AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 26 Enero 2006
En el PSOE tienen miedo
Pablo Sebastián Estrella Digital 26 Enero 2006

¿Dónde hay que firmar?
EDITORIAL Libertad Digital 26 Enero 2006

Nostalgia del papel de lija
José Vilas Nogueira Libertad Digital 26 Enero 2006

¿Quién teme a la voz del pueblo?
I. SÁNCHEZ CÁMARA ABC 26 Enero 2006

Lo que conocemos del Estatuto catalán
Luis de Velasco Estrella Digital 26 Enero 2006

El desorden nacional
José Javaloyes Estrella Digital 26 Enero 2006

Piqué aguó a Rajoy el desayuno y su propuesta de referéndum
Antonio Martín Beaumont elsemanaldigital 26 Enero 2006

Reinventar el patriotismo (español)
José Javier Esparza elsemanaldigital 26 Enero 2006

Después de los catalanes, los vascos: con Navarra, por supuesto
Pascual Tamburri elsemanaldigital 26 Enero 2006

Juaristi: «El Estatuto es un mecanismo de exclusión»
B.TORQUEMADA ABC 26 Enero 2006

El herbolario de Caldera
Ignacio Villa Libertad Digital 26 Enero 2006

Cinismo ilimitado
Cartas al Director El Correo 26 Enero 2006

La trampa del «café para todos»
Marcos Pardeiro La Razón 26 Enero 2006

El Gobierno impulsa una ley de Función Pública que debilita al Estado en las autonomías
C. Morodo La Razón 26 Enero 2006

ETA hace estallar dos artefactos explosivos en Correos de Zuia y en el Juzgado de Balmaseda
Ep - Bilbao La Razón 26 Enero 2006

El CGPJ emplaza al Congreso a que le lleve al Constitucional y aprueba su «no» al texto catalán
N. C. ABC 26 Enero 2006

El informe del Estatut, aprobado con diez votos a favor, evidencia la división del CGPJ
F. Velasco La Razón 26 Enero 2006

En el PSOE tienen miedo
Pablo Sebastián Estrella Digital 26 Enero 2006

Las cosas no son como empiezan sino como acaban, y las que se inician al margen de la ley o de la Constitución, como lo del Estatuto catalán, acabarán mal por mucho margen de maniobra y de capacidad de manipular fiscales, diputados y medios de comunicación que tenga el presidente Zapatero, exhibiendo y repartiendo ante su nuevo sindicato de intereses los regalos y las prebendas del poder, para que se humillen o se callen. Incluso aunque cambien los jueces, tarea en la que están, las aventuras políticas al margen de la legalidad y la Constitución fracasarán.

El presidente y sus socios saben que el riesgo es alto, que el tiempo pasa en su contra, y tienen miedo al fracaso y a sus consecuencias. Por eso ante la crisis nacional vigente no quieren celebrar un referéndum nacional, ni que opine el Tribunal Constitucional, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni la Audiencia Nacional, ni su propio partido en libertad, ni sus medios de comunicación afines, en libertad. No quieren votaciones con mayorías cualificadas en el Parlamento. Tienen prisa y tienen miedo porque saben que están en la absoluta ilegalidad y fuera de la realidad y del sentimiento nacional y desean imponer un cierre de filas, prietas las filas, y la ley del silencio —no la conseguirán—, a ver si pasa lo peor. Pero esto no hizo nada más que comenzar.

Sobre todo porque en España se impondrá el sentido común y el sentimiento nacional mayoritario de los ciudadanos. De este sufrido pueblo español que derribará el castillo de naipes con el que juega el irresponsable habitante de la Moncloa sin darse cuenta de que los cimientos de su nuevo e ilegal edificio de cartón no tienen la menor solidez porque están en manos de una clase política nacionalista insaciable —la patria y su empleo está por encima de todo— y por una banda de desalmados asesinos, como es la actual cúpula de ETA, el segundo pilar en el que se apoya la gran reforma política de Zapatero —por eso quería salvaguardar su “derecho de reunión”— en esta legislatura.

Los mismos nacionalistas que han descubierto algo elemental: que si pueden vulnerar y burlar el Estado de Derecho para tener más autogobierno y para ser nación, que o quien les va a impedir la independencia y convertirse en un Estado en cuanto que decidan dar un paso más? ¿El ejército troglodita que denuncia The New York Times? ¿Zapatero, el de las mercedes? ¿Acaso este PSOE que pasó por alto la ley y la Constitución? ¿El Rey, que calló ante el Estatuto? ¿Quién los frenará? Ahí están los jefes de CiU, PNV y BNG, Mas, Imaz y Quintana, celebrando ya en Madrid el Estado plurinacional que consideran imparable gracias al vendepatrias de la Moncloa.

Zapatero se ha internado tan aprisa y tan adentro en el oscuro túnel de la reforma de la Constitución, por la puerta trasera de una simple reforma estatutaria, que ya no puede dar marcha atrás. Y está obligando a sus compañeros del PSOE a allanarse ante la gran cabalgada sin freno, a sabiendas de que en cualquier momento todo puede estallar. Un disparo del jefe de ETA, “Cheroki”, un nuevo desafío de la Generalitat —desde donde hoy se persigue en Cataluña y se sanciona y discrimina a los españoles que hablan castellano—, una decisión de un simple juez imparcial que habría que cumplir, y todo saltará por los aires en la primera consulta democrática a los ciudadanos.

Lo de la traición de Bono a la España constitucional se veía venir. Lo dice el refrán, “dime de qué presumes y te diré de lo que careces”. Bono presumía de españolista y ha acabado de socio de Carod y Maragall. Y lo mismo el bocazas Rodríguez Ibarra, otro españolista de cartón. O qué decir de la extraña y sorprendente resurrección de Alfonso Guerra, que ahora asegura que las cosas “no van mal”. González está huido, dedicado a sus negocios, y Vázquez siempre se achanta al final, con el BNG y con el que sea. De Chaves, mejor no hablar. Los dirigentes del PSOE están asombrados y asustados, por muchas chanzas que hagan ahora sobre los problemas internos y el desconcierto del PP, porque saben que si ahora cae Zapatero perderían el poder, no por la guerra de Iraq, que fue en el 2004 motivo suficiente y justificado para la derrota de Aznar y sus herederos (con la tremenda ayuda del atentado del 11M), sino por traicionar y romper la unidad nacional, y eso sería una mancha en la Historia del PSOE que tardarían muchos años en borrar.

Y los mismos que piensan que el pacto de Zapatero con los nacionalistas aislará por muchos años al PP y lo mantendrán fuera del Gobierno saben que si fracasan en esta gran coalición inconstitucional, ellos serán los expulsados del paraíso del poder por mucho tiempo y que si sobreviven al disparate gobernarán en minoría bajo el control del nacionalismo vasco y catalán, dos bocas insaciables a las que hay que alimentar. Por ello los barones del PSOE, visto lo avanzado e irreversible de la locura de Zapatero, y marcados por el miedo y deslumbrados por la ambición de mantener el Gobierno unos cuantos años, como sea y con quien sea, han dicho eso de: “a lo hecho, pecho”. Y ahí están.

Pero ya veremos qué pasa, ya veremos si esto se puede arreglar o reconducir de alguna manera a base de echarle los tejos a los blanditos del PP y a los fatalistas y posibilistas en este momento español. Los de “hagamos la España federal”. ¿Sobre un monumento ilegal e inconstitucional, construido con naipes y con el anclaje de ETA y los partidos nacionalistas que buscan la independencia de Cataluña y el País Vasco? ¿Dando carta de naturaleza al desvarío nacionalista del momento actual? No es posible porque lo de federal ya lo tienen, querrán lo confederal, Estados asociados, o la independencia.

Que hay que pasar de la transición a la democracia y que hace falta una reforma de la Constitución, eso es una necesidad, pero para más democracia y más libertad, es decir, menos nacionalismo y menos partitocracia. Pero esa reforma constitucional no se puede construir ni consolidar sobre lo que se ha hecho de una manera ilegal. De ser así nada estaría en su sitio, donde debe estar.

Y el PP? Lo del PP es harina de otro costal que merece un análisis propio, vista su escasa capacidad de liderazgo, su confusión y pésima estrategia para abordar un caso que está planteado desde hace más de un año y que ahora empiezan a estudiar. Lo del PP merece una reflexión pausada y a fondo, pero hoy es el vuelco y el miedo del PSOE lo que tenemos que subrayar. Porque esto es mucho más grave que lo de Filesa o lo de los GAL, que eran cuestiones, como se ha visto, controladas por el Código Penal. Ahora estamos hablando de cosas mucho más trascendentes: de la unidad de España y de la libertad —sobre todo en los territorios nacionalistas— e identidad nacional.

¿Dónde hay que firmar?
EDITORIAL Libertad Digital 26 Enero 2006

No se trata tanto de apremiar al PP, como de reiterar nuestro apoyo a una iniciativa que, como la recogida de firmas anunciada por Rajoy, puede tener –si no deserta la coherencia en los medios de comunicación contrarios al Estatuto–, una enorme acogida, no sólo entre los votantes del PP, sino en buena parte del electorado socialista que ha quedado contrariado tras las deserciones de Bono, Ibarra y compañía.

Quizá no habría comentario más elocuente a favor de esta iniciativa de Rajoy que el gesto descompuesto y alarmado de Rubalcaba despotricando contra ella. Pero no basta. Más aun, si tenemos en cuenta la implacable maquinaria propagandista del PSOE, que trata de convencer, día a día, de que el maquillaje dado al estatuto lo ha dejado limpio, "como una patena", de riesgos para la persistencia constitucional y nacional de España.

Más aun, cuando no pocos medios de comunicación –que deberían ser, en nombre de la coherencia, correas de transmisión de esta movilización ciudadana–, han marcado ciertas distancias de la misma, con argumentos tan peregrinos como su supuesta incompatibilidad con el debate parlamentario. Vamos, como si a la derecha sólo se le autopermitiera elegir una vía u otra.

¿Y qué decir de quienes consideran la propuesta "prematura", puesto que aún no se sabe cómo quedará redactado finalmente el texto? Desde luego, hay gente que sólo es capaz de ver los riesgos escritos en un epitafio...

La elasticidad es, ciertamente, un rasgo de inteligencia. Un rasgo que, desgraciadamente, muchos listos confunden con la incoherencia. Al asentar los conceptos de derecha e izquierda no en ideas y en principios, si no en vacuos términos relativos, basta que el PSOE y los nacionalistas se radicalicen, para que el PP también tenga que moverse en la misma dirección, so pena de no seguir siendo elogiado como "centrista" y ser denigrados sus dirigentes como inductores de un "giro a la derecha". Y eso, sin cambiar de ideas.

Que esa falacia la utilicen los medios del PSOE, es lógico. Pero que lo hagan suya y la interioricen algunos políticos y periodistas de la derecha es tanto como esperar que la pusilanimidad vaya a vencer a la innegable determinación que se manifiesta en la alianza entre el nihilismo de ZP y el radicalismo de los nacionalistas.

Para colmo, las exigencias de ERC para dar el sí definitivo no harán más que alimentar los suicidas complejos del "centrismo". Que ERC sea la que haya sacudido políticamente el árbol, pero sea CiU la que recoja finalmente las nueces, no hará de esta recolecta algo menos inconstitucional y lesivo para España. La insaciabilidad de los independentistas no puede ser, en ningún caso, prueba de la "moderación" de un engendro inconstitucional que, como ha admitido Rubalcaba, "lleva el ADN de ERC". O sea, el ADN del separatismo.

Respecto a Rajoy y "sus millones y millones de firmas", lo único que le pedimos es que, puesto que esta campaña no pretende ser de "perfil bajo" –como la que de forma deliberada se buscó en la manifestación en apoyo de la Constitución y a la que tan tardíamente nos convocaron en una plaza–, nos diga cuanto antes donde podemos firmar. Cuanto antes. Antes de que esos millones de españoles pasen a desconfiar de su sentido común y sean reducidos por las dudas de la irresolución y por la implacable propaganda de la mentira.

Constitución burlada
Nostalgia del papel de lija
José Vilas Nogueira Libertad Digital 26 Enero 2006

Cuenta Castelao, el político galleguista de los años treinta, de un orador popular que urgía escribir la Constitución en papel de lija, “para que nadie se limpiase el culo con ella”. Pues bien, la Constitución española de 1978 no fue escrita en papel de lija. A diferencia de alguna de las que la precedieron no ha sido suprimida a virtud de un hecho de fuerza. Su destino ha sido peor, entregada a cumplir aquel escatológico menester. Ya los militantes de Esquerra Republicana de Catalunya se ocuparon en arrancar las hojas del libro, pues limpiarse el culo con un libro resulta poco funcional.

El “mérito” principal de este triste destino es del PSOE y su líder, Zapatero, presidente del Gobierno de la nación (española, habrá que aclarar ahora). La consecuencia es el caos político, la descomposición de la nación, la sumisión de las instituciones del Estado a la dictadura de ese partido y de los otros, el vacío de derecho y la inseguridad jurídica, y la subordinación de los derechos individuales al arbitrio de los partidos dominantes.

Algunos gérmenes de esta situación se pueden encontrar en el desarrollo del proceso político que siguió a la aprobación de la Constitución. El fallo capital de nuestra norma suprema fue no cerrar la cuestión de la distribución territorial del poder. Este es un “lujo” que sólo, y aun así costosamente, se pueden permitir países con un poderoso sentimiento nacional integrador. Y no es éste el caso de España. Los nacionalistas disgregadores hablan y no paran de la opresión y de la explotación “españolas”. La realidad es, justamente, la contraria. Las regiones “explotadas” figuran entre las más ricas del país. Y aunque haya habido episodios de represión y desmerecimiento de sus lenguas y culturas particulares quedan tamañitos ante las políticas y actitudes de los independentistas respecto de la lengua y cultura común. Ya fuese como “Estado de las autonomías”, ya como “Estado federal”, la distribución territorial del poder debió quedar cerrada en el texto constitucional. Por desgracia, no fue así, y no pudo ser así porque los nacionalistas se resistieron a una solución definitiva del problema.

Pero, aun con estos atrancos, nada hacía sospechar que en sólo año y medio se iba a llegar a una situación como la presente. Culminando desafueros anteriores se ha aprobado virtualmente un Estatuto de Autonomía para Cataluña que vulnera flagrantemente la Constitución, y es heraldo de otros de la misma naturaleza. Los políticos catalanes quieren una relación bilateral con España. Los vascos, los valencianos, los gallegos, los andaluces, los canarios, los mallorquines, etc., también la quieren (o la querrán, en breve plazo). ¿Qué quedará, pues, de España? Nada. ¿Cómo se puede establecer una relación bilateral con la nada? ¿Cómo, pues, esta nada-España puede ser asiento de tan feroz nacionalismo español? Al contrario, los nacionalismos separatistas no son consecuencia del nacionalismo español, sino de su ausencia.

El PSOE y los partidos asociados han llegado tan lejos en el desafuero, que ni siquiera lo disimulan. Prescindiendo del contenido del proyecto de Estatuto catalán, reparemos en su procedimiento: se presenta un proyecto de Estatuto nuevo, cuando lo único que autoriza la Constitución es la reforma del anterior; el presidente del Gobierno de la nación declara públicamente que aceptará el texto que envíe el Parlamento de Cataluña, invadiendo descaradamente las competencias del poder legislativo; ante esta solemne invitación al desafuero, el Parlamento de Cataluña envía un texto que, de cabo a rabo, vulnera la Constitución; la Mesa del Congreso de los Diputados (con el voto en contra de los representantes del PP) admite a trámite como reforma estatutaria lo que es una reforma constitucional (burlando la necesidad de mayorías reforzadas que exigen los proyectos de reforma constitucional); sin embargo, como la vulneración de la Constitución es tan flagrante, los dirigentes del PSOE rivalizan en ocurrencias indisimuladamente dirigidas a “salvar las apariencias”; en consecuencia, se abre una sucesión de reuniones extraparlamentarias entre el PSOE, los partidos de gobierno en la Comunidad Autónoma catalana y CiU para negociar la “reducción” del proyecto de Estatuto; y concluidas con éxito estas negociaciones, los dirigentes de estos partidos, dan públicamente por aprobado el proyecto.

El pueblo español como titular de la soberanía nacional y las Cortes como depositarias inmediatas de esa soberanía son burlados impúdicamente. ¿Para qué pagamos a los parlamentarios, para qué gastamos nuestros dineros en el mantenimiento del Congreso y del Senado, si el poder legislativo lo ejercen directamente los partidos? Sería más decente y más económico prescindir del parlamento. Votaríamos sólo partidos. Supongamos que el PSOE obtuviese el 45% de los votos; el PP el 40%, y los restantes (para simplificar) el 15%. Bueno, pues tanto en la formación de gobierno como en la elaboración de las leyes, unos y otros tendrían ese peso negociador.

Lo más asombroso no es que una casta de políticos profesionales, tan carentes de competencia como de virtud cívica, usen la Constitución como papel higiénico; lo más asombroso es que han colonizado el Tribunal Constitucional (¿qué se apuestan a que bendice el nuevo Estatuto?) y que dominan buena parte de la judicatura, la mayoría de los medios de comunicación, y que la intelectualidad, casi sin excepción, justifica también el desafuero..

Queda el PP, pero no lo tiene fácil. Oponerse a la tendencia emulativa que suscita el ejemplo disgregador catalán resulta costoso, pues las autonomías ofrecen muchos incentivos a los políticos profesionales. En algunas regiones puede suponer también costes electorales. Por otro lado la política de aislamiento y permanente hostigamiento desatada por las izquierdas y los nacionalistas y sus agentes mediáticos estimula posiciones de complicidad (“moderación”, “centrismo”). El PSOE y los partidos asociados saben que mientras subsista el PP el régimen constitucional puede recuperarse. Romper el Partido Popular es, por tanto, su principal objetivo. Está tan mal la cosa que me temo que sólo un milagro puede impedirlo.

José Vilas Nogueira es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela

¿Quién teme a la voz del pueblo?
Por I. SÁNCHEZ CÁMARA ABC 26 Enero 2006

El acuerdo político sobre el Estatuto catalán, alcanzado por el Gobierno, deja al trámite parlamentario convertido en eso, en puro trámite. Esto no impide que puedan introducirse algunas modificaciones, que acaso atemperen los disparates más notorios, pero, en ningún caso, sustanciales. Por lo demás, no es previsible que la oposición pueda aportar algo, ya que el Gobierno se comprometió con sus socios y aliados a no pactar nada con el PP. Sólo queda, por tanto, la posibilidad de obtener una declaración de inconstitucionalidad, por supuesto sólo cuando el texto sea aprobado por el Parlamento. Sin embargo, un anuncio de Mariano Rajoy ha provocado notable revuelo en las filas gubernamentales. Se ve que ha dado en la diana. Es la solicitud de la celebración de un referéndum sobre el Estatuto, para lo que estaría dispuesto a recoger firmas. Entre el revuelo, han destacado las airadas palabras del portavoz socialista en el Congreso, Pérez Rubalcaba, que ha invocado la radical inconstitucionalidad de la propuesta, evidente incluso para un estudiante de Primero. Bien está volver a la senda constitucional, aunque sea por motivos dialécticos.

La cosa no es tan clara, o, mejor, es clara de otra manera. La Constitución, además de reconocer en su artículo 23 el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, y en el 29, el de petición, individual y colectiva, regula en el 87.3 las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley, estableciendo que no procederá esa iniciativa, entre otros casos, en materias propias de ley orgánica. A esto se acoge Rubalcaba, ya que el Estatuto se aprueba mediante Ley Orgánica. Pero Rajoy no pretende la iniciativa popular para aprobar una ley, por ejemplo, otro Estatuto, sino para pedir al Gobierno que someta el texto a referéndum consultivo, lo que es perfectamente constitucional. El artículo 92 introduce esta institución y concede al Presidente del Gobierno la facultad de proponerlo, y al Rey de convocarlo, con la autorización del Parlamento. Si, como creo, se trata de una disposición de especial trascendencia política, sería muy bueno consultar al pueblo (sobre todo, desde la perspectiva de la democracia «participativa, deliberativa y avanzada» que propugna el presidente del Gobierno). De no hacerlo así, cabrá dudar de la veracidad de sus declaraciones y de la firmeza de sus convicciones, y afirmar que, en realidad, no quieren la consulta popular porque temen, con razón, que el resultado les puede ser adverso. La ira, no precisamente bíblica, de Rubalcaba, procede del hecho de que la negativa a la petición de Rajoy mostraría la verdadera naturaleza de su concepción de la democracia: opaca, autoritaria y retrógrada. Simplemente, vamos a comprobar quién quiere y quién no que se consulte al pueblo en una materia que, además de su probable inconstitucionalidad, entraña un cambio radical en la organización de la convivencia nacional. ¿Quién teme a la voz del pueblo?

Lo que conocemos del Estatuto catalán
Luis de Velasco Estrella Digital 26 Enero 2006

Si hemos de hacer caso, de un lado, al silencio aquiescente del Comité Federal del PSOE en un tema que se despachó rápidamente y, de otro, al respaldo proclamado por barones como Chaves y Rodríguez Ibarra (hay, hasta el momento, silencio de otros líderes), el asunto del Estatuto catalán ha sido resuelto muy satisfactoriamente para este partido. El texto habría quedado “limpio como un patena” en su vertiente constitucional y sería plenamente conforme con los sacrosantos postulados socialistas de solidaridad y equidad, así como un paso decisivo en lograr un mayor y mejor anclaje de Cataluña en España. La cuadratura del círculo porque, además y seguramente es lo más importante, la imagen transmitida es de un éxito acompañado esta vez de los nacionalistas “sensatos”, mientras el principal partido de la oposición se debate en luchas internas, precisamente como consecuencia de ese éxito.

Lo ocurrido en el Comité Federal —órgano soberano del partido, no se olvide- no es ninguna sorpresa sino la continuación de una trayectoria que viene de años atrás con el dominio incontestable no tanto del secretario general de la organización como del presidente del Gobierno, en ambos casos Felipe González. El Comité lo integran altos cargos (es conocida la reciente anécdota de las multas a la hilera de coches en doble fila en Ferraz), carguitos y aspirantes a los mismos. Resultado: silencio del noventa por ciento, fidelidad a machamartillo de los escasos hablantes y algún despistado ligeramente disidente que cumple su papel. Esta ceremonia se ha reproducido, incluso en más breve espacio de tiempo, en esta reunión ante un tema, sin exageración, histórico. Así lo calificó una persona respetada en la organización como Ramon Jáuregui, quien afirmó además (El País, 22 de enero) que “el proyecto [de Zapatero] es tan reformista que ha logrado en año y medio una irritación de la derecha que Felipe González consiguió sólo después de 10 o 12 años”. Pintoresco indicador de que las cosas van bien. Añadiendo que “van a por él porque es la modernidad”. Resulta ahora que la modernidad y no la solidaridad (no digamos ya el socialismo, palabra proscrita hace mucho tiempo) es lo que cuenta. ¿Qué tal si cambiamos el nombre del partido a Partido Modernista o simplemente Moderno? Así están las cosas.

Lo de la patena constitucional se supone que corresponderá decidirlo, con su tradicional objetividad y retraso, al Constitucional. Lo de la solidaridad parece más problemático a la vista de lo ya conocido como acordado en materia de impuestos y de inversión pública comprometida. Está claro que lo que va quedando del Estado central en materia presupuestaria —principal elemento en hacer realidad esa solidaridad— es cada vez menos.

Pero no son sólo éstos los únicos elementos de preocupación ante la deriva nacionalista que, apoyada por un partido que se autotitula de izquierda en el que todo vale con tal de mantener los propios puestos de trabajo, está anegando todo. Porque está claro que el “tema catalán” no se acaba aquí y que, segunda parte, reaparecerá en seguida el vasco con mayor virulencia. Asuntos como el de blindaje de mayores competencias, fraccionamiento de la administración de justicia, discriminación contra la lengua española son algunos de esos temas de enorme importancia que han quedado en la penumbra en la discusión reciente pero que estan ahí, como el dinosaurio de Monterroso. Por lo conocido, las tesis del nacionalismo catalán se han impuesto.

Algunos viajados miran al federalismo norteamericano y lo predican como ejemplo a seguir en toda esta historia. Las diferencias son enormes. Destaquemos tan sólo dos. El federalismo norteamericano es un proceso que, tras una breve etapa confederativa, va de abajo arriba y es algo natural e histórico, todo lo contrario al que se quiere aquí construir. Segunda diferencia: en aquel federalismo por supuesto hay tensión entre los derechos de los Estados federados y los del Estado federal, pero siempre dentro de la lealtad constitucional, lo que es consecuencia del hecho de que no hay partidos nacionalistas cuya única razón de ser es reclamar siempre más del “centro”. Entre paréntesis y aviso para los progresistas, esa articulación federal en Estados Unidos es, al mismo tiempo, causa y consecuencia de su tradición y política de “menos gobierno” y, en definitiva, de políticas conservadoras en lo político y liberales y antisolidarias en lo económico y social. Cuando se esgrimen los states’rights se hace en contra de las políticas consideradas intervencionistas del “centro”.

Salga el Estatuto que salga, los destrozos causados en la convivencia nacional por este largo y cansador tema parecen notables. Hay —había— otros temas mucho más urgentes e importantes para la ciudadanía. El opaco procedimiento de negociación ha causado además mayor distanciamiento entre esa ciudadanía y los políticos y la política. También preocupante.

Finalmente y lo más importante, se ha perdido una magnífica oportunidad, quizá la última, para lograr un acuerdo entre los dos partidos, PSOE y PP, para encarar y resolver la madre de todos estos problemas: una desdichada norma electoral que prima brutalmente a los nacionalistas y que los convierte en árbitros en un proceso de nunca acabar y que ninguna sociedad puede resistir.

El desorden nacional
José Javaloyes Estrella Digital 26 Enero 2006

Habrá por donde coger el desorden nacional imperante. Del desorden decía Goethe que lo aborrecía más que a la injusticia, puesto que el desorden es la injusticia suprema. Estamos los españoles en el tremedal, atascado en el desorden el carro de los intereses nacionales. Mientras tanto, una parte de la clase política ingiere en la pura celebración, tanto cava que compensa el que no se ha bebido en las navidades, por efectos colaterales del desafío nacionalista.

Hasta 19 puntos de inconstitucionalidad advierte el Consejo General del Poder Judicial en el guiso estatutario que se han preparado los nacionalistas catalanes “prima facie”, los socialistas de Maragall y el equipo de Rodríguez, con Rubalcaba como peón de brega. Desde su lógica, se opuso este Gobierno a que el Estatuto que habían hecho en Barcelona fuera visado por ese mismo Consejo, por el Tribunal Constitucional por el Consejo de Estado. Había que meterlo con forceps en el Congreso para forzar una situación de hecho, un hecho consumado, que después no tuviera marcha atrás. Placentariamente configurado el golpe político como Ley Orgánica en ciernes, no procedería después su objeción frontal por vía de referéndum.

La violencia procedimental, el desorden en la tramitación, la penetración consumada con calidades de golpe, al forzarse los cauces legales, sentaba unas bases de irreversibilidad fáctica sobre las que Rubalcaba podía alzarse el pasado martes, acusando de mentira a la Oposición por su iniciativa del referéndum. Lo hizo de la misma forma que se alzó por TV la víspera del 14-M, para denunciar que el Gobierno aquel había roto la tregua electoral, al haber protestado el candidato Rajoy por el asedio que estaban sufriendo las sedes del PP en toda España, comenzando por la de la calle Génova.

Y si a la hora de cerrar esta nota no se sabía ayer en qué había quedado el ataque de cuernos sufrido por ERC con el protagonismo de última hora logrado por la CiU de Artur Mas, en los predios del Partido Popular prevalecía todavía un insufrible olor a chamusquina, tras de haberse desmarcado en solitario su jefe de filas en la Marca Hispánica, José Piqué.

El impulso de la réplica popular al acuerdo estatutario socialnacionalista, instrumentada en la iniciativa del referéndum, se perdía entre la niebla piquerina, ocasionándose al propio tiempo el más grave incidente de dirección política habido en el PP. No sólo Piqué se movió en sentido contrario al perceptible consenso interno en su partido, sino que la exoneración de responsabilidades con la que Rajoy le rechazó la dimisión a político de tan rica y contradictoria trayectoria, se hizo a expensas de desautorizar al secretario general del partido, Miguel Ángel Acebes, que a su vez le había desautorizado.

Pero lo que nacionalmente prevalece, empero, es la preocupada inquietud y la sensación de desorden. Nada se ha sabido sobre las responsabilidades ciertas en las que, por omisión, se incurrió el sábado por parte del Gobierno de la Nación y del lado de las autoridades autonómicas vascas, ante el desafío batasuno en Baracaldo. Los representantes políticos del terrorismo impusieron su propia ley sin resistencia alguna.

Al Gobierno socialista y el nacionalismo gobernante en Vasconia se les importa un rábano lo que resolvió el juez Grande Marlaska, mientras que Rubalcaba, el agitador en la víspera del 14-M, capataz del equipo que ha trabajado en la inconstitucionalidad, según el CGPJ, acusa a la Oposición de mentira, de faltar a la verdad, por instar a un referéndum de protesta contra el ilícito constitucional.

¿Qué democracia occidental es esto en que el Gobierno y sus aliados han convertido el juego político español? El desorden nos aproxima a pasos agigantados a la pachanga bolivariana de Chávez. De no discurrir dentro del encofrado institucional europeo todo este alocado proceso, se tendría la sensación térmica, como los informadores del tiempo dicen, de que estábamos en un proceso revolucionario. Proceso que no se identifica con las turbas ni con los desórdenes, pero sí con cambio de orden y fractura de continuidad.

Este Gobierno de Rodríguez no tiene legitimación ni posee mandato electoral para embarcarse en un proceso constituyente. Dirán lo que quieran unos y callarán lo que les convenga otros, pero este es un Gobierno sin papeles (para poder hacer lo que hace), como si hubiera bajado de una patera, y no salido de elecciones generales a Cortes, como las que se habían dispuesto para el 14-M.     jose@javaloyes.net

Piqué aguó a Rajoy el desayuno y su propuesta de referéndum
Antonio Martín Beaumont elsemanaldigital 26 Enero 2006

Lamentable. Una vez más, lamentable. Cero en comunicación. Cualquiera puede darse cuenta de la ocasión de oro perdida por el Partido Popular estos días con el Estatut catalán. Seamos optimistas: más que perderse la oportunidad Josep Piqué la ha aplazado. E incluso es posible que de todo esto salgan algunas enseñanzas interesantes para el centroderecha español. Vamos a ver qué pasa.

Sin embargo, y aunque se ha puesto de moda cargar todas las culpas sobre Piqué, las cosas pueden ser mucho más matizadas, y para empezar sabemos que Mariano Rajoy comparte su idea, desde el momento en que convenció al líder catalán para seguir en su cargo tras una reunión calificada de "sincera y cordial". No dudo que lo fuese y me alegro de ello, pero los militantes del PP, sus votantes y en general los millones de españoles que ponen hoy en Rajoy las esperanzas de salvar la convivencia democrática española merecen más claridad. Y, también, que las cosas se hagan mejor y con mayor profesionalidad.

Nuestra reflexión debe empezar por el origen de todo esto. Piqué es un hombre de origen nacionalista catalán, a quien José María Aznar atrajo a sus Gobiernos y después a su partido. Piqué es un hombre del poder, no llegó al PP en horas de adversidad. Piqué en el PP responde a un proyecto estratégico de crear un espacio político común, catalanista y autonomista, entre el PP y lo que se suponía iba a ser la CiU tras Jordi Pujol. Ese proyecto implicaba, lógicamente, suavizar las formas del PP catalán, sabiendo que eso iba a tener un coste electoral -lo ha tenido- pero que podía tener un resultado final de estabilidad para Cataluña y para España.

Políticamente una cosa es segura: el PP no puede ser sólidamente un partido de gobierno en España -ni mucho menos aspirar a una mayoría absoluta con confianza- sin ser un gran partido en Cataluña. Hay dos maneras aparentemente divergentes de serlo, o con el discurso firme, españolista y exitoso, en su momento, de Aleix Vidal-Quadras, o con la posibilidad catalanista de Piqué, teóricamente mucho más rentable pero en la práctica, hasta ahora, un sonoro fiasco.

Ahora bien, se equivocan quienes ven absolutamente opuestas las dos vías. Recordemos que el PP es, y será en cualquier caso al menos mientras quiera gobernar, un partido con ciertos principios irrenunciables. Es un partido nacional español, en los términos reconocidos por la misma Constitución de 1978; y por la misma razón es un partido respetuoso de la diversidad de España. Hay una sola España, una sola nación, una sola Constitución y unos solos derechos para todos los ciudadanos del país; pero la variedad de las comunidades es parte de la identidad nacional española.

Y esto nos lleva al "error Piqué". Piqué hizo mal en contradecir a su propio líder y a su propio partido; e hizo peor al elegir esos tiempos y formas para hablar, justo cuando su jefe de filas lanzaba su propuesta de referéndum. Vamos, que ni si desde el cuartel general socialista de Ferraz se hubiese planificado la estrategia hubiese resultado peor para los intereses del Partido Popular. Pero lo más importante, de ese error, además, es que ha conducido a otros errores que empiezan a generar un debate estéril y equivocado, al menos para los intereses de Rajoy: el Estatut de Maragall y Zapatero no es malo porque salgan o dejen de salir las cuentas del Estado; es malo porque niega la existencia de la nación española, y modifica radicalmente la Constitución violando los mismos procedimientos de reforma establecidos en 1978, así como los derechos fundamentales de los españoles, tal como incide el texto de la Proposición No de Ley que quiere el PP que apoyen con sus firmas millones de ciudadanos. Los debates sobre la financiación que prevé el Estatut: enredar para nada.

Reinventar el patriotismo (español)
José Javier Esparza elsemanaldigital 26 Enero 2006

"Lo que corre peligro no es la unidad de España, es su identidad", dice Gustavo Bueno. En efecto, tal vez pueda descartarse una ruptura de la unidad política formal del Estado: haría demasiado daño (económico) a los escindidos. Pero lo que estamos viendo desvanecerse a toda velocidad es la identidad española, el sentimiento de identificación con una trayectoria histórica, con una herencia cultural, con una personalidad colectiva. Ahora bien, sin identidad española, ¿qué importancia tiene la unidad de esto? Por eso algunos pensamos que la supervivencia de España no puede limitarse a la defensa de la Constitución, sino que debe jugarse, sobre todo, en el plano de los sentimientos –sí, sentimientos- comunitarios.

Objeción liberal: pero, entonces, ¿no estaríamos cayendo en el mismo abuso que denunciamos en los nacionalismos periféricos, en esa identificación de la ciudadanía con una trascendencia colectiva? Ese temor ata de pies a manos a liberales y a cosmopolitas. Pero es que el problema, en tales términos, está mal planteado. Lo que hace delirante al nacionalismo vasco o catalán no es el defender una identidad, sino que su interpretación política de esa identidad, en clave separatista, se basa en una impostura, a saber, la reconstrucción de la historia local como si desde su origen hubiera tendido hacia la conformación de un hecho político nacional. Por eso, porque son una impostura, tienen que recurrir a la coacción, a la exclusión, a la violencia. Nuestros separatismos no son malos porque sean "identitarios", sino porque son falsos.

Por cierto que esto debe hacernos reflexionar a todos, y especialmente a quienes consideramos las identidades culturales como una riqueza. Ocurre que, a fecha de hoy, la cesión de la pluralidad cultural a los nacionalistas, que es un rasgo básico de nuestro sistema, se ha convertido en una amenaza para la propia pluralidad cultural, porque lo que se está instalando en Cataluña, el País Vasco o Galicia (y ojo a Valencia) es una homogeneidad de plomo que aplasta la diversidad en esas comunidades. Inversamente, parece incuestionable que la idea de España se ha convertido hoy en la única defensa efectiva de la pluralidad cultural española, porque no hay otra instancia que la garantice.

Y mientras bailamos de identidad en identidad, ¿quién sostiene la idea de España? Desde el Estado, nadie. Ésa es la realidad de España en 2006. La aventura autonómica consistía en conjugar la unidad con la pluralidad; pensar una identidad española compuesta, que no dejara de ser española por integrar los hechos diferenciales. Hoy vemos que hemos fracasado. España es ya un Estado sin nación –y la identidad española empieza a ser una nación sin Estado.

¿Soluciones? En la práctica, sólo hay una: comenzar la reconquista desde abajo, desde la calle, desde la gente. En las actuales circunstancias, sólo desde fuera del Estado es posible pensar España como identidad nacional. Hemos entrado en una fase inesperada: hay que reinventar nuestro patriotismo.

Después de los catalanes, los vascos: con Navarra, por supuesto
Pascual Tamburri elsemanaldigital 26 Enero 2006

Arnaldo Otegi no miente. Su afirmación "nos acercamos al proceso de soluciones al conflicto" ha ido acompañada de una frenética actividad política por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, que espera todo de una tregua etarra a corto plazo, y por el anuncio formal por parte de Juan José Ibarretxe de que se va a constituir una "mesa de diálogo entre partidos". Ese órgano ya fue anunciado por Otegi hace más de un año, es una de las condiciones históricas de ETA y parece más cerca que nunca.

Así pues, un aplauso a Otegi, porque tiene razón, sus enemigos "vamos perdiendo" y ellos hacen bien en mostrar "tranquilidad y confianza". No es sólo un partido el que comparte los objetivos de ETA, porque junto a Batasuna –vanamente ilegalizada- está toda la "izquierda abertzale", está Aralar, está Eusko Alkartasuna, está AB, Zutik, Batzarre, el PCTV, ANV y está el PNV. Y además un amplio movimiento social, sindical -ELA, LAB, ESK, STEE, HIRU y EHNE- y cultural. Todo el nacionalismo es soberanista, es independentista y está dispuesto a caminar unido. También una parte del PSOE.

Porque el PSOE es el responsable de la actual situación. Por primera vez en la Historia España tiene un presidente del Gobierno que cree que España no es una nación. Zapatero ha puesto por escrito y ha negociado con los separatistas de otra región esto: que Cataluña es una nación. Y frente a la aceptación de esto el resto –competencias, tributos, palabras- son minucias. Creo que la formación intelectual de Zapatero no le permite captar todos los matices de su pacto, pero alguien en algún momento le aprobó el Bachillerato y la carrera de Derecho, y esto debería garantizar ciertos mínimos. Por ejemplo, que sea capaz de captar la unidad lógica entre "nación" y "soberanía", y por consiguiente entre "soberanía" y "autodeterminación". Por la misma razón, como no se puede ser una cosa y su contrario, si Cataluña es una nación España no puede serlo. Y con esto llega, señores, la hora más feliz de ETA.

En Baracaldo el pasado sábado se asistió a un acto más de un drama cuyo final se acerca. El nacionalismo está unido; pronto el PSOE de Zapatero se presentará ante la opinión pública española con el logro de una tregua de ETA. ¿Cómo no va a lograrla, si tiene todo en su mano para hacerlo? ETA, como vanguardia del nacionalismo, pide la rendición de España. Pero el Gobierno de España ya ha aceptado lo más duro, que España no es una nación, o en todo caso que es opinable si lo es o no. El régimen político español está en proceso de reforma, sin más límites que los marcados por la opinión pública manipulada desde La Moncloa.

Tras los nacionalistas catalanes llegan los nacionalistas vascos. Piden esencialmente lo mismo, y no hay razones para que Zapatero les niegue lo que ha dado a otros. Además, el nacionalismo vasco ofrece el señuelo de la "paz", en cuya potencia electoral Zapatero confía. No dirá que no, y Juan José Ibarretxe liderará una "mesa política" paralela a una "mesa militar". Como sabemos desde Anoeta, en ambas mesas ETA marcará los ritmos, y en ambas mesas Zapatero pagará lo que sea menester pagar. Al fin y al cabo son hermanos de sangre, no en vano en Baracaldo cantaron todos juntos "La Internacional".

Pero Zapatero puede tener un obstáculo que en el caso catalán aún no se ha alzado. Además de la previsible resistencia de los vascos no nacionalistas, resulta que ETA y sus socios quieren Navarra. Pero los navarros no quieren saber nada de esto. Junto al nacionalismo y a los habituales cipayos, Zapatero presionará, amenazará, chatajeará y corromperá. Las maniobras más bajas son previsibles –algunas están ya en curso- para derrotar a Unión del Pueblo Navarro. De su victoria o de su derrota depende ahora el destino de España.

Juaristi: «El Estatuto es un mecanismo de exclusión»
«Cambio de destino» es el título que el escritor ha elegido para sus memorias. Hoy se presentan en Madrid
B.TORQUEMADA ABC 26 Enero 2006

Nomen omen. El latinajo significa que el nombre determina, que cincela el destino. A Jon Juaristi (Bilbao, 1951) le asignaron el de su tío, fallecido a los catorce años de edad en un desgraciado accidente con un arma de fuego durante los bombardeos de la aviación alemana en Vizcaya, en 1937. Grises y negros picassianos como presagio de algunas de las vivencias que ahora el filólogo, poeta, ensayista y colaborador de ABC ha volcado selectivamente en sus memorias («Cambio de destino», Seix Barral), más intelectuales que exhaustivas, más introspectivas que oportunistas. El libro se presenta hoy en Madrid, de la mano de José Antonio Zarzalejos, Juan Pablo Fusi y Germán Yanke.

Hay sombras de un cierto paralelismo entre el momento en el que dejó el País Vasco (se les acusó, a él y a Jaime Mayor Oreja, de «provocar» con su «intransigencia» la ruptura de la tregua de ETA en 1999) y el actual, en el que la ausencia de asesinatos de la banda tiende de nuevo la cínica trampa de una pretendida «ventaja moral» en la que cualquier respuesta a las pretensiones soberanistas computa como una provocación. «No es lo mismo -reflexiona- ahora que entonces, porque el nacionalismo ha ampliado sus efectivos sociales. En estos momentos cuenta con los socialistas. La alianza con los nacionalismos no es nueva para la izquierda. Le interesa estratégicamente para llevar adelante de forma más barata y más eficaz sus proyectos prepolíticos, para disolver las sociedades tradicionales sustituyendo sus viejos componentes afectivos por los del nacionalismo».

Por este camino ha nacido «el afán de relegar al PP en el País Vasco, en Cataluña y en toda España. Si no estás de acuerdo con el Estatuto te tienes que quedar fuera, claman incluso voces supuestamente moderadas como la de Artur Mas. Es un mecanismo de exclusión». Sobre la recogida de firmas frente al avance del «Estatut» que ha anunciado Rajoy estima que la respaldará (o no) en función de cómo se formule: «Si se plantea como una condena ciudadana a la modificación subrepticia de la Constitución, lo apoyaría, si fuera un referéndum sobre el Estatuto en sí mismo, no lo vería acertado». Y le preocupa que el Partido Popular no está sabiendo conjugar «un planteamiento impecable con una retórica eficaz». Lo ve, pese a ello, ampliamente «más presentable» que lo que hoy habita en La Moncloa. «Zapatero está sustituyendo la nación de ciudadanos que nos dimos con la Constitución por la nación de naciones en donde imperan los intereses de grupo. Ha conseguido exacerbar los particularismos. Es reo de los atavismos de la izquierda y quiere acabar con sus fantasmas».

Archivo de Salamanca
El herbolario de Caldera
Ignacio Villa Libertad Digital 26 Enero 2006

Jesús Caldera ha recomendado este miércoles que en la COPE tomemos valeriana para tranquilizarnos. Gracias por el consejo, pero no parece que los nervios estén en nuestra cadena de radio. Los nervios, cuando no el histerismo, están más bien en el gobierno de Zapatero y, en concreto, en algunos ministerios como el del Trabajo. La verdad es que Jesús Caldera tiene motivos para ello. Y es que el expolio de los papeles del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca ejecutado por la ministra Calvo –de noche, con los GEO y en carretilla– ha dejado al descubierto la ausencia de principios y la capacidad para decir una cosa y la contraria que tiene el señor Caldera, de quien no se puede olvidar que es diputado por Salamanca.

Se preguntarán ustedes los motivos de esta nueva salida de pata de banco de Caldera. Pues muy sencillo. El motivo es un trabajo de hemeroteca y fonoteca que ha llevado a la COPE a un pleno en el Congreso de los Diputados el 14 de junio de 1994. En ese debate parlamentario, acompañado por el Partido Popular, Caldera defendió la necesidad de mantener unido el Archivo de Salamanca, explicaba que el traslado de papeles a Cataluña no servía para cerrar las heridas del pasado y recordaba la doctrina internacional que aconseja que los archivos no sean repartidos de forma “provinciana”. Caldera concluía diciendo que es imposible saber con exactitud la procedencia de los documentos reclamados. Las palabras que pronunció entonces son un auténtico compendio de lo que hay que hacer ante las peticiones de los separatistas catalanes; un compendio que doce años después parece haber olvidado el señor Caldera. Además, en aquel debate el actual ministro socialista tenía como adversaria a Pilar Rahola, diputada entonces por ERC. ¡Qué casualidad! ¡Con qué rapidez cambia de opinión, según las necesidades del poder! ¿Qué principios va a defender Caldera en su tierra en las próximas elecciones?

Ante tanta evidencia, Caldera ha perdido el control, y en una rueda de prensa en Pamplona ha saltado como un resorte contra la COPE, aconsejando el citado consumo de valeriana. Lo siento, pero en esta ocasión el ministro se ha equivocado de paciente; debería medicarse a sí mismo. Pero no sólo valeriana. Caldera necesita también melisa, jazmín, tila, manzanilla, té verde y tomillo. Es más, con tanta necesidad quizá lo que le interesa es poner un herbolario. El negocio lo tiene asegurado.

Cinismo ilimitado
Bárbara Durkhop/Viuda del senador socialista Enrique Casas. San Sebastián
Cartas al Director El Correo 26 Enero 2006

Se me cae el alma al suelo. ¿Hasta dónde puede llegar el cinismo y la falta de sentimientos? ¿Prevalecen más para los ediles del PNV en Azkoitia los derechos humanos del asesino que los de las víctimas? Ambos derechos serán iguales, pero que un asesino pueda abrir un negocio en los bajos de la casa de su víctima no es una cuestión de derechos humanos. (¿El derecho a la vida sí lo es!). Es de un cinismo ilimitado apelar aquí a los derechos humanos, sólo son ganas de desvirtuarlos totalmente. Se trata de la dignidad de una víctima, del respeto hacia el sufrimiento de un ser humano. Nada más, ni nada menos. ¿Tan mutilados de sentimientos están los ediles del PNV que son incapaces de imaginarse la tortura psicológica que significa para una víctima encontrarse diariamente con el asesino de su ser querido? Y eso, añadido a la tortura de por vida y el sufrimiento de tener que superar el dolor y el vacío dejado por un ser querido. Tener que volver a la 'vida normal', porque volver significa aprender a vivir con la pena.

Eso es la 'reorganización' de la vida de una víctima, vivir con la pena y la memoria dolorosa sacando una vida adelante, una familia truncada. Sufrir viendo a los niños de los vecinos en el parque con sus padres, verles cómo les llevan cada mañana al colegio miles de cosas que dan rabia e impotencia. ¿Cuánto cuesta vencer el odio! Pero aun reconociendo que, una vez cumplida su pena, el asesino tenga 'el derecho' de poder reorganizar su vida como pide el PNV, en ningún caso debe ser posible que ese derecho se lleve a cabo dentro del espacio vital de la víctima. Eso no sólo es sumamente cruel, sino que no tiene nada que ver con la reconciliación. No hay que confundir los conceptos, hay ser muy escrupulosos con las palabras. La reconciliación es necesaria para un futuro de paz, pero en ningún caso puede leerse en clave personal, sino de una reconciliación de la sociedad. Pero lo que aún es más importante, en ningún caso, la reconciliación puede interpretarse en clave de una equiparación encubierta, tal como dice la moción del PNV. Casi mil personas han sido asesinadas sólo por no compartir una ideología. Ellas son las víctimas, no los asesinos. ¿No vaya a ser que al final sean las víctimas quienes tengan que pedir perdón a los asesinos! Una reconciliación para las víctimas sólo puede emanar desde el respeto a la dignidad y el reconocimiento de su sufrimiento y su derecho a la memoria y a la justicia. Y una violación clara de esa dignidad es no reconocer a una víctima su derecho a no tener que convivir con el asesino de su marido. Tal vez no sea un derecho humano, pero sí es un gesto de humanidad digno de gente bien nacida.

La trampa del «café para todos»
La financiación pactada por Mas blinda los recursos de Cataluña, pero el resto de comunidades deberá negociarlo en el Consejo de Política Fiscal
Marcos Pardeiro La Razón 26 Enero 2006

Barcelona- Imagine una mesa con 17 tazas de café para otros tantos comensales. Imagine ahora que el camarero les comunica que no hay café para todos y que debe vaciar las tazas... sólo a 14 de ellos, porque los otros tres disfrutan de garantías para apurar su bebida sin agobios ni problemas. Ahora sustituya a los comensales por las comunidades autónomas, el café por el dinero del Estado y a los tres «privilegiados» por las autonomías de País Vasco, Navarra y, ahora, Cataluña. Éste es, en resumen, el nuevo panorama financiero de España si sale adelante el nuevo Estatut pactado por el presidente Zapatero y el líder de Ciu, Artur Mas.

A falta de que ERC introduzca alguna modificación, ya se vislumbran sus principales consecuencias. En virtud del nuevo modelo económico recogido en el texto estatutario, Cataluña se garantiza «no perder su posición en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación». No obstante, el Gobierno asegura que ninguna comunidad autónoma saldrá perjudicada porque podrán sumarse a la reforma financiera. Pero la clave está en que estas regiones deberán negociar sus recursos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera –sometido, por tanto, a los ciclos económicos y a los efectos de las recesiones–, algo que Cataluña podrá ahorrarse, ya que sus potestades quedarán recogidas y blindadas en el nuevo texto estatutario.

El vicedecano del Colegio de Economistas de Madrid, Juan Iranzo, observa con inquietud las características del proyecto en marcha. «Habrá que echar cuentas para analizar cómo queda el Fondo de Compensación Interterritorial», dice con cautela, antes de añadir: «Pero sí que se deduce con claridad que el modelo del Estatuto catalán favorece a las comunidades más desarrolladas, ya que los indicadores fundamentales son la renta y la recaudación por IVA».

Sin embargo, para este economista lo más grave de la reforma es el intenso intervencionismo que desprende. «Se obliga a utilizar el catalán en las actividades económicas y esto genera costes de transacción, lo que comporta pérdida de competitividad», ejemplifica.

Juan Iranzo también muestra su preocupación por la voluntad de la Generalitat de regular el mercado de relaciones laborales, algo que, en su opinión, «va en contra del mundo actual, donde se tiende a aceptar reguladores a nivel internacional como la Unión Europea». «La ruptura de la unidad de mercado es letal», se lamenta el vicedecano del Colegio de Economistas de Madrid.

El Estado, una autonomía más.
Quien no sale de su asombro es el catedrático de Economía de la Universidad Politécnica de Madrid Roberto Centeno. «El presidente José Luis Rodríguez Zapatero debe de haberse vuelto loco. El Estado se queda sin recursos. Cuando se extienda la reforma de Cataluña a todas las comunidades, el Estado se quedará con el 20 por ciento del gasto total, cuando los Estados federales como Alemania, Suiza y Estados Unidos asumen entre el 60 y el 70 por ciento», reflexiona. «Desde el punto de vista estrictamente económico es absolutamente inviable. ¡El Estado se convertiría en una autonomía!», alerta.
El catedrático de la Universidad Politécnica recuerda también que el Fondo de Suficiencia dispone de 22.000 millones.
La extensión del sistema catalán –asegura– provocaría una reducción de 20.000 millones, por lo que la única solución que le quedaría a la Administración Estatal para compensar este agujero sería endeudarse. «Además, el Congreso de los Diputados no puede intervenir en las cuentas de Cataluña. En una palabra. España se desintegra», concluye Centeno.

El Gobierno impulsa una ley de Función Pública que debilita al Estado en las autonomías
Incrementará las desigualdades entre funcionarios y las diferencias de sueldos según el territorio en el que trabajen Los ejecutivos de las comunidades tendrán más margen para promocionar a los cargos de confianza nombrados «a dedo»
C. Morodo La Razón 26 Enero 2006

Madrid- Al resguardo del ruido de la reforma estatutaria catalana, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero trabaja de manera discreta en un proyecto que recoge, como se recuerda desde el PP, «una demanda histórica de Cataluña», la elaboración de un nuevo Estatuto del Empleado Público. El Ejecutivo ha convocado precisamente hoy y mañana a todos los directores autonómicos de la Función Pública para abordar este asunto.

La dirección del PP está convencida de que hay en marcha un plan para satisfacer bajo cuerda, mediante cambios legislativos, algunas de las exigencias de los nacionalistas catalanes, lo que permitirá aliviar de carga la «bomba de relojería» del Estatut y consolidar la «operación de debilitamiento del Estado».

Prietas las filas. La modificación de la Ley del Poder Judicial fue la primera señal de alarma, y ahora los recelos recaen sobre la reforma de la financiación autonómica y sobre el citado Estatuto. Aunque todas las comunidades autónomas tienden a dejarse llevar por la inercia de la ambición de aumentar sus prerrogativas, de momento Génova mantiene prietas las filas de sus «barones» ante una iniciativa que entiende como una amenaza contra el principio constitucional de vertebración territorial que desarrolla la Función Pública y contra el de igualdad que se recoge en el artículo 149.18 de la Carta Magna («Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas…»).

El anteproyecto que está sometido hoy en día a discusión, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, distorsiona el actual modelo, sostenido sobre un régimen de funcionarios públicos y un personal laboral (contratados externos) con un papel residual en la Administración, al permitir que cada comunidad pueda alterar libremente la proporción de unos y de otros. El artículo 11.2 dice que los funcionarios y el personal estatutario de carrera son quienes ejercen «funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas», y bajo esta laxa definición cada Gobierno autonómico tendrá manga ancha para conformar su propio modelo, primando, si así lo determina, el régimen de funcionario (que accede con determinados requisitos, que se mantiene pese a los cambios de gobierno…) o la contratación de personal laboral. La estructura de las retribuciones también se ve afectada ya que cada Administración Pública podrá diseñar su política retributiva, lo que contribuirá a que se consoliden las diferencias por el factor territorial. En la actualidad, al menos hay una estructura homogénea (sueldo, complemento de destino, complemento específico) que permite controlar mejor las distinciones, pero la norma en estudio permitiría incluso retribuciones por conceptos diferentes. En suma, un mismo trabajo lo podría desarrollar un funcionario o un laboral, y con sueldos también distintos.

Otras bases de ese esquema de la Función Pública como elemento vertebrador que se pueden ver afectadas son: la carrera administrativa, ya que cada Gobierno autonómico podrá definir su particular modelo, propiciando que pueda ocurrir que en una comunidad haga falta cumplir unos requisitos estrictos para promocionar y en otra imperen criterios mucho más relajados; la situación administrativa de los funcionarios, es decir, la regulación de la excedencia, de la situación de servicios especiales…; o el régimen disciplinario, ya que el anteproyecto sólo establece lo que se entiende como falta muy grave (artículo 85), pero no entra a definir las graves y las leves.

Asesores de partido. En el caso del personal eventual (artículo 14), que es aquel que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza funciones calificadas como de confianza o asesoramiento (cargos nombrados a dedo con carácter político), también se deja a libre potestad de las comunidades autónomas decidir qué órganos pueden nutrirse de estos empleados en lugar de recurrir a funcionarios de carrera. «Las leyes de desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de Gobierno». En el año 1998, el Partido Popular alcanzó un principio de acuerdo con el Partido Socialista para limar privilegios y que el personal eventual cobrase lo mismo que los funcionarios, pero los socialistas se desdijeron.

Además, se suprime una cláusula vigente por la que la condición de eventual no podía constituir un mérito para la promoción interna: de ser aprobado el texto tal y como está redactado, asesores y cargos de confianza contratados por motivos políticos podrán alegar su empleo como mérito para el ingreso posterior en la Administración Pública (recuerda la recuperación del «cuarto turno» en el caso de la reforma judicial).

ETA hace estallar dos artefactos explosivos en Correos de Zuia y en el Juzgado de Balmaseda
Ep - Bilbao La Razón 26 Enero 2006

Dos artefactos explosivos de entre tres y cinco kilos de explosivos estallaron en una oficina de Correos de la localidad alavesa de Zuia y en el Juzgado del municipio vizcaíno de Balmaseda, según informó el Departamento de Interior del Gobierno vasco.

El primero de ellos explotó a las doce de la medianoche en el exterior de una oficina de Correos situada en la calle Domingo de Satu del barrio de Murgia, en Zuia. La deflagración causó numerosos daños en una vivienda colindante y en la puerta de entrada y ventanas de la oficina, aunque no provocó daños personales. A las siete y cuarto de esta mañana estalló otra bomba, que estaba dentro de una bolsa colocada junto a la puerta de los juzgados, en la calle Estación de Balmaseda.
En la bolsa figuraba la inscripción «Peligro bomba». Como consecuencia de la deflagración se registraron desperfectos en una puerta y en un local próximo. En ambos casos, se trató de dos pequeños artefactos de ETA, de características similares, que oscilaría entre los 3 y 5 kilos y que estaban temporizados. En ningún caso la banda armada realizó llamadas de alerta previa a las explosiones. Por el momento, se desconoce la composición de las bombas, que están siendo analizadas.

El CGPJ emplaza al Congreso a que le lleve al Constitucional y aprueba su «no» al texto catalán
N. C. ABC 26 Enero 2006

MADRID. Las relaciones entre el órgano de gobierno de los jueces y el Grupo Socialista (socios incluidos) vivieron ayer un nuevo episodio de confrontación. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer el estudio en el que cuestiona la constitucionalidad del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña y un acuerdo en el que reta al Congreso de los Diputados a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si considera que algunos de sus informes interfieren en su labor legislativa.

Mientras los ministros de Justicia y Trabajo, Juan Fernando López Aguilar y Jesús Caldera, criticaron lo que consideran una «intromisión» en asuntos en los que no se ha pedido opinión, el Consejo lanzaba un mensaje claro: el órgano de gobierno de los jueces «ha actuado y seguirá haciéndolo en el estricto ámbito de sus competencias».

Como ya informó ABC, el estudio jurídico contrario a la reforma del Estatuto -aprobado ayer con diez votos a favor- cita casi una veintena de razones por las que se considera que esta propuesta es inconstitucional, entre ellas, porque sienta las bases de un Poder Judicial «estrictamente catalán». Fuentes del CGPJ aseguraron que durante el Pleno, el presidente del Consejo, Francisco José Hernando, explicó que ante el anuncio de Rodríguez Zapatero de que ya existía un acuerdo sobre el Estatuto, consideró que este informe -«de carácter jurídico»- ya se podía someter a votación sin que nadie pudiera acusarles de interferir en las negociaciones, lo que ha sucedido de todas formas.

En relación con el emplazamiento que el Congreso de los Diputados hizo al CGPJ en el sentido de que se abstuviera de emitir informes sobre «cuestiones que son ajenas a sus competencias», el Pleno del Consejo aprobó ayer un informe en el que defiende su actuación, ajustada a la ley, y emplaza a la Cámara Baja a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si entiende que está invadiendo sus atribuciones.

Ante el clima de tensión que estos asuntos han generado, el CGPJ acordó posponer los nombramientos de siete magistrados del Tribunal Supremo, previstos en el orden del día.

El informe del Estatut, aprobado con diez votos a favor, evidencia la división del CGPJ
F. Velasco La Razón 26 Enero 2006

Madrid- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vivió ayer uno de los plenos más polémicos y donde los enfrentamientos y división que sufre el órgano de gobierno de los jueces y magistrados quedaron más que evidentes. La sesión matinal ya fue reflejo de ello, con la discusión del informe que el pasado 17 de noviembre aprobó la Comisión de Estudios sobre el proyecto de reforma del Estatut de Cataluña, en lo que afecta a materias de Justicia, que había salido del Parlamento de Cataluña a finales de septiembre. El dictamen aprobado con los nueve votos de los vocales propuestos por el PP y el del presidente del CGPJ, Francisco José Hernando, concluye que existen 17 vulneraciones a la Constitución y que se altera sustancialmente el modelo de Poder Judicial.

El requisito del catalán. Por otra parte, el pleno rechazó la propuesta de reprobación del presidente del CGPJ planteada por el vocal López Tena (que sólo cosechó siete votos a favor) a raíz de las declaraciones de Hernando sobre la posibilidad de que el conocimiento del catalán sea un requisito para ejercer la carrera judicial en Cataluña. Si trabajara allí, aseguró Hernando, «lo aprendería como un enriquecimiento personal, como cuando voy a Andalucía me gustaría bailar sevillanas».

Del mismo modo, el pleno aprobó un informe en el que emplaza al Congreso a plantear un conflicto de competencias ante el Constitucional si entiende que el CGPJ invade sus atribuciones. Por último, el pleno reprobó a López Tena por su actuación en las dos comisiones a las que pertenece, pues sólo ha asistido a 21 de las 60 reuniones celebradas en los dos últimos dos años.

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