AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 23 Enero  2006
El «estatut» o la implosión nacional
Editorial ABC 23 Enero 2006

Frente a la nocturnidad y alevosía de ZP
EDITORIAL Libertad Digital 23 Enero 2006

Sacar a España de sus casillas
ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS ABC 23 Enero 2006

El Régimen de Medianoche: amputación política y anestesia mediática
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 23 Enero 2006

INGENIERÍA CONSTITUCIONAL
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO ABC 23 Enero 2006

MANIOBRAS EN LA OBSCURIDAD
MIGUEL PORTA PERALES ABC 23 Enero 2006

Jaque mate
José García Domínguez Libertad Digital 23 Enero 2006

Constelaciones y liberticidas
JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 23 Enero 2006

Estado de farsa
Pío Moa Libertad Digital 23 Enero 2006

Estrangular a Aguirre, abanicar a Mas
Jesús Gómez Ruiz Libertad Digital 23 Enero 2006

Realismo contra secesionismo
Agapito Maestre Libertad Digital 23 Enero 2006

Zapatero, el vendepatrias
Pablo Sebastián Estrella Digital 23 Enero 2006

La oscuridad visible
Isabel Durán Libertad Digital 23 Enero 2006

El 21 era el día “D”
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 23 Enero 2006

Con nocturnidad y secretismo
Editorial Elsemanaldigital  23 Enero 2006

Con media España anonadada, Zapatero se declara encantado con el acuerdo perpetrado el sábado en Moncloa
Jesús Cacho elconfidencial 23 Enero 2006

El artífice del Estado sin Ley ni Nación
Santiago Abascal elsemanaldigital 23 Enero 2006

El fin del Estado
Javier Orrico  Periodista Digital 23 Enero 2006

La deuda histórica
José Carlos Rodríguez Libertad Digital 23 Enero 2006

El maltrecho Estado de Derecho
José Javaloyes Estrella Digital 23 Enero 2006

También soy español
Cartas al Director ABC 23 Enero 2006

Me echan de Cataluña
Cartas al Director ABC 23 Enero 2006

Zapatero aprovecha el Estatut para garantizarse una alianza con CiU como recambio de ERC
La Razón  23 Enero 2006 23 Enero 2006

El PP da por consumado el «fraude a la Constitución»
C. Morodo La Razón 23 Enero 2006

Rosa Díez: «Lo que no es no se escribe y Cataluña no es una nación»
Inmaculada G. de Molina La Razón 23 Enero 2006

El Gobierno de Camps critica la renuncia de los socialistas al valenciano
R. N. La Razón 23 Enero 2006

Manos Limpias denuncia a Balza y Luesma ante Conde Pumpido por "consentir" el acto de Batasuna-ETA
Europa Press Libertad Digital 23 Enero 2006

Vecinos amenazados
ANTONIO SANTOS/BELAUNTZA El Correo 23 Enero 2006

Delatores, chivatos y policía lingüística
Pérez Reverte 23 Enero 2006

DELENDA EST HISPANIA
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón  23 Enero 2006

El «estatut» o la implosión nacional
Editorial ABC 23 Enero 2006

EL «acuerdo global» suscrito por el presidente del Gobierno y el líder de CiU, Artur Mas, sobre el proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña confirmó que esta reforma representa el umbral de una etapa constituyente. Lo dijo ayer mismo el presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, al valorar el papel de la «nación catalana» en la España plural y apuntar a Cataluña el haber conseguido «abrir una segunda etapa en la configuración del Estado de las Autonomías» para resolver las «insuficiencias» del período constituyente. El hecho de que ERC mostrara inicialmente su rechazo al pacto entre Zapatero y Mas no merma el impacto constitucional del mismo ni lo hace más admisible, sino que expresa la irritación de los independentistas, matizada después por Carod Rovira, por su marginación en el tramo final de la negociación.

El presidente del Gobierno se reservó para la tarde del sábado la intervención estelar que ya practicó en septiembre pasado, escenificando también con Mas un acuerdo «in extremis» para salvar el proyecto estatutario. Lo que haya en este comportamiento de instrumentalización en beneficio propio de las divergencias de los últimos meses entre el Gobierno, el PSOE y el tripartito es algo que queda al juicio de la conciencia política del presidente y a la percepción de los miembros de su Gabinete y su partido. Lo que realmente importa es que lo conocido del acuerdo con Artur Mas demuestra que las participaciones del jefe del Ejecutivo sirven siempre a la mejora de las posiciones nacionalistas. Por eso, después de tanta opacidad en las negociaciones, el pacto personal entre Rodríguez Zapatero y Artur Mas tiene la virtud de hacer mensurables las consecuencias del futuro Estatuto catalán, sin necesidad de incurrir en nuevas especulaciones ni conjeturas.

EN general, cabe decir que tras el acuerdo de la Moncloa el futuro del sistema constitucional se arbitrará con menos Nación española y menos Estado español. El «acuerdo global» supondrá que, por primera vez, una ley del Parlamento español reconocerá la existencia en España de una nación que no es la española. Esté en el preámbulo o en el articulado, tenga carácter definitorio o descriptivo, se atribuya a un sentimiento colectivo o a un pronunciamiento del Parlamento catalán, lo cierto es que los nacionalistas tendrán lo que querían: una ley que dice que Cataluña es una nación, afirmación que tendrá, sin duda, valor jurídico, como todo contenido de una ley.

Por lo demás, el «acuerdo global» reconoce la otra gran pretensión nacionalista: la existencia de un sistema financiero propio. El pacto contempla la creación de una agencia tributaria única para Cataluña, consorciada con la estatal, así como la cesión de impuestos que llegan hasta el 50 por ciento en IRPF e IVA y el 58 por ciento en especiales. Además, el Gobierno se compromete a pagar a Cataluña en los próximos siete años una «deuda histórica» consistente en la diferencia entre el PIB catalán y las inversiones del Estado en esta comunidad durante los últimos diez años. Las consecuencias de este compromiso no se harán esperar, porque condicionan la viabilidad presupuestaria del Estado y, particularmente, sus políticas de cohesión y solidaridad. Crean un agravio para aquellas comunidades que aún requieren una fuerte aportación del Estado y para las que la cesión de tributos no representa una mayor capacidad de financiación. Y, finalmente, proyecta el futuro inmediato de la Hacienda española a un modelo confederal, como en tantas otras materias del nuevo Estatuto.

SIN embargo, a pesar del triunfalismo gubernamental, el acuerdo de Zapatero y Mas es sólo un patada adelante. No ha acabado nada y aún falta lo fundamental: la inserción de este acuerdo neoconstituyente en el sistema constitucional y su recepción por las instituciones y la sociedad. La satisfacción personal del presidente del Gobierno, rayana en la egolatría, no basta para allanar el camino a su acuerdo con Mas. La democracia española ya estaba consolidada antes de que llegara Zapatero al poder y sólo se sentía amenazada -aparte el terrorismo- por las pretensiones de aquéllos con los que ha convenido, a espaldas de la opinión de los españoles, un nuevo modelo de Estado, cuando no un nuevo régimen político. Al acuerdo de la Moncloa le espera aún el Parlamento nacional, la oposición del PP, el juicio ciudadano y el veredicto del Tribunal Constitucional, en caso de que los populares denuncien la inconstitucionalidad de la futura ley orgánica que apruebe el Estatuto.

También este momento político representa un llamamiento al Partido Popular, excluido de este proceso por la estrategia general del Gobierno de abrir un nueva transición al margen y aun en contra de la derecha democrática. Aunque el nuevo Estatuto se apruebe, la exclusión del PP lastrará su futuro y no es temerario afirmar que abre un horizonte de graves conflictos constitucionales. Mariano Rajoy tiene la responsabilidad de liderar algo más que la negación del acuerdo. Sobre él pesa la carga de movilizar una gran acción colectiva por la defensa constitucional, que es el compromiso fundamental que debe asumir el PP. Ayer mismo la propaganda del acuerdo de la Moncloa empezó a deslizar el mensaje de que el PP es el «gran perdedor» y de que «se ha quedado solo». Ante este discurso, el PP podrá revertir la situación si logra ensamblar un mensaje y una oferta transversales, capaces de atraer a sectores sociales que aún recelan de darle su voto, pero que contemplan con preocupación la profunda inestabilidad que está causando el Gobierno socialista.

PERO no sólo el PP está concernido por este cambio constitucional apadrinado por Rodríguez Zapatero. También alcanza al PSOE y, en concreto, a todos aquellos líderes socialistas que, con escaso éxito, han manifestado su oposición al reconocimiento nacional de Cataluña o a la concesión de privilegios financieros. Está en juego el futuro de un país que aún sufre grandes desequilibrios territoriales y que se enfrenta a un inmediato recorte de ayudas europeas, al que habrá que añadir esta mutilación financiera del Estado decidida por Rodríguez Zapatero. Lo que aún quede de izquierda nacional en el PSOE tiene la ocasión de pasar de las palabras a los hechos, sin temor a ser confundida con el PP, y hacer reconocible su propia identidad, marcada por principios como el de solidaridad o igualdad.

El guión de la segunda transición se está cumpliendo a mandamiento. Ideado por el consorcio del socialismo con el nacionalismo, aboca a España a un Estado confederal, legitima a posteriori las reivindicaciones de otros nacionalismos soberanistas contra la existencia de la Nación española y la solidez del orden constitucional, y hace innecesaria la independencia, porque es el Estado el que se repliega y facilita la implosión constitucional al crear en su seno bolsas de soberanía territorial. En efecto, menos Nación y menos Estado. Éste es el proyecto de la Moncloa.

Frente a la nocturnidad y alevosía de ZP
EDITORIAL Libertad Digital 23 Enero 2006

Vaya por delante que la nocturnidad y alevosía con la que se está perpetrando el estatuto soberanista catalán, viene desde el mismo momento en que los impulsores de este jaque a la nación española y a los pilares de la Constitución del 78 –empezando por José Luis Rodríguez Zapatero– no lo han sometido como tal al parlamento, sino que lo han hecho de forma encubierta, a través de una reforma estatutaria que les evite el referéndum ciudadano y las mayorías cualificadas que exige cualquier reforma constitucional.

No nos debe, pues, sorprender el secretismo, la nocturnidad y el mutismo del gobierno del 14-M ante una tarea que básicamente, y gracias a las filtraciones de los nacionalistas, sabemos que está limitándose a un mero maquillaje que encubre, o pretende encubrir, los rasgos esencialmente anticonstitucionales que persisten y caracterizan todo el proyecto.

Tiene toda la razón Artur Mas al vanagloriarse y al destacar este domingo que "lo importante es que por primera vez en muchos, muchos años, las Cortes generales reconocerán una definición de Cataluña como nación". Y ciertamente, jamás las Cortes generales han reconocido semejante dislate jurídico y falsedad histórica, incluida la ocasión en la que aprobaron nuestra ley de leyes. Eso, por no hablar del admitido blindaje de competencias o del liberticida régimen lingüístico elevado a rango de ley.

Para colmo, la cesión fiscal del Estado, que ascenderá al 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco y carburantes, es sólo una primera entrega a cuenta, pues, como Mas ha recalcado, la participación se podrá revisar cada cinco años con acuerdos bilaterales, sin necesidad de abordar otra reforma estatutaria.

Ante este panorama, nadie debería consolarse por el hecho de que el último sondeo sobre intención de voto, publicado en ABC, sitúe al PP 1,1 puntos por encima del PSOE. A nadie debería sorprender que el estatuto soberanista catalán y las alianzas de ZP con los separatistas desgasten electoralmente al PSOE; lo que debería alarmar es que no lo hagan en mayor medida. Al margen de que esa diferencia en intención de voto no garantiza ni siquiera la alternancia en el gobierno –menos aun la reversibilidad del proceso–, hemos de tener en cuenta que el rechazo ciudadano al estatuto soberanista y a la alianza de ZP y sus socios separatistas supera con creces el 60% en todos los sondeos.

En esa tarea de evitar que ese amplísimo rechazo ciudadano al Estatut se traduzca en un mayor desgaste electoral del PSOE, opera tanto el mutismo y el secretismo del gobierno, como la adormecedora propaganda de sus dominantes medios de comunicación. Además de que esta lamentable y orwelliana tarea mediática será tan imprescindible como implacable, ¿qué decir de la propia anestesia que ETA pueda facilitar "en nombre de la paz" a este "proyecto de desestabilización del Estado español", pactado con los socios de ZP en Perpiñán, y que impulsa ya el propio presidente del gobierno?

Ante la gravedad de lo que ya está encima de la mesa –y de lo que queda por venir–, es imprescindible, no sólo que los escasos medios de comunicación independientes sigan acentuando su denuncia, sino que el PP ponga más carne en el asador, como dijo Mayor Oreja, "cueste lo que nos cueste". Por mucho que Rajoy haya elevado el perfil de la oposición, no tiene mucho sentido que la única manifestación liderada y convocada por el PP en defensa de la Constitución y de la unidad de España se haya limitado a una concentración deliberadamente contraída y acomplejada, como la que tuvo lugar el pasado día 6 de diciembre. ¿No dice Rajoy que la calle también es un ámbito de protesta?

En cualquier caso, y al margen de lo que diga en su día el Tribunal Constitucional –que merece comentario aparte– de lo que estamos seguros es que este plan de demolición del régimen constitucional de España no aguanta el vacío. O lo ocupa la sociedad civil liderada por sus representantes políticos, o les vendrá a robar el protagonismo las contraproducentes manifestaciones de incontrolados, cuyo deber no es hacer de “salvapatrias”, sino obedecer y guardar en silencio el malestar que legítimamente comparten con la mayoría de los españoles.

Sacar a España de sus casillas
Por ANDRÉS DE LA OLIVA SANTOS, Catedrático. Universidad Complutense ABC 23 Enero 2006

... Sin respaldo popular expreso ni tácito a lo que se proponen hacer con este país, porque nada de eso fue objeto de la campaña electoral, van a contradecir la Constitución en vigor, con el cínico añadido de pretender que la Constitución les importa...

PODEMOS encontrarnos en la recta final de una decisión de extrema importancia para todos: la aprobación inicial, por buen número de grupos parlamentarios, de un texto de nuevo Estatuto de Cataluña, que afecta a toda España. Escribo, pues, a vuela tecla, como quien dice. Procuraré ser esquemático, a sabiendas de que, con todo lo que se ha escrito ya, no haré otra cosa que insistir, como muchos otros, hasta el último momento.

En vista de que, a cuenta del «Estatut», se han traído a colación infinidad de asuntos, me importa dejar sentadas, ante todo, algunas elementalidades. Ahí van:

1ª) El día 14 de marzo de 2003, el PSOE resultó ser el partido más votado y el que obtuvo el mayor número de escaños. Me incluyo entre los innumerables ciudadanos que no encuentran hoy razones para considerar ilegítimo ese triunfo electoral y sus ulteriores consecuencias: formación del Gobierno de la Nación (así se dice, por ahora) y alianzas parlamentarias estables.

2ª) En la campaña electoral previa, los electores no fueron informados del pensamiento jurídico-político sobre España y Cataluña (más País Vasco, desde luego) del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. Con otras palabras: los electores, en general, no estaban ni tenían por qué estar sobre aviso acerca de lo que ahora está en juego. Es verdad que, en un concreto mitin en tierras catalanas, el señor Rodríguez Zapatero prometió respetar lo que en Cataluña se aprobase respecto de un nuevo «Estatut» catalán. Pero ni la generalidad de los ciudadanos tuvo noticia de ese mitin ni la concreta promesa alcanzó rango de programa electoral, desde ningún punto de vista.

3ª) En cuanto al ejercicio del poder, es archiclásica la distinción entre legitimidad «de origen» y legitimidad «de ejercicio». Quiérese decir, desde hace siglos, que quien inicialmente gobierna y decide legítimamente puede, por sus actos y sus omisiones, por su concreto ejercicio del poder, convertirse en gobernante ilegítimo. Se ha repetido en innumerables ocasiones (y, en bastantes de ellas, con fundamento) el reproche de que un Gobierno derivado de la voluntad popular se situaba de espaldas al pueblo e incluso contra su sentir y su querer. Por ejemplo, es aún muy cercano ese reproche del PSOE y de otros al segundo Gobierno del PP.

Dicho lo anterior, las últimas ocurrencias sobre «la cuestión del Estatut» merecen análisis crítico, que resumo en varios puntos:

1º) No es verdad, sino un grueso error, que la aparición de Cataluña como «nación» en el Preámbulo carezca de relevancia jurídica. Los preámbulos de las leyes tienen que aprobarse y modificarse como leyes y, aunque no sean normativos, toda la doctrina y la jurisprudencia, incluida la del Tribunal Constitucional, considera que el texto de los preámbulos es un inexcusable elemento interpretativo de lo que dicen los preceptos, uno a uno y en su conjunto. Y tampoco cabe negar que una mención de Cataluña como «nación» en el Preámbulo posee importancia en el plano político-constitucional y en el del Derecho Internacional Público.

2º) Si «en términos jurídicos y constitucionales, la nación es España», como acaba de reconocer el señor Rodríguez Zapatero, no cabe que un nuevo «Estatut» defina Cataluña como «nación», porque la redacción de un nuevo «Estatut» cabalmente ha de hacerse «en términos jurídicos y constitucionales», no sentimentales ni líricos.

3º) El señor Rodríguez Zapatero, en la misma ocasión en que reconoce que «en términos jurídicos... la nación es España», se atreve a comparar la anunciada contradicción entre Cataluña como «nación» (Preámbulo del «Estatut») y la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» (art. 2 de la Constitución Española), con el hecho de que el Preámbulo de la Constitución Española contenga las expresiones «pueblos de España» y «pueblo español».

El actual presidente del Gobierno afirma que «no parece que ésta sea una gran contradicción». Ante todo, es de señalar que una contradicción con la Constitución no tiene que ser grande para resultar inaceptable. Pero, sobre todo, sucede que en el uso de las expresiones «pueblos de España» y «pueblo español» no hay contradicción alguna. Y una de dos: o el señor Rodríguez Zapatero carece de cultura general o piensa que los ciudadanos carecen de ella y aceptarán el falso símil que propone.

4º) El señor Rodríguez Zapatero persiste en eludir el hecho de que la satisfacción del sentimiento de identidad nacional que muchos tengan en Cataluña no puede lograrse en contradicción con lo que sobre identidad nacional afirma la Constitución. Y, desde luego, el señor Rodríguez Zapatero debiera considerar si una satisfacción inconstitucional del «sentimiento catalán de identidad nacional» debe pagarse al precio añadido de contrariar el sentimiento de identidad nacional de millones de españoles, que es el que se refleja en la Constitución.

Por supuesto: es abusiva y mendaz (es mentirosa: no le atribuyo tanta ignorancia al actual presidente del Gobierno) la contraposición entre su proyecto de «Estatut» y «el centralismo y la visión uniforme de España», que «no han hecho más que desunir y llevarnos al retraso». Pese a tantos acostumbramientos, aún asombra que en el año 2006 se puedan proferir frases como ésa, propias de la España de los años cuarenta del siglo pasado. Hoy, ¿de qué «centralismo» se habla? ¿De qué «visión uniforme»? ¿De qué «retraso»?

El señor Rodríguez Zapatero centra las cosas en «respetar a cada uno» y, acto seguido, sentencia que «ésta es la mejor forma de vivir integrada». Pues bien: lo que ocurre, a mi entender, es que el actual presidente del Gobierno y quienes le apoyan han decidido prescindir de respetar a la mayoría y sólo son capaces de respetar -un respeto que no cuesta mucho- a una minoría en que ellos se integran. Así, están prescindiendo de respetar el sentir del pueblo, como queda probado por su resistencia a consultarle. Sin respaldo popular expreso ni tácito a lo que se proponen hacer con este país, porque nada de eso fue objeto de la campaña electoral, van a contradecir la Constitución en vigor, con el cínico añadido de pretender que la Constitución les importa.

El Gobierno del señor Rodríguez Zapatero se encuentra a una ínfima distancia de ser ilegítimo. Porque ésa es la distancia, ya apenas apreciable, que le separa de un enorme abuso del poder, de consecuencias verdaderamente indecibles. Y no se diga que poseer una mayoría parlamentaria es incompatible con tal abuso. Desde que hay parlamentos, la Historia, reciente y lejana, demuestra lo contrario.

A mi entender, fue un gran error meter a España en la guerra de Irak. Pero el señor Rodríguez Zapatero no debiera gobernar por más tiempo apoyado en ese y otros errores del señor Aznar. Meter a España en una guerra es cosa grave. Sacar a España de sus casillas es letal. Y, digámoslo a las claras, ese de la desarticulación de España (salvo como «mercado», por supuesto) es el camino que sigue el presidente del Gobierno. Cuando ese presidente afirma, bajo la inane bandera de la «democracia avanzada», que lo que significan las palabras y los conceptos es algo despreciable, por lo que no vale la pena dar ninguna batalla, es lógicamente obligado concluir, con serenidad y tristeza, que el Gobierno y sus aliados, al borde de la ilegitimidad, están dirigidos por alguien capaz de los mayores dislates y atropellos, puesto que no existe para él nada cierto ni verdadero, salvo sus propósitos.

El Régimen de Medianoche: amputación política y anestesia mediática
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 23 Enero 2006

Los principales rasgos del nuevo régimen prisoico, construido sobre los escombros del aún legal pero apenas vigente régimen constitucional de 1978, son dos: la traición y la oscuridad. En la oscuridad más absoluta, en las tinieblas más negras que haya conocido nuestra política desde hace muchos años, se ha consumado la traición a España del que juró ser el primero en defenderla, el presidente del Gobierno. Porque lo que desde la medianoche del 21 de enero de 2006 ha puesto en marcha el inquilino monclovita es ni más ni menos que el mecanismo de relojería que debe provocar la voladura controlada del régimen y la liquidación de la Constitución por su base, que es la Nación española. Si fuera para reforzar España, ¿apoyarían a Zapatero los nacionalistas antiespañoles? Evidentemente, no. Si Zapatero estuviera en camino de conseguir una mejor soldadura de las piezas que a lo largo de los siglos han venido componiendo la nación española, ¿le ayudarían los que dedican toda su energía a descomponerla, destrozarla y destruirla?

No. El suicidio es menos habitual que el homicidio en las costumbres del nacionalismo. Si la ETA dice, vía Batasuna, que "van ganando", no lo dicen por engañarse a sí mismos. Si sus amigos de la Declaración de Barcelona y sus socios de Perpiñán celebran como un éxito el pacto con Zapatero, está claro que lo pactado va directa y frontalmente contra España y la libertad. En la medianoche del 21 de enero nació un nuevo régimen, abiertamente revolucionario y redomadamente hipócrita, que se finge representante democrático del pueblo para despojarlo de su soberanía. La transparencia da paso a la opacidad, el Parlamento a las tenidas nocturnas, la luz de la democracia a las tinieblas de la tiranía. En el país donde todos los gatos son pardos, ha nacido el Régimen de Medianoche, una forma posmoderna de dictadura que se presenta como "democracia avanzada", un sistema político en el que la alternancia será imposible, salvo al precio de la voladura de toda apariencia de paz y legalidad.

Porque el proceso abierto formalmente por Zapatero y Mas, que será respaldado de inmediato por el resto de partidos nacionalistas catalanes, supone la ingobernabilidad de España si llega al Poder el PP, y a explicarlo dedicará todo su esfuerzo el imperio mediático de Polanco, los nacionalistas y los medios finlandizados. El Estatuto es, sin duda, anticonstitucional, pero aunque los magistrados del TC lo proclamasen, ¿alguien cree de verdad que cabría revocarlo democráticamente? ¿Alguien puede sostener sin rubor que los nacionalistas catalanes acatarían la ley de una nación a la que combaten y la legalidad de un régimen al que acaban de propinar una estocada mortal? No. Si hoy no cumplen las leyes en materia educativa, si han creado la censura dictatorial del CAC, si todas las variantes del despotismo se ejercen a través de una política lingüística que es la negación del Estado de Derecho, ¿alguien cree que éste será un proceso reversible? El nuevo régimen, oficio de tinieblas cuyo primer vagido oímos en la medianoche de este sábado, se basa en la amputación, miembro a miembro, de un organismo aún vivo que es la nación española. Pero el éxito de esa amputación continuada exige que el paciente se esté quieto y para eso es necesaria la anestesia. Ahí entran Polanco y compañía. Habrá que asustar a la gente con la posibilidad de que una victoria electoral del PP provoque la disgregación y el caos, hipótesis que los separatistas aliados del PSOE garantizan. Así, Zapatero seguirá en Moncloa hasta que de la Nación y la Constitución no quede nada. Cumplida su parte en esta "vasta empresa de demoliciones", desaparecerá. Sin dramas: el muerto casi no se habrá enterado y el entierro será rápido. Sobre el cortejo, el diluvio.

INGENIERÍA CONSTITUCIONAL
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO Rector de la Universidad Rey Juan Carlos ABC 23 Enero 2006

Nadie pone en entredicho que gran parte del progreso tecnológico y de la transformación del mundo en estos, sobre todo, últimos ciento cincuenta años, debe mucho al desarrollo de las ingenierías. Pues bien, esta ejemplar labor de mejora de nuestras condiciones de habitabilidad -donde resaltan los emblemáticos nombres de Gustave Eiffel, Ernest Werner von Siemens, Orville y Wilbur Wright, Rudolf Diesel, Thomas Alva Edison o Guillermo Marconi y, entre nosotros, los de Agustín Betancourt o Leonardo Torres-, se transforma en manifiestamente perversa y harto peligrosísima, cuando se desea extrapolar sin más a la vida política el simple ejercicio de un discurso desprovisto de contenidos axiológicos. Dicho de otra forma, la realidad no es virtual; la realidad existe, y tarde o temprano explicita, sobre todo si no se afronta con rigor, su cara más agria. Por ello no se pueden ignorar en toda transacción política los fines últimos que deben justificarla. No son irrelevantes, ni fungibles, ni intercambiables los valores y bienes intangibles, o al menos esenciales, que hay que saber primero, identificar, y después, preservar, incluso en la más franca y distendida concertación.

El diálogo y la negociación son, desde luego, legítimos y consustanciales además a la propia democracia, pero no pueden terminar por configurarse, junto con la voluntad de pervivencia en el poder a cualquier precio, como sus únicos o primordiales objetivos. Es cierto, que la Política es la ordenada y pacífica canalización de resolución de los conflictos en una sociedad libre y que, en consecuencia, lleva también ínsitas las ideas de negociación y compromiso. Pero otra cosa es servirse del conveniente acuerdo y del adecuado concierto de voluntades para avalar o suscribir cualquier pacto. La transacción no es nunca un fin en sí mismo. Unas reflexiones que vienen a cuenta por las extemporáneas propuestas conocidas en el proceso de discusión del Proyecto de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y es que la modélica acción de la ingeniería en el ámbito de la física no puede extenderse cuando de lo que hablamos, como en su momento aconteció también con la desafortunada ingeniería financiera -que disfrazaba el más burdo enriquecimiento personal-, es de ingeniería constitucional.

Nos referimos, especialísimamente, a dos aspectos. El primero, el reconocimiento de la palabra nación para Cataluña, pero eso sí, se nos dice, confinado sólo al Preámbulo del Estatuto; y, el segundo, que la asunción del catalán como lengua oficial, y de debido cumplimiento, no provocaría sino un simple y tranquilizador deber impropio y cívico.

En cuanto al primero, nada más falaz, sin embargo, que desvirtuar la relevancia de su inclusión. Aunque los preámbulos constitucionales, y en este caso los de un Estatuto de Autonomía, no disfruten de la misma naturaleza jurídica que su articulado, sí gozan de un importantísimo valor. De entrada, sus enunciaciones son material y formalmente constitucionales, es decir, tienen valor jurídico, por más que carezcan de contenido dispositivo y eficacia jurídica inmediata. Esto es, su objeto afecta a materias intrínsecamente constitucionales, mientras quedan también protegidos, si desean posteriormente modificarse, por las exigencias de rigidez preestablecidas.

Pero aún se debe decir mucho más, ya que poseen una indiscutible dimensión histórica y simbólica. Simplemente recordar aquí los importantísimos preámbulos que abren, por ejemplo, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 -«Los representantes del pueblo francés... considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos...»-, como el de la misma Constitución norteamericana de 1787 -«Mantenemos, como verdades evidentes, que todos los hombres nacen iguales; que su Creador les atribuye determinados derechos inalienables, entre los que se cuentan la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad...»-, bastante más conocidos, por cierto, y con semejante influencia que sus singulares preceptos. Pero aún hay que apuntar una circunstancia añadida. Los preámbulos son un auxilio indispensable para conocer la denominada interpretación auténtica, es decir, la última ratio del constituyente o del legislador en el momento de su elaboración. Y aún algo más. Éstos son un criterio hermenéutico de primer orden cuando se busca el espíritu y el alcance de ciertos artículos o la resolución de antinomias. Por esto, en suma, es sencillo rastrear en los preámbulos las ideas fuerza que definen el propio sistema político.

En consecuencia, no importa tanto que en nuestro régimen constitucional, a diferencia del caso de la vigente Constitución francesa de 1958 de la V República, el preámbulo no disfrute de eficacia jurídica inmediata -aquí sí disponemos de un Título Primero de la Constitución de 1978 que tutela los derechos fundamentales-, dada la relevancia de sus funciones. Los preámbulos no satisfacen pues un simple papel descriptivo en términos históricos, culturales o políticos. En la Constitución de 1978, Nación sólo hay, de acuerdo con su más recta interpretación -la cuestión no consiste en hacer un repaso sobre las diversas teorías esgrimidas en abstracto a lo largo de la Historia de las Ideas Políticas-, la Nación española (artículo 2), mientras que a ella se encomienda, con exclusividad, la soberanía (artículo 1. 2). Y esta es la razón por la que la Nación encuentra su lógica ubicación donde debe estar: en el Texto constitucional, y no en los Estatutos de Autonomía. España no es una Nación de naciones, ni una Confederación de naciones, ni un Estado plurinacional. En cuanto a las autonomías, el constituyente lo enunció con claridad, aunque el concepto acuñado fuera difuso, son regiones o nacionalidades, pero nunca naciones. La autonomía, afirmó pronto el Tribunal Constitucional, no implica soberanía en ningún caso (STC 4/1981). ¿Qué sentido tiene entonces ceder la inclusión de un concepto políticamente tan sobresaliente a unas formaciones que declaran su intención de ejercer un derecho de autodeterminación/secesión para organizarse, desde su arrancada condición de nación política, en un Estado independiente? ¿Para qué tratar de contentar, como decía el recientemente desaparecido Julián Marías, a los que nunca se contentan?

¡Y qué se puede decir, en segundo lugar, de una legislación lingüística que proscribe de facto el uso del castellano, a pesar de que el artículo 3. 1 de la Constitución disponga que es «la lengua española oficial del Estado», mientras «los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarlo»! «Sólo del castellano -reafirma el Tribunal Constitucional- se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento» (STC 82/86). Frente a tal mandato, reiteradamente incumplido por una cercenadora legislación de inmersión lingüística, se añade ahora la caracterización del catalán como deber, aunque eso sí, al no estar dotado de sanción jurídica en caso de incumplimiento, de un anestesiante deber impropio. ¡Como si las palabras, otra vez lo mismo, hormaran o desfiguraran, según el caso, la realidad!

Atención pues con la labor de negociación emprendida, y en parte acordada, no vayamos a terminar por desvirtuar, a través de una indebida mutación constitucional, esto es, al hilo de una reforma estatutaria, los principios nucleares que asientan nuestro régimen constitucional, que quedaría de esta suerte irreversiblemente alterado. Si me permiten una licencia literaria, aunque sólo sea por poner una nota de distensión, se cumple este año el trigésimo aniversario del fallecimiento de la gran dama del crimen británico, la sin par Agatha Christie, entre cuyas novelas destaca «Asesinato en el Orient Express». Una trama donde, al final, todos los personajes son autores, en comandita, del asesinato del financiero Ratchett en su compartimento. ¡Espero que no nos pase lo mismo con la Constitución! Que entre todos, o mejor dicho, entre algunos, terminen bien por aniquilarla, o por desfigurarla gravemente, lo que a estos extremos es semejante.

MANIOBRAS EN LA OBSCURIDAD
MIGUEL PORTA PERALES ABC 23 Enero 2006

El proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña se ha negociado con nocturnidad y alevosía. La nocturnidad: los negociadores del Gobierno se han reunido casi en secreto con sus homólogos catalanes menospreciando el Parlamento, donde en una democracia comme il faut se debaten las leyes una vez admitidas a trámite y cerrado el plazo de admisión de enmiendas. En este caso, hemos asistido al grado omega de la nocturnidad si tenemos en cuenta que se ha mantenido a la opinión pública en la inopia y la mismísima Esquerra se ha enterado del pacto PSOE-CiU -suscrito a medianoche y sin luz ni taquígrafos: esa debe ser la regeneración y transparencia democráticas prometidas por Zapatero- a través de la prensa. La alevosía: los negociadores han actuado en todo momento con deslealtad hacia una oposición que merecía ser consultada e integrada en un asunto en el que está en juego el modelo de Estado.

Más allá de la nocturnidad y la alevosía, más allá del pasteleo, ¿por qué ocurre lo que ocurre? Apunten: porque Zapatero y el PSOE necesitan pactar -«como sea», el presidente dixit- el Estatuto por una cuestión de subsistencia política en una coyuntura en la que el Gobierno no da una y España está patas arriba; porque Zapatero y el PSOE necesitan el apoyo parlamentario del nacionalismo catalán -por eso se transige con las demandas- para acabar la legislatura; porque Zapatero y el PSOE necesitan aislar al PP -no pueden consentir que el Estatuto fracase y la oposición se apunte un tanto- y así asegurarse el Gobierno por un período largo de tiempo; porque en algún momento de esta historia Zapatero quizá haya oído una voz interior que le mueve a reinventar España o lo que quede de ella. ¿El cuatripartito catalán? Los socialistas obedecen, los ecosocialistas obedecen a los socialistas, los republicanos intentarán sacar alguna tajada de más, y los convergentes están satisfechos al percibir que en un futuro próximo pueden ser -en detrimento de Esquerra- los socios preferentes de Zapatero y Maragall. Incluso es posible que Maragall sea en Cataluña el socio preferente de un Mas que está capitalizando el acuerdo. ¿El interés general de España? No saben. No contestan.

Estatuto
Jaque mate
José García Domínguez Libertad Digital 23 Enero 2006

Einstein sostenía que si la tercera guerra mundial fuese nuclear, la cuarta se resolvería a pedradas. Y sólo con el Estatut cabe pronóstico tan cierto como ése. Porque si el Parlamento acaba avalando lo que han maquinado ZP, Maragall y la partidas de Mas y Duran, nada más seguro que la proclamación de Cataluña como Estado independiente, antes de quince años, cuando la próxima reforma. Pues, ayer, tal como debe prescribir el gran Pettit –en secreto, a oscuras y de madrugada– un ex directivo financiero de Casinos de Catalunya S.A. y el hombre a quien el Chino y el Tunecino querían ver en La Moncloa, acordaron ni más ni menos que la defunción por eutanasia de la soberanía nacional española.

Así, el sucesor de aquel Pablo Iglesias que en 1888 fundara la UGT en Barcelona, y un no menos legítimo heredero del Doctor Robert, el tipo que se empleaba en medir los cráneos de los charnegos por la misma época, celebraron, felices, desposeer de la condición de ciudadanos a la mitad de los catalanes. Qué gran avance de la ciencia en apenas un siglo: el control de la pureza nacional, empeño que antes requería de arduos peritajes sobre las cabezas, por mor del Estatut se logrará con sólo seccionar la lengua a la gente. Porque, gracias a Zapatero y a ese antiguo empleado de Artur Suqué, a partir de ahora se podrán fijar, al fin, dos castas entre los lugareños: los catalanes justos y bondadosos –quienes superen el examen del Nivel C– y el resto, los apátridas realquilados con derecho a cocina.

Y también así, el último descendiente de aquel Largo Caballero que se decía el Lenin español, y los muy acreditados legatarios de ese Umberto Bossi con barretina que respondía por Jordi Pujol, sellaron, ufanos, el cuarteamiento en jirones del Fisco ex­–español. De ahí que si no erró nuestro sosias castizo de Maquiavelo, el que sentenciara que el Estado es Hacienda y la Guardia Civil, en Casa Nostra del Leviatán no van a quedar ni las migas. Porque los tricornios ya fueron expulsados en su día; y ese cambalache de administración tributaria consorciada que acaban de cocinar durará menos que un talón por cursos subvencionados ante la sede de Unió. Ya lo ha anunciado el gran crupier de Convergencia: “A partir de ahora, constituirá la contrapartida principal que perseguirá CiU cuando establezca pactos parlamentarios en las Cortes”.

Mientras tecleo el final de este artículo, en la radio acaban de leer la redacción definitiva del Preámbulo. Algo así como: “El Parlamento de España, recogiendo el sentimiento y la voluntad de ZP, ha decidido que la Nación deje de existir”. Si tiene suerte, sólo lo juzgará el Tribunal de la Historia. Pero va a necesitarla. Y mucha.

Constelaciones y liberticidas
Por JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 23 Enero 2006

¿Hacia adónde va España? Euros du Village responde con una pregunta: «¿Hacia una «constelación» territorial?». Y añade: «Queda clara la dificultad de conciliar regionalización e integridad del Estado. Entonces, ¿reforma o revolución?».

Reuters, Le Nouvel Observateur y la BRF belga se cuidan muy mucho de dar por cerrado el proceso abierto. Utilizando los despachos de Reuters, Nouvel Obs. describe una situación inconclusa, que no sé si calificar de «esquizofrénica»: unos nacionalistas catalanes (CiU) dispuestos a colaborar con el Gobierno, en Madrid, pero condenados a la oposición en Barcelona, donde otros nacionalistas (ERC), en el Gobierno autónomo, pudieran denunciar los acuerdos madrileños que deben aplicarse en Barcelona. La BRF recuerda que el acuerdo todavía necesita de adaptación a la Constitución.

Por su parte, la central (francesa) de Reporteros sin Fronteras (RsF) desconfía de algunas tentaciones del Gobierno catalán. Y ha instalado en su página online su carta abierta denunciando las atribuciones del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC): «Nos parece que algunas de las disposiciones de la ley Audiovisual podrían ser particularmente peligrosas para la libertad de prensa, e incluso liberticidas».

Quizá todo esté en el punto de vista. Comentando las actividades de Batasuna, el Teheran Times parece reflejar la opinión de los ayatolás, afirmando que tales manifestaciones son una «verdadera alternativa política». Desde Berna, Swiss Info afirma, por el contrario, que ETA ha enviado «conflictivas señales».

Desde Padania, el independentista Umberto Bossi estima que «las conquistas catalanas parten de la lengua». En ese terreno, El Universal mexicano anuncia la publicación de una correspondencia inédita de Octavio Paz, premio Nobel. Entre otras revelaciones, El Universal descubre que Paz propuso al FCE, en su día, la publicación de una «gran antología general de la poesía en lengua castellana», que él consideraba imprescindible: «Contribuiría a afirmar la unidad de nuestros pueblos, hoy más que nunca amenazada. Saber que tenemos un pasado común tal vez nos dé fuerzas para afrontar lo que vendrá». El proyecto de Paz fue rechazado. Y sustituido por un proyecto nacional, mexicano. El primer líder suramericano recibido en Madrid este año acaba de ser entronizado en Bolivia, cuenta El Nacional, «con una ceremonia mística dirigida por sacerdotes de distintas etnias, en el santuario precolombino de Tiahuanaco».

Mitin de ETA
Estado de farsa
Pío Moa Libertad Digital 23 Enero 2006

La desvergonzada burla a la ley por parte de la ETA en Baracaldo ha sido indudablemente realizada de acuerdo con el gobierno, como lo fue su intervención en las elecciones pasadas bajo el nombre de Partido Comunista de la Tierras Vascas. Los etarras, ha señalado Mayor Oreja, tienen siempre un plan alternativo, y el gobierno, por supuesto, lo conoce.

Esta conjunción del gobierno y de Batasuna contra la ley no tiene ningún misterio, y la entendemos bastante bien si miramos atrás. El TNV (Terrorismo Nacionalista Vasco) se benefició, desde la Transición, del cuento inventado por el PNV y los ideólogos del grupo PRISA, Cebrián a la cabeza, de que el problema no tenía solución policial, sino política, negociada. Ello significaba en la práctica renunciar a la ley y las exigencias del estado de derecho, legalizando en cierto modo el asesinato con pretensiones políticas. Como ello no podía hacerse con total publicidad, hemos asistido al espectáculo degradante de que los gobiernos engañaran permanentemente a los ciudadanos, afirmando que no negociaban con los asesinos, y éstos, en cambio, informaran de la verdad y pusieran en evidencia la golfería de aquellos. Esa política culminó cuando el PSOE mezcló la claudicación (llamándola negociación o diálogo, qué menos) con el terrorismo del GAL, socavando así al estado democrático por partida doble. Los etarras han sido tachados a menudo de descerebrados, pero en todo este tiempo han demostrado más inteligencia y, a su modo, más honradez que nuestros políticos. Unos cuantos pistoleros, jugando con la sangre y las complacencias o las “contradicciones” –como decían los marxistas– de sus contrarios, han mantenido en vilo durante más de dos décadas a la democracia, casi eliminándola de las Vascongadas.

Sólo empezó a cambiar el panorama con los gobiernos de Aznar que, por primera vez en tantos años, decidieron simplemente aplicar la ley y negar a los etarras cualquier esperanza de obtener concesiones políticas. Los resultados sólo pueden calificarse de excelentes. La mafiosa sandez de la “solución política” quedó en evidencia entre el griterío alarmado de sus promotores, en particular los recogenueces del PNV –pues veían avanzar también sobre ellos la fuerza de la ley–, y de sus amigos de PRISA. Por primera vez, el estado de derecho acosaba realmente a ETA, permitiendo esperar la solución del problema a plazo medio. Tal fue la herencia recibida por el actual gobierno. El cual, con mañas de trilero de la política, invirtió la línea de Aznar pensando que, como los terroristas estaban en pésima situación, podrían ser forzados a un “diálogo razonable”, mediante concesiones amplias, pero disimulables ante la gente con el cuento de la “paz”. ¡Quién sabe si no le darían a su presidente el premio Nobel por la proeza, aunque ella supusiera la ruina del estado de derecho! Esa línea de acción falló momentáneamente con el rechazo obligado al secesionista Plan Ibarreche, pero encuentran ahora su “plan B” en el Plan Ibarreche II del tripartito catalán, naturalmente extrapolable a las Vascongadas y a otras regiones. Sólo que, por una parte, están encontrando una protesta ciudadana mayor de la calculada, y por otra los pistoleros, envalentonados, aspiran a más.

El Pacto Antiterrorista se ha convertido abiertamente en Pacto Proterrorista, y la inversión de la política de Aznar, a costa de los principios democráticos, ha producido asimismo una inversión en la situación de la ETA, que de acosada ha pasado a acosadora, poniendo bombas donde y cuando quiere, llenando las Vascongadas con propaganda triunfalista y ciscándose ostentosamente en la ley. Las claudicaciones de Moncloa han llegado a tal punto que la marcha atrás le resultaría catastrófica, y los “descerebrados” criminales saben que tienen cogido al “inteligente”gobierno por donde más le duele, obligándole a ceder sucesivamente. La política se convierte así en una farsa siniestra, a espaldas de los ciudadanos. Parte de ella son estas burlas a la opinión pública. El gobierno aparenta aplicar la ley a un plan de los terroristas, y a continuación finge no enterarse del plan alternativo. Ahí no hay estupidez, pues la misma rebasaría lo materialmente posible, sino complicidad. La estupidez la esperan de los ciudadanos, sometidos a la anestesia de los medios de masas. De ahí también la gangsteril campaña en curso para silenciar a quienes advierten a la opinión.

Tal situación, inconcebible hace poco tiempo, debe relacionarse con el hecho, no menos inconcebible, de que hoy mande en España un individuo autoproclamado “rojo” que no se siente español, pues su patria es “la libertad”. La misma libertad de Otegui, Ibarreche, Carod o Maragall, de Mohamed VI, Fidel Castro, Chávez o Evo Morales. Nuestro país vive una abierta y acelerada involución democrática, y los ciudadanos deben comprender que solo su acción y su movilización pueden frenar esta desastrosa deriva. Así sea.

Estrangular a Aguirre, abanicar a Mas
Jesús Gómez Ruiz Libertad Digital 23 Enero 2006

Si hay alguna comunidad autónoma de España leal con la Constitución, con las instituciones y con la legalidad vigente y que, además, contribuya como ninguna otra a la caja común de todos los españoles sin victimismos, reividicaciones o exigencias extemporáneas, esa es la Comunidad de Madrid. Si hay alguna comunidad autónoma que presente buenos resultados en materia de empleo y de crecimiento económico, esa es también la Comunidad de Madrid. Y si hay alguna comunidad abierta, que crezca en población más que ninguna otra –el voto con los pies es siempre el más elocuente, sincero e insobornable– y que sirva de escaparate y de ejemplo de cómo es posible gobernar sin sectarismos ni exclusiones, con respeto a todas las fuerzas políticas y medios de comunicación, sean del color que sean, esa es también la Comunidad de Madrid.

Precisamente por eso, no es extraño que la Comunidad de Madrid sea también la principal víctima de los agravios, los menosprecios y el sectarismo de Rodríguez Zapatero. Porque su proyecto de demolición de la nación española –y, con ella, conviene no olvidarlo, de la democracia y de las libertades en España o en lo que quede de ella– requiere, bien de la sumisión, o bien de la neutralización, el descrédito y la asfixia de todas aquellas personas, instituciones y medios de comunicación que sean prueba viva de que esa demolición de la nación española que impulsa el Gobierno a espaldas y contra el deseo de la inmensa mayoría de los españoles, es, además de una traición y de una injusticia, un gigantesco disparate que todos, incluidos quienes lo promueven y lo alientan, pagaremos muy caro.

Por eso, uno los objetivos prioritarios de Rodríguez Zapatero es echar “como sea” a Esperanza Aguirre de la Casa de Correos, la sede del gobierno regional madrileño. Y por eso recurre a la asfixia financiera, al desprestigio institucional, a las detenciones ilegales, a las acusaciones sin fundamento y a cualquier otro medio, legítimo o menos legítimo, que sirva para obstaculizar o frustrar la acción de gobierno del PP y de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. Libertad Digital ha recopilado una larga lista de esos agravios dirigidos contra la Comunidad de Madrid y Esperanza Aguirre, perpetrados casi desde el mismo día en que el Presidente Rodríguez llegara a La Moncloa.

Una larga lista a la que viene a añadirse el cometido el pasado viernes en el Consejo de Ministros, que acordó requerir a la Comunidad de Madrid la paralización, por presunta invasión de competencias del Estado, del proceso encaminado a la construcción de dos infraestructuras vitales para el desarrollo de Madrid y para evitar el inminente colapso circulatorio en la zona norte de Madrid: la R1 y el cierre de la M-50. Esperanza Aguirre se había comprometido públicamente a construir y poner en servicio esas dos carreteras después de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero, incumpliendo los compromisos adquiridos por el anterior Ejecutivo, se negara a construirlas.

Ya es suficientemente grave que el Gobierno invoque fraudulentamente sus competencias –de acuerdo con la Ley de Carreteras, las Comunidades Autónomas tienen plena competencia para construir todas las carreteras que discurran íntegramente dentro de sus límites, como es el caso de la R1 hasta El Molar y el cierre del quinto cinturón– con el objeto de impedir la construcción de unas infraestructuras de interés general. Pero lo realmente odioso e inaceptable es el sectarismo y la arbitrariedad con que se ha conducido Rodríguez Zapatero en este caso, muy similar al de la Y vasca de la Alta Velocidad. Una infraestructura cuya ejecución aceleró Magdalena Álvarez ante la amenaza del Ejecutivo de Ibarreche de licitar y construir por su propia cuenta varios tramos del AVE, del que, finalmente, ejecutará los 90 km. que separan Bergara de Irún.

Pero este agravio resulta aún más inaceptable e insultante para todos los madrileños cuando se considera que ha sido perpetrado precisamente la víspera de la reunión secreta donde ZP y Mas se pusieron de acuerdo sobre cuál será el siguiente paso en el proceso de voladura controlada del orden constitucional. Cuando Rodríguez Zapatero está dispuesto a entregar los ferrocarriles, los aeropuertos, el 50% del IRPF y del IVA al gobierno nacionalista-socialista de Cataluña sin contar con el resto de las comunidades autónomas, en secreto y a espaldas de los españoles. Cuando Rodríguez Zapatero invoca, para perjudicar a la Comunidad de Madrid y a Esperanza Aguirre, la misma legalidad que él destruye con ahínco en reuniones secretas a medianoche. La misma legalidad que permite conculcar a los amigos y a los representantes de la ETA.

Aunque, paradójicamente, no carece de lógica que Rodríguez Zapatero esgrima la Ley y exija su cumplimiento sólo al PP, excusándo de él a los nacionalistas y a sí mismo. Porque sabe perfectamente que el PP es el único partido que la respeta y que la cumple, el único que no pondrá condiciones para cumplirla. Por eso, con el mismo BOE con el que quiere estrangular a Aguirre, Rodríguez Zapatero abanica a Mas.

Estatuto y El País
Realismo contra secesionismo
Agapito Maestre Libertad Digital 23 Enero 2006

En el análisis político hay que ser muy realista si queremos darle sentido, comprensión, a todo aquello que quizá no lo tenga. Cuando oigo que Zapatero cierra ya el embrollo del Estatuto, repaso la prensa adicta al presidente y saco un par de conclusiones. Primera, los columnistas de este fin de semana de El País empiezan a estar secos respecto al Estatuto de Cataluña. Zapatero los tiene locos. No pensaban que fuera tan osado. Están fuera de juego. Refugiados en tópicos y lugares comunes niegan la evidencia. Estamos ante un bodrio de consecuencias trágicas, pero ellos se niegan a extraer conclusiones que no sean triunfalistas o enmascaradoras de la realidad.

Allá ellos, pero quien no prevea las desgracias que nos acarreará a todos los españoles, incluidos los de Cataluña, el cambalache de Zapatero con los secesionistas es que no tiene corazón o es un perro de presa del Gobierno socialista. Naturalmente, ningún demócrata puede esperar algo bueno de un acuerdo que excluye como mínimo a la mitad de los españoles. Sólo la estulticia política de quien se cree ideólogo de nacionalistas y socialistas puede creer que “si el presidente se sale con la suya, hay Zapatero para rato.” Por eso, para que no nos confundan con los estultos, no hay que entretenerse con ideólogos de poca monta, siempre prestos a descalificar por apocalíptico a quien levanta acta de la realidad; tampoco debemos perdernos en discusiones pseudoacadémicas con quien critica la vía sectaria y secretista adoptada por Zapatero para aprobar el Estatuto de Cataluña, pero termina estigmatizando al PP, a la oposición a Zapatero, por denunciar el proceder antidemocrático de éste.

Por fortuna, y esta es la segunda conclusión, a El País le libra de la ridícula palabrería de sus columnistas algunos de sus editoriales. Son perversos por su exagerada arbitrariedad, pero no estúpidos. Por lo tanto, recordemos un par de trazos del editorial del domingo del diario de Polanco y hagámoslos nuestros, porque serán determinantes de todos los desvaríos de los próximos meses. El título del editorial es revelador: “Estatuto a medianoche”. Quizá hubiera sido mejor decir a oscuras, en secreto y con premeditación, pero está bien porque refleja que costó sacarlo adelante y, por lo tanto, es tan “firme” como la voluntad de verdad que hay en la palabra de un nacionalista frente a la de un socialista.

Sin duda alguna, lo pactado será condicionante del futuro de la política española. Que Zapatero haya cerrado un acuerdo con CiU, pasando de ERC, mostrándose antes a los de Pujol que a los de Carod para continuar en una política secesionista de Cataluña es relevante del juego diabólico de Zapatero. Es un guiño maligno de Zapatero que no podía pasar desapercibido para los de ERC. Pero no llegará la sangre al río. Todos tragarán, porque ya han conseguido lo que pretendían. Tendrán “nación catalana”. El resto no importa, o mejor, no debería importar.

Sin embargo, esta política de secesión post-moderna tiene un inconveniente grave, gravísimo, que por fortuna, insisto, aún no ha olvidado El País: “Aprobar una ley orgánica de la entidad del Estatuto con el voto en contra del 41% de los diputados, que representan a casi diez millones de españoles, es un riesgo evidente.” Es, diría un castizo, algo más. Es un aviso a navegantes y hasta una señal para el optimismo.

Zapatero, el vendepatrias
Pablo Sebastián Estrella Digital 23 Enero 2006

Adiós a España, adiós al Estado de Derecho y adiós al PSOE —si no reaccionan—, porque José Luis Rodríguez Zapatero ha vendido la unidad e identidad nacional de España por un puñado de votos nacionalistas y ha iniciado en compañía de sus socios Mas, Carod y Maragall un peligroso viaje en pos del Estado Confederal que los nacionalistas sólo lo consideran como la primera etapa del recorrido que los conducirá a la independencia del País Vasco y Cataluña.

Zapatero ha concluido su negocio de espaldas a la soberanía nacional, al PSOE y a la Constitución, por lo que se espera ahora la opinión y la respuesta de la sociedad civil, de los sectores más razonables del Partido Socialista (a los que se les ocultó el alcance del pacto con los nacionalistas), de la oposición, que debería tener preparada una moción de censura por “deslealtad a España” —que es como ha calificado el portavoz del PP en el Congreso el acuerdo del Estatuto—, e incluso habrá que conocer la opinión del Rey Juan Carlos, quien como jefe de Estado tiene el mandato de la moderación, ante lo que a todas luces se considera un desafío a la legalidad y a la convivencia nacional.

Estamos, pues, ante un hecho y un pacto político hallado en secreto, de espaldas a la ciudadanía y al Parlamento de la hasta ahora nación española, por parte de un grupo de dirigentes del PSOE y del nacionalismo catalán que, sin responder a ninguna urgencia o demanda social, han amañado un vuelco ilegal de la Constitución y del sentimiento de la inmensa mayoría de los españoles. Los que no aprobarían en referéndum semejante pacto y cuya soberanía y capacidad de decisión ha sido suplantada por las minorías del nacionalismo catalán con la ayuda inestimable de este extraño personaje llamado José Luis Rodríguez Zapatero, que se sigue presentando ante los ciudadanos como presidente del Gobierno de España.

El pacto entre Zapatero y Mas, escenificado en la Moncloa para darle a CiU sus minutos de protagonismo y fotografías de las que se mofa Maragall, obligará a otra sesión de los reporteros gráficos con Carod y compañía, porque los de ERC están molestos con este protagonismo de CiU. Y porque saben que las tragaderas del presidente son enormes y que aún le pueden sacar alguna concesión de última hora: agencia tributaria para unos, los puertos y aeropuertos para otros, la nación para todos, y así hasta que se cierre, si es que se acaba de una vez, el tenderete al que acuden los pedigüeños en el palacio de la Moncloa, convertida en el “top manta” de la soberanía nacional.

Todo ello con la complicidad de la hasta ahora silenciosa dirección de un PSOE cuyo presidente, Manuel Chaves, ha calificado el Estatuto de clarificador, ¡vaya si lo es!, a la vez que dice que abre la puerta a las demandas de otras Comunidades —el País Vasco será el próximo en seguir y subir el listón—, convirtiendo la presidencia del Gobierno en la posada de arrebatacapas, con la única recomendación a los asaltantes de la caja del Estado de que el último que salga que apague la luz.

O sea, que si un Parlamento autónomo, como el vasco, se declara república nacional tendrá que figurar en el preámbulo de su nuevo Estatuto de la misma manera que así ocurre con el término nación en el nuevo Estatuto catalán, por encima y en contra de lo que dice el artículo 2 de la Constitución, y sin contar con el apoyo y la opinión de la soberanía nacional, que sólo reside en el conjunto de los españoles y no en las Cámaras parlamentarias de las Comunidades. Queda rota, pues, la soberanía nacional y la unidad de España como nación y entramos, por ahora, en un proceso clandestino y confederal pendiente de los últimos trámites y retoques, en el que todos nos jugamos mucho y en el que también se lo juega todo, y el PSOE y por supuesto Zapatero, si los ciudadanos, que se movilizaron en masa contra la guerra de Iraq de Aznar, consiguen que se frene este proceso innecesario y demencial.

El Estatuto catalán es inconstitucional por los cuatro costados e incluye la semilla de la involución democrática y del recorte de libertades públicas en Cataluña. Y no sólo por la inclusión del término nación —que deberá aplaudir todo el PSOE, negando a la vez la condición de única nación para España, por cierto, ¿dónde está José Bono?—, sino por la persecución del castellano, todos los llamados blindajes, la ruptura de la unidad fiscal y judicial de España, y el final de la solidaridad nacional interregional, algo que nadie imaginó que iba ser liderado desde el PSOE a favor de los nacionalistas burgueses del País Vasco y Cataluña. Y todo ello y posiblemente mucho más cuando vayan cayendo los velos del strip tease nacional que Zapatero ha bailado en la Moncloa, a lo que habrá que añadir el control en manos de La Caixa —el próximo banco nacional catalán— con la caza de Endesa del sector energético español en unos tiempos de crisis estratégica y energética internacional.

El PP debe interpretar el sentimiento de todos
Qué hacer? Para empezar, éste no es sólo un asunto de la oposición, sino del conjunto de los ciudadanos, por más que sabemos la desmovilización general que hoy enmudece a la sociedad civil, resignada a la usurpación de su soberanía y sentimientos por parte de los aparatos de los partidos políticos, dominados por unos profesionales del poder de mayor o menor nivel (más bien menor de un tiempo a esta parte) y a muchos líderes de opinión e intelectuales, entre los que destaca un sector importante dominado por el Grupo Prisa, que ha amparado todo este proceso a cambio de sus correspondientes monedas de plata también sacadas del palacio de la Moncloa.

Sin embargo, y antes de que desconyunten el Poder Judicial, como está previsto, hay que confiar en la iniciativa y actuación de los tribunales —como lo hemos visto en el caso del mitin de Batasuna y de los papeles de Salamanca, en contra de un Gobierno que se ríe de la legalidad—, como primera línea de defensa constitucional, y también habrá que contar con la acción de la oposición, siempre y cuando el PP sea capaz —como lo fue el PSOE en el 11M— de actuar en defensa de intereses generales y no sólo partidarios, por muy legítimos que sean éstos. Y para ello Mariano Rajoy debe rodearse de los políticos con más credibilidad —como Gallardón, Camps y Aguirre, entre otros, y relevar a los portavoces de las mentiras de Iraq y del 11M que están en la memoria y retina de los ciudadanos, Zaplana y Acebes—, aprovechando todos los recursos que le ofrecen las vías parlamentaria y judicial, y aquí incluida la moción de censura con vistas a comprometer al PSOE frente a todos los españoles, porque eso de pedirle a Zapatero que convoque elecciones en estos momentos, como lo proponen algunos, no va a ninguna parte.

Piensa Zapatero y su entorno que, acabada la negociación del Estatuto, que pasará de puntillas por el Parlamento para no darle al PP la oportunidad de airearlo en la opinión pública, que una vez acabado este proceso se acabará la crispación y todo volverá a la normalidad, lo que le permitirá a él renovar el poder en el 2008 con la ayuda de sus amigos y aliados los nacionalistas. Quizás alguno de los genios que deambulan por la Moncloa habrá incluso citado el dicho de “muerto el perro, se acabó la rabia”.

Dicho de otra manera: muerta la nación, se acabaron los patriotas. Se pueden equivocar los profetas del optimismo por la sencilla razón de que Zapatero, que presume de no saber o no importarle lo que es España o lo que es una nación, tampoco parece saber ni le importa demasiado lo que son los españoles, como parece desconocer el largo viaje centenario del socialismo español. Y como ignora algo muy elemental: que cuando se abre la caja de Pandora de los fantasmas de España —unidad nacional, las dos Españas, la solidaridad, la religión, el idioma, la historia, etc.— pasa mucho tiempo y demasiadas cosas antes de que se recupere la normalidad y que la fatídica caja negra se pueda volver a cerrar. De momento, el presidente está contento con su negocio, ha vendido soberanía nacional por unos votos que le han prometido para el 2008, y que ya veremos si se podrá cobrar. Porque algunos consideran que la factura era sólo para esta legislatura, y porque falta por ver qué dicen los españoles ante este cambalache en la hora de la verdad.

El nuevo régimen
La oscuridad visible
Isabel Durán Libertad Digital 23 Enero 2006

Una reunión en secreto de seis horas en La Moncloa un sábado por la tarde con el representante de CiU, Artur Mas, le han bastado a José Luis Rodríguez Zapatero para conseguir su ansiado Estatuto. Con él ve la luz la bicha cuyo huevo se puso en Perpiñán, criatura política del hacha y la serpiente. Un espécimen que nace en plena oscuridad visible, seña de identidad del gobierno del radical-socialista que rige los destinos de la nación española.

Engendrado con nocturnidad y alevosía, a espaldas de cualquier debate público y de las más básicas reglas de la transparencia democrática, se impone el nuevo modelo a los 44 millones de españoles con la exclusión expresa de la mitad de ellos. Cuando comience en febrero su tramitación en la ponencia constitucional del Congreso, ya no se hablará de Estatuto; se reducirá al linchamiento público del Partido Popular, igual que ocurrió en el debate de admisión a trámite o en la comisión del 11-M. Nada importan los derechos de los españoles, la soberanía nacional, las reglas del juego democrático.

Dos paradigmas más. Horas antes, a oscuras, mientras la ciudad dormía, el ejecutivo radical-socialista, armado con la policía nacional, rompía la unidad de archivo español. Con nocturnidad y alevosía sacaba los legajos en carretillas porque el gobierno sabía que, horas antes, el Tribunal Constitucional había acordado la admisión a trámite de un recurso contra el traslado a Cataluña interpuesto por la Junta de Castilla y León.

Y, al tiempo, al caer la noche, ETA-Batasuna se ha erigido en vencedora en las calles de Baracaldo del sendero incierto, peligroso y fosco creado a tientas por José Luis Rodríguez Zapatero. El presunto presidente de todos los españoles ha dejado en la orfandad más absoluta a los defensores de la Constitución en el País vasco, acusándolos de ser “profetas del miedo”, mientras su portavoz allí les dice que “disparan a todo lo que se mueve”. Perversiones sin igual necesarias para subvertir la legalidad e instaurar el nuevo régimen de la oscuridad visible.

El 21 era el día “D”
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 23 Enero 2006

Estaba todo previsto y pactado en conversaciones secretas, pero la soberbia de unos pocos y el descontrol de unos jueces echó por tierra el guión. El golpe de mano dual estaba dibujado de la siguiente manera: antes del día 20 se cerraba el pacto de los nacionalistas, el día 21 por la mañana lo bendecía el Comité Federal del PSOE, a medio día regresaba Maragall a Barcelona en un avión especial en el que viajaban las 500 cajas del archivo de Salamanca de la Guerra Civil, y a media tarde Otegi anunciaba en el mitin de Barakaldo que ETA iba a dejar las armas en cuanto avanzara un poco más la negociación. Y en la Moncloa, al anochecer, euforia, cava y caviar mientras en el PP cundía el desconcierto y la depresión.

Pero he aquí que el hada madrina de Zapatero, espantada por tanto disparate, se esfumó y lo dejó a la intemperie. Primero se produjo una reyerta entre Mas y Carod para ver quién se presentaba en Cataluña con el triunfo del Estatuto, y no se pudo cerrar ningún acuerdo estatutario antes del 21. Luego apareció el juez Grande-Marlaska y suspendió el congreso de Batasuna —cuando el Gobierno y el fiscal general abogaban por el derecho de reunión de los terroristas—, y finalmente otro magistrado bloqueó en Madrid los papeles de Salamanca, en la caja fuerte de la ministra Calvo Pixi y Dixi, también conocida como “la fraila”, y el bello castillo de naipes construido a imagen y semejanza del de la Cenicienta se derrumbó.

Pero, en fin, no hay mal que por bien no venga, porque la fallida “Operación 21 D”, que así se llamaba, incluía un escollo mayor en la reunión del Comité Federal del PSOE en la que Zapatero debía enseñar todas las cartas, incluida la traca final de los pactos del Estatuto, lo de la nación catalana, agencia tributaria, etcétera, lo que habría provocado la revuelta de no pocos. Pero al poner delante la reunión del PSOE y recibir un cheque en blanco para el cierre urgente de la negociación, le permitió a Zapatero burlar a su propio partido con la misma facilidad que engaña a los jueces o se salta a la torera la Constitución. Y ahora han quedado todos retratados como cómplices de la gran bajada final de pantalones en la Moncloa, que los de la Esquerra aún consideran algo insuficiente porque ellos quieren una propina como los de CiU, y si no se enfadarán.

Y ¿dónde están Guerra, González, Vázquez, Herrera, Simancas, Ibarra y Bono, entre otros? Pues unos cornudos, otros apaleados y otros huidos. A Bono se le inmoló un teniente ‘Álvaro de Bazán’, con la que el ministro quiso congraciarse con Rumsfeld —y corre el riesgo de ser el gran perdedor del PSOE porque, hecho el pacto del Estatuto, Zapatero tiene las manos libres para cerrar su primera crisis de Gobierno y en su más íntimo equipo: De la Vega, Alonso, Moratinos, etc.—; están de Bono hasta el gorro, y el ministro lo sabe y por eso va diciendo por ahí que se acabó su ciclo político, pero nunca se pudo imaginar que —con la revuelta militar y el Estatuto tragado desde dentro del Gobierno de la nación— iba a acabar tan mal. A no ser que Bono, en un ataque de audacia, de patriotismo y de sinceridad, presente la dimisión antes de que le den a él la patada del borrico hacia el espacio sideral.

En la letra chica de la “Operación 21 D” se incluía la venganza del chinito Zapatero sobre Bono el mandarín. Y aunque lo del Estatuto ha salido mucho más caro de lo que ellos se pensaban y lo de Otegi ha quedado postergado para mejor ocasión, lo de la crisis del Gobierno no debe tardar porque, además, con ella se dará entrada en el nuevo gabinete a unos cuantos guerristas y felipistas, para acallar a sus jefes, aquí incluido el gran felón de Rubalcaba, que se ha pasado por el arco del triunfo la soberanía nacional. Por eso no irá a Defensa, pero sí a otro ministerio de mayor postín (Presidencia), porque el chico se lo ha ganado, mientras Bono (dicen que pidió la embajada en el Vaticano) se prepara para visitar pronto al Papa y confesarle sus pecados y la traición nacional.

Con nocturnidad y secretismo
Editorial Elsemanaldigital.com  23 Enero 2006

Si Cataluña es una nación, España no puede serlo, en pura lógica o, en todo caso, nuestro país queda configurado como un Estado plurinacional contra lo que marca nuestra Constitución.

23 de enero de 2006. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en medio de un apagón informativo sin precedentes y sin justificación en un sistema democrático, , llegó a un acuerdo nocturno y secreto con el nacionalismo catalán. Artur Mas, en nombre de CiU, ha obtenido el apoyo del Partido Socialista Obrero Español para las máximas y más radicales concesiones que un nacionalismo periférico español ha obtenido jamás: habrá una agencia tributaria consorciada que recaudará conjuntamente parte de los impuestos, se garantizará la inversión del Estado en Cataluña de tal manera que no "pierda" en sus relaciones financieras con el resto de España, se reconoce y se pagará una supuesta "deuda histórica". Pero sobre todo se afirmará en el Estatut, sea en el preámbulo o en el articulado, que Cataluña es una nación.

Si Cataluña es una nación, España no puede serlo, en pura lógica o, en todo caso, nuestro país queda configurado como un Estado plurinacional contra lo que marca nuestra Constitución. Y con esto el nacionalismo obtiene una victoria decisiva gracias a Zapatero, la victoria que jamás un Gobierno español, ni de izquierdas ni de derechas, pudo pensar en dar a quienes niegan la existencia de la nación española. Esto tendrá consecuencias graves que sólo en parte pueden preverse.

Por de pronto es previsible que, contra los deseos de Zapatero, el propio nacionalismo catalán no se apacigüe, y siga en su línea reivindicativa, de hecho ayer mismo tras el acuerdo ya se pudo ver a CiU seguir reivinicando otras metas. Y además, aunque es cierto que CiU ha suscrito este acuerdo nocturno con Zapatero, ERC no lo ha hecho, y aspira a hacer valer sus votos arrancando del Gobierno central todavía más concesiones. Probablemente no lo logre, pero la llama de las reivindicaciones nacionalistas seguirá encendida; y una vez admitido legalmente que una Comunidad Autónoma es "nación", es difícil imaginar el siguiente paso.

Pero la lógica del nacionalismo no se detiene ahí. Si una Comunidad Autónoma obtiene, gracias a la presión nacionalista, su elevación a "nación", es previsible que otras Comunidades en la misma situación quieran otro tanto. Todos los nacionalismos periféricos obtienen, con esta decisión de Zapatero, un espaldarazo decisivo e ilimitado. Y sobre todo el nacionalismo vasco, ya que el plan de Juan José Ibarretxe se rechazó en el Congreso de los Diputados cuando en realidad no iba mucho más allá de lo ahora acordado con CiU.

Más pronto que tarde el nacionalismo vasco volverá a la carga con su propia "reforma" de Estatuto. Y no se podrá negar a unos lo que se dio a otros, sobre todo considerando el proyecto de Zapatero, que sigue en pie, de llegar al final de la legislatura con una tregua de ETA que le permita dar la vuelta a las encuestas y arrinconar temporalmente al Partido Popular. Zapatero se entenderá también con el nacionalismo vasco, y sólo el PP se interpone en su camino.

Con media España anonadada, Zapatero se declara encantado con el acuerdo perpetrado el sábado en Moncloa
Jesús Cacho elconfidencial.com 23 Enero 2006

La del sábado 21 de enero de 2006 será una fecha que quedará para siempre grabada en la Historia de España. Como si quisiera acompañar las más pesimistas vibraciones de quienes se maliciaban que el presidente Zapatero se disponía a cruzar el Rubicón que marca el inicio de la disolución a plazo fijo de la nación española, del Estado-nación que ha sido España desde el siglo XV, el sábado fue un día triste y gris en Madrid, ausente el sol, dispuesto a ignorar la fechoría perpetrada en Moncloa en torno al nuevo Estatuto de Cataluña.

Ni en la hipótesis más optimista de que el acuerdo de marras viniera a saldar para siempre viejas querellas históricas entre españoles, podría ignorarse el hecho de que este pacto, ciertamente de trascendencia histórica, ha sido maquinado entre unos cuantos señores –a tenor de lo ocurrido el sábado, cabría decir que entre dos-, y de espaldas a 45 millones de ciudadanos cuyo derecho a estar informados es inobjetable. Acuerdo alcanzado con nocturnidad y alevosía, con las prisas del furtivo que tiene que valerse de la noche porque le apremia la luz del alba y necesita no dejar rastros.

Es una forma de operar que define la ideología de este príncipe de la democracia deliberativa que se cree “llamado a transformar radicalmente nuestra sociedad”, como dicen sus exegetas de El País, sin que nadie le haya otorgado mandato para ello. Imbuido del “todo es posible en política”, él sabe lo que el pueblo quiere y lo que al pueblo conviene, y por tanto, lo que hay que darle al pueblo sin reparar en medios, aunque sea por los tortuosos caminos de la nocturnidad. Asistimos a una reedición del viejo principio del despotismo de siempre, el del ordeno y mando, resumido en el “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”. En este contexto, la Constitución, las leyes y el respeto a las normas democráticas más elementales, son simples inconvenientes sobre los que hay que pasar, porque el fin justifica los medios.

En la edición de ayer del diario El País, Rodríguez Zapatero le decía a un tal Rodríguez Aizpeolea, el periodista con el que, según parece, se confiesa casi todos los días, que se trata de “acuerdo histórico” y que se siente “muy satisfecho” del mismo. Veamos: el término “nación” figurará en el texto (aunque nuestra Constitución “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”), y puertas abiertas a una Agencia Tributaria propia. De modo que el presidente Rodríguez ha cumplido en lo esencial la promesa que realizara en aquel mitin del Palau Sant Jordi, de aceptar el Estatuto que llegara de Barcelona en caso de ganar las elecciones generales del 2004.

Como se dijo en esta misma columna el pasado miércoles ("Artur Mas en el mejor de los mundos”), el acuerdo salió adelante tras casi 7 horas de reunión secreta (en los brainstorming de ZP, las ideas las ponen los nacionalistas, mientras él se limita a darles cauce legal) entre un iluminado radical dispuesto a poner España patas arriba, y un nacionalista, futuro socio de Gobierno, a no tardar, del propio Zapatero, mucho más inteligente que el perverso neófito leonés. Con alguna llamada puntual a Durán Lleida, por aquello de aplacar el ataque de cuernos del democristiano. Patéticos Carod Rovira y Puigcercos, burlados a la hora de la verdad por el de CiU, que ayer mismo se presentó triunfante en Barcelona, cual César recién llegado de la Galia: he ahí el verdadero vencedor de esta batalla.

Conviene, en un obligado ejercicio de objetividad, decir que si por ventura este acuerdo viniera a sellar de una vez por todas la “cuestión catalana”, dando paso a un fructífero periodo de paz, prosperidad y solidaridad entre los españoles de distintas “nacionalidades y regiones”; si de verdad sirviera para integrar mejor Cataluña a España (como dice el presidente Rodríguez), y acabar con las constantes reclamaciones y desaires de los políticos catalanes al resto de España y a los españoles, entonces estaríamos de verdad ante un acuerdo histórico, y quienes desconfiamos radicalmente de ZP y sus políticas, yo el primero, no tendríamos mas remedio que rendirnos a la evidencia y exaltarle como un nuevo Alejandro Magno capaz de deshacer el más pertinaz nudo gordiano de nuestra Historia, y ello frente a la incomprensión de millones de españoles.

Pero no nos engañemos. Conocemos demasiado bien la ideología y la praxis que inspira el nacionalismo catalán, y sabemos que tanta alegre y graciosa concesión como acaba de realizar ZP es sólo un paso intermedio que conduce a la estación término de la independencia. Porque está en la naturaleza del nacionalismo y de unas elites dispuestas a romper una baraja de siglos por puro medro personal, al margen de los reales intereses de la mayoría de la población. El propio Mas despejó ayer cualquier duda asegurando que “el nuevo texto permitirá a Cataluña tratar de tú a tú al Gobierno español". Lo vamos a ver enseguida. El nuevo Estatut hace tales equilibrios en el alambre de la legalidad vigente que los conflictos de interpretación van a surgir de inmediato. Una educación claramente orientada a ignorar, si no odiar, todo lo español, se encargará de hacer el resto en apenas una década. La suerte está echada.

Y detrás de Cataluña vendrá el acuerdo con el nacionalismo vasco, ETA incluida, sobre la base de la misma receta: cesión ante las exigencias del nacionalismo radical vasco. Pero es de sentido común que no se puede gobernar en asuntos capitales como el que nos ocupa de espaldas, o francamente en contra, de la mitad de los españoles. Nadie puede pedir que esa mitad de los españoles acepte resignadamente y sin rechistar la violación flagrante de una Carta Magna que ha hecho posible el más largo periodo de paz y prosperidad conocido en mucho tiempo por estos pagos. Y esos españoles tienen, por lo menos, el mismo derecho a protestar por lo ocurrido el sábado en Moncloa que Zapatero y el PSOE a firmar la defunción de la Nación española.      jcacho@elconfidencial.com

El artífice del Estado sin Ley ni Nación
Santiago Abascal elsemanaldigital 23 Enero 2006

El Estado hace aguas por todas partes. Desde que el sectarismo se instaló en La Moncloa, en España ya no se cumplen las leyes, y quienes dirigen el cotarro quieren tirar de la cadena para que la nación española se pierda por el sumidero de la Historia.

En España, los partidos terroristas -ilegalizados mientras nadie diga lo contrario o las leyes se cambien- hacen actos públicos apoyados por partidos supuestamente democráticos y consentidos por el Gobierno de la nación. Las decisiones de los tribunales se desobedecen de modo flagrante y descarado, no sólo por los terroristas –de los que no podíamos esperar otra cosa- sino por los gobiernos legítimos –el nacional o el autonómico vasco-, que maniatan a la las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Unas horas después de la claudicación ante ETA y de las migajas –en forma de promesas de paz- de Otegi, que Zapatero picotea miserablemente, comienza el desmantelamiento de la Nación. Apretado por Otegi el gatillo, y escuchado el pistoletazo de salida -qué bien se le dan los pistoletazos-, Zapatero se pone manos a la obra, rápidamente, con nocturnidad, con traición, y se reúne con quienes, desde Cataluña, quieren comenzar a desmantelar España, y, con su gracia talantera y su espada monclovita, inviste –¡quién le habrá otorgado tal poder!- con el título de nación a una región española. El proceso está en marcha. A los terroristas se les ha insuflado el aire. Los terroristas han hablado. Y el presidente del Gobierno se ha puesto a regalar lo que no le pertenece: la nación española.

Sin ningún género de dudas: para que Cataluña sea nación, España debe dejar de serlo convirtiéndose en un mero Estado, en una simple cáscara. Y para que los terroristas campen a sus anchas en España, la ley ha de se sorteada. Y para que todo ello –unido- sea posible nuestra Constitución ha de ser implacablemente violada. He podido oír estos días a destacadísimos socialistas - con importantes puestos al lado de Felipe González- decir en privado que lo de Zapatero – lo qué está haciendo y lo que va a consumar- está tipificado en el Código Penal. Apuntado queda. Algún peaje tendrá que pagar quien quiera pasar a la Historia como el artífice del Estado sin Ley ni Nación.

Mientras tanto lo único que queda claro es que los españoles tenemos derecho a mostrar nuestra opinión en un plebiscito nacional –y a que ésta sea respetada- si nuestra Constitución va a ser alterada.

El fin del Estado
Javier Orrico  Periodista Digital 23 Enero 2006

Lo que nos costó doscientos años conseguir, un estado democrático, no ha tardado ni dos años en destruirlo el ZPsoe. Como sea. Soñaron los liberales autores de la Constitución de 1812, hijos del espíritu ilustrado, de la utopía emancipadora, con un Estado que le diera a lo que siempre había existido, la nación española, los españoles, una arquitectura legal igualitaria, una cohesión fundada no en la raza, ni en la sangre, ni en la etnia, sino en el derecho, en la ciudadanía que acabara con los privilegios del Antiguo Régimen, con la división estamental y territorial, y con el sometimiento a que condenaba su ignorancia de la lengua universal y común a los hijos pobres, a las capas rurales, de la España no castellana. Creyeron que la ley para todos, la eliminación de las fronteras interiores, el acceso a un mercado único, la unidad fiscal, las comunicaciones, las garantías legales frente a los caciques locales, la educación universal que desterraría el oscurantismo y la superstición religiosa, todo lo que recorría Europa en un grito de libertad, articulado en el Estado nacional, nos traería el fin de nuestra decadencia, nos devolvería al lugar que habíamos dejado de ocupar en el mundo.

Todo ese sueño, encarnado en otra Constitución, la de 1978, generosa hasta el límite, concebida para superar las heridas del odio entre hermanos, es lo que este ZP, este personaje cuya valía se reduce a ser una sigla afortunada, esta cosa siniestra que ya no sé cómo calificar, este caldo concentrado de resentimiento histórico, acaba de despachar entre frases babosas, reuniones de conspirador de barril, y pensamientos profundos del tipo “no hay que discutir por los conceptos”.

Contrariamente a los nacionalistas, claro, creo que de lo que España ha carecido históricamente no ha sido de la nación, sino del Estado, que es lo que ellos se empeñan en decir que somos y que no fuimos nunca. Para desgracia de todos, la única nación sin Estado es precisamente España. Si hubiéramos conseguido ser un Estado de verdad, un Estado moderno, hace mucho tiempo que habríamos salido de esta eterna discusión decimonónica, sí, aún y precisamente porque en el XIX las fuerzas reaccionarias y unos gobernantes taimados y desleales, como Fernando VII (el ZP de su tiempo), o directamente incompetentes hasta la cesión ante el foralismo y los campanarios, habían hecho imposible la construcción de unas estructuras nuevas que nos incorporaran a la modernidad. Y el Estado se edificaba sobre la extensión de la enseñanza, de una cultura compartida que convirtiera a los súbditos en ciudadanos, a los esclavos en hombres libres. Por eso, quizás no haya en estos momentos una obra tan oportuna y necesaria como “Educación y nacionalismo” (Edit. Txertoa, San Sebastián, 2005), de Ernesto Ladrón de Guevara.

El libro de Ladrón de Guevara, resultado de la investigación y la experiencia directa, es la narración espeluznante de ese fracaso español en la construcción de un Estado para todos que ahora culmina ZP con su rendición final, para provecho propio y desgracia de España, ante el nacionalismo étnico-lingüístico. (Lo digo yo y Joaquín Leguina y cualquier demócrata que aún conserve un mínimo de decencia.)

Apoyado en una abundantísima documentación, inapelable, y en su condición de maestro y doctor en Pedagogía, además de una larga e intensa vida política, que le ha llevado desde las filas del PSE-PSOE -donde llegó a ser asesor de la Delegación del Gobierno y delegado de Educación en Álava durante los años ochenta- a su actual condición de diputado foral por Unidad Alavesa, y a tener que vivir con escolta, Ernesto Ladrón de Guevara inicia su obra con un repaso detallado de la resistencia del tradicionalismo y el carlismo vascos a ceder el control educativo, y con él, por supuesto, el ideológico y moral, desde el instante mismo en que el Estado liberal se propuso la tarea ilustrada de impartir una enseñanza para todos los españoles.

Se trataba de impedir, a toda costa, que el malvado liberalismo, la blasfemia y la irreverencia penetraran en las dulces almas euskéricas, siempre protegidas entre las sotanas y las diferencias de sangre. Y ello, bajo la especie de la lengua, usada desde el primer momento como emblema identitario y no como elemento de comunicación; y de una supuesta naturaleza moral distinta por cuya pureza velaba la Iglesia vasca. Sobre la raza, los fueros viejos y el vascuence se construyeron, pues, las barreras que impidieron al Estado democrático llegar a implantarse en los territorios vascos. Y como el poder central fue débil y transigió, el siglo XIX, cuando en toda Europa se levantaron las naciones modernas, fue entre nosotros un siglo perdido.

Lo que vino luego es una historia, desdichadamente familiar, que ha conducido a esta antesala de la separación en que nos encontramos: el surgimiento del nacionalismo, la represión franquista, y la llegada de una democracia que, como el Estado liberal, nunca ha conseguido entrar en Vasconia, hoy llamada Euskadi (el nombre que le puso el racista Arana, inventor de todo este disparate) para consignar, desde el nombre mismo, la enésima derrota del liberalismo.

La escuela nacionalista, edificada a imagen de lo peor de la escuela nacional-católica-franquista, y sólo posible gracias a las concesiones de la joven democracia, ha terminado por ser el instrumento esencial para la “construcción nacional vasca” (y catalana). Es decir, para edificar nuevas naciones soberanas (porque no existe nación sin soberanía) donde nunca las hubo, y, al final, Estados propios y distintos del español que garanticen la permanencia de los privilegios en las manos de siempre. En eso están, en un sistema educativo utilizado en el País Vasco (y Cataluña), durante los últimos veinticinco años, no como un instrumento de cultura, sino justamente de lo contrario, de aculturación, de adhesión irracional a los postulados del nacionalismo.

Para ello, además de la LOGSE y sus pedagogías aldeanas del ‘entonno’ inmediato, el terror y la presión social al estilo nazi: la lengua como excusa para expulsar a los profesores no suficientemente adictos, con el apoyo de los sindicatos abertzales (ELA, LAB y STEES); el feroz adoctrinamiento a través de los libros de texto y la ‘nacionalización’ de la Universidad y, por tanto, de los docentes de todos los niveles; la eliminación paulatina de la enseñanza en castellano, hasta una práctica inmersión total en euskera batúa; y, así, la identificación entre ser vasco leal-hablar euskera-comulgar nacionalista, hasta aplastar, incluyendo el asesinato si falta hacía, a quienes se opusieran a esas ‘libertades’ vascas consistentes en anular al individuo e imponer la aceptación identitaria como única vía para la subsistencia misma.

“Educación y nacionalismo”, boicoteado en las librerías vascas y catalanas, es el relato de una pesadilla, de muchas cobardías, de cesiones y traiciones, de abandonos y errores que han abierto camino al movimiento nacional-socialista que hoy se enseñorea de las Vascongadas (y de Cataluña), donde la confusión entre Lengua-Escuela-Pueblo-Partido-Nación ha hecho imposible la democracia. Es el relato, en fin, de las vías por las que Zapatero y el PS0E se empeñan en hacernos fracasar una vez más, y quizás para siempre.

Desde la cofa
La deuda histórica
José Carlos Rodríguez Libertad Digital 23 Enero 2006

La medianoche del 21, un par de individuos, sentados el uno frente al otro, han hecho un descubrimiento de enormes proporciones: la “deuda histórica” que tiene el resto de España con Cataluña. Es un descubrimiento extraño, porque no hay prueba alguna de ella, y es que la “deuda histórica” no tiene historia. ¿Cuál fue la prestación de Cataluña que llevó al resto de España a aceptar una obligación que acaban de descubrir Artur Mas y Zapatero? ¿En qué momento se firmó el préstamo, con qué firmantes? ¿Cuáles fueron los términos? ¿Cuál es la historia de la deuda histórica?

Este descubrimiento de Mas y Zapatero no es sino una forma de acuñar en una expresión cursi el coste en inversiones en Cataluña del acuerdo sobre el texto del nuevo Estatuto. Y muestra con toda su crudeza en qué consiste la política: actuar como mecanismo redistributivo que le quita renta y riqueza a unos y se la transfiere a otros, con peaje para la propia clase política. También consiste en discriminar entre distintos grupos para tener el poder de decidir quién sale ganando y quien no, y sacar de nuevo tajada de ese poder. En eso consisten el Estado y sus gestores.

El robo, la extracción coactiva de la renta y la riqueza, recibe el nombre de “impuestos”. Como limitarse a sacarle jugo a los trabajadores y emprendedores les llevaría a la rebelión, el Estado y la política han ido aprendiendo con la historia y su estrategia ha variado con el tiempo. El robo desnudo se convierte en la redistribución a distintos grupos, en función de su poder e influencia, que una vez en el juego se ofrecen para apuntalar al entramado estatal. Según cambien las circunstancias históricas, los grupos o sectores sociales con mayor influencia se llevan una cuota mayor de poder o de participación en el botín. La transferencia suele hacerse de grupos desorganizados a grupos organizados. En el caso de la España de Zapatero (junto con otros grupos), la ventaja ha sido tomada por la Generalidad y su entorno. Y no se olvide que, a diferencia de una sociedad de libre mercado, en el juego de los robos y las transferencias políticas no hay ni armonía de intereses ni aumento de la prosperidad para todos. Aquí lo que se lleva uno es a costa de los demás. Adivine quién pagará la “deuda histórica”. No mire muy lejos.

Como la alianza entre distintos grupos para sostener el enorme mecanismo de distribución de riqueza no es suficiente para mantenerlo a largo plazo, es necesario un elemento más: la legitimación. El reparto de un botín es mucho más eficaz si uno es capaz de legitimarlo ante la sociedad. Y poco hay mejor para ello que hablar de conceptos metafísicos, e incluso metahistóricos como los que utiliza el nacionalismo. “Deuda histórica” es un buen ejemplo.

José Carlos Rodríguez es miembro del Instituto Juan de Mariana

El maltrecho Estado de Derecho
José Javaloyes Estrella Digital 23 Enero 2006

Terrorista de ayer, batasuno de hoy, Arnaldo Otegi y demás miembros de la Orquesta Sangre y Plomo llevaron a los suyos junto al lugar de Barakaldo que el juez les había prohibido. Dijeron cuanto tenían que decir él y su comparsa, constituidos ahora en cruzados de los derechos civiles, alentados doctrinalmente, por los flancos, con la sabida doctrina jurídica de la luminaria de la Moncloa. “El pulso que se juega —Otegi dixit— no es jurídico ni de aplicación estricta de la ley”. Efectivamente, si así fuera, si la norma legal se aplicara y se hiciese del modo estricto que corresponde, no habría Otegi podido decir lo que dijo. Pero las fuerzas de orden —ni las autonómicas ni las nacionales— no impidieron que se hiciera lo prohibido por los jueces porque, previamente, ya se había encargado el presidente del Gobierno y la pléyade de juristas que le asisten de escribir el guión con el argumento de que hay leyes que no cabe aplicar de forma “estricta”, aunque lo digan los jueces. El juez resuelve y ordena, y los contertulios abertzales de la Moncloa se pasan la resolución por el barranco de las antífonas.

Cómo se iba el presidente Rodríguez a ocupar de lo que ocurría en aquel punto de la margen izquierda del Nervión, si a esas horas estaba cerrando el trato con los nacionalistas catalanes para cerrar el acuerdo estatutario? Es que la gente de la calle, a la que se arrastró para protestar contra la presencia militar española, como asistente, en un conflicto remoto, no debe saber ni de la misa la mitad sobre lo conveniente del desguace nacional al que él se aplica con celo digno de mejor causa. Tan es así que ni al propio Comité Federal tuvo a bien comunicarle Rodríguez que, después de su última reunión, se encerraría con el sucesor del Jordi Pujol, éste al que el ABC hizo “español del año”, para cerrar el trato estatutario.

Ni el débito de observancia de la ley ante el Estado de Derecho; ni, tampoco, el débito de transparencia y lealtad al propio partido, en el que la coherencia histórica, la unidad de doctrina, la fiabilidad para sus militantes y electores y el perplejo asombro con que las mayorías nacionales contemplan el espectáculo, son los dibujos, líneas y colores que componen el presente cuadro. En Barakaldo, ETA, Batasuna y Otegi, el terror trinitario, cortan y esperan el siguiente turno de desafío. Y en Barcelona, el comisionado del pujolismo rinde cuentas al público y al sanedrín de CiU.

No se puede menos que reconocer lo mucho y lo bien que se ha faenado. Las bodegas del barco pujolista no pueden volver más llenas de pasta mineral catalana, que es el predicado central de la metafísica nacionalista. Imposible encontrar interlocutor más cooperante que el inminente (¿) pescador de truchas en las corrientes de León.

Aunque en la mañana del domingo todavía quedaba el rabo por desollar. Los ínclitos de ERC, luego de aparentar un ataque de cuernos por el encuentro de tapadillo que los de CiU habían tenido en la Moncloa, a la Moncloa se vinieron para comer, tan encantados de encontrarse con las cámaras y de desplegar su importancia celular y su determinación de seguir pujando. Dicen que es precipitado el “sí” de CiU, mientras Durán Lleida exhibe el trofeo del cobro en siete años de la “deuda histórica” de Cataluña, broma que ya exigió para Andalucía el señor Chaves, presidente del PSOE y de Andalucía. Conforme el constitucional principio de solidaridad interterritorial, ¿qué broma es esa de la deuda histórica? No hay un solo punto de las exigencias y pretensiones nacionalistas con los que no se trague a expensas de las mayorías nacionales. Este interlocutor de los nacionalistas ya está siendo para muchos un auténtico peligro nacional. Da lo mismo que negocie con los nacionalistas catalanes que con los nacionalistas y los terroristas vascos, con el moro que con el argentino y el boliviano, en Londres o que en Bruselas. No hay precedentes de irresponsabilidad más pródiga. Sin embargo, tanta prodigalidad no ha bastado. Carod, a la hora del almuerzo en la Moncloa, puso las llaves sobre la mesa. Las llaves del tripartito de Cataluña y del Gobierno de la Nación. Y dijo “no”.

Visto todo esto, ¿cómo habría que definir desde ahora la pasividad del PSOE ante la burla de Rodríguez por haberle ocultado su encuentro vespertino con CiU, o por esta ampliación del periodo de puja nacionalista con quien se fue hasta Perpiñán para pactar con los terroristas etarras la mantequilla de otro tango último? Tragó Maragall y ahora son todos como Maragall. Bueno, todos no. Rodríguez Ibarra y Bono no se pasaron por Ferraz. Alguien se tiene que salvar de tan oscuro y tan grave cambalache. ¡Qué maltrecha España, qué maltrecha Constitución y qué maltrecho Estado de Derecho!

Y por Génova, esperando a que obre la ley de la gravedad.        jose@javaloyes.net

También soy español
Cartas al Director ABC 23 Enero 2006

Como empresario catalán y español, jamás pensé que estar en mi tierra iba a ser cultivo de tales fascismos por parte de los políticos de la Generalitat.

Es indignante que se haga una persecución de todo lo que sabe a español (imposición del catalán). ¿No recuerdan esos mismos políticos que esa actitud la tuvieron en la dictadura contra la lengua catalana, y que en Cataluña eso siempre nos ha dolido?

Sólo van a conseguir que empresas como la mía, y muchas otras, abandonen las tierras catalanas.

Soy catalán y siempre lo seré, pero respeten también mi condición de español. Siempre hemos sido felices como estábamos, ¿Quiénes son ustedes para implicarse en mi sentimiento de ser español?, ¿quiénes son ustedes para que el resto del Estado nos mire como insolidarios y separatistas?, ¿ quiénes son ustedes para que nos juzguen a todos por su incapacidad para gobernar?

Señor Zapatero, gracias por crear el peor clima que jamás ha vivido este país.      Jesús Martin i Rosa. Badalona.

Me echan de Cataluña
Cartas al Director ABC 23 Enero 2006

Me voy antes de que me echen. Es muy dura la expresión, pero es lo que puede ocurrir con la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña. Soy una persona jubilada que, actualmente, está dando clases de castellano para personas inmigrantes de China, Pakistán, India, Nigeria, etcétera, en un colegio dependiente del Ayuntamiento y de la Generalitat de Cataluña. Soy voluntario, es decir, no cobro por ejercer la enseñanza de mi idioma materno a las personas que vienen de otros países a España huyendo de la miseria, el hambre y las enfermedades.

Esperan encontrar una vida mejor, y no dificultades como el idioma, teniendo en cuenta que hoy viven en Cataluña pero mañana pueden estar en Andalucía, Extremadura, Madrid o Galicia, donde el idioma catalán no les sirve para nada.

Estoy de acuerdo en que, pasado un tiempo y con un trabajo estable en Cataluña, se les procure la enseñanza voluntaria del catalán, nunca la imposición.

Lo dicho: puede que éste sea, para mí, el último curso.    Ángel López. Badalona.

Zapatero aprovecha el Estatut para garantizarse una alianza con CiU como recambio de ERC
La federación liderada por Mas no descarta dar respaldo al Ejecutivo socialista e incluso entrar en el Gobierno central
La Razón  23 Enero 2006 23 Enero 2006

Madrid- Con alevosía y nocturnidad, el jefe del Gobierno y el presidente de CiU sellaron en Madrid al filo de las doce de la noche del sábado un acuerdo sobre el Estatut que pilló a la clase política catalana con el pie cambiado. Casi nadie estaba al tanto de lo que se cocía en la cocina monclovita. Ni siquiera el propio presidente de la Generalitat. Para evitar que algún periodista lo sorprendiera en el aeropuerto de El Prat, como ya ha ocurrido en alguna ocasión, Artur Mas viajó a Madrid en automóvil, sin comunicar su encuentro prácticamente a nadie de su formación. Por eso en la Ciudad Condal y en la city madrileña corrieron ayer como la pólvora rumores y quinielas de lo hablado entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas.

¿Acaso idearon y diseñaron una futura alianza? ¿Por qué CiU ha asumido un acuerdo que descafeína sobremanera el Estatut que salió del Parlament? ¿Y, sobre todo, a cambio de qué? El tiempo, que quita y da razones, irá despejando todos estos interrogantes que ayer de madrugada sobresaltaron a los dirigentes de los distintos partidos y, especialmente, de ERC. Los socios independentistas del Gobierno Zapatero tienen la mosca detrás de la oreja. Razones no les faltan.

Hace ya un mes que Artur Mas advirtió de que, si el Estatut salía adelante, su formación política podría convertirse para Zapatero en el recambio de ERC en el Congreso de los Diputados. Encrucijada. Incluso el presidente de los nacionalistas catalanes no descartó entrar en el Ejecutivo central y ocupar varias carteras, incluida alguna Vicepresidencia. Eso sí, este respaldo parlamentario lo vinculó a un gobierno de coalición CiU-PSC en la Generalitat catalana.

Por eso ERC, más que nunca, se encuentra desde el sábado en una encrucijada: ¿Qué hacer? Si tira la toalla y no se sube al carro del acuerdo del Estatut, el PSC y CiU le dejarán sola en el referéndum de la reforma estatutaria que se convocará allá por otoño, con el PP como único aliado. Y si tira para adelante y se suma al pacto, Zapatero y Mas le pueden dejar al margen de las alianzas y fuera del Gobierno catalán. Esta tesis se apoderó ayer de los republicanos, sobre todo porque el jefe del Gobierno ni siquiera informó a su presidente, Josep Lluís Carod-Rovira, del encuentro con el máximo responsable de la federación nacionalista. De hecho, una vez que el trato estaba cerrado, el presidente telefoneó a última hora de la tarde noche a Carod-Rovira. Sin embargo, el móvil del de Esquerra, fuera de cobertura, le jugó una mala pasada y, al final, conoció el acuerdo por la prensa, como prácticamente la inmensa mayoría de dirigentes políticos. Así no pudo conocer por boca del presidente socialista que el encuentro con su adversario electoral se prolongó más de seis horas y que comenzó con una polémica sobre cómo se incluía el término nación en el preámbulo del Estatut.

Después de marear con la fórmula y previa renuncia del líder nacionalista, Zapatero y Mas dieron con la receta: «El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía catalana, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La Constitución española en su artículo 2 reconoce la realidad nacional de Cataluña en forma de nacionalidad». Cuando ambos dirigentes ya se felicitaban por la genial redacción, una llamada telefónica del presidente puso patas arriba el acuerdo. Y de lo dicho nada de nada. Por eso Zapatero y Mas decidieron aparcarlo y continuar con el no menos polémico y espinoso asunto de la financiación autonómica. En esta cuestión, el máximo responsable de CiU también dio su brazo a torcer, con su renuncia expresa a que Cataluña gestione y recaude todos los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas en esa autonomía. Además de dar por enterrada la aspiración a contar con una única Agencia Tributaria, la catalana, en su territorio.

La foto. El Gobierno aumentará a Cataluña y, por supuesto, al resto de autonomías los tramos cedidos de IRPF e IVA hasta el 50% y el de los Impuestos Especiales hasta el 58%. Y se pospone dos años la creación de un consorcio paritirario Estado-Generalitat que tendrá o no la posibilidad de crear una Agencia Tributaria única en Cataluña. Mientras tanto estará consorciada con la estatal desde el momento que se constituya. Este fue el pacto de caballeros que llegaron después de tres horas de darle vueltas a esta cuestión. Tras zanjar cómo quedará la Agencia catalana, leáse sin contenidos para las ambiciosas pretensiones iniciales del nacionalista, desbloquearon la definición de Cataluña en el preámbulo. Y en poco tiempo, cerraron la fórmula pactada al principio del encuentro. Zapatero y Mas, en esta ocasión escoltado por su portavoz en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida, cerrarán oficialmente a las 13:00 horas de hoy en el Palacio de La Moncloa el acuerdo con un apretón de manos ante los reporteros gráficos, que inmortalizarán la instantánea como el primer triunfo sonado de Zapatero y la primera victoria de Mas, después de las elecciones catalanas. Esta entrevista oficial estaba prevista desde la semana pasada, mientras la que tuvo lugar este sábado entre ambos dirigentes se iba a celebrar, en principio, el jueves pasado. Así lo acordaron los mandos intermedios del PSOE y de CiU en las reuniones que mantuvieron a principios de la semana para atar los flecos que quedaban del sistema de financiación autonómica para Cataluña. Sin embargo, ante las dudas de los convergentes, La Moncloa decidió posponerla durante 48 horas.

Convencer y vencer. A lo largo de esta semana, el presidente del Gobierno se volverá a reunir con los dirigentes republicanos para intentar convercerles de las bondades de sumarse al acuerdo. Zapatero recurrirá a todo su talante para persuadir a un molesto Carod-Rovira. Algo que se antoja para el Gobierno fácil y complicado para los republicanos. Como botón de muestra, el presidente de ERC dijo ayer que no deseaba precipitarse en anunciar su respaldo a un acuerdo, del que el sábado, por cierto, fue marginado. Eso sí, proclamó su rechazo a la fórmula usada por Mas y Zapatero para definir a Cataluña en el preámbulo. Y consideró «inaceptable» para su formación el acuerdo alcanzado. No obstante, fuentes de los socialistas catalanes aseguraron a LA RAZÓN que en la sede del PSC se da por hecho que sus socios en el Gobierno catalán bendecirán el Estatut.

El PP da por consumado el «fraude a la Constitución»
Denuncia que el Estatut se ha pagado con recursos de todos los españoles
C. Morodo La Razón 23 Enero 2006

Zaplana acusó a Zapatero de dirigir una «claudicación por etapas»

Madrid- La letra del acuerdo sobre el Estatuto catalán forjado al calor de la mesa de camilla del Palacio de la Moncloa es, a juicio del PP, la «consumación del fraude a la Constitución» que este partido viene pronosticando desde que se iniciaron las negociaciones en el Parlamento de Cataluña. En las formas, el pacto impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero convierte al Congreso en un mero trámite -«se ha hecho a escondidas porque no se quería que los españoles tuviesen información», señaló anoche Eduardo Zaplana-, pero es en el contenido donde el PP encuentra munición para justificar la advertencia de que el modelo de «nación española se enfrenta al momento más delicado de la reciente historia», y para adelantar que la crisis abierta con la reforma catalana acabará en el Tribunal Constitucional.

Categorías de españoles. Que «nación» vaya en el preámbulo en lugar de en el articulado no varía sus consecuencias jurídicas -hay dirigentes del PP que creen que es condición para mantener viva la llama del proceso de paz-, y, además, los populares entienden que lo acordado rompe el principio constitucional de la solidaridad, estableciendo españoles de primera y de segunda categoría.

«Se utilizan recursos de todos los españoles para comprar este acuerdo político», sentenció el portavoz parlamentario, antes de acusar al presidente del Gobierno de haber hecho que las aspiraciones independentistas de algunos «sean ahora claramente alcanzables».

«Con este Gobierno siempre ganan quienes no creen en España», añadió, en una comparecencia en la que anunció que su partido continuará dando la batalla en el Parlamento y en todas las comunidades contra un texto que es una «deslealtad con España y con los españoles». «No nos produce frustración ni tampoco nos resignamos porque creemos que tenemos razón y estamos seguros de que contamos con el apoyo de la inmensa mayoría de los españoles». En paralelo al debate parlamentario -en el que el partido de Rajoy se encontrará con hechos consumados sin más margen de maniobra que la de hacer oír su voz en defensa de sus posiciones-, se abrirá además una ofensiva territorial, con especial intensidad en Cataluña, en la que se implicarán todos los órganos regionales y provinciales. La puerta ha quedado abierta para que la tramitación parlamentaria pueda ser bastante rápida.

En medio del río revuelto, el presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, adelantó anoche a Efe que «Galicia no renunciará a nada en materia del autogobierno que se incluya en el Estatut». La escalada reivindicativa acaba de comenzar.

 Que el término «nación» vaya recogido en el preámbulo, en lugar de en el articulado, no altera sus consecuencias jurídicas.
 Se discrimina al castellano.
 Blinda competencias, dejando reducida la presencia del Estado en Cataluña a la mínima expresión.
 Abre la puerta a una Agencia Tributaria propia en el plazo de dos años.
 Establece una financiación propia para la Generalitat sin contar con el resto de comunidades autónomas ni ajustarse al marco de negociación multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
 El Estatuto incrementa el poder intervencionista de la clase política catalana.
 Rompe con el modelo de solidaridad, vulnerando incluso el autogobierno de otras autonomías porque establece el destino de los recursos.

Rosa Díez: «Lo que no es no se escribe y Cataluña no es una nación»
Inmaculada G. de Molina La Razón 23 Enero 2006

Madrid-
P.-¿Qué análisis realiza de la situación actual del País Vasco después del acto de Batasuna del sábado?
R.-En estos momentos conviven circunstancias contrapuestas. Es verdad que durante más de dos años no ha habido atentados mortales de ETA y que la sociedad vive más relajada. Pero esta situación se combina con otra en la que los terroristas vuelven a adueñarse de las calles. Esto empaña de alguna manera la esperanza de la sociedad vasca sobre el fin del terrorismo.

.-¿Cómo valora el auto del juez Grande-Marlaska sobre Batasuna?
R.-Su auto nos reconforta a la gente de bien y nos reafirma en nuestra confianza en el Estado de Derecho y en las instituciones democráticas. El auto es espléndido y muy pedagógico. No se ha limitado a hacer cumplir la ley, algo muy necesario, sobre todo con lo que se venía escuchando en las últimas semanas, sino que, además, ha hecho pedagogía democrática con una explicación de cada una de las decisiones. Ha elaborado un auto para que lo entienda todo el mundo, en el que se explica que el imperio de la ley es la única garantía para la libertad. Cuando lo conocí, inmediatamente le felicité personalmente.

P.-Sin embargo su auto no ha impedido la manifestación de Batasuna...
R.-Ha servido para poner las cosas en su sitio. El juez hace lo que puede y debe hacer. A partir de ahí era la Policía la que debiera haberlo evitado. Lo que iba a ser un congreso con todas las de la «ley» se ha convertido en un acto fuera de la ley gracias al auto y veremos en qué acaba con las denuncias presentadas.

P.-Pero incluso la página web de Batasuna sigue abierta.
R.-Desde el auto ya se han cerrado algunas sedes de Batasuna. Hay que tener confianza y hacer todo lo posible para que se cumpla. Indecencia política.

P.-¿Cómo valora el apoyo que algunos partidos han dado a Batasuna?
R.-El respaldo de los partidos nacionalistas y de IU es una demostración más de indecencia política. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Los partidos del Gobierno vasco y el propio lehendakari se han reunido con una organización terrorista para brindarle su apoyo. Es un hecho de una gravedad extraordinaria. Desde la perspectiva democrática, y no le quiero contar desde la de las instituciones europeas, es incomprensible que un gobierno se reúna con una organización terrorista y que sus representantes participen en un acto ilegal.

P.-¿Qué dirá Europa?
R.-Es increíble. Batasuna está en la lista europea de organizaciones terroristas. Europa no hubiera entendido que este congreso se hubiera celebrado. Igual que tendrá dificultades para entender que se haya celebrado un acto público en el que ha intervenido el máximo dirigente de una organización terrorista y en el que han participado líderes de uno de los partidos del Gobierno vasco. Estaban representantes de EA, uno de cuyos miembros es consejero de Justicia. Mayor contradicción es difícil hallar.

P.-¿A qué achaca la tibieza de Zapatero?
R.-No se puede hablar de tibieza. Ha expresado una posición que me sorprende sobre la Ley de Partidos.

P.-¿Pero antes del auto no se manifestó claramente en contra del congreso?
R.-No he escuchado del presidente ni de ningún miembro del Gobierno una posición tibia sobre el congreso. Sí he oído interpretaciones sorprendentes sobre la Ley de Partidos. Esa ley ha sido un instrumento extraordinariamente positivo en la lucha contra el terrorismo y el más eficaz en la lucha contra la impunidad de los terroristas.

P.-¿Estamos en la antesala de la derogación de esa ley, tras las declaraciones de Zapatero?
R.-Me resulta muy sorprendente que queramos cambiar una ley que es eficaz.

P.-Pero ha sido el propio presidente quien ha dicho que es muy restrictiva.
R.-Mientras no vea que el PSOE la quiera modificar, creeré que ha sido sencillamente una expresión en voz alta, que, desde luego, no comparto. Las modificaciones de las leyes se proponen cuando no han dado el resultado esperado. Y la Ley de Partidos sí lo ha dado. Por tanto, es extraordinariamente raro que quien la ha defendido desde el primer momento quisiera ahora modificarla. La Ley de Partidos se deriva de un pacto que propuso Zapatero, el de por las libertades y contra el terrorismo.

P.-¿El presidente esperaba algún mensaje político de Batasuna y, por eso, ha nadado y guardado la ropa?
R.-Las organizaciones terroristas no dan mensajes políticos. El único que puede dar es el de su disolución.

P.-¿Cómo valora la actitud que ha mantenido Cándido Conde-Pumpido?
R.-Me hubiera gustado que lo que dijo la semana pasada lo hubiera dicho desde el primer día que se supo que Batasuna quería hacer un congreso.

P.-¿Pumpido está al servicio del Gobierno?
R.-Creo en un Estado de Derecho con poderes independientes.

P.-¿Qué le parece que el Supremo ordene repetir el juicio de Otegi?
R.-A veces el Estado de Derecho funciona más lentamente de lo que a algunos nos gustaría. El Supremo ha entendido que no se dieron las garantías y hasta los terroristas tienen derechos que hay que garantizar.

P.-¿Sería lícito que este Ejecutivo se sentara a hablar con ETA, como ya han hecho otros?
R.-El problema no es sentarte, sino para qué te sientas. Y a ser posible hacerlo con el conocimiento de quienes tienen que conocer que eso se está produciendo. Informar. P

.-¿Cree que Zapatero debería informar al Partido Popular?
R.-A lo largo de la historia ha habido procesos de negociación, algunos tan conocidos como el de Argel, con luz y taquígrafos. Puede haber otros que requieran discreción, pero tiene que existir complicidad democrática.

P.-¿Luego Zapatero debería informar al PP?
R.-Siempre. Al igual que no se pueden hacer reformas de calado institucional que afecten a la estructura del Estado sin el acuerdo entre las dos fuerzas políticas llamadas a ser oposición y gobierno alternativamente. Por eso hicimos el pacto por las libertades, para combatir el terrorismo de forma consensuada.

P.-Pero ese acuerdo está en la UVI.
R.-Es el instrumento más importante que se ha hecho en la democracia española para derrotar a ETA y también al nacionalismo identitario. Por tanto, habrá que hacer lo que haya que hacer para que salga de la UVI. Entre otras cosas, no desenchufarlo.

P.-¿Zapatero debería convocar una reunión de este pacto?
R.-No soy el presidente ni el jefe de la oposición. Que lo hagan como lo tengan que hacer. De la misma forma que no le digo al médico lo que tiene que hacer para sacar a un paciente de la UVI... Eso sí, le digo que lo tiene que sacar.

P.-¿Qué puede negociar el Gobierno con la banda terrorista?
R.-Ningún gobierno democrático puede negociar ninguna cuestión política con ETA. No vamos a modificar la sociedad que hemos construido para que los terroristas se integren. Con estas reglas claras, cualquier proceso de diálogo está perfectamente delimitado.

P.-¿Se puede hablar de acercamiento de presos, de supresión de la Ley de Partidos...?
R.-Nada político. No se puede premiar a los terroristas para que nos dejen de matar. Premiarlos es asegurar que volverán a matar en el futuro cuando quieran otro premio. Con esto está dicho todo. No se puede remunerar el crimen. El Estado de Derecho es generoso, la democracia española lo ha sido. Le declaró la paz a ETA. En la transición soltó a los presos. Y ETA le declaró la guerra.

P.-¿Pero a qué precio político se refiere? R.-A ninguno.

P.-¿Zapatero está cambiando paz por naciones, como dice Astarloa? R.-No.

P.-¿Qué opina de los contactos de Batasuna con el PSE?
R.-Las conversaciones que cualquier dirigente de mi partido haya tenido o pueda tener con Batasuna tendrá que ajustarse a las reglas a las que me he referido antes.

P.-¿Batasuna llegará a presentarse a las municipales?
R.-No puede. Una formación que no tenga nada que ver con el terrorismo y que defienda la independencia, como Aralar, sí puede. Una que sea la segunda marca de Batasuna, no.

P.-¿Y si ETA desaparece?
R.-Eso no convierte a los terroristas en demócratas. Los que tengan causas pendientes tendrán que cumplirlas y las bandas terroristas no podrán presentarse a las elecciones. Que dejen de matar no les convierte en mensajeros de la paz ni en demócratas.

P.-¿Comparte el optimismo del presidente sobre el fin de ETA? R.-Soy optimista.

P.-¿Cómo valora la alianza PSE- PNV?
R.-Esa alianza, al menos formalmente, no existe. No estoy de acuerdo con que el PSE haya votado unos Presupuestos para apoyar el plan Ibarretxe, que siguen pagando a los verdugos... No es una posición correcta.

P.-¿Habrá gobierno de coalición PSE-PNV?
R.-El secretario general de mi partido lo ha descartado. Otra cosa es que haya apoyado los Presupuestos. Un partido que respalda a otro que gobierna tiene una gran dificultad para que la gente crea que sigue siendo alternativa. Aunque mi partido sigue diciendo que no renuncia a serlo y que no pactará con el PNV, pese a apoyar unas cuentas que fortalecen a Ibarretxe y permiten al Gobierno vasco tener una legislatura mucho más cómoda para gobernar con su programa y no con el nuestro.

P.-¿Y la disposición de Patxi López a participar en la mesa de partidos políticos?
R.-No la comparto. Los partidos discuten en el Parlamento.

P.-¿Esta mesa supone un balón de oxígeno para los terroristas?
R.-No tiene ningún sentido. Por eso espero que nunca se constituya. Sin peligro.

P.-¿La unidad de España corre peligro con las reformas de Zapatero?
R.-No corre peligro. Pero es cierto que hay una intranquilidad en el conjunto de los ciudadanos, fruto de una situación que nunca debiera haberse producido.

P.-¿Y cómo se hubiera evitado?
R.-Las reformas institucionales, y las de los Estatutos lo son, han de hacerse de común acuerdo entre las dos fuerzas que están llamadas a ser gobierno y oposición alternativamente. Toda reforma de ese calado que no se haga de común acuerdo es una operación política contraproducente para España y los ciudadanos. Se genera incertidumbre sobre el futuro.

P.-¿Entonces?
R.-Insisto en que no creo que haya riesgo de ruptura de la unidad de España, entendiéndola como la unidad constitucional y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Pero estos debates, que enfrentan a una parte de los ciudadanos con otra, generan una desunión que debería evitarse. Todos debemos ser autocríticos. El PP también. Hay que desandar el camino de los últimos meses, el sentido común y de Estado que todos debemos tener...

P.-¿Zapatero y Rajoy están teniendo sentido de Estado?
R.-Por el resultado de lo que ocurre pareciera como si en España nos faltara sentido de Estado a todos. Y cuando digo a todos no me refiero sólo a los líderes de los grandes partidos, sino también a los medios de comunicación. Todos debiéramos de hacer autocrítica. Es muy serio lo que está ocurriendo. Los ciudadanos no se lo merecen. Los españoles han hecho en los últimos 30 años un esfuerzo extraordinario de concordia y merecen que sean respetados por quienes los representan y por los que difunden cada día la voz de los que los representan.

P.-¿Y la reacción del Ejército?
R.-No me preocupa el Ejército. El gran éxito de 30 años de democracia es que hoy los españoles no estemos preocupados por el Ejército, la Policía o la Guardia Civil. Ni por lo que puedan decir. Cuando a alguien se le va la boca y dice lo que no debe, no porque no deba pensarlo... Lo que decía Mena no era inconstitucional, sí antirreglamentario. Los militares han de estar en su sitio. Es un Ejército constitucional y tiene que atenerse a las normas.

P.-¿Hay que cambiar el artículo 8 de la Constitución? R.-Para qué. No, para nada.

P.-¿Cataluña y el País Vasco son una nación?
R.-Ni el País Vasco ni Cataluña lo son. Ni Galicia ni Andalucía tampoco. La nación se llama España. Cada uno puede sentir lo que le dé la gana, pero estamos hablando de política y no de sentimientos. Cuando ponemos un término en un documento político, llámese Estatuto o Constitución, no lo van a interpretar los lingüistas de la Real Academia de la Lengua ni una asamblea sentimental. Se interpreta a la luz del derecho se ponga en el preámbulo o en el artículo 1. Lo que no es no se escribe. España es una nación, pero Cataluña, no.

El Gobierno de Camps critica la renuncia de los socialistas al valenciano
R. N. La Razón 23 Enero 2006

Valencia-El portavoz del Gobierno valenciano, Esteban González Pons, considera que la «renuncia» del PSPV «al idioma valenciano» en el texto de la reforma del Estatuto valenciano «forma parte del paquete de cesiones que ha habido que hacer a ERC para conseguir un acuerdo con el Estatuto catalán».

En este sentido, González Pons ha lamentado que «el mismo día en que el PSOE reconoce a Cataluña como nación, el PSPV renuncie al idioma valenciano», en referencia a las declaraciones de la semana pasada del secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, quien ha afirmado que podría aceptar las enmiendas que reconocen la unidad lingüística.

Según el portavoz del Consell, «las señas de identidad de los valencianos han sido los euros con los que Zapatero ha pagado a Carod Rovira y al tripartito catalán para poder conseguir un Estatuto en Cataluña».

«Esa renuncia busca que CiU y ERC puedan votar a favor del Estatuto valenciano, pero los valencianos no necesitábamos para nada que ERC y CiU votaran a favor de nuestro Estatuto, quien lo necesitaba era Zapatero y, para conseguir esos apoyos, no le importa perder el de la inmensa mayoría del pueblo valenciano», afrimó al respecto Poms.También se refirió, en un comunicado, a las repercusiones del acuerdo en el Estatuto catalán y consideró que el régimen económico pactado para Cataluña es «completamente lesivo, dañino y ruin» en relación a la economía valenciana.

«Lo que se ha pactado para Cataluña en el apartado económico y de financiación es la peor noticia para la economía valenciana en muchísimos años, pues se ha roto el principio de igualdad y la unidad de mercado», agregó el portavoz del Gobierno valenciano, quien dijo sentir «vergüenza del PSOE valenciano».

Por su parte, el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Cortes Valencianas Andrés Perelló afirmó, en declaraciones a Ep, que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, «se acobarda frente a la democracia y no lo puede disimular, porque no tiene espacio para ello», y que, por ello, «no da explicaciones de por qué, teniendo la oportunidad de evitar que miles de valencianos se vuelvan a quedar fuera del Parlamento, no va a hacer todo lo posible porque así sea».

LOS ACUSA DE "PASIVIDAD" Y "DESOBODIENCIA" AL JUEZ
Manos Limpias denuncia a Balza y Luesma ante Conde Pumpido por "consentir" el acto de Batasuna-ETA
El secretario general del PP vasco exigió este domingo a Conde Pumpido que analizara el acto de Batasuna-ETA en Baracaldo, que tuvo lugar a pesar de la prohibición del juez. Ahora, Manos Limpias ha emprendido acciones legales al denunciar a Javier Balza, consejero de Interior vasco, y a Paulino Luesma, delegado del Gobierno en la comunidad, ante el Fiscal General del Estado. Conde Pumpido tendrá que pronunciarse sobre las acusaciones del sindicato de funcionarios, que señala que la asamblea ilegal contó "con participación activa y consentimiento por parte" de ambos.
Europa Press Libertad Digital 23 Enero 2006

En concreto, la denuncia del sindicato acusa a Javier Balza y Paulino Luesma de cometer un delito de desobediencia a la autoridad judicial por "consentir" el acto del sábado en el BEC en el que participó, "de forma activa", Batasuna-ETA. En la denuncia, el colectivo también incluye al portavoz de la formación ilegalizada, Arnaldo Otegi, "principal protagonista del acto prohibido por el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska". Dicho juez, según recuerda Manos Limpias, prohibió las actividades del partido ilegal "con el apoyo de la Fiscalía General del Estado". La medida incluía el acto que los batasunos tenían previsto celebrar en Baracaldo este 21 de enero, y que tuvo lugar finalmente a las puertas del recinto.

Por estos hechos, el sindicato asegura que se ha cometido "un ilícito penal" y precisa que éste consiste "en que un funcionario o autoridad" –en este caso, el consejero del Interior y el delegado del Gobierno– "no hace algo que se espera de él", como es "cumplir las decisiones u órdenes de la autoridad superior o una resolución judicial". En su texto, Manos Limpias afirma que "la sociedad española, a la vista del auto de la Audiencia Nacional y de la actuación de la Fiscalía", al prohibir las actividades de Batasuna, "volvió a creer en el Estado de Derecho y en las instituciones".

"Pero, desgraciadamente, tres días después de la resolución judicial, la burla al Estado de Derecho, a las resoluciones judiciales, se ha producido con la pasividad de Javier Balza y Paulino Luesma, y obviamente con la participación del dirigente máximo de Batasuna, Arnaldo Otegi", indica. Finalmente, el colectivo pide a Conde Pumpido que admita la denuncia y recuerda que "el ministerio fiscal tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, tutelados por la Ley, de oficio o a petición de los interesados".

Vecinos amenazados
El ataque a los promotores de una candidatura independiente en Belauntza evidencia el acoso de un sector de la izquierda abertzale al resto de partidos en localidades donde gobernaba hasta 2003
ANTONIO SANTOS/BELAUNTZA El Correo 23 Enero 2006

Cuatro alcaldes de EH siguen en su puesto
«No me preguntes. Empiezo a vivir tranquilo. Me han dejado en paz y no quiero que vuelvan a fijarse en mí». La negativa a tomar parte en este reportaje procede de un representante nacionalista que sufrió varios ataques en el pasado por parte de radicales. Refleja la presión que, desde hace años, padecen determinados cargos públicos de localidades en las que la ilegalización de Batasuna hizo perder en 2003 representatividad, poder y alcaldías a la izquierda abertzale.

La tensa situación que afecta a decenas de concejales de todas las formaciones políticas ha regresado al primer plano esta semana. Primero, con el envío de cartas a los ediles del PNV y EB en Llodio para que dejen sus puestos a Batasuna. Segundo, a causa del incendio provocado, por segunda vez en dos años, en el almacén de antigüedades tolosarra de dos de los promotores de la candidatura independiente que arrebató la Alcaldía en la localidad guipuzcoana de Belauntza, en Tolosaldea, a una plataforma afín a la formación que dirige Arnaldo Otegi.

Luis Etxebeste y Carmen Olano, propietarios del negocio, reconocen estar «cansados» del «acoso» y las continuas «provocaciones» que soportan. Su calvario, según dicen ellos mismos, arrancó en 2001. Entonces se posicionaron a favor del alcalde de Belauntza, Imanol Olano -«aunque nos apellidamos igual no tenemos parentesco», aclara Etxebeste-, en el conflicto interno del grupo municipal de Euskal Herritarrok y que provocó la sustitución del primer edil por un compañero de partido.

'Ladrón' y 'Txibato'
El incidente, más o menos común en las diferentes formaciones políticas, propició que un grupo de vecinos, entre los que figuraba la madre de Iban Olano -otro de los expulsados de EH-, decidiera crear un partido independiente -Erroizpe- y concurrir a las municipales de 2003. Obtuvieron un importante respaldo: lograron dos concejales, los mismos que el PNV y tan sólo uno menos que Belauntzako Sustraiak, agrupación que tomó el testigo de Batasuna y Aukera Guztiak.

La plataforma más votada permaneció seis meses al frente del Ayuntamiento, de tan sólo 310 habitantes. En diciembre del mismo año, los representantes de Erroizpe y el PNV alcanzaron un acuerdo para asumir la Alcaldía, que quedó en manos del grupo independiente. «No queríamos un pueblo dividido, sino trabajar por la paz y el progreso. Había que dejarnos de otras historias», recuerda la actual alcaldesa, Edurne Arbelegi, a cuyos hijos han llegado a amenazar.

Todo empeoró desde entonces. Carteles con sus fotos y pintadas en las que se leían expresiones como 'Lepurre' -'ladrón' en euskera-, 'Txibato', 'Olanos, vendidos' o 'traidores' no tardaron en aparecer por las pocas y empinadas calles que constituyen el municipio. Una de ellas se puede apreciar aún, torpemente tachada con spray negro, en un muro de contención junto a una ladera festoneada de caseríos y chalés. A escasos metros, un enorme mural reclama el final de la dispersión y el acercamiento de los presos de ETA a cárceles vascas.

El matrimonio Etxebeste-Olano ha vivido esta presión en silencio, en un intento de que «todo pasara de largo». Además de los dos incendios en la tienda de antigüedades, han sufrido destrozos en los coches aparcados frente a la casa en la que residen. «No podemos seguir así. Estamos cansados. Las hijas nos dicen que nos vayamos a otro lado, pero ¿qué hacemos? Vivimos aquí desde hace 27 años. ¿Y a dónde nos vamos? Debemos ser tontos, pero no podemos vivir en otro lado», reflexiona Luis Etxebeste, que asesora a la alcaldesa Arbelegi y trabaja como aparejador en el Ayuntamiento de Villabona.

Situación «delicada»
En su opinión, este caso obedece a las prácticas «algo mafiosas» que «algunos» ejercen en la comarca de Tolosaldea, un feudo tradicional de votos para la izquierda abertzale. «Yo no diría que es cosa de un partido. En nuestro caso, es una persona concreta que mueve a una corte de sicarios, que hacen todo lo que les dice. Él nunca da la cara», asegura. La familia atraviesa por una situación «difícil» y, al contrario que otros concejales acosados por el mundo radical, ellos afirman sentirse «solos».

«No contamos con el apoyo de un partido, de una estructura sólida. Somos sólo vecinos», sostiene Etxebeste. Un ejemplo se pudo apreciar en el pleno extraordinario y la posterior concentración ciudadana que se celebró el pasado miércoles frente al Consistorio de Belauntza. A un lado se colocaron los vecinos que apoyan a la familia Etxebeste-Olano con carteles en los que se leía '¿Hasta cuándo?' o 'El siguiente, ¿quién?'. Frente a ellos, miembros de Belauntzako Sustraiak -que han negado cualquier vinculación con el incendio del almacén de Tolosa- portaban una pancarta con la frase en euskera 'No a la guerra sucia'.

Escenas similares se repiten en otros municipios, preferentemente en Guipúzcoa, pero también en Álava y Vizcaya. Todos los partidos reconocen que en la última legislatura se ha elevado la «presión» y el «miedo» entre los concejales que ejercen su labor en ayuntamientos donde Batasuna tenía antes una amplia representación y ahora carece de ella.

En los últimos meses, dirigentes del PNV y EA -dos grupos que han ocupado la mayoría de puestos dejados por la formación de Otegi- han denunciado en público las «amenazas» y «coacciones» a sus ediles en pequeños pueblos. Portavoces de ambas formaciones eluden extenderse en sus declaraciones al entender que «en este momento concreto» -con un nuevo auto judicial contra Batasuna- cualquier explicación «no ayudaría en nada». Más rotundos se muestran el PSE-EE y el PP. Fuentes oficiales de los socialistas guipuzcoanos aseguran que la tensión que soportan sus concejales «pasa por altibajos» en función de la actualidad concreta de cada localidad. «En las últimas semanas ha bajado algo, pero existe».

Los populares, por su parte, tienen una percepción mucho más dura. La portavoz en Juntas Generales de Guipúzcoa, Regina Otaola, asegura que Batasuna aún funciona «como mafia» en muchos pueblos «que consideran su coto privado». A su juicio, la presión se ha incrementado tras la llegada de Rodríguez Zapatero al poder. «Se ven con carta blanca, están envalentonados y han duplicado los actos de 'kale borroka'», sostiene.

Delatores, chivatos y policía lingüística
Pérez Reverte 23 Enero 2006

En una España que, además de afortunadamente democrática, es desafortunadamente gilipollas

Por encima de tanto marear la perdiz, tanto cuento y tanta murga, la única realidad real es la siguiente: mi amigo José Manuel es madrileño, técnico de sonido, tiene veintisiete años y una novia en Cataluña. La novia se vendría a vivir con él a Madrid, de no mediar un problema: ella trabaja en Barcelona. Así que llevan un año intentando que el chico encuentre algo allá arriba, porque, como él dice, tampoco es cosa de chulear a la churri. El problema es que José Manuel no parla una palabra de catalán, y su trabajo tampoco le deja tiempo para ampliar horizontes lingüísticos. No pucha del catalán más que bona nit y bona tarda; y eso, con acento de Leganés. Con tales antecedentes, supongo que nunca adivinarían ustedes lo que ocurre cada vez que busca trabajo en Barcelona. ¿Verdad que no? Me juego el sillón de la letra T a que no se les hubiera ocurrido jamás: no le dan trabajo porque no sabe catalán. Qué me dice, caballero, se admirará alguno –el presidente del Gobierno, por ejemplo–. No me puedo de creer ese déficit de buen rollito. Etcétera.

Y bueno. Mientras tecleo esta página no sé cómo terminará el intento ultranacionalista de situar el catalán como única lengua oficial y obligatoria en el nuevo Estatuto de allí. Me gustaría añadir que ni lo sé ni me importa, y que cada cual hable como le salga de los cojones. Pero es que se trata precisamente de eso: de que en España la gente no puede hablar como le sale de los cojones. Aquí la gente tiene que hablar como le sale de los cojones al cacique de su pueblo. Y lo más grave es que el Estado, que debe velar porque todos seamos iguales y con las mismas oportunidades, nación de ciudadanos y no putiferio insolidario donde cada perro se lama su ciruelo, se inhibe de manera criminal, dejando al personal indefenso y con el cuello en el tajo.

Pero atención. Eso no sólo lo hace el Pesoe con sus enjuagues bajo la mesa y sus resabiados barones que, aun disconformes, pastelean para que siga el negocio. Una nueva vuelta de tuerca lingüística en Cataluña no haría sino cuajar sobre el papel lo que hace tiempo es allí una realidad irreversible: la persecución oficial del bilingüismo, la asfixia burocrática del idioma común español, alentada por un sistema de delación, chivatos y policía lingüística, cuyo único vínculo con la palabra democracia es que todo esto ocurre en una España que, además de afortunadamente democrática, es desafortunadamente gilipollas y se lo traga todo por miedo a que la llamen facha. O lo que es lo mismo: la ilegalización factual del español –una herramienta de comunicación compartida por cuatrocientos millones de personas, algo de lo que no estoy seguro sean conscientes todos los españoles– como paso previo al proyecto lengua-nación-estado catalán que esta vez, por suerte para todos y gracias a la Constitución que tanto le incomoda, la peña independentista lleva tiempo materializando sin disparar un tiro, sin tener que hacerse súbditos de Luis XIV y sin que Felipe V o Franco bombardeen Barcelona. Y ojo. El problema no son sólo cuatro paletos caraduras que después de escupir sobre la opresión española se van a cenar a Lucio. Pregúntenselo a ese Pepé meapilas que tanto se indigna hoy con grititos de doncella ultrajada, después de dos legislaturas puesto así, como el amigo Oswaldo, mientras silenciaba a sus insurrectos catalanes –a los que ahora, por cierto, tiene la tentación de quitar el polvo y sacar de la fosa– para que no le hicieran olitas en la piscina del consenso. Y tampoco olvidemos a esa Izquierda Unida del Circo Price que, olvidando que lo suyo es la defensa de todos los trabajadores, no se ha mojado nunca el culo ni dicho esta boca es mía por tantos funcionarios, maestros, fontaneros, albañiles, mecánicos, estudiantes, discriminados por el idioma; y lo único que se le ocurre, en plena movida lingüística y por boca de su pintoresco secretario general, es la imbecilidad de que la monarquía debe someterse a referéndum, etcétera, como si no hubiera cosas más urgentes que llevarse a la urna.

En fin. Nacionalistas, fariseos de corbata fosforito y cantamañanas aparte, tenía previsto alargarme un poco más, detallándoles de paso el desprecio y la ofensa contumaz del actual Gobierno hacia la lengua española. Que es la de Cervantes y –modestamente– la mía. Pero entre unas cosas y otras, ya no me cabe: las mentadas de madre requieren sus adjetivos, sus adverbios y su espacio. Así que lo dejaremos para otro día. Si Dios quiere.

DELENDA EST HISPANIA
Aleix VIDAL-QUADRAS La Razón  23 Enero 2006

Una sociedad dividida por viejos rencores irresponsablemente resucitados, el espíritu de la transición hecho añicos.

Escribo esta columna cuando se sabe ya que existe acuerdo entre el Presidente del Gobierno y los nacionalistas catalanes sobre los puntos básicos del nuevo Estatuto, pero se ignora cuáles son los términos de dicho pacto. En su larga entrevista de anteayer con Artur Mas, Zapatero, equipado con su oceánica ignorancia, su sonrisa petrificada y su frivolidad impenitente, decidió sobre le concepto de España como Nación, sobre la igualdad de erechos entre los españoles y sobre la distribución de unos recursos públicos que, al habwer sido generados con el esfuerzo de todos, a todos pertenecen y a todos deberían beneficiar de manera equitativa. Los votantes en el uso de su facultad indiscutible, tuvieron a bien hace un año y diez meses ponerse en las peores manos posibles para encauzar el país en los inicios del s.XXl y ahora recogen el resultado de aquella decisión. Una sociedad dividida or viejos rencores irresponsablemente resucitados, el espíritu de la transición hecho añicos. las Fuerzas Armadas bullendo de desasodiego, una posición internacional irrelevante y una situación económica desahogada que pronto dejará de serlo si el coste del Estado autonómico se dispara, la incertidumbre impera y se persiste en la pasividad ante los desafíos dela globalización.

En el momento de escribir la historia de este período del devenir español, producirá asombro la constataciçón de cómo un país tan dinámico, tan repleto de gentes magníficas, laboriosas y crativas, dotado de un sistema institucional sólido e impecablemente democrático, de una riqueza cultural extraordinaria, con un potencial de desarrollo y progreso envidiable,entregó la dirección de los asunto colectivos a un conjunto de individuos de tan bajo nivel y con tal capacidad de destrucción. El hecho imperdonable de que los dos grandes partidos nacionales, en vez de cerrar filas para preservar la unidad constitucional frente a las presiones separatistas de minorás depredadoras, se entregasen a alianzas intemitentes con los nacionalistas para conseguir el poder a costa de desmantelar progresivamente el Estado, ofrecerá un amplio campo a la crítica,y, por supuesto, a la censura más severa. Y en este juicio implacable, las culpas no se repartirán por igual porque un examen objetivo de las actuaciones de unos y otros situará a cada quien en su lugar. Desde luego, el actual inquilino de la Moncloa ocupará el sitio de cabeza en este campeonato de despropósitos. Desde que Godoy consumara lo inimaginable en el ámbito de la ignominia y el deshonor, no se había conocido en muchos siglos un caso comparable.

A la espera de que se desvele la suma de renuncias, irracionalidades y renuncias del pastelo monclovita, podemos decir sin exagerar, y a la espera de que la próxima recomposición traumática, Delenda est Hispania. Nada, que no hay remedio, no aprendemos, no aprendemos.

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