AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 14 Enero  2006
Viaje al centro del nacionalismo
Juan Carlos Escudier El Confidencial 14 Enero 2006

LA LENGUA CON SANGRE ENTRA
ANTONIO PÉREZ HENARES El Ideal Gallego 14 Enero 2006

La alfombra roja para los terroristas
Ignacio Villa Libertad Digital 14 Enero 2006

España, país de congresos…de ilegales
Cristina Losada Libertad Digital 14 Enero 2006

¿Hasta dónde va a llegar la tregua del Estado de Derecho?
EDITORIAL Libertad Digital 14 Enero 2006

Romanones para Euskadi
TONIA ETXARRI El Correo 14 Enero 2006

Batasuna sigue ahí
Editorial Heraldo de Aragón 14 Enero 2006

Apaños vasco-catalanes
JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 14 Enero 2006

En el túnel del tiempo
M. MARTÍN FERRAND ABC 14 Enero 2006

La serpiente se ríe
ABC 14 Enero 2006

Alegato contracorriente en pro de la legalidad
RAFAEL AGUIRRE El Correo  14 Enero 2006

Los nacionalistas o el desprecio de la ley
Guillermo Urbizu  elsemanaldigital 14 Enero 2006

Bono en su laberinto
JORGE DEL CORRAL La Voz 14 Enero 2006

Calma: Cataluña será una nación, pero sin consecuencias jurídicas
Jesús Laínz elsemanaldigital 14 Enero 2006

El Estatut sí es golpismo
Enrique de Diego elsemanaldigital  14 Enero 2006

La memez de la semana: "San Francisco Javier, independentista"
Pascual Tamburri elsemanaldigital 14 Enero 2006

Las diez horas del Estat catalá en 1934
Pedro Fernández Barbadillo  Periodista Digital 14 Enero 2006

¿Ley o chicle?
Vizcaya Cartas al Director El Correo 14 Enero 2006

Batasuna pretende controlar cada barrio del País Vasco con el despliegue de miles de «agentes activos»
J. PAGOLA / J. J. SALDAÑA ABC 14 Enero 2006

Un grupo de independentistas agrede e insulta al diputado Jorge Fernández, del PP
R. N.  La Razón 14 Enero 2006
 

Viaje al centro del nacionalismo
Juan Carlos Escudier El Confidencial 14 Enero 2006

Si por algo tendría que preocupar el proyecto de Estatuto de Cataluña no es, posiblemente, ni por el uso del término ‘nación’, ni por la bilateralidad, ni siquiera por la financiación o la existencia de una o dos agencias tributarias. Lo más alarmante del texto es la regulación que hace de la lengua, un capítulo que el Gobierno parece haber aceptado sin más, pese a la reciente declaración de Zapatero de que no habrá cambios en el modelo vigente. Da la impresión de que el tripartito y CiU venían dispuestos a cambiar en la negociación lengua por lentejas y se han encontrado con que el Ejecutivo solo le importan las legumbres, o sea, la ‘pela’.

Imponer, como hace el proyecto, el deber de conocer el catalán a todos los que tengan vecindad administrativa en Cataluña no tiene justificación posible, y encubre los anhelos de un nacionalismo que, a falta de otros elementos de identidad como la raza o la religión, ha convertido el idioma en su auténtico hecho diferencial, el pilar que debería sostener y aglutinar un pretendido y futurible Estado catalán. En su objetivo no declarado de acabar con el bilingüismo actual se encuentra la clave de este arco, cuyas consecuencias son políticas y económicas y van más allá de una simple polémica lingüística.

Antes de desbrozar los motivos reales que impulsan a los promotores del Estatuto a colocar al español y al catalán al mismo nivel -o a rebajar el español, si se tiene en cuenta la práctica habitual de la ‘normalización’- habría que aclarar que el catalán goza de una excelente salud. Lo habla cerca del 80% de la población y lo entiende prácticamente el 100%. Con sus más de 8 millones de hablantes no se halla, en consecuencia, en peligro de desaparecer, y aunque lo estuviera el deber de conocerlo no lo salvaría.

Las consecuencias de esta obligación no tardarían en hacerse notar en la empresa privada, donde la normativa autonómica no había logrado penetrar y se había conformado con pintar un ‘paisaje’ lingüístico catalanófilo. De ello se encargaban las denominadas Oficinas de Garantías Lingüísticas, unos insólitos organismos que atienden hoy las reclamaciones de ciudadanos molestos por no encontrar el menú del restaurante o el rótulo del establecimiento escritos en catalán y de imponer las correspondientes multas. Así ha entendido la Generalitat la promoción lingüística.

En razón de este imperativo, lo previsible es que el conocimiento del catalán sea un requisito imprescindible para acceder a cualquier puesto de trabajo –ya lo era de hecho en la administración autonómica y organismos vinculados-. Los beneficiados serán, en buena lógica, los nacidos en Cataluña, en detrimento de los ciudadanos venidos de otros puntos de España o de los inmigrantes, que jamás llegarán a dominar el idioma. La exclusión está asegurada.

En Lenguas en guerra, Irene Lozano, reciente premio Espasa de Ensayo, desmonta uno de los principales mitos del nacionalismo: no es cierto que el catalán sea la lengua propia de Cataluña, o, al menos, lo es tanto como el español, que además es la lengua común de todo el Estado y goza de un conocimiento superior en la propia comunidad autónoma. Sorprenderá saber que un mayor número de catalanes tiene el castellano como lengua materna. Exigir por ley conocer el catalán abre las puertas de par en par a la discriminación: “El que no habla la lengua propia no está integrado, no presta ‘fidelidad’ a la historia y a la cultura regional, no participa del ‘genio’ de la comunidad ni de la ‘fuerza espiritual’ que la lengua otorga”.

Restar valor a la lengua común, al castellano, es una tarea a la que los nacionalismos periféricos se han entregado con ahínco. Su empeño, valga el ejemplo, es conseguir que un señor de Granollers pueda recurrir en catalán una multa de la Policía municipal de Jaén y que, a su vez, esta administración local andaluza deba contestarle en catalán. Se trataría de imponer una suerte de multilingüismo, al estilo suizo. Lo que no se dice es que Suiza no tiene la suerte de contar con una lengua en la que puedan entenderse todos sus ciudadanos.

De esta forma, si la lengua común deja de cumplir su cometido, si las Cortes se convierten en una remedo de las Naciones Unidas donde los diputados y senadores deban recurrir a la traducción simultánea para seguir los debates, el valor de cada una de las lenguas locales se multiplicará hasta convertirse en los ejes de los distintos proyectos nacionales, tal es el sueño de estos nacionalismos.

De vuelta a Cataluña y a su proyecto de Estatuto, el ansia por erradicar el español ha llevado a sus firmantes a convertir el catalán en la lengua vehicular de la enseñanza universitaria –ya lo era de la no universitaria-, sin reparar en el empobrecimiento que esta obligación pueda ocasionar a los estudiantes. ¿Debe renunciar la Autónoma de Barcelona a contar entre su plantel de profesores con Noam Chomsky por el hecho de que no imparta sus clases en la lengua de Ramon Llull?

El disparate ya se está produciendo en algunos centros docentes. En la Universidad de las Islas Baleares, por ejemplo, resulta imprescindible conocer el catalán para dar clases de Filología Española porque, asómbrense, las asignaturas de esta carrera no se imparten en castellano.

Es posible entender que partidos por CiU o ERC defiendan con uñas y dientes esta instrumentación política de la lengua. Lo que resulta inexplicable es que lo acepte el PSOE o, incluso, el PSC, su filial catalana, al que se le supone alguna reminiscencia internacionalista y de izquierdas. Va siendo hora de que lo explique Maragall o el propio Zapatero que, al menos por ahora, no presume de hablar catalán en la intimidad.  escudier@elconfidencial.com

LA LENGUA CON SANGRE ENTRA
ANTONIO PÉREZ HENARES El Ideal Gallego 14 Enero 2006

Fue una seña de identidad del franquismo: imponer el castellano. Obligar a hablarlo a tortas. Y no me lo han contado. Lo he visto con mis ojos en el Durango de mi infancia emigrante contra niños vascos. Defender y promocionar en democracia otras lenguas españolas, como el euskera, el catalán o el gallego, ha sido necesario y justo. Lo sigue siendo. Pero los nacionalismos patrioteros se parecen mucho los unos a los otros en sus filias y sus fobias. Necesitan un nosotros contra un ellos y convertir en enemigo a la historia, la geografía y, por supuesto, a la lengua. La Generalitat emprendió ese perverso camino. Arrinconar y aplastar al castellano para aupar al catalán.

Ahora se quiere dar el último paso con el Estatut. El deber de saber catalán que figura en el texto y que ha pactado el PSOE ­lamentable en un partido de izquierdas, igualitario y del conjunto de España como dice ser en sus siglas­ no es otra cosa que la imposición de una lengua. Por la fuerza, bajo la amenaza. Con resultados tan repulsivos como que a Cataluña no podrán ir funcionarios de otras comunidades, ni médicos, ni jueces, ni bedeles, ni barrenderos y, por supuesto, ni maestros o catedráticos por muy sabios que sean, pero que no pueden impartir allí sus enseñanzas porque no tienen nivel C de catalán, exigido por ley. Impuesto. Discriminación, desigualdad y privilegio, porque los catalanes, podrán pedir el destino en España que más les guste, a no ser que los vascos sigan la misma senda y por el despeñadero se lancen también los gallegos.

Sin embargo, las primeras víctimas van a ser, están siendo ya, ellos mismos, el pueblo catalán en su conjunto, sus más jóvenes generaciones. Estas imposiciones, esta práctica de extirpar el castellano (la lengua vehicular en la enseñanza no podrá ser elegida sino que será por imposición el catalán, lo que rompe cualquier espejismo de paridad bilingüe), el arrinconamiento, pues, de la lengua común en todo el Estado y cada vez con mayor difusión a escala planetaria, les está arruinando lingüísticamente y les traerá las perores consecuencias para su futuro, a no ser que el único horizonte sea el solar nativo. Una lástima y algo que los más avisados ya, de manera privada, intentan sortear para sus hijos, pero también una prueba de hasta qué punto resulta perjudicial este integrismo nacionalista con los que supuestamente pretende defender.

Revive en los hechos el atroz eslogan de los 40. La lengua con sangre y con multas entra. Multas a los comerciantes, espionaje a los médicos para ver en qué escriben, persecución a los docentes castellano-hablantes. Ésa es la aberración, que en nombre de la defensa del catalán se quiere cometer. Poner al castellano bajo la bota ha dicho Leguina y piensan muchos intelectuales catalanes con Boadella a la cabeza. Por ello ya tienen el anatema: fachas . Pues bien si existe algún ribete de fascismo aquí es en aquellos a los que la palabrita-insulto no se les cae de la boca. Los que pretenden que la lengua con sangre entra y que se impone a los pueblos por decreto. En el fondo nada más que unos paletos con un terrible ataque de boina. Bueno, en este caso de barretina.

La alfombra roja para los terroristas
Ignacio Villa Libertad Digital 14 Enero 2006

Las declaraciones del pasado jueves de Rodríguez Zapatero en el Palacio Real sobre la Ley de Partidos, la Asamblea de la ilegalizada Batasuna y las bondades del Partido Comunista de las Tierras Vascas han producido, como no podía ser menos, un auténtico terremoto político de unas dimensiones que todavía no se pueden valorar, pero que constituyen ya uno de los grandes errores del presidente del Gobierno.

Un presidente con tan buenas maneras hacia ETA y todo su entorno es algo que era muy difícil de imaginar. Ya no hacen falta suposiciones, son una auténtica realidad. Hasta tal punto es una barbaridad política, que el Alto Comisionado para las víctimas ha pedido que se suspenda esa Asamblea del 21 de enero. Peces que se ha caracterizado en su mandato por su obsesión contra las víctimas del terrorismo en esta ocasión se ha desmarcado del presidente Zapatero, puesto que éste ha llegado a un límite inadmisible.

Para cualquier demócrata que se precie, para cualquier persona que tenga un reconocimiento hacia las víctimas del terrorismo, lo dicho por Zapatero es una ofensa para la convivencia de todos y para la memoria de tantos que han dejado su vida en un camino lleno de bombas etarras.

Zapatero ha perdido las riendas del buen Gobierno. Ha cometido un desliz dialéctico que nunca se puede cometer y que tiene una complicada rectificación. Algo que se traduce en una sensación general de desamparo de todos los ciudadanos. El presidente del Gobierno, con sus buenas palabras hacia Batasuna, rompe las reglas básicas de quién tiene que ser presidente de todos los españoles. Y es que con esa actitud trata mejor al brazo político de ETA que al Partido Popular, el primer partido de la oposición.

¿Cuáles son las verdaderas razones de Zapatero? ¿Es este el precio de una tregua? ¿Estamos ante una cesión evidente del Gobierno para demostrar la disposición del Ejecutivo para negociar con los terroristas? Ante este espectáculo da miedo pensar en las manos en las que estamos. Zapatero, de la Vega y Conde Pumpido están poniendo la alfombra roja a los batasunos. ¿Qué nos queda por ver?

El gobierno y Batasuna
España, país de congresos…de ilegales
Cristina Losada Libertad Digital 14 Enero 2006

En los años ochenta, algunos “progresistas” avispados decidieron sacar unas perras de una actividad que ya se venía practicando de forma espontánea desde los tiempos de Stalin y Mao, y montaron agencias especializadas en “turismo revolucionario”. Uno de aquellos negocios, vinculado al diario The Guardian, ofrecía tours para los viajeros con “una afinidad política” y los mandaba a Nicaragua, Vietnam o Cuba, para que reconfirmaran in situ su admiración por los regímenes totalitarios. Ahora, en España, está a punto de descubrirse una nueva modalidad turística en la misma onda, pero más sofisticada. Cualquier organización armada, como gustan de llamar a las bandas terroristas el PNV y ERC, que presente algo parecido a un brazo político, ya sabe donde podrá celebrar sus congresos sin incordios. En el Exhibition Center de Baracaldo, sin ir más lejos, que es donde proyecta deliberar la ilegalizada Batasuna el día 21.

El presidente del Gobierno ha protagonizado el primer gran spot publicitario de ese negocio. En España –ha recordado– la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas y establece que el ejercicio del mismo no necesita autorización previa. Es cierto que un grupo ilegal no tiene derecho a reunirse por culpa de la “muy restrictiva” Ley de Partidos a favor de la cual él votó. Pero –siempre hay un pero, cuando conviene– que un grupo ilegal no pueda ejercer ese derecho, no significa que los individuos de ese grupo ilegal deban quedarse compuestos y sin congreso. Eso se llama hilar fino en términos zapateriles. López Garrido, menos delicado él, le ha hecho el eco con estas claras palabras: en democracia, para reunirse, no hace falta permiso. Y punto.

De modo que si no piden permiso, y siempre que no vengan con las armas bajo el uniforme o la chilaba, aquí hay bula para que celebren sus congresos los individuos de grupos ilegales. No anda el mundo escaso de bandas armadas, resistentes e insurgentes, que practican actividades similares a las de ETA, así que clientela no ha de faltar. Sin contar con las mafiosas que prescinden de remoquetes políticos. Las autoridades gubernamentales no han de oponerse a que ejerciten su sacrosanto derecho fundamental. ¿Por qué se ha de prohibirles reunirse si sólo van a hablar? Y caso de que alguno de esos individuos tenga veleidades artísticas y se dedique, qué se yo, a la pintura o la escultura en sus ratos de ocio, también tendrá en España quien le monte exposiciones. Con aportación de fondos públicos, incluso. Como la que inaugurará pronto en Eibar una terrorista encarcelada. Esto es Jauja. Para completar el spot sólo hará falta añadir una versión del viejo lema comunista: Ilegales de todo el mundo, venios.

¿Hasta dónde va a llegar la tregua del Estado de Derecho?
EDITORIAL Libertad Digital 14 Enero 2006

ZP quería que el Congreso de Batasuna-ETA pasara mediáticamente desapercibido. Sabía que tolerarlo era un precio político más a pagar y, además, por adelantado. Sabía que a los terroristas y sus socios de Perpiñán –que son también los suyos– no les bastaba con lo entregado con el PCTV; que los proetarras querían además burlar la Ley de Partidos a cara descubierta, sin intermediarios, con sus propias siglas, con su propio anagrama de la serpiente. ZP sabía que no les había entregado lo suficiente para esa tregua en pro del separatismo y en pro de que el gobierno del 14M –galgos o podencos– vuelva a ganar, en nombre de la “Paz”, las elecciones.

Todo transcurría bien, sin crispación, hasta que María San Gil, hace una semana, alzó la voz. No encontró eco, sin embargo, ni en los medios de la izquierda ni en los de la derecha. Y eso que Rajoy –dicho sea en su honor– había hecho suya la denuncia. Tan abandonado estaba el tema que un socialista vasco hasta se permitió responderla acusándola de "poner obstáculos a la paz". Tampoco trascendió. Coincidió, además, que una infracción del reglamento militar vino, involuntariamente, a contribuir a la desatención mediática sobre esta clamorosa vulneración de la Ley de Partidos. Desde estas mismas páginas quisimos contribuir al esfuerzo informativo de la redacción. "¿Ordenará el Gobierno del 14M el arresto de Otegui?". No encontramos eco.

La Asociación Víctimas del Terrorismo, a mitad de semana, cambió sus silenciados comunicados de prensa por una denuncia judicial para ver si la Administración de Justicia hacía su trabajo. Las cosas, sin llegar a la crispación, se le empezaban a torcer mediáticamente a ZP y a su talante. Preguntado por la cuestión, hace escasos días en el Ritz, Zapatero se limitó, cínicamente, a decir que "en este tema, la mayoría de las competencias son del gobierno vasco". El presidente del Tribunal Supremo, que tenía la misma constancia que Zapatero de que el gobierno vasco ya había dado un silenciado visto bueno al evento, dijo que "estaba a la espera", que sin el requerimiento previo de la Fiscalía General del Estado o la Abogacía General del Estado –ambas dependientes del gobierno central–, el Tribunal no podía tomar cartas en el asunto. Otros jueces, como el juez Marlaska, se han interesado por el asunto. El fiscal Fungairiño, que ha recordado el carácter ilegal y terrorista de Batasuna, ha dicho también que está a la espera del Fiscal General, Conde Pumpido, el cual siempre está a lo que diga Zapatero.

Con la atención mediática y algunas televisiones informando ya de la Asamblea que los proetarras han convocado desde hace semanas, desde el partido que se increpó a María San Gil, el PSE, Miguel Buen ha tenido la desfachatez de decir que no le constaba que la formación terrorista hubiera convocado ningún congreso.

Peor ha sido, con todo, la última reacción del presidente del Gobierno para justificar la pasividad de su Fiscal General. Y es que, no pudiendo ya evitar que la convocatoria del congreso de los proetarras pase mediáticamente desapercibido, no pudiendo ya excusarse en las competencias del gobierno vasco, Zapatero ha pasado directamente a sostener que "la Ley de Partidos es muy restrictiva" y a afirmar que "hay que respetar los derechos y libertades individuales que están consagrados en la Constitución". Se refiere a los de los proetarras.

Que no nos fiamos para nada de la persona que preside nuestro gobierno, es algo que hemos dejado acreditado desde hace muchísimo tiempo. Aún es posible, sin embargo, torcer sus intenciones –que van mucho más allá–, si lo que queda de España, de su opinión pública, de su maltrecha independencia judicial, sabe reaccionar.

Romanones para Euskadi
TONIA ETXARRI El Correo 14 Enero 2006

No pudo estar más desatinado el presidente Zapatero con la polémica convocatoria de la asamblea de la ilegalizada Batasuna, cuando quiso fundir el cumplimiento de la ley con los derechos individuales de quienes han hecho de la trampa la norma, una forma hábil de garantizarse la subsistencia política. Es, como si Romanones hubiera salido de las páginas de la Historia (de España, con perdón) para aplicar su particular visión de los ordenamientos jurídicos. Tal como está el ambiente, su idea de que las Cortes hagan las leyes, «que ya haré yo los reglamentos» vuelve a estar vigente desde que el grupo de Otegi va avanzando en su plan para atraerse al PSOE a la causa de su reposición legal.

Zapatero, desde que gobierna, ya no cree en la Ley de Partidos que provocó la ilegalización de Batasuna por pertenecer al entramado político de ETA. No es que se vaya a desprender de esa ley. No va a propiciar su derogación porque le importa, para salvar su conciencia frente a las víctimas del terrorismo, mantener su valor simbólico, pero en su aplicación querrá ser, más bien condescendiente. ¿Hay que entender que habría que pasarla por alto? ¿Aplicarla sólo a medias? ¿Con la puntita, quizás?

Los asesores de Batasuna lo tienen todo muy medido. De la misma forma que se la jugaron a quienes creyeron que les habían pillado con el cartel de la convocatoria de la asamblea (un hacha, en diseño 'naif' puede parecer un báculo o incluso una makila, si nos ponemos estupendos) ya contaban con la fecha de caducidad de la orden de Garzón de la suspensión de actividades de su grupo. ¿Se debe renovar o no esta suspensión?

Detalles técnico jurídicos aparte, la esencia está en el cambio de actitud del PSOE para facilitar la vuelta del partido de Otegi a la legalidad. Este diseño está hecho y nadie, salvo el PP y algunos críticos socialistas, parece dispuesto a criticarlo. Y como el encaje de bolillos de Zapatero pasa por la consideración de que un acto individual no vulnera la ley, quizás los 13.000 asistentes con los que espera contar Batasuna, así de uno en uno, puedan hacer todo lo que se les antoje. Burlar las sentencias del Tribunal Supremo, hacer el pase foral del ordenamiento jurídico; incluso participar en las elecciones aunque su opción siga justificando la violencia terrorista. Con un par. Y casi todos les hacen la ola.

Con ETA en activo, éste es el tiempo de Batasuna. Del portavoz ilegal de un partido ilegal que tiene a gala hacer actos ilegales. Y como nadie le exige que renuncie a justificar el terrorismo y que, a su vez, le exija a ETA que se retire, se permite decir que sólo se oponen a este acto quienes tienen miedo a la libertad. Quienes han visto de cerca la cara y ojos de las víctimas del terrorismo hablan de los tiempos de la indignidad.

Batasuna sigue ahí
Editorial Heraldo de Aragón 14 Enero 2006

Dos amplios informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado para el juez Grande-Marlaska, de la Audiencia Nacional, demuestran "la actividad y permanencia de Batasuna tras el proceso de ilegalización", muy visible, por lo demás, para cualquiera. Hay documentación, declaraciones y carteles probatorios de que el partido ilegal mantiene de hecho su doble actividad, "pública e interna", sin recatarse, a pesar de las decisiones del Tribunal Supremo. La desfachatez de Batasuna, apoyada en su actividad por la benévola comprensión del PNV y sus aliados, llega a exhibir , además de su nombre -que genéricamente significa "Unidad", pero que es toda una marca política- el emblema tétrico de ETA en el centro de sus carteles de propaganda.

Contra lo que alegan a menudo los nacionalistas, es falso decir que en el País Vasco la ley priva de derechos políticos a ese partido y a sus votantes, si no se añade que no se puede participar en democracia sin condenar la violencia terrorista. Porque la democracia empieza en la ética. Puede darse por descontada la oposición del PP, que ha sido neta. Y no asombra el dolor de las víctimas del terror, apoyadas esta vez con decisión por Gregorio Peces-Barba cuya actitud, tratándose de un comisionado del Gobierno, contrasta con la inhibición del PSE y del propio Zapatero, quejoso ahora de una legislación que votó con general aplauso. El respeto a la independencia judicial no está reñido con el deber del pronunciamiento político que los ciudadanos requieren en asunto doblemente delicado: porque afecta a la concepción de España y, al mismo tiempo, a los réditos políticos que algunos quieren sacar al ejercicio del terror y el miedo.

Apaños vasco-catalanes
JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 14 Enero 2006

La gestión gubernamental de los problemas vascos, catalanes, europeos y americanos es percibida en Londres, París, Berlín, Moscú y Santiago de Chile en términos harto confusos.

El Economist publica un editorial benevolente y una crónica agridulce sobre los zigzags del presidente Zapatero, estimando que, finalmente, su capacidad de decir a todo el mundo lo que cada cual desea oír, para «colarse» él entre esas maniobras, está llegando al límite de lo razonable, a la luz de la gravedad de los problemas pendientes. El Economist estima que «los nacionalistas nunca estarán satisfechos con las posibles concesiones», pero considera plausible, por razones tácticas, dialogar con ellos, para intentar diluir sus demandas de independencia. Sin embargo, en definitiva, concluye, en el caso de Cataluña no cabrán apaños ni chapuzas.

Menos irónico y más solemne, en el fondo, Le Monde titula: «Tempestad en torno al congreso de Batasuna». Y describe por lo menudo la complejidad inflamable del problema vasco, con su largo rosario de incertidumbres judiciales, agravadas por la ligereza política de fondo, que, a su modo de ver, pudiera precipitar problemas inéditos, si, por ejemplo, comenta, el Foro de Ermua decidise abrir un nuevo frente judicial contra los «responsables» del congreso de Batasuna, comenzando por el presidente Zapatero.

Esa marea negra de fondo está matizada con rachas graneadas de granizo diplomático. En Viena, Die Presse publica unas declaraciones de Liese Prokop, la ministra austríaca de Interior, comentando los problemas de inmigración, en Europa, con pocas concesiones a la política española. En Múnich, Süddeutsche Zeitung glosa la visita a Washington de Angela Merkel dejando caer, de pasada, las inexistentes relaciones Bush/Zapatero. Por el contrario, la edición online de Pravda, en Moscú, se regodea en la crisis hispano-norteamericana por la venta de armas a Hugo Chávez.

En ese terreno, desde Santiago de Chile, Felipe González tampoco está en una sintonía absoluta con Zapatero, declarando a El Mercurio: «La verdad es que no me siento identificado con la izquierda del Chávez». Aportando este matiz sobre Irak: «Seguramente, yo habría retirado las tropas. Pero lo más probable es que no de la misma forma. Creo que lo hubiera hecho con más consultas, más precauciones».

En el túnel del tiempo
M. MARTÍN FERRAND ABC 14 Enero 2006

DESPUÉS de un largo camino por la Historia en el que se han conformado los Estados nacionales como célula de organización política y núcleo de los proyectos comunes -patrióticos- de sus ciudadanos, tras atravesar guerras, revoluciones y conflictos que han fortalecido el sentido nacional de esos Estados, vivimos un momento en el que, con distintas identidades según los territorios de observación, se retorna a ideas del pasado y caminamos vertiginosamente hacia la Edad Media. Entonces, como escribe Boyd C. Shafer, un hombre debía sentirse antes que nada cristiano, en segundo lugar borgoñón y, solamente en tercer lugar, francés.

Si trasladamos a nuestro -¿nuestro?- territorio el orden de los valores medievales de la región gala que hoy tiene capital en Dijón y prescindimos del reconocimiento cristiano de nuestra naturaleza cultural, que no está de moda ninguna apelación al espíritu, veremos que, en puridad, un militante fervoroso de ERC es lisa y llanamente catalán y, por supuesto, catalanista. El separatismo es siempre de cercanías y no admite la larga distancia. El resto de las condiciones que venían marcando la evolución de los tiempos y modernizando su propia condición, según marca su propia y anacrónica voluntad, han caducado.

En ese sentido puede explicarse el disparate analítico del secretario general de ERC, Joan Puigcercós, cuando compara a Mariano Rajoy con Blas Piñar. El líder separatista, incapacitado por su patología política para distinguir la izquierda de la derecha y matizar sobre sus extremos, ve el nombre de España como denominador común entre el líder democrático del PP y el fundador de FN, y eso le sirve como razón suficiente para su descalificación conjunta. Puigcercós, pobrecito, atrapado en el túnel del tiempo, tendrá que volver a ver como los turcos conquistan Constantinopla, Colón descubre América, los franceses hacen la Revolución e, incluso, como los españoles se machacan entre sí a lo largo de varias guerras civiles.

Lo que no entiende Puigcercós, y en eso se puede coincidir con él, es el farisaico matiz socialista que permite aceptar que Cataluña es una nación en el preámbulo del pretendido nou Estatut y no en su articulado. Entregados al disparate y en un callejón de difícil salida, salvo que José Luis Rodríguez Zapatero sea un disfraz de Spiderman, no hay ya matices posibles. Si Cataluña es una nación, expré-sese en cualquiera de los párrafos estatutarios en que se quiera, convendría ir organizando civilizadamente, incluso con las correspondientes tasaciones, la desmembración de la Nación española. Tenemos la experiencia americana del XIX y no es cosa de que, para que Cataluña esté contenta, haya que condenar a todo el Estado a renunciar al progreso de los tiempos y a la experiencia de la Historia.

La serpiente se ríe
ABC 14 Enero 2006

Si la Audiencia Nacional o la opinión pública no lo remedian, dentro de una semana Batasuna inaugurará su Congreso en Baracaldo y la serpiente que luce en el centro de los carteles anunciadores se habrá carcajeado como nunca de nuestro Estado de Derecho. Está claro que el Gobierno no va a mover un dedo para hacer cumplir la ley porque necesita que esa cita, políticamente vergonzosa y moralmente abominable, llegue a celebrarse. Resulta vital para sus planes. Lo que algunos denominan eufemística e hipócritamente como «el acto del día 21» es la última prueba que Zapatero va a entregar a ETA a cambio de la ansiada tregua. Por la vía de los hechos se habrá certificado la relegalización del brazo político de ETA y ya estarán en condiciones de abrir eso que llaman «proceso de paz sin exclusiones». Los únicos excluidos serán el PP en lo que ya empieza a ser una tradición, las víctimas y, por supuesto, la vergüenza.

Estamos llegando a tales niveles de indignidad que el batasuno Permach ha tenido la desfachatez de decir públicamente que la serpiente de los carteles representa al gremio sanitario; como si lo de Baracaldo no fuera más que un congreso de farmacéuticos euskaldunes. Permach se ríe de todos nosotros: de las víctimas, de las fuerzas de seguridad, de los jueces y de los políticos que de buena fe se creyeron el pacto antiterrorista y puede hacerlo sólo porque el Gobierno se lo permite. ¿O es que acaso no es otra burla hiriente que Zapatero califique la Ley de Partidos como restrictiva y de aplicación delicada?

¿Opina lo mismo el ministro de Justicia? ¿Y el de Interior? ¿Y los barones socialistas de patriotismo ciclotímico? ¿Dónde están los movimientos cívicos, antaño orgullo de la ciudadanía española? ¿Dónde los intelectuales comprometidos? Han estado tan ocupados buscando a la extrema derecha en la calles de Madrid o entre las víctimas del terrorismo que no se han enterado o no se han querido enterar de dónde se estaba incubando el huevo de la serpiente.

Las palabras de Zapatero son algo más que un insulto a la inteligencia de los ciudadanos y de los expertos que pusieron en pie la mejor legislación antiterrorista de nuestra historia, son ante todo un insulto a la moral de la sociedad española. No es que nos tome por idiotas -que también-, es que nos toma por amorales, por seres sin memoria, sin principios y sin dignidad; unos dóciles borregos dispuestos a tragarnos su pacto con ETA con la misma disciplina con la que acatamos la disparatada la ley antitabaco. Ya se le ha olvidado el susto de junio. Los cientos de miles de españoles que salieron en defensa de las víctimas pueden haber callado pero no se han esfumado.

Alegato contracorriente en pro de la legalidad
RAFAEL AGUIRRE El Correo  14 Enero 2006

Estamos asistiendo a un ejercicio de casuística decadente en vísperas de la convocatoria que Batasuna ha realizado en el BEC de Barakaldo para el próximo día 21. Entiendo por casuística decadente el juego dialéctico que respeta formalmente una ley, que le resulta incómoda, pero que la sortea y burla de forma hipócrita. Es conocida la versión casuística inocente según la cual no se puede fumar mientras se reza, pero sí se puede rezar mientras se fuma. Acabo de escuchar de boca de uno de los juristas con mayores responsabilidades públicas en España que no está claro si la convocatoria mencionada la realiza Batasuna, partido ilegal y en cuyo caso habría que prohibirla, o un conjunto de simpatizantes a título personal, a los que no se puede impedir el ejercicio del elemental derecho democrático de reunión. ¿Dónde vive este señor, que es el fiscal general del Estado? No se ve cómo unos particulares pueden, por su cuenta y riesgo, convocar el congreso de un partido político. De hecho el cartel anunciador del evento, que todos podemos leer en la calle, es inequívoco y el nombre de Batasuna como entidad convocante no se escapa a nadie. Quienes están anunciando el acontecimiento en numerosas ruedas de prensa y animando a la participación son los máximos responsables de la ilegalizada Batasuna. En la reunión se trata de presentar las resoluciones políticas elaboradas para el partido y de ratificar o elegir su nueva dirección. Y, en mi opinión, un objetivo central del cónclave multitudinario que preparan es hacer una demostración de fuerza, lanzar un desafío al Estado democrático, que ilegalizó a Batasuna, y dar una vuelta de tuerca más en su estrategia de deslegitimación de nuestra democracia.

Es verdad que puede tocar a los tribunales decidir sobre la legalidad o no de la reunión del día 21, pero me parece que, en las circunstancias que vivimos en Euskadi y con todos los datos que poseemos, un político no debe transferir simplemente la responsabilidad a los jueces -cuya decisión, en todo caso, tendrá que respetar siempre- para evitar emitir su opinión. Es la salida cómoda que escuché al secretario del PSE de Guipúzcoa y al presidente del Gobierno español, que afirmaba que «la Ley de Partidos es muy restrictiva» y hay que armonizarla con los derechos que la Constitución reconoce, entre ellos el de reunión. La razón es obvia: asistimos a un desafío al Estado de Derecho que responde a una estrategia política. Ya sé que por la cabeza del político pasan otras consideraciones, que hay que evitar enfrentamientos en un momento en que la izquierda abertzale puede estar evolucionando y que la prohibición no haría más que radicalizarla. Sin embargo, la experiencia nos enseña que lo que ha hecho reflexionar y cambiar al radicalismo abertzale ha sido la acción contundente del Estado de Derecho.

Precisamente un gravísimo problema en Euskadi es la debilidad del Estado de Derecho, lo que constituye terreno abonado para la cultura de la violencia política, que tan profundamente ha arraigado entre nosotros y que tiene múltiples manifestaciones. Se empieza por no respetar las leyes en la puerta de Ajuria Enea, se sigue -como tuvimos que contemplar en su día- por echar nubarrones de deslegitimación de la judicatura desde la Consejería del ramo del Gobierno autonómico y se acaba estableciendo una equiparación entre ETA y el Ejército del Estado democrático, ambos como peligrosos enemigos del pueblo vasco. Y esto último no lo hace el miembro de un grupúsculo de extrema izquierda, sino que lo realiza sin pestañear, tranquilamente y ante las cámaras de la televisión, uno de los máximos dirigentes del PNV, que encima pertenece al sector abierto o transversalista y preside la Comisión de Víctimas del Parlamento vasco. La demagogia campa por sus respetos, se habla sin rigor y sin sentido de la responsabilidad, la democracia es desprestigiada, con frecuencia, por quienes gobiernan y más se aprovechan de ella y tienen el deber de defenderla.

También sé que el político puede esgrimir otras razones, de índole estratégica, para considerar conveniente que se tolere la gran asamblea propagandística del día 21, cerrando los ojos ante la flagrante conculcación de la ley. Sería algo así como ofrecer una plataforma al mundo radical para que se incorpore a la política democrática. El político hace juicios de oportunidad y no de verdad estricta. Puede, además, estar calculando que, a medio plazo, esa formación política reconvertida puede llegar a ser una aliada para la famosa alternativa al poder existente en el País Vasco desde la instauración de la democracia.

No defiendo a ultranza la ética de la convicción contra la ética de la responsabilidad, pero sí creo que hoy en Euskadi el principio de legalidad y el principio de la interpretación de la historia desde el punto de vista de las víctimas son absolutamente irrenunciables y prioritarios. Es importante ciertamente que la ciudadanía que se identifica con la izquierda abertzale tenga una expresión política de índole democrática. Para ello tendrá que desvincularse de ETA y de sus medios terroristas, pero será también necesario que ideológicamente quede derrotada una visión de nuestro pasado reciente que reivindica una supuesta función positiva ejercida por ETA para promover el cambio político en nuestra sociedad. Nos jugamos en ello nuestra dignidad colectiva más elemental. Y hay que recordar que en el centro del cartel anunciador de la asamblea de Batasuna del próximo 21 está, con suficiente claridad, el anagrama de ETA, lo que implica la voluntad de reivindicar su herencia política. Este proyecto supone el envilecimiento moral de la sociedad vasca. Si no fuese tan serio lo que está en juego, provocaría hilaridad la casuística cínica del periodista que, ayer mismo, afirmaba que la serpiente enrollada en un bastón no tiene nada que ver con ETA y es simplemente el signo de Esculapio, dios romano de la medicina, anagrama de la Organización Mundial de la Salud y su presencia en el cartel anunciador del Congreso del día 21 significa que uno de los objetivos de los convocantes es que Euskal Herria «pueda gozar del grado máximo de salud».

Nuestra sociedad vive días de tensa espera, inducida y fomentada no sé si con mucho fundamento. Se anuncian decisiones inminentes que van a cambiar todo, se alienta el típico mesianismo con que el nacionalismo alimenta a su gente y si el plan Ibarretxe falló, 'ahora sí que sí va en serio', aunque probablemente todo vaya a quedar poco más o menos igual; corren rumores de tregua, pero ETA sigue aprovisionándose de explosivos y dando muestras, con 'acciones calculadas' (según Egibar y Permach, a quienes se les puede reconocer expertos en la materia), que puede intervenir cuándo y cómo quiera. En la tensa espera los agentes amagan, calculan y tantean como los púgiles al inicio de un combate. El PNV teme que una operación entre el Gobierno español y ETA le deje al aire y le reste protagonismo. En el PSOE puede haber quienes piensen que, a medio plazo, quizá surja una fuerza nacionalista a la izquierda del partido jeltzale, con la que pactar y reproducir el modelo del tripartito catalán. ¿Será así como piensan convertirse en alternativa al PNV? Batasuna tiene que desvincularse de ETA, pero asumiendo su historia como un triunfo. El PP no da facilidades precisamente para una acción conjunta y hace arriesgados juicios de intenciones, incluso de razonables decisiones del Congreso sobre el diálogo con ETA, sin concesiones políticas y una vez que haya renunciado al terrorismo. Como la cosa está tan complicada hay muchos silencios, porque no conviene turbar la calma relativa de la política vasca, tras una larga temporada de tensiones insoportables, pero también porque no es fácil tener una opinión formada, y, sobre todo, porque se calcula mucho para quedar bien colocado en una posible nueva situación. Se puede pecar por exceso de firmeza, pero también por exceso de cintura. Quienes hablan de la necesidad de pactos transversales en Euskadi, y en esto cuentan con mi apoyo, parecen dispuestos a embarcarse en una crucial reconfiguración del Estado en España, muy rápida y nada transversal, sin contar con el PP y sus más de 10 millones de votantes, con el solo apoyo, precario y caro, de los nacionalismos periféricos. Sería de desear que la actitud ante la asamblea que se anuncia para el 21 no esté inspirada por alucinaciones estratégicas de este estilo. La prudencia del gobernante consiste en dosificar la firmeza con la cintura, y la honradez, en ejercitar la firmeza y la cintura sin acepción de personas ni de grupos.

Los nacionalistas o el desprecio de la ley
Guillermo Urbizu  elsemanaldigital 14 Enero 2006

Detrás de una viene otra. Cacicada tras cacicada. No hay día sin disparate o impertinencia. ¿Hasta cuando? Desde hace tiempo se sienten fuertes, pero desde que gobierna Rodríguez no hay criptonita de ley que se les resista. Actúan henchidos de fanatismo libertario y disfrutan lo indecible viendo cómo el propio Gobierno de España les hace el rendibú. Además de una buena parte de los medios de comunicación.

Desprecian la ley porque nunca pasa nada si dejan de acatarla, porque la ley no va con ellos. Y menos la española. Es más, ellos son su propia ley. Desde Atutxa a Ternera, pasando por Carod y su extravagante grupo de okupas. Da igual que sea la piscina de Pedro J. que el Congreso de los Diputados. No son gente de códigos o matices. Están acostumbrados a la trasgresión, al atropello y a la rapiña.

Lo penúltimo ha sido el sustraer historiales clínicos privados para ver si se adecuaban a su paleto sentido de la "normalidad" lingüística. Hacen del idioma un instrumento de vesania. Lo utilizan como un conjuro, como una amenaza. ¿Quiénes se creen que son? Pero con todo, lo peor es la multitud que calla, los que disculpan o se congratulan por tan energúmeno proceder. El idioma como desamortización del alma, como hecho diferencial de no se sabe muy bien qué sombríos negocios.

Ya digo, estamos en manos -aterradoras manos- de una pandilla de fantoches. Su ideología se basa en la promiscuidad trilera. Joan Puigcercós, que es un lince, ya contempla la posibilidad de que su partido, ERC, tenga un ministro en Madrid. Por ejemplo él, ¿verdad?, aunque no se aprobase el Estatut(o). Porque, veamos, si analizamos un poquito la situación percibimos que tras toda esta historia de la "nación", del astuto estatuto, de la independencia como posibilidad, de la lengua o de Perpiñán, no se oculta otra cosa que el vil metal. Dinero, presupuestos, sueldos, opas y poder.

Pero el primer ministro Rodríguez hace sus cuentas y piensa que adelante, y que la Ley de partidos es demasiado coactiva, que los terroristas etarras o viceterroristas batasunos necesitan de un mayor esparcimiento para su intimidad criminal. En Baracaldo o donde sea. Sin importar que sea un partido ilegal.

Los nacionalistas son los sastres del cuento de El rey desnudo. Con valiosos hilos -los que pagamos todos los demás- pretenden que creamos que están tejiendo un traje de extraordinario valor, de una textura política nunca antes vista. El problema viene cuando el presidente Rodríguez y sus progresistas ministros desfilan por el taller o logia y ven lo que no hay. Disimulan con alevosía y ensalzan el engaño y la estratagema.

El rey del cuento -y sobre todo el de verdad- algo intuye, y sabe que semejantes gañanes son capaces de dejar al reino, y a su augusta persona, diezmados y en pelota picada. Y aquí ya no vale la máxima de Heidegger, cuando escribió que "el que quiera respuestas que guarde silencio". No, hay que hablar. Y muy claro. Y pronto.

Bono en su laberinto
JORGE DEL CORRAL La Voz 14 Enero 2006

se ha opuesto a que el ministro de Defensa, José Bono, comparezca en el Parlamento, a petición del PP, para que explique el caso Mena y cuál es el «estado de opinión» en el Ejército sobre las tentativas secesionistas que se están produciendo en España a golpe de minorías independentistas coordinadas. Su negativa la apoyarán el resto de los grupos minoritarios de la Cámara y el mayoritario socialista porque a ninguno le interesa que el titular de esa cartera tenga que mentir en el hemiciclo de la soberanía nacional o contar la verdad de los cuartos de banderas: que los militares están que trinan y en la misma proporción que el resto de los ciudadanos. Desde el mismo día del discurso del teniente general José Mena Aguado, los medios de comunicación están repletos de cartas al director, editoriales, artículos y contertulios a favor o en contra de su proceder. La moviola de la historia ha vuelto y hasta la prensa internacional ha recuperado de sus hemerotecas rancios titulares para volverse a preguntar «¿A dónde va España?» (Libération) , y contestar: hacia la «balcanización» (Welt am Sonntag) . Le Monde dice que hay «malestar y crispación política» porque están en juego las instituciones del Estado, hipotecadas a la presión de unos independentistas catalanes «de quienes depende la actual mayoría parlamentaria», y el New York Times recuerda «la importancia del potente movimiento independentista catalán, desde hace cien años» y la no menos potente opinión de los militares españoles, «interviniendo históricamente en continuas disputas políticas».

El año no ha podido comenzar mejor para quienes saben que cuanto peor, mejor. A la extenuante discusión sobre el proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña se une otra vez la preocupación militar, mientras el Gobierno, empantanado en la ciénaga de sus socios parlamentarios por el empecinamiento presidencial, lleva dos años sin gobernar sobre lo necesario: la competitividad de nuestras industrias, la preocupante situación económica, energética y climática, la presencia activa de España en los foros internacionales que cuentan y el necesario trenzado de alianzas bilaterales con los países más convenientes para la mejor defensa de nuestros intereses. Como ha definido la prensa europea que asienta sus reales en Bruselas, la actual posición española es la de «carne muerta». Así es como quieren ver los independentistas a España para salirse con la suya.

Calma: Cataluña será una nación, pero sin consecuencias jurídicas
Jesús Laínz elsemanaldigital 14 Enero 2006

El que los barones socialistas más reacios a que Cataluña quede definida como nación hayan admitido una referencia en el preámbulo del Estatuto es algo ciertamente alarmante.

Diluyen su importancia recalcando su carácter descriptivo, no asertivo. Y para ello se enredan en que si tal expresión habrá de ser "Cataluña, que se considera a sí misma una nación", o "tiene una identidad propia de nación", o "tiene sentimiento de nación", palabrería sorprendente por su desorientación e inconsistencia. La sensación que deja tan vana cháchara es que nuestros dirigentes socialistas carecen del menor rigor intelectual y de respeto por sí mismos y por los ciudadanos a quienes representan.

Lo grave del asunto es que, por candidez o cálculo electoral, intentan convencerse a sí mismos y a los demás de que una mención en el preámbulo carecería de consecuencias jurídicas. Algo así como si aclarasen que no es para tanto, que Cataluña vendría a ser nación pero poco, que dicha expresión no afectará ni al bolsillo ni a los derechos de los ciudadanos de otras regiones. Sería una astuta concesión al capricho nacionalista que no pasaría de la categoría de símbolo sin consecuencia práctica alguna.

Pero ahí está el error, el gravísimo e imperdonable error. Vuelve a repetirse el mismo absurdo lingüístico, jurídico, histórico y político que se cometió en 1978 con el necio término "nacionalidad". También en aquel entonces se entendió que era un símbolo sin consecuencias. ¡Pero he aquí las consecuencias! Las estamos pagando en este momento. Esta reforma estatutaria es la consecuencia jurídica de aquello. Pero nuestros socialistas siguen sin enterarse.

–Es que es un símbolo –repetirán–. No tiene transcendencia en la vida real.

Pero es que precisamente eso, el símbolo, es lo que los nacionalistas llevan persiguiendo desde hace décadas con astucia y tenacidad admirables. ¿No son las selecciones deportivas un símbolo? ¿Qué consecuencias jurídicas tienen? Efectivamente, ninguna. Pero los nacionalistas las anhelan precisamente por su poder simbólico. En el mundo de hoy una selección deportiva es la embajada volante, la prueba, el símbolo de la existencia de una nación; como las matrículas de los coches, o los carnets de identidad, o la pegatina del burrito catalán, o las pancartas en los estadios, o la ausencia de banderas nacionales. Todos son símbolos utilizados para crear una alucinada conciencia nacional ajena a España y para probar, para simbolizar ante los ojos de todo el mundo, que Cataluña no es España.

Póngase la frasecita –en cualquiera de sus modalidades– en el preámbulo del Estatuto y veremos lo que sucede dentro de diez años: somos una nación, así quedó establecido en el Estatuto, así lo reconoció el Estado español, por lo que ahora exigimos la consecuencia lógica: un Estado independiente.

Y, ante una reclamación de una nación sin Estado, la comunidad internacional, desconocedora de la realidad española –o indiferente a lo que le suceda–, ¿se va a parar a considerar si la dichosa definición está en un preámbulo, en un artículo, en una disposición adicional, en una transitoria, en una con consecuencias jurídicas o en una sin consecuencias juridicas?

El Estatut sí es golpismo
Enrique de Diego elsemanaldigital  14 Enero 2006

Plantea la revista Época, a raíz de la polémica suscitada por las atinadas declaraciones del teniente general Mena, quiénes son los golpistas, porque, en realidad, el citado militar parece haber tenido la manifiesta intención de defender la Constitución, de la que el artículo 8 forma parte, e incluso la realidad histórica que conocemos como España, que, por cierto, es preexistente a la Constitución, y por eso existe ésta y no al contrario. Sin embargo, es muy clara la aviesa intención de Maragall, Carod y los comunistas de acabar con la Constitución y con España, ensalzando, por ejemplo, la realidad nacional occitana del valle de Arán. Porque Arán sí es nación y España, no.

Aquí no hay cuestión militar, sino nacional, aunque tiene toda la lógica que los militares pregunten por qué Patria han de estar dispuestos a morir, para no devenir en meros mercenarios, cuestión que he explicado en mi crónica política de la revista Época. El golpismo hoy está en el Estatuto. Se desarrolla como un proceso, pero ha tenido éxitos notables como ser admitido a trámite. Ninguna nación que pretenda sobrevivir debate si una parte del territorio es nación. Así lo han entendido incluso en el grupo socialista, cuyas enmiendas están bien orientadas, a la espera de los destrozos que monte en sus negociaciones discretas el presidente por accidente.

Golpismo es tratar de hacer reformas constitucionales sin someterlas al refrendo de la soberanía popular vía directa a través de referéndum. Y hablo de reformas de manera impropia y como un eufemismo, porque se trata de ruptura, y de la peor especie, de raíz. El objetivo es que no exista una Constitución para todos los españoles porque se considera que no existe España. Este nihilismo patriótico se vende desde La Moncloa con harapos relativistas y con una frivolidad que sólo se consigue con mucho entrenamiento y muchas horas de tedio en el bar del Congreso.

Golpismo es que el Bloque Nacionalista Galego pida expansionarse por Castilla y León y Asturias, o que el Camp Nou se ensalce el mapa de los países catalanes o que el Gobierno vasco reclame Navarra. Todo esto es frívolo, por ser caritativos. Todo esto es totalitario, por ser precisos. Todo esto es golpista, por ser claros. Es ese golpismo que se alienta desde el Gobierno para mantener la poltrona.

Diría algo de José Bono, pero no merece la pena. Es un patriota de baratillo. Un demagogo que dependiendo de por dónde vaya el viento, él va. Mera coartada de ese golpismo institucional.

La memez de la semana: "San Francisco Javier, independentista"
Pascual Tamburri elsemanaldigital 14 Enero 2006

Hace un mes, en la Euskal Etxea de Nueva York y coincidiendo con el Día de Navarra, Maiorga Ramírez, tafallés, parlamentario de Eusko Alkartasuna y presidente de ese partido en Navarra, explicó que "que San Francisco Javier era euskaldún y que creía en la independencia de Navarra, por la que luchó, un hecho histórico que las instituciones forales ocultan". Como suele pasar con los políticos –con la excepción de Cánovas del Castillo y de don Claudio Sánchez Albornoz-, ciencia histórica en estado puro.

Y el joven Ramírez ha ido a caer en dos de los debates envenenados de la política navarra; no hay, ni desde que existe el nacionalismo vasco ha habido, universal acuerdo sobre la identidad y los símbolos de Navarra; y el mismo nacionalismo ha distorsionado el debate sobre el final de la Edad Media en la Comunidad. Cosas de eruditos, puede decirse, pero por estas cosas y otras anejas hay quien mata y hay quien muere, y los que matan son del bando del señor Ramírez, así que no está de más aclarar algunos conceptos.

San Francisco Javier no participó en las guerras civiles de Navarra que dieron paso a la incorporación de la Corona a Castilla en 1512. Porque o no había nacido o era un niño. Su familia materna, los Azpilicueta, y más aún la paterna, los Jaso, eran familias prominentes de uno de los bandos en esos conflictos, los agramonteses. Pero su padre, Juan de Jaso, del Consejo Real de Navarra, no era un etarra ni tenía montada una Herriko Taberna. Cuando Fernando el Católico mostró su intención de imponer el orden en Navarra, Jaso le secundó, y apoyó la conquista castellana desde las instituciones. Hasta aquí el currículo de resistente de San Francisco Javier, que nunca luchó por ninguna independencia.

No sabemos con certeza si fue vascoparlante o no. Es probable que, como gran parte de la nobleza navarra de la época, fuese bilingüe, y emplease el castellano para la vida familiar y social, y el vascuence para relacionarse con niveles inferiores de la sociedad. Era una sociedad jerarquizada, señor Ramírez, esto es muy normal. Y la sospecha de que fue así puede venirnos de que en París, al encontrarse con San Ignacio de Loyola, guipuzcoano – y por cierto de otro bando en política- se entendieron en castellano y no en ningún dialecto euskérico. Tal vez Javier fuese euskaldún, pero esto es política, cultural y espiritualmente insignificante.

Tengo la sospecha de que a Maiorga Ramírez y su entorno les molesta, aún más que una figura universal y para nada nacionalista como San Francisco Javier, la conmemoración de su centenario organizada por el Gobierno de Navarra en 2006. Va a ser un acto de afirmación de Navarra en lo que tiene de peculiar y es, por definición, no gusta en latitudes vecinas.

Las diez horas del Estat catalá en 1934
Pedro Fernández Barbadillo  Periodista Digital 14 Enero 2006

Quiero recomendar a mis lectores este libro en el que se cuenta el golpe de estado desencadenado por Lluis Companys y sus aliados separatistas contra la República y el Gobierno de derechas electo. Lo he leído y he escrito una crítica que ha publicado Minuto Digital.

Este libro, que no se cita en los últimos ensayos de historia sobre la República, incluido el excelente de Stanley Payne El colapso de la República y 1934: Comienza la Guerra Civil, de Pío Moa, es otra prueba sobre el carácter de auténtica guerra de exterminio de la rebelión organizada por la Esquerra Republicana de Cataluña, el PSOE, la UGT, el PCE y Manuel Azaña.

¡Los republicanos de Companys llegaron a elaborar listas negras de enemigos a eliminar, que no sólo estaban en la CEDA y la Lliga, sino en sus propias filas! Una práctica típicamente bolchevique. Sin embargo, en cuanto sonaron los primeros cañonazos, los fanfarrones jefes militares de la rebelión, como Dencás y Badía, huyeron por las alcantarillas de Barcelona con los bolsillos llenos de dinero.

También es interesante la lectura de Los catalanes en la guerra de España, del falangista José María Fontana, ideal para refutar la mentira nacionalista, difundida tanto por Jordi Pujol como por Carod, de que la guerra del 36 fue una guerra entre España y Cataluña. La unidad más condecorada del Ejército franquista fue el Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, formado por catalanes que hablaban entre sí en catalán.

¡Qué pena que Rodríguez no sea aficionado a la lectura -ni a nada relacionado con el esfuerzo! Ambos libros le vendrían estupendamente para conocer a sus aliados, ésos que insultan a las madres de los militares.

¿Ley o chicle?
Edurne Zarraoa Gabikagogeaskoa/Getxo-Vizcaya Cartas al Director El Correo 14 Enero 2006

Aún no recuperada de la frase del obispo Uriarte -«la aplicación excesivamente rígida de la ley es un obstáculo para la pacificación»-, nos sale Pepiño Blanco con que «la ley será interpretada y aplicada en función del interés general, que es que se acabe con el terrorismo», toma ya. Haría bien Blanco en acelerar esos estudios de Derecho que se propone empezar, pues quizá así se enteraría de que la ley no es un chicle que se encoge y estira a gusto del Gobierno de turno, sino que ha de ajustarse al Derecho para ser justa. Y si no se ajusta, es otra cosa, un chanchullo, un trapicheo. Claro que a otro ínclito jurista, ZP, no parece que le haya cundido mucho la carrera de Derecho cuando pide respeto a los derechos y libertades de los convocantes del acto de Batasuna, que se anuncia con el anagrama de ETA. Y yo quisiera preguntarle qué pasa con los derechos y libertades de los 900 asesinados y sus familias, o de los 42.000 amenazados que hay en el País Vasco, o de los 200.000 que han huido. ¿No tienen derechos, o es que ahora no son de 'interés general'?

Batasuna pretende controlar cada barrio del País Vasco con el despliegue de miles de «agentes activos»
La coalición da por hecho que concurrirá a las elecciones de 2007 y que podrá volver a las instituciones
J. PAGOLA / J. J. SALDAÑA ABC 14 Enero 2006

MADRID. Batasuna se propone desplegar en todos los barrios del País Vasco una vasta red de comisarios políticos con la consigna de controlar a los ciudadanos, captar y adoctrinar a simpatizantes y «neutralizar la información del sistema». Esta consigna aparece en la ponencia «Aurrera», una de las tres que Batasuna pretende imponer en la asamblea nacional que ha convocado para el próximo día 21 en la localidad vizcaína de Baracaldo. En el acto, la coalición quiere escenificar su reorganización, una vez superado el aislamiento al que le llevó la ilegalización, así como difundir su estrategia dirigida a presentarse a las elecciones de 2007 y reiterar la oferta de Anoeta.

Batasuna reconoce que su ilegalización y el desalojo de los ayuntamientos le supuso un duro revés y, ahora, liberada de esa presión, acomete una reorganización interna que contempla, desde la «mesa de pueblo» hasta la «mesa nacional», reforzadas por una maraña de asambleas, con el objetivo de ejercer el máximo control sobre sus simpatizantes y el resto de los ciudadanos. Con esta pretensión, la coalición abertzale se propone reforzar la figura del «batasunkide» para convertirlo en auténtico comisario político.

En la ponencia «Aurrera», dentro del capítulo «la organización de la red de batasunkides», quedan al descubierto los planes de la coalición. «Nuestro objetivo -se apunta- ha de ser lograr la red más vasta posible, lo cual nos posibilitará hacer llegar de forma directa nuestra información y, de paso, neutralizar la del sistema».

Alimentar el entorno
En este sentido, según la citada ponencia, «los batasunkides se convertirán en auténticos agentes para las relaciones directas, alimentando políticamente su entorno, extendiendo la ideología de la Unidad Popular, acrecentando a su alrededor la conciencia crítica». «Hemos de afanarnos especialmente en desplegar todo este potencial si queremos obtener el mayor apoyo organizado posible para Batasuna y para nuestro proyecto político», agrega el texto.

Así las cosas, «el objetivo principal que se persigue con la organización de esta red es activar la base social de la izquierda abertzale en defensa de nuestro proyecto político, para que sea impulsora de las diversas dinámicas, en definitiva, para que la base social se constituya en sujeto activo de las actividades a favor de la construcción nacional y la transformación social».

Será la denominada «mesa local», contemplada en la reorganización de Batasuna, la encargada de «crear la red de batasunkides dentro de su pueblo o barrio». Esta red de comisarios políticos «la integrarán todas las personas que se adhieran al proyecto político de Batasuna». Una vez formada la red, la «mesa local» la deberá «extender» con la ayuda de la asamblea local. «La implicación de esta será fundamental a la hora de ampliar la red al mayor número posible de gentes de la izquierda abertzale». «Cada batasunkide tiene que ser un agente activo», concluye este apartado de la ponencia «Aurrera».

Los batasunkides, por otra parte, constituyen una fuente de financiación de Batasuna, ya que, en su condición de militantes, deben pagar con férrea disciplina sus cuotas mensuales.

En otro capítulo, Batasuna reconoce que su «ilegalización ha obstaculizado la estrategia de ampliación por cuanto los militantes de la Unidad Popular han invertido mucha energía en hacerle frente». Sin embargo, alardea de que tres años después de que «la legislación española nos declaró ilegales», ahora, en la actual coyuntura política, puede demostrar su «potencial organizativo y operatividad».

Convencida de que ha superado, al menos en la práctica, su ilegalización, Batasuna muestra en la ponencia «Aurrera» el convencimiento de su regreso a las instituciones pero para «utilizarlas» con el objetivo de dejar «en evidencia las propias limitaciones de los actuales marcos».

Papel clave de la asamblea nacional
Se da la circunstancia de que en la citada ponencia, Batasuna define la asamblea nacional -que para Rodríguez Zapatero es una «reunión» de dirigentes- como «el órgano con mayor responsabilidad política a escala nacional y, como en el caso de la asamblea de herrialde, es el órgano representante de la soberanía de las asambleas de pueblo/barrio».

Un grupo de independentistas agrede e insulta al diputado Jorge Fernández, del PP
R. N.  La Razón 14 Enero 2006

Barcelona- Medio centenar de jóvenes independentistas lanzaron en la tarde de ayer huevos e insultaron al diputado del PP en el Congreso Jorge Fernández Díaz al llegar a un hotel de Vilafranca del Penedés (Barcelona) antes de pronunciar una conferencia en un acto sobre la reforma del Estatut. Los disturbios obligaron a intervenir a una dotación de agentes de la Guardia Civil, que se vieron obligados a irrumpir en el lugar, en el Hotel Pere III, para disuadir a los jóvenes.

Finalmente, Fernández Díaz, acompañado por la presidenta del Partido Popular de Barcelona, Dolors Montserrat, pudo pronunciar su discurso antes un centenar de simpatizantes. En declaraciones a Europa Press, Fernández Díaz denunció la actitud de «esta minoría» y defendió «la libertad de expresión en una sociedad democrática». En opinión del diputado popular, estas actitudes deberían hacer «reflexionar» a los representantes del tripartito catalán pues, a su entender, cuando llaman a no pactar con el PP en determinadas cuestiones, llevan a interpretaciones «extremistas» para algunos, de que «el Partido Popular es antidemocrático y no merece existir».

Estos hechos ocurrieron apenas dos días después de que una veintena de jóvenes independentistas boicotearan la presentación de la Plataforma Ciutadans de Catalunya en Sant Cugat del Valls (Barcelona), con gritos antifascistas y banderas esteladas. Los independentistas impidieron el paso a los asistentes al acto durante diez minutos.

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