AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 28 Enero 2006
Educación y nacionalismo. (Historia de un modelo)
Ernesto Ladrón de Guevara
 28 Enero 2006

Un referéndum para salvar la democracia
Enrique de Diego elsemanaldigital 28 Enero 2006

El papel de Salamanca
IRENE LOZANO ABC 28 Enero 2006

Perdedores y perdedores
Editorial ABC 28 Enero 2006

Los visajes de Rubalcaba y los mitos de la nueva izquierda
Guillermo Urbizu elsemanaldigital 28 Enero 2006

Lección magistral de Derecho Constitucional
Jesús Laínz elsemanaldigital 28 Enero 2006

Rubalcaba recupera el golpismo
Ignacio Villa Libertad Digital 28 Enero 2006

Ocultar la realidad
GEES Libertad Digital 28 Enero 2006

Pasión de gavilanes
Juan Carlos Escudier elconfidencial 28 Enero 2006

Consejo pedido, consejo ignorado
EDITORIAL Libertad Digital 28 Enero 2006

Excesos del Estatuto catalán
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  28 Enero 2006

Tampoco en Valencia
Editorial ABC 28 Enero 2006

La sal de la tierra
Editorial ABC 28 Enero 2006

Envenenada recomendación del CAC
Editorial ABC 28 Enero 2006

Los ciudadanos, simplemente
TONIA ETXARRI El Correo 28 Enero 2006

LA PEOR NOTICIA PARA TODOS
HORACIO VÁZQUEZ-RIAL ABC 28 Enero 2006

Jon Juaristi califica de "melonada" y "gansada" la teoría de Zapatero sobre ETA
Europa Press Libertad Digital 28 Enero 2006

Dos jefes de los comandos controlan desde la cárcel la «dirección en la sombra» de ETA
J. M. Zuloaga / R. L.Vargas La Razón 28 Enero 2006

Carmelo Gonzalez reclama que hijos sean escolarizados en castellano en Cataluña.
Email  28 Enero 2006

Educación y nacionalismo. (Historia de un modelo)
del Dr. en Filosofía y Ciencias de la Educación D. Ernesto Ladrón de Guevara
 28 Enero 2006

El coloquio será moderado por Dª. Cristina Losada, columnista de Libertad Digital, colaboradora de la COPE, miembro del grupo Radicales Libres  www.radikaleslibres.blogspot.com (también firmantes del manifiesto del Foro de Ermua en la Puerta del Sol) y presidenta de Vigueses por la Libertad
Sábado 28 de Enero de  2006, 20:00 horas
Círculo de Artesanos
, C/ San Andrés 36, 15003 La Coruña

"Ladrón de Guevara denuncia el modelo educativo nacionalista
C.L.A. www.elsemanaldigital.com 30 de noviembre de 2005.

 Educación y nacionalismo. Historia de un modelo. Prólogo de Gotzone Mora. Txertoa. San Sebastián, 2005. 286 pp. 15 €

 Las cosas no suceden por casualidad. La escuela constituye el fundamento de la "construcción nacional vasca", y el autor conoce bien hasta qué punto es difícil resistirse a ella. 

 Además de colaborador de Elsemanaldigital.com, donde alerta cotidianamente sobre los desafueros del nacionalismo, Ernesto Ladrón de Guevara es portavoz de Unidad Alavesa en las Juntas Generales de Álava. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, lleva treinta años ejerciendo tareas educativas en el sistema público de su comunidad, así que conoce a la perfección los instrumentos diseñados desde el Ejecutivo vasco para fabricar el viejo sueño sabiniano de Euskadi inoculándolo en la infancia. 

En "Educación y nacionalismo. Historia de un modelo", Ladrón de Guevara ha plasmado todo lo que sabe al respecto. Ya ha presentado esta obra en Bilbao y en Vitoria, y el martes lo hizo en el Ateneo de Santander, presentado por Gotzone Mora y otro articulista de nuestro periódico e incansable debelador del nacionalismo, Jesús Laínz. 

El autor no oculta que ha escrito su libro desde la indignación por que un "nacionalismo etnicista y secesionista" haya convertido la escuela, contra toda norma pedagógica, en "un gran aparato de adoctrinamiento muy eficaz para los fines de la construcción nacional". 

Pero esa indignación está sólo en las motivaciones, y queda aparcada desde las primeras páginas para concentrarse en una investigación histórica profunda, documentada y sin pasión, sobre las raíces, los procesos, la metodología y los resultados del sistema educativo vasco. 

La idea esencial que transita por sus doce capítulos es el carácter postizo de la enseñanza en el País Vasco y su divorcio del país real. Lo que realza su carácter de imposición. Fijémonos, por ejemplo, en el dato del euskera. Pese a una intensa campaña de normalización lingüística que dura ya un cuarto de siglo, en 2003 sólo el 0,53% de los escritos dirigidos a la Diputación de Álava por los ciudadanos se redactaron en vascuence. 

A tanto llega la campaña, que en algún ejercicio Ajuria Enea ha llegado a presupuestar para euskaldunización hasta el quíntuple de dinero que para las políticas activas de empleo. El impacto es muy relativo, pero no deja de influir, como la persistente tendencia a la disminución del modelo de escolarización en castellano, abrumadoramente preferido en los años 80 (60,43%), y ya minoritario al finalizar los 90 (21,78%): el PNV ha incrementado la presión hacia la inmersión total en euskera, pese a que la realidad social continúa indicando un uso minoritario de ese idioma. 

No todo es la lengua, por supuesto. La dogmática nacionalista sobre Navarra, la historia antigua o incluso la naturaleza de ETA, por ejemplo, es analizada también en esta obra a través de los libros de texto amparados por la Consejería de Educación.

 Ladrón de Guevara expone cómo se ha llegado a este punto, fundamentalmente por la rápida transferencia de esas competencias al Gobierno vasco, y el desprecio a la ley, por acción u omisión, de éste. 

Las cuatro páginas que conforman las conclusiones finales del estudio denuncian el adoctrinamiento como paso intermedio hacia la hegemonía social, que rompe los fundamentos de la democracia. Y reprochan a los partidos constitucionalistas su pasividad al consentir "que el nacionalismo entretejiera un programa perfectamente planificado en el tiempo para diluir socialmente cualquier obstáculo a sus pretensiones y objetivos disgregadores de la unidad política y territorial de España".

 Un libro imprescindible, afirma Gotzone Mora, para comprender lo que ha pasado y está pasando en el País Vasco."

 Contando con tu asistencia, recibe un saludo muy cordial.   La Junta  Directiva

Un referéndum para salvar la democracia
Enrique de Diego elsemanaldigital 28 Enero 2006

Es mero accidente si Piqué no ha dimitido, y lo hubiera sido aún más si lo hubiera hecho, y no digamos si, sensatamente, se le hubiera admitido. Lo fundamental es que el PP, con Mariano Rajoy a la cabeza, que está dando muestras estos días de sereno coraje, de sentido común y de Estado, ha puesto en marcha una iniciativa interesante que ojalá consiga el mejor de los resultados.

Porque es de suma gravedad que se esté destruyendo España –y de eso no hay la menor duda- sin que los españoles todos podamos decidir sobre nuestro futuro. Resulta sencillo de entender que el nuevo Estatuto contempla derechos y deberes distintos de los contemplados en la Constitución. Sin embargo, el día de mañana puedo ir a vivir a Cataluña y estar bajo un marco que yo no he aceptado, ni tan siquiera se me ha pedido la opinión. Se contempla, por ejemplo, el deber de conocer el catalán, lo que ya de por sí modifica la Constitución. Si el día de mañana recalo en Cataluña se me impondrá un deber sobre el que no he tomado ninguna decisión democrática.

El PP solicita el apoyo a su propuesta de celebrar un referéndum nacional, que es lo que contempla esta Constitución que se quiere vaciar de una manera artera y postmoderna: por vía indirecta, hurtando la soberanía nacional, lo que ya representa la destrucción de la nación. En política, las consecuencias de las decisiones no se ven de la noche a la mañana, sino que los peores efectos se perciben a medio y largo plazo. A lo que se está intentando poner fin es a la democracia española, y a la nación preexistente, para crear un régimen centrífugo de socialistas –de su clase política, que casi nada tiene ya de socialista- y nacionalistas, excluyendo a la mitad de España y al partido de la oposición.

Ante esto hay que negarse, ante esto hay que rebelarse y ante esto hay que movilizarse. La recogida de firmas constituye en sí misma un plebiscito, una movilización general de la sociedad civil, como la que propongo en mi libro ZP en el país de las maravillas. El PP tiene una estructura capilar capaz de afrontar este reto de alto calado, pero la situación interpela a todo ciudadano en cuanto tal y a la sociedad civil con sus movimientos organizativos, por lo que me parece un imperativo ético que todos y cada uno apoyemos en la medida de nuestras posibilidades. Estoy deseando poder firmar y tener los correspondientes documentos para recoger firmas. Nos estamos jugando la democracia. Nos estamos jugando nuestra libertad y la de nuestros hijos.

El papel de Salamanca
IRENE LOZANO ABC 28 Enero 2006
Periodista, lingüista y Premio Espasa de Ensayo 2005

... El criterio autonómico resulta tan arbitrario como repartir los papeles por cuencas fluviales, pero lo peor es que, al parcelar los legajos por regiones, distorsiona la historia...

LA existencia misma del Archivo de Salamanca plantea a los españoles un dilema moral que no han percibido ni el Gobierno catalán, ni la ministra de Cultura ni el alcalde de la ciudad. Por eso han abordado la cuestión de los papeles como un partido de sokatira en el que cada equipo tira de la cuerda con toda la fuerza bruta de que es capaz, preocupado sólo por la victoria. El infantilismo resulta últimamente iluminador como explicación de algunos comportamientos de los políticos, pero que hayan sido capaces de propiciar casi el forcejeo por los papeles merecería un estruendoso abucheo en cualquier patio de colegio.

Dado que se tarda cinco minutos en microfilmar un documento, numerosas organizaciones políticas y sindicales hicieron, a finales de los 70, copia de los fondos que les fueron arrebatados durante la guerra y la inmediata posguerra. No es, por tanto, su accesibilidad ni su ubicación lo que se está dirimiendo, lo que ha pretendido zanjar la ley y sobre lo que habrá de pronunciarse el Tribunal Constitucional próximamente, sino algo menos práctico pero más importante: de qué manera abordamos nuestra historia reciente, tan sombría y dolorosa.

Y ahí es donde surge con nitidez el dilema sobre qué hacer con los papeles. Puesto que fueron incautados en virtud de un decreto, el de 26 de abril de 1938, aprobado por quien era entonces un general golpista que llegaría a gobernar España por la fuerza, parece obligado que las instituciones democráticas atiendan la petición de los legítimos dueños de los documentos para recuperarlos. Puesto que se incautaron, como reza el mismo decreto, con el fin de «suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos», parece una obligación de las instituciones democráticas preservar ese patrimonio como fuente de estudio excepcional y única de la represión, especialmente hasta 1963. Se trata de dos deberes que el Estado está obligado a cumplir. Sin embargo, se ha hecho hincapié en que la restitución de los documentos, al reparar una injusticia histórica, es la única alternativa moral. Y se ha defendido la unidad por criterios técnicos o desde instituciones locales más movidas por el oportunismo político.

Los defensores de la unidad del archivo no han argumentado la legitimidad moral de esa alternativa. Al margen de las compensaciones económicas que fue posible efectuar en la transición gracias a esos documentos, en la España de los años 40 y 50 se dictaron abundantes condenas sirviéndose como prueba de los papeles custodiados en Salamanca, requeridos sin cesar por el Tribunal de Responsabilidades Políticas, el de la Represión de la Masonería y el Comunismo o la Causa General. Resulta prácticamente imposible concebir el funcionamiento de esos tribunales sin el recurso de la enorme documentación almacenada en Salamanca. Cualquiera que haya trabajado allí sabe que muchos de esos papeles -desde la carta de un miliciano hasta un carné sindical, pasando por el historial de un funcionario desconocido- carecen de interés histórico fuera de ese archivo, pero arrojan luz sobre los mecanismos de la represión si se pueden estudiar en ese contexto; y a través de ellos podemos llegar a abarcar el significado del trabajo de los funcionarios policiales que subrayaban nombres propios y elaboraban prolijos ficheros onomásticos que permiten hoy de forma inmediata averiguar la documentación existente sobre una persona y la utilidad que tuvo para los tribunales. Los papeles de Salamanca no son un «botín de guerra», como se dice, equiparándolos a cualquier casa incautada por los gerifaltes del régimen, sino que desempeñaron un papel capital en la persecución de la oposición política. Y los historiadores sólo llegarán a conocer minuciosamente los cauces que siguió si ese archivo mantiene su integridad y se le llama por su nombre. Porque no es un archivo de la guerra civil ni de la memoria histórica: es un archivo de la represión.

La necesidad de conservarlo no es, pues, local ni política, sino histórica y moral, pero el PP ha tenido dificultades para defenderlo desde este ángulo porque, cuando hubiera debido hacerlo, alguno de sus diputados andaba profiriendo chanzas sobre la naftalina a propósito del homenaje que el Congreso rindió a las víctimas del franquismo hace algo más de dos años. A veces despreciar el pasado lastra la labor que se puede hacer para el futuro.

El Gobierno ha encontrado así el camino expedito para resolver el caso de los papeles de Salamanca invocando la razón moral. Y sin embargo, es inevitable experimentar la sensación de que se han dejado de lado los principios al redactar la ley que tiene por objeto «la restitución de los documentos y efectos incautados en Cataluña». Si de reparar una injusticia histórica se trataba, la devolución no se hubiera circunscrito a la Generalitat, que, por cierto, recibirá papeles propios y otros que no son suyos, sino de ciudadanos que deberán a su vez reiniciar el proceso de reclamación. Si se hubiera querido reparar un atropello no se habría excluido de la devolución a sindicatos, partidos o ayuntamientos, argumentando que la Generalitat es la única institución constituida antes de la guerra, como si eso restara derechos a la CNT (fundada en 1911), la UGT (nacida en 1888) o los cientos de ayuntamientos para los que no se recoge un procedimiento de restitución. Si se hubiera redactado una ley seria no se habría dejado a discreción de cada comunidad autónoma el pedir los papeles de sus territorios. ¿Qué legitimidad tiene, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, para reclamar alguna de las casi 3.000 cajas que figuran en Salamanca con la denominación «Político-Social Madrid»? ¿Cómo se protege al ciudadano cuyo gobierno autonómico decida no reclamar? ¿De quién son los papeles del Ministerio de Sanidad recogidos en Barcelona? ¿A través de qué comunidad reclamarán sus documentos los descendientes de exiliados que viven en Toulouse o Ciudad de México?

El criterio autonómico resulta tan arbitrario como repartir los papeles por cuencas fluviales, pero lo peor es que, al parcelar los legajos por regiones, distorsiona la historia. Los fondos de Salamanca sirvieron para reprimir a catalanes, andaluces, madrileños, asturianos, vascos, murcianos o santanderinos: extraerlos de ese contexto y dispersarlos por autonomías o ayuntamientos es despreciar que hasta en la Guerra Civil y en la represión tenemos una historia común.

Una visión muy conveniente para quienes quieren olvidar que los presos y ejecutados tuvieron sus delatores y carceleros locales; para quienes homenajean a Companys, pero no al también fusilado Juan Peiró, que no debe de cumplir con los estándares de catalanidad necesarios para merecerlo; para los que buscan, en suma, reinterpretar la guerra y la posguerra como un conflicto entre un estado central dictatorial y unas regiones ansiosas de libertad habitadas por mártires.

¿Era imposible resolver el dilema? Con copias auténticas y razones morales de verdad, la ley habría podido establecer idénticos trámites para cualquier dueño legítimo de los documentos, en vez de dictarlos a la medida de una institución autonómica. Y habría garantizado al mismo tiempo la integridad de un archivo fundamental en nuestra historia, en el que se acredita que la represión no distinguió procedencias regionales, sino políticas. Los jugadores de sokatira han perdido la ocasión de prestar un gran servicio a la causa de la justicia y la verdad histórica.

Perdedores y perdedores
Editorial ABC 28 Enero 2006

Las triquiñuelas del Gobierno a propósito del Estatuto de Cataluña recibieron una respuesta sesgada hacia la cuestión: ¿quién gana y quién pierde? La retórica ignoró a las personas, y pareció que el asunto estribaba en saber si ganaban o perdían entidades colectivas, como Cataluña o Extremadura.

En realidad, la escala de la intervención política es tal que no hay forma de realizar esos cálculos de modo que resulten nítidos. El humo de la política nos invade, con su demagogia y sus agravios más o menos ficticios. Nótese que no estoy diciendo que la redistribución sea neutral. Parece claro que los que ahora mandan en España estarán interesados en que los que mandan en, por ejemplo, la Comunidad Valenciana o Madrid, no puedan presentarse ante sus electores con «éxitos» sino con «fracasos», y viceversa cuando las autoridades les son cercanas o aliadas fieles o no (pongo las comillas porque se trata siempre de trasiegos con dinero ajeno).

Hablando de cálculos, el recientemente fallecido Sir John James Cowperthwaite, cuya política liberal hizo de la pobre colonia de Hong Kong uno de los lugares más ricos del planeta, tenía una preciosa costumbre: no compilaba estadísticas económicas oficiales, porque decía que siempre incitaban a burócratas y políticos a intervenir y planificar.

Si logramos despejar el humo y vamos a la realidad de las personas, sigue valiendo la vieja regla: la gente procura pagar lo menos posible y recibir lo más posible, sabiendo que los impuestos no se cobran justamente sino a quien la política pueda y le convenga atrapar, y los gastos no se asignan justamente sino a quien la política pueda y le convenga pagar. Esto es lo que en última instancia define a ganadores y perdedores. A algunos nos parece un sistema inmoral, pero es lo que hay.

Y lo que hay sugiere una conclusión inquietante. Cuando la política prevalece sobre la sociedad, y como la política es incapaz de crear riqueza, le impone a la sociedad juegos de suma cero o incluso negativa si la prosperidad y estabilidad de una nación pueden correr peligro sólo por los embelecos que la política desarrolla en su propio interés.

Pocas voces lo señalan en nuestro país, y por eso celebro que ayer mismo ABC haya editorializado con tino sobre lo que nos espera, sugiriendo que la cesión ante los nacionalistas difícilmente se traduzca en impuestos menores y mercados más abiertos. En la misma línea argumentó Fernando Cortés, ironizando también sobre la manía narcisista de Zapatero y los suyos, que insisten en que todo lo que hace el Gobierno es bueno para todos. Es tentador concluir en sentido contrario: es malo para casi todos, pero bueno para el Gobierno.

Los visajes de Rubalcaba y los mitos de la nueva izquierda
Guillermo Urbizu elsemanaldigital 28 Enero 2006

Desde luego otra cosa no, pero lo que pasa por ser izquierda (y que en realidad es una amalgama confusa de quiromancia y caudillaje) resulta de lo más entretenida, a fuer de entrometida. No pueden parar quietos. Les consumen las cosquillas áulicas del poder. Gobernar no gobiernan, pero hacer la puñeta al prójimo parece haberse convertido en su máxima prioridad.

Para ello no hace falta ser de derechas. Basta simplemente con ser español y manifestar cierta inquietud por la política de Rodríguez. El prójimo español hoy por hoy -por acción o por omisión- es un tipo molesto, muy mal visto. Es alguien con el que no se puede consensuar o tomar unas copas. Ahora lo que pone es el papanatismo nacionalista, el terruño como criptograma del paraíso intervencionista.

Y ahí tenemos a sus principales actores. Ver a Rodríguez ante Iñaki Gabilondo fue una experiencia fascinante, teúrgica. ¡Qué brillo y oropel tiene el bulo! Y cómo sugestiona escucharle. Hoy una cosa y mañana otra. Recordaba uno a González -ese tonillo adulador y sinuoso que arrastraba por las vocales-, pero no. Rodríguez es muy distinto. Su corrupción moral se remonta al origen de su mandato. Y sobre él pesa la servidumbre de oscuros intereses que toca cumplir. "Tú sigues como presidente del Gobierno, pero…". Y ese "pero" es lo que llevamos sufriendo desde hace meses.

Yo siempre aconsejo seguir con atención las declaraciones y guiños de Rubalcaba. Él es uno de los muñidores más importantes y hábiles de todo este tinglado que rige los destinos de España. No está donde está por casualidad. Desde el 11-M (y de antes) lleva urdiendo tretas de progreso iridiscente. Desde el 11-M (y de antes) viene preparando el camino que Rodríguez recorre sin remilgos. Desde el 11-M (y de antes) va trabando el nudo gordiano que ate a la oposición del Partido Popular al yugo de su soledad política.

Su gesto es serio, pero su proceder es siempre retorcido. Una completa escenificación. "España no se merece un gobierno que miente", decía. Siempre que no sea el suyo, por supuesto. Y ha hecho de la farsa su mayor dedicación. También clama que nunca como ahora ha sido más fuerte la unidad de España. ¡Ay Rubalcaba! ¿Por quién nos tomas? Tal vez le pase como al tal Rubianes, ese bufón al que sólo nombrar España le hace sudar sus partes pudibundas. O como a Peces-Barba, que dice que la nación española "es un falso tópico".

Y es que estamos ante la nueva izquierda, de la que escribe con acierto Rodolfo Casadei. Es decir, ante la de siempre, pero en plan señorito. Fabricante de crédulas supersticiones y oscuras estratagemas, de fingimientos y fanatismos gregarios, de propaganda e instrumentalización de las instituciones del Estado. Pero debe ser que he sucumbido a la histeria.

Lección magistral de Derecho Constitucional
Jesús Laínz elsemanaldigital 28 Enero 2006

Los conceptos de Nación y Estado, tan claros en cualquier otra latitud, en Estepaís, que para algunos asuntos parece haber nacido ayer, siguen siendo objeto de discusión y causa de zozobra. Para colaborar en su clarificación transcribiremos aquí unos párrafos de un soberbio artículo aparecido el 30 de noviembre de 2004 en el diario asturiano de mayor tirada, La Nueva España de Oviedo. Probablemente sea de utilidad para quienes en estos días han estado tan enfrascados en malabarismos semánticos con motivo del estatuto catalán.

Comienza el autor citando la fuente de su conocimiento: "Estos problemes terminolóxicos suel esclariámelos un amigu que tien ganao y que por pasar tantes hores na braña y nel monte tien tiempu asgaya pa reflexonar sobre estes coses".

Según él la definición de nación es: "Un xatu recién nacíu", como corrobora el Diccionariu de l´Academia de la Llingua Asturiana, donde se la define como: "Animal acabante nacer".

Respecto a la relación entre la Nación y el Estado, el criterio de este pensador es claro: "Enantes d´esistir una nación, la vaca tien que tar n´estau".

Y continúa corrigiendo a los juristas: "Como esto ye cierto, ta claro que los que tan equivocaos son los espertos en Derechu Constitucional. Ellos diferencien dambos términos diciendo qu´esisten naciones ensín estáu. Como Cataluña. (…) Pero, ¿cómo va haber una nación ensin que la vaca tea n´estáu? Colo que l´orden más lóxicu ye que primero esista l´estáu y depués la nación. O sea, qu´una vaca pue tener bien de xatos. O, lo que ye lo mesmo, qu´España, que ye un estáu, pue tener bien de naciones".

Pasa a continuación a hacer un somero análisis del derecho constitucional comparado: "Lo d´Alemaña ye un casu aparte. Ye federal. Como los Estaos Xuníos. Pa entedenos, son naciones con una montonera d´estaos dientro. O, lo que ye lo mesmo, el mundu al revés".

Continúa con el análisis del caso español: "Cuando Cataluña diz que ye nación lo que de verdá ta diciendo ye que ye xata en vez de xatu y que´l día menos pensáu queda n´estáu. (…) Y Cataluña ta resultando ser una xata culona curiosa. Euskadi, pola contra, ye xatu. Y toos sabemos que los xatos nun preñen. Por más qu´Ibarretxe lo siga intentando".

–¡Maravilloso! –exclamé al concluir la lectura–. He aquí una pieza maestra de literatura humorística.

–No, no. De humor nada. Es en serio –me respondieron mis amigos asturianos.

Un servidor es un poco duro de mollera, por lo que, a pesar de la indudable respetabilidad de mis interlocutores, tuvieron que insistir para convencerme.

¿No es Estepaís el lugar más estupendo del mundo?

Tejero
Rubalcaba recupera el golpismo
Ignacio Villa Libertad Digital 28 Enero 2006

El ventilador está encendido. Las baterías de insultos han comenzado a disparar a discreción. El gobierno, el PSOE y sus partidos acólitos se han removido en sus sillas al ser conocidos los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial sobre la reforma del Estatuto de Cataluña. Ante ellos sólo hemos escuchado, como respuesta, una larga lista de insultos; carecen de argumentos, pero nervios tienen para dar y regalar.

Socialistas y aledaños han demostrado que tienen insultos para todos los gustos. La vicepresidenta De la Vega, visiblemente alterada, ha dicho del Partido Popular que son "francotiradores de la política"; el socialista Álvaro Cuesta ha dicho del Consejo General del Poder Judicial que son unos energúmenos; el independentista Tardá ha dicho del presidente del CGPJ que es un "Tejero sin tricornio". Una verdadera ofensiva de injurias que nos demuestra que el gobierno está nervioso, se encuentra desbordado por los acontecimientos y es consciente de que la reforma del Estatuto catalán les ha colocado al borde del precipicio.

Pero, sin duda, el termómetro más sintomático de la situación real del Ejecutivo ha sido de nuevo la reacción de Alfredo Pérez Rubalcaba. El referéndum propuesto por el Partido Popular parece haberlo colocado al borde del colapso. Hace unos días arremetía contra Rajoy diciendo que esa propuesta era propia de primero de carrera, ese momento mágico en que los políticos catalanes tienden a abandonar la universidad. Ahora ha salido diciendo que espera que el PP no cuente con Tejero como el primer firmante de la iniciativa popular.

Este hombre está cada vez peor; hay que estar muy mal para meter en danza a Tejero en esta historia. Rubalcaba, con una larga trayectoria en la manipulación política, se ha lanzado a la recuperación del golpismo. El que fuera portavoz del gobierno de los GAL y de la corrupción, el mismo que rompió el día de reflexión el 13 de marzo, ahora recupera el golpismo para hacer lo único que saben hacer: agitar, revolver y descalificar. Regresa el doberman socialista. Como si se hubiera ido alguna vez.

No obstante, sorprende recurrir a argumentos tan extemporáneos. Ha perdido frescura; Rubalcaba ya no es lo que era. Si todo lo que se le ocurre es hablar de Tejero, es que además de no tener argumentos se le está agotando la capacidad propagandística. Alguna buena noticia tenía que haber.

Terrorismo
Ocultar la realidad
GEES Libertad Digital 28 Enero 2006

Una de las estrategias fundamentales de los gobiernos de Aznar en la lucha contra el terrorismo fue la movilización de la sociedad. Cada atentado tenía no sólo una dura condena desde las instituciones, sino que iba acompañado de una fuerte respuesta de los ciudadanos. El grito de “¡Basta Ya!” simbolizaba el hartazgo de una sociedad democrática que ya había pagado con demasiados muertos la conquista de su libertad y la determinación de una nación para derrotar al terrorismo con toda la fuerza de la Ley.

El gobierno de Rodriguez Zapatero ha optado, en sentido contrario, por ocultar a la sociedad los atentados terroristas. Las bombas que atentan contra las instituciones más básicas del Estado no requieren ya condena por parte del Ejecutivo. Es más, se han producido atentados como la explosión del Valle de los Caídos que el Gobierno ha mantenido ocultos durante días.

Cada vez que el presidente del gobierno habla de paz, ETA coloca un par de bombas. Los artefactos tienen además cada vez mayor carga explosiva y se dirigen contra objetivos más estratégicos como la banda. Se trata ahora de amedrentar a la Justicia como último obstáculo para la claudicación política que planea Zapatero.

El gobierno ha tenido cierto éxito en esta política. El terrorismo que llegó a ocupar la primera posición en las preocupaciones de los españoles, ocupa ya, según el último barómetro del CIS, la tercera posición y bajando. Se trata de anestesiar la sociedad antes de darle la puñalada de rendirse ante los terroristas. Que los ciudadanos olviden el dolor y el sufrimiento causado por los asesinos, que el terrorismo quede en la memoria colectiva como algo lejano y ajeno. Sólo en ese estado de amnesia colectiva será posible que Zapatero pueda culminar sus planes de claudicación ante ETA.

En esa estrategia es fundamental silenciar a las victimas, aislarlas en su locura, condescender con su dolor, pero despreciarlas políticamente. Cuando las victimas se resisten a ser marginadas a su reserva de merca compasión, entonces no dudan en recurrir a la descalificación, a sembrar la cizaña entre ellas y al sistemático desprestigio de su asociación más representativa.

Hubo un tiempo en que las victimas del terrorismo se enterraban por la noche y a escondidas. Se quería también ocultar a la sociedad española la realidad terrible del terrorismo, para no tener así que asumir las responsabilidades políticas. En la lucha contra el terror, Zapatero nos quiere conducir veinte años atrás, a los denominados años de plomo. Con ello no sólo pisotea la dignidad de las victimas, sino que renuncia al arma más poderosa que existe para derrotar al terror: la voluntad de la sociedad de derrotarlo.

Pasión de gavilanes
Juan Carlos Escudier elconfidencial 28 Enero 2006

Zapatero parecía bobo, pero ha escrito un final tan sorprendente al thriller del Estatuto que va a terminar siendo Maquiavelo. Nunca hay que menospreciar a los guionistas. A Rajoy, que esperaba ver en la última escena a Carod-Rovira hundiendo su daga en un ejemplar facsímil de la Constitución y a Zapatero repartiendo trozos de la bandera de España como quien corta las corbatas en las bodas, se le han caído al suelo todas las palomitas. En un giro inesperado de la trama, el galán de la Moncloa ha roto con el separatista del bigote, le ha declarado su amor a CiU y, de paso, se ha quitado de en medio a Maragall, que es como esos familiares pesados que uno no sabe como echar de casa al acabar el postre. La unidad de España, según parece, está ahora a salvo aunque nos vaya a salir por un pico. Auténtica pasión de gavilanes.

Con los títulos de crédito ha empezado el drama de un PP que no esperaba un final semejante. La película le ha costado una crisis de envergadura, de la que pretende salir preguntando si nos parece bien que España siga siendo una única nación. A la fiebre del referéndum se ha unido hasta Tejero, que ahora ya no pide a los diputados que se sienten –coño- sino a los descontentos que se levanten para que España no se vaya a tomar vientos. La recogida de firmas promete ser apasionante.

Lo único bueno que tienen las crisis en el PP es que duran dos telediarios. El epicentro del terremoto ha sido Josep Piqué, un hombre de méritos indiscutibles. A diferencia de algunos políticos que actuaban como sus empleados, Piqué fue el único asalariado de Javier de la Rosa que triunfó en política. La verdad es que el dirigente catalán se atreve con todo. Cuando era ministro, trató de explicar que era legítimo alquilarse a sí mismo su casa para pagar menos a Hacienda y al partido le pareció bien; ahora ha tratado de justificar algunos de los puntos del nuevo Estatuto pactado con CiU, pero eso ya ha sido demasiado para los espíritus puros de la calle Génova.

Reducida la definición de Cataluña como nación a la expresión de un sentimiento recogido por el Parlamento, lo que venía a decir Piqué era que lo acordado no difería en exceso de sus propias propuestas sobre financiación y que además se había aceptado literalmente su idea de crear un consorcio para la Agencia Tributaria. En consecuencia, que nada impedía al PP unirse a la fiesta. Su inteligencia no le ha permitido ver que el suyo es un puesto amortizado porque su partido cree más rentable jugar a españolista en Andújar que a catalanista en Vilanova i la Geltrú. Su último favor al PP ha sido demorar su dimisión unas semanas, quizás unos meses, mientras el inefable Vidal-Quadras, su bestia negra, aún se sigue tronchando de risa.

La estrategia tremendista que el PP esta siguiendo en el trámite del Estatuto puede volverse contra Rajoy y dar a Zapatero un impulso insospechado. Las improvisaciones han sido constantes. Se anunció primero una iniciativa legislativa popular de recogida de firmas para convocar un referéndum en toda España. Como la propuesta es legalmente irrealizable, se modificó al día siguiente por una recogida de firmas de apoyo a una proposición parlamentaria del propio PP con la que se instaría a la consulta.

Para avivar las llamas de un fuego que se extingue se echó mano de Francisco José Hernando, el presidente del Poder Judicial que igual se apunta a clases de sevillanas que aprende catalán, para que el Consejo hiciera uno de sus famosos informes que nadie ha pedido pero que coinciden exactamente con lo que el PP defiende. El ridículo ha sido esta vez espantoso porque lo que se ha examinado no es el texto acordado entre el Gobierno y CiU sino el proyecto que salió del Parlamento de Cataluña.

El último clavo ardiendo al que agarrarse ha sido el exhaustivo dictamen del Consejo de Estado en el que aconseja al Gobierno modificar la Constitución para establecer el techo definitivo de las competencias autonómicas. El PP no ha tardado en pedir que se paralice el Estatuto, al tiempo que se ha deshecho en elogios hacia el organismo. Todo hubiera sido muy creíble si hace un año, cuando el Gobierno pidió opinión al Consejo, Rajoy no hubiera hecho mofa de éste y de su presidente, Francisco Rubio Llorente, al que acusó de parcialidad. El líder del PP llegó a exigir a Zapatero que retirara la consulta. Cosas veredes.

Dicho todo esto, sería bueno que los españoles conociéramos las cifras del acuerdo entre el Gobierno y CiU. El ejercicio es bastante simple. Consiste en explicar cuánto ha recibido Cataluña en 2005 con el actual sistema de financiación y cuánto hubiera recibido con el nuevo modelo. Según los primeros cálculos, Cataluña se embolsaría 1.800 millones de euros más al año, sin contar el compromiso de inversiones en infraestructuras de hasta 3.000 millones de euros en los próximos siete años. El meollo de la cuestión está en saber de dónde van a salir no sólo estos fondos sino los que harán falta para compensar a otras comunidades que puedan sentirse damnificadas.

Con todo, habrá quien considere que el dinero estaría bien gastado si, como dice Zapatero, el Estatuto resolviera durante décadas el ‘problema catalán’. Pero pensar eso sería ingenuo. Basta con escuchar a Artur Mas afirmar que el objetivo inmediato de CiU es conseguir todo lo acordado por el Parlamento catalán. La voracidad de estos nacionalistas es inextinguible.

Las consecuencias políticas están a la vista. Zapatero se libera de ERC y vuelve a dejar sin argumentos a los populares. Si el enfado de los republicanos fuera algo más que ceremonial, la crisis viajaría a Barcelona y liquidaría el tripartito. Sería el final anticipado para Maragall, que muy posiblemente no repetirá como candidato del PSC. La película termina con un primer plano de Zapatero mostrando su beatífica sonrisa. The end.

escudier@elconfidencial.com

Consejo pedido, consejo ignorado
EDITORIAL Libertad Digital 28 Enero 2006

Si el Consejo General del Poder Judicial ha publicado un duro dictamen sobre el Estatuto que se admitió a trámite en el Congreso, la filtración del informe del Consejo de Estado resulta un varapalo aún mayor para el gobierno. Sin haber sido preguntado por el proyecto estatutario de Zapatero, los juristas aconsejan una limitación explícita de las competencias de las comunidades autónomas en la Constitución. Si por las necesidades políticas de la Transición, las Cortes Constituyentes “prefirieron no agotar de forma conclusiva y definitiva el diseño territorial del Estado” dejando sin precisar ni el número de autonomías ni sus competencias, la intención de nombrar explícitamente a éstas en una carta magna reformada muestra que se ha producido una “consolidación” del modelo, que debería por tanto incluir sus límites.

Desgraciadamente, el PSOE ya ha anunciado que hará caso omiso de estas recomendaciones. López Garrido, el reputado jurista que perpetró la chapucera y fracasada denuncia del PSOE en el caso Tamayo, ha asegurado que sólo harán caso a aquella parte del informe que les interesa. Es de prever que Zapatero, igual que negó ante Gabilondo haberse comprometido a aprobar “el Estatuto que venga de Cataluña” –pese a estar sus palabras grabadas–, ahora afirmará no haber dicho jamás que el informe del Consejo de Estado constituiría la base de la reforma constitucional que iba a promover. Es una lástima para su credibilidad que sus palabras estén publicadas, nada más y nada menos que en el diario de sesiones del Congreso, pues las pronunció en su discurso de investidura.

Los socialistas están demostrando que sólo respetan la opinión de las instituciones a las que pueden someter. Si Álvaro Cuesta ya ha llamado energúmenos a los miembros del CGPJ, habrá que esperar las invectivas que derramarán sobre el Consejo de Estado. Lo único de lo que podemos estar seguros es de que tanto éste órgano como el Tribunal de Defensa de la Competencia serán ignorados por un ejecutivo que sólo presta sus oídos a los consejos que le dan la razón. Cabe preguntarse de qué sirven en nuestra democracia estos comités de expertos que los gobernantes pueden permitirse ignorar tan alegremente.

La democracia liberal no se limita al voto de unas mayorías que puedan hacer y deshacer a su antojo. Los gobiernos electos han de poder actuar de acuerdo con su programa y su ideología, pero siempre dentro de un marco respetuoso con la libertad individual y los derechos de los ciudadanos. Para garantizarlo, toda constitución que se precie de democrática ha de incluir un complejo sistema de pesos y balanzas institucionales que frenen todo intento de sobrepasar esos límites. La nuestra ha demostrado carecer de muchos de ellos, y el Consejo de Estado –incapaz por su carácter consultivo de formar parte de ese juego– tan sólo ha mostrado la vía por la que se debería cerrar una de esas múltiples brechas.

No obstante, estas consideraciones se limitan a las democracias liberales, aquellas que han portado la antorcha de la libertad, la igualdad ante la ley, la paz y la prosperidad entre el concierto de las naciones. Otra cosa distinta es la democracia bolivariana que, visto lo visto, parece ser el modelo al que nos quiere llevar Zapatero.

Excesos del Estatuto catalán
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  28 Enero 2006

EL TEXTO definitivo del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña se está decidiendo, en gran medida, en los pactos previos a su discusión parlamentaria. En la trastienda del hemiciclo se va componiendo laboriosamente la resultante del forcejeo entre el Gobierno español y los cuatro partidos catalanes que aprobaron el texto inicial, lleno de excesos y defectos llamativos, muy intervencionista y retocado siempre al alza, en una frívola carrera electoralista de las fuerzas enfrentadas.

La prueba de que sus excesos eran artificiosos, hijos de los celos entre competidores nacionalistas, es cuán fácilmente han aceptado eliminar puntos proclamados poco menos que sacrosantos. Así y todo, persisten dudas sobre la constitucionalidad de lo que quede, aunque no se conoce su tenor literal tras estos arreglos. Desaparecidos algunos vicios más gruesos, puede surgir el espejismo de que ya no hay más. Pero existen, y variados, sobre lengua, unidad de mercado y equidad de los esfuerzos fiscal y solidario. Un Estatuto debe ser acorde con la Constitución -lo que no está claro aún en este caso-, pero, además, conveniente para España y Cataluña, entendida como una de sus partes. No basta que sea meramente aceptable para una sola de las dos.

De ahí los justificados recelos sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses y la necesidad de que el presidente Rodríguez Zapatero muestre más interés en atender a las grandes mayorías sociales que a formaciones tan reducidas y sobrerrepresentadas como Esquerra, cuyo líder aseguraba esta misma semana ser "cada día más independentista". Algo que no importuna a Pasqual Maragall, el cual ha expresado su gratitud al socio secesionista, por el que ayer mismo abogó ante Zapatero. Ojalá que sin éxito, porque su pretensión invariable de descomponer España y desmembrarla hacen de ese partido, por propia elección, un enemigo nato del Estado de las Autonomías. Que Maragall mantenga tan estrecha sintonía con los independentistas y la amplíe, además, a los soberanistas vascos, es un capítulo excéntrico e infeliz en la centenaria historia del socialismo español.

Tampoco en Valencia
Editorial ABC 28 Enero 2006

AUNQUE la atención continúa centrada en el acuerdo sobre el Estatuto catalán y sus múltiples secuelas, no debe pasar desapercibido el previsible fracaso del pacto entre PP y PSOE en torno al proyecto estatutario para la Comunidad Valenciana. Zapatero no parece dispuesto a entenderse con el principal partido de la oposición en lo concerniente al modelo territorial, en contra del criterio expresado por muchas voces sensatas a las que se ha sumado últimamente el Consejo de Estado. Por el contrario, la arquitectura constitucional sigue siendo moneda de cambio para buscar apoyos coyunturales al servicio de estrategias partidistas. En este contexto se sitúa la probable ruptura del consenso entre los populares valencianos y el PSPV.

La responsabilidad del incumplimiento recae, como es notorio, en los socialistas, dispuestos a vulnerar el compromiso público y solemne adquirido ante los ciudadanos de aquella Comunidad autónoma. En efecto, en pleno debate sobre la propuesta en el Congreso de los Diputados, el Grupo Socialista se descuelga con el anuncio de que apoyará dos enmiendas de CiU e Izquierda Unida, inasumibles para el PP. Se trata de rebajar el listón electoral del 5 al 3 por ciento (con el objetivo evidente de dar entrada en el Parlamento autonómico al catalanismo extraparlamentario) y de eliminar la definición del valenciano como «idioma» para forzar así su asimilación al catalán. Así pues, el PSOE pretende aprovechar su mayoría en el Congreso, contando con la buena disposición de sus socios de antes y de ahora, para introducir las enmiendas referidas y situar al Gobierno que preside Francisco Camps ante la disyuntiva de rechazar el texto cuando vuelva a las Cortes valencianas (tras su aprobación en el Congreso) o de aceptar un Estatuto inasumible que sólo persigue montar un tripartito a la valenciana para desbancar a los populares de una de sus plazas más fuertes y seguras.

Con gran habilidad política, Camps logró en su momento un acuerdo que ha funcionado sin problemas hasta hace pocos días, puesto que incluso en la ponencia de la comisión constitucional, PP y PSOE aprobaron conjuntamente un total de dieciséis enmiendas. Pero está visto, sin embargo, que La Moncloa impone su estrategia, cuya primera regla en la presente legislatura se reduce siempre a lo mismo: nunca se debe pactar con el PP. Está a punto de descarrilar un texto razonable (con algunos aspectos discutibles, por ejemplo en materia de justicia), que aportaba un rayo de esperanza al acuerdo imprescindible entre los dos partidos que representan al 80 por ciento de los electores españoles. La obsesión del presidente del Gobierno por complacer a los nacionalistas exige -una vez más- que el resto de las comunidades autónomas vean preteridas sus aspiraciones legítimas.

La actitud del Ejecutivo hacia las autonomías cuyo gobierno no es afín al PSOE fluctúa, según los casos, entre el «ninguneo» y la hostilidad. Valencia -al igual que Madrid y algunas otras- se ve relegada a un segundo nivel cuando se trata de inversiones en obras de infraestructuras. Hay pocos temas tan sensibles en la zona mediterránea como los que afectan a la política del agua. Pues bien, nada se ha concretado al respecto, salvo, como ya es habitual, para anular los planes aprobados por el Gobierno anterior. En la misma línea, es notorio que las comunicaciones por carretera y por ferrocarril entre el centro y la zona levantina necesitan una mejora urgente. A pesar de ello, si todo va por buen camino, la llegada del AVE a Valencia no tendrá lugar hasta el año 2012. Tampoco se ha volcado el Gobierno en la Copa América, una excelente oportunidad para la promoción internacional de una región pujante en los ámbitos social y económico.

Gobernar para todos es un deber elemental en una democracia madura. Sin embargo, una vez más el interés general se subordina en este caso a las estrategias de partido. Es muy probable que el «modelo valenciano» quede arrinconado para satisfacer a las formaciones políticas que pretenden desvirtuar el actual Estado de las Autonomías. Tal vez la llamada «cláusula Camps» parece demasiado ambiciosa a los que están empeñados en configurar una España a dos velocidades. Es posible que algunos intenten reavivar la vieja querella sobre el catalán y el valenciano, un conflicto artificial y ajeno por completo al sentimiento social. Sea como fuere, no son buenas las perspectivas de que prospere un texto pactado y cerrado hace ya tiempo. Los electores valencianos tomarán buena nota de la actitud de unos y de otros si se consuma la ruptura anunciada.

La sal de la tierra
Editorial ABC 28 Enero 2006

Pilar Elías tiene pinta de cualquier cosa menos de heroína política; con sus collares y sus impecables trajes de chaqueta parece siempre a punto de ir a tomar la merienda con unas amigas, pero en vez de té con pastas ella se traga cada jornada tres o cuatro sapos Con su aspecto de apacible madre de familia y con sus dos tragedias a cuestas -la personal y la política- Pilar defiende en Azkoitia la memoria de su marido asesinado por ETA y la libertad de todos. Hoy está en los periódicos pero mañana volverá a quedarse sola. Si un día abandona su pueblo aburrida, asqueada y cansada de tropezar cada mañana con los ojos del asesino, su esposo habrá muerto por segunda vez y todos habremos sido parcialmente responsables de esa derrota.

Maite Pagaza y María San Gil tampoco tenían previsto en el guión de sus vidas haber coincidido el jueves en el pleno municipal de Azkoitia. Mayte responde al biotipo de intelectual progresista y María al de una chica bien de San Sebastián; una es socialista y la otra del PP. De no haber sido por ETA sólo habrían compartido su pasión por las lenguas y la literatura pero asesinaron al hermano de la primera y al amigo de la segunda; desde entonces han compartido además funerales, manifestaciones e insultos del nacionalismo. Desde entonces están en la misma lucha: Mayte es la voz serena y lúcida de las víctimas y María el entusiasmo en una causa casi imposible. Como Rosa Díez o Gotzone Mora hablan con la claridad de los valientes, con un discurso cuajado en el sentido común y la pasión por la libertad. No manejan la calculadora del rédito político ni coquetean con las supuestas soluciones pacíficas. No hacen juegos malabares; ni con las palabras, ni con los principios.

Resulta llamativo y ejemplar el protagonismo casi absoluto de las mujeres en lo que queda del constitucionalismo vasco. En una Euskadi donde la bandera del feminismo oficial se limita a la bronca de cada verano en el Alarde de Fuenterrabía, el coraje político y la resistencia civil están encarnados por este heterogéneo grupo de señoras ajenas a las cuotas y las paridades artificiales. No han llegado hasta ahí para dar testimonio de feminismo sino por la obligación moral de continuar la tarea de los ausentes. En este país de zorrones televisivos y ministras de cuota, Pilar, María, Rosa, Mayte o Gotzone se han convertido en la auténtica sal de la tierra: ni ETA ha podido expulsarlas de su país ni el nacionalismo ha conseguido callarlas. Los aventureros políticos, sobrados de osadía y escasos de escrúpulos, deberían tenerlas más en cuenta. Sólo tiene derecho a teorizar sobre cicatrices quien las lleva escritas en la piel.

Envenenada recomendación del CAC
Editorial ABC 28 Enero 2006

SI existía alguna duda del carácter intervencionista -con inevitables sombras censoras- sobre la libertad de expresión e información del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), el proyecto de nuevo Estatuto ha aportado la prueba definitiva. Este órgano tiene intención de elaborar unas «recomendaciones» sobre el tratamiento informativo que debe tener la campaña del referéndum para la aprobación del proyecto estaturio. Erigido en una especie de «príncipe de la verdad» -recordemos que el tripartito catalán le ha encomendado la misión de decir qué noticia es o no es cierta-, el CAC parece empeñado en enseñarles a los medios (públicos y privados, la ofensa alcanza a todos) a hacer su trabajo. Que este Consejo que pretende dar lecciones doctrinales de cómo tratar ese acontecimiento sea el mismo que puede, si lo estima oportuno, poner sanciones y retirar licencias confiere un carácter casi siniestro a lo que desde el CAC se vende como unas simples «recomendaciones para que los ciudadanos tengan una buena información». Entra dentro de lo lógico que quien hurta a los tribunales su función jurisdiccional y pretende dirimir lo que es o no verdad, termine por asumir el papel de decir lo que es «bueno» y lo que es «malo». De la «policía de prensa» al «mesianismo informativo».

Los ciudadanos, simplemente
TONIA ETXARRI El Correo 28 Enero 2006

De no haber sido por la presión de los ciudadanos que ya no tienen nada que perder, seguramente la Justicia no habría actuado (la Audiencia Nacional, claro está, porque el fiscal general ni está aunque se le esperaba) para colocar las cosas en su sitio y reponer a Pilar Elías, la viuda del edil centrista Ramón Baglietto, asesinado en 1980, la dignidad con la que merece vivir. Después de haber sufrido una situación tan humillante como la de haber tenido que soportar la vecindad del asesino de su marido, haciendo negocio debajo de su vivienda, si la Audiencia no hubiera atendido la denuncia de los amigos de la viuda para embargar los bienes de quien dijo, en su día, que era insolvente, seguramente nadie se habría enterado de este calvario.

Porque tan sólo después vinieron los partidos. Con su actuación, por cierto, se ha liado un espectáculo bochornoso provocado por quienes estaban tan solo preocupados por los derechos de reinserción de los presos que no tienen, por cierto, interés alguno en reinsertarse al no haber mostrado ningún gesto de arrepentimiento. Al final el propio PNV, y con una explicación que quedó más bien tibia que otra cosa por parte del jelkide Urkullu, tuvo que corregir el texto de su vergonzante moción en el que venía a decir que se le dejara en paz al pobre ex recluso, porque tenía derecho a rehacer su vida.

Fue un golpe tan bajo para las víctimas y provocó tal escándalo que el PNV corrigió su pluma. Tarde y mal. Se podrían haber ahorrado tanta tensión provocada por ellos mismos. No se pueden olvidar más de treinta años de persecución y muerte de quienes no han compartido la ideología de ETA. Se lo han oído decir mil veces a Nati, la viuda de Fernando Buesa, como a tantas otras víctimas del terrorismo. Si se quiere la reconciliación, habrá que empezar por exigirle a ETA que pida perdón.

Estamos lejos de eso. A Otegi le cuentan otras cosas. En tiempos delicados hay que ser muy cuidadosos con las palabras. Mientras Maragall se hace un lío con López porque creía haberle entendido que el derecho a decidir también 'le pone' al dirigente vasco (normal que le malentendiera, por otra parte, teniendo en cuenta que días atrás había dicho que se mostraba partidario de incluir el término 'nación' en el preámbulo del futuro Estatuto vasco), la afición espera con impaciencia que Zapatero sea transparente en sus mensajes. Que desvele, por fin, los detalles del acuerdo catalán que ha dejado a ERC con la boca abierta.

Habrá que convenir que la presión de la ciudadanía también ha hecho lo suyo para que Zapatero se haya empezado a liberar del lastre de los socios más incómodos que ha conocido. Seguramente, esta maniobra tan oscura pero de resultados tan brillantes, se la reconocerán los encuestados en los próximos sondeos del CIS.

LA PEOR NOTICIA PARA TODOS
HORACIO VÁZQUEZ-RIAL ABC 28 Enero 2006

Fue un pensador clásico de las izquierdas, el polaco Adam Schaff, quien escribió hace ya más de diez años, en un reconocimiento insólito de un pasado en el que él había desarrollado un discurso populista y prosoviético, que los líderes fascistas europeos habían gozado «del respaldo al menos de parte de la clase obrera la verdad es que en su mayoría la gente apoyó la dictadura y se alineó con el fascismo». Los liberales lo habían comprobado en sus carnes mucho antes, pero la cita viene al caso porque prueba que a estas alturas de la historia todos somos conscientes de que las masas tienden a la fascinación por determinados extremos y de que la propaganda bien administrada, sobre todo si se la baña en sangre, tiene efectos casi mágicos sobre ellas.

El electorado palestino no podía ser la excepción. Hamás ha ganado por mayoría absoluta y posee más de la mitad de los escaños en el Parlamento. Abu Mazen ha recibido la dimisión en pleno del gobierno de la Autoridad Nacional Palestina y es probable que se vea obligado a desaparecer de la escena política. Huelga repetir aquí que Hamás es una organización terrorista: los informativos de distintas cadenas de televisión han insistido en ello hasta el hartazgo, subrayando siempre un matiz: es terrorista «a juicio de los Estados Unidos, Israel y la Unión Europea». ¿Cabía esperar otra cosa? Ni Rusia, con un serio problema de terrorismo islámico en su propio territorio, ni la India, con una enorme población musulmana y varias organizaciones radicales de esa tendencia actuando en el país, ni China, que no es ajena a la cuestión, por problemas internos y por su relación buenista con Irán, iban a pronunciarse en ese sentido: no tienen ningún interés específico en la supervivencia del Estado de Israel.

La definición metodológica de Hamás, con ser importante, no es, sin embargo, la cuestión clave en este proceso, que redefine el papel de Palestina en el mundo y obliga, una vez más, a plantear el problema del modelo de Estado, algo siempre postergado por la OLP, Al Fatah, Arafat y Mahmud Abbas. La causa de esa eterna postergación parece evidente: no podían vender a Occidente la república islámica y no podían vender en el interior, ni en los países árabes, el Estado laico. El que hubiese o no hubiese elecciones, para poder hablar de democracia, era algo absolutamente secundario, y los resultados de la votación que tenemos a la vista revela que sigue siéndolo. El triunfo ha sido del islamismo integrista, del difunto jeque Yasín, y, si bien a las actividades de Hamás han venido contribuyendo tanto Siria como Irán, será Ahmadineyad quien se lleve el gato político al agua.

Porque, y esto sí es clave, Hamás se opone tanto como el presidente iraní a la existencia misma del Estado de Israel, y ocupará el gobierno para romper con la Hoja de Ruta y dedicar sus mejores esfuerzos a la destrucción -el término es el que ellos usan- de su vecino. A borrarlo del mapa. El proyecto no es nuevo: en 1947, ante el decreto de partición, la Liga Árabe, conformada por cinco Estados árabes vecinos -entonces no se hablaba de palestinos- decidió que lo más conveniente era «arrojar a los judíos al mar» y optó por una declaración de guerra el día mismo de la creación del Estado de Israel. Si un éxito político consiguió Israel fue que el propio Arafat, propulsor durante mucho tiempo de la solución final marítima, se sentara a negociar con los israelíes. Ahora eso se termina: va a gobernar el partido de los terroristas suicidas, las celebraciones postelectorales incluyen ráfagas de ametralladoras incontroladas al aire y tienen el aire de siniestra alegría popular que se evidenció en los días inmediatos al 11-S.

Los dirigentes de Hamás pueden ser muchas cosas, pero no tontos. Saben como el que más que la fundación de un Estado palestino depende de la existencia de Israel, y que Palestina no es, para los que financiaron y financian a las organizaciones que la hacen ingobernable, una entidad sociopolítica nacional sino, a lo sumo, el foco de un conflicto que pretenden permanente en tanto no desaparezca Israel y, de ser posible, los Estados Unidos. No es improbable que, como radicales islámicos, carezcan del menor interés en consolidar un Estado. Si le preocupara esa cuestión, se verían obligados a gobernar, reemplazando a la actual Policía de la ANP por sus propios hombres, haciéndose cargo de la quiebra económica y fijando una posición inmediata sobre la Hoja de Ruta, al margen de su proyecto final de aniquilación de Israel. Es decir, haciendo política, cosa bastante más difícil que el envío regular de hombres bomba al otro lado de la frontera. Y no está claro que sea ése el camino que vayan a elegir.

Mushir al Masri, uno de los miembros de la lista de Hamás, ha afirmado que «las negociaciones con Israel no están en nuestra agenda», así como tampoco «reconocer a Israel», algo que parecía ya hecho. Y redondeó su exposición, según informa ABC, diciendo que «esta victoria demuestra que el camino de Hamás es el adecuado»: el camino de la violencia.

Ehud Olmert, un hombre enfrentado a circunstancias excepcionales y que, por tanto, puede pasar a la historia como gran estadista o como culpable de un desastre, no puede pronunciarse hasta que lo haga Hamás, en términos oficiales y desde el poder. La presencia del ausente Sharón como sombra vigilante sobre todos sus actos viene a complicarle la situación. No tendría sentido entregar Cisjordania a quien únicamente la va a aceptar como adelanto del botín territorial total, y obtener compromisos en ese sentido del nuevo gobierno palestino no será cosa sencilla, si es que se logra. Pero la retirada de Cisjordania forma parte de los compromisos internacionales de Israel y le será igualmente difícil romper la Hoja de Ruta unilateralmente. De todos modos, si lo dicho por Al Masri, que no es dirigente principal de su organización, es asumido por su partido desde el gobierno, pocas posibilidades le quedan a la paz, a la Hoja de Ruta o a cualquier otra de las estrategias y de las tácticas que fundamentaron la política israelí en la última década con más o menos variaciones. No es lo mismo negociar reclamos puntuales en pie de igualdad que defenderse del exterminio. Y el exterminio de Israel parece ser el eje del programa de Hamás.

La victoria de Hamás resulta aún más inquietante porque tiene lugar en un contexto internacional particularmente hostil para Israel, con la presencia americana en Irak cuestionada -aunque imprescindible-, con un Irán convulsionado pero que da un apoyo muy mayoritario a los planes nucleares de su presidente y secunda con entusiasmo sus tiradas judeófobas, con una Unión Europea cuya política en la región no acaba de definirse y con unos populismos en ascenso en Hispanoamérica que, en nombre del antiimperialismo y sentados sobre muchos millones de litros de petróleo, han venido reforzando sus lazos con la Liga Árabe. La amenaza iraní está siendo subestimada del mismo modo en que se subestimó en su día la amenaza hitleriana, con el agravante de que los nazis no poseían ingenios atómicos. Y que nadie se llame a engaño: Israel es sólo el primer capítulo, el más breve. Después, el objetivo es Occidente.

"O SE LES APLASTA O LA VIOLENCIA SE ENGOLFA"
Jon Juaristi califica de "melonada" y "gansada" la teoría de Zapatero sobre ETA
El escritor y catedrático vasco Jon Juaristi calificó este viernes de "melonada" las declaraciones vertidas el jueves por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre que en la actualidad se está ante "el principio del fin" de la violencia de ETA. Para el ex director del Instituto Cervantes y de la Biblioteca Nacional, "o se les aplasta, o la violencia se engolfa" por lo que la teoría del presidente del Gobierno es una "gansada".
Europa Press Libertad Digital 28 Enero 2006

En declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, Juaristi advirtió de que la situación actual en el País Vasco "no se arregla tan fácilmente" como Zapatero cree. Además, consideró que el planteamiento del jefe del Gobierno "no es el más conveniente para tratar con ETA". Para él, el hecho de que la banda terrorista lleve casi tres años sin matar "no demuestra nada" porque, según él, "el nacionalismo vasco necesita una ETA latente, rebajada". Por este motivo, él sólo ve dos formas de que el terrorismo nacionalista desaparezca. "O se les aplasta o bien la violencia se engolfa dentro de la comunidad nacionalista, como ocurrió con el IRA cuando mató a McCartney, que como era republicano nacionalista, tuvieron que dejar las armas", argumentó. Juaristi se refería al asesinato por parte del IRA del simpatizante republicano Robert McCartney en una reyerta en un pub a principios de 2005.

"Si no se dan ninguna de estas dos condiciones, todo lo demás son músicas celestiales. No hay negociación posible con una banda terrorista", aseveró el miembro del patronato de la Fundación por la Defensa de la Unidad de España, que se presentó ayer públicamente. Con respecto a los rumores sobre una eventual tregua de ETA, alertó de que, cuando se habla de la banda terrorista, "no se puede separar tregua de lucha armada porque la tregua, además de servirle para reorganizarse, suele ser un elemento de intimidación y disuasión" porque una vez establecida la tregua, pueden amenazar con romperla si las cosas no van bien.
Juaristi, que presentó ayer su libro de memorias 'Cambio de destino', basado en sus vivencias en su tierra natal, el País Vasco, también criticó a Zapatero por "decir que los particularismos refuerzan la cohesión". Eso, según él, es una "gansada" y avisó, en este sentido, de que no ve "cerca la implosión de España, pero sí su invertebración". Por otra parte, describió la entrada de Zapatero en el ordenamiento constitucional "como la de un elefante en una cacharrería para así poder responder a unos partidos minoritarios que representan a muy poca gente y que piden cosas muy poco sentidas por la mayoría de los ciudadanos". Avisó asimismo de que "si se juega mucho con estos temas", en alusión a las reivindicaciones nacionalistas "y de forma tan irresponsable, se acabará con los cimientos de este país por muy sólidos que estén".

Dos jefes de los comandos controlan desde la cárcel la «dirección en la sombra» de ETA
«Txikierdi» y «Kantauri», junto a otros doce reclusos, forman parte del comité por el que pasan las grandes decisiones
J. M. Zuloaga / R. L.Vargas La Razón 28 Enero 2006

Madrid- La influencia que el colectivo de presos de ETA ha tenido siempre en las decisiones de la banda ha aumentado en los últimos meses hasta el punto de que se puede afirmar que Juan Lasa Michelena, «Txikierdi», y José Javier Arizcuren Ruiz, «Kantauri», forman parte del grupo de cabecillas que marcan la estrategia de la organización criminal. El primero se halla recluido en la cárcel de Granada y el segundo, en la de Saint Maur, en Francia.

Lasa y Arizcuren componen, junto a José Antonio Urruticoechea, «Josu Ternera», que está huido de la Justicia, el «triunvirato» que fija la línea de actuación (tipo de atentados, frecuencia, objetivos, etcétera) que debe seguir la banda terrorista. La concreción a nivel operativo corresponde a los cabecillas que se esconden en Francia y que están al frente de los distintos «aparatos» («militar», «logístico»...).

Dirección política. Fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN señalan que estos individuos, que, lógicamente, tienen que comunicarse a través de terceros, conforman la «dirección política» aunque hay otros reclusos, como Juan Antonio Olarra, Ainoa Múgica, José López («Kubati»), Ibon Fernández («Susper»), y los que integran la llamada «interlocución» para asuntos carcelarios (Argi Perurena, Daniel Dergui y Ana Egües, además del propio «Txikierdi»), que también tienen una gran influencia.

Recientemente, en un juicio celebrado en París contra Olarra y Múgica, la fiscal Sonya Djemni Wagner confirmó que dentro de las cárceles hay una «dirección en la sombra» de ETA, denominada «Zuhaitu», integrada por 14 individuos, de la que formaban parte los dos encausados. Este importante dato se rescató del ordenador que se incautó al jefe del «aparato político», Miguel Albizu Iriarte, «Mikel Antza», detenido el año pasado en Francia.

Según las fuentes consultadas, Juan Lasa y José Arizcuren son los jefes de «Zuahitu» y, por lo tanto, se puede afirmar con toda certeza que forman parte de la «dirección máxima» de ETA.

La influencia de los reclusos dentro de la banda ha crecido por diversos factores: los cabecillas que dirigen la organización desde la clandestinidad en Francia carecen, salvo «Josu Ternera», de peso político, y la relevancia que, supuestamente, debería haber cogido Batasuna, según la «propuesta de Anoeta», no se ha producido, por más que determinados sectores de la política española se empeñen en hacérselo creer a la opinión pública.

ETA sigue siendo la «vanguardia» y es la que marca las directrices, no sólo de lo que hacen los pistoleros, sino de todas las organizaciones de su entramado.

La «propuesta de Anoeta» no pasa de ser, según los medios consultados, una estrategia más para conseguir que el Gobierno rebajara la presión antiterrorista e hiciera una serie de cesiones a cambio de un «proceso de paz» del que se habla continuamente y que, si hacemos caso a los portavoces proetarras y a círculos del Ejecutivo central, va muy bien, pero no se concreta en nada.

De momento, la decisión que han adoptado los presos es la de aumentar el nivel de los atentados. El perpetrado el pasado jueves contra los juzgados de Balmaseda, en Vizcaya, con una bomba de 15 kilos de explosivo, demuestra este progresivo endurecimiento de las acciones criminales.

Material para explosivos. Tras el parón por la matanza del 11 de marzo en Madrid y la reanudación de las acciones criminales, en el verano de 2004, con bombas de escasa potencia contra intereses turísticos, los artefactos tienen cada vez más poder destructivo y, en poco tiempo, la banda terrorista puede disponer de amonal, un explosivo «rompedor» utilizado en los coches bomba. Tal y como publicó este periódico en exclusiva, la Policía francesa ha confirmado que fue la banda la que robó, el pasado mes de diciembre, una importante cantidad de polvo de aluminio, uno de las sustancias con que se fabrica el amonal. El hallazgo de determinados indicios en la furgoneta con la que se perpetró la sustracción del material así lo acredita.

En el caso de que la banda terrorista anunciase algún tipo de tregua, temporal o sectorial, los reclusos, y, en concreto «Txikierdi» y «Kantauri», como dirigentes de la «dirección en la sombra», habrían tenido que dar el visto bueno.
La presencia de estos dos individuos al frente de la estructura etarra, con un amplio historial delictivo a sus espaldas y con las «ideas muy claras sobre los objetivos a conseguir», hace concebir muy pocas esperanzas, por no decir ninguna, de que ETA decida, a corto o medio plazo, la tan repetida, desde medios gubernamentales y socialistas, «entrega de las armas», según las citadas fuentes.

Carmelo Gonzalez reclama que hijos sean escolarizados en castellano en Cataluña.
Email  28 Enero 2006

Les escribo en nombre de Carmelo Gonzalez, que ha anunciado ésta semana una posible de huelga de hambre si no se respeta la legislación vigente y las sentencias del TSJC e informes del defensor del pueblo, para que sus hijos sean escolarizados en castellano en Cataluña. Carmelo quiere anunciar una serie de medidas de mucho impacto que que va a tomar a nivel personal, aunque cuenta con apoyos de plataformas ciudadanas, medios y partidos (de forma independiente) que sumar a ésta serie de iniciativas. Está decidido a llevar su reivindicación hásta las últiumas consecuencias democráticas, siempre en un entorno de respeto a las libertades (incluyendo los derechos de los catalanoparlantes a usar y promocionar su lengua y costumbres). Su mail de contacto es cglez05@yahoo.com.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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