AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 15 Enero  2006
MONOLINGÜISMO POR DECRETO
MIQUEL PORTA PERALES ABC 15 Enero 2006

TEORÍA DEL OASIS
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 15 Enero 2006

Los Tribunales evitan cuestionar la «ley del catalán», pese a la presión social en su contra
MARÍA JESÚS CAÑIZARES ABC 15 Enero 2006

«Hay miedo a denunciar»
M. J. C. ABC 15 Enero 2006

Advertencia a los comerciantes que no hablan en catalán
ABC 15 Enero 2006

Expaña es Absurdistán
ANTONIO BURGOS ABC 15 Enero 2006

Dos hechos lamentables
EDITORIAL Libertad Digital 15 Enero 2006

Semiología
JON JUARISTI ABC 15 Enero 2006

Pasión y vida de un torturado por ETA
ABC 15 Enero 2006

Cataluña, a debate
Editorial ABC 15 Enero 2006

Leyes de goma
IGNACIO CAMACHO ABC 15 Enero 2006

Del Cu-Cut! al Avui
M. MARTÍN FERRAND ABC 15 Enero 2006

La mentira como ideología
Ignacio Cosidó Libertad Digital 15 Enero 2006

El contraste anglicano
Amando de Miguel Libertad Digital 15 Enero 2006

LABERINTO SOCIALISTA
JUAN M. GASTACA ABC 15 Enero 2006

Caso Mena: la paja en el ojo ajeno
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 15 Enero 2006

La ley catalana, ¿mal comienzo para los consejos audiovisuales?
Jaime Rodríguez Díez elsemanaldigital 15 Enero 2006

Vergüenza de ser español: de pensamiento, palabra y obra
Antonio Gázquez Periodista Digital 15 Enero 2006

Batasuna despeja las dudas de Conde-Pumpido: el acto del día 21 será su «asamblea nacional»

J. Arias Borque  La Razón 15 Enero 2006

Grande Marlaska envía a prisión a siete islamistas más dedicados a reclutar "mujahidines" para Irak
EFE Libertad Digital  15 Enero 2006

El imán de Vilanova financiaba a Al Qaida desde su mezquita
N. VILLANUEVA ABC 15 Enero 2006

El Foro de Ermua prepara un gran acto 'por la unidad de España'
EUROPA PRESS El Mundo 15 Enero 2006

¡Batasuna vive en la impunidad!
Periodista Digital  15 Enero 2006

Cataluña y Pujol
5183 Blog Arcadi Espada 15 Enero 2006


 

MONOLINGÜISMO POR DECRETO
MIQUEL PORTA PERALES ABC 15 Enero 2006

Desde la época de la Renaixença -para entendernos, el romanticismo catalán del XIX-, el nacionalismo catalán de derecha e izquierda siempre ha creído que Cataluña tiene una, y sólo una, lengua propia: el catalán. Y también ha creído que el futuro de Cataluña ha de ser monolingüe catalán. ¿El castellano? ¿El bilingüismo? Tanto da que el castellano se hable en Cataluña desde hace siglos, tanto da que una parte muy importante de la cultura catalana y española se haya elaborado y desarrollado en Cataluña y en castellano, tanto da que el castellano sea la lengua habitual de comunicación de la mitad de los ciudadanos de Cataluña, tanto da que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña practique a diario el bilingüismo, todo eso tanto da. Lo decíamos antes, para el nacionalismo catalán de derecha e izquierda la lengua propia de Cataluña es el catalán. Y punto. Y punto y seguido, porque en virtud de esa suposición que otorga al castellano la consideración de lengua impropia o extraña de Cataluña y los catalanes, la Administración catalana se expresa únicamente en catalán, los medios públicos de comunicación utilizan exclusivamente el catalán, los alumnos de primaria y secundaria reciben la enseñanza sólo en catalán, los comercios deben rotular en catalán.

Y el proyecto de nuevo Estatuto pretende legalizar ese monolingüismo cuando afirma que el catalán es la lengua de uso normal y preferente en todas las administraciones públicas, en los medios de comunicación públicos, y en el aprendizaje escolar. Y tenga usted cuidado, porque el Gran Hermano -personificado en el cuerpo de inspectores de comercio y educación, en las Oficinas de Garantías Lingüísticas, en los encuestadores que hurgan en los historiales médicos de los hospitales, en los vigilantes jurados del nacionalismo catalán que aquí y allí le observan y reprenden- siempre acecha y le puede multar, o denegar una subvención, o hacerle perder un trabajo, o catalogarlo de mal catalán. Menuda hipocresía, la del nacionalismo catalán que amparándose en el plurilingüismo impone el monolingüismo. ¿Los objetivos del monolingüismo por decreto? Fundamentalmente dos: trazar una frontera nacional entre Cataluña y España; sustituir la lengua castellana por la catalana en Cataluña. Así de claro.

TEORÍA DEL OASIS
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 15 Enero 2006

No se trata de una broma, sino de un hecho confirmado: la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat ha examinado más de mil expedientes clínicos con el fin de saber si estaban redactados en catalán. La operación se confió a una empresa privada, y se llevó a cabo sin el consentimiento de los interesados. Está aún por dilucidar si se ha respetado el carácter confidencial de los historiales. En caso negativo, se habría incurrido en un delito grave. Se haya conculcado o no el Código Penal, el lance produce pasmo. ¿En qué estaba pensando el funcionario o el responsable político que encargó la pesquisa impertinente?

No creo que haya que partir los pelos por cuatro para dar con la respuesta. El botarate que autorizó la diligencia estaba cumpliendo con lo que entendía que era su deber. La Dirección General de Política Lingüística está animada de un espíritu equivalente al de las empresas soviéticas en los tiempos de los Planes Quinquenales. La consigna productiva consiste ahora en acrecentar por todos los medios el uso del catalán. En el patio de la escuela, en los hospitales, dentro de poco, en las casas de lenocinio. A mayor masa de catalán, más patria. O también a la inversa: cuanto menos castellano, más nación catalana. El arraigo en Cataluña del idioma común a todos los españoles estimula el celo de los inspectores lingüísticos. Conviene no descansar un instante, porque la realidad social es elástica y los ciudadanos de aquella región reincidirían en sus malos hábitos a poco que se les dejara sueltos. ¿Y los derechos individuales? Los derechos individuales son un espantajo, de modo parecido a como lo eran las necesidades del consumidor en Moscú hacia 1930. La clave no está en la gente sino en que aumente una cantidad abstracta, una magnitud.

No es raro que el proyecto de Estatut sistematice esta concepción de las cosas. El Estatut busca oficializar, poner de largo, lo que ahora se hace a la pata la llana o violentando la ley. Lo que sí intriga, es que la reacción social al dirigismo agobiante de la oligarquía política resulte tan débil. Se han desmarcado algunos intelectuales valerosos. Pero, de momento, no hay mucho más. ¿Cuál es la causa? Una hipótesis no descartable, es que a los ciudadanos de Cataluña no les enoja, en el fondo, el horizonte hacia el que están siendo propulsados. Existen, sin embargo, composiciones de lugar alternativas. Esbozaré dos, evidentemente complementarias.

Al revés que en otras regiones, la división principal en Cataluña no se da entre los partidos (el PP no cuenta), sino entre éstos y un electorado ahora pasivo, aunque potencialmente revoltoso. El cierre oligárquico se halla quizá vinculado a la memoria histórica: la revolución alcanzó en esa región, durante la República, una virulencia excepcional. Sea como fuere, el estrangulamiento del conflicto político no se ha verificado por los procedimientos clásicos. Cataluña no ha sido nunca Estado, y no ha dispuesto del monopolio de la fuerza. La especialidad de la clase política catalana ha sido el control social. Ello ha generado un espacio colectivo cóncavo: medios de comunicación, instituciones, autoridades morales, concurren en defender los mismos valores y en castigar las conductas disidentes. Sobre este retículo de tácitas inteligencias, ha brotado una flor única: el oasis catalán. El oasis catalán significa que uno se achicharra apenas se aparta un palmo de la sombra que sobre la arena dibujan las palmeras. Lo que, desde fuera, es percibido como resignación o acidia ciudadana, sólo es, bien mirado, capacidad de adaptación. Hay que ser un militante de la independencia personal, para ir siempre contra corriente. Y la gente es humana. O sea, se cansa. Prefiere trampear, antes que convertir su vida cotidiana en una novela ejemplar.

La segunda reflexión nos remite a la teoría de la Acción Colectiva y de los bienes públicos. Un bien es público, cuando no se puede dispensar a un ciudadano sin extenderlo a todo el mundo. Un ambiente puro, por ejemplo, es un bien público. La libertad política, es otro bien público. La teoría de la Acción Colectiva predice que usted preferirá no contribuir a la consecución de un bien público, si el impacto de su esfuerzo es mínimo. La predicción es enteramente razonable: el esfuerzo es seguro, el éxito dudoso, y el beneficio, independiente de que usted haya promovido o no el bien. Así que usted, ciudadano medio, se queda en casa. Las oligarquías fundan su predominio en esta lógica, demoledora desde el punto de vista estadístico. Veremos lo que el invento dura en Cataluña.

Los Tribunales evitan cuestionar la «ley del catalán», pese a la presión social en su contra
El concepto de «lengua propia», que no reconoce la Constitución, favorece los litigios judiciales que podrían dispararse con la entrada en vigor del nuevo Estatuto
MARÍA JESÚS CAÑIZARES ABC 15 Enero 2006

BARCELONA. Ningún Tribunal se ha atrevido a cuestionar la constitucionalidad de una política lingüística avalada por el Parlamento catalán. Las sentencias judiciales dictadas desde 1983, fecha en la que se aprobó la primera Ley de Normalización Lingüística -la segunda data de 1998-, se han limitado a declarar la ilegalidad de los reglamentos que desarrollan esta legislación en distintos ámbitos sociales.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Cataluña (UAB) Francesc de Carreras, y el letrado de la Administración de la Seguridad Social José Domingo han elaborado un estudio sobre el control judicial de la aplicación de la ley catalana de política lingüística.

«La mayoría de sentencias responden a recursos presentados de forma colectiva por sectores afectados por una normativa que, a mi entender, vulnera la Constitución. Son pocos los recursos de ciudadanos particulares porque el coste social de ejercer este tipo de acciones, sobre todo si se publicitan, es muy alto», asegura José Domingo, quien considera que existe una «presión social larvada para no presentar estos recursos contra la normativa, por posibles complicaciones».

«Lengua propia» y lengua oficial
El principal motivo de controversia judicial radica en el concepto de «lengua propia», que no figura en la Constitución pero sí en el Estatuto de Autonomía, y al que más allá de su significado histórico-geográfico, la ley de normalización lingüística otorga la condición de lengua de sus instituciones y, según los dos autores del informe, «pretende convertirla también en lengua de sus habitantes».

De aprobarse el nuevo Estatuto, la cosa se complica más, ya que en el proyecto sometido a negociación el conocimiento del catalán figura como no sólo como un derecho, sino como un deber, con las consecuencias jurídicas que ello puede comportar. En su opinión, aunque el legislador «ha construido todo el artificio jurídico de su política lingüística sobre el concepto de lengua propia, los Tribunales han practicado con demasiada frecuencia el escapismo jurídico y han tendido a refugiarse en el buen puerto de la «lengua oficial»». Muchas de las sentencias sobre conflictos lingüísticos, asegura José Domingo, no llegan a ejecutarse, como es el caso del fallo dictado en octubre de 2004 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obligaba a la Generalitat a preguntar la lengua habitual de la familia o tutores de los menores en la preinscripción escolar y tenerla en cuenta en la enseñanza de Infantil y Primaria.

Universidad
El ámbito con más litigios
La primera sentencia que abordó la inconstitucionalidad de la «ley del catalán» se remonta a enero de 2001, en relación al reglamento de uso de la lengua catalana en la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. Esta sentencia, dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que marcará la pauta del resto de fallos judiciales, declara la constitucionalidad de la ley, cuando establece que el catalán «como lengua propia de Cataluña, lo es también de la enseñanza, en todos los niveles y modalidades educativos». Sin embargo, los jueces anularon varios preceptos referentes a la obligación de conocer el catalán de los profesores contratados y de rotular exclusivamente en ese idioma. Otra sentencia, dictada en diciembre de 2002 respecto a la norma de usos lingüísticos de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, también recurre al concepto de lengua oficial para descartar la inconstitucionalidad, pero también anula algunos mandatos que suponían la exclusión del castellano -rotulación, documentos universitarios...-. La sanción a una profesora de la URV que repartió impresos en lengua castellana en las pruebas de acceso a la Universidad dio lugar a una sentencia judicial en noviembre de 2000 que anulaba dicho castigo.

Administración de Justicia
Mérito o requisito
La ley establece que el personal al servicio de las administraciones, corporaciones e instituciones públicas de Cataluña deben tener un nivel de conocimiento adecuado de las dos lenguas oficiales. La litigiosidad se ha centrado principalmente en la provisión interina de plazas de personal al servicio de la Administración de Justicia. En mayo de 2002, el TSJC declaró ajustado a derecho que el conocimiento del catalán sea un mérito para los funcionarios de carrera y un requisito para los interinos, ya que los primeros pertenecen a un cuerpo nacional con regulación específica y movilidad territorial. Pero en mayo de 2002, los jueces anularon la orden del Departamento de Justicia en la que se exigía el certificado oficial de nivel C y B de catalán a los auxiliares y agentes interinos. Respecto al carácter eliminatorio de la prueba de catalán, en diciembre de 2002, el TSJC entendió desproporcionada la inclusión de una prueba eliminatoria de lectura en catalán para acceder a la plaza de albañil en el Ayuntamiento de Olot (Gerona). De dudosa legalidad, según los autores del informe, son las mejoras retributivas que concede el Departamento de Justicia a los juzgados que adopten el catalán como lengua de trabajo.

Medios de comunicación
Cuotas y sanciones
En octubre de 2002, el Tribunal Supremo avaló las emisiones únicamente en lengua catalana en las televisiones públicas TV3 y Canal 33. El TSJC rechazó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la fijación de cuotas lingüísticas en emisoras comerciales, pero anuló el régimen de infracciones y el procedimiento sancionador por incumplimiento de esas cuotas. También se anuló el régimen sancionador que se pretendía aplicar por incumplimiento de las cuotas lingüísticas en las producciones cinematográficas.

Documentos públicos
Discriminación positiva
Respecto al derecho de elección lingüística en los documentos públicos, el TSJC declaró en junio de 2003 ajustado a derecho el precepto de la ley de normalización en la que se establece la preferencia del catalán en defecto de elección por entender que se trata de una «discriminación positiva».

«Hay miedo a denunciar»
Las inspecciones en establecimientos comerciales por no rotular en catalán se han cuadruplicado en un año. El temor a represalias impide a muchos afectados denunciar su caso, según los grupos cívicos defensores del bilingüismo
M. J. C. ABC 15 Enero 2006

BARCELONA. A principios de 2005, Luis María Peix Soler, propietario de un laboratorio de fotografía situado en el casco antiguo de Barcelona, recibió un desagradable requerimiento del Ayuntamiento en el que se le advertía de la obligación de colocar todos los rótulos de su establecimiento en catalán. De lo contrario, indicaba el aviso, sería multado con 600 euros por cada elemento que incumpliera la normativa. «Me dio mucha rabia porque es igualmente fascista prohibir el uso de un idioma que obligarte a usarlo», explica a ABC este comerciante, nacido en Portugal de padres catalanes y que llegó a Cataluña en pleno franquismo.

«Mis padres nos dijeron a mis hermanos y mí que, al pasar la frontera, no habláramos catalán porque estaba prohibido. Ahora, me quieren obligar a rotular en catalán. Y me indigna», añade Luis María, quien no quiso sucumbir a las exigencias de la normativa lingüística de la Generalitat y optó por sustituir los rótulos por abreviaturas en la que no se identificaba ningún idioma. Desde que abrió su tienda en 1987, este comerciante nunca había sido requerido para rotular en catalán. Hoy, ya jubilado y con la persiana de su laboratorio bajada, Peix se ve inmerso en un proceso judicial para recurrir el expediente abierto por las Administraciones por lucir rotulación exclusivamente en castellano. «Otros no se atreven, pero yo creo que es injusta esa obligación», afirma.

Él se ha atrevido a denunciar su caso públicamente, pero es una excepción. En 2004, el Departamento de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalitat cuadruplicó su actividad de inspección y sanción por vulneración de la Ley de Política Lingüística en materia de consumo. Así, ese año se realizaron 1.401 inspecciones, frente a las 348 efectuadas en 2003. Asimismo, el número de multas pasaron de tres a 28, por un importe total de 52.800 euros. El caso más llamativo fue la multa impuesta a Correos, 30.000 euros, por incumplir la normativa en materia de señalización.

Más denuncias
«Estas cifras demuestran la voluntad del Gobierno de que la Ley de Política Lingüística no se convierta en papel mojado», aseguraba el titular del departamento, Josep Huguet, de ERC . La Ley de Política Lingüística de 1998, que sustituyó a la de 1983 -ambas aprobadas durante el Gobierno de Jordi Pujol- preveía una moratoria de dos años para ser aplicada en las empresas, y de cinco años en los autónomos. Las primeras actuaciones datan de 2002 y los expedientes sancionadores, de 2003. La imposición de multas por incumplimiento de la «ley del catalán» generaría un amplio debate social que favoreció la demora en su aplicación. Hoy, el acceso de Pasqual Maragall al Gobierno catalán con el apoyo de los republicanos ha conllevado un endurecimiento de ese control, cuya finalidad es discriminar positivamente la lengua catalana.

«Hay miedo a denunciar. Muchos comerciantes temen que no se les renueven sus licencias», asegura Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica de Cataluña (CCC), entidad que se ha distinguido por su defensa del bilingüismo. Después de que la Consejería de Comercio hiciera públicos sus datos, CCC envio 5.000 cartas a miembros de los sectores afectados por las inspecciones de la Generalitat para ofrecer su asesoramiento jurídico. «No nos ha contestado casi nadie. Eso demuestra que hay miedo», asegura Caja.

Advertencia a los comerciantes que no hablan en catalán
ABC 15 Enero 2006

En los últimos tres años también se han incrementado las denuncias de ciudadanos que han sentido vulnerados sus derechos lingüísticos, pasando de las seis presentadas en 2002 a las 367 registradas en 2004, según los datos facilitados por la Consejería de Comercio, Consumo y Turismo de la Generalitat. En los tres primeros meses de 2005 se registraron 145 irregularidades. Un 5 por ciento de los casos se refiere a particulares que denuncian no haber sido atendidos en catalán. En este caso, se trata de un hecho no sancionable, según la normativa actual, por lo que la Administración tramita la denuncia como una queja, lo que conlleva un apercibimiento por parte del Gobierno catalán.

Expaña es Absurdistán
ANTONIO BURGOS ABC 15 Enero 2006

LOS Reyes, no los padrinos de la Infantita que trae bajo el brazo, ojú, el cambio de Constitución, sino los de Oriente, me han echado un teléfono móvil con una prestación utilísima. Más que el manos libres para destruir España del móvil de ZP. La prestación de mi teléfono es tomista, de la parte escolástica de Movistar: una máquina de silogismos. Y en la maquinilla de silogismos he introducido la mayor y la menor de la cuestión etarra:

1. Si la Unión Europea incluyó a Batasuna en la lista de grupos terroristas.

2. Y si en su política de claudicación ante la ETA, el Gobierno de España está dando con pares y nones un recital de cobardía antes que prohibir la asamblea de Batasuna.

Introducidas las dos premisas, le di al botón de la conclusión. Y la maquinilla de silogismos me dijo, simulando la voz humana: «España no parece Europa, no cumple mínimos convergencia política».

Con razón los eurodiputados de Bélgica y de Italia se han hecho con la ficha un lío (con la ficha de Batasuna), y tras verla en la lista de organizaciones terroristas, se han dirigido al Gobierno de España no con la pregunta del millón, sino con la pregunta del millar de asesinados por la ETA: «¿Pero qué es esto, Dios mío de mi alma?».

Pues esto es que estos señores, con su cobardía, ni dan la talla de españoles ni dan la talla de europeos. El presidente del Gobierno anima a incumplir la Ley de Partidos y no passssa nada. Un portavoz separatista vascongado compara a la ETA con el Ejército, total, dos organizaciones armadas, y no passssa nada. En el BOE del separatismo catalán, un ganapán con tumaca le toca la entrepierna al honor de los militares y, total, como aquí el honor acaba arrestado, cesado y en la reserva, pues no passssa nada. Hombre, ¿es Batasuna una máquina de tabaco acaso? Entonces, ¿por qué la van a retirar de la circulación? Y los batasunos que van a reunirse en Bilbao para ejercer sus derechos individuales, como dice el fiscal general (pero no general como Mena), lo mismo. No hay co... de impedir esa asamblea como se hacen estas cosas: con dignidad y con la Guardia Civil. Allí estarán los etarras que me señalaron como objetivo en octubre de 2000, para que dos pistoleros de plantilla ejercieran su derecho individual de venir a buscarme a mi casa y hacerme el arreglo de cuello. Vamos, a pegarme un tiro en la nuca. Pero como el Gobierno tiene ya la información policial de que los batasunos no van a fumar, ni van a crear alarma social leyendo artículo alguno de la Constitución, ¿por qué les van a prohibir el derecho de reunión?

Y mientras, claro, salimos a dos asesinatos por día y la inflación va por el 3 por ciento. Pero eso no preocupa en absoluto al Gobierno. Si no cumplen la convergencia política con Europa y no passssa nada, ¿cómo van a cumplir la económica? Sin competitividad, comprándolo todo en China, no vendiendo una rosca en el extranjero, vamos camino de tener pronto una deuda externa propia de nuestros amiguitos sudamericanos. Ahí es donde nos pega estar: con el rey Mohamed, con Castro, con Chávez, con el gachó del jersey, que anda cómo le cantará «La Internacional» la lanita y seda del jersey de sesión continua. Todo es justo al revés de lo que decían en la manipulación post 11-M: España por lo visto se merece un Gobierno que le mienta. A la vista está. Nos dijeron que nos llevaban al corazón de Europa y nos han metido en el Tercer Mundo de los pisoteadores de libertades. «Good bye, Spain». España estaba en Europa, y estaba acabando con la ETA. Esto es Expaña, y a la ETA la ha levantado el puntillero ZP. Expaña a la que Gotzone Mora, óle, llama por su verdadero nombre de república bananera, pelín transcaucásica: Absurdistán. Donde hasta los separatistas gallegos se han puesto a tocarnos los suevos, los vándalos y los alanos.

Dos hechos lamentables
EDITORIAL Libertad Digital 15 Enero 2006

Recientemente se han producido dos hechos lamentables, que son síntoma de un mismo mal. Por un lado un articulista del diario de la Generalidad y de los grupos Planeta y Godó escribió un desafortunado artículo cargado de todas las maldades imaginables, y dedicado al ejército español. El título, Manual del buen golpista, podría llevar a pensar que estuviera dedicado a algún grupo contrario a la Constitución. Por desgracia son varios grupos los que tienen por objetivo dejar la Constitución en papel mojado, y no carecen de poder o influencia. Pero no. Estaba dedicado al Ejército. El texto es lamentable, pero peor es el claro insulto dedicado a los miembros de la familia militar. El autor ha escondido más tarde la mano, con la manida excusa de ser malinterpretado, pero después de haber lanzado la piedra, en la satisfecha confianza de haber hecho daño.

El otro hecho sintomático es el reciente intento de callar a un ciudadano. En nombre del nacionalismo y del socialismo, hicieron un eficaz resumen de dichas ideologías insultando y atacando al diputado popular Jorge Fernández Díaz, simplemente porque se disponía a expresar sus ideas ante un auditorio. No es un hecho aislado, solo tenemos que recordar los renovados ejercicios de totalitarismo de ambos signos, nacional y socialista, ante los actos del partido Ciudadanos de Cataluña; o la reunión de encapuchados frente a la cadena COPE, arropados por quienes preparan ya el camino para cerrarla en Cataluña.

Los socialnacionalistas quieren dar la vuelta a las cosas. Desean convertir en una natural normalidad los actos de vandalismo contra la libre expresión de las ideas y de las posiciones políticas. Puede pensarse que hay muchos grupos con este tipo de objetivos. Pero los socialnacionalistas lo hacen con un apoyo institucional poco disimulado. Como ejemplo, valgan los encapuchados frente a la COPE, que pedían llevar las opiniones expresadas en ella al cadalso. Acto seguido fueron recibidos en el Congreso por varios diputados de ERC. El objetivo es erosionar la normalidad institucional y sustituirla por una normalidad violenta, protorevolucionaria, impuesta por ellos. El insulto a instituciones básicas del Estado, como el Ejército, no es sino una pieza más de la estrategia. Como lo es el intento de acallar a los discrepantes.

La situación es en sí lamentable; pero resulta aún peor porque el Gobierno no se acuerda de su promesa hecha frente al texto fundamental, de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Es más, José Luis Rodríguez Zapatero parece sentirse cómodo en esta situación de relativa subversión de la normal vida ciudadana. En apenas dos años ha logrado hacer sentir a muchos españoles que el suelo que pisan no es firme, y que se puede derrumbar en cualquier instante, sea ello cierto o no. Esa sensación de inseguridad, de provisionalidad de unas instituciones con vocación de permanencia, es el ambiente deseado por los socios de este Gobierno, porque es el que les permitiría llevar a cabo sus últimos objetivos con una menor resistencia. Lo que necesitamos es justo lo contrario. Que el Gobierno cambie de rumbo, que defienda eficazmente el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, que declare limpia y decididamente que no dejará un ataque contra las instituciones básicas del Estado sin una rotunda condena, y que transmita a los ciudadanos que pueden confiar en ellas porque el Ejecutivo las defenderá contra cualquier eventualidad. Pero ese cambio no se espera de este Gobierno.

Semiología
JON JUARISTI ABC 15 Enero 2006

YO, la verdad, creo que María San Gil está sacando las cosas de quicio: la serpiente pinchada en un palo del cartel de Batasuna podría ser el caduceo de Mercurio, y eso parece un buen síntoma. A lo mejor los de ETA han empezado a preocuparse por la industria y el comercio. En cierto sentido, nunca dejaron de hacerlo y no dudo de que posean ya larga experiencia en el mundo de la empresa. Lo que pasa es que, hasta ahora, han sido reacios a compartir con otros su know how. El Mercurio de Juan de Bolonia, que sobrevuela la Bilbao bancaria desde hace muchos años, lleva un caduceo bien a la vista y nadie le ha atribuido torcidas intenciones, pese a ir en porreta.

Un amigo guipuzcoano discrepa, arguyendo que la serpiente del cartel no es tal, sino una angula. El diseñador, prosigue, rinde así homenaje a la cultura culinaria vasca y a sus excelentes profesionales, otro gremio tradicionalmente frecuentado por los etarras de agradecidos buches. Cabe recordar, además, la reciente visita de una delegación de la banda a las instalaciones de una factoría angulera, nada menos que en Aguinaga. De comprobarse esta hipótesis, aumentarían las esperanzas de reconversión de ETA en una cadena de restaurantes, actividad a la que aquélla no ha sido del todo ajena, pero que contaría en la nueva etapa con el asesoramiento de prestigiosos cocineros del país.

El padre MacAwen Yurfader, que, al parecer, fungió de mediador entre el Gobierno británico y la escisión del IRA conocida como Irish Brothelhood, cree reconocer una imagen bíblica: a saber, la serpiente penitencial que los hebreos levantaron en el desierto. Infiere que podemos hallarnos ante una crisis religiosa de grandes proporciones en el seno de la dirección de ETA y Batasuna, y ha llegado a sugerir que el proyectado congreso podría ser simplemente la tapadera de un retiro espiritual tras el que Otegui anunciaría su decisión de marchar a Cochabamba como misionero seglar y las nueve mozas de EHAK, incluido Julián, ingresarían en un beaterío de Brujas, con perdón y mayúscula. En consecuencia, recomienda a las autoridades españolas no interferir en la celebración del mismo (lo que resulta tan ocioso como llevar hierro a Vizcaya, pero nunca se sabe).

Finalmente, un conocido columnista afín a ERC publicaba ayer un insidioso artículo en el que recomendaba a María San Gil graduarse la visión: «Para quien no está cegado por el odio a lo catalán -escribe-, no es difícil reconocer, en la figura señalada como emblema de ETA por la dirigente de la derecha española en Euskal Herria, una reproducción minimalista del famoso palacio episcopal de Astorga, obra de Gaudí, que, por cierto, debería ser transferido cuanto antes, piedra por piedra, al pueblo de Catalunya, porque ya me dirán para qué necesitan los obispos españoles un edificio de Gaudí. Seguro que nosaltres le daríamos un emplazamiento más digno y una función más cívica y republicana».

Y es que no me explico por qué María San Gil, una chica tan lista, se mete en estos vericuetos de la semiología. Pongamos que, efectivamente, se trate del símbolo etarra. Qué pasa, qué importancia tiene, qué ganas de jorobar, ¿no? Who cares?, que dicen los americanos. ¿No está claro que Batasuna es ETA? Entonces, qué más da que use o que deje de usar la marca de la casa. Lo importante es que la derecha enrocada deje de confundir el respeto a la ley con los recortes a la libertad de reunión, que es un derecho individual y por tanto se aplica sólo a colectivos. Reconozcan ustedes, señores y señoras del PP, que una cosa es ETA y otra muy distinta un congreso de ETA. Que una cosa es Al-Qaeda y otra totalmente aparte un pinto pinto colorito en una mezquita salafí, a ver a quién le toca volar con el autobús. Es que, a este paso, su intransigencia va a impedir que esto del terrorismo se vuelva más humano, no sé, más amable, más tolerante.

ortega lara, año x
Pasión y vida de un torturado por ETA
ABC 15 Enero 2006

Hubo un tiempo en que todos fuimos un poco «ortegas laras», cuando estremecidos ante el que se había convertido en el secuestro más largo de nuestra historia, deseábamos colaborar como fuera para que acabara ese calvario. Fue, hace de esto una década, cuando España se prendió el lazo azul de la protesta, la exigencia y la esperanza frente a los criminales del hacha y la serpiente que, fiera y provocadora, estos días campa de nuevo por las calles del País Vasco empapelado con las proclamas de una ilegalizada HB.

Este ex funcionario de prisiones, que el 17 de enero de 1996 fue arrancado de su casa del barrio del Gamonal burgalés para ser enterrado en un inmundo agujero durante casi dos años con el propósito final de ejecutar su condena a muerte, dice, a la vuelta de los años, como ya lo dijo entonces, que lo suyo fue una cuestión de «mala suerte». Simplemente, «me tocó a mí. Yo antes era dueño de mi vida, ahora hay aspectos que no puedo controlar. Pero bueno, no puedo luchar contra eso. Es algo que me ocurrió a mí y vivo con ello». Y vive, escoltado, volcado en los demás, transformado en un conseguidor social por obra de su papel de «consejero vecino» en el Ayuntamiento burgalés y en sus servicios de Deporte; desde su puesto en el comité nacional de la Federación Española de Hermandades de Donantes de Sangre, que desempeña con el fragor de servir en la primera línea, y como colaborador de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos de su ciudad, organizando programas para fomentar la Formación Profesional. Y es que sostiene que si a los chicos les atiendes y te preocupas por ellos desde pequeños, evitas que de mayores se dediquen «a otras cosas». Y en ello está.

Ha sido también después de tantos años en los que ha tratado de recomponer los pedazos en que le rompió el martirio, cuando el pasado 3 de junio, víspera de la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Madrid en contra de una negociación con ETA, tomaba la determinación de que su nombre figurara entre los miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, uniéndose al clamor de «libertad, justicia y dignidad». Relata a ABC Francisco José Alcaraz, presidente de la AVT, cómo «me llamó para decirme que estaba con nosotros, que apoyaba nuestra reivindicación, pero que no podía asistir a la marcha», que bajo el lema «Por ellos, por todos. Negociación en mi nombre no» se celebraría al día siguiente por distintos lugares de la capital de España en los que la banda había derramado tanta sangre. «Y desde ese momento -confirma Alcaraz- se inscribió en la AVT, que en año y medio ha duplicado la cifra de asociados, haciendo casi tantos como alistó en los 24 años anteriores de su existencia, curiosamente, sobre todo con víctimas de los 80. Desde entonces, Ortega Lara trabaja duro con nosotros».

El paradigma de las víctimas
«Es -insiste el presidente de la AVT- una víctima que, como muchas otras, ha rehecho su vida, que reniega de la victimización y que, aunque no olvida, su pensamiento está en el presente, en su día a día, y en su futuro, con su mujer, Domitila, y con sus hijos». Daniel, que cuando se llevaron a su padre tenía 3 años y el día en que se reencontaron no le reconoció, y la pequeña de la casa, una niña adoptada que llegó de Ucrania y que el padre no suelta de sus brazos, ahora que ve limitada su movilidad por un problema en la cadera. Ellos son, por encima de todo, la razón de su vida.
No en vano, cuenta Isaac Díez, el hermano sacerdote de Domitila,portavoz de la familia durante los largos meses del secuestro, cómo ellos cimentaron el pilar de su recuperación, «porque las cosas, o se asumen o en lugar de fundar una vida, una historia y un proyecto, confunden. Lo que no se asume es un lastre y en los retos, por muy absurdos que sean, es donde hay que demostrar que no somos objetos, sino personas, y que nada ni nadie nos puede someter. Cuando se le llevaron le dije a mi hermana: "Hay cosas que podemos hacer los demás y cosas que sólo puedes hacer tú. Ahora eres la mujer de un secuestrado y cuando venga tiene que poder contar contigo, y tienes un hijo, para el que ahora eres el padre y la madre. Yo estaré contigo pero te voy a exigir que eso lo hagas perfectamente, que asumas tus papeles y tu situación». Y lo hizo como se le pidió.

Este sacerdote, misionero salesiano, que en diez días partirá hacia Angola, recuerda que a raíz del secuestro de su cuñado quedó atrapado por el mundo de las víctimas, a muchas de las cuales acompaña desde entonces en su desesperación. «Es un universo de gran complejidad. Hay gente a la que se le pueden pedir cosas, y, otra, a la que no, y aunque la atención psicológica es básica y fundamental, no es suficiente. Sólo cuando una persona se siente querida después de haber sufrido un zarpazo así puede iniciar su camino de sanación. Y luego, el camino puede ser todo lo largo que se quiera; por eso no se puede nunca empezar hablando de perdón; son caminos, y unas veces se podrá llegar y otras no; la vida es la vida. El hecho de acompañar esas vidas también me ha formado y me ha abierto muchos misterios y muchos valores que ignoraba».
El cura es la firmeza con alzacuellos. Cuenta que «cuando iba hacia el encuentro de José Antonio, antes incluso de que lo hiciera Domi, tenía muy claro cuáles eran los puntos lógicos y básicos para empezar un camino de sanación y recuperación. Lo primero era que tuviera conciencia de la secuencia temporal y él me dio la clave de que la tenía perfectamente clara, y, después, que viera en quién podía confiar y quién le podía llevar a ir confiando, rompiendo todas las suspicacias ordinarias y recelos. Sin manipular, fomentando libertad y capacidad de crecer. Poco a poco».

Afiliado al PP desde 1987, el 2 de mayo de 2003, al sexto año de su liberación, Ortega anunciaba que iría en penúltimo lugar de la candidatura de su partido al Ayuntamiento de Burgos, lista que encabezaba el ex ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. Lo hacía por «solidaridad con todos los ediles de todos los partidos que se juegan la vida por defender sus ideas, sobre todo en el País Vasco. Ocupo ese lugar -dijo- como punto de apoyo, pero no para entrar en el Consistorio, ya que eso requiere una dedicación exclusiva que no puedo dar». De manera que sólo aceptó el cargo de vecino consejero y ser parte del Consejo de Administración del Servicio de Deportes bajo la condición inapelable de no cobrar ni un duro.

Bienvenido Nieto, su amigo y concejal de Deportes, asegura que su «labor es magnífica y brillante, siendo la voz de la calle del deporte <CW-26>de base». Junto a él comparte muchas horas de trabajo y confidencias, «pero nunca hemos hablado de lo que le pasó. Claro que hablamos de política y jamás le he visto airado cuando salen ciertos temas: siempre dice que lo importante es lo que está por venir y que nuestra obligación es garantizar un futuro mejor a los jóvenes. José Antonio es de esas personas con un plus de bondad. Y eso, sin duda, le ha ayudado a sobreponerse». Lo mismo que no revivir los detalles de su cautiverio. Por eso un pacto familiar le obliga a no hablar del cruel aniversario.

Porque tan pulcra discreción, tan profundo pudor, han hecho que jamás explote su pasión sin nombre, que no exponga su sufrimiento para obtener réditos ni personales ni de partido. Como dice Alcaraz, el paradigma de la víctima. Una más en un año, aquel de 1996, en que ETA asesinó a Fernando Múgica, a Francisco Tomás y Valiente, a Ramón Doral y a Isidro Usabiaga, y el mismo en el que los terroristas, por primera vez, mantuvieron dos secuestros simultáneos: el de Ortega Lara y el de Cosme Delclaux (el primero a cambio del acercamiento de presos, y el segundo por dinero). Un 1996 en que, con el apoyo del PNV, se invistió a José María Aznar como cuarto presidente de la democracia, tras el Gobierno de Felipe González, que tuvo a Juan Alberto Belloch al frente de la cartera de Interior.

Le pudo pasar a cualquiera
«¿Por qué a mí? ¡Si era un don nadie!», se ha preguntado Ortega Lara. Y ha llegado al convencimiento de que «me tocó a mí como le podía haber tocado a cualquiera. No hay que buscar razones».

Será por eso, como dice el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, compañero y amigo de la víctima, que «jamás renegó de la firmeza del partido en aquellas circunstancias y no sólo ha mantenido su militancia sino que ha tomado parte en la política. Es la forja del espíritu castellano, sobrio, con convicción en los valores cristianos, que, en vez de ejercer la amargura o el rencor, derrocha generosidad a manos llenas para esa sociedad burgalesa que se manifestó por él, miércoles tras miércoles, en la plaza Mayor, en su barrio y en su parroquia».

Hoy la normalidad es la batuta que dirige su cotidianidad. «No olvidamos -apostilla Aparicio-, pero evitamos recuerdos inútiles. Él lo ha sintetizado muy bien cuando el pasado junio se quejó, justificadamente, al obligarle a un trámite judicial sin sentido que le citaba de nuevo a declarar contra los etarras que ordenaron su secuestro -Aguirre Lete y Julián Achurra "Pototo", a los que vimos carcajearse-. Por eso su circunstancia de víctima se diluye en la figura de Ortega Lara como el mediador social en que se ha convertido: todo el mundo le cuenta sus problemas, y todos en el Ayuntamiento, desde el alcalde hasta el último edil, le abren sus puertas. Y, además, le hacen caso, porque le sobra sentido común para saber lo que es sensato».

Un buen vecino, ciudadano ejemplar, que fue desenterrado el 30 de junio de 1997 de la húmeda tumba a la que le arrojaron los sicarios Javier Ugarte, José Luis Erostegi, Jesús María Uribetxeberria y José Miguel Gaztelu. Tras su fracaso, la cólera de ETA ejecutó a Miguel Ángel Blanco. Sólo habían pasado doce días desde la liberación de Ortega, al que, contra la impresión de Saramago, no pudieron romper.

Cataluña, a debate
Editorial ABC 15 Enero 2006

LA llegada del proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña al Parlamento nacional ha centrado el debate político y jurídico sobre la inserción del texto en los límites constitucionales y las consecuencias de su aprobación en el modelo de Estado. Esta es la razón por la que resultan improcedentes los llamamientos al silencio que hacen a veces los dirigentes catalanes cuando se trata de replicar las críticas que proceden de otras comunidades. Lo que se discute en relación con el nuevo Estatuto catalán es también una revisión sustancial de las relaciones entre Cataluña y el resto de España y de la continuidad del Estado en aquella autonomía, motivos suficientes para que el interés legítimo en el desenlace de este proyecto estatutario no esté limitado a los representantes políticos catalanes, sino que se extienda a toda la sociedad española.

Sin embargo, otra cuestión no menos importante, pero que está pasando menos advertida en el debate político, es el futuro de la propia Cataluña. La aprobación de la propuesta estatutaria por el Parlamento autonómico no liberó a la sociedad catalana de nuevas responsabilidades por el resultado de este proceso de revisión de los fundamentos de su autogobierno. En la entrevista que hoy publica ABC, Jordi Pujol afirma con sinceridad que «haya o no Estatuto, hay muchas posibilidades de que el resultado sea negativo». La autoridad personal y política de Pujol es suficiente para rebajar las expectativas que se han construido en torno a este nuevo proceso estatutario, sobre el que se han volcado propósitos que van más allá de la mera sustitución de un texto por otro, y llegan directamente a la revisión del modelo constitucional de 1978.

Cabría, entonces, preguntarse si este proceso político ha sido iniciado por personas capaces para culminarlo, si tenía objetivos definidos desde el principio y si, tal y como están las cosas, su mantenimiento no es un fraude a la sociedad catalana y también a la española. Fraude para ambas porque si a los catalanes se les ha planteado el nuevo Estatuto como el salto cualitativo que necesitaba su identidad nacional -o cualquiera de las ocho fórmulas con las que el presidente del Gobierno iba a resolver la disputa semántica en torno a la nación-, a los restantes españoles se les dice insistentemente que el futuro Estatuto -pactado con independentistas, nacionalistas y el socialismo confederal- hará más fuerte y cohesionada a España. Obviamente, Pujol enfoca su análisis desde la perspectiva nacionalista, porque señala la causa del posible fracaso en las dificultades que hay para reconocer a Cataluña el volumen competencial y financiero que, a su juicio, merece. Claro que tales «dificultades» son las exigencias derivadas de un determinado orden constitucional y de un modelo unitario y descentralizado de Estado en el que la unidad, la igualdad y la solidaridad son sus pilares fundamentales. Y una de tales dificultades habría de ser el trato político y jurídico del castellano en Cataluña, claramente en regresión desde el acceso de la coalición nacionalista y socialista en 2003, tal y como se desprende del estudio que hoy publica ABC, elaborado por el profesor Francesc de Carreras y el letrado de la Seguridad Social José Domingo sobre la doctrina del Tribunal Superior de Justicia catalán en torno a la cooficialidad y la creciente aplicación de sanciones por parte de la administración autonómica.

En todo caso, Pujol demuestra poseer una capacidad de equilibrio argumental muy superior -por ejemplo, al tratar la solidaridad entre regiones y la suficiencia fiscal- a la que esgrimen los actuales dirigentes políticos catalanes, que se sintetiza en el reconocimiento de que «Cataluña es España, pero lo es a su manera». Los problemas surgen en la concreción de esa manera de ser de Cataluña en España, pero también de Cataluña consigo misma, porque el templado pesimismo de Pujol es una instrospección de la situación en la comunidad que presidió durante tantos años. Buena parte de la esfera político-mediática catalana responsabiliza a la intransigencia «española» del desconcertante panorama que se ha abierto. Bien, no se trata de establecer competiciones, pero ejemplos como el deplorable artículo de «Avui» en el que se insultaba gravemente a los militares, o aquella otra «pieza» en la que se proponía el linchamiento de los intelectuales que se han movilizado contra el nacionalismo obligatorio, partieron de Cataluña. Así que el victimismo, quizás también sea «a su manera».

Leyes de goma
IGNACIO CAMACHO ABC 15 Enero 2006

ESTE presidente del Gobierno que considera «demasiado restrictiva» la Ley de Partidos debería dedicar «dos tardes» para que el profesor Rubio Llorente, o algún jurisconsulto de cámara, le explicase que en democracia las leyes las interpretan los jueces. Y tomarse de paso un par de ampollas de Memorino para recordar el entusiasmo con que apoyó esa misma ley cuando era el jefe de la oposición y ETA descerrajaba nucas de concejales socialistas con el aplauso y la complicidad de esos tipos de Batasuna a los que ahora quiere permitir que se reúnan en asamblea a plena luz para que le echen un cable a sus agobios políticos.

Acaso Zapatero se saltó en la carrera de Derecho alguna clase de Constitucional, aquella en que se explica que las leyes las elabora el Parlamento, las interpretan los tribunales y las aplica el Gobierno. Es difícil, empero, que haya olvidado la máxima jurídica de que la ignorancia de las normas no exime de su cumplimiento. Por tanto, ha de saber que como jefe del Ejecutivo está obligado a impedir que un partido ilegal celebre un acto público, máxime habida cuenta de que fue él mismo uno de los que con más denuedo impulsó la ilegalización de Batasuna. Si ya no piensa igual que entonces, debe afrontar con coraje la anulación de esa ley en vez de suspenderla de hecho a petición de parte. Lo que no vale en un Estado de Derecho son los subterfugios, las componendas y los retruécanos. «Demasiado restrictiva» también es la Ley Antitabaco, y se está cumpliendo a rajatabla.

El otro día, en un foro de debate en Madrid al que acudía el presidente, el fiscal general del Estado se sentó con toda naturalidad en la misma mesa que los ministros. Simbólica alineación que viene a configurar al jefe del Ministerio Público como un miembro más del Gabinete al servicio de sus estrategias políticas. Aun así sería un escándalo que este funcionario desoyese el criterio de la Policía y de la propia fiscalía de la Audiencia Nacional, y manoseara a su antojo la legalidad como si fuese una materia elástica, de goma, que obliga según a quiénes y según en qué circunstancias.

Lo que hay al fondo de esta vergonzosa complacencia permisiva lo sabemos todos: Zapatero espera que Batasuna haga un gesto que refuerce su plan de diálogo con los terroristas y le dé oxígeno ante el embrollo del Estatuto catalán. El presidente quiere cambiar la victoria ante los terroristas por un armisticio con ellos. Está en su derecho, pero que asuma el coste político y dé la cara. El camino de las argucias evasivas y la aplicación selectiva de las leyes conduce a la grotesca paradoja de que los batasunos puedan impunemente celebrar su reunión, pero no fumar en ella. Quizá ni siquiera eso: el Gobierno está ansioso por permitirles también encender la pipa de la paz.

Del Cu-Cut! al Avui
M. MARTÍN FERRAND ABC 15 Enero 2006

EL diario barcelonés Avui es uno de esos pozos sin fondo en los que, con intención catequista, la Generalitat de Cataluña lleva años enterrando ayudas y subvenciones con la parcial intención de que la prensa escrita en catalán llegue algún día a equipararse con la más tradicional y redactada en castellano. Para mayor esperpento, en la propiedad de Avui coinciden con la Generalitat, el propietario de Planeta, la primera editorial en lengua castellana, y el de La Vanguardia -antes, «española»-, uno de los mejores y más difundidos periódicos nacionales. Sobre ese soporte, un pájaro que se firma Iu Forn publicó esta semana un artículo -«Manual del buen golpista»- en el que, con poca gracia y mucha saña, arremete contra el estamento castrense y llega a decir que si los militares entran en la ciudad, hipótesis de por sí provocadora, «recuerden que la ordenanza de civismo de Barcelona prohíbe la práctica de la prostitución en según que supuestos. Por tanto, mejor que vengan sin sus madres».

Ante tan zafia e intolerable actitud, más panfletaria que periodística, se vienen a la memoria otros tiempos. Entre 1902 y 1912 la Lliga Regionalista publicó un notable semanario de humor, Cu-Cut! Lo dirigió el muy respetable Manuel Folch i Torres y tuvo dibujantes tan notables como Bagaría, Opisso o Juncada. Una caricatura antimilitarista de este último, inocente en la comparación con el artículo del Avui, provocó, en 1905, el asalto de un grupo de trescientos militares, a los que se sumó el capitán general de Cataluña, a la imprenta y redacción de la revista. De ahí se derivó la funesta Ley de Jurisdicciones que puso en manos de los tribunales militares los delitos contra la Patria y el Ejército.

En un siglo, la actitud provocadora y grosera de los individuos y grupos independentistas que actúan en Cataluña no ha variado notablemente y, como contraste, la transformación de los integrantes del Ejército es tan notable que hoy puede afirmarse de ellos que son el conjunto más sobresalientemente democrático de todos los grupos funcionariales que sirven en las instituciones del Estado. Ahora, en ejemplar actitud cívica, los jefes y oficiales que, con toda razón, se sienten ofendidos por lo publicado en Avui, han seguido las ordenanzas y presentado sus quejas al jefe de Estado Mayor de la Defensa, quien, en consecuencia, le ha pedido amparo al ministro del ramo.

Quizás porque tengo muy baja la tensión arterial, me sigue pareciendo científico y preciso lo que, en 1912, escribía en «Cánovas», el último de Los Episodios Nacionales, Benito Pérez Galdós: «Un país sin ideales, que no siente el estímulo de las grandes cuestiones tocantes al bienestar y la gloria de la nación, es un país muerto. (...) Prensa, Gobierno, partidos, altos y bajos poderes, todo ello anuncia su irremediable descomposición». Hoy, apesta.

Secretos de Gobierno
La mentira como ideología
Ignacio Cosidó Libertad Digital 15 Enero 2006

Lo peor del Gobierno de Rodriguez Zapatero no son sus errores, que son muchos y muy graves, sino sus secretos. Este es un Gobierno que nació de una gran mentira, la criminalización política del PP por los atentados del 11-M, y que ha hecho de la mentira su fundamento ideológico, su estrategia política y el arma fundamental para mantenerse en el poder y destruir a su adversario.

La mentira se ha convertido de hecho en el fundamento ideológico del socialismo post-moderno de Rodriguez Zapatero. Todo parte del relativismo moral absoluto en el que vive instalado el presidente del Gobierno. Para Zapatero nada es mentira porque nada es verdad. Todo depende de las circunstancias y de los intereses coyunturales de cada momento.

Esta confusión moral lleva implícita una perversión constante del lenguaje. Las palabras dejan de tener un significado definido para convertirse en conceptos ambiguos que significan una cosa y la contraria. Es un regreso a la caverna en la que lo que vemos y oímos no es más que un reflejo de la realidad, pero nunca la verdad misma. La Nación significa España, pero también Cataluña y País Vasco y Galicia y quizá Andalucía. La transparencia significa el secretismo como norma de conducta en todo lo público. La libertad de expresión se transforma en un descarado intento de control de los medios de comunicación. El talante se asocia con la detención ilegal de militantes de otro partido en base a unas lesiones a un ministro que se demostraron falsas. La democracia en el mundo la encarnan regímenes afectos como Cuba o Venezuela.

Hay, por tanto, una parte de la mentira que es consustancial al propio pensamiento de Rodriguez Zapatero. Él es de hecho rehén de sus propias mentiras y puede pronto convertirse en victima de ellas. Miente con insistencia y énfasis, en ocasiones con vehemencia, porque esas mentiras constituyen su propia verdad. Como cuando afirma que no existe inquietud alguna en las Fuerzas Armadas o que las relaciones con Estados Unidos nunca han sido mejores.

La mentira es para Rodriguez Zapatero no sólo una ideología sino también una estrategia política. Este Gobierno ha hecho del secreto, la ocultación y el engaño su forma habitual de actuación. Secretas son sus conversaciones con los terroristas. El presidente del Gobierno recibe en La Moncloa de forma clandestina a sus aliados políticos para pactar de espaldas a la sociedad su verdadera agenda política. Las negociaciones sobre las cuestiones más fundamentales para nuestro futuro, como el nuevo Estatuto catalán, se hacen en hoteles distintos, a puerta cerrada y con un ruido mediático que sólo busca crear confusión en la opinión pública. Los ministros del Gobierno son enviados de forma discreta a vender armas o realizar extrañas operaciones diplomáticas por todo el mundo.

Pero la mentira es sobre todo la principal arma política empleada por el Gobierno para destruir al adversario. En sus dos años en el poder, Rodriguez Zapatero ha estado mucho más preocupado por aniquilar al Partido Popular que por solucionar los problemas de los ciudadanos. Es la vieja táctica de la reiteración infinita de la mentira como una forma de construir la verdad.

Así, hemos escuchado hasta la extenuación que el PP nos llevó a la guerra de Irak, cuando aquí la única unidad militar que ha participado en misiones de combate en ese país es la fragata prestada por Bono al secretario de Defensa norteamericano, Donald Rumsfeld, como dote para recomponer sus relaciones personales.

El Gobierno ha repetido también hasta la saciedad que el PP mintió tras los atentados del 11 de marzo en Madrid. La verdad es que será difícil encontrar en la historia un atentado de esas dimensiones en las que un Gobierno democrático haya ofrecido más información en las circunstancias políticamente más difíciles. Si algún error cometió el Gobierno Aznar tras esa catástrofe fue la excesiva precipitación en ofrecer información y no lo contrario.

Ahora se pretende desde el Gobierno dar una imagen del Partido Popular como un partido ultra de extrema derecha cada vez más radicalizado y aislado. Nada más lejos de la realidad. El PP sigue siendo hoy el gran partido de centro que representa a una mayoría social cada vez más amplia que sigue creyendo en España, que defiende la libertad como principio ideológico fundamental y que sitúa a las personas como el eje básico de todo su proyecto político.

Ignacio Cosidó es senador por Palencia del PP.

El contraste anglicano
Amando de Miguel Libertad Digital 15 Enero 2006

John Lynch-Cummins (británico y residente en Mallorca desde hace más de 42 años, casado con una mallorquina) contempla “horrorizado cómo a nuestros nietos no se les enseña, para nada, en los colegios el español, sino únicamente el dialecto del catalán que se emplea en este pueblo”. Ya de paso, don John se maravilla de la costumbre española de traducir los nombres de las personas. Cita el caso de los ingleses que dicen “King Juan Carlos” y no “King John Charles”. En cambio, los españoles dicen “la Reina Isabel” (por la del Reino Unido) o “el príncipe Carlos” (por su hijo mayor). Añade don John que esa tendencia traductora no se sigue en España con los nombres de los actores de televisión. Es cierto, en el español es corriente la facilidad para traducir los nombres de las personalidades extranjeras, pero no hay una norma fija. Esa facilidad se aplica sobre todo a las personalidades egregias o a las clásicas. Ya hemos hablado aquí de Tomás Moro o de Martín Lutero. A Charlie Chaplin se le conoce como Charlot en España y Carlitos en Argentina. Los cuentos de Guillermo Brown no son de William Brown. Robin Hood es para nosotros Robín de los Bosques. A saber cómo llamaban los suyos a Confucio o a Mahoma.

A José Manuel G. Calzada (Gijón) no le gusta que yo emplee la voz “anglicano” para referirme al idioma inglés. Preciso mi idea. Se puede decir “inglés” para referirse estrictamente a la lengua o a la nacionalidad. Pero si se trata del modo de ser de los ingleses, de sus símbolos o peculiaridades culturales, lo de “anglicano” viene muy bien. No es nada “rebuscado”, en contra de lo que sostiene don José Manuel. Nada más anglicano que el bar o el pub. Bar (= barra) se asimila a la de los abogados, la que separa el estrado donde se alojan los jueces en los juzgados. El mismo tono solemne se da a la “barra” de los bares o pubs. Era la forma de decir que, agarrado a ella, el borrachín tenía derecho a solicitar más alcohol. Todo eso es anglicano más que inglés. De seguir leyendo esa seccioncilla, don José Manuel terminará pro aceptar lo de “anglicano”. Es algo parecido a “hispánico” frente a “español”, “franco” frente a “francés”, “germánico” frente a “alemán”.

José Fernández-Quevedo Egocheaga nos aporta unas interesantes precisiones sobre el pub. Es la construcción de public bar (= barra pública), en el sentido de un local con numerosas regulaciones para el buen acomodo del público. Se refiere don José al mejor pub del mundo, The Moon under the Water (= la Luna bajo el agua), un pub imaginario descrito por Orwell. Don José dice conocer un pub de Sussex llamado The Red Lion (= el León Rojo). “Enfrente hay una granja. Orwell escribió allí Animal Farm (= Rebelión en la granja)”.

Aránzazu de Miguel añade una precisión. Pub es el apócope o contracción de public house (= casa pública). El dueño era el publican. Añado que lo de public en inglés tiene el sentido de servicio al público, no del Estado. Es parecido a ese SP (= servicio público) que llevan los taxis. ¡Qué nombre tan lindo: Aránzazu de Miguel!

José R. Perdigón me corrige. “Los grumos, bolas o agregados son lumps en inglés, no slumps. Slump es caída súbita, desplome. Insiste don José en la distinción cow-beef, lamb-mutton, pig-pork como un resto de la dicotomía entre el lenguaje afrancesado de los normandos (los que mandaban) y el sajón del pueblo en la Inglaterra medieval. La historia se repite tanto que no acaba de convencerme. En España tenemos dicotomías parecidas y no hemos participado de la dualidad sajones-normandos. Así, pez-pescado, pezuñas o patas de marrano frente a manitas de cerdo. Simplemente lo que está sobre la mesa es más noble que lo que anda suelto por la naturaleza. Para un aragonés o un navarro el ternasquico es el cordero cuando se sirve en la mesa. Más cariñoso no puede ser. En las regiones valenciana y murciana dirán mojama, no huevas de pescado o pescado seco.

Elena Antuna (Nottingham, Reino Unido) reside en Inglaterra y se siente un poco desterrada de su “paraíso asturiano” de origen. Observa que en el país de acogida hay mucha gente interesada por aprender español. En cambio, “la pena es que nosotros [los españoles] nos estamos empeñando en destrozar nuestra lengua”. Bueno, mujer, consuélese que al menos los libertarios andamos empeñados en dar aún más esplendor a nuestra lengua; también en Asturias. Espero que no se me ofendan los bablistas.    Contacte con Amando de Miguel fontenebro@msn.com

LABERINTO SOCIALISTA
JUAN M. GASTACA ABC 15 Enero 2006

En el País Vasco corre de boca en boca una pregunta con sed permanente de respuesta: ¿es verdad que Zapatero ha recibido el mensaje de que ETA va a dejar de asesinar, coaccionar y extorsionar? Nadie se atreve a apuntar con el dedo, pero la bola se desliza desde hace meses sin parar, incluso hay quien ayuda a librar el camino para que tome más velocidad. Pero pasa el tiempo y todo sigue igual: a río revuelto, ganancia de pescadores es lo único que salta a los ojos (ejemplo: asamblea de Batasuna).

Así las cosas, se está generando un estado de ansiedad del que se antoja difícil librarse porque su campo de acción no distingue clase social ni credo político. De ahí el temor de que acabe por abrir la puerta al desasosiego si nada cambia.

Los socialistas vascos han contribuido y mucho a que aquella bola corra y corra sin parar. Pareciera como si un vidente les hubiera pronosticado su suerte política a medio y largo plazo. Sólo así podría justificarse, aunque fuera sin una mínima base racional, la actual deriva de este partido hacia la corriente nacionalista imperante en el territorio desde hace décadas y en cuyas garras han caído sin remisión, unas veces por debilidad manifiesta en las urnas y las más por entreguismo que conduce a a subordinación.

Tan significativo viraje, que ha barrido en su recorrido a todas las voces discrepantes por históricas que fueran, se identifica en su inicio con la llegada al poder de Patxi López y se consolida con su reelección. Vaya, que el futurólogo acarició la bola de cristal y le dijo al sustituto de Redondo Terreros que echara sus redes en el campo del desencanto peneuvista y abertzale porque la vía constitucionalista, la que más cerca le había situado de Ajuria Enea desde el triunfo y renuncia de Ramón Jáuregui, ya no le sirve desde la anterior derrota electoral. Sin embargo, la realidad conduce a los socialistas a su propio laberinto.

Son ahora prisioneros de su propia táctica porque la iniciativa siempre está en la otra parte y ahí siguen muy intransigentes: lo quieren todo. ¿Acaso no se lo imaginaban? Por eso, no les queda otra salida que ceder hasta quedarte colorado. Y eso no tendría pase. Debió ocurrir que el vidente nunca fue capaz de interpretar las cartas a los del pasamontañas y pistola.

Caso Mena: la paja en el ojo ajeno
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 15 Enero 2006

No creo que el hecho de que unos ciudadanos vestidos con uniforme se hayan adherido a una apelación al ordenamiento constitucional sea una felonía. Los militares están para cumplir y hacer cumplir la ley, al igual que el resto de los funcionarios públicos, salvo prevaricación o traición al Estado al que sirven. Un juramento es algo más que un ritual.

Si la Constitución dice lo que dice y no gusta, es legítimo promover su modificación por vías legítimas, no como se está haciendo con la propuesta surgida desde el Parlamento catalán, que eso sí que es un golpe en toda regla contra el Estado Constitucional, y, en definitiva, contra la soberanía nacional que los militares deben garantizar para proteger la Nación de los ciudadanos. ¡Cómo que no!

¿No es una sedición, rebelión, o como se le quiera llamar, que desde comunidades autónomas se promueva un secesionismo fáctico que vulnere, sojuzgue y modifique el orden constitucional de la Nación española, con el auspicio e impulso del partido que gobierna al propio Estado nacional, sin que el resto de los españoles puedan ejercer sus derechos democráticos en torno a esta espinosa cuestión?

¿O acaso no es traición, prevaricación o conspiración para burlar el ordenamiento jurídico el permitir, colaborar, o no intervenir ante una convocatoria manifiestamente ilegal? ¿Es legítima la conjura e intriga urdida por un partido ilegalizado que realizará un congreso, si nadie lo impide, con luz y taquígrafos?

¿O acaso no es dejación en las obligaciones de los poderes públicos el no garantizar ni proteger los derechos y libertades, eludiendo el cumplimiento de la letra y del espíritu de la Constitución Española? ¿Desde cuando la Constitución es un código que pone en prioridad los derechos de los territorios sobre los de las personas, conculcados gravemente con planes lingüísticos no concordes con las sentencias de tribunales que protegen los derechos individuales?

¿O acaso no es dejación del deber de los poderes públicos el no asegurar los contenidos mínimos de la enseñanza, o la verdad científica, o la homologación real de los títulos académicos y profesionales, o el derecho a la educación, que no es simplemente el derecho a la escolarización? ¿O el derecho a la libertad de prensa? ¿O el derecho al secreto profesional contemplado en los expedientes médicos...? ¿O el derecho de la COPE a informar de forma independiente...? ¿O...?

¿Quienes son los que alteran la normalidad democrática: un militar que emite un juicio de lealtad al orden constitucional o quienes tienen el deber de preservar y garantizar su cumplimiento y no lo hacen?

Malos vientos vienen por causa de una decadencia que abruma tanto por la pésima calidad humana de muchos de nuestros políticos como de los fluctuantes valores que exhiben.

La ley catalana, ¿mal comienzo para los consejos audiovisuales?
Jaime Rodríguez Díez elsemanaldigital 15 Enero 2006

La necesidad de crear autoridades administrativas independientes para regular sobre los contenidos, tan solicitada por los medios y los espectadores, choca frontalmente con la Ley 22/2005 de la Comunicación Audiovisual de Cataluña, aprobada el pasado 29 de diciembre de 2005.

Tras una lectura de la ley, se aprecia que esta norma presenta muchos puntos criticables desde distintas perspectivas. Se debe recalcar en este artículo dos circunstancias tremendamente peligrosas: 1) la atribución a un órgano administrativo, el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), de potestad para imponer sanciones que pueden llegar a impedir que un medio de comunicación siga emitiendo; y 2) la apropiación de la Generalitat, en detrimento del Estado español, de la facultad de regular el dominio público radioeléctrico. Se aprecia así en Cataluña una eventual limitación a la libertad de prensa y una nueva evidencia de arrogarse para sí competencias estatales.

Es cierto que el artículo 9.1 de la Constitución atribuye al conjunto de instituciones del Estado, (legislador, administración y tribunales), la función de velar por el respeto al ordenamiento jurídico. Lo cual implica que la protección de nuestros derechos no la puede tener atribuida en exclusiva el poder judicial, pues buena parte de la actividad desarrollada por nuestras administraciones públicas no podría llevarse a cabo. Pero cuando hablamos de los derechos de la comunicación (libertad de expresión y libertad de información) se exigen cautelas y mesuras que neutralicen todo intento de cercenar la existencia de una opinión pública libre.

La ley audiovisual catalana se ha esforzado mucho en legitimar la potestad sancionadora del CAC, esgrimiendo argumentos jurídicos de peso. No obstante, en su redacción se aprecian imprecisiones, en cuanto a las conductas sancionables, que dificultan el adecuado ejercicio de las nuevas facultades punitivas.

Entre los arts. 3 a 14 se establecen los principios básicos de los contenidos audiovisuales, como la libertad de comunicación en el marco de los derechos a la libre expresión e información (art. 3), la libertad del ciudadano para elegir el medio de comunicación que prefiera (art. 4) o la importancia del pluralismo en la comunicación audiovisual (art. 5).

En el art. 132 b) se contempla como infracción muy grave el incumplimiento de alguno de los principios básicos mencionados, sin que se determine detalladamente la conducta que puede acarrear la suspensión de la emisión por 3 meses junto a los 300.000 € de multa (art. 136.1). Esta falta de precisión con la que se recoge cuáles son las conductas contrarias a los principios básicos, determinará que el éxito de los expedientes sancionadores sea muy dudoso. Además, los recursos, con adopción de medidas cautelares suspensivas, retrasarán la eficacia de las posibles sanciones. Y si los tribunales suspenden o anulan reiteradamente las sanciones del CAC en favor de la libertad de prensa, como es de prever, la fuerza del Consejo quedará seriamente dañada.

Por ello, es entendible que la autoridad del CAC se ejercería mejor a través de sus recomendaciones y de sus denuncias. Una denuncia pública puede tener unos efectos disuasorios importantes ante la opinión pública y las empresas que se publicitan. Y evita tener que incardinar la conducta denunciada en un tipo infractor previamente determinado de modo impreciso, como ocurre con la ley audiovisual catalana.

Otro aspecto criticable es el intento de entrar a regular (arts. 17 a 22) sobre el espacio público radioeléctrico, cuya titularidad y gestión es competencia exclusiva de la Administración General del Estado en virtud del art. 149.1.21 de la Constitución. La Generalitat no puede arrogarse la capacidad de planificar el espectro al amparo del avance tecnológico o del pluralismo cultural y lingüístico. El dominio público radioeléctrico, pese a la digitalización, sigue siendo un bien escaso y ninguna idiosincrasia diferencial legitima a una comunidad autónoma para compartir la gestión de un bien público de competencia exclusiva y excluyente estatal.

Flaco favor se ha hecho con esta ley a quienes creen en el advenimiento de los consejos audiovisuales presididos bajo los principios de independencia y neutralidad, como ocurre en el resto de los países del entorno europeo (Francia, Inglaterra, Alemania, Italia…). Allí llevan tiempo funcionando estos organismos que velan por la calidad de los programas, el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, y la protección de valores constitucionales que pudieran ser vulnerados por los medios de comunicación (como el respeto a la dignidad de las personas, la falta de toda incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad, el cumplimiento del principio de veracidad informativa, el respeto al derecho al honor, intimidad y propia imagen). De este modo y a través de los consejos audiovisuales, las directrices del sector audiovisual sólo son desarrolladas por órganos independientes que aplican la ley con criterios de experiencia técnica y profesionalidad, en lugar de los de disciplina del partido en el poder.

La imprecisión en la tipificación de las conductas sancionadas, el exceso de facultades que, mal ejercidas, pueden atenazar la libertad de prensa y el derecho a la libre línea editorial, así como la sustracción de competencias exclusivas del Estado, son elementos que constituyen un mal comienzo ante la necesidad de ordenar el sector de los contenidos. Regulación que sólo es posible mediante los consejos audiovisuales independientes compuestos por miembros desvinculados del gobierno de turno.

En definitiva, ley audiovisual catalana requiere ser modificada en estos aspectos si pretende dar respuesta al panorama actual del cuestionamiento, por la opinión pública, de la calidad de la programación. De lo contrario, las libertades de comunicación se verán mermadas en Cataluña y la afrenta al principio de distribución competencial establecido en la Constitución se mantendrá, con la consiguiente pérdida de legitimidad del CAC y de todo organismo similar de ámbito autonómico o nacional.

Vergüenza de ser español: de pensamiento, palabra y obra
Antonio Gázquez Periodista Digital 15 Enero 2006

Este viernes pasado me encontré con un compañero universitario, que regresaba de un Congreso en Estados Unidos y me comentó lo siguiente: «En el Congreso me he encontrado con algunos compañeros catalanes y vascos, también había gallegos y andaluces. Nos reuníamos para comer y para tomar café, donde comentábamos las ponencias y comunicaciones del congreso, al margen de ello surgió un tema del que todos estábamos de acuerdo: cuando a cualquiera de nosotros se nos preguntaba por parte de un congresista de otro país de dónde éramos, todos respondíamos lo mismo: 'soy español'. Respuesta que nunca daríamos en España. Aquí todos contestaríamos que somos andaluces, vascos, catalanes o gallegos, por lasimple cuestión de que está mal visto ser español en España, y por el contrario es un signo de progresismo decir que eres catalán, andaluz, gallego o vasco.

Tenemos vergüenza de sentirnos españoles; estamos desterrando la palabra España de nuestro vocabulario como si fuese la peste. Ese sentimiento que los franceses tienen de su chovinismo francés o los americanos con su bandera, aquí te pueden tachar de facha y de trasnochado. Todo lo contrario si dices que eres nacionalista de tal o cual región de España, entonces puede ser el centro de la reunión, y hasta con cierta envidia por algún que otro papanata.
Y todo este ambiente de antinacionalismo español, se lo debemos por un lado a la progresía nacionalista de las periferias y al aire talentoso de los correligionarios de Zetapé.

Batasuna despeja las dudas de Conde-Pumpido: el acto del día 21 será su «asamblea nacional»
Los abertzales desafían la advertencia del fiscal de no organizar una reunión de carácter «orgánico»
J. Arias Borque  La Razón 15 Enero 2006

Madrid- Los miembros de la ilegalizada Batasuna se sienten cómodos con la línea marcada por el Ejecutivo central en materia antiterrorista y ayer no tuvieron ningún reparo en demostrarlo. Si el viernes el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se acercó a la comunidad vasca para asegurar que si la asamblea programada en el Bilbao Exhibition Center (BEC) de Baracaldo por Batasuna era «un acto orgánico» de partido «la suspensión sí se puede estar vulnerando», los dirigentes del brazo político de ETA quisieron dejar claro ayer que, efectivamente, el congreso programado será de carácter orgánico.

El encargado de mantener el órdago al Estado de Derecho por parte de los ilegalizados fue Pernando Barrena, quien acompañado entre otros, por Arnaldo Otegi y Rafael Díez Usabiaga, aseguró que el próximo sábado celebrarán «el primer congreso nacional de Batasuna, en el que tomarán parte los representantes de las asambleas que han llevado adelante la ponencia Bide Eginez (Haciendo camino)» y, posteriormente, llevarán a cabo un acto político en el que se hará pública «la oferta política renovada» de Batasuna, que se recoge bajo el nombre de «Construyendo Euskal Herria desde la izquierda» y se presentará la nueva Mesa Nacional, que está previsto elegir esa misma mañana.

Es más, la formación ilegalizada aprovecha de tal forma la sensación de impunidad que el propio Barrena afirmaba que «estamos decididos a dar por finalizado de la manera que teníamos prevista el primer congreso nacional de Batasuna y a que el acto político público que está programado en Baracaldo se lleve adelante sin ningún tipo de cortapisas».

Desde las filas del PP vasco, sin embargo, continúan adoptando iniciativas para tratar de impedir que el brazo político de ETA celebre el acto. Con esa intención, el portavoz del PP en Baracaldo, Rafael Carriegas, ha remitido una carta al alcalde de esta localidad, el socialista Tontxu Rodríguez, que gobierna en coalición con los populares, en la que le pide que, como miembro del Consejo de Administración del Bilbao Exhibition Center, articule «todos los mecanismos» a su alcance para evitar que se celebre el Congreso Nacional de Batasuna el día 21.

En el PP están dispuestos a recordarle al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, su defensa de la Ley de Partidos durante su tramitación parlamentaria en mayo de 2002. «Quienes apoyan políticamente al terrorismo llevan 25 años de oportunidades. Queremos una ley que impida ese apoyo político ¿sí o no? Ésta no es, por tanto, una ley que persiga ideas o proyectos, sólo comportamientos de quienes no aceptan otras ideas que las suyas y tratan de imponérnoslas a todos a través de la violencia, coacción o chantaje», dijo entonces Caldera, lo que para el PP es una muestra de las «contradicciones» socialistas en la lucha antiterrorista.

En apoyo de los proetarras volvieron a salir algunos políticos nacionalistas. La presidenta de EA, Begoña Errazti, propuso que, en caso de que Batasuna no pueda celebrar su asamblea, otras fuerzas políticas «comprometidas con la democracia» deberían convocar un acto público en el que «cedan la tribuna» a los ilegalizados. Del mismo modo, el Ararteco o defensor del pueblo, Iñigo Lamarca, se mostró partidario de que la aplicación del ordenamiento jurídico sea «lo más permisiva posible» para el ejercicio de derechos fundamentales de las personas.

SON YA 14 LAS PERSONAS ENCARCELADAS
Grande Marlaska envía a prisión a siete islamistas más dedicados a reclutar "mujahidines" para Irak
El juez Fernando Grande Marlaska ha enviado a prisión en la noche de este sábado a siete de los nueve islamistas, a los que ha tomado declaración, por colaboración o integración en organización terrorista. Con estos son ya 14 los islamistas que han ingresado en prisión este fin de semana. El magistrado Fernando Andreu condenaba con pena de cárcel a otras siete personas. Estas detenciones fueron el resultado de dos operaciones coordinadas de la Guardia Civil y la Policía Nacional que se saldaron con 20 detenidos en Madrid, Cataluña y en el País Vasco.
EFE Libertad Digital  15 Enero 2006

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska ha enviado a prisión a siete de los nueve detenidos el martes por la Policía, que hasta ahora han sido puestos a disposición judicial, por integrar sendas células en Madrid y Cataluña dedicadas a reclutar "mujahidines" para su envío a Irak. Según informaron fuentes jurídicas, el juez imputa a estas siete personas delitos de colaboración o integración en organización terrorista y a los otros dos detenidos que quedaron en libertad –Francisco Rodena y Mourad Benslaiman–, Grande Marlaska les ha impuesto comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a su domicilio.

Estas detenciones se produjeron en el marco de dos operaciones coordinadas de Guardia Civil y Policía Nacional, que el pasado martes se saldaron con veinte detenidos en las localidades barcelonesas de Vilanova i la Geltrú y Sant Boi de Llobregat, Madrid y Lasarte (Guipúzcoa), de los que diecisiete han sido puestos ya a disposición judicial y catorce de ellos han ingresado ya en prisión.

Siete de ellos, presuntos integrantes de una célula radicada en Vilanova a la que se atribuye el envío a Irak del suicida que en 2003 atentó contra la base italiana de Nasiriya, ingresaron el sábado en prisión por orden del juez Fernando Andreu, quien coordinó las detenciones practicadas por la Guardia Civil. Los otros siete han ingresado en prisión entre este sábado y domingo por orden de Grande Marlaska, encargado de los detenidos de la Policía. Las fuentes consultadas indicaron que estas siete personas mantenían también vínculos con el suicida de Nasiriya, el argelino Bellil Bengacem.

Los tres detenidos por la Policía que quedan por declarar comparecerán ante Grande-Marlaska el próximo lunes, quien ese día tiene previsto interrogar a los últimos detenidos en el marco de estas operaciones, entre los que destaca el marroquí Omar Nakhcha, presunto líder de las dos células desarticuladas y que supuestamente facilitó la huida de algunos de los implicados en el 11-M.

El imán de Vilanova financiaba a Al Qaida desde su mezquita
N. VILLANUEVA ABC 15 Enero 2006

MADRID. Mohamed Samadi, el imán de la mezquita de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), no sólo adoctrinaba a la comunidad islámica sobre la necesidad de apoyar la «yihad», sino que «se encargaba de recaudar fondos en la propia mezquita» para enviar dinero a la red terrorista Al Qaida.

Así se desprende del auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu acordó el viernes la prisión de siete de los ocho islamistas detenidos por la Guardia Civil la semana pasada. En su resolución, el magistrado establece un reparto de papeles entre los integrantes de esta célula, cuyo fin era, por un lado, adoctrinar y reclutar a «muyahidines» para enviarlos a Irak a las órdenes de Al Qaida; y por otro, financiar las acciones terroristas llevadas a cabo por la red de Bin Laden. En una de esos ataques participó como «muyahidin» (reclutado por esta célula) Bellil Bengacem, el terrorista que el 12 de noviembre de 2003 protagonizó en Irak el atentado suicida que causó la muerte de 30 personas, entre ellas 19 italianos.

En el auto se señala que Mohamed Mrabet, «líder ideológico y coordinador de esta célula», tenía una gran influencia en la comunidad islámica, aunque las labores de imán de la mezquita de Vilanova las desempeñaba Mohamed Samadi. Este individuo, además de recaudar fondos en la mezquita destinados a la «guerra santa», presentaba un discurso de «carácter radical», hasta el punto de que pedía oraciones por los «muyahidines».

Por su parte, Mrabet se coordinaba con los miembros responsables del Grupo Islámico Combatiente Marroquí, como los de la célula de Madrid desarticulada el mismo día por la Policía Nacional. Siete de los doce detenidos en esta otra operación pasaron ayer a disposición del juez Grande-Marlaska, quien decretó el ingreso en prisión de cinco de ellos. El fiscal Juan Moral la había pedido para todos.

SERÁ EN MADRID EN MARZO
El Foro de Ermua prepara un gran acto 'por la unidad de España'
EUROPA PRESS El Mundo 15 Enero 2006

MADRID.- La plataforma ciudadana Foro de Ermua ha iniciado contactos con diferentes asociaciones y colectivos para la convocatoria de una gran manifestación el próximo mes de marzo en Madrid en la que se reivindicará la unidad de España y se plantará cara a la actual "ofensiva nacionalista", según anunció su presidente, Mikel Buesa.

Esta manifestación supondrá la culminación de los actos iniciados con la concentración en la Puerta del Sol de Madrid en noviembre pasado y en los que se incluye el que tendrá lugar el próximo 21 de enero en Pamplona.

La intención del Foro de Ermua es continuar los contactos con los colectivos que se han implicado hasta ahora en esta reivindicación para formar una plataforma que se encargará de organizar la manifestación de Madrid. Por tanto, en las próximas cuatro semanas se intensificarán las llamadas y las reuniones previas a la convocatoria oficial del acto.

La concentración en la Puerta del Sol fue tomada en su momento por el Foro de Ermua como "una toma de temperatura" sobre actos de mayor dimensión. Las previsiones de los convocantes fueron superadas con creces, lo que reafirmó y acrecentó su deseo de convocar una gran manifestación en la capital insistiendo en el 'Manifiesto por la Unidad de España', que reclama el cumplimiento de la Constitución y la unidad de la nación española "como garante de la igualdad y la solidaridad de todos los españoles".

El 'contraataque' del Foro de Ermua
En el acto de Madrid, Foro de Ermua ya rechazó que se trate de reaccionarios a los convocantes y que, por contra, se considere progresista "la idea de la Cataluña o la Euskal Herria insolidarias e independientes con las que sueñan los nacionalistas". Según Buesa, la próxima convocatoria de Madrid continuará en la línea de contestar al "ataque" que, a su entender, está sufriendo en los últimos tiempos la Norma Fundamental, entre ellas, el proceso de reforma del Estatuto catalán.

La próxima concentración del Foro de Ermua está prevista en el pamplonés Paseo de Sarasate el próximo 21 de enero, el mismo día en que Batasuna tiene previsto celebrar su congreso de refundación en Baracaldo, aunque según recordó Buesa, su convocatoria es anterior y no pretende reaccionar en concreto al acto de los abertzales.

Barcelona y Bilbao serán los escenarios de sendas concentraciones bajo el mismo lema, la primera probablemente se celebrará el 4 de febrero y, la segunda, tendrá el 16 de ese mes como escenario la Plaza de Mollúa de la capital vizcaína.

¡Batasuna vive en la impunidad!
Periodista Digital  15 Enero 2006

(EP).- Sigue creciendo la ola de criticas al gobierno de ZP. Mientras el PP ha calificado las palabras del presidente a favor de la celebración del Congreso de Batasuna como un "acto de cobardía sin límites", el presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa ha afirmado este sábado que "Batasuna ha empezado a encontrar una impunidad creciente".

El presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa, afirmó hoy en relación al congreso que realizará Batasuna el próximo fin de semana en Barakaldo, que "no se debe permitir" ya que, según añadió, "se trata de una organización de naturaleza clandestina y terrorista ilegalizada por el Tribunal Supremo".

En declaraciones a Europa Press Televisión, aseguró que "no parece razonable permitir y menos alentar" la realización de dicho congreso en tales circunstancias. Buesa recalcó que tanto el Gobierno vasco como el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero parecen "estar dispuestos a no hacer absolutamente nada".

"Lamentablemente esta actitud es un poco más fuerte en el Gobierno de España, dirigido por el señor Rodríguez Zapatero, ya que tanto el presidente, como la vicepresidenta y el fiscal del Estado, han dado una supuesta justificación jurídica para que se realice", en referencia al derecho de reunión individual. Buesa apuntó que esta justificación en realidad permitirá "el respeto de los derechos individuales de los terroristas de Batasuna".

Asimismo, e incidiendo en la idea anterior, subrayó que a su parecer todo apunta a que "este acto ilícito, este delito de desobediencia", se acabará realizando "con el aplauso y la ayuda por inacción" de todos los gobiernos implicados en el asunto.

Por otro lado, no se mostró sorprendido de la convocatoria detrás de la cual está Batasuna ya que "se trata de un paso más en un conjunto de pasos" de la organización ilegalizada en los últimos años. Así, hizo hincapié en que desde que el presidente del Gobierno actual, José Luis Rodríguez Zapatero, inició su mandato, "Batasuna ha empezado a encontrar una impunidad creciente para su actividad política".

"Ha dejado de ser una organización clandestina para convertirse en una entidad que actúa públicamente, y lo hace porque el Gobierno ha renunciado explícitamente a reprimir los actos ilícitos que realiza dicho partido ilegalizado", concluyó.

Cataluña y Pujol
5183 Blog Arcadi Espada 15 Enero 2006

Jordi Pujol habla hoy en Abc como si nada fuera con él. Es decir, como si no hubiera sentado las bases de la corrupción nacionalista. Es decir Vargas Llosa: “Una entelequia ideológica construida de manera tan obtusa y primaria como el racismo (y su correlato inevitable), que hace de la pertenencia a una abstracción colectivista —la nación— el valor supremo y la credencial privilegiada de un individuo.” Poco de lo que declara tiene interés. Estas palabras finales: “Y también España —repito, emergente y hosca— ¿hacia dónde camina?” Emergente y hosca. Esta es la clave de los graves problemas del nacionalismo catalán. “Hosca” no supone novedad alguna, desde luego. El problema es “emergente”. No estaban acostumbrados a esto.

El sentido tradicional del nacionalismo catalán es una España de ajo y agua, siempre conmovedoramente dispuesta a ser regenerada. No han sabido hacer frente a una España que ha crecido sin ellos, y en cierto modo, a pesar de ellos. Emergente y hosca, qué síntesis tan exacta. El estulto Estatuto puede ser perfectamente interpretado desde este punto de vista: un desesperado intento de hacerse oír de nuevo, de plantarse y decir eh, aquí hay problemas. Operación patética: la segunda y última cosa interesante que dice Pujol en esta entrevista es que tanto si se aprueba como si no, la operación no va a ser un buen negocio para los ciudadanos de Cataluña (bien: él dice “Cataluña”). Otra cosa es que resulte un buen negocio para el nacionalismo.

El único objetivo real del nacionalismo catalán es obstaculizar el desarrollo español y trabajar por la provincialización de España. Reducir, a la desesperada, de cualquier estulta manera, ese diferencial de progreso que empieza a ser humillante. Enrocado en sus mentiras locales, cultivando el victimismo más rancio y las maneras totalitarias más audaces, aún puede seguir contando con el apoyo de buena parte de los ciudadanos. On verra hasta cuándo. Hosca y emergente. Ni en sus peores pesadillas habían imaginado los nacionalistas catalanes que ése iba a ser el saldo del divorcio. ¿Hosca y emergente? Estos dos adjetivos sólo podrían corresponderle a Cataluña. Y ha sido que no. Ya ha sido que no. El nacionalismo es una melancolía, dijo Juaristi. Pero el problema de la derrota de Cataluña, y sus perniciosos efectos melancólicos, es que no se hunde en la leyenda del tiempo. Está pasando, lo están viendo.

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