AGLI

Recortes de Prensa     Martes 17 Enero  2006
Los alumnos de Cataluña tendrán que delatar a los profesores que les den las clases en castellano
Libertad Digital 17 Enero 2006

Impedir la vulneración de la ley
EDITORIAL Libertad Digital 17 Enero 2006

Comentario de textos
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 17 Enero 2006

Acomódese Herri Batasuna
VALENTÍ PUIG ABC 17 Enero 2006

España se rompe, ja, ja, ja
Cristina Losada Libertad Digital 17 Enero 2006

El engaño
EDURNE URIARTE ABC 17 Enero 2006

Los suevos y la enseñanza española
Fray Josepho Libertad Digital  17 Enero 2006

Reflexiones sobre una convocatoria
JOSEBA ARREGI, CARLOS TREVILLA, ANDONI UNZALU Y PILAR PÉREZ-FUENTES El Correo 17 Enero 2006

El fiscal general del Gobierno
LUIS IGNACIO PARADA ABC 17 Enero 2006

Estatuto, francofonía, lusofonía y otras hierbas
JUAN JOSÉ R. CALAZA La Voz 17 Enero 2006

Tres patas para un desastre
M. MARTÍN FERRAND ABC 17 Enero 2006

Pingüinos
IGNACIO CAMACHO ABC 17 Enero 2006

¿El día de la gran desobediencia?
Lorenzo Contreras Estrella Digital 17 Enero 2006

El ‘comando Rubalcaba’ sigue negociando a uña de caballo el Estatuto: ¿quién? ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo?
Jesús Cacho El Conficencial 17 Enero 2006

La Ley por montera
Pablo Sebastián Estrella Digital 17 Enero 2006

Zapatero se empantana cada día más en la cuestión terrorista
Editorial Elsemanaldigital  17 Enero 2006

La retórica de la claudicación
José Javier Esparza elsemanaldigital 17 Enero 2006

Nos gobiernan liberticidas
Pedro Fernández Barbadillo  Periodista Digital 17 Enero 2006

La ONU no es la solución
GEES Libertad Digital 17 Enero 2006

El FORO ERMUA interpone una querella contra la Mesa Nacional de Batasuna
COMUNICADO DE PRENSA DEL FORO ERMUA 17 Enero 2006

El País Vasco ha dejado de crecer un 21 por ciento de su PIB por culpa de ETA
Europa Press Libertad Digital  17 Enero 2006

La siniestra figura del alumno delator
IMPRESIONES EL MUNDO   17 Enero 2006

«Mucha gente piensa que esto está muy mal, pero no tiene el coraje de decirlo»
DANIEL G. SASTRE / EL MUNDO   17 Enero 2006

Los alumnos tendrán que delatar a profesores que hablen castellano.
DANIEL G. SASTRE / EL MUNDO  17 Enero 2006

Zaplana denuncia que haya que acudir a huelgas de hambre «para defender derechos básicos»
MADRID / RABAT /CARMEN REMIREZ DE GANUZA. FERRAN BOIZA / EL MUNDO   17 Enero 2006

LOS “COORDINADORES LINGÜÍSTICOS” VELARÁN POR ESTE CONTROL
Los alumnos de Cataluña tendrán que delatar a los profesores que les den las clases en castellano
Mientras el Gobierno de Zapatero presume de su "democracia avanzada", en Cataluña, la Generalidad sigue firme en su objetivo de exterminar el castellano en la enseñanza. Surge ahora la figura del “coordinador lingüístico” que velará porque todas las clases se den únicamente en catalán. Para ello, dos delegados de cada clase tendrán que rellenar un cuestionario en el que se especificará el idioma en el que imparten sus clases los profesores. Los dos delegados están obligados "a firmar y responsabilizarse de la verdad de lo especificado”.
Libertad Digital 17 Enero 2006

Según explica este martes el diario El Mundo, el Gobierno catalán preguntará a los alumnos, por medio de un coordinador lingüístico, y a través de un documento que habrán de rellenar dos delegados de clase, en qué idioma se imparten las clases, incluso en qué proporción se usa el catalán.

Conseguido el objetivo de que todas las asignaturas de Educación Primaria se expliquen en catalán –según la Ley de Política Lingüística de 1998, que establece que la única lengua vehicular de toda la enseñanza obligatoria es la catalana–, la Generalidad dirige ahora todos sus esfuerzos en que se haga lo mismo en Secundaria, aunque algunas asociaciones ya han denunciado que se está trabajando en este sentido con alumnos de Bachillerato. En este ciclo, entre un 30% y un 40% de los profesores utiliza el castellano en sus clases.

El rotativo refleja que este formulario-documento viene con instrucciones para rellenarlo correctamente: “Para cumplimentarla, tenéis que poner un 1 en la casilla que corresponda, o un 0,5 si nos dicen que lo hacen en ambas lenguas. En cada fila tiene que haber o dos veces un 1, o bien un 1 y dos 0,5, o bien cuatro 0,5. El tutor o profesor encargado rellena la encuesta con los delegados de los alumnos de cada grupo, o con un máximo de dos alumnos del grupo”.

“Comisarios lingüísticos”
Las reacciones en contra de estas medidas de control idiomático, una de las primeras de los coordinadores lingüísticos, de interculturalidad y de cohesión social del centro –que ya se conocen como “comisarios lingüísticos”– no se han hecho esperar por parte de los sectores que se oponen a que desde el Departamento de Educación de la Consejería que dirige Marta Cid (ERC) se elabore un decreto definitivo para que todas las clases se impartan en catalán.

Así, un profesor de Bachillerato se quejaba: “No les basta con exigirnos dejar por escrito en nuestro horario en qué lengua damos las clases. Han comprobado la poca fiabilidad de estos datos por el miedo del profesorado castellanohablante a las represalias y han recurrido a la utilización de menores de edad para delatar con su firma a los profesores que dan las clases en castellano. Porque los dos delegados han de firmar, están obligados a firmar y responsabilizarse junto al tutor de la verdad de lo especificado en esas hojas de delación lingüística”.

Desde la Generalidad se dice que “no hay voluntad de usar las sanciones como la vía para hacer cumplir la ley, pero todos los funcionarios están sometidos a un régimen disciplinario”, pero los docentes temen que con estos “comisarios lingüísticos” se generalicen los castigos a todos aquellos que no se plieguen a las intenciones de los nacionalistas.

“Se proponen las siguientes actuaciones...”
En este sentido, en un documento interno de un instituto catalán ya se sugería a los docentes en qué lengua debían relacionarse fuera de las aulas: “Se proponen las siguientes actuaciones: Conseguir que todo el profesorado capacitado para impartir las clases en catalán lo haga. Siempre está la excepción de Lengua y Literatura castellanas, pero no la lengua puente de los idiomas. La previsión mínima aceptable, nos daría: en primer ciclo de ESO se mantendría el 100% de las materias en catalán; en segundo ciclo de ESO y Bachillerato, tendríamos que garantizar que el 70% de las materias se impartiera en catalán, con la previsión de hacerlo extensivo al 100% en los próximos cursos”.
En esta propuesta también se recomienda “que el profesorado capacitado para hacer las clases en catalán mantenga el catalán como lengua de relación con el alumnado, el personal de Administración y Servicios y sus familias fuera del aula”.

Impedir la vulneración de la ley
EDITORIAL Libertad Digital 17 Enero 2006

Ante la denuncia planteada por Manos Limpias contra la celebración del congreso proetarra para el próximo día 21, el Tribunal Supremo ha vuelto, este lunes, a dirigirse a la Fiscalía General del Estado, en este caso, para trasladarle y que haga suya –si lo considera pertinente– la denuncia de una noticia criminis de la que se tiene constancia desde hace semanas. Es la Fiscalía General o la Abogacía del Estado las únicas que tienen capacidad para instar a la corte a actuar, y no Manos Limpias, que no fue parte del proceso de ilegalización de Batasuna.
Ya el pasado martes, el presidente del Supremo, recordando el carácter ilegal de Batasuna, afirmó "estar a la espera" de que la Fiscalía General del Estado o la Abogacía General del Estado –ambas dependientes del Gobierno Central– solicitara formalmente, tal y como les corresponde, que el Tribunal tomara cartas en el asunto. Las manifestaciones de Hernando se producían el mismo día en las que Zapatero, no pudiendo ya evitar que el anuncio de este infame evento pasara mediáticamente desapercibido, dijo que "en este tema, la mayoría de las competencias son del gobierno vasco". Dos días después, el presidente del gobierno del 14-M pasó directamente a considerar la ley de Partidos "muy restrictiva" y afirmar, refiriéndose a los proetarras, que "hay que respetar los derechos y libertades individuales que están consagrados en la Constitución".

La misma cantinela presidencial es la que ha utilizado el Fiscal General del Estado para justificar y prolongar su clamorosa pasividad, hasta que, ayer por la tarde, no pudiendo retrasar ya más su pronunciamiento ante la denuncia de Manos Limpias, ha decidido trasladarla, no al Tribunal Supremo, sino a la Audiencia Nacional.

Al margen, sin embargo, de los vericuetos procesales; al margen de las distintas instancias judiciales que, con tanta tardanza, se están poniendo en funcionamiento o haciendo como si se pusieran el imperio de la ley exige no sólo prohibir el congreso proetarra, sino que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado –incluida la policía autónoma vasca– impidan, de forma real, efectiva y con la fuerza de la ley en la mano, que ese acto tenga lugar.

Si tal y como ya ha adelantado su cabecilla, Arnaldo Otegui, los proetarras desafían la ley de partidos, las numerosas resoluciones judiciales que ya se han producido u otras que falten por venir –o por retrasarse–, exigen que dicho cabecilla, y cuantos responsables, organizadores o intervinientes haya del evento, sean detenidos, juzgados y castigados por su descarado desacato y eventual resistencia a la autoridad. Todo lo demás, será marear la perdiz y el Estado de Derecho.

El poder legislativo ya habló en su día promulgando la ley de Partidos. El poder judicial también lo hizo cuando el Tribunal Constitucional dictaminó dicha ley acorde a nuestra Carta Magna, así como el Tribunal Supremo cuando ilegalizó a Batasuna y a sus "actividades". Lo que está fallando es el poder Ejecutivo que, en una democracia, no debe estar por encima de la ley, sino cumpliéndola y haciéndola cumplir.

Y con ese "fallo" no nos referimos, evidentemente, al ejecutivo autonómico, integrado en su totalidad por partidos separatistas, que siempre se opusieron a la ilegalización de los representantes políticos de ETA. Nos referimos al gobierno, de la todavía nación, que preside José Luis Rodríguez Zapatero; al gobierno que tiene como principal aliado a los principales aliados separatistas de ETA en Cataluña, al gobierno que está dispuesto, a través de la cesión y del soslayo del Estado de Derecho, a llegar a un acuerdo con ETA antes de las próximas elecciones generales.

Comentario de textos
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 17 Enero 2006

Asisto lleno de admiración, mi señor Zapatero, al profundo, qué digo profundo, abisal debate jurídico puesto en marcha por ustedes ante el mitin que, bajo el signo de la serpiente, va a clausurar el congreso de los 'eskulapios' el sábado próximo. Comenzó en Nochevieja el obispo de San Sebastián, cuando dijo que la excesiva rigidez de la ley es un obstáculo para la pacificación; siguió usted, al calificar la Ley de Partidos de «muy restrictiva»; continuó el fiscal general del Estado, con su exquisita distinción entre Batasuna y los derechos de sus ex miembros y remató la vicepresidenta De la Vega, asombro del cuarto turno, al sostener que la ilegalización «en ningún caso comporta la suspensión, limitación o desaparición de los derechos fundamentales de las personas».

Algunos sí. Por ejemplo, el de reunirse en actos convocados por organizaciones ilegales, acudir a sus manifestaciones, votar a sus candidatos o integrar sus listas electorales. Le parecerá curioso, pero en Alemania nadie tiene derecho a asistir a un mitin del partido nazi. ¿Por qué? Pues porque allí el partido nazi fue declarado ilegal, disuelto, borrada su inscripción legal, prohibidas todas sus actividades y liquidado su patrimonio. Que es, exactamente, lo que falló respecto a Batasuna el Tribunal Supremo en marzo de 2003.

¿Muy restrictiva? Depende de lo que quiera decir «muy». No lo es tanto como la Ley Antitabaco, pero es totalmente restrictiva para partidos que compartan estrategias con organizaciones terroristas.

Todas las leyes son restrictivas, presidente. Su función es restringir el ámbito de las libertades, acotar el campo de lo lícito, precisamente para garantizar el ejercicio de esas mismas libertades, tal como dice la hermosa sentencia de Montesquieu que ha recordado oportunamente Peces Barba en estos días. Son restrictivos el Código Penal, la Ley General Penitenciaria, la Ley contra la Violencia de Género, el Código de Circulación y el reglamento del parchís.

¿Excesivamente rígido? Usted disimule, monseñor, pero para rígida y restrictiva, la Ley de Dios, y usted perdone: No tomarás Su Santo Nombre en vano, no matarás, no fornicarás, no robarás, no mentirás ni levantarás falsos testimonios, no desearás a la mujer de tu prójimo y no desearás los bienes ajenos. Y todo en este plan. Lleva su empresa siglos prohibiéndonos en nombre de Su Divino Mandante todo lo que da gusto al cuerpo o rienda suelta a nuestras bajas pasiones. Reconocerá el mosén que la Ley de Partidos permite, al menos, pecar de pensamiento, por muy rígida que le parezca.

Observaciones: Conduce usted este debate entre el relativismo y la extravagancia. Tarea para el próximo Consejo de Ministros y Ministras: discuta con sus compañeros y compañeras el significado de la palabra «ley». Necesita mejorar.

Acomódese Herri Batasuna
Por VALENTÍ PUIG ABC 17 Enero 2006

EL momento político renquea, como cuando después de una colisión uno se tienta el cuerpo sin saber muy bien cómo está. Hemos colisionado y esas cosas ocurren sin prestancia, nos pillan casi siempre desprevenidos, sin que sepamos por un instante quién se saltó el stop o si el asfalto patinaba. También ocurren por lo general cuando desoímos la lección de los grandes maestros y llevamos un tiempo sin estar a la altura de los tiempos. Para llegar adonde hemos llegado, o se han acumulado los descuidos o hemos perdido reflejos intelectuales. En conversación con Nicolas Baverez en «Le Figaro Magazine», Alain Minc dice que la clase dirigente francesa cuenta con gentes eminentes pero que, si la compara con la española, carece de un proyecto. Quién sabe a qué España se estará refiriendo Minc, siempre tan intuitivo. Podrá ser la del pasado o la del futuro, pero difícilmente la del presente. Aquí flaquea en cuestiones sustanciales la clase dirigente, no existe tal proyecto ni puede hablarse de una conciencia colectiva clara.

Sí, algo falla en la política y en el periodismo, en toda la red de redes de la opinión pública española, para que la volatilidad tenga preferencia sobre la sedimentación. Algo falla en la sala de máquinas cuando la sustitución de un estatuto de autonomía sobradamente avalado por la experiencia histórica depara una exacerbación negociadora como la actual, partitocrática, ahistórica, tan consistente como la dirección de una veleta. A continuación llegamos al incumplimiento de la Ley de Partidos para no causar inconvenientes a una reunión de la ilegal Herri Batasuna con el argumento de que el derecho de reunión ampara a los miembros individuales de la rama política de ETA. Todo eso aturde, más allá incluso de la perplejidad o de la incertidumbre, porque hasta ahora gobernar consistía en imponer la ley de punta a punta de un país, viejo imperio de la ley postergado por la intención -manifestada expresamente por Rodríguez Zapatero- de extender los derechos de los ciudadanos.

Ésa no es una concepción postmoderna de la autoridad: en realidad, se sustrae la acción de gobierno al marco de la ley que a todos nos afecta. Como esas cámaras térmicas que han logrado retratar el fluir de la lava bajo la nieve, de repente el presidente del Gobierno advierte de la existencia practicable de un sistema de atajos que no estaban explicitados en la reglamentación de nuestro sistema institucional. Por decirlo de forma más coloquial, ahora nos enteramos de que el Estado de Derecho puede hacer novillos.

A este paso, el Estado va a ponerle acomodadores a la asamblea de Herri Batasuna, para que Otegui y los suyos tomen asiento a sus anchas, como lo han venido haciendo impunemente en múltiples manifestaciones callejeras o en homenajes a miembros de ETA. Acomódese Herri Batasuna: alguien piensa que cuanto más cómoda esté, cuanto más a sus anchas se sienta, más diligente será ETA a la hora de anunciar una tregua. Acomódese Otegui, vayan pasando. No les incomodemos. Olvídese la ley. Perdamos toda candidez: la estrategia está por encima del imperio de la ley.

A causa de determinadas lesiones del cerebro, la visión se turba: hay pacientes, por ejemplo, que dibujan un reloj con los doce dígitos de las horas amontonados en los dos cuadrantes de la derecha; otros ven que los objetos cambian de posición, pero no ven cómo se mueven. Un caso muy extraño -citado por Steven Pinker en «Cómo funciona la mente»- es el de quien reconoce el rostro pero no a la persona: ve en su esposa -por ejemplo- a una impostora que tiene un parecido extremo con la auténtica. No se puede descartar que estos síndromes también ocurran en política. Así va uno acomodando a los que supone como mandatarios de la paz sin querer creerse que lo que ve son rostros de etarras.

vpuig@abc.es

El humor de ZP
España se rompe, ja, ja, ja
Cristina Losada Libertad Digital 17 Enero 2006

No alberguen temor alguno Moncho Borrajo ni otros cómicos que andan por España ganándose la vida. A pesar de las carcajadas que arranca ZP a su público, el presidente no podrá hacerles sombra. El mejor de sus chistes es uno que ya vienen contando desde hace meses Rubalcaba, Blanco y otros aprendices de cómico, o de brujo, que son oficios que a veces se tocan. Es el chiste de la ruptura de España. Con letra de ZP sonaba más o menos así en Valencia: “Estamos haciendo las reformas de los Estatutos, ¡y dicen que se va a romper España!” Y acto seguido, plantó el gesto y la pausa precisos para que el público respondiera como se esperaba de él, obediente, que para eso eran socialistas cautivos: Ja, ja, ja. Ay, qué risa, tía Felisa. En tiempos, los reyes solían tener bufones y cada uno cumplía su papel. La novedad española es que el rol de gobernante y bufón lo haya asumido un solo actor.

El socialismo gobernante ha adoptado la bufonada como respuesta a la inquietud de la sociedad por los experimentos que está haciendo en Cataluña. Un laboratorio cuyo anexo, o tal vez, matriz, se encuentra en el País Vasco. Sea como sea, estamos en vísperas de una nueva coincidencia, de esas que con tanta abundancia salpican la era ZP. Puro azar todo, dice él. Sincronicidad, diríamos con Jung, que creó ese concepto para ahormar las casualidades significativas. Pues resulta que el regateo en la sombra sobre el Estatuto catalán va a culminar, si se cumple el deseo socialista, al mismo tiempo que el aún más penumbroso proceso que asomará a la luz en la asamblea de Batasuna. Asomará, porque metidos en este ejercicio de paralelas, a ver quién se interpone en el camino de la casualidad, digo, de la fatalidad.

Pero la risa lo cubre todo. Y lo encubre. Si quisiera, el gobierno podría infundir seguridad a los ciudadanos con declaraciones claras. Pero no lo hace. Del concepto de nación ya sabemos lo que no piensa. Luego, no ha querido formular enmiendas comme il faut a un proyecto que no reforma un Estatuto, sino que lo deroga; y que deroga también la Constitución. Después, no ha querido debatir el texto en la sede de la soberanía nacional, sino en petit comité y a puerta cerrada. En el País de las Maravillas, del “pensamiento Alicia” (Gustavo Bueno) de ZP, se ha engendrado un país de las camarillas. Nos dicen que se mantendrán firmes en la financiación. Pero Cataluña podía haber conseguido la financiación que ahora ofrece el gobierno por la misma vía que logró las anteriores ventajas fiscales: con el mismo Estatuto. Ahí sí que habló claro Manuela de Madre. En el Congreso, el 2 de noviembre: “queremos el Estatut para decir que somos una nación”.

En el preámbulo o en el articulado, tanto da que da lo mismo. Y la imposición de la lengua y el control sobre la educación y la información y un largo etcétera. El gobierno recurre a la mofa y la caricatura porque no puede ofrecer garantías de que vaya a mantener en pie la viga maestra del edificio constitucional. Que es el sujeto constituyente: la nación. ZP, Blanco y Rubalcaba se ríen, ja, ja, ja, como si la ruptura de España fuera un delirio de orates catastrofistas, una alucinación como pensar que unos gnomos pueden dinamitar las fronteras entre las comunidades autónomas. Se ríen, sí, pero ni un argumento, ni una razón, ni un compromiso de que no van a repartir la soberanía a espaldas de su único titular, los ciudadanos españoles. Para más, como dicen en mi pueblo, no tienen gracia ninguna.

El engaño
Por EDURNE URIARTE ABC 17 Enero 2006

Era verano de 2003 cuando acabé de escribir mi libro Cobardes y rebeldes sobre las reacciones sociales ante el terrorismo. Había una firme política contra el terrorismo del Gobierno popular, el pacto antiterrorista del 2000 parecía sólido e incuestionable y aún no habían tenido lugar las lamentables reacciones al 11-M. Y, sin embargo, ni siquiera en aquel contexto sentía seguridad alguna de que la democracia y el movimiento de resistencia acabarían derrotando al terrorismo. Terminaba el libro con el temor a la imposición final del miedo, de la cesión al chantaje y del pragmatismo sin principios, y con la lúgubre percepción de que la movilización antiterrorista podría llegar a ser considerada la excentricidad de unos exaltados.

Lamentablemente, los últimos acontecimientos se parecen demasiado a esa intuición, aunque la imaginación de aquel ensayo fue muy limitada respecto a los protagonistas, los líderes que convertirían la resistencia antiterrorista en el movimiento de unos extremistas. Pensaba que serían los nacionalistas y que ocurriría en el País Vasco. No los socialistas, y desde el Gobierno de la nación. Entonces no dudaba de la sinceridad de José Luis Rodríguez Zapatero en la firma del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Creía que ese pacto certificaba la maduración de los dos grandes partidos nacionales en la lucha antiterrorista, y no sólo de la derecha. Y que significaba lo que decía: la renuncia definitiva a la negociación con los terroristas y a su legitimación indirecta a través de la aceptación de la tesis del conflicto. Del PP y del PSOE.

Pero Rodríguez Zapatero nos engañó. Su política actual muestra que su participación en el pacto fue un mero movimiento táctico provocado por lo que consideraba determinada marea favorable de la opinión pública. Sus escandalosas palabras de tolerancia hacia Batasuna no son el producto de acontecimientos extraordinarios que le obligaron a incumplir lo que firmó. ETA, ni ha abandonado la violencia ni ha renunciado a sus exigencias. No es ETA la que ha cambiado al presidente, sino el presidente quien nunca creyó en aquella política antiterrorista.

En una muestra de extraordinario cinismo político, Zapatero y sus portavoces pretenden completar ahora ese engaño con otros dos. Sin el más mínimo sonrojo, persisten en apelar al pacto que han abandonado y acusan de deslealtad a quien lo defiende, al PP. Y mientras piden tolerancia para el mitin de Batasuna, aún tienen la osadía de asegurar que no pagarán, que no están pagando, un precio político a ETA. Ambas cosas son ya más que evidentes para la inmensa mayoría de los españoles. Pero Zapatero confía en que todo el mundo se avendrá a una gran mentira colectiva a cambio del fin de ETA, el que sea. Espera que el pragmatismo sin principios sea un credo generalizado. Y yo espero que se equivoque.

La sátira
Los suevos y la enseñanza española
Fray Josepho Libertad Digital  17 Enero 2006

Uno de los datos que daba aquel informe era que en los institutos gallegos la Edad Media española prácticamente no se estudiaba, y en cambio, se le daba una gran importancia a… exacto: al “reino suevo de Galicia”. Rechifla general han causado las razones “históricas” con las que, en el proyecto de nuevo Estatuto para Galicia, el BNG defiende la autodeterminación de lo que ellos llaman “nación gallega”. Argumentan los aliados del PSOE que “la llegada de los suevos consolidó el marco político de un reino en Galicia”. Tal que así. Los chascarrillos se vienen a la boca casi sin querer.

Se podría pensar que estos delirios del BNG son tan disparatados que no merece la pena ni prestarles atención. Pero, ojo, que a la peligrosa situación actual nos ha llevado el adoctrinamiento en despropósitos similares, si no más descabellados, que, como ya sabemos, en el País Vasco y en Cataluña se ha venido practicando desde hace mucho tiempo. Pero lo peor es que también ha ocurrido en comunidades presuntamente no nacionalistas como Andalucía, Valencia, Baleares o Canarias. Y, por supuesto, en Galicia.

Porque lo de los suevos no es una fantasía que los ideólogos del Bloque hayan gestado últimamente sabe Dios en qué aquelarre o tormenta de ideas nazional-galleguista y que, aprovechando su situación de poder, estén lanzando ahora, cual globo sonda, a la opinión pública. No, esto viene de atrás. Está más arraigado de lo que se cree, y buena parte de la culpa la tiene el PP gallego. Sí, sí: el PP de Fraga de toda la vida, que ha gobernado en Galicia con mayoría absoluta hasta hace nada. El mismo que, entre otras cosas, en aras de un ridículo galleguismo sectario, se unió a las hordas nacionalistas contra Paco Vázquez y contra muchos ciudadanos gallegos, en el propósito de acabar con la ele de La Coruña, letra que ha llegado a ser el mascarón de proa del uso del español en esa región.

No sé si recuerdan que hace tiempo la Real Academia de Historia publicó un informe en el que se denunciaban los descuidos, los desprecios y las omisiones –cuando no las falsedades– que habían tomado carta de naturaleza en los programas educativos autonómicos de enseñanza secundaria. Uno de los datos que daba aquel informe era que en los institutos gallegos la Edad Media española prácticamente no se estudiaba, y en cambio, se le daba una gran importancia a… exacto: al “reino suevo de Galicia”.

La LOGSE es un desastre difícilmente superable. No cabe en la cabeza cómo la vagancia y la incultura se han podido fomentar de tal manera desde el poder. Aunque parece que ahora la LOE puede batir el triste récord, sobre todo en lo que toca a la cesión de competencias a las autonomías. Puede ser un buen momento para que el PP, el gran partido de la derecha española –el único partido español propiamente dicho– rectifique algunas actitudes y prácticas, y reconozca que también ellos, por desidia, por cobardía, por complejo o por mera estupidez, han contribuido al desbarajuste autonómico y educativo que vivimos.

El caso es que estaba intentando pergeñar algún versillo gracioso acerca de lo de los suevos cuando recordé que, ya en el año 2000, con motivo del informe de la Real Academia de Historia, había escrito yo unas quintillas sobre el asunto. Permítanme que me tome la libertad (digital) de repetirlas aquí. Con la esperanza de que sirvan para algo.

Con la LOGSE –¡qué delicia!–
soplan unos aires nuevos:
en la enseñanza en Galicia,
desde que el curso se inicia
sólo se tocan los suevos.
No se tocan los romanos
y, de los pueblos germanos
de los lejanos medievos,
ni visigodos ni alanos:
siempre se tocan los suevos.

Y de la Historia de España
estos galaicos mancebos
no estudian ninguna hazaña:
pues se les queda tamaña
al ladito de los suevos.

¡Ay!... Con esta trayectoria
de enseñanza obligatoria,
¿qué sabrán nuestros relevos,
si sólo en clase de Historia
suelen tocarse los suevos?

Reflexiones sobre una convocatoria
JOSEBA ARREGI, CARLOS TREVILLA, ANDONI UNZALU Y PILAR PÉREZ-FUENTES/ALDAKETA-CAMBIO POR EUSKADI El Correo 17 Enero 2006

La anunciada asamblea o congreso de Batasuna, a celebrar el 21 de enero en el BEC de Barakaldo, ha suscitado un enorme interés en la ciudadanía vasca, al tiempo que está provocando un debate político en el que se juegan elementos importantes de las normas que regulan la convivencia ciudadana. No podemos ignorar la preocupación que el hecho produce entre muchos ciudadanos: unos por el miedo a cortocircuitar una esperanza en caso de que se impidiese su celebración, otros por la dejación del Estado de Derecho que supondría permitirla y algunos porque están en juego los derechos fundamentales de los ciudadanos, el derecho de reunión.

Todos sabemos que la celebración de esa asamblea se ubica en el horizonte marcado por la existencia y la práctica de la violencia terrorista en Euskadi, tanto si se espera un paso definitivo, o al menos positivo, para la desaparición de ETA como organización terrorista (como si esta asamblea fuera la única vía para conseguirlo), como si se teme que su celebración alienta la supervivencia de la violencia terrorista,

Desde Aldaketa-Cambio por Euskadi hemos seguido con atención el debate que se ha producido en torno a la anunciada asamblea de Batasuna y queremos dar a conocer nuestra opinión. En primer lugar insistimos, como lo hemos hecho en otras ocasiones, en que el denominado 'proceso de pacificación' únicamente debe ser entendido como la derrota del terrorismo y el triunfo de la libertad y la democracia, es decir, la desaparición de ETA. Y que el llamado 'proceso de normalización' tan sólo puede referirse a la no aceptación de la presión terrorista a la hora de debatir asuntos políticos que afecten a los ciudadanos vascos. Insistimos en que la asunción por todas las fuerzas políticas de estos irrenunciables principios democráticos es la base de un pacto de ciudadanía que nos permita convivir en paz y en libertad.

El punto de partida para emitir nuestra opinión sobre la celebración de la Asamblea de HB-Batasuna es doble: la ilegalización de HB-Batasuna por no querer desmarcarse y denunciar la actividad terrorista de ETA y la resolución del Congreso de los Diputados ofreciendo generosidad pero confirmando, lo que no puede ser de otra manera en democracia, que el Estado de Derecho no puede, no debe y no va a pagar ningún precio político por la desaparición de ETA.

La Ley de Partidos políticos y la sentencia del Tribunal Supremo tienen como consecuencia que Batasuna no puede convocar ninguna asamblea. No cabe en un Estado de Derecho que una organización ilegalizada, que no existe ni puede existir legalmente mientras no cumpla las condiciones explicitadas por los tribunales, celebre impunemente una asamblea. Es un despropósito. Cuando se produce un incumplimiento de la ley, público y anunciado, las autoridades competentes, todas sin excepción, deben actuar de oficio. No cabe afirmar que sólo la justicia puede intervenir: sería desconocer el funcionamiento de la división de poderes en democracia, en la que los parlamentos legislan, el ejecutivo se encarga de cumplir y hacer cumplir las leyes, y los jueces interpretan el sentido de las leyes y vigilan que el ejercicio de su cumplimiento se ajuste a la legalidad.

Opinamos que el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluidos los potenciales votantes de Batasuna, no está en contradicción con la prohibición de la asamblea de Batasuna, habida cuenta de que dicha asamblea no está convocada por personas particulares, sino por una organización ilegal. Está convocada para discutir la ponencia organizativa y la ponencia de estrategia política de Batasuna y, de celebrarse, se celebrará como consecuencia de un proceso de reuniones orgánicas de los distintos estamentos que componen la estructura organizativa de Batasuna y como culminación de dicho proceso, y con un texto en la mano en el que se afirma que lo que acontezca en dicha asamblea es continuación de una historia iniciada con la creación de Batasuna; una historia en la que se integra, como parte de mucha importancia de la misma, la ilegalización de Batasuna por sentencia del Tribunal Supremo, y la respuesta dada por la organización que convoca a esta asamblea y redacta el borrador de texto de ponencia de estrategia política que ha sido discutido en todos los niveles orgánicos de Batasuna y pretende aprobar el día 21 de enero, siendo la celebración de esta Asamblea una parte muy importante de esa respuesta provocadora de Batasuna a la actuación del Estado de Derecho.

Batasuna puede volver a la actividad política democrática en el momento que lo desee. Únicamente tiene que declarar formalmente e incluir en su ideario político la condena expresa a ETA. Tiene que decir si apoya o no la violencia terrorista de ETA. Mientras haya ciudadanos vascos amenazados, el silencio es un silencio cómplice. Nadie en democracia posee un derecho inalienable a votar a listas de partidos políticos que no están dispuestos a condenar la violencia. La condena y la repulsa explícita del uso de la violencia ilegítima es la condición mínima exigible para participar en el juego democrático. Afirmar lo contrario significa horadar los fundamentos mismos de la democracia.

Desde Aldaketa-Cambio por Euskadi creemos que si en estos momentos se puede hablar de esperanza de paz es debido a la debilidad de ETA, debilidad a la que ha contribuido sobre todo la actuación decidida y en derecho del Estado democrático, por medio de las Fuerzas de Seguridad, por medio del sistema judicial y, también, por el aislamiento social cada vez mayor provocado por la rebelión de muchos ciudadanos vascos que han dicho no a ETA. Nos parece incompresible, por ello, que las instancias políticas que dicen que puede ser la ocasión para poner fin a ETA olviden los elementos que han provocado su debilidad.

En cualquier caso, Aldaketa-Cambio por Euskadi se reafirma en su deseo de contribuir al fortalecimiento de la sociedad civil de Euskadi y al fortalecimiento de la responsabilidad ciudadana manteniendo la alerta en estos momentos tan comprometidos para nuestro futuro y en el que importa más que nunca respetar las normas del Estado de Derecho. Por Euskadi, por la sociedad vasca, por la libertad y los derechos ciudadanos. Por los que aún sufren las amenazas de ETA y viven aterrorizados. Y por los asesinados por ETA, por el respeto de su memoria y por su significado político: Batasuna no puede celebrar su anunciada asamblea o congreso.

El fiscal general del Gobierno
Por LUIS IGNACIO PARADA ABC 17 Enero 2006

EL fiscal general del Estado, en cumplimiento de la función constitucional que le incumbe, decía en un escrito al Tribunal Supremo, el 2 de septiembre de 2002: «No puede invocarse sin más la libertad ideológica para encontrarse tutelado por la protección que la Constitución dispensa, independientemente de las conductas y actividades que se desarrollen a su pretendido amparo (...) Conviene no olvidar que, por muy importantes que en nuestro ordenamiento sean los derechos fundamentales y las libertades públicas, no existen derechos ilimitados». El escrito pedía la disolución de Herri Batasuna (HB), Euskal Herritarrok (EH) y Batasuna. A eso se añadieron un informe y una demanda del Gobierno al Supremo para impulsarla y una votación en el Congreso en la que la ilegalización fue aprobada por 195 votos a favor, 10 en contra y 29 abstenciones. El Supremo anuló después las listas de los herederos de Batasuna a las elecciones del 25-M a instancias de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. El hecho de que, entonces, el titular de la Fiscalía hubiese sido nombrado por el PP no politiza una decisión que había sido requerida por el poder Ejecutivo, por una abrumadora mayoría del poder Legislativo y por las más caracterizadas instancias del poder Judicial.

Pero la misma Fiscalía, con un titular nombrado por el PSOE, ha dicho hasta ayer que la ilegalización no suspende los derechos individuales de sus militantes. Algo que es cierto pero que está en contradicción con lo que la misma Fiscalía sostuvo bajo otro mandato, a saber, que no existen derechos ilimitados. Debe cambiar de opinión porque un fiscal general del Estado no puede, sólo para ayudar al Gobierno, admitir, sin el respaldo moral de los poderes públicos, el derecho de manifestación de quienes hacen imposible la convivencia, intimidan, coaccionan, promueven, justifican o exculpan los atentados y legitiman cualquier tipo de violencia como método para la consecución de objetivos políticos.

Estatuto, francofonía, lusofonía y otras hierbas
JUAN JOSÉ R. CALAZA La Voz 17 Enero 2006

HAY ALGO esencial, casi elemental, que todos los estudiosos del nacionalismo deberían saber: los independentistas, en España, nunca alcanzarán su objetivo sin ayuda exterior. Cuando uno toma conciencia de esto, queda claro que es igualmente peligroso que el término nación , o un eufemismo equivalente, figure en el articulado o en el preámbulo del Estatuto catalán.

Pero, preparando el terreno para hacerles tragar la píldora a los españoles, los ideólogos que rodean a Zapatero, y su principal vector mediático, andan voceando por ahí que el acuerdo es necesario para hacer olvidar el clima de tensión que se generó en Cataluña, en forma de agravio político y económico, durante la última gobernación del PP. Además, y esto ya es regodeo, el entorno del presidente nos quiere hacer creer que, de llevarse a buen término el nuevo modelo de distribución territorial del poder, se habrán frenado las pretensiones soberanistas y confederales de PNV y ERC.

A mi saber y entender, lo peor es que algunos de los barones socialistas más reacios al Estatuto catalán, o que se jactaban de ello, aceptan ahora que, si el modelo de financiación se generaliza a todas las comunidades, el término nación figure en el preámbulo. Consideran que ello no tendría consecuencias jurídicas.

Veamos qué encierra lo de «consecuencias jurídicas». Si se entiende que no sería necesaria una reforma de la Constitución, quizás tengan razón, ya lo dirá en su momento el Tribunal Constitucional. Pero no es menos cierto, al tiempo que desmesuradamente arriesgado, que de esa guisa -esto es, introduciendo el término nación o su equivalente- se reconoce la identificación singular de la personalidad histórica de Cataluña. Por supuesto, dicho reconocimiento no les servirá a los secesionistas de hoy o de mañana para, dentro de las instituciones del Estado español, reclamar la independencia. Pero sí los dotará, ¡ay!, de una temible palanca para remover desde el exterior los cimientos de España.

Supongamos que los secesionistas se presentan en la ONU, Estatuto en mano, invocando el reconocimiento de nación e incluso planteando que se abra un expediente de descolonización. ¿Qué pasará? Seguramente nada bueno. A los juristas de la ONU les importan tres cominos los intríngulis de la ingeniería constitucional española, y no ponderarán si el termino nación del preámbulo, o su equivalente, tiene carácter descriptivo aunque no asertivo . Lo que sí tendrán muy en cuenta en la ONU serán los respaldos políticos de Cataluña. Que, de entrada, contará con los países de la francofonía, lo cual no es moco de pavo. Por otra parte, si el BNG fuerza nuestra adhesión a la comunidad de países de lengua portuguesa, venciendo las reticencias de Touriño -que hasta la fecha ha dado, en ese terreno, prueba de ser un verdadero hombre de Estado-, también Cataluña podrá contar, por razones estratégicas, con los votos de los países de la lusofonía. Recordemos, al respecto, que el año pasado Mario Soares afirmó públicamente en Lisboa, ante Carod, que España no es una nación, pero Cataluña, sí. No terminarían ahí los problemas si EE.?UU. se inclinase también por respaldar las demandas catalanas, ganando un aliado estructural en el Mediterráneo. A lo cual hay que sumar el interés geopolítico de Marruecos en el fraccionamiento de España y el eventual apoyo de los países árabes a los secesionistas catalanes, en la ONU.

¿El término nación , o su equivalente, no tendría consecuencias jurídicas en el preámbulo del Estatuto? Quizás, pero sí las tendría políticas. Y gravísimas.

Tres patas para un desastre
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 17 Enero 2006

MIS médicos, benditos sean, creen conveniente echarle un zurcido a mis entrañas y, en consecuencia, estaré unos cuantos días sin asomarme a esta columna de ABC. No es prudente escribir atontado por la anestesia y los calmantes del mismo modo que no es prudente gobernar azuzado por el interés primario de seguir instalado en el poder. Lamento, de verdad, no poder acudir a esta cita diaria que me vivifica y estimula y siento muy especialmente la oportunidad en que se produce. En estos próximos días, José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que enfrentarse a tres difíciles problemas en los que España se juega su futuro. Es lo suyo. Su ya acreditada irresponsabilidad, acrecentada por sus socios y mal frenada por el partido monopolista de la oposición, ha convertido el futuro en una lotería.

Estamos en vísperas de que Batasuna, una de las piezas patrimoniales de ETA, materialice su nueva provocación al Estado de Derecho con la celebración de una suerte de congreso, que hasta los gatos quieren zapatos. Es el retorno al primer plano de un viejo problema acelerado y engrandecido por la decisión de Zapatero de romper, de hecho, el Pacto Antiterrorista y, en un discutible y poco discutido gesto táctico, cambiar la actitud y el sentido histórico de los socialistas en el País Vasco.

También es inminente el arranque parlamentario, pura escenografía para la apariencia democrática, de los debates sobre el Estatut que, animado por el propio Zapatero, ha resquebrajado ya, independientemente de su factura final, la idea de la Nación española que, desde hace siglos y en los más diversos avatares, ha servido, mejor o peor, como pilar fundamental en la arquitectura de nuestra convivencia.

La tercera pata del gran taburete de las dificultades que, estimuladas por él mismo, sostienen a Zapatero y pueden precipitar un desastre nacional es la decisión gubernamental en torno a la opa de Gas Natural sobre Endesa, una de las estampas que mejor retrata la endeblez del Gobierno, la incompatibilidad de su ministro de Industria, la perversión alcanzada en el uso y entendimiento de las Cajas -mal del más remoto origen- y los sobreprecios que Zapatero parece dispuesto a pagar a sus amigos de alquiler en razón de su propia perpetuidad y con aromas de rencor y saña.

Deseo que, cuando pueda retornar a este rincón, esos tres graves problemas se hayan resuelto sin dejar malos y feos costurones en el cuerpo nacional; pero, simultáneamente, creo que, salvo que la sensatez vuelva al PSOE y el partido reconduzca a su líder, el mal es imparable y Zapatero, enroscado en sus rencores, seguirá jugando con fuego y chamuscando los supuestos convivenciales que imponen la Constitución y la Historia.

Pingüinos
Por IGNACIO CAMACHO ABC 17 Enero 2006

ESA España hosca que le ha mentado Jordi Pujol a Valentí Puig en una entrevista imprescindible, esa España cabreada de ceño fruncido y puño apretado, existe. Como existe también una Cataluña borde y retadora, descarada y desafiante, que se ha venido arriba en los lances del Estatuto y se encuentra a gusto en el duelo goyesco de los garrotes y las cornadas porque en esa atmósfera crispada de desencuentros halla ámbito propicio para fomentar un clima de independencia psicológica. Lo que habría que discernir es dónde o cuándo empezó la gresca, quién elevó primero el tono faltón y sacó de paseo los viejos demonios de la discordia. Y en eso igual tampoco nos poníamos de acuerdo, por mucho que el honorable intente un ejercicio de sensatez que sinceramente se ha echado en falta a la hora de medir los pasos y las consecuencias del desvarío soberanista.

Porque es verdad que ha rebrotado la desconfianza, y el cainismo, y que han resucitado los tópicos del viejo laberinto español que ya atisbaba Brenan, en el 43 nada menos, desde su retiro libertario de la Alpujarra. Pero no es menos cierto que andábamos conviviendo razonablemente hasta que el tripartito de Maragall y Carod dio por inservible la baraja con que se estaba jugando una partida que había permitido -y esto Pujol lo sabe mejor que ninguno- unas apuestas de autogobierno más que notables. Esa gente sacó otro mazo de cartas marcadas, con la complicidad de Zapatero, y encima invitó a los herederos del pujolismo a sumarse a su órdago.

España sería menos hosca, menos antipática, si Cataluña no hubiese manifestado con tan desahogada evidencia su intención de marcar una raya de privilegios en el pacto constitucional. Y es quizá injusto decir Cataluña como sinécdoque de una clase política ebria de prepotencia y ventajismo, pero tampoco España es esa porción de ciudadanos ceñudos y airados, esa tropa enojada e intolerante con que se caricaturiza en Barcelona a un país plural que hace tiempo dejó atrás la cara torva, avinagrada y rancia del recelo. España es sobre todo una nación tranquila que quiere convivir sin sobresaltos, y lo ha venido haciendo sin problemas hasta que algunos han comenzado a hacer trampas para redefinir, a su modo y unilateralmente, las reglas del juego.

Ayer, en el Palace madrileño, marco de tantas conspiraciones cortesanas, un catalán lúcido y transversal llamado Enric Juliana invocaba «la España de los pingüinos» para reivindicar el equilibrio de la ciudadanía compartida, el anhelo ahora casi utópico de la concordia. Pingüinos les decían en la antigua Yugoslavia, por su rareza, a quienes preferían definirse como yugoslavos en vez de como serbios, croatas, bosnios o eslovenos. Uffff, los Balcanes, ya sabemos cómo terminó aquello. Al oírlo me acordé de José María Osuna, un andaluz tan honesto que fue condenado a muerte por los dos bandos de la Guerra Civil. Qué tendrán los pingüinos, querido Enric, que a pesar de ser bichos inofensivos no dejan de cazarlos a garrotazo limpio.

¿El día de la gran desobediencia?
Lorenzo Contreras Estrella Digital 17 Enero 2006

A estas alturas del tiempo y de la evolución de los acontecimientos pocos observadores de cualquier tendencia estaban en condiciones de descartar absolutamente la celebración formal y material del congreso de Batasuna en Barakaldo, previsto para el próximo día 21. Cuando todo un presidente del Gobierno, como es el caso de Zapatero, se disponía a violar la Ley de Partidos diciendo que es “muy restrictiva” y que el derecho de reunión debe prevalecer sobre la ilegalización de la formación abertzale, brazo político de ETA, ¿qué cabía pensar? De todos modos, ésta parece, políticamente hablando, una batalla perdida, anticipo de una guerra que también se puede perder.

De poco vale que el comisionado de las víctimas de ETA, el señor Peces-Barba y otras autoridades pidan al fiscal una acción para impedir ese congreso, en el que Batasuna, como tiene avisado ella misma, piensa “ejercitar un derecho”, porque -dice- los ciudadanos son libres y no tienen por que estar supeditados a la circunstancia de su antigua afiliación. Una argumentación abracadabrante, porque según esta lógica cualquier mafioso de cualquier organización delictiva puede considerarse ajeno a sus antiguos pasos y vinculaciones. Aún así, para “cubrir las formas”, el famoso congreso presenta su cartelería organizativa con un anagrama que pretende ofrecerse como equívoco, pero que no lo es, porque la serpiente de ETA, enroscada en un hacha, se enrosca ahora en un vástago al igual que el símbolo de la medicina o de la sanidad pública. Y cuando la líder del PP vasco, María San Gil, denuncia el significado político intencional del símbolo, los abertzales se burlan de ella, dicen que ha cometido un “patinazo” y que ha confundido a Esculapio, en dios griego de la medicina, con ETA.

Es impresionante el punto que han ido alcanzando los desafíos. A Zapatero, desde las filas abertzales, se le jalea, se le anima a “ser valiente”, lo cual es tanto como invitarle a tragarse la ley cuyo alumbramiento propició. Una invitación, o más bien incitación, que envuelve una burla y una evidente falta de respeto, que, sin embargo, el presidente no contrarresta con decisiones políticas verdaderamente valerosas.

El congreso, aunque prohibido finalmente, podría ser espectacular, un auténtico ejercicio de independentismo en marcha, que los propios nacionalistas, pese a sus celos, no se atreven a conjurar. Ahí está el caso de Ibarretxe cuando manifiesta en el diario Deia, que Batasuna “tiene que trasladar sus reflexiones”, y lo hará, “y punto”. Reflexiones que procuraría “internacionalizar” con invitaciones a una treintena de formaciones de izquierdas de Europa, América, Asia, África y Oceanía, las cuales enviarán al acto político de Barakaldo las correspondientes delegaciones. Si el desafío se consuma, vibrará el ambiente del recinto llamado Bilbao Exhibition Center (BEC) y nos vamos a enterar todos de la naturaleza de las “reflexiones” destiladas por Batasuna.

Pocas veces en la vida política, dentro de un marco de legalidad, se habrá dado, si se produce, una demostración de desobediencia de tan alto grado. La comedia o, mejor, tragicomedia, ha sido espectacular, hasta ahora, y promete mayores desarrollos. El juez Grande Marlasca, el fiscal Fungairiño y, cómo no, el fiscal general del Estado, señor Conde-Pumpido, han movido sus pasos, han realizado sus gestos, se han acercado a las fuentes del poder judicial vasco y de sus representaciones fiscales, queriendo indicar que toman cartas en el asunto. Pero es lo que ha dicho un comentarista abertzale en la prensa de este signo: “Quizá el Estado pueda evitar la fotografía de la capacidad de convocatoria de la izquierda abertzale ese día (21 de enero) y ese lugar (Barakaldo), pero no trastoca ni la realidad de su entronque social ni probablemente evitará que las bases de Batasuna elijan su Mesa nacional, definan su proyecto abertzale y de izquierda, y redoblen su apuesta política por una paz justa y verdadera”.

Cómo no. Sobre todo esto último, sin entregar las armas ni hacer ninguna expresa declaración de condena de la violencia, faltaría más.

El día 21 va a ser histórico. ¿Lo duda alguien? Toda una democracia sometida al desafío de una organización que arropa políticamente a una organización terrorista. Ejemplar.

El ‘comando Rubalcaba’ sigue negociando a uña de caballo el Estatuto: ¿quién? ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo?
Jesús Cacho El Conficencial 17 Enero 2006
 
Esto se está calentando. Ayer, un senador del PP por Melilla soltó una perla según la cual “Pavía entró en el Congreso a caballo, Tejero con pistola y Zapatero con tren de cercanías”. Así, como suena. El senador en cuestión, Carlos Benet, tras ser desautorizado por el secretario general del PP, se disculpó asegurando que “no pretendía poner en duda la legitimidad de las elecciones generales”. Grave desbarre con disculpa o sin ella.

Quien no se ha disculpado todavía ha sido José Blanco, secretario general del PSOE, que también ayer puso de chupa de dómine a Rajoy, a quien calificó de “mentiroso” y “triturador”. Tampoco el inefable Luis Yánez, eurodiputado socialista, que acusó a la COPE en el Parlamento europeo de hacer “apología del franquismo y del golpismo”. Y como no hay dos sin tres, el vocal del CGPJ en representación de CiU, Alfonso López Tena, que ayer tildó a su jefe, Francisco José Hernando, presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, de “franquista”, tanto que “estar con él es como ser negro y estar reunido con blancos que tienen esclavos”, por lo que “debería cesar por higiene democrática”. Tras el desahogo, López Tena defendió las propuestas del Estatuto catalán en materia de Justicia, que de eso se trataba.

De modo que esto se está poniendo muy caliente. El señor Zapatero, mediante ese sui generis proceso asambleario (“dado que carecemos de principios, de valores y de argumentos racionales que nos guíen en la resolución de los problemas”) en que ha convertido la política española, ha decidido darle la vuelta a la Constitución como a un calcetín, y hacerlo de espaldas al 40% de los españoles que votan PP y, un suponer, a una parte del electorado socialista a quien difícilmente se puede imaginar encantada con la idea de hacer añicos la España que heredamos de nuestros padres, para adentrarnos en algo que nadie sabe muy bien qué es, aunque lo sospechamos.

Operar al margen del PP y ponerle contra las cuerdas, obligándole a actuar a la defensiva y a remolque, porque la iniciativa corresponde claramente a ZP, algo que en política vale su peso en oro. De modo que el estado mayor de don Mariano se reúne en Toledo para mirarse el ombligo y auscultar las vísceras de una gaviota que sobrevolaba el Alcázar. ¿Qué hacer? Si salen al paso de las novedades diarias que propicia la generosa política de rebajas con los nacionalismos que practica Rodríguez, la orquesta mediática que maneja Jesús el del Bombo Polanco rápidamente lanzará la consigna: “Ya están los halcones del PP tocando los trombones...” Si callan, las bases claman y se rebelan pidiendo respuestas contundentes.

Difícil papeleta la de Mariano Rajoy. Y, mientras tanto, el comando Rubalcaba negociando a uña de caballo el Estatuto, de espaldas al pueblo soberano -¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo?-, hoy una decena de artículos, mañana una docena, deprisa, deprisa antes de que Carod se enfade o Artur Mas rompa la baraja, sin que nadie sepa qué diseño del Estado se está fraguando tras las bambalinas de tanto oscurantismo. Dicen que Zapatero lo quiete tener todo listo antes del sábado 21, día en que los batasunos tienen previsto celebrar su aquelarre bilbaíno, para inmediatamente pasar a arreglar el problema vasco a base de aplicar la misma receta, los mismos principios de ese republicanismo aprendido del sabio Philip Pettit, ya saben, eso de que “en política no hay ideas lógicas: hay ideas sujetas a debate que se aceptan en un proceso deliberativo”.

Y mientras tanto sufre la convivencia y se deterioran las bases de la identidad y la solidaridad entre españoles. Es el sálvese quien pueda. “Vengo a Madrid y me quedo aterrado del clima que descubro, y vuelvo a Barcelona y me encuentro con más de lo mismo o peor”, me aseguraba ayer uno de esos habituales clientes catalanes de Iberia. “Los puentes entre ambas ciudades se han roto, y no sé si podré volver a verlos medianamente repuestos. Se han encendido todas las fobias. Esto se ha vuelto irrespirable”.

En el desolado horizonte ibérico, alguien mira hacia Centroeuropa, repara en el caso alemán y deja escapar una furtiva lágrima. Tras años de enfrentamiento, tras una durísima campaña electoral, el PSD de Schroeder y la CDU de Merkel no necesitaron ni 10 días para ponerse de acuerdo en un Gobierno de concentración, dispuesto a salvar Alemania de su crisis. ¡Y hablamos de una crisis de crecimiento! ¡Sólo se trata de dinero! En España, donde nos jugamos bastante más que el vil metal, es imposible imaginar un acuerdo semejante entre los dos grandes partidos nacionales. Tal vez sea esta la mejor prueba del fracaso de nuestra democracia.     jcacho@elconfidencial.com

La Ley por montera
Pablo Sebastián Estrella Digital 17 Enero 2006

Con el fin de no “molestar” a ETA, o de no entorpecer la negociación en curso, el Gobierno de Zapatero se ha puesto el Estado de Derecho por montera. Silba mirando al tendido y hace caso omiso de todos los que le preguntan si va actuar o no contra la asamblea de Batasuna, que viola la legislación vigente. Y todavía y muy a pesar de la intervención de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y de las investigaciones policiales, parece que la Fiscalía General del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, no acaba de lanzarse como debiera a solicitar la suspensión a la Audiencia Nacional. Parece que ahora moverá ficha ante la Audiencia Nacional, pero sin mucho convencimiento y poniendo toda clase de pegas para que este u otro tribunal no dé el paso al frente que tiene que dar. Veremos qué pasa, porque la alarma social y política sobre este caso no cesa de prosperar.

En la negociación del Estatuto ocurre algo parecido pero con más graves consecuencias si cabe. Se está redactando en secreto y al margen de los ciudadanos y del Parlamento —para que no se produzca la natural alarma social, política y jurídica— el proyecto de Estatuto catalán, que incluye el blindaje de sus competencias por encima y al margen de la soberanía nacional, lo que es inconstitucional, al igual que la pretensión de incluir la palabra nación en el preámbulo o en el articulado del Estatuto. De la misma manera que será inconstitucional obligar al estudio del catalán para disfrutar en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos de todos los derechos de dicha Comunidad, eliminando la enseñanza del castellano —o reduciéndola a mínimos escandalosos—, cuando no amenazando y sancionando a quienes utilicen el castellano como lengua profesional, comercial y empresarial, etc., lo que constituye un ataque a la libertad de las personas y a sus derechos como ciudadanos españoles, amparados por la propia Constitución.

Porque pretender, como lo está haciendo el Gobierno, aprobar en el Congreso de los Diputados un nuevo Estatuto inconstitucional para que sea aprobado por referéndum en Cataluña y luego enfrentar esta votación a la actuación del Tribunal Constitucional son ganas de crear un enfrentamiento muy serio entre la soberanía nacional española y la hoy pretendida soberanía catalana. La que no existe como tal en cuestiones que afectan al conjunto de los españoles y a los derechos y deberes que hoy garantiza la Constitución.

Se está, pues, burlando la ley de partidos en el País Vasco, y se está poniendo en marcha la vulneración, a sabiendas, de la Constitución por iniciativa de un presidente del Gobierno —y con el clamoroso silencio de los dirigentes del PSOE— que está más cerca de los intereses de Batasuna (muy preocupado por su derecho de reunión) o de los nacionalistas que del interés general y la legalidad. Sin perder de vista otras violaciones de la ley, como la de los historiales secretos de los pacientes de los hospitales catalanes a manos de la inspección o “policía” lingüística de la Generalitat, y de las trampas y las arbitrariedades de la OPA de La Caixa y de Gas Natural contra Endesa, que cuentan con la connivencia y las bendiciones del Gobierno nacional.

Y qué decir del “favoritismo legal” a los grupos afines al Gobierno de comunicación, o de los muy mal llamados Consejos Audiovisuales de control y censura de los medios de comunicación, en contra de lo que dice la propia Constitución, asuntos todos ellos que le producen un risa continuada al presidente del Gobierno, sus ministros y altos cargos de su partido, que a lo mejor están inmersos en delitos relativos al cohecho y a la prevaricación, amén de vulnerar los más elementales principios de esa democracia que el presidente pone siempre por testigo de sus reformas al margen de la legalidad.

Zapatero se empantana cada día más en la cuestión terrorista
Editorial Elsemanaldigital  17 Enero 2006

Si la intención de ETA era ocupar un lugar relevante en el debate público, puede decirse que lo está consiguiendo gracias a la torpeza de quienes están llamados a defender la legalidad.

17 de enero de 2006. España afronta una nueva semana enfrascada en el debate nacional, y sumida en las simas concretas que ha elegido para ello el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Se debate con fervor la importancia de la reunión etarra del próximo sábado en Baracaldo, la envergadura de la respuesta convocada en Pamplona por el Foro de Ermua y, paralelamente, el destino estatutario de Cataluña, y con él, el de toda España.

Si la intención de ETA era ocupar un lugar relevante en el debate público, desgraciadamente puede decirse que lo está consiguiendo. Pero ese éxito no se debe a los méritos y habilidades de los terroristas, sino a la torpeza y división de quienes están llamados a defender frente a ellos la legalidad.

Dicen los dirigentes del Partido Popular, empezando por Mariano Rajoy, que la ambigüedad del PSOE y de Zapatero ante la convocatoria batasuna del día 21 se debe al proyecto de obtener una tregua de la banda terrorista que permita un final anticipado y para el PSOE triunfal de la legislatura. Según Rajoy, el precio de esa posibilidad es lo que está haciendo ahora el PSOE: "Triturar la Constitución e incumplir la ley de manera flagrante".

En estas horas confusas, PP ha encontrado aliados incluso en la izquierda gubernamental. El propio ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, admitiría una convocatoria batasuna a título particular pero no de partido. El Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, ha pedido al Fiscal General del Estado una inmediata prohibición. La eurodiputada socialista vasca, Rosa Díez, recordó a Zapatero que los socialistas apoyaron la Ley de Partidos con numerosos actos por toda Europa.

En estas mismas páginas un columnista, vasco y amenazado por los terroristas, ha explicado que el mal del PSOE se llama cobardía, pero no sólo. "Hay cobardía en quien, movido por el miedo a perder sus prebendas y sillones, trata de beneficiar al enemigo de su nación". Identifica en ellos, además, un ánimo traidor hacia sus compatriotas. Pero sobre todo, identifica un delito en quien no actúe, pudiendo y debiendo, contra los delincuentes: "Comete un delito de prevaricación cualquier funcionario que, a sabiendas, facilita que las leyes no se cumplan, amordazando a la fuerza pública, atándola de pies y manos y encerrándola en las comisarías y cuarteles para que el enemigo campe a sus anchas".

La retórica de la claudicación
José Javier Esparza elsemanaldigital 17 Enero 2006

 La inmovilidad gubernamental ante la asamblea batasuna ha sido escandalosa. Pero más preocupante es la pasividad de tantos españoles, singularmente en los medios de comunicación, dispuestos a tolerar cualquier cesión en nombre de "la paz". ¿Cómo es posible que tantos millones de españoles que lloraron el asesinato de Miguel Ángel Blanco callen ahora, domesticados, ante la apoteosis de quienes corearon aquel crimen? ¿Qué está pasando?

La hegemonía mediática del Gobierno ZP ha impuesto en España una atmósfera propiamente ominosa. Lo que hoy estamos viviendo no es una ideología, porque carece de fondo doctrinal, ni tampoco una política, porque no posee coherencia interna, sino más bien una retórica: una catarata de discursos, imágenes, declaraciones y gestos que continuamente lanzan a la población el mensaje del apaciguamiento, del sosiego, conceptos sedantes para una España que, mientras se sosiega, se siega. Respiramos la retórica de la claudicación. Y cabría preguntarse si la aparente anuencia social a esta retórica no esconde en realidad, so coartada de paz, un deseo de suicidio colectivo. ¿Tanto nos aterra la presencia de un conflicto?

Ningún Estado es una balsa de aceite. Toda existencia política, por definición, implica polémica, conflicto, hacer frente a algún enemigo. La democracia española, desde 1978, ha tenido dos grietas cotidianas: el terrorismo etarra y la cuestión secesionista, ambas conectadas entre sí. Ningún gobierno, desde Suárez hasta Aznar, ha dejado de librar esos combates todos los días; nunca nadie dejó de ver que ahí estaban las dos amenazas mayores para el Estado tal y como quedó configurado en 1978. Así ha sido hasta hoy. Es hoy cuando, por primera vez, el Estado se propone resolver el conflicto por la singular vía de bajar los brazos.

Frente al problema de ETA, el Gobierno ZP ha decidido que no hay que acabar con el enemigo, sino apaciguarlo mediante cesiones políticas. Y frente al problema secesionista, el Gobierno ZP ha decidido que no hay que reforzar la unidad nacional, sino aflojarla cediendo campo a los asaltantes. La retórica de la claudicación presenta la retirada como un paso hacia el diálogo y la paz. Pero los beneficiarios han demostrado mil veces que no buscan paz y diálogo, sino aumentar su poder a costa de España. Así esta claudicación masiva se convierte, cabalmente, en una rendición en los dos frentes de conflicto de la España democrática.

¿Realmente está ZP tan ciego como para no ver que ETA y los separatismos, así reforzados, no harán sino aumentar la presión? Si no lo ve, es un incapaz. Y si lo ve, entonces sería algo mucho más grave. En cualquiera de los dos casos, el Gobierno ZP está significando una calamidad de la que tardaremos decenios en recuperarnos. Salvo que no deseemos recuperarnos; salvo que la sociedad española haya decidido, ella entera, entregarse, bajar los brazos, claudicar, sosegarse –dejarse segar.

Quizás haya que ir preparándose para un largo exilio interior.

Nos gobiernan liberticidas
Pedro Fernández Barbadillo  Periodista Digital 17 Enero 2006

España entera y partes de ella están gobernados por individuos que odian la libertad ajena y desea establecer regímenes donde ellos decidan qué es lo que está bien y lo que está mal. No me refiero, en esta ocasión, a los etarras, sino a los peneuvistas y los catalanistas.

Aitor Esteban, diputado por Vizcaya, ha repetido en un artículo la consigna de su partido de que se debe sancionar a los militares, incluso los retirados, que han apoyado al teniente general Mena en sus declaraciones:

La amenaza (sic) al orden democrático y el revuelo que ha causado son lo suficientemente graves como para que la sanción sea ejemplar y se apliquen las correspondientes sanciones económicas o de otra índole a todos aquellos, tanto personas físicas como jurídicas, que han suscrito sus palabras.

Así que los militares no pueden defender la Constitución ni mandar cartas a los periódicos. Y eso que el ministro Bono dijo que él no se “iba a sentir molesto por que un militar cogiese la Constitución y la leyese”.

Esteban Bravo –con esos apellidos, los hermanos Arana sólo le habrían permitido barrer el suelo en el primer batzoki- también atacó mi libertad de expresión, como ya saben los habituales de mi bitácora. ¡Menudo profesor de derecho constitucional que han contratado los jesuitas para su universidad!

El ABC del domingo 15 publicó una amplia información sobre la persecución a la lengua española por parte de las autoridades nacional-socialistas de Cataluña. Y reproduce el testimonio de un comerciante catalán al que el Ayuntamiento de Barcelona quería obligarle a poner los rótulos exclusivamente en catalán, so pena de multas.

Me dio mucha rabia porque es igualmente fascista prohibir el uso de un idioma que obligarte a usarlo

Además, la Generalidad dedica a sus funcionarios-policías a tramitar las quejas de ciudadanos ejemplares que denuncian que en una tienda no les atendieron en catalán.

El objetivo de los catalanistas, incluidos los charnegos del PSC como Manuela de Madre y José Montilla, es construir una sociedad monolingüe, ya establecida en los medios de comunicación públicos y la educación. Las consecuencias ya se notan, incluso aparte del acceso a la función pública, en la tasa del fracaso escolar:

En Cataluña, existe una diferencia muy sustancial entre el rendimiento académico de los alumnos castellanohablantes y catalanohablantes. Sus tasas de fracaso escolar son notablemente distintas: 42.62% y 18.58%, respectivamente.

Como es sencillo de deducir, los nacionalistas dan al idioma mal llamado propio el carácter de factor de estratificación social entre la oligarquía, cuyos hijos acuden a colegios donde aprenden español –el socialista Montilla envía a sus hijas al mismo colegio privado en el que Jordi Pujol y sus hijos estudiaron- y la plebe, que habla catañol.

La meta es el dominio totalitario de la sociedad. Y lamentablemente, los futuros súbditos se lo permiten.

Irán
La ONU no es la solución
GEES Libertad Digital 17 Enero 2006

El gobierno islámico de Teherán ha decidido romper los sellos colocados por los técnicos de la Agencia de la Energía Atómica y proseguir su programa nuclear sin restricciones internacionales. La respuesta no se ha hecho esperar: los europeos, expuestos al engaño, han decidido elevar el asunto al Consejo de Seguridad Nacional (aunque nuestro ministro de exteriores, Miguel Angel Moratinos, tras hablar con Al Baradei en Viena, pidiese nuevamente mas tiempo para convencer a Irán, alejándose así de Londres, Paris y Berlín). Sin embargo, la ONU no es la solución al problema que plantean los ayatolás.

La ONU no es la solución en primer lugar porque Irán tiene comprados dos votos de sendos miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y aunque Rusia pudiera sentirse tentada a alinearse con el grupo occidental coyunturalmente, China depende en gran medida del petróleo iraní para sostener su ritmo de crecimiento económico. Por lo tanto, es más que probable que, en ausencia de incentivos mayores, el Consejo pueda forjar un consenso sobre una línea coercitiva sobre Teherán.

En segundo lugar, siendo optimistas –y olvidándonos de lo que fue el Consejo durante toda la crisis de Irak– a lo más que se podría aspirar es a una condena política de Irán (muy importante) y al establecimiento de algunas sanciones económicas y diplomáticas. Si se llegara a ese punto, conviene recordar que los embargos y sanciones tecnológicas tienen su sentido cuando la nación castigada depende del extranjero para lograr sus propósitos. No parece ser ese el caso iraní en cuanto a las tecnologías para desarrollar el arma atómica y sus sistemas portadores. El material explosivo, del que carece en cantidad suficiente, podrá fabricarlo en cuanto ponga sus centrifugadoras a trabajar en cadena. Puede que un embargo dañara la capacidad del régimen iraní para sostener su programa a gran escala en el largo plazo, pero no evitaría que Irán se armara nuclearmente en el medio plazo. Sencillamente, no hay sanción que detenga el programa atómico en Irán.

Si, además, las deliberaciones se toman su tiempo o se llenan de hitos que se deban cumplir para pasar al estadio superior –como en Irak– Irán se empleará para seguir dividiendo a los miembros de la comunidad internacional, a fin de prolongar más la discusión sobre qué hacer, a la vez que aceleraría sus intentos para dotarse de un ingenio nuclear lo antes posible.

Llevar el tema iraní a la ONU equivale, en realidad, a perder el tiempo en cuanto a dar con una solución al mismo. Para los europeos, tan temerosos de las medidas de fuerza, supone ganar más tiempo para no hacer nada. Pero cuando la ONU fracase porque los ayatolás no se sientan ni persuadidos ni disuadidos, ¿a dónde acudirán los europeos?

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

El FORO ERMUA interpone una querella contra la Mesa Nacional de Batasuna
COMUNICADO DE PRENSA DEL FORO ERMUA 17 Enero 2006

Bilbao, 17 de enero de 2006. El FORO ERMUA interpuso ayer lunes 16 de enero una querella ante los Juzgados de Instrucción de Pamplona contra la llamada Mesa Nacional de la ilegalizada BATASUNA por la comisión de varios delitos de desobediencia. La querella tiene por base diversos actos realizados en la capital Navarra por la formación ilegalizada en desobediencia palmaria a la Sentencia de ilegalización dictada por el Tribunal Supremo (confirmada por el Tribunal Constitucional) y a la resolución prohibiendo toda actividad a la formación por la Audiencia Nacional.

Esta acción se encuadra dentro de una serie de iniciativas del FORO ERMUA en defensa de la legalidad, la Constitución y el Estado de Derecho. En este marco, esta asociación ha convocado una concentración este sábado 21 de enero en Pamplona en defensa de la Constitución, la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles y por la unidad real de España.

Para evaluar acertadamente la situación en la que nos encontramos, hay que ser conscientes de que BATASUNA ha sido considerada por el Tribunal Supremo como un instrumento de ETA. Asimismo está oficialmente considerada asociación terrorista por la UE y los EE.UU. Su actividad está prohibida por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que procedió a su ilegalización en Sentencia firme de fecha 27 de marzo de 2003. A pesar de ello, hemos visto cómo dichas prohibiciones eran desobedecidas de manera palmaria ante la culpable pasividad de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno y se permitía en nuestro territorio la actuación libre de una asociación terrorista.

El desafío a la legalidad es cada día mayor y la convocatoria para la realización de una Asamblea de BATASUNA el día 21 de enero en Baracaldo supone un público desacato al Tribunal Supremo y al Estado de Derecho.

En estos momentos de ofensiva conjunta de los nacionalismos identitarios de todo signo y de abdicación en la defensa de la Constitución y la legalidad por parte del Gobierno y demás Instituciones, el FORO ERMUA considera que existe un peligro real para el Estado de Derecho y para la existencia de España como espacio de decisión común, de igualdad de derechos, de solidaridad y de libertad. Por ello, animamos a la ciudadanía que vive con preocupación estos momentos a que no permanezca inactiva y se movilice. Solicitamos el apoyo activo de la sociedad y convocamos a todos los navarros y ciudadanos del resto de España que deseen acudir al acto que tendrá lugar el sábado día 21 de enero en el Paseo de Sarasate de Pamplona a las 12:30, donde Mikel Azurmendi dará lectura al manifiesto “por la unidad de España: por la solidaridad y la igualdad de todos los españoles” y en el que intervendrá, además de miembros del Foro Ermua, Francisco Caja (presidente de Convivencia Cívica Catalana).

INSTITUTO DE ANÁLISIS INDUSTRIAL Y FINANCIERO
El País Vasco ha dejado de crecer un 21 por ciento de su PIB por culpa de ETA
La Comunidad Autónoma Vasca ha dejado de crecer un 21,3 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) como consecuencia de la actividad terrorista de ETA, lo que supone una pérdida de inversión de 8.814,28 millones de euros en los últimos treinta años, según una de las conclusiones de un estudio realizado por el catedrático de Economía Mikel Buesa, dentro del Instituto de Análisis Industrial y Financiero.
Europa Press Libertad Digital  17 Enero 2006

Esta pérdida de volumen de negocio se debe principalmente, según el análisis de Buesa, a la incidencia de violencia terrorista sobre las expectativas de los inversores, lo que da lugar a una rebaja de éstas y, por añadidura, a que la inversión productiva se sitúe debajo de su nivel potencial. Asimismo, explica el catedrático y presidente del Foro de Ermua, el terrorismo de ETA ha contribuido a que algunas empresas hayan decidido mudarse a otros territorios para desarrollar su actividad, lo que se conoce como deslocalización.

Este es uno de los tres puntos que analiza Buesa en su estudio y el más grave en cuanto a daño causado a la economía del País Vasco. Buesa llega a la conclusión de que, a pesar de que el País Vasco durante las cuatro décadas de existencia de ETA, ha logrado mantenerse dentro del grupo de regiones cuya renta por habitante excede del promedio nacional, eso no ha impedido que "haya rebajado su significación económica dentro del conjunto de España".

En este sentido, el catedrático afirma que, "al menos en parte, el menor crecimiento de la economía vasca ha podido ser compensado por una mejora en la economía de otras regiones, bien porque se han beneficiado de la deslocalización de actividades desde el País Vasco, bien porque han aprovechado las oportunidades dejadas de lado por los empresarios vascos".

En el mismo estudio, Buesa ha evaluado los daños causados "directamente" por la actividad terrorista sobre personas y bienes, a lo que hay que añadir los costes de la Administración en seguridad para los amenazados por la banda terrorista. Los cálculos de Mikel Buesa cifran en 671,07 millones de euros de pérdidas anuales este concepto, aunque reconoce que puede darse un "pequeño" error a la baja del coste impuesto por ETA en este apartado.

En tercer lugar, el catedrático de Economía en la Universidad Complutense ha evaluado los costes de lo que denomina "economía depredadora", en unos casos con actividades de carácter delictivo y, en otros, de apariencia legal. Esos recursos se han valorado, tomando como referencia precios constantes de 2002, en 23,64 millones de euros de media anual. De ellos, alrededor del 90 por ciento se han extraído de la región y el resto de otras partes de España o de otros países. En conclusión, esta "economía depredadora" le ha costado al País Vasco un 0,05 por ciento de su PIB.

Subvenciones públicas a ETA
Buesa hace un aparte en las fuentes de financiación de la organización terrorista, que le ha supuesto un ingreso de 23,9 millones de euros anuales en la década que va de 1993 a 2002, de los cuales, 12,8 millones de euros procedieron de subvenciones públicas otorgadas a Batasuna y otras asociaciones, ya fuera por parte del Gobierno vasco, la Cámara de Vitoria o la Unión Europea.

Para realizar este cálculo, Buesa tomó como entidades beneficiarias a Batasuna, la coordinadora de alfabetización del euskera AEK, el diario "Euskaldunon Egunkaria", la Fundación Elkargintza Elkarlanean y Udalbiltza Kursaal, todas ellas inmersas en sumarios abiertos en la Audiencia Nacional por su presunta vinculación con el entramado etarra. En total, las subvenciones suponen el 53,5 por ciento de lo ingresado por ETA en esos años. En cuanto a las subvenciones a presos de ETA y sus familiares, entre Gobierno vasco y ayuntamientos, las ayudas desde 2003 ascienden a 583.400 euros. El pasado año, el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe otorgó en este concepto 178.400 euros.

En el capítulo de instituciones subvencionadoras, el primer puesto lo ocupa el Gobierno vasco, con el 66,6 por ciento, seguido de la Unión Europea, que otorgó el 17 por ciento del dinero recibido anualmente por el entramado de ETA en subvenciones, sobre todo a Udalbiltza-Kursaal. Las corporaciones locales, principalmente los ayuntamientos, otorgaron un 10,7 por ciento, las empresas públicas un 2,9 por ciento, el Parlamento vasco un 2,5, y el Parlamento español, un 0,3 por ciento, hasta que los diputados electos de Herri Batasuna dejaron de percibir sus sueldos y otras asignaciones.

La siniestra figura del alumno delator
IMPRESIONES EL MUNDO   17 Enero 2006

Mientras numerosos ciudadanos llamaban ayer a EL MUNDO para solidarizarse con Carmelo González -el español que reclama el derecho de su hija a recibir clase en castellano-, el conseller Josep Huguet enmarcaba su caso en una «campaña de intoxicación» y se refería despectivamente a él como «anecdótico». Los hechos son, sin embargo, tozudos y siguen dejando en evidencia las medidas del tripartito en el ámbito de la lengua. Porque si las revelaciones que hasta ahora hemos publicado eran graves, la de hoy es especialmente embarazosa para la Generalitat por el plus de mezquindad que supone el uso de menores con fines políticos. Con el mismo celo que le llevó a bucear en los expedientes clínicos, la Conselleria de Educación ha creado en cada colegio la desasosegante figura del «coordinador lingüístico, de interculturalidad y de cohesión social»; en román paladino, un comisario político que garantiza que las enseñanzas obligatorias se imparten en catalán. Los coordinadores entregan a dos alumnos de cada clase y a sus tutores un prolijo cuestionario que debe señalar a aquellos docentes que no se avienen a cumplir con la norma. Si la delación de los comercios que rotulan en castellano es más propia de un régimen autoritario que de una democracia, forzar a los alumnos a denunciar a sus maestros es moralmente repugnante: utiliza a los niños en la coacción social, socava la vilipendiada autoridad docente y muestra la podredumbre de una clase política menos preocupada por el paupérrimo nivel de la educación que por el idioma en el que ésta se imparte.

«Mucha gente piensa que esto está muy mal, pero no tiene el coraje de decirlo»

 Entrevista a Antonio Robles, fundador de la Asociación por la Tolerancia.
Los alumnos tendrán que delatar a profesores que hablen castellano
Zaplana denuncia que haya que acudir a huelgas de hambre «para defender derechos básicos»
La siniestra figura del alumno delator
DANIEL G. SASTRE / EL MUNDO   17 Enero 2006

LA IMPOSICION DEL CATALAN (IV)
Antonio Robles es un viejo defensor del bilingüismo en las clases. Profesor de Filosofía en un instituto de Badalona y fundador de la Asociación para la Tolerancia, publicó en 1992, y bajo el seudónimo de Azahara Larra Servet, el libro Extranjeros en su país, que «trata de poner altavoces al silencio de los castellanohablantes de Cataluña», según su prólogo.

Pregunta.- ¿Qué es lo que más le inquieta de la situación lingüística de las escuelas en Cataluña?
Respuesta.- El gran problema es la ausencia de conocimiento de lo que ha sido la normalización, el acoso lingüístico. Cuando se tenga idea, y se entienda, lo que está pasando la gente se dará cuenta de que se han hecho muchas barbaridades. Nadie sabe que aquí hay un problema, porque no se publica. Estamos en la época de McLuhan: lo que no se publica no existe. Estamos en el PUC, Partido Unico Catalán.

P.- ¿Cree que los ciudadanos de Cataluña perciben ese problema del que habla?
R.- No nos damos cuenta. Es como el pez que no se da cuenta de la humedad, porque es su medio. Nos hemos embrutecido tanto que en una comunidad donde hay dos lenguas oficiales se les están conculcando unos derechos a la mitad de la población. Puede ser grave, lo cual no quiere decir que sea una guerra civil. Yo tengo claro que la mayoría de catalanes no son nacionalistas. Mucha gente piensa que esto está muy mal, pero no tiene el coraje para decirlo.

P.- ¿Dónde sitúa el origen del problema que denuncia?
R.- Las tornas empezaron a cambiar cuando Jordi Pujol llegó al poder. Tarradellas era un tipo interesante. Era respetuoso, tenía pasado y no se engañaba. Para nada era enemigo del castellano.El problema empezó con las nuevas generaciones nacionalistas, que creían en atrapar a la sociedad a través de la cultura. Pujol es el padre de la criatura. Carod-Rovira sólo es una consecuencia lógica de Pujol, el gran constructor. ¿Qué ha cambiado de Pujol hasta ahora? Sólo una cosa: sus hijos han cogido la fábrica y se han puesto a hacer sin máscaras lo mismo. Sólo han acelerado el proceso de manera insultante. Ahora vienen y se ponen muy chulos.

P.- ¿Qué ha cambiado desde que el Gobierno tripartito sustituyó a CiU en la Generalitat?
R.- Siempre he pensado que cuando estuvieran en la cima no se darían cuenta de que el abismo les está mirando y la acabarían pifiando. Ya lo están haciendo. Mira que hemos hecho esfuerzos para que España se entere de lo que está pasando en Cataluña, y no lo habíamos conseguido. Ahora lo han hecho ellos. Pujol debe de estar cabreadísimo.

P.- ¿Por qué, si sus denuncias son ciertas, no se percibe una mayor presión social para que las cosas cambien?
R.- No son tiempos acuciantes, como lo fueron los años 60 o la posguerra. La gente en general vive bien. No hay nada que construir, aparentemente, pero no se da cuenta de que la libertad hay que construirla cada día, porque no se compra en los supermercados.Si no, un día te la pueden robar. Mucha gente se ha quedado en los años 70, inerte, sin haber leído nada, sin aceptar que la realidad es cambiante. El franquismo seguirá siendo siempre la excusa. ¿Hablas castellano? Franco también. Eres un facha.

P.- ¿Qué importancia tiene la educación en la política lingüística de la Generalitat?
R.- El modelo educativo es absolutamente fundamental para ellos.Perderlo sería una tragedia. Los máximos exponentes del nacionalismo están en las escuelas. No hay manipulación, porque saben que les van a hacer el trabajo sin necesidad de ella.

P.- ¿Cómo se organizaron los disidentes ante esa política?
R.- Durante los 80, hubo un silencio atroz. Fue cuando se cometieron más atropellos. Se hacían traslados forzosos, por ejemplo. En el 92 se publicó un libro, Extranjeros en su país, y se formó un colectivo con el nombre de la autora. Se denunciaba lo que había pasado y está pasando. Hoy en día es completamente actual.Luego nos reunimos y formamos la Asociación para la Tolerancia, y a partir de ese momento intentamos denunciar la situación y, además, no ser fachas. Todos los que estábamos allí éramos gentes como mínimo de izquierdas. No nos permitíamos otra cosa: sólo faltaría que encima fueras de derechas. Supongo que había gente que lo era, pero tenía que guardárselo. Los que sí éramos de izquierdas partíamos de la base de que el nacionalismo no puede ser de izquierdas. Una de las cosas que hicimos fue un manifiesto, En castellano también, por favor, una réplica al eslogan catalanista de En català, si us plau. Lo firmaron 50.000 personas.

P.- ¿Qué otras medidas tomaron para intentar acercar a la sociedad a su visión de las cosas?
R.- Entramos con unas octavillas en el Palau de la Música. Nos agredieron: a uno de los nuestros le rompieron la cara. Si eso le pasa a alguien por defender la lengua catalana, no sé qué pasaría. Pero estamos viviendo en un país de ficción: la información es la realidad. Y no se informa de ciertas cosas.

P.- ¿Existen presiones hacia los profesores castellanohablantes?
R.- La presión depende del profesor, no sólo del centro. La presión siempre ha existido. Hoy por hoy, el catalán sirve para todo: no hay libros de texto en castellano. Pero la Primaria no es la Secundaria. En Secundaria han hecho la misma presión a partir del 92, pero nacimos nosotros y hubo otros follones y eso les retuvo. La Ley de Política Lingüística del 98 tenía que haber salido en el 95 o 96. Cuando han querido acelerar, el profesorado tenía un sentido de la educación más intelectual y estas cosas se veían peor. La resistencia era mayor. Han ido reduciéndose las clases en castellano, pero no todas son en catalán.

P.- ¿Cuál cree que ha sido la actitud de los medios de comunicación en este asunto?
R.- Si aquí hubiese información de lo que se ha hecho y se hace, esto dura cuatro días. Es indecente. ¿Esto es periodismo? Niegan lo evidente. Por ejemplo, es rotundamente falso que unos padres puedan darle a su hijo la primera enseñanza en castellano. No se puede dar. Punto.

P.- ¿Por qué?
R.- Les dicen a los padres: «Esto va a marginar a su hijo, fíjese que va a estar solo, va a parecer una persona inadaptada». Director, asociaciones de padres de alumnos, inspectores de Educación...Todos con el mismo discurso. Si el padre es cabezota, el maestro puede hacer escarnio del niño públicamente. Va allí cuando termina de explicar y se lo cuenta sólo a él, como si fuera tonto. Eso no lo quiere ningún padre para su hijo. Tienes que ser un héroe para seguir adelante.

Los alumnos tendrán que delatar a profesores que hablen castellano.
La Generalitat sondea a alumnos para averiguar qué lengua emplean sus profesores.
DANIEL G. SASTRE / EL MUNDO  17 Enero 2006

Dos delegados de cada clase firmarán un documento especificando el idioma que utiliza cada docente / Los 'coordinadores lingüísticos' creados por el tripartito velarán por la ejecución de ese control en cada colegio

Un documento pregunta a estudiantes y tutores si los docentes dan clase en catalán o en castellano / Varias asociaciones denuncian que el Govern ha creado la figura del 'coordinador lingüístico' para controlar idiomáticamente las aulas.

La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha su proyecto para debilitar el castellano como lengua para la docencia.

Una de las primeras actuaciones del Govern ha consistido en preguntar a los alumnos, a través de la controvertida figura del coordinador lingüístico, de interculturalidad y de cohesión social del centro, en qué idioma se realiza cada una de las actividades de clase, en qué proporción se usan y cuál es la lengua utilizada por el profesor para las explicaciones orales.

Una vez logrado que la práctica totalidad de las asignaturas de Educación Primaria se imparta en catalán, el objetivo es ahora la Secundaria, aunque algunos colectivos denuncian que la Generalitat de Cataluña también está actuando en ese sentido con los alumnos de Bachillerato.

Según los cálculos del Gobierno autonómico, entre un 30% y un 40% de los profesores de ese ciclo sigue utilizando el castellano en sus explicaciones.

Para hacer cumplir la Ley de Política Lingüística de 1998, que establece que la única lengua vehicular de toda la enseñanza obligatoria es la catalana, la Generalitat de Cataluña reparte en los institutos catalanes unas encuestas cuyo objetivo es averiguar en qué idioma se desarrollan las actividades dentro de las aulas.

Se trata de un documento con cuatro columnas y unas instrucciones al pie para rellenarlas, que se entregó a los tutores y a dos alumnos de cada curso.

«Para cumplimentarla, tenéis que poner un 1 en la casilla que corresponda, o un 0,5 si nos dicen que lo hacen en ambas lenguas.En cada fila tiene que haber o dos veces un 1, o bien un 1 y dos 0,5, o bien cuatro 0,5. El tutor o profesor encargado rellena la encuesta con los delegados de los alumnos de cada grupo, o con un máximo de dos alumnos del grupo», instruye el documento.

«No les basta con exigirnos dejar por escrito en nuestro horario en qué lengua damos las clases. Han comprobado la poca fiabilidad de estos datos por el miedo del profesorado castellanohablante a las represalias y han recurrido a la utilización de menores de edad para delatar con su firma a los profesores que dan las clases en castellano. Porque los dos delegados han de firmar, están obligados a firmar y responsabilizarse junto al tutor de la verdad de lo especificado en esas hojas de delación lingüística», manifiesta un profesor de Bachillerato.

La medida es una de las primeras actuaciones de los coordinadores lingüísticos, de interculturalidad y de cohesión social del centro, tildados de «comisarios lingüísticos» por los sectores que se oponen a la uniformización idiomática en las aulas.

La figura, creada para potenciar el Plan para la Lengua y la Cohesión social elaborado por la Consejería que dirige Marta Cid (Esquerra Republicana de Catalunya), tiene entre otras funciones la de «promover en la comunidad educativa actuaciones para la sensibilización, fomento y consolidación de la educación intercultural y de la lengua catalana como eje vertebrador de un proyecto educativo basado en el plurilingüismo», así como la de «potenciar la cohesión social mediante el uso de la lengua catalana».

Es sólo el primer paso en la intención del Departamento de Educación de elaborar un decreto que garantice definitivamente que todas las clases se impartan en catalán.

«No hay voluntad de usar las sanciones como la vía para hacer cumplir la ley, pero todos los funcionarios están sometidos a un régimen disciplinario», se recuerda desde la Generalitat.

Algunos profesores opinan que la creación de la figura del coordinador lingüístico abre la puerta a los castigos para los docentes que no se plieguen a la ortodoxia idiomática.

El Ejecutivo autonómico parece así tomar posiciones en la batalla que, desde hace más de 20 años, mantienen en Cataluña los defensores del catalán como lengua única en las aulas y los adalides del bilingüismo.

Más aún cuando permite, en un documento interno destinado a desarrollar el proyecto lingüístico de un instituto catalán, que se sugiera a los docentes en qué lengua deben relacionarse fuera de las aulas: «Se proponen las siguientes actuaciones: [...] Conseguir que todo el profesorado capacitado para impartir las clases en catalán lo haga. Siempre está la excepción de Lengua y Literatura castellanas, pero no la lengua puente de los idiomas. Para que esto sea posible hace falta que los departamentos se impliquen y lo traten a la hora de hacer sus propuestas de distribución de asignaciones de niveles al equipo directivo. La previsión mínima aceptable, a partir de los datos actuales, nos daría [la distribución siguiente]: en primer ciclo de ESO se mantendría el ritmo de la inmersión de Primaria, es decir, del 100% de las materias en catalán; en segundo ciclo de ESO y Bachillerato, tendríamos que garantizar que el 70% de las materias se impartiera en catalán, con la previsión de hacerlo extensivo al 100% en los próximos cursos».

Además, en la propuesta se recomienda «que el profesorado capacitado para hacer [sic] las clases en catalán mantenga el catalán como lengua de relación con el alumnado, el personal de Administración y Servicios y sus familias fuera del aula».

Entre los objetivos del citado centro también destaca el de «velar por que la adscripción del profesorado en los diferentes niveles se haga teniendo en cuenta la competencia lingüística», así como «garantizar que la lengua catalana, como lengua de aprendizaje y de comunicación, haga las funciones de vehículo de expresión cotidiana y se convierta en la lengua usual del centro».

La impresión de que la Generalitat de Cataluña se ha decidido a llevar la Ley de Política Lingüística hasta sus últimas consecuencias crece al comprobar cómo, en un documento dirigido a los directores de centros titulado Planificación estratégica. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir?, se ofrece una técnica de análisis a los centros llamado Dafo, siglas de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.

En el capítulo de amenazas, insta a preguntarse: «¿Qué dificultades externas tiene el centro para su supervivencia o su desarrollo?», y «¿qué viene de fuera que afecta negativamente al centro?».E identifica como ejemplo de una de esas amenazas un «entorno fuertemente castellanohablante».

Algunos docentes disidentes, muchos integrados en la agrupación Profesores por el Bilingüismo, denuncian que algunas prácticas van más allá incluso de lo que proponen estas circulares. «A los niños que hablan castellano con sus padres les incitan para que se dirijan a su familia en catalán», asegura uno de ellos.

"Existen mil trucos para quitarle horas a la materia de Lengua Española"
Desde la Consejería de Educación, sin embargo, se afirma categóricamente que no se pretende influir en la lengua que cada alumno emplee en sus relaciones personales.

La noticia de que un colegio de Badalona suprime la asignatura de Lengua Española en los dos primeros cursos de Primaria, amparándose en que la materia se asume en otras como Educación Física, Estructuras Comunes, Talleres o Juegos Dirigidos y en que los centros son libres de distribuir las horas que la ley obliga a dedicar a esa disciplina en cursos posteriores, no sorprende a esos colectivos empeñados en denostar la inmersión lingüística.

«Las clases de castellano se dan; lo de Badalona es un hecho aislado. Pero no siempre ha sido así. En los 80 había muchísimos colegios en los que no se daba nada de castellano. A nivel curricular, se solucionaba poniendo un notable a toda la clase. Hoy, hay mil trucos para quitarle horas a la materia de Lengua Castellana», explican fuentes contrarias a la política lingüística de la Generalitat.

En cualquier caso, está claro que no todos los foros están tan convencidos como el Govern de la bondad de sus planteamientos educativos.

AULAS E IDIOMA
1981. Se hace público el 'Manifiesto de los 2.300', que denuncia el desprecio de la Administración al «derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna».

1983. Se aprueba la Ley de Normalización Lingüística.

1994. Se difunde el manifiesto 'En castellano también, por favor', que consigue 50.000 adhesiones.

1998. Se aprueba la Ley de Política Lingüística.

2005. Se crea la plataforma Ciutadans de Catalunya, que anuncia la próxima creación de un partido político no nacionalista, una vieja demanda de varias asociaciones.

Zaplana denuncia que haya que acudir a huelgas de hambre «para defender derechos básicos»
MADRID / RABAT /CARMEN REMIREZ DE GANUZA. FERRAN BOIZA / EL MUNDO   17 Enero 2006

ESPAÑA / MODELO DE ESTADO / LAS CONSECUENCIAS POLITICAS
El dirigente 'popular' ofrece el «amparo» de su partido al padre al que la Generalitat no deja escolarizar a su hija en castellano, mientras el consejero de Comercio, Josep Huguet, tilda el hecho de «anécdota»

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, ofreció ayer el «amparo» y la «atención personal» por parte de su partido a Carmelo González -un padre que amenaza con declararse en huelga de hambre porque la Generalitat catalana no ha permitido hasta ahora escolarizar en castellano a su hija de tres años- y a «cuantos ciudadanos» se vean en una situación similar.

«A estas alturas» declaró Zaplana a este diario, «nadie pensaba que estaríamos acudiendo a las huelgas de hambre para defender derechos y libertades básicas». «Unos derechos y libertades que no se trata de conquistar, sino que están protegidos en la Constitución».

El dirigente popular se refirió a este mismo episodio en la conferencia que pronunció en el Club Siglo XXI de Madrid y en la que reprochó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un «auténtico proyecto de ingeniería contra los ciudadanos y contra su derecho fundamental a elegir libremente bienes tan elementales como la información, la educación o la lengua».

El número dos del PP, Angel Acebes, calificó la noticia de la huelga de hambre de «relevante» y «en absoluto anecdótica». «Uno no puede imaginarse ningún país en el que se permita la persecución del idioma común», dijo Acebes. «El castellano forma parte de nuestra cultura, y de nuestra riqueza, pero aquí se persigue, se pone en cuestión y hasta se sanciona» en tanto van avanzado los proyectos de los independentistas.

Bien distinta es la opinión del consejero de Comercio del Gobierno catalán, el republicano Josep Huguet, que calificó de «anécdota» la denuncia pública de Carmelo González y vinculó la información publicada ayer por EL MUNDO a una «campaña de intoxicación» impulsada por «determinados medios que lo único que quieren es abortar el proceso estatutario».

Desde Skhirat, al sur de Rabat, donde acompaña al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, en su viaje oficial a Marruecos, Huguet recordó que «la ley está muy clara: en Cataluña existe inmersión lingüística, que permite que al final de la enseñanza primaria exista un equilibrio entre los conocimientos de castellano y catalán».

«Es una ley democrática y mucho más light que la de otros países multilingües, como Bélgica, Suiza o Canadá», añadió el consejero de Comercio. Sin embargo, no hizo referencia alguna a las tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obligan a la Generalitat a escolarizar a los niños de hasta ocho años en el idioma que elijan sus padres.

«campaña de intoxicación»
Huguet situó la aparición de esta información con la «campaña de intoxicación» que, en su opinión, se desata siempre que Cataluña «condiciona la política española». «El último recurso es el conflicto lingüístico, aunque siempre queda en nada porque en Cataluña no existe problema», sostuvo.

Para Huguet, «cuando ya se han agotado todas las cuestiones de la OPA [de Gas Natural a Endesa], del poder de los catalanes, del final de España, que yo no acabo de ver, ahora sólo les queda la lengua». «No lo conseguirán», proclamó Huguet, «aunque utilicen una anécdota como ésta», en referencia a la denuncia del doctor Carmelo González.

Mientras tanto, la protesta de este padre frente a la Generalitat para reclamar una educación en castellano recibió ayer las primeras adhesiones. «Si hace huelga de hambre no la hará solo», decían algunos de los que ayer apoyaron su causa.

Además de las numerosas llamadas de medios de comunicación que querían hacerse eco de la entrevista publicada en EL MUNDO, Carmelo González recibió ayer el apoyo de conocidos y desconocidos. En la reunión de ayer de Ciutadans de Catalunya, la plataforma que pretende la creación de un nuevo partido, la educación en castellano fue uno de los temas protagonistas, según informa Eva Belmonte.

El grupo, formado por algunas caras conocidas como Albert Boadella, celebró una reunión organizativa que congregó casi a 300 personas.Algunos de los presentes explicaron historias muy similares a la suya. Después de que González interviniera en la reunión, fue ovacionado con un largo aplauso. Desde la plataforma se quiso expresar la «solidaridad por parte de todo el grupo y la intención firme de apoyarle en su lucha», afirmó ayer uno de los miembros, José Domingo.

Tras la reunión, miembros de la plataforma apoyaron al padre para organizar los siguientes pasos de su reclamación. El primero será emprender medidas legales contra el colegio en el que estudia su hija.

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