat en todos los derechos y obligaciones de aquél, derivados de la titularidad de estos documentos (art. 3.1).

Si concluimos que la ley no es una Ley de restitución sino de reparto competencial es cuando de verdad podemos temernos que estamos asistiendo a la apertura de la Caja de Pandora y que vamos a entrar en un proceso de reclamaciones y agravios y, ojalá no suceda, de indeseados enfrentamientos entre unas comunidades autónomas y otras; porque la ley plantea ese reparto de forma tan abiertamente discriminatoria que no puede dejar de interpretarse como una ley que privilegia a una comunidad sobre las demás, al dar a las víctimas catalanas un fuero diferente a las del resto del Estado.

El argumento esgrimido por la Comisión de Expertos en su informe final hacía hincapié en que se debía dar satisfacción a la legítima reclamación de restitución que formularan quienes habían sido despojados de sus documentos por la fuerza sin que se entendiera esta actuación más que como una justa reparación de aquel daño, no se ha tenido en cuenta.

Derechos vulnerados, sin reparación
La ley se ha redactado justo en el sentido contrario; no ha primado la atención a la reparación de los derechos humanos vulnerados sino que ha primado el reparto de competencias. Y si es absolutamente respetable y justo legislar sobre la restitución de bienes incautados por motivos políticos y con las armas en la mano, lo que no es aceptable es hacer política de distribución de competencias archivísticas entre el Estado y Cataluña, utilizando como justificación (alguien podría incluso considerar que ha sido un señuelo) los derechos de las víctimas del franquismo para acabar construyendo un archivo de la guerra civil en Cataluña al servicio del ideario del nacionalismo catalán.

Es evidente que la mayor parte de los fondos que serán transferidos al Arxiu Nacional de Catalunya desde Salamanca no saldrán nunca de ese centro; y no sólo porque muchas víctimas no reclamarán (se fija un plazo de un año para hacerlo), sino porque la mayor parte de los archivos privados incautados corresponden a entidades masónicas, políticas o sindicales sin heredero, al menos en el ámbito local y no serán nunca reclamadas.

A pesar del título y de la exposición de motivos de la ley, posiblemente a quienes han elaborado el recurso de inconstitucionalidad presentado contra ella no les habrá pasado desapercibido este hecho de la apropiación parcial por la Generalitat de Catalunya de la competencia exclusiva del Estado sobre los archivos de titularidad estatal; porque el artículo 149 de nuestra Carta Magna es muy claro al respecto y sólo cita la posibilidad de la transferencia de la gestión de estos archivos (se supone que a la comunidad en que están radicados).

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