AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 19 Enero  2006
La virtud de la ley
Editorial ABC  19 Enero 2006

...EL TRAIDOR
MIKEL BUESA ABC 19 Enero 2006

El nihilismo de ZP y la hipocresía de Bono
EDITORIAL Libertad Digital 19 Enero 2006

Bambi vuelve a la selva
José García Domínguez Libdertad Digital 19 Enero 2006

El kamikaze y los ruidos de claxon
Aurelio Alonso Cortés Libertad Digital 19 Enero 2006

Las buenas intenciones
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 19 Enero 2006

Para la defensa de la nación española
José Javier Esparza elsemanaldigital 19 Enero 2006

El delegado del Gobierno es neutral ¡frente a ETA!
Pascual Tamburri elsemanaldigital 19 Enero 2006

Un informe desaconseja el uso de las lenguas autonómicas en Bruselas
E. SERBETO. CORRESPONSAL ABC 19 Enero 2006

El «Frankfurter» tacha de «limpieza lingüística» la política en Cataluña
R. V. CORRESPONSAL ABC 19 Enero 2006

España, en la almoneda
José Javaloyes Estrella Digital  19 Enero 2006

Elogio de un Juez
José Luis Manzanares Estrella Digital  19 Enero 2006

Las palabras y las cosas
Editorial ABC 19 Enero 2006

Nocturnas limpiezas autonómicas
JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 19 Enero 2006

Horizonte abierto
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 19 Enero 2006

María dignidad
EDUARDO SAN MARTÍN ABC 19 Enero 2006

La guerra nuclear no es imposible
DARÍO VÁLCARCEL ABC 19 Enero 2006

Cultura impide la inscripción de la «Fundación para la Defensa de la Nación Española»
R. N. La Razón 19 Enero 2006

La Generalitat aumenta el dinero para el catalán
P. A. Ruiz La Razón 19 Enero 2006

La Policía francesa confirma que ETA robó 1.300 kilos de material para bombas
J. M. Zuloaga / R. L. Vargas La Razón 19 Enero 2006

El Ejército arresta a un capitán de la Legión que advirtió de la ruptura de España
D. Mazón / R. N. La Razón 19 Enero 2006

La virtud de la ley
Editorial ABC  19 Enero 2006

ARNALDO Otegi está procesado por pertenencia a banda armada en grado de dirigente. Fue condenado hace años por delito terrorista y recientemente fue nuevamente condenado por injurias al Rey. Este Otegi, el mismo que cuestiona permanentemente la independencia de la Justicia y proclama la sumisión de los jueces a los dictados del PP, es el que ayer se benefició del Estado de Derecho, que sus jerarcas terroristas se empeñan en doblegar. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha ordenado repetir el juicio que condenó a Otegi por enaltecer el terrorismo durante el «homenaje» a la etarra Olaia Castrasena. Su recurso fue apoyado por el Ministerio Fiscal en el motivo que impugnaba la imparcialidad del tribunal sentenciador, dos de cuyos miembros estaban «contaminados» tras haber valorado de forma comprometida, antes del juicio oral, el resultado de la instrucción. Técnicamente, la decisión se ajusta a la jurisprudencia de los tribunales Supremo y Constitucional; también a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es la misma razón que llevó a la separación del primer tribunal que tenía que juzgar a Atutxa.

Por tanto, Otegi no ha sido absuelto. Se ha revocado su condena para que vuelva a ser juzgado. Su situación procesal sigue siendo la de acusado. Este resultado también expresa el funcionamiento normal del Estado de Derecho, que no necesita atajos para hacer efectivas las responsabilidades ni para derrotar al terrorismo. Es preferible que los propios tribunales de Justicia vigilen sus procedimientos y depuren sus defectos a que corran riesgos innecesarios de posteriores anulaciones por el Tribunal Constitucional, sólo por condenar a toda costa. El fin nunca ha justificado los medios para lograr el cese del terrorismo etarra, ni ahora ni nunca. La aplicación objetiva de la ley y del sistema de garantías marca la diferencia entre un Estado que se afirma de Derecho y los terroristas, pero no sólo éstos; también los oportunistas que desprecian el imperio de la ley como un obstáculo para la paz y auguran desastres que no se producen, porque el verdadero desastre es que la ley se aplique por conveniencia política. Lo que aleja la paz es que el Estado no funcione y los delitos queden impunes.

...EL TRAIDOR
MIKEL BUESA Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid ABC 19 Enero 2006

Todo empezó mucho antes. Sutilmente, casi sin necesidad de hacer explícitos los fundamentos de una política conducente a la traición, situándose en esas abstracciones que, como dijo una vez Antonio Muñoz Molina, esconden una «falta de compasión y... de respeto por la vida humana», y que tanto gustan a esa «gente en la izquierda que prefiere seguir pensando en términos de pueblo, de masas, porque no sabe qué hacer con las personas concretas». Primero fue -tal vez hubo un antes al hecho primigenio, pues de todo se encuentra en una biografía sólo orientada por el desnudo oportunismo-, fue, digo, buscar un culpable para el terrorismo: «Aznar -dijo sin el menor rubor y sin que la vergüenza delatara en él un signo de inteligencia- ha conseguido que estemos en la lista del terrorismo internacional». Y así quedó cerrado el análisis político del atentado de Casablanca. Y así, también, sus autores se vieron moralmente justificados, pues, según añadió en ese tono de falsa rotundidad que le caracteriza cuando cree pronunciar una frase ingeniosa, «teníamos razón cuando dijimos que el arma de destrucción masiva más preocupante era el odio y el fanatismo que podía crear la guerra». No había transcurrido un trimestre cuando, con motivo del atentado en Bagdad contra Sergio Viera de Mello, insistió en el mismo discurso y aportó la solución al problema: el desistimiento, la cesión, la retirada.

La fórmula parecía servir. En una sociedad en la que muchos deseaban encontrar una respuesta simple a la acuciante cuestión de por qué algunos son los elegidos para sufrir el inhumano azote del terrorismo y, a partir de ahí, desviar la mirada y refugiarse en ese lugar en el que es posible vivir como si no pasara nada, echarle la culpa a Aznar -haciendo de Aznar otra aberrante abstracción- daba resultado y, sobre todo, desgastaba electoralmente a unos rivales progresivamente conceptuados como enemigos. Sólo había que esperar la ocasión propicia, y ésta llegó de la mano del más terrible de los atentados que han asolado España. El resultado es conocido y quien había enarbolado ese falaz discurso acabó ocupando la residencia de La Moncloa.

Fue entonces cuando las, al parecer, preclaras inteligencias de nuestro socialismo castizo concibieron la idea de trasladar la fórmula del éxito al ámbito interno. Y si Aznar había sido el culpable del terrorismo que nos llegaba de fuera, también podía serlo del que, desde hacía tantos años, arrastrábamos dentro. ¿Qué hacer?, parecían preguntarse entonces. Lo contrario que Aznar; ésa era la respuesta. Rápidamente se pusieron a la tarea, con sigilo, sin decirlo explícitamente, con engaño, pues engaño era sostener la ficción de que, al fin y al cabo, un presidente neófito -un principiante, en definitiva, pues llegaba a su magistratura sin la menor experiencia de gobierno, ni siquiera como alcalde pedáneo de una aldea rural- tenía el derecho a hacer lo que sus antecesores también habían hecho, incluso equivocándose. El Pacto Antiterrorista quedó arrumbado, la concertación con el PP en desuso, y la idea de derrotar a ETA se diluyó en el idílico anhelo de una paz posible, al parecer, por el hecho de que quien ahora nos gobernaba tenía buena suerte y podía decir, en privado, sin alharacas, susurrando en el oído de aquellos que, desde posiciones de izquierda, exhibían los callos de unas batallas nunca ganadas del todo a los terroristas: «Confiad en mí». Y la confianza fue el preludio de la traición.

Así, poco a poco, se fueron desmontando todos los elementos que habían dado consistencia a la lucha contra el terrorismo nacionalista. En menos de seis meses empezó a filtrarse la existencia de unas eventuales negociaciones con ETA, teniendo como interlocutores a los dirigentes de Batasuna. Ésta se vio moralmente respaldada por la renuncia del Fiscal del Estado a actuar contra la desobediencia del presidente del Parlamento Vasco respecto a la disolución del grupo parlamentario de los terroristas. Entre tanto, el terrorismo callejero experimentó un repunte que, más tarde, consolidaría una trayectoria ascendente. Y ascendente fue también la presencia pública de una Batasuna que, imparable, fue asentándose en la calle y en los medios de comunicación hasta convertirse en un interlocutor político cultivado sin disimulo por los nacionalistas y con declinante discreción por los socialistas. Parecía como si éstos hubieran hecho suyo el aforismo de Ibarretxe: «El elefante, si te lo comes, es indigesto; hay que comérselo a pedacitos; hay que ir avanzando».

Comerse el elefante con sigilo, tal era la cuestión. Para ello, lo primero sería un anuncio general: «Estoy dispuesto -dijo el líder en Radio Nacional al mediar febrero- a arriesgar... para afrontar el tema del terrorismo con horizonte de ver el fin de la violencia», mientras la tarea sucia se la hacía el Alto Comisionado sugiriendo a la directiva de la Asociación de Víctimas del Terrorismo que «expusieran en su foro interno la posibilidad de hacer ciertas concesiones al entramado terrorista». Y tres meses después todo se hizo concreto: «Mi obligación es trabajar por la esperanza... El fin de la violencia no tiene precio político, pero la política puede contribuir al fin de la violencia», señaló antes de que, en conjunción con los nacionalistas de todas las procedencias, su partido aprobara en el Congreso una resolución que avalaba la negociación con ETA. La traición se iba consumando y, mientras el portavoz de los terroristas elogiaba la nueva política -«ése es el paso que habrá que dar si de verdad se quiere resolver el conflicto», señaló inmediatamente Otegi-, las víctimas del terrorismo y los movimientos cívicos nos movilizábamos en una manifestación masiva para denunciarla.

Un esfuerzo vano. Creímos por un momento que, con un millón de personas en la calle, la digestión del elefante se habría cortado. No fue así. En silencio, con discreción elusiva de la obligada transparencia democrática, se forjaban los pasos finales de la deserción y él, acompañado de los conversos y los cobardes que pueblan su partido, consumó su apostasía convirtiéndose a un nihilismo oportunista que lo justifica todo en función de la cotización que se alcance en el trapicheo del poder. Y desde entonces fue posible relativizar los conceptos constitucionales esenciales, transmutándolos en meras cuestiones semánticas; fue posible encontrar las ventajas de ayudar, en un trasiego de apoyos presupuestarios, a quien sólo unos años antes despreció a los que velábamos el cadáver de un dirigente socialista asesinado en Vitoria; fue posible empezar a asumir las mesas negociadoras propuestas por ETA; fue posible escuchar en boca de un secretario general regional la exculpación de los terroristas de cuello blanco o el lamento por el cierre de su periódico para, a continuación, sugerir la posibilidad de una eventual alianza con Batasuna; fue posible, en fin, que él acabara abogando por los derechos individuales de los terroristas para, apelando al de reunión, justificar que su partido -al parecer inexistente por ilegalizado- pudiera celebrar un congreso en toda regla, evitando así la desagradable tarea y el engorroso deber de ordenar a las instituciones del Estado que ejercitaran la represión sobre quienes pudieran ser sus circunstanciales amigos en el futuro inmediato. Porque, efectivamente, nos ha traicionado, se ha pasado con todos los pertrechos al campo de los otros y nos ha abandonado convirtiendo en polvo y cenizas el sacrificio de los nuestros. Tal vez crea que así llegará a ser un gran hombre y que la historia le alabará; pero olvida que él sólo tiene un poder efímero y que, por nuestra parte, no cejaremos hasta ver satisfecha la reivindicación moral de nuestro resentimiento.

El nihilismo de ZP y la hipocresía de Bono
EDITORIAL Libertad Digital 19 Enero 2006

Resulta asombrosa la tranquilidad con la que los representantes del Gobierno dicen auténticas barbaridades como las que, sobre la nación, acaban de pronunciar el presidente Zapatero, la vicepresidenta De la Vega y el ministro de Defensa, José Bono.

Empezando por el presidente, y aunque sea con retraso, no podemos dejar pasar su nihilista proclama de que, en una “democracia avanzada”, no hay que dar “la batalla por las palabras y los conceptos”. Si hay algo, sin embargo, de importancia esencial tanto en el derecho, como en la ciencia política como en la Filosofía, es precisamente el uso del lenguaje. Lo más despreciable, con todo, es que el nihilismo del presidente del Gobierno se decanta siempre a favor de las “palabras” y los “conceptos” de los separatistas –que ellos, desde luego, sí consideran irrenunciables–, por mucho que, como en el caso de la “nación catalana”, sean una afrenta a la realidad, a la historia, a nuestra Constitución y a la continuidad de España como Estado de derecho y a la de los españoles como ciudadanos iguales ante la ley.

Más patética ha sido, con todo, la inconsciencia de la vicepresidenta De la Vega, cuando ha dicho que la palabra “nación” aparecerá en el preámbulo, pero no en el articulado, pues eso “entraría en confrontación con el articulo 2 de la Constitución”. Vamos, como si el preámbulo de un estatuto, además de no formar –junto al articulado– un todo jurídico, fuera una especie de cajón de sastre en el que es admisible cualquier disparate anticonstitucional. O trastorno de identidad.

¿Y qué decir de Bono, que ha venido a repudiar “la España de los Reyes Católicos” al mismo tiempo que a ensalzar a España como “una de las naciones más antiguas del mundo”? ¿En qué quedamos? ¿O tampoco fue, acaso, la España de los Reyes Católicos la “España que había descubierto el Nuevo Mundo” en tiempos en los que –como dice Bono– aún otras naciones “estaban en mantillas”?

Al margen de los vericuetos históricos en los que nos introduce Bono, la nación que ZP y los separatistas van a socavar con su estatuto soberanista, todavía es, además, un Estado de Derecho, en el que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Si Bono ensalza a la nación española, lo hace de la misma forma que el vicio cuando rinde homenaje a la virtud: con la hipocresía. Y a esto ha acabado dedicándose, hasta extremos delirantes, este servidor de ZP y de los separatistas, que quiere, al mismo tiempo, seguir aparentando patriotismo constitucional.

Dijimos en su día que, con el gobierno del 14M, nos aguardaban autenticas pesadillas orwellianas; pero el espectáculo que están dando todos los miembros del gabinete ZP, con tal de colar “el pulpo” del estatuto como “animal de compañía” de la Constitución, ya no es sólo la institucionalización de la mentira y de la distorsión del lenguaje: Es un espectáculo propio de un manicomio.

Nación
Bambi vuelve a la selva
José García Domínguez Libdertad Digital 19 Enero 2006

Imposible no adivinar un retrato premonitorio de Zapatero en esa injusta diatriba de Malebranche contra Montaigne que ahora releo: “No tiene principios en los que fundar sus razonamientos y tampoco el orden sobre el que deducir unos principios”. He ahí la clave de bóveda de la última ocurrencia –por llamar a lo suyo de algún modo– presidencial. “En una democracia avanzada”, acaba de barruntar ZP, “lo peor es dar una batalla por las palabras y por los conceptos”. Así, con una frase, media sonrisita y un par, la historia entera de la Humanidad acaba de ser repudiada por un tipo de Valladolid que se dice de León. Y es que la batalla por las palabras no sólo es asunto de las democracias avanzadas, de las avezadas, de las retardadas y de las mediopensionistas. Esa refriega por las voces y sus significados, en realidad, es la única guerra, la interminable, la eterna, en la venimos batiéndonos los bípedos desde el instante mismo en que bajamos de los árboles.

Porque sólo nuestros parientes, los chimpancés que aún se columpian gozosos en las ramas de la selva, han permanecido fieles al karma intelectual que ha alcanzado Zapatero. Soy testigo: en el Zoo de Barcelona, pasé muchas tardes de mi infancia contemplando a Copito de Nieve. Y nunca jamás me transmitió la menor impresión de estar interesado en la lucha por los conceptos; al contrario, la suya más bien parecía la batalla por las bananas –por pelarlas a toda prisa y tragárselas antes que los otros monos de la jaula–. Quién sabe, quizá aquel niño que fui tuvo ante sus ojos el primer laboratorio experimental de democracia avanzada del planeta, y fue incapaz de reconocerlo.

De todos modos, aunque el presidente y los huérfanos de Copito puedan permitirse ignorarlo, los demás deberíamos recordar que los períodos de caos siempre se inician con una revuelta contra el lenguaje. De pronto, se pierde la fe en las voces y los significados se liberan de las cadenas del diccionario. En el libro XIII de los Anales, Tzu-Lu pregunta a Confucio: "Si el Duque de Wei te llamase para administrar su país, ¿cuál sería tu primera medida?”. Y el maestro responde: “La reforma del lenguaje”. Los deudos inconsolables de Copito y el presidente no lo sabrán, pero ya Confucio intuyó que el Estado, igual que cualquier convención humana, no es más que un enorme edificio construido de palabras; de palabras que sólo lo sostienen gracias a que perviven atadas a sus significados.
Lo sabía Confucio y lo sabe Maragall. Por eso, todas sus tropas permanecen apostadas hoy en torno a un único concepto del Diccionario del Instituto de Estudios Catalanes. Nació: Conjunt de persones que tenen una comunitat d'història, de costums, d'institucions, d'estructura econòmica, de cultura i sovint de llengua, un sentit d'homogeneïtat i de diferència respecte a la resta de comunitats humanes, i una voluntat d'organització i de participació en un projecte polític que pretén arribar a l'autogovern i a la independència política.

Zapatero
El kamikaze y los ruidos de claxon
Aurelio Alonso Cortés Libertad Digital 19 Enero 2006

Fue la pasada semana, entre las dos luces del atardecer. Escribo en tiempo verbal presente porque la hazaña se repite cada día, también hoy. Un autobús circula a gran velocidad por la autopista nacional de Madrid a Barcelona y en dirección contraria. Lo conduce Rodríguez, el sedicente presidente del Gobierno de España; el “soi-disant” del lenguaje de Molière que él “domina”. Mira fijamente a lo alto hacia no se sabe donde. Un enorme rotulo a la entrada informa del nombre de la autopista: “Constitución Española. Autopista Nacional”.

El autobús se llama España. En frontal y laterales lleva pintada la bandera roja y gualda. Y, aunque es el vehículo de todos los españoles, dentro sólo se acierta a ver, amparados en la oscuridad, a los del cuatripartito catalán dando órdenes al susodicho conductor kamikaze. Quienes circulan correctamente por el carril invadido intentan eludirle y hacen sonar su claxon. Algunos salen despedidos de la autopista. Tras la valla metálica muchos ciudadanos –¡casi diez millones!– gritan alarmados reclamando a la autoridad –allí presente pero inhibida– que evite la catástrofe.

Veamos los resultados de circular en dirección prohibida por la Constitución.

El vehículo del idioma español cae a la cuneta. Los cuatripartitos okupantes del autobús España han conseguido que se obligue a hablar en catalán a quien viva o viaje a Cataluña. “Es un deber impropio, es decir carente de sanción”, argumenta el chofer Rodríguez, en peregrina fórmula seudo jurídica que le sopla Rubalcaba, un químico o más bien alquimista metido a político, también a bordo.

El “trailer” del poder legislativo, exclusiva del Parlamento nacional, se estampa contra el blindaje estatutario al “margen” de la Constitución. Y resulta destrozada su facultad de legislar unitariamente para todo el territorio español. Desde ahora no habrá obstáculo para que el homólogo de Cataluña apruebe leyes para separarla del resto de España. “¡Qué importa!”, dice el kamikaze promotor. “El concepto de Nación es debatido y debatible. Póngase pues en el preámbulo del Estatut, conforme aconseja mi alquimista”.

La furgoneta de la Justicia es impulsada a la cuneta al esquivar el bus de Rodriguez que se salta la señal de tráfico que obliga a cumplir toda sentencia. Y entre ellas la del Tribunal Supremo que ilegalizó a Batasuna y prohibió sus reuniones por ser organización terrorista. No obstante tal impedimento, los batasunos pretendían celebrar una asamblea en Baracaldo el próximo sábado 21 de enero. “Es el derecho fundamental de reunión que ampara también a los delincuentes”, argumentaba el kamikaze Rodríguez coreado desde el arcén por la Vice de la Vega y su Ministro de Justicia.

No contaban con que la Justicia, aunque modesta, sigue siendo más bien independiente. Su “furgoneta” recupera la autopista dando un empellón al kamikaze. El juez Grande Marlaska ha prolongado por dos años la suspensión de toda actividad de la banda, cerrado sus sedes y ordenado al Gobierno vasco que impida la ilegal asamblea. A Ibarreche se le atragantará el cava con que brindó el lunes en Vitoria, con Carod, por la resurrección de su viejo Plan a la sombra del Estatut.

¿Quien para al kamikaze y arregla los desperfectos? Nos lo preguntamos los españoles mientras autoridades y partidos debaten sobre el sexo de los ángeles.

Siendo competente el Tribunal Constitucional para anular el Estatut, no llegará a tiempo. Aunque hubiera voluntad, que lo dudo, requiere formalmente su previa aprobación por el Parlamento español. Y de aprobarlo el victimismo cuatripartito dificultará dar marcha atrás.

El PP, que parece abandonar su viaje al centro ... de la tierra, intenta pararlo pero es abucheado y arrollado. Se le ha negado toda intervención y sus declaraciones en defensa de la circulación constitucional “crispan”, “palabro” machaconamente repetido por cientos de indocumentados crispines.

Hay coincidencia entre los ciudadanos – entre ellos los buenos catalanes - en que podría paralizar todo la élite del PSOE, especialmente el tándem Guerra-González. El primero, que expresó claramente su aversión a esta reforma estatutaria, presidirá la Comisión Constitucional del Congreso, la competente para detener la locura. El segundo, Felipe González, ha manifestado su desacuerdo con el Estatut; en Jaca ante los militares y recientemente en Sevilla bautizándolo de “cagada” (sic) y a ZP de residuo escatológico, o sea, vulgar “eme”. También mostraron su contrariedad socialistas de la categoría de Rodríguez Ibarra, y el alcalde coruñés Vázquez pero, ¿qué harán en definitiva? Bono se envuelve en la bandera española con propósitos de promoción personal. Y Chaves, el de la Andalucía “planchada” por el Estatut, acepta definir en su preámbulo a Cataluña como nación.

Un historiador de gran prestigio calificó de suicida político al presidente Rodríguez, el kamikaze de este mi comentario. Fue en el celebre “Más se perdió en Cuba” de Radio Intereconomía, el programa de las 20 horas de domingos y festivos. Hay abundante literatura médica. Un prototipo es Ayax, el héroe maniático de la tragedia griega, que buscaba ganar las batallas por si solo, para atribuirse la victoria sin solicitar auxilio o aparentando no pedirlo. Aunque cortitos, se creen poseedores de facultades para triunfar. En la voz “suicida político”, del Google, encontrarán pistas.
Sólo el pueblo español podrá pararlo. No basta, aunque sea sacrificado e importante, manifestarse en las calles de Madrid. Sugiero una formula más sencilla. Fijar un día y hora concreta –por ejemplo los martes a las 12– para que, en toda España y al unísono, los ciudadanos hagamos sonar el claxon de nuestro vehículo. Durante un minuto y de día para no incordiar a los enfermos. En febrero, antes de la aprobación de los estatutos catalán, vasco y gallego. A tiempo de evitar el gran choque en la autopista constitucional; quizá el que alertó el general Mena y alientan algunos paisanos como los injuriantes del Avui y sus mecenas. Mejor “ruido de cláxones” que “ruido de sables”.

Malestar
Las buenas intenciones
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 19 Enero 2006

No hay que defender la España de los Reyes Católicos, dice Bono. Pero no hay problema para el que vive mentalmente en la Galicia de los suevos o en la Cataluña de Guifré el Pilós, cuatro dedos sanguinolientos sobre un escudo dorado. Tampoco lo hay si unos alucinados usan el dinero de los impuestos para meterle a usted –escéptico o traidor– en su visión, que es una profecía hacia atrás. Los nacionalistas son buenísimos adivinando el pasado.

La Nación se nos ha convertido, casi sin darnos cuenta, en un Estado plurinacional a resultas de las fiebres liliputienses que indujo e induce un puñado de gobernantes autonómicos premodernos. Sin oficio ni beneficio, zurupetos nutridos por la teta del erario se han venido comportado con la ciudadanía al modo de esas víctimas del síndrome de Munchausen: madres abnegadas y solícitas, se desviven por hijas a las que han provocado su enfermedad, a las que mantienen primorosamente enfermas.

Llevan décadas inoculándonos un mal de pasiones, visiones y arrebatos. Nos administran unos vigorizantes nacionales que parecen los cafelitos que le sirve a Ingrid Bergman, en Encadenados, la bruja de su suegra. Unos creen que su vida va a ser mejor en cuanto lleguen los papeles de Salamanca. Otros se sienten más seguros sabiendo que los policías nacionales no pueden ir armados por estos pagos. Este ha caído en el insomnio porque ya no soporta más el déficit fiscal; ese ha perdido el apetito porque en los patios de los colegios se sigue usando el castellano; aquel sufre urticaria cada vez que ve ondear la bandera española en la Plaça de Sant Jaume. Pero lo único enfermizo son los cuidadores, el morboso termómetro, el sutil instrumental con el que la clase política y los medios del oasis nos miden las constantes a diario.
Ya los oigo. Lo hacen por nuestro bien, quejarse es cosa de dementes. Fuera de eso no hay ningún malestar, y, como ha observado Rodríguez, mucho menos en el ejército. No hay malestar en las empresas, ni en la judicatura, ni entre los docentes, ni entre los peperos apestados. Nada, un loco que no sabe dónde está y que amenaza con una huelga de hambre porque quiere educar a su hija en castellano. Y unos cuantos nostálgicos que viven en la España de los Reyes Católicos. Lo dice Bono, que no es nacionalista.

Para la defensa de la nación española
José Javier Esparza elsemanaldigital 19 Enero 2006

El Ministerio de Cultura ha denegado a la Fundación para la Defensa de la Nación Española su inscripción en el correspondiente Registro oficial. Esta Fundación es una iniciativa social y cultural, independiente de partidos políticos, que declara su propósito de llevar al terreno cívico la defensa de la dimensión nacional de España. En su patronato de honor figuran nombres como Fernando García de Cortázar, Amando de Miguel, Francisco Caja, Gustavo Bueno, Vidal-Quadras o el padre Larrínaga. El promotor más conocido de la idea es Santiago Abascal. ¿Por qué el Ministerio de Cultura la ha vetado? Según comunicado oficial, porque el nombre de la Fundación "coincide o se asemeja" con los fines del… ¡Ministerio de Defensa!

La respuesta de Cultura es tan hilarante que podemos ahorrarnos los chistes. Lo sustantivo es saber por qué el Ministerio de Carmen Calvo, que gestiona el registro de fundaciones, toma una decisión tan bochornosa. En la Administración abundan el contrasentido y el absurdo –males propios de la burocracia-, pero con menos frecuencia la estupidez. Por consiguiente, hay que descartar que hayamos topado con un necio. Más bien habría que presumir una motivación racional de fondo, lo cual nos lleva a imaginar dos posibilidades: a) La ministra Calvo –o, tal vez, sólo un funcionario- considera que la defensa de la nación española es cosa de militares, presunción que no deja de sonar graciosa en el contexto de estas últimas semanas; b) La ministra Calvo –o, tal vez, sólo un funcionario- desea impedir que se defienda a la nación española desde la sociedad civil, lo cual tampoco debería extrañarnos tanto. En cualquiera de los dos casos, la decisión de Cultura huele, de lejos, a cacicada fenomenal.

Pero todo tiene su lado positivo, incluso esto. Y así el lance nos ha servido para conocer los objetivos de la Fundación: que los españoles no dejen de tener conciencia nacional, que los símbolos de la unidad nacional española permanezcan vivos y visibles, que instrumentos decisivos como nuestra lengua no perezcan bajo el boicot separatista al bilingüismo y, rasgo novedoso, que tales empresas se lleven a cabo desde la sociedad, desde la calle, implicando a los españoles de a pie. Si usted se fija, todas las movilizaciones que hemos vivido en estos últimos meses responden a un movimiento cívico organizado: hay asociaciones de víctimas del terrorismo o de padres católicos, por ejemplo, que han sido decisivas para que los españoles tomen conciencia de lo que está en juego. Pero no existe un movimiento semejante en algo tan vital como la defensa de la idea nacional española, de la bandera rojigualda allá donde es suprimida, de nuestra lengua común allá donde es perseguida. Esta Fundación desea llenar esa laguna, lo cual es una excelente noticia. El propio veto de Cultura ya es una sólida prueba de que esta Fundación es absolutamente necesaria.

Que cuenten conmigo.

El delegado del Gobierno es neutral ¡frente a ETA!
Pascual Tamburri elsemanaldigital 19 Enero 2006

Navarra, lógicamente, tiene un delegado del Gobierno socialista. Socialista el remitente, como todos sabemos, y socialista también el remitido, don Vicente Ripa. Ripa es funcionario de mi mismo cuerpo, pero sus entretenimientos políticos lo mantienen alejado del Instituto Torre Basoko de Pamplona, donde debería profesar. Historia, además. Pero si en esas cosas hay un cierto empate entre Ripa y yo, en otras me supera francamente. Por ejemplo, es seguro que canta mejor que yo, o al menos más, dada su afición a la música coral; y no le discuto, por supuesto, una formación espiritual más cuidada –mejor dicho, más avanzada- que la mía.

Ripa, que además es de Miranda de Arga, pasa por ser un hombre simpático. No puedo confirmarles el extremo porque no he tenido trato personal con este señor, que antes de ocupar el viejo Gobierno Civil fue diputado en las Cortes. Pero les aseguro que es un hombre inquieto, muy inquieto, y se lo voy a explicar.

El pasado 18 de diciembre autorizó –porque gracias a Zapatero tiene autoridad para ello- un homenaje a terroristas de ETA en la localidad de Berriozar, no lejos de Pamplona. Y allí unas de setenta personas profirieron gritos a favor de la banda con motivo de la salida de la cárcel de uno de los suyos. Y me dicen que, además, llevaban fotografías del subteniente del Ejército Francisco Casanova, asesinado allí después de la tregua. A un lado, el Ejército y las víctimas. Al otro, los criminales. En medio, neutral, Vicente Ripa.

Ripa está por encima de nuestras pequeñeces. Por ejemplo, en Sangüesa, los chicos de Batasuna llevan incordiando desde el verano, con auténtica guerrilla urbana, contenedores y cajeros quemados, ataques al cuartel de la Guardia Civil y todos los complementos. Pues bien, para Ripa se trataba de un "no saber estar" y de "una gamberrada". Tuvo que venir José Antonio Alonso, el ministro del Interior, que también es socialista pero que tiene sentido de la medida, y aclaró que, en efecto, eran actos terroristas. ¿Qué iban a ser si no?

Para nuestro delegado del Gobierno esto parece no tener importancia. Ripa es un producto acabado de la Transición, y como en ella la verdad y la mentira son para él poco importantes. Si es necesario llegar a acuerdos con ETA –y en la estrategia de Zapatero parece necesario- Ripa hará los sacrificios que haya que hacer para que ETA se eclipse y los ciudadanos se feliciten por tener un representante gubernativo tan rocero. Ripa hace su tarea; y no es culpable de la mayor parte de las cosas que hace. Es su Gobierno quien, conociéndolo, haría mejor en no ponerlo en aprietos. Para que se comprenda el talante del personaje, y su naturaleza inofensiva, recordemos que lo primero que hizo en su sede fue suprimir la guardia armada de guardias civiles. En Pamplona.

Zapatero debe buscar un acomodo adecuado para los méritos de Ripa. Estoy convencido de que, a pesar de nuestras pésimas relaciones con la Santa Sede, en la Obra Pía aún queda un hueco conveniente para la formación y aptitudes de este buen señor. Y mientras se lo piensan, francamente, yo les pediría que nos enviasen a alguien que sí sepa qué es el nacionalismo vasco, especialmente porque el próximo sábado día 21 los buenos nos vamos a manifestar contra los malos en Pamplona, y me gustaría que hubiese por aquí un poncio que no se lleve tan bien con los malos.

Un informe desaconseja el uso de las lenguas autonómicas en Bruselas
Según los traductores, un eurodiputado tendría que advertirles con siete semanas de antelación de que va a intervenir en otra lengua
E. SERBETO. CORRESPONSAL ABC 19 Enero 2006

BRUSELAS. La petición de que las lenguas autonómicas españolas puedan ser utilizadas en el Parlamento Europeo no ha caído nada bien en la Eurocámara y existe la posibilidad de que al final sea rechazada. El lunes se volvió a aplazar la votación en la Mesa de vicepresidentes, según todos los indicios porque era más que evidente que no se alcanzaría una mayoría a favor.

No es de extrañar, dado que el informe preliminar del secretario general de la Cámara, el laborista británico Julian Priestsley, plantea muchas dificultades para que se acepte el uso de tres nuevas lenguas que sería «impracticable», crearía una nueva lista de agravios comparativos y, además, lejos de lo que podría parecer, pone un intermediario más en las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones europeas.

Sólo uno de los quince vicepresidentes de la Mesa apoyan la idea y el presidente Josep Borrell está prácticamente solo defendiendo la propuesta negociada por el Gobierno de Zapatero.

Deber de conocer el español
Priestley se maravilla en su informe de que «la Constitución española establece que el español o castellano es el idioma oficial en España y todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar el español» y subraya que «sorprendentemente las Cortes no tienen ninguna disposición específica sobre el uso de las lenguas distintas del castellano en los procedimientos parlamentarios».

En la lista de inconvenientes empieza diciendo que «estaría fuera de cuestión que no se diera respuesta a peticiones similares de otros gobiernos» y advierte que en la actualidad «hay muchas otras lenguas europeas con un status de reconocimiento constitucional», entre las que cita trece, empezando por el modesto lëtzebuergesch, la lengua oficial de Luxemburgo, y terminando por el ruso, que habla casi la mitad de la población de Letonia, o el turco, usado en el norte de Chipre.

Exigencia de los traductores
También indica que los servicios de traducción han establecido en siete semanas, y confirmándolo dos semanas antes, la «antelación razonable» con la que se debe informar al Parlamento de las intenciones de un diputado a usar lenguas distintas al español. «En condiciones normales, es muy difícil que un diputado pueda decir con siete semanas de anticipación si necesita hablar en una lengua adicional».

También encuentra dificultades técnicas para la interpretación teniendo en cuenta los «canales» disponibles, por no hablar del problema de encontrar traductores. Finalmente, el secretario general se pregunta si no es un contrasentido «usar en el Pleno lenguas que no se emplean luego en la legislación, especialmente cuando se trata de discutir sobre textos legales».

El «Frankfurter» tacha de «limpieza lingüística» la política en Cataluña
R. V. CORRESPONSAL ABC 19 Enero 2006

BERLÍN. La «voluntaria autoprovincialización de una gran cultura» lamenta, en el actual proceso catalán, el corresponsal de cultura del Frankfurter Allgemeine Zeitung, un conocedor culto y desacomplejado de las realidades de España. Paul Ingendaay critica en los políticos actuales en Cataluña una «significativamente creciente... policía de la limpieza lingüística», empleando términos evocadores de políticas culturales en desuso desde el III Reich. El FAZ ve una «utilización de la tutela lingüística, que una vez reprocharon a Franco y que ahora ellos practican», sea para un aséptico «aislamiento, para mirarse el ombligo o para la discriminación del otro». Cita la «multiplicación de multas» contra comercios en lengua castellana: «Nueva York o Berlín» celebrarían «un cierto aire extranjero: no así Barcelona», y así la falta de auténtica opción escolar o un «derecho al bilingüísmo convertido en la práctica en un obligado monolingüísmo... malamente trabaja, quien sólo habla español». Ingendaay termina: «Y los intelectuales, ¿dónde están?».

España, en la almoneda
José Javaloyes Estrella Digital  19 Enero 2006

Por Salamanca, policías frente a policías; unos, locales, frente a otros, nacionales. Nada ocurrió pero pasó todo: las cajas de documentos hasta los furgones; y en las cajas, contenidos documentales indebidamente incluidos en la remesa, y por ello mismo protestados. Pasó lo que estaba previsto que ocurriera: el rodillo del tripartito catalán, empujado por la Moncloa. José Luís Rodríguez plancha, con dedicación digna de mejor causa, rasgos, perfiles, señas, de la identidad española. Lo hace para que afloren las supuestas identidades nacionales de Cataluña y Vasconia.

Prosigue así una marcha imparable de desvirtuación, desde el presente sobre el pasado, y contra el interés general y la memoria de todos. Especialmente grave es el asunto en el Archivo de Salamanca, donde se documentan horrores e infamias, de unos y otros; testimonios de un ayer que también quieren planchar y borrar. Para recontar y reconstruirlo a la medida del interés políticamente establecido, acordado y definido en el Pacto del Tinell. Pues ya se sabe que quien domina el pasado es dueño del presente.

Lo ahora ocurrido en Salamanca deriva del decisivo concurso prestado por un singular personaje a la cocinera de la operación: la Maritornes egrabrense que sigue en el oficio de guisar, aunque la hicieran “fraila” por imperativo de cuota. Sabido es también que una de las especialidades operativas del Gobierno delegado del Govern son los sabios de encargo: se les pone la etiqueta y acuñan verdades tan de encargo como ellos mismos. Lo hicieron para la reforma de TVE, lo tramaron para meter mano en la libertad de prensa con guantes deontológicos y lo aplicaron también para justificar el saqueo del Archivo salmantino.

El personaje al que aludo es un notorio doble ex, como director general de la Unesco y como subsecretario de Educación en un Gobierno del tardofranquismo. La suya fue aportación decisiva para aquel atraco en forma de dictamen favorable a las pretensiones nacionalistas sobre Salamanca. ¡Qué importancia puede tener entrar a saco en lo que certifica la memoria histórica de España, si previamente se ha metido mano en la Constitución para repartir la unidad nacional en diversas reclamaciones nacionalistas. La almoneda no tiene límites ni quienes la ofician se paran en barras.

Comenzaron por el Ebro. Maragall dijo aquello de “ni una gota” para Valencia. Se derogó el trasvase, pues el nacionalismo catalán tiene la llave de todo, especialmente de esa mazmorra en que han convertido la Moncloa, donde el presidente Rodríguez permanece como recluso entusiasta y alentador de sus cancerberos. Está dispuesto a pagar cualquier cosa con tal de que le mantenga allí. Y su alternativo Bono, ya se sabe: una cosa es la España constitucional y otra la de los Reyes Católicos —así lo ha dicho y se ha quedado tan fresco, como corresponde a su específico talante.

Apañados estaríamos si la realidad nacional consistiera sólo en el engrudo político con que finalmente pegaron Fernando e Isabel los fragmentos en que resultó rota España por la imposible alianza de civilizaciones, de la Cruz y de la Media Luna, a lo largo de ocho siglos. Alguien debería contarle al ministro de Defensa que la moderna cristalización y completa restauración de la unidad nacional no fue la del “tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando” y la reconquista de Granada, sino otra cosa: la cohesión forjada en el siglo XIX por nuestros militares liberales y nuestros maestros de escuela.

No pensará lo mismo que Bono, con lo de los Reyes Católicos, Rodríguez Ibarra, maestro de escuela y presidente de la Junta de Extremadura. Aunque su loable disidencia no llega ni alcanza a los momentos críticos en el debate interno del partido. ¿Nadie renunciará al poder por España?

Ya lo escribió aquí un viejo amigo mío: es imposible sorber y soplar al mismo tiempo. Por eso en Ferraz se sorbe y se calla, mientras en Génova no se acierta en la manera de que la calle suene y de que la sociedad civil, mucha o poca, hable por esa realidad viva de la Nación, marginada del juego político en este trance crítico del desguace y la almoneda.

Si ante el actual espectáculo de pesadilla no se restablece un consenso de urgencia para disolver las Cortes y cambiar la Ley Electoral, estableciendo el sistema de doble vuelta que ponga en su sitio a minorías y mayorías nacionales, serán liquidados unos tras otros, en esta almoneda de Rodríguez, los componentes más significativos de nuestra entidad histórica como españoles.

Quizá mucho más grave que la oposición no logre prestarle voz a la sociedad civil sea la corrupción democrática de marginar a las Cortes, expresión de la soberanía nacional, con lo que se convierte esta negociación en una conspiración. No es que por algo se empieza, como se dice; es que empiezan por todo. Lo simboliza el asalto nocturno al soporte documental de la memoria histórica, y al disco duro de nuestra conciencia nacional.

jose@javaloyes.net

Elogio de un Juez
José Luis Manzanares Estrella Digital  19 Enero 2006

El juez Fernando Grande-Marlaska, titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, ha suspendido por dos años todas las actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales de Herri Batasuna, empezando por la prohibición de que se celebre”el Congreso proyectado en el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo (Vizcaya) para el próximo día 21 de enero de 2006, e independientemente de dónde pueda celebrarse”. Se trata de una medida cautelar del art. 129 del Código Penal adoptada en el curso de un sumario por integración en banda terrorista, o sea, de una resolución dictada por un juez independiente que actúa conforme al principio de legalidad y no al de oportunidad, que pertenece al ámbito político y a veces degenera en puro oportunismo. La Constitución y las leyes trazan los límites de las opciones lícitas de los gobernantes, bien entendido que a largo plazo siempre será más oportuno atenerse a la ley que desviarse de ella por razones coyunturales. Y en este caso, además, la actuación judicial se revela como oportunísima y acorde con el muy mayoritario deseo de evitar la vergüenza que supondría la celebración de tal Congreso por parte de una organización terrorista que contaría con el beneplácito, expreso o tácito, de significadas personalidades de la vida nacional y autonómica.

Ya era vergonzoso que nuestros vecinos europeos, a los que tantas veces hemos pedido una postura más dura contra ETA, contemplasen cómo una de sus ramas, ilegalizada por el Tribunal Supremo de España e incluida en las listas internacionales del terrorismo, recobraba su pasado papel de protagonista en nuestro escenario político. Desgraciadamente, como puede leerse en el propio auto del Juzgado Central, la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2003 habría quedado “en una mera declaración, sin efecto ni asunción de sus partes dispositivas por parte de las entidades cuya ilegalidad se declaraba y de las personas que las integraban”. La ejecución de la sentencia se detuvo a las puertas del Parlamento Vasco, sin que la deducción de testimonio por la posible comisión de un delito de desobediencia haya servido para mucho. Que el Tribunal Supremo diese aquel paso significa que apreciaba indicios delictivos en el rechazo de sus requerimientos, y así lo vió también inicialmente el Fiscal General del Estado. Y si antes había ordenado la disolución de ese grupo parlamentario en la Cámara de Vitoria era porque creía poder hacerlo en ejecución de su sentencia. Ahora, respecto al controvertido congreso de Baracaldo, el Tribunal Supremo se ha abstenido de todo pronunciamiento.

Ha sido el juez Grande-Marlaska quien, actuando como ya había hecho su antecesor, el juez Garzón, con anterioridad a la Ley de Partidos, ha procedido, sólo con el Código Penal en la mano, a suspender todas las actividades de una más que presunta organización terrorista. La medida dispuesta en su día por el juez Garzón no fue prorrogada por considerarse innecesario tras la sentencia del Tribunal Supremo, pero visto que, de hecho, Batasuna ha retomado sus actividades, el Instructor acuerda una nueva suspensión. Absurdo sería que la ilegalización sirviera de coartada para eludir la aplicación de las leyes penales.

El juez Grande-Marlaska ha dejado también muy claro que los sumarios se tramitan de oficio. Todo indica que sin su prohibición expresa del repetido Congreso, éste se habría celebrado como si lo hubiera convocado el PSOE o el PP u otro partido legal. Quizá ahora se produzcan disturbios, pero la ley es la ley, las decisiones judiciales se dictan para ser acatadas, y no es precisamente este juez de la Audiencia Nacional quien ha permitido el envalentamiento de la ilegalizada Batasuna. Alguien debía parar la bola de nieve, o intentarlo al menos. Este juez lo ha hecho. Gracias.

Las palabras y las cosas
Editorial ABC 19 Enero 2006

El lenguaje ya no es lo que era. La (mala) política vacía las palabras y pasan éstas a significar lo que el poder, en sus pactos y componendas, quiere que signifiquen. La polémica ya no enfrenta a realistas y nominalistas, a esencialistas y convencionalistas. Parece claro que el nacionalismo catalán, concepto que se estira y ya abarca al socialismo o, al menos, a sus dirigentes actuales, impone, al menos, dos reivindicaciones innegociables. Ya están concedidas: el término «nación» aplicado a Cataluña y la obligación de saber catalán para todos los residentes. No es difícil entender las dos expresiones: «nación» y «deber de saber catalán». Sin embargo, nada es lo que parece. Ni siquiera el Derecho, que se vuelve algo dúctil, maleable, carente de significado. No es que los conceptos sean porosos; es que son evanescentes. Según la Constitución, la única nación es la española. Sin embargo, declarar que Cataluña es una nación no vulnera la Carta Magna. Acaso porque cada vez que se usa significa cosas diferentes. El artículo 1.2 de la Constitución dice (o parece decir) que «la soberanía nacional reside en el pueblo español». Pero si Cataluña es una nación, ¿qué función realiza el adjetivo «nacional» en el precepto? ¿A qué nación adjetiva? ¿No habrá que postular una soberanía nacional catalana? ¿Hasta dónde puede retorcerse el sentido de las palabras? El Gobierno ya tiene la «solución»: Cataluña sólo figurará como nación en el Preámbulo, pero no en el articulado. Se supone entonces que en éste dejará de ser nación, pues si no deja de serlo ¿por qué no se dice? Por cierto, los preámbulos de los textos legales tienen valor jurídico. Y uno, algo fatigado, se pregunta: cuando se apruebe el Estatuto, para el Derecho español, ¿será o no Cataluña una nación? No esperemos una respuesta oficial.

Pasemos al «deber de saber catalán». Uno, ingenuo, pensará que significa que podrá obligarse a todo residente a aprender la lengua. O que dejará de existir, aunque al parecer de hecho ya ha dejado de existir, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la enseñanza en castellano, ya que todos tienen el deber de saber catalán, incluidos los hijos de los residentes que acaben de llegar a Cataluña. Pues no. Los intérpretes oficiales ya han ideado la estratagema: se trata de un «deber impropio», es decir de uno de esos que, como el deber de trabajar, por su propia naturaleza, no se pueden exigir en la práctica. ¿Es o no un deber? La verdad es que la cosa ofrece pocas dudas, pues si ahora que no existe, ya se exige, ¿qué no sucederá cuando se trate de un deber, por impropio que digan que sea? Por lo demás, la Constitución sólo impone el deber de conocer el castellano, pero tampoco vamos a andarnos con interpretaciones restrictivas o estrechas de los deberes constitucionales. Cuantos más, mejor. Por ese camino, cabe llegar al deber de no utilizar el castellano. Antes, las palabras tenían que ver con las cosas. Pero hoy la semántica no deja, como todo, de progresar. Tal vez, cualquier tiempo pasado habló mejor.

Nocturnas limpiezas autonómicas
Por JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 19 Enero 2006

¿Qué transmite más incertidumbre, la «limpieza lingüística», el «caos autonómico», la «semana negra» o el «malestar en los cuarteles»?...

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) publica un artículo devastador sobre las consecuencias de la «limpieza lingüística» catalana, en un contexto en el que «limpieza» se relaciona fácilmente con la «limpieza étnica», de pavoroso recuerdo. A su juicio, la presión política permanente sobre la palabra «nación» tiene consecuencias inquietantes. FAZ describe una realidad de tensiones en escuelas y hospitales, «con situaciones jurídicas siempre más grotescas».

FAZ habla de «caos autonómico», cuya consecuencia inmediata, a su modo de ver, se llama resentimiento, sembrando un rastro de fanatismo, provincianismo y discriminaciones, en el que libremente se ha embarcado «una gran cultura regional».

Por su parte, Le Monde habla de una semana negra para el Gobierno Zapatero, a quien la Audiencia Nacional ha puesto en una ingrata situación, dialogando con quienes la Justicia considera indignos de libertad. En esa misma línea, Le Nouvel Observateur se pregunta cómo se complicará el proceso en curso si, finalmente, Arnaldo Otegui fuese condenado por delitos de apología del terrorismo. Situaciones que escapan al racionalismo frío de la clase política francesa, que tampoco entenderá con facilidad este titular de Le Matin (marroquí): «Los cuatro motores de Europa desean instaurar la cooperación interregional».

Utilizando informaciones facilitadas por la Generalitat, el matutino marroquí estima que los «motores» de Europa son las regiones de Cataluña, Lombardía, Ródano-Alpes y Baden-Wurtemberg. Las filtraciones catalanas parecen olvidar que, según las estadísticas oficiales, recogidas por el diario Avui, hace años que Cataluña crece menos que «motores» como Murcia o Andalucía. Más allá de ese matiz, Le Matin y otros medios citan al president Maragall, afirmando que Cataluña pudiera ser un «modelo» para Marruecos.

Sin embargo, la «interregionalidad» catalano-marroquí tampoco es percibida con un entusiasmo frenético por otros aliados mediterráneos. En Turquía -primer aliado de la lejana Alianza de Civilizaciones-, la edición inglesa de Zaman se hace eco del malestar de algunos militares ante la evolución de los debates autonómicos.

En el terreno estrictamente cultural, sin embargo, no queda ninguna duda de que Jordi Savall y su Concierto de las Naciones están triunfando en París con su gloriosa interpretación de «La Música Nocturna de Madrid», de Luigi Boccherini.

Horizonte abierto
Por ÁLVARO DELGADO-GAL. Escritor y periodista ABC 19 Enero 2006

... Tampoco el PP ha podido sustraerse a la incertidumbre general. Rajoy no sabía si entrar, aunque fuera de refilón, en el pasteleo estatutario catalán. Si lo hacía, se vinculaba moralmente a aceptar la componenda. Si no lo hacía, podía agravar el aislamiento de su partido durante unos años...

ESPAÑA ha ingresado en un momento de incertidumbre radical. Todo se ha hecho atrabiliario, raro, vagamente grotesco. El Estado se da el pico con partidos que él mismo ha ilegalizado; Rubalcaba acaba de decir, al hilo de las negociaciones que se desarrollan entre el Gobierno y el cuatripartito, que conviene «constitucionalizar» lo que es inconstitucional. Y así sucesivamente. En rigor, los estados de incertidumbre afectan a las personas, no a las cosas. Nos declaramos inciertos sobre el tiempo que tardará en producirse el próximo eclipse porque no sabemos calcularlo, no porque no esté determinado por las leyes de la física. En el tráfago humano, sin embargo, y esencialmente en política, las dos dimensiones se confunden. La incertidumbre subjetiva del agente se transmite a la cosa o al proceso y lo contamina de incertidumbre objetiva. El fenómeno puede verificarse a pequeña escala, o bien revestir dimensiones grandiosas. El concejal independiente que duda si sumarse a la oposición y derribar al alcalde ha introducido un modesto elemento de incertidumbre en el destino inmediato de su pueblo o de su ciudad. Cuando la incertidumbre pierde su carácter local y se extiende al conjunto de expectativas y supuestos que gobiernan la vida pública, hablamos de crisis, o incluso de revolución. Las crisis serán tanto más virulentas cuanto más difícil resulte ligar entre sí premisas y conclusiones, o lo que es lo mismo, cuanto más aventurado sea anticiparse al futuro a partir del presente. En esto, las crisis políticas se asemejan a las inflaciones monetarias. La incertidumbre difracta los comportamientos, y los comportamientos difractados complican la fijación de fines y la movilización de medios. Al cabo, nadie conoce dónde está ni hacia adónde desplazarse.

En ésas nos hallamos ahora los españoles. No verlo no es optimismo: es abstencionismo. Los factores que se hallan en el origen del caos actual están perfectamente filiados. Se redactó una Constitución con el propósito y la esperanza de alojar en ella a los nacionalistas. Éstos, en lugar de aquietarse, sometieron el sistema a tensiones que sólo habría podido neutralizar una modificación de la Ley Electoral o un acuerdo de caballeros entre la derecha y la izquierda. Ese acuerdo no ha llegado a cerrarse, en parte por desidia, en parte por barbarie. Tras la caída de UCD, la larga etapa de mayorías absolutas socialistas amortiguó en las conciencias, y también en la práctica, las carencias de nuestro ordenamiento constitucional. En el 93, el PSOE contrarrestó el ascenso de la derecha con una campaña electoral guerracivilista. Se desestabilizó a Aznar entrándole por las bandas, y un PP que pensaba que las cartas estaban marcadas decidió explotar sin escrúpulos el caso Gal. No está claro que la estrategia popular fuera eficaz desde un punto de vista contable. Las elecciones del 96, de hecho, se ganaron de milagro. Pero de los viejos cuadros socialistas no quedaron ni las raspas, según se confirmó, en diferido, en las elecciones de 2000. Peor aún: se había hecho imposible el diálogo entre los dos partidos. De ahí en adelante, cabe resumir la penosa deriva nacional en pocas palabras. Descartado el avenimiento civil entre los dos grandes rivales, restaba a éstos, como alternativa única, entrar en alianza con los enemigos declarados o solapados de la Constitución.

Ignoramos cómo se las habría compuesto Rajoy en la hipótesis de un triunfo por mayoría simple en 2004. Probablemente, mal. No es preciso, por desgracia, especular sobre la línea de acción adoptada por Zapatero. El hombre que estaba entrampado por un plan casi conspirativo para hostigar al PP desde la oposición ha sacado las consecuencias de su compromiso. Ha montado una operación de transformación del Estado que margina a la derecha y conduce, a medio plazo, a la ingobernabilidad del país. En este sentido, Zapatero ha sido coherente. La suya, no obstante, ha sido una coherencia desquiciada, porque las consecuencias se han sacado en un contexto distinto al previsto. Lo previsto era debelar al poder desde la oposición. Pero el poder ha pasado a ser oposición, y la oposición, poder, y lo que está haciendo el poder es debelarse a sí mismo. Algunos afirman que está muy bien traída la idea de montar una mayoría perpetua contra la derecha apoyándose en los independentistas. Estos pequeños maquiavelos se equivocan, de medio a medio. La maniobra liquida al Estado, y nos proyecta hacia un paisaje fragmentado y con las identidades trastocadas: cuentan cada vez más los poderes subordinados, y menos el que debería estar por encima de ellos. Si prospera un Estatuto catalán inviable, si se consuma el dislate vasco, y si, como parece natural, el vendaval arrastra a otras comunidades autónomas, la cuestión interesante residirá no en quién va a ganar las elecciones próximas, sino de qué le servirá ganarlas al que las gane. Nos enfrentamos a un caso ejemplar de incertidumbre profunda, o sea, de crisis al por mayor. Los partidos saben cuál es su oficio: obtener más votos que otros partidos. Lo que no saben es qué empleo dar a sus plusvalías, en el supuesto de que el balance sea favorable.

Las crisis sistémicas afectan a la totalidad de los agentes, por definición. Esto significa que tampoco el PP ha podido sustraerse a la incertidumbre general. Rajoy no sabía si entrar, aunque fuera de refilón, en el pasteleo estatutario catalán. Si lo hacía, se vinculaba moralmente a aceptar la componenda. Si no lo hacía, podía agravar el aislamiento de su partido durante unos años. En política, algunos años son ya muchos años. En política, el tiempo se acaba al doblar la esquina de la siguiente cita electoral. El PP ha metido un palmo de cuerpo en la melé, para desmentirse enseguida y clamar a Dios y al Tribunal Constitucional. El PP está espatarrado, es evidente, entre el sentimiento de que su fuerte es la idea nacional y el sentimiento, no menos apremiante, de que la idea nacional sólo será rehabilitada, si acaso, en un plazo dilatado, un plazo no necesariamente congruente con la fórmula vital que todos los partidos llevan dentro. La que señala un ciclo hábil, un principio y un fin. El desenlace es que Rajoy va de aquí para allá. Cede y patalea, hace ofertas y amaga manifestaciones. No sabe hacia adónde derrotar. No lo sabe, porque los signos se han hecho ilegibles, y los mapas dibujan territorios donde no ha estado nunca un ser humano.

La certidumbre política es un fenómeno reflexivo. No basta con que las reglas de juego funcionen aceptablemente bien. Hay que persuadirse de que funcionan y para persuadirse de que funcionan, también hay que decir que funcionan. Decirlo con entusiasmo, con firmeza, con aplomo intimidante. De resultas, las etapas de estabilidad política tienden a generar su propia ceguera, su propia ignavia intelectual. A la postre, las crisis sorprenden siempre a las naciones. Se ha estado asegurando con tanto énfasis que todo iba en el fondo estupendamente, y que las desgarraduras manifiestas eran sólo desperfectos que cabía arreglar con una aguja y un cabo de hilo, que el quebrantamiento fehaciente de la normalidad, si bien largamente incubado, se percibe como un accidente cósmico, sobrenatural. La certidumbre impostada es sucedida por el desconcierto absoluto. Rige otra vez el paralelo con la inflación: en un santiamén, se queda uno sin los ahorros acuñados en la moneda vieja. Es la coyuntura para ponerse de nuevo a pensar.

María dignidad
Por EDUARDO SAN MARTÍN ABC 19 Enero 2006

CUANDO tantas voces se alzan clamando en el País Vasco por la paz, o por la pacificación, según la versión menos pretenciosa de ese clamor, María San Gil prefiere hablar de libertad. Y estoy seguro de que somos muchos en el resto de España los que nos apuntamos a esa elección. Libertad sólo hay una, aunque algunos quieran buscarle tres o cinco pies para camuflar su aversión a un concepto tan sencillo de entender. Sin embargo, paz puede ser la de los muertos, o la de los cementerios. En este país conocimos más de 25 años de una determinada paz, cuando se nos negaban en cambio un puñado de derechos elementales. Quédense con esa paz quienes están dispuestos a pagar una contraprestación porque las armas callen al precio de sacrificar muchos jirones de libertad.

Tampoco está sola la presidenta del Partido Popular del País Vasco cuando expresa, con un cierto desaliento, su sospecha de que, si el juez Grande Marlaska no hubiera tomado la iniciativa en el procedimiento para decidir la suspensión del ultrapublicitado congreso de Batasuna, «el presidente Zapatero y el fiscal general del Estado se habrían puesto de perfil y habrían permitido que esa reunión se celebrara». Aseguraba el pasado lunes el voluntarioso secretario de Estado de Comunicación, cuando ya se veía venir adónde conducía inexorablemente el camino emprendido por el magistrado, que el Gobierno «acatará y cumplirá las resoluciones adoptadas por los jueces». Estaría bueno. En las fórmulas protocolarias de su toma de posesión, los altos cargos del Gobierno juran o prometen «cumplir... y hacer cumplir las leyes». Y eso, hacer cumplir las leyes, es lo que se estaba reclamando del Gobierno, y no virguerías jurídicas para disfrazar lo injustificable. Muchos demócratas nos encontramos desolados también por el dontancredismo practicado por el Ejecutivo durante este penoso episodio.

Se sorprende María San Gil, por otra parte, de que aquellos mismos que proclaman la inconveniencia y la inoportunidad de «dejar fuera» del proceso político en el País Vasco a Batasuna y sus ciento y pico mil votos, no levanten ni un aliento de voz contra la intención de apartar al PP y sus diez millones de votantes (es decir, cien veces más que los de HB), no sólo de los apaños que se están fraguando en Euskadi, sino de la definición de un nuevo marco de poder territorial en España. Somos también bastantes los que acompañamos a la dirigente popular en esa perplejidad.

El PP no se encuentra, probablemente, entre las preferencias políticas inmediatas de muchos de los que se les unen en sus lucubraciones de estos días. Pero se esté de acuerdo o no con ese partido en muchas otras cosas, la formación que preside María San Gil enarbola en el País Vasco la bandera de la dignidad. Y en esto sí que, por desgracia, hay cada vez menos gente que la acompañe.

La guerra nuclear no es imposible
Por DARÍO VÁLCARCEL ABC 19 Enero 2006

A veces las situaciones endemoniadas son, además, particularmente movedizas. Los asuntos difíciles crean interminables matices. En el caso del presidente George W. Bush, su norte en 2002 era invadir Irak. No se calcularon los riesgos, ni se entrevieron las posibles reacciones de los invadidos, ni el rechazo al papel de liberadores que nunca tuvieron los soldados americanos. En pocos meses apareció el terrorismo, también se organizó la resistencia. Peligró la unidad del país, se deterioró la alianza occidental...

Ahora surge, en Irán, junto a Irak, un problema quizá mayor: nuevo y viejo. Hibernado por el presidente Sistani. Activado por su sucesor. La diplomacia americana (otra cosa es la administración Bush) mantiene dos hipótesis. En ambas creemos que le asiste la razón: el Tratado de No Proliferación, TNP, debe ser cumplido por sus firmantes, Irán entre ellos. Segundo, una situación mundial con quince o veinte estados en posesión del arma atómica es difícilmente gobernable. Máxime en un tiempo en que dos o tres grupos terroristas, no sólo Al Qaida, tratan de hacerse con un arma de pequeña dimensión, suficiente para destruir Ankara o El Cairo. En los próximos cuatro años, Estados Unidos y la Unión Europea han de encontrar una solución diplomática, es decir política, pactada. Sin ella, Irán tendrá la bomba en 2012 o 2014.

Irán maneja argumentos: son inaplicables hoy. Recuerda la desenvoltura con que EE.UU. ha actuado ante Israel, Pakistán o India. Recuerda su derecho a contar con una fuerza protectora frente a un ataque israelí. Pero atención: en el fondo de esta crisis hay, envuelta, una buena sorpresa, muy lejana, no imposible. En diez o veinte años ¿habrá comprendido Estados Unidos las ventajas, sobre todo para él, de un completo desarme nuclear? Sólo la hiperpotencia tendría credibilidad para proponerlo y conseguirlo. La Unión Europea ha tratado de poner unas gotas de humanidad, en parte gracias a Javier Solana, representante europeo para la Política Exterior. En medio de su modestia, la pobre Unión Europea afirma como puede la razón de sus tesis, que el presidente iraní, Mahmoud Ahmadineyad, rechaza por la mañana y vuelve a aceptar por la tarde. Europa, sin embargo, pesa en Irán.

Europa necesita, digámoslo de paso, aprobar antes de 2008 su tratado constitucional. Sólo gracias al tratado podrá tener un presidente del Consejo nombrado para cinco años y un ministro de Asuntos Exteriores. Se acabaría así con la ficción de las presidencias semestrales. Pero volvamos a lo nuestro: en esta columna sólo podemos advertir de la fuerza de la realidad y de sus desbordamientos. Irán no es una sociedad unida. El consejo de los clérigos manda. Un gobierno, con su extraño presidente, dirige la política muy mediatizado. La clase media y el bazar pesan de modo creciente.

Las tonterías en letra impresa sólo enturbian el panorama. Refuerzan en este caso a Teherán. En el emergente problema se mezclan enormes fuerzas: la sed de petróleo de los chinos; el papel mediador de Europa, de un lado, y de Rusia, de otro; la potencia americana, a veces bien dirigida, no siempre. En 2006 las piezas están colocadas de modo distinto a 1980, cuando Israel hizo su incursión aérea contra una instalación en Irak. China ha advertido oficiosamente a Estados Unidos: los israelíes no pueden bombardear doscientos tubos de aluminio, dispersos en 14 laboratorios, en un país con más de un millón y medio de kilómetros cuadrados.

Paréntesis final: durante sus dos mandatos, François Mitterrand vivió obsesionado ante la eventualidad de un ataque nuclear. Al lado de otras, Francia tiene una modesta fuerza: puede disparar 32 vectores múltiples desde cuatro submarinos, con posibilidad de destruir 128 ciudades. La total abolición nuclear sería la única salida de la pesadilla.

Cultura impide la inscripción de la «Fundación para la Defensa de la Nación Española»
R. N. La Razón 19 Enero 2006

Madrid- El ministerio de Cultura ha denegado la inscripción en el registro a la Fundación para la Defensa de la Nación Española que está impulsada por historiadores, sociólogos o políticos. La excusa de esta denegación es que «la denominación propuesta coincide o se asemeja con los fines que el artículo 553/2004» y por tanto se confunden con los de el Ministerio de Defensa.

Para el diputado vasco del Partido Popular, Santiago Abascal, el pretexto de Cultura «no puede ser más peregrino». En declaraciones a la Cope, Abascal aseguró que «se trata de una iniciativa de la sociedad civil ante la preocupación que muchos españoles tienen por la deriva que está tomando el Estatuto catalán»

La Generalitat aumenta el dinero para el catalán
P. A. Ruiz La Razón 19 Enero 2006

Barcelona- La Generalitat de Cataluña anunció ayer que durante este 2006 destinará 2,5 millones de euros como aportación extraordinaria para la realización de cursos de catalán dirigidos a adultos e impartidos en los 22 centros del Consorcio de Normalización Lingüística. Una dotación que en los últimos dos años, desde que el gobierno tripartito está en el poder, se ha incrementado un 40 por ciento y que el «conseller primer», Josep Bargalló, defendió a causa de «una serie de quejas a raíz de la falta de oferta».

La Policía francesa confirma que ETA robó 1.300 kilos de material para bombas

Hace dos días halló una furgoneta semiquemada con restos de polvo de aluminio y otras pruebas
J. M. Zuloaga / R. L. Vargas La Razón 19 Enero 2006

Madrid- Ya no existe ninguna duda. Las evidencias encontradas en el vehículo que fue utilizado para robar, el pasado mes de diciembre, una importante cantidad de polvo de aluminio, demuestran que los autores pertenecen a ETA, según han informado a LA RAZÓN antiterroristas galas. Se trata de datos operativos, que no se revelan para no entorpecer las investigaciones, pero que permiten asegurar que los ladrones forman parte de la banda criminal.

El pasado día 16, las Fuerzas de Seguridad galas localizaron, en la localidad de Villemontex, la furgoneta Renault Traffic utilizada para transportar el material después del robo. Estaba semiquemada, pues los terroristas intentaron hacer desaparecer cualquier prueba, lo que ha facilitado las pesquisas.

En su interior todavía quedaban restos de los más de 1.300 kilos de polvo de aluminio que ETA robó el pasado 22 de diciembre en un almacén ubicado en Heudebouville, a unos cien kilómetros de París.

La furgoneta fue robada el 14 de febrero del pasado año en Alli, en el Departamento 15, y pertenecía a una vecina de Limoges.

El hallazgo del vehículo y la confirmación de que ETA es la autora del robo supone un motivo «adicional de preocupación» que confirma que la banda se está rearmando con la intención de cometer atentados cada vez más fuertes, según las citadas fuentes. «Han estado calcando paso a paso la misma estrategia que ya emplearon entre septiembre de 1998 y diciembre de 1999, cuando decretaron la tregua que luego resultó ser una trampa», explican.

El polvo de aluminio es una sustancia fundamental para la fabricación del amonal y el amosal, dos explosivos catalogados como «rompedores» por su gran poder de destrucción y que elabora la propia banda.

Parón para rearmarse. Aprovechando el parón que los terroristas decretaron para sus atentados tras la matanza del 11 de marzo de 2004 con el fin de evitar que identificasen sus acciones con las de los islamistas, la banda ha reorganizado sus estructuras y ha hecho acopio de material mediante «labores de aprovisionamiento», como se conoce en el argot etarra a los robos que perpetran para dotarse de material con el que confeccionar sus artefactos. Las fuentes consultadas creen que el objetivo final de tal estrategia no es otro que el de disponer de suficientes reservas de explosivo como para iniciar una intensa campaña de atentados que conduzca poco a poco al Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero a la falsa «escapatoria» de la negociación.

Para conseguir el citado reaprovisionamiento de sus arsenales que les permita poner en marcha esta estrategia, los terroristas no sólo robaron el pasado año los 1.300 kilos de polvo de aluminio antes citados, sino que, el 22 de abril, seis encapuchados también sustrajeron de un almacén ubicado en la localidad de Poitiers cuatro toneladas de clorato sódico, el componente básico para la fabricación de la cloratita, uno de los explosivos usados con más frecuencia por la banda.
Con los materiales obtenidos en ambos robos, y según publicó este periódico en su edición del pasado 6 de abril, la banda terrorista, siguiendo los pasos marcados en el manual que distribuyen entre sus nuevos militantes, estaría en condiciones de elaborar nada menos que diez toneladas de explosivos, 4.200 kilos de cloratita y 5.200 de amonal o amosal -el mismo producto, pero con un añadido de sal, para evitar los efectos negativos de la humedad-. Algunas de las mezclas, según explica el documento de adoctrinamiento, permitirían, incluso, fabricar hasta veinte toneladas de explosivos. En el caso del polvo de aluminio, su utilidad no se limita a los artefactos explosivos, pues también es utilizado para la impresión de los documentos de identidad.

El Ejército arresta a un capitán de la Legión que advirtió de la ruptura de España
El legionario asegura que pensó incluso en plantarse en el Ministerio de Defensa con su compañía
D. Mazón / R. N. La Razón 19 Enero 2006

Madrid- Lo que parecía ser una tormenta pasajera, un «hecho aislado», se ha convertido con el paso de los años en un asunto cada vez más complicado. El teniente general Mena abrió un debate sin precedentes en la democracia española que parecía abocado a perder fuerza con el paso de los días. Pero ayer el malestar que expresaba en su discurso el ex jefe de la Fuerza Terrestre retomó impulso al conocerse el contenido de una carta que un capitán de la Legión remitió al diario «Melilla hoy» con el título, precisamente, de «Malestar».

El capitán de Infantería Roberto González Calderón, jefe de la primera compañía de la primera bandera «Comandante Franco» del Tercio Gran Capitán de la Legión, con sede en Melilla, llega a afirmar en la carta remitida al citado diario que pensó en plantarse «con mi compañía en el Ministerio de Defensa y entregarle en mano al Sr. Bono esta misiva». Ésta, dice el capitán, «es el fruto de un fortísimo sentimiento de desasosiego, al comprobar los derroteros que está tomando la situación política y social de esta nuestra nación, España». A lo largo de toda la carta, desarrolla esta idea en la misma línea que el teniente general Mena, pero sin hacer referencias a la función que las Fuerzas Armadas tienen encomendada en la Constitución.

Por este motivo, el Jefe del Estado Mayor de Tierra, José Antonio García González, y el Jefe de la Fuerza Terrestre, Pedro Pitarch, de quien depende orgánicamente la Comandancia de Melilla, informaron al ministro de Defensa, José Bono, «que los superiores del capitán, y por conducto reglamentario, aplicarán con normalidad el régimen disciplinario». Aunque, eso sí, no trascendió, como sí ocurrió con Mena, la sanción que se impondrá al capitán. Fuentes militares consultadas ayer por este diario confirmaron que el capitán se encontraba ya en situación de arresto domiciliario, aunque no pudieron precisar si se trataba de una medida preventiva o del comienzo del cumplimiento de la sanción.

Defender al Gobierno. De todos modos, el ministro de Defensa se vio obligado a insistir, como ya ha hecho varias veces estos días, que la obligación de los militares es defender lo que les «encomienda» el Gobierno y «los mandatos constitucionales», al tiempo que recordó que los miembros de las Fuerzas Armadas «no pueden expresar públicamente opiniones políticas que no sean neutrales porque está prohibido y así lo han aceptado en su juramento». Así, Bono aseguró que «los ejércitos están sometidos a la Ley, como todos los españoles», y, en consecuencia, «si un militar la contraviene, tiene que aplicársele la Ley». Pero en este caso, la sanción no vendrá por «vía ministerial», como la de Mena, sino que será el Ejército de Tierra el encargado de castigar al capitán.

La cuestión está ahora en si la sanción será de carácter leve, como la del ex jefe de la Fuerza Terrestre, o de carácter grave. En caso de que sus mandos opten por sancionarle con el castigo más duro, el capitán podría estar arrestado hasta dos meses en su cuartel y perder el destino en el que se encuentra en este momento. En caso de ser leve, se le sancionaría con un arresto domiciliario como ocurrió con Mena.

La carta del capitán González Calderón, en la que se dirige directamente al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirma que «por supuesto que existe malestar», y cita, entre otras muchas cosas, motivos tales como el desmembramiento de España, las manifestaciones y actos sociales «en nombre de la banda terrorista», el artículo de Avui en el que «insultaba de forma gratuita a las madres de los que efectivamente estamos “enfadaditos” con el estatuto catalán», o la publicidad de las Fuerzas Armadas como una ONG. El capitán termina su carta mostrando su «esperanza de que haya muchos más que compartan estas ideas y se sumen a esta débil pero firme voz». La misiva del capitán de la Legión se hace pública dos días después de que el teniente general Pedro Pitarch tomara posesión de su cargo como sustituto de Mena al frente de la Fuerza Terrestre, y de que en su discurso expresara su plena subordinación al Gobierno.

Ahora, él será el encargado de sancionarle junto con los mandos directos del capitán, que según las vías ordinarias, son los primeros que deben actuar. Por último, fuentes de Defensa aseguran que el ministro está recibiendo en los últimos días multitud de cartas, tanto de apoyo al teniente general Mena y a sus planteamientos como de aprobación de la sanción impuesta, en su despacho de la Castellana.
 


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