AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 30 Enero 2006
Crisis nacional y de la clase política
Pablo Sebastián Estrella Digital 30 Enero 2006

La política de la duración y el nihilismo político
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 30 Enero 2006

Si sólo incumpliera la ley del tabaco
EDITORIAL Libertad Digital 30 Enero 2006

Españas y anti-Españas
José Javier Esparza elsemanaldigital 30 Enero 2006

Cataluña y la loapa al revés
Editorial ABC 30 Enero 2006

Un proceso que nunca se cierra
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 30 Enero 2006

Fíjense en el presidente
Editorial ABC 30 Enero 2006

¿De qué estatuto hablamos?
JORGE TRIAS SAGNIER ABC 30 Enero 2006

Normalidad ovina y fin del Estado-nación
Agapito Maestre Libertad Digital 30 Enero 2006

Un ambiente de fin de Régimen
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 30 Enero 2006

Desestabilización
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 30 Enero 2006

El imprescindible referéndum
Isabel Durán Libertad Digital 30 Enero 2006

Víctimas con nombre
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 30 Enero 2006

España: ¿tiene el gobierno miedo a los ciudadanos?
Francisco Rubiales  Periodista Digital 30 Enero 2006

Dejad hablar a Teresa
aybarra@abc.es 30 Enero 2006

José Álvarez junco, Historiador: «Para desarrollar una identidad española fuerte hay que basarla en la Constitución»
La Razón 30 Enero 2006

Los profesores universitarios, obligados por la Generalidad a aprender catalán para obtener plaza
Libertad Digital 30 Enero 2006

El 60% de los españoles cree que la financiación del Estatut provoca desigualdad entre comunidades
R. N. La Razón 30 Enero 2006

Alcaraz denuncia la "permisividad" del Gobierno ante la manifestación de apoyo a los asesinos de Baglietto
Europa Press Libertad Digital 30 Enero 2006

«Una sociedad normal y sana hubiese impedido algo tan cruel como lo de Azkoitia»
DAVID GUADILLA/BILBAO El Correo 30 Enero 2006

Las lenguas en Cataluña 1
JOAQUÍN PRIETO, EL PAÍS,  30 Enero 2006

Crisis nacional y de la clase política
Pablo Sebastián Estrella Digital 30 Enero 2006

La ausencia de un centro político, en el PSOE y el PP, y de dirigentes dotados de las más elementales convicciones democráticas está facilitando la crisis nacional —en la que se incluye un soterrado cambio de régimen y de Constitución y la violación constante del Estado de Derecho— en la que nos ha embarcado el irresponsable presidente Zapatero, que tiene desconcertado al líder del PP y de la oposición, Rajoy. Y ante la que parece indefensa, muda y en la mayor orfandad la sociedad civil, ahora abandonada de todos e incluso de los intelectuales, hoy ubicados en las respectivas escuderías mediáticas de los partidos e incapaces de dar un do de pecho por encima del ruido general.

El Estatuto que Zapatero les ha regalado, sin venir a cuento, a los nacionalistas catalanes y en contra del interés general de España sigue causando destrozos irreparables en la crisis nacional abierta, donde la clase política del PSOE y del PP y su entorno mediático y financiero están dando la talla de su incapacidad para abordar con rigor la gravedad de la situación y promover iniciativas que permitan encontrar una salida al conflicto, si es que queda alguna que no sea la de frenar en seco el Estatuto, por mucho que se enfaden los nacionalistas o estalle el Gobierno catalán antes de que lo haga el Gobierno español y se produzca en toda España un terremoto de mayor cuantía.

Porque a medida que se va conociendo el texto secreto del Estatuto catalán progresa la indignación nacional, mientras los eufóricos nacionalistas festejan su éxito con mayores desafíos y disparates. Pujol afirmando que esto es un primer paso hacia una conquista superior, la independencia; Ibarretxe convencido de tener expedito el camino —con la ayuda de ETA— para conseguir el Estado asociado, y Mas y Carod emulando a los payasos de las bofetadas en la pista central del gran circo catalán, por donde deambula denostado por todos, incluso por Zapatero y su partido, Maragall.

El ruido de sables, que debe ser mayor del que dice el pintoresco ministro de Defensa, José Bono, traidor a la España que pregonaba y que ahora afirma que los militares no deberán aprender catalán, ¿y el resto de los españoles sí? (otra inconstitucionalidad), y el galopante deterioro en los sondeos electorales de Zapatero, su Gobierno y del PSOE —el último de El País suspende al presidente, da un empate al PSOE y al PP y exhibe la protesta nacional contra el Estatuto— son las amenazas exhibidas dentro del PSOE para callar a los barones disidentes del partido. Los que se están tragando todo un documento inconstitucional e insolidario, de derechas e involucionista en las libertades y derechos democráticos, por miedo a que de alguna manera estalle la situación, o caigan en picado en las próximas elecciones.

Algo que, por el momento, es difícil de imaginar ante la escasez de liderazgo, firmeza y claridad de las posiciones de un PP en el desconcierto que, en vez de defender el interés general y no sólo la ideología de su partido, gira hacia la derecha más conservadora con errores de bulto y contradicciones de gran calado, como los que han protagonizado los dirigentes Elorriaga —por “amparar” la declaración del teniente general Mena— o la de Piqué elogiando el Estatuto al margen de la dirección de su partido y del sentido común. Sin olvidar el protagonismo desmedido de las estrellas del 11M y de la guerra de Iraq, Zaplana y Acebes, amparando el regreso de los fantasmas Aznar y Fraga, que son los que abrirán la convención del PP del mes de marzo, para que Rajoy quede eclipsado y la batalla del Estatuto se reduzca a una pelea entre posiciones extremas del PP y del PSOE más los nacionalistas.

Dejando, unos y otros, en el mayor desamparo al conjunto de la sociedad y en silencio a las posiciones más democráticas del PSOE y del PP ante la ausencia de un partido de centro y la incapacidad de rebelión de dirigentes más razonables de ambas formaciones, que permanecen mudos ante los disparates de sus respectivos jefes. Aunque a sabiendas todo el mundo de que la mayor y determinante responsabilidad cae del lado del presidente Zapatero, autor de todo el desbarajuste nacional. El que avanza como puede y sin saber a dónde va y el que en una reciente entrevista hizo gala de su propio desconcierto y de una colección de mentiras impropia de cualquier dirigente democrático, que no recibió respuesta alguna por parte de la oposición.

Y quien habla de la clase política lo mismo puede hacer de los medios de comunicación afines a uno y otro partido —El Mundo creando toda clase de intrigas en el PP, El País ocultando la gravedad y el alcance del desafío estatutario y ABC acercándose con sigilo al nacionalismo catalán—, así como las grandes empresas y sectores financieros cuyos primeros gestores se escandalizan en privado de la crisis pero sin perder la oportunidad de sacar provecho de la misma ofreciendo su apoyo al mismo Gobierno que denostan en privado.

Hacia dónde va España? Nadie lo sabe, ni el presidente Zapatero, ni el líder del PP, ni los más influyentes sectores de la sociedad. Y eso que ya tenemos un cosa muy clara: el Estado de Derecho ha dejado de funcionar, en Cataluña y en el País Vasco, por decisión del Gobierno del PSOE, digan lo que digan ciertos jueces, tribunales de la competencia, el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado, en espera de la última palabra del Tribunal Constitucional, muy lento y convertido en campo de batalla de las intrigas y las influencias de los partidos, mientras la Corona, ausente del debate, mira al cielo a ver si deja de nevar.

La política de la duración y el nihilismo político
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 30 Enero 2006

... En España, la izquierda olvida su tradición jacobina y su fidelidad a la nación para abrazarse con los nacionalismos, canjeando igualdad por privilegios identitarios, olvidando a las personas para entregarse a las identidades colectivas...

LA situación política española suscita tristeza y perplejidad. Es de buen tono, de una impecable corrección política, deplorar el declive de la cortesía, el partidismo rampante y ramplón, la falta de sentido cívico y de responsabilidad, y la apoteosis del fanatismo sectario. Y queda bien repartir mandobles admonitorios a diestra y siniestra, y exigir la recuperación del diálogo y la concordia entre los dos grandes partidos, y su acuerdo en los grandes asuntos de Estado. Pero lo que ya empieza a resultar impertinente es indagar a quién le corresponde la responsabilidad principal, a menos, eso sí, que uno, aunque sea faltando a la verdad, eche la culpa a la derecha de toda la vida que, como siempre, termina por echarse al monte antidemocrático. Pues esto queda, desde luego, muy bien, al menos en algunos ámbitos. Pero si se contempla la realidad sin prejuicios, y sin negar que algunos dirigentes de la derecha no se comportan como exquisitos caballeros ni hablan como reflexivos pensadores, se concluirá que aquí quien ha cambiado nítida, y aun radicalmente, su política ha sido la izquierda socialista. Por eso ponen tanto empeño en convencer de lo contrario, de que la derecha se ha vuelto preconstitucional, antidemocrática y casi fascista. Mas, ¿quién ha cambiado su estrategia en la lucha contra el terrorismo? ¿A quién no le satisface la Constitución, al menos en parte, y aspira a reformarla (a veces por la vía de hecho)? ¿Quién ha operado un giro radical en la política exterior? ¿Quién se ha vuelto más complaciente con los nacionalismos insaciables? ¿Quién ha emprendido un programa intervencionista y antiliberal de reformas sociales y de las costumbres? ¿Quién aspira a relegar al otro partido al frío inclemente de la marginalidad? ¿Quién se ha comprometido a no pactar con el otro?

No creo que la política española viva un debate ideológico. Por eso quien aspire a entender la gestión del Gobierno a partir del examen de ideas, principios y valores, se verá necesariamente defraudado. Claro que apelan a algunos de ellos, pero se trata de algo parecido a lo que el politólogo italiano Gaetano Mosca llamaba «fórmula política», puros argumentos para justificar el propio poder y conservarlo. Ciertamente, la izquierda occidental vive una grave crisis, después del fracaso del «socialismo real» (el irreal, precisamente por serlo, nunca fracasa). Se debate entre la utopía fracasada y la socialdemocracia brumosa. Exhibe su crisis cuando se define mediante un puñado de «antis»: anticapitalista, antisistema, antiyanqui, incluso anticristiana. No existe un sistema ideológico más o menos identificable, sino meros retazos de algo que tuvo sentido en un tiempo pasado. El «anti», la definición negativa, es la última fase de degradación de los «ismos». En España, la izquierda olvida su tradición jacobina y su fidelidad a la nación para abrazarse con los nacionalismos, canjeando igualdad por privilegios identitarios, olvidando a las personas para entregarse a las identidades colectivas. Y asume una especie de fobia antiespañola. Y arroja por la borda la transición, la concordia y, si hace falta, la propia Constitución. Todo ello entre un silencio ominoso de la inmensa mayoría de los políticos e intelectuales de la izquierda, sálvense los pocos que pueden. Pero la clave no se encuentra en una traición a viejas ideas en favor de otras nuevas, sino en la carencia de genuinas ideas.

En realidad, a lo que asistimos es a una política de la duración, el «duro deseo de durar» de Paul Eluard. Más bien, puro deseo de durar. Es normal que quien posee poder tienda a preservarlo. No es éste un rasgo exclusivo de la izquierda. Pero lo debido es que, junto a él, coexista la fidelidad a ciertos principios y valores. La democracia es un régimen de opinión. Y quien aspira al poder, debe convencer y también halagar a la mayoría. Pero esa aspiración debe atemperarse mediante el respeto a unos límites morales. Junto a una política sofística, entendida como mero arte de obtener y conservar el poder, siempre cabe una política socrática que busca la justicia y el bien público. Pero, se dirá, ¿qué mejor criterio que la opinión de la mayoría para discernir ese bien común? Sin embargo, una mayoría puede dejar de ser justa y, por lo demás, sus prejuicios no siempre ni necesariamente conducen a su bienestar ni a su libertad. La libertad no conduce al bienestar ni a la justicia si las opiniones se forman erróneamente. No hay que olvidar la posibilidad de la existencia de consecuencias no previstas ni deseadas de nuestras acciones. Un Gobierno puede resbalar por la pendiente de la demagogia y obtener éxitos a corto plazo, pero labrar su fracaso electoral a medio o a largo. Los molinos de los dioses, decía Homero, muelen despacio.

No es posible explicar lo que sucede, la anomalía que aqueja y perturba la acción del Gobierno, buscando la clave en el sometimiento a una falsa ideología, de manera que el rumbo se pueda corregir mediante una estricta dieta de principios y valores. Si no me equivoco, y toda interpretación de fines e intenciones es arriesgada, la crisis es moral. Las decisiones del Gobierno sólo se entienden si se estiman nacidas de un deseo irrefrenable de permanecer el mayor tiempo posible en el poder. Así, no es que tenga una idea equivocada de España y de la fidelidad a la Constitución o que carezca de ellas; es que se trata de durar. No es que se haya convertido al nacionalismo; es que se trata de durar. No es que desprecie el valor de la concordia y de la transición; es que se trata de durar. No es que sienta un insaciable placer en destruir a la oposición; es que se trata de durar. Puro deseo de durar, a toda costa. La política de la duración conduce al nihilismo político. Y el nihilismo consiste, como afirmó Heidegger, en que los supremos valores se desvalorizan, pierden su valor. En este caso, lo terrible es la idea que se forjan de la mayoría de los ciudadanos, si es que piensan que todo eso conduce a unas urnas repletas. Y más terrible aún sería que tuvieran razón. Pero acaso se equivoquen. Por eso, sólo cabe una rectificación que proceda del temor a las urnas, no de la argumentación ni del convencimiento ideológico o moral. Sólo el error de sus previsiones utilitarias podría entonces moverles a la rectificación.

El cálculo parece evidente. Satisfacer a los nacionalistas, porque necesitan sus votos y apoyos. Complacer a las minorías radicales, porque su movilización electoral es imprescindible. Marginar al PP, porque su debilidad es garantía de la propia fortaleza. Buscad el interés, no la idea. Buscad las urnas, no los valores. Y esta explicación poco edificante es acaso la menos inquietante. Porque si pensaran que su política produce un desgaste en la opinión y una sangría de votos, la explicación alternativa sólo podría ser que el Gobierno es rehén de otras fuerzas que le obligan a hacer lo que no querría hacer (descartando, como descarto, que estemos gobernados por insensatos o estúpidos). La esperanza queda depositada en la validez del viejo aserto de Franklin: «La honradez es la mejor política».

IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA, Catedrático de Filosofía del Derecho, Universidad de La Coruña

Si sólo incumpliera la ley del tabaco
EDITORIAL Libertad Digital 30 Enero 2006

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente de la nación española, incumplió la ley contra el tabaco fumando en La Moncloa, en uno de los pocos días de su presidencia en que se puede asegurar que estuvo trabajando en ese lugar. El PP ha asegurado que la ley debe ser igual para todos, incluyendo al presidente, olvidando que ha de ser éste quien dé ejemplo de cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, no cabe esperar de Zapatero que cumpla una simple ley, por más que su intervencionismo en la vida privada esté causando infinitos trastornos a los ciudadanos, cuando ha pactado la destrucción de esa misma Constitución que prometió guardar como norma fundamental del Estado, el día en que asumió su cargo.

De nuevo, el boletín del gobierno ha recibido en exclusiva el texto pactado por su presidente y un dirigente nacionalista. En él, por ejemplo, se concede a la Generalidad la potestad legislativa sobre aquellas competencias exclusivas de la comunidad autónoma, con preferencia sobre la legislación nacional, en lo que se ha denominado “el blindaje de competencias”. Esto incumple varios artículos de la Constitución, como el 150, que permite al Congreso armonizar la legislación de las distintas autonomías, o el 149, que le atribuye preeminencia sobre las regiones en ciertas competencias básicas. Sin embargo, no parece que la crema y nata de la intelectualidad de nuestro país, la que protestaba esta noche en los Goya de que hubiera quien hiciera gala de no ver cine español, haya puesto el grito en el cielo ante un acuerdo que rompe con la más básica de nuestras leyes, de la que emanan las demás.

Si hace unos días ETA volvió a manifestarse, este mismo fin de semana uno de los asesinos de Ramón Baglietto volvía a manchar las calles de Azcoitia con su presencia, en un acto cuyos mismos organizadores reconocían prohibido por el juez Grande Marlaska. Ni en un caso ni en el otro se ha podido ver por parte del Gobierno o del Fiscal General ningún asomo de actividad encaminada a impedirlo. Y no será por falta de actitudes vociferantes de los asesinos y sus cómplices.

Siempre es grave que un presidente del Gobierno tenga una relación difícil con la verdad, como demostró Zapatero en la entrevista de Gabilondo, en la que llegó a afirmar sin ruborizarse que “en Cataluña hay convivencia absoluta en la normalidad lingüística entre el castellano y el catalán” o que nunca dijo que aprobaría lo que saliera del parlamento catalán. Malo es también que procure llevar a cabo sus acciones más polémicas a oscuras, como el traslado de los papeles de Salamanca o la misma negociación del Estatuto. Pero mucho peor es que incumpla la ley, acuerde incumplirla y permite que se incumpla. Porque, para conservar la libertad, es más importante un estado de derecho garantista que la misma existencia de la democracia, y es difícil que éste se mantenga con un presidente que no le profesa ningún respeto.

Españas y anti-Españas
José Javier Esparza elsemanaldigital 30 Enero 2006

¿Lo de Rubianes? Pobre diablo… Un actor del montón, gallego recriado en la Barcelona inmigrante, que súbitamente encuentra en la execración de España una razón de ser. Por supuesto, la diatriba viene formulada en un castellano cabal hasta la llaga, castizo hasta el hedor, pero es justamente eso lo que da interés al episodio. En ese vómito sobre la propia pechera no hay trazas de hostilidad "exterior", como la que podría profesarnos un secesionista o un extranjero, sino que es un insulto desde dentro. Por eso el separatismo lo jalea y eleva a Rubianes a la tribuna: porque es un español que insulta a España, porque es un charnego que orina sobre su propia condición, para victoria de quienes desearían orinar sobre todos los charnegos. Esas cosas siempre unen mucho a la tribu. Pobre Rubianes, lamentable bufón…

Lo realmente significativo no es Rubianes, sino lo que representa: ha resucitado la anti-España. La anti-España es esa singular forma de odio que consiste en abominar de sí mismo en tanto que miembro de una colectividad nacional; una abominación de sí que no conduce al suicidio, sino que proyecta el mal hacia la colectividad, chivo expiatorio de la miseria individual. No hay cosa más española que la anti-España. Porque el odio hacia lo que uno mismo es, ese dolor patológico de verse y despreciarse, no lo encontramos más que en la piel de toro. Sólo aquí se ha dado tradicionalmente un odio primario y feroz hacia el propio hecho de ser español. El odio a España es una tradición íntimamente española. Es la peor de nuestras tradiciones.

Hubo una imagen de España grasienta y sucia, cerril y obtusa, pero hace tiempo que eso no es un dato político, sino un tópico literario (la modernidad ha variado nuestros defectos colectivos: ya no están en la rancia inmovilidad carpetovetónica, sino que ahora caminan más bien por el analfabetismo hedonista del "hiper" y el reality-show). Del mismo modo, hubo una anti-España siniestra y sectaria, cainita y resentida, alucinada y cruel. Creíamos que esto también era, a fecha de hoy, más un tópico literario que un dato político, pero ya vemos que no. La vieja España negra ha muerto, pero la anti-España tópica sobrevive bajo la coartada del nihilismo progresista y jaleada por quienes cortan el bacalao.

Nada de esto sería comprensible fuera de la atmósfera del zapaterismo. Hay gobernantes que funcionan como ventanas de tiempo: sacan de quicio las cosas, despiertan fuerzas dormidas y hacen que cualquier pasado se vuelva actual. ZP camina por España como aquel enajenado que, pandero en mano, erraba por los cementerios llamando a filas a los espectros. Después de haber resucitado la guerra civil, era inevitable que también resucitara la anti-España.

No levantaremos cabeza mientras circule esa hiel sucia de la anti-España, mientras siga supurando esa costra de resentimiento que nos viene desde el fondo de las edades. Es la España inferior.

Cataluña y la loapa al revés
Editorial ABC 30 Enero 2006

LA financiación autonómica y la definición de Cataluña como nación son las cuestiones más llamativas del Estatuto de cara a la opinión pública. aunque, sin embargo, hay otros aspectos que merecen muy serias reservas. Ante todo, el reconocimiento de «derechos históricos» como fundamento del autogobierno, que choca con la Constitución como fuente única de legitimidad hasta el punto de que el PSC se opuso en su día a invocar en el texto a las instituciones seculares y la tradición jurídica catalana. El propio Consejo Consultivo expresó su crítica hacia planteamientos más propios del historicismo romántico que del Estado democrático. El Estatuto supone, además, una mejora sustancial del ámbito competencial de la Generalitat, en la que se sustenta buena parte del mensaje «Cataluña gana» lanzado a los cuatro vientos por los beneficiarios del acuerdo. De hecho, casi un tercio de la futura ley se dedica a una regulación minuciosa y prolija de las competencias. El objetivo político es muy claro: «blindar» dichas competencias para crear un territorio inmune a la acción legislativa y ejecutiva del Estado. De este modo, queda claro que el PSOE está dispuesto a hacer dejación de las funciones estatales para satisfacer su estrategia coyuntural.

El Estatuto se hace eco de una vieja reivindicación victimista del nacionalismo, incapaz de reconocer la evidencia de que el Estado de las Autonomías permite un despliegue generoso del pluralismo territorial. Como es sabido, la Constitución no atribuye directamente competencias a las comunidades autónomas, sino que ofrece una relación de materias susceptibles de ser asumidas por ellas. Cataluña y el País Vasco han expresado siempre su insatisfacción ante las competencias recibidas por vía extraestatutaria, ya sea por medio de leyes orgánicas sectoriales o de leyes de transferencia y delegación al amparo del artículo 150.2. La razón es muy simple: esta fórmula deja abierta la puerta a que el Estado recupere tales competencias por el mismo procedimiento legal. En cambio, el carácter materialmente paccionado del Estatuto (que no puede ser alterado sin acuerdo del Parlamento territorial) ofrece a las instituciones autonómicas una especie de derecho de veto frente al poder legislativo del Estado. Dicho en términos coloquiales, Zapatero acepta la cláusula «lo que se da no se quita». Así, la Generalitat asume todas las competencias posibles e incluso consolida las que había adquirido de facto ante la pasividad de los poderes centrales.

Hay algo más. El TC (a pesar de algunas sentencias más que discutibles sobre urbanismo, medio ambiente o patrimonio cultural) no ha conseguido ganar fama de árbitro imparcial a los ojos del nacionalismo insaciable. De hecho, la fórmula «bases más desarrollo» (la técnica más característica de distribución competencial en el sistema vigente) ha generado continuas disputas. La queja reiterada y casi siempre injusta es que el TC amplía el ámbito de las bases estatales. Para evitarlo, el Estatuto desmenuza al detalle las competencias de la Generalitat, con objeto de impedir una eventual interpretación expansiva de aquellas. Aunque el Gobierno prefiere mirar para otro lado, se trata de un evidente vicio de inconstitucionalidad. No es admisible otorgar preferencia al derecho catalán sobre cualquier otro en el territorio autonómico. En particular, es inaceptable que las bases estatales sólo puedan establecerse en forma de «principios» en una norma con rango de ley y con la exclusión de aquellas materias que el Estatuto disponga. Hace ya tiempo, con motivo de la célebre Loapa, la STC 76/83 estableció que el legislador no puede «definir» los conceptos que aparecen en la Constitución. Como es obvio, tampoco un estatuto puede decir qué son y qué no son bases y mucho menos cerrar la puerta a su determinación por las Cortes generales. O sea, que se pretende imponer una especie de «loapa al revés», con grave quebranto del ordenamiento vigente.

Aunque Zapatero asegura que aquí el único que «blinda» es el TC, el Gobierno está promoviendo una norma que desapodera al Estado de sus funciones legítimas. Se sitúa así en el polo opuesto del criterio expresado por el Consejo de Estado sobre el carácter «intangible» de la legislación básica. Una propuesta que, curiosamente, algunos descalifican recordando que la Constitución supone un marco abierto, cuando el acuerdo entre Zapatero y Mas pretende todo lo contrario. El debate en el Congreso debe modificar estos elementos del futuro estatuto, porque la soberanía no sólo se cuestiona mediante definiciones más o menos explícitas, sino que se diluye a través de concesiones inaceptables en la letra pequeña de la ley.

Estatuto
Un proceso que nunca se cierra
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 30 Enero 2006

El progrerío tilda de catastrofistas o apocalípticos a quienes señalan la existencia de un proceso de desintegración nacional, a cuantos describen lo que, bajo el chantaje de fuerzas disgregadoras, están haciendo los estadistas Rodríguez y Blanco, dignos herederos del glorioso PSOE de González, Guerra, Serra, Barrionuevo, Vera y Roldán. Si les pone nerviosos la calificación de sus actos, convengamos en ceñirnos al análisis sobrio, a ver si son capaces de explicar algunas cosas.

Como, por ejemplo, cuál es el final lógico de una dinámica de transferencias competenciales hacia abajo (Comunidades Autónomas) que nunca logra cerrarse y que, además, coincide con la imparable, general y benéfica cesión de poder hacia arriba (Unión Europea). El grueso de las fuerzas políticas que alcanzaron el consenso constitucional tenía en mente un proceso de profunda descentralización que un día terminaría, dejando intactos, en manos de la única administración que cubre la totalidad del territorio español, ciertos atributos de soberanía.

La reforma del estatuto catalán ha demostrado que esto no era así, que el proceso autonómico –teóricamente transitorio– nunca concluirá mientras un gobierno central necesite en el parlamento de votos ajenos. Los nacionalistas jamás han renunciado a nada y no han dejado de avanzar. Esta proeza ha sido posible debido a dos deficiencias del sistema instaurado en 1978: el artículo 150.2 de la Constitución, que vacía de sentido el concepto de titularidad estatal, y el sistema electoral, que magnifica la importancia de pequeñas fuerzas siempre que sean territoriales, permitiendo, sin ir más lejos, que los representantes del 2’5 % del electorado (ERC) se alcen como tercera fuerza en España, con ocho diputados.

Tras varios años de malgastar energías y de secuestrar a la opinión pública con un debate artificial, están a punto de servirles a los nacionalistas una solución jurídico-política y financiero-fiscal que no cierra ninguna de sus reivindicaciones. Pero eso es exactamente lo que CiU necesita: el combustible de la coalición es la queja, el victimismo, la reivindicación agraviada. En términos históricos y de estabilidad, el nuevo estatuto será peor que inútil; será contraproducente: no sólo mantiene vivos todos los argumentos del nacionalismo sino que los refuerza, los excita.

Se ha descoyuntado el edificio constitucional sin contemplar mecanismos de equilibrio. Y se ha hecho, simplemente, para conservar un poder que, dadas las circunstancias, y estando en juego el diseño institucional, la igualdad de los ciudadanos, la soberanía nacional y la solidaridad territorial, el PP habría garantizado a Rodríguez sin riesgos, conformando una mayoría de Estado que contaría con el ochenta por ciento del electorado. Pero esa vía entraría en contradicción con el principal objetivo del PSOE: expulsar al primer partido de España del juego político, hacer imposible su eventual regreso al poder.

Fíjense en el presidente
Editorial ABC 30 Enero 2006

Hace ya bastante tiempo, Lao Tse dijo aquello de que cuando el sabio señala la luna, el necio mira su dedo (el del sabio, claro). Era un poco vanidoso el sabio chino, que creía que todo el mundo miraba su dedo. Hace mucho menos, la pasada semana, la actriz Angelina Jolie, presente en esa feria de las vanidades y de los negocios solidarios en que se ha convertido el Foro de Davos, pidió que los presentes dejaran de fijarse en ella y atendieran a lo que hace, que al parecer es muy sustancioso. A lo mejor uno de los redactores de los tan poco atendidos informes sobre la pobreza y las condiciones adecuadas del desarrollo, sentado allí, al fondo del salón suizo, se preguntaba si la actriz era como Lao Tse, que creía que todos miraban... su dedo.

Volvamos a casa. Resulta que Artur Mas, el líder de CiU (en la medida en que Duran i Lleida, mosqueado, le deja ser líder de la segunda) acaba de definirnos el único futuro posible como la aceptación inopinada del acuerdo establecido con el presidente del Gobierno. Tiene razón Esperanza Aguirre al plantear la paradoja: la nueva estructura del Estado y la financiación autonómica van a ser obra de un pacto entre Zapatero y el jefe de la oposición en una comunidad autónoma. El futuro, aún no explicado del todo, pasa, además, por dar de una vez la esperada patada en el trasero del principal aliado del PSOE a lo largo de lo que llevamos de legislatura, por redefinir la nación en base a principios etnicistas y, entre otras cosas sosprendentes, por sustituir -tanto para entender la solidaridad como la gestión de los asuntos públicos- a los ciudadanos por pueblos con o sin «derechos históricos». El presidente sabe más, más que las encuestas, más que los especialistas en Derecho Constitucional, más que las resoluciones de los congresos del PSOE...

Al mismo tiempo, el presidente -que confía en que su partido esté calladito en estas cuestiones (a lo largo de los pasados meses las llamadas al silencio han sido más públicas que las negociaciones)- espera que la «izquierda abertzale», así la ha llamado para evitar denominaciones judiciales, se mueva. Bueno, más que esperar, está dispuesto a hacer constantes gestos acompañados de una particular y extravagante retórica, como si los gestos de un presidente del Gobierno pudieran ser ajenos a la política. Si algunos silencios, como la pasividad verbal ante el discurso terrorista o ante las mismas bombas, resultan sorprendentes, si algunas declaraciones, como el relativismo con que se concibe la ley, resultan escandalosas, el presidente nos aclara una y otra vez que, junto a los datos «objetivos», él sabe más. No sólo más que nosotros, sino más que el CNI, que las fuerzas de seguridad que persiguen a los terroristas, que algunos nacionalistas vascos, tan escepticos como contentos con lo que pasa. De lo que no hay duda es que Zapatero no es ni como Lao Tse, ni como Angelina Jolie. Está todo tan confuso que se pasa el día pidiendo que nos fijemos en él, tan sonriente, tan bienintencionado, en vez de en lo que hace.

¿De qué estatuto hablamos?
JORGE TRIAS SAGNIER ABC 30 Enero 2006

LA República de 1931 fracasó, esencialmente, por la ceguera de una izquierda que, en lugar de negociar un modelo político aceptable para todos los españoles, quiso imponer la revolución en un país en el que la derecha había ganado las elecciones y formado gobierno en 1933. Nuestros constituyentes de 1978 no cayeron en ese trágico error. Entre la derecha y la izquierda e, incluso, con los nacionalistas catalanes, siempre tácticos y de dudosa lealtad, se llegó a una solución inédita en nuestra historia: la Constitución, tan devaluada hoy, de 1978. Pero tras la victoria socialista del 14 de marzo de 2004, el nuevo presidente dinamitó todos los puentes constitucionales al apoyarse para gobernar en partidos enemigos de la Constitución y de la libertad. El acuerdo secreto -no hemos podido leer, todavía, texto fidedigno alguno sobre su contenido- entre Zapatero y el partido de Pujol sería, en este sentido, una buena noticia ya que podría ser el primer paso para la reconstrucción de los puentes destruidos.

Desde luego, tanto la derecha como la izquierda, o por denominarlos con ese lenguaje que gusta más ahora, los conservadores y liberales y los progresistas, tienen la responsabilidad de negociar hasta el agotamiento para seguir tejiendo acuerdos. Pero para poder sentarse en una mesa de negociación debe conocerse sobre qué términos va a plantearse esa negociación y, de momento, sólo conocemos el texto de un Estatuto ciclotímico y estrafalario, que ya no quiere nadie excepto Esquerra y Batasuna, tal como salió cocinado del Parlamento de Cataluña. Conocemos, también, el documentado y ponderado informe del Consejo de Estado, ventilado con luz y taquígrafos, que han publicado todos los diarios, informe que no parece ser del gusto del Gobierno y que está guiado por el sentido común. Pero, aparte de filtraciones y publicaciones oficiosas, no sabemos con exactitud qué es lo que han acordado Zapatero y Mas, y hace ya casi diez días que se dieron la mano.

Por esa razón tan poco democrática, el secretismo, no es posible pronunciarse sobre el Estatuto en su desconocida forma actual. Sólo puede condicionarse su valoración a lo que suponemos que se ha pactado. Por ahora, el texto literal que entrará en la Comisión Constitucional tiene más de cincuenta causas indiscutibles de inconstitucionalidad. Mientras tanto habrá que recoger firmas para conocer lo que piensa la ciudadanía, lo cual será un éxito si se consiguen cuatro millones. Y no nos equivoquemos: que Tejero pida un referéndum es una buena noticia pues significa su total regeneración ya que, por fin, habría apostado por los votos y no por las metralletas. En cualquier caso, no estaría mal si Rajoy sacase del armario político, sin necesidad de encerrar a nadie, a Esperanza Aguirre y a Alberto Ruiz-Gallardón. ¿Ustedes se imaginan qué cartel tendría el PP si Rajoy estuviera flanqueado, también, por esos dos iconos tan atractivos?

Estatuto
Normalidad ovina y fin del Estado-nación
Agapito Maestre Libertad Digital 30 Enero 2006

La vida política en España está espesa. Repetitiva y torpe. Entre un hombre sin corazón democrático por un lado, y un político que no es capaz de parar la deriva totalitaria en el que nos ha metido el descorazonado por otro, transcurre la vida cansina de una nación que camina sin pestañear a la guillotina. El populacho asiste impávido al espectáculo como si en ello nada se jugase. Zapatero es un indocumentado obsesionado por acabar con la oposición, en cierto sentido con la democracia en España, pero Rajoy no sabe articular políticamente una respuesta contundente a este proceso, que quiere acabar con su partido. Esta es la realidad de la vida política en España, que empieza a ser pesada y peligrosa. Pesada, porque repite hasta la saciedad los tópicos de los siglos pasados, y peligrosa, porque el pueblo asiste a un experimento totalitario con la frialdad propia del suicida.

El personal que nos observa desde el extranjero no sale de su asombro. España por la conducta frívola de su presidente, seguramente la mayor desgracia del socialismo de todas las épocas, sigue siendo diferente a cualquier nación civilizada de nuestro entorno. Nadie sensato en Europa es capaz de comprender cómo es posible que un presidente de Gobierno, Zapatero, haga un pacto con el jefe de la oposición de un mesogobierno regional, Mas, para darle sentencia de muerte al Estado-nacional. ¿Puede alguien imaginarse a la señora Merkel con el jefe de la oposición de Baviera firmando un pacto para terminar con la República Federal de Alemania? No, resulta imposible de comprender algo semejante.

Sin embargo, en España, ese tipo de salvajada política será respaldada no sólo por los partidos firmantes del engendro, sino que se intentarán “reflexiones” sesudas de cientos de “cabezas de huevo” a favor de este experimento de ingeniería política, muchos grandes medios de comunicación darán su apoyo editorial y, por supuesto, cientos de “intelectuales” darán su visto bueno a tal pendejada reaccionaria. Asistimos a una enésima vuelta a la sociedad del Antiguo Régimen, a los “derechos forales” y los estamentos, pero se nos vende la cosa con ropas progresistas. ¡Imbéciles! Ningún demócrata en Europa, nadie con dos dedos de frente, se atreve a concederle legitimidad democrática a un partido que quiere matar a quien le ha dado la vida. Nadie en el mundo consigue entender un pacto para acabar con un Estado democrático porque unos indocumentados no soportan la palabra España ni la vida democrática de los últimos 30 años, pero aquí la cosa, por llamarle algo, nos parece “hasta normal”.

El esperpento que reviste este pacto, y esto es lo grave, es visto como algo natural y comprensible para cualquier individuo civilizado. Sí, amigos, la cosa es tan terrorífica que nos están quitando el suelo, el espacio público, en el que desarrollamos nuestra identidad más o menos racional, pero tenemos que decir que aquí no pasa nada. Estamos al borde de la muerte ciudadana, pero tenemos que sonreír a nuestros verdugos.

Quien no sienta vergüenza ante el pacto, sin duda alguna, habrá perdido la dignidad. Quien quiera conocer unos cuantos nombres que han perdido la dignidad, que ni siquiera saben qué significa ser español, tener una nación, lean las páginas de El Mundo del domingo y hallarán unos cuantos. Todos fueron interrogados sobre la cuestión de la nación en el Estatuto, pero, excepto Eugenio Trías, los muy indignos eran incapaces de mostrar criterios democráticos para reconocerse en la única nación que les permite tener alguna identidad. Los peores, sin embargo, no eran los que opinaban como los independentistas catalanes, sino quienes escurrían el bulto de modo cobarde para no ser tachados de españoles. “La opinión de los intelectuales catalanes”, que ayer reflejaba El Mundo, es todo un cuadro patético de la “inteligencia”, o mejor, de la falta de inteligencia residente en Barcelona. He aquí un botón de muestra de la indignidad: “Sinceramente”, decía un novelista, “me parece un tema político y no entiendo que se descuernen por este tipo de cuestiones. Me sorprende que alguien pueda pelearse por esto pasando lo que está pasando en lugares como África o Suramérica.” ¿Bochorno? No, cobardía.

Un ambiente de fin de Régimen
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 30 Enero 2006

La concreción del pacto de Zapatero con los nacionalistas catalanes, la disciplina total en el partido y la férrea defensa de todo, hasta de lo indefendible, por parte del "intelectual colectivo" de la Izquierda, que es el Imperio mediático de Polanco, han convencido a buena parte de los medios, prácticamente a todos, de algo que hasta ahora sólo algunos habíamos planteado: que el régimen constitucional español nacido en 1978 está muerto. Aún no hay fecha exacta para el entierro, pero el cadáver está siendo velado por una derecha atormentada, un centro tan despistado como acostumbra y una izquierda entre piafante y perpleja, que no se atreve a cantar victoria porque salvo el triunfo del sectarismo no hay nada que cantar. Y hay fundados temores de que la secta puede cargarse, con la nación, el propio PSOE.

Sin embargo, con la izquierda española sucede lo mismo que con el que, en los años aciagos de la guerra civil fue su mentor, Josif Stalin. A su muerte corrió un chiste por la URSS que se parecía peligrosamente a la realidad de los siervos del comunismo:

-¡Stalin ha muerto!
-Sí, pero ¡a ver quién se lo dice!

El régimen de terror intelectual y pancismo partidista que ha instaurado Polanco en la Izquierda española ha acabado con cualquier pretensión crítica dentro del PSOE y ha anestesiado a las conciencias que se tenía por despiertas, incluso por moralmente insomnes. Ni una sola voz de peso dentro del socialismo ni del comunismo españoles se ha levantado contra el acuerdo más infame que presidente español alguno haya firmado con otros conciudadanos, puesto que su fin es desmantelar nada menos que la propia España. Se acaba con la igualdad y la solidaridad. No importa: la Izquierda traga. Se acaba con la nación y con la libertad. No importa: la Izquierda traga. Se va a perseguir oficialmente en Cataluña a los que usan el idioma común, por añadidura los españoles de origen más humilde. No importa: la Izquierda traga. Se publica un estudio del CGPJ y el Gobierno recibe el dictamen pedido al Consejo de Estado sobre la reforma de la Constitución, en el que se dice que el Gobierno debe hacer exactamente lo contrario de lo que está haciendo: reforzar y blindar las competencias irrenunciables del Estado. Pues bien, Zapatero blinda las competencias de Cataluña en un Estatuto que liquida en la práctica la Constitución y dice que hará caso omiso del dictamen del Consejo. Y es que, haga lo que haga, no importa: la Izquierda traga. Ahora, Cataluña. Mañana, el País Vasco. Pasado mañana, Galicia, Canarias, Andalucía... hasta el colapso del régimen y la crisis terminal de la propia España.

Una deriva de este género sólo se puede mantener en un clima revolucionario donde las leyes de ayer ya no existan y las de mañana se vayan haciendo sobre la marcha, a medida que se destruyan o neutralicen los obstáculos a la revolución en marcha. La derecha empieza a ser consciente de que el plan para su exterminio ya ha comenzado. Pero aún no tiene plan de resistencia política, dando por hecho que su base social sigue intacta y decidida a movilizarse. Pero mientras unos afilan el hacha y otros se abrigan el cuello, nadie sabe muy bien qué va a pasar. Sólo que todo va a cambiar y no sabemos cómo. Mientras, la nieve invita a meterse en la cama, bajo las mantas, y dejar que pase lo que tenga que pasar. En realidad, es lo que lleva haciendo España hace varios años. Con los resultados que, incluso con los ojos cerrados, podemos contemplar.
 

Desestabilización
ALFONSO DE LA VEGA La Voz 30 Enero 2006

NOS ENCONTRAMOS tanto en el plano internacional como en el peninsular, al que también pronto habrá que tratarlo como internacional si se salen con la suya la ETA, ZP, Maragall e Ibarretxe, en un proceso muy acelerado y por ello difícil de controlar de desestabilización. La mayoría absoluta alcanzada por la organización terrorista Hamás en Palestina, junto con el asalto al poder del indigenismo, comunistoide y antiespañol en Hispanoamérica -Repsol acaba de pegar un petardazo- son algunos de los más recientes hitos. Por no olvidar la amenaza nuclear de Irán que probablemente obligue a intervenir militarmente a Occidente antes del verano. Para ciertas «repugnantes zurdas españolas» como decía el poeta Machado esto puede tomarse a folclore y materia de alianza de civilizaciones, pero para los familiares de los israelíes asesinados o para los compatriotas que sufren el despotismo criminal de Chávez en Venezuela o del tinglado nacionalista en Vascongadas o Cataluña la cosa tiene menos gracia.

Maragall, con el dinero de los impuestos de los españoles y traicionando una vez más la Constitución que le permite detentar el cargo, ha ido al martirizado País Vasco, víctima de la ETA y su aliado el PNV, a proclamar la buena nueva de la debilidad del Gobierno ZP, el deterioro del Estado de derecho y el sistema constitucional y ha animado a Ibarretxe, cómplice de Batasuna, a que proclame el derecho de autodeterminación de la nación vasca como él junto con el peligroso ZP ya ha hecho con la catalana. El obispo Uriarte acaba de declarar que la ley es un obstáculo. Y es que en esta loca carrera hacia la desestabilización de España el Gobierno de ZP y sus cómplices se están saltando los dictámenes de las máximas instituciones españolas que nos están avisando que sus decisiones son anticonstitucionales y antiespañolas y nos llevan a una desestabilización que no se sabe cómo puede acabar.

Estatuto
El imprescindible referéndum
Isabel Durán Libertad Digital 30 Enero 2006

Con las mismas razones, con los mismos argumentos, con el mismo fundamento constitucional que Felipe González convocó el referéndum para la permanencia de España en la Alianza Atlántica, se puede (y se debe) patrocinar ahora la idea de una consulta que propenda a la contención de la voladura de la España unitaria. Lo que José Luis Rodríguez Zapatero y sus congéneres independentistas han pactado no es ni más ni menos que la ruptura de una Nación a través del cambio de reglas del juego unilateral, por imposición y antidemocrático. ¿Acaso una felonía de este jaez no precisa de una reforma constitucional? ¿Y quién debe opinar? ¿Rodríguez y Mas sólo? ¿O Rodríguez, Mas, Carod y Saura? ¡Y los españoles qué!

Que se sepa, un informe del Consejo de Estado, solicitado para más señas por el propio presidente del Ejecutivo en su investidura y dos sondeos publicados ayer en dos periódicos nacionales, uno de ellos el boletín oficial, han coincidido en la inconveniencia de un pacto que, mírese por donde se mire, termina con lo que literalmente conocemos hoy por España. Ante tal situación, los procedimientos extraordinarios se convierten en imprescindibles. Es el caso del referéndum. Los españoles, los 44 millones de españoles que viven en 17 autonomías, tienen no sólo el derecho sino también el deber de responder ante la gran pregunta: “¿Quieren ustedes que España se convierta en una confederación inanimada?” Por anticipado, ya están diciendo que no.

Naturalmente, el PSOE está al borde de un ataque de nervios ante la posibilidad muy cierta de toparse con millones de firmas contrarias a su vil traición. La iniciativa de Mariano Rajoy ha dejado a Zetapé touché. Querían situar al PP extramuros y éste les ha cambiado el pie. Rodríguez, patrocinador del más antidemocrático ejercicio de exclusión, sin precedentes en la democracia, no tiene autoridad moral ninguna para impedir, ni siquiera con insultos, que la España constitucional a la que por voluntad expresa ignora y desprecia, se manifieste. El referéndum, ya lo sabemos, es una iniciativa excepcional; por tanto, una iniciativa imprescindible para el excepcional momento que vivimos.

Víctimas con nombre
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 30 Enero 2006

Azkoitia y Bilbao han sido la semana pasada los dos escenarios que han tenido a las víctimas del terrorismo como protagonistas, dos escenarios que representan la cara y la cruz de la misma moneda. En la localidad guipuzcoana se ha puesto de manifiesto que las teorías sobre pacificación, cuando llegan a la calle, tienen que sufrir el contraste con personas con nombre y apellidos, los nombres de las víctimas y de los agresores, ante los cuales no existe margen para el ejercicio de la equidistancia ni para dar abrazos a las dos partes al mismo tiempo. Las doctrinas de despacho sobre la reconciliación pueden estrellarse si no son capaces de tener en cuenta cuál es la realidad de la sociedad y que, ante conflictos con posiciones antagónicas, sólo la ley aporta soluciones.

Ante el problema planteado en Azkoitia, nadie ha dicho una palabra sobre la excarcelación anticipada de los dos miembros de ETA que mataron a Ramón Baglietto. Sólo se ha denunciado la insensibilidad demostrada por uno de ellos -en medio de la indiferencia general- al colocar un negocio frente a la casa de la viuda de la víctima. Esta insensibilidad individual e indiferencia colectiva reflejan la falta de conciencia del daño causado. Al tiempo, se ha reclamado el cumplimiento de la parte de la sentencia relativa al pago de indemnizaciones que estaba pendiente. Nada que ver con la venganza. Sólo la ley.

Las calles de Bilbao fueron el sábado el espacio por el que se desarrolló la manifestación de Gesto por la Paz, que ha colocado a las víctimas en el centro de su discurso. La coordinadora pacifista lleva años escuchando directamente a quienes han sufrido el terrorismo, les ha dejado que hablen de su sufrimiento, del comportamiento que la sociedad y las instituciones han tenido con ellos. Fruto de esta paciente labor de escucha ha sido la maduración de un discurso sobre la pacificación al que debería prestar más atención la clase política.

Gesto por la Paz aboga por sentar unas bases éticas del futuro basadas en la memoria de lo que ha ocurrido, «una memoria que deslegitime definitivamente la violencia, una memoria que reclame justicia y democracia para esta sociedad plural», que reconozca el daño a las víctimas para que ningún proyecto político se levante como una afrenta para éstas.

Para la aplicación de este tipo de principios no basta con formular una declaración general, por muy solemne que sea, sino que debe hacerse día a día, pueblo a pueblo, ante esas víctimas con nombre y apellidos, porque en el pasado, demasiadas veces, el respaldo a los agresores con nombre y apellidos se ha producido también pueblo a pueblo.

España: ¿tiene el gobierno miedo a los ciudadanos?
Francisco Rubiales  Periodista Digital 30 Enero 2006

El vehemente y hasta furioso rechazo del gobierno socialista que preside José Luis Rodríguez Zapatero a la idea de celebrar un referendum sobre el Estatuto de Cataluña se debe únicamente al miedo del gobierno a que esa consulta popular ponga de manifiesto que está gobernando en contra de la opinión de la inmensa mayoría de los españoles, lo que constituye uno de los peores atentados contra la auténtica democracia.

El gobierno quiere aprobar el controvertido y rechazado Estatuto de Cataluña en el ámbito parlamentario, donde, gracias a las componendas y alianzas entre partidos, posee una mayoría garantizada, pero quiere hurtar al pueblo su derecho a opinar, consciente de que esa oponión es abrumadoramente contraria.

Los sondeos reflejan que si se celebrara un referendum, el Estatuto sería rechazado por una aplastante mayoría y el gobierno español se colmaría de ridículo porque quedaría demostrado que está gobernando en contra del criterio del pueblo soberano al que dice representar. También resultaría evidente que en España los políticos están alienados, aislados y separados de los ciudadanos, lo que otorgaría la razón a los muchos pensadores y ciudadanos que creen que España, más que un país democrático, es una "oligocracia" controlada por las élites de los partidos políticos.

Algo parecido ocurrió en Holanda cuando el Parlamento apoyaba mayoritariamente la nueva Constitución europea que, una vez sometida a referendum, fue rechazada por los ciudadanos. Ante ese resultado, que evidenciaba el divorcio entre gobierno y ciudadanos, lo que invalida la democracia, fue tal el bochorno de los políticos holandeses que el sistema se conmocionó y la nueva Constitución europea, por ser obra de políticos, realizada al margen de los ciudadanos, quedó herida de muerte.

Ese miedo a la evidencia y al pueblo soberano (demofobia) del actual gobierno de España es el que impulsa a dirigentes socialistas como la vicepresidente de la Vega, Rubalcaba, Pepiño Blanco y López Garrido, entre otros, a rechazar la consulta popular con furia, a pesar de que esa recurso a la apinión de la ciudadanía es la más democrática, juiciosa y recomendable opción cuando resulta evidente que el país está dividido frente a una política básica y trascendental, defendida por el gobierno.

Los mismos socialistas que hoy niegan el referendum y lo califican de inconstitucional, recomendaban ese recurso cuando José María Aznar cometía el mismo pecado de arrogancia y de divorcio de la opinión pública que ahora comete el gobierno Zapatero, cuando implicó a España en la guerra de Irak, en contra de la inmensa mayoría de la sociedad española.

Cientos de miles de españoles castigaron a Aznar y a su partido, apartándolos del poder en las últimas elecciones generales, por aquella manifestación evidente de arrogancia antidemocrática, los mismos votantes que ahora se sienten frustrados e indignados ante un gobierno socialista que está haciendo exactamente lo mismo, obsesionado por sacar adelante un Estatuto que sólo motiva a los políticos y a sus oscuros y ocultos intereses, que no son los de ese pueblo que, en democracia, es el único que tiene derecho a mandar siempre.

Dejad hablar a Teresa
aybarra@abc.es 30 Enero 2006

HOY se cumplen ocho años desde que los terroristas de ETA asesinaron en la calle Don Remondo a Ascen y Alberto. Pocos sucesos han conmovido tanto la conciencia de los sevillanos, que, en esos días de zozobra y rabia contenida, se echaron por miles a la calle para pedir justicia y paz. Hoy, ocho años más tarde, uno escucha algunos discursos institucionales que rememoran el terrible asesinato y tiene la sensación de que Alberto y Ascen murieron por accidente, casi de muerte natural. Pero todos sabemos que los mataron los pìstoleros de ETA, los mismos que ahora, sin mediar el más mínimo gesto de perdón ni de arrepentimiento, negocian el precio de la paz. El sábado en el Ayuntamiento durante el acto de entrega del merecido premio Ascensión por la Paz al cardenal de Sevilla, Carlos Amigo, eché de menos que alguno de los intervinientes nombrara la palabra ETA. Es cierto que Carlos Amigo habló de la paz y del perdón pero también del derecho de las víctimas a exigir justicia, palabras que suscribió el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín. Pero nadie se acordó del nombre propio de los asesinos, que lo tienen, de la banda criminal, que todavía existe, de su absoluta falta de arrepentimiento. Claro que si hubieran dejado hablar a Teresa, hermana del concejal asesinado, tal vez ésta podría haber dejado a un lado los eufemismos y en un discurso políticamente incorrecto habría llamado a las cosas por su nombre. Pero a Teresa Jiménez Becerril le impidieron intervenir en el acto vaya usted a saber por qué mezquinas circunstancias.

Según se va viendo las víctimas del terrorismo etarra y, sobre todo, sus familias se han convertido de un tiempo a esta parte en algo incómodo. Ya sabemos que desde el 11-M hay víctimas buenas y malas y, sin duda, las que murieron a manos del brazo armado del nacionalismo radical tienen todas las de perder. Sin ir más lejos este fin de semana en Azcoitia la mayoría nacionalista ha aprobado, con la abstención del PSOE, una moción de apoyo a dos etarras que han instalado un negocio justo en el inmueble en el que habita la viuda del inocente al que asesinaron a sangre fría. Mucho me temo que pese a las promesas hechas en caliente, cuando los cuerpos aún sangraban, el acuerdo de paz en el País Vasco va a sacrificar la memoria de las víctimas. Es imposible creer que ETA va a entregar sus armas dejando abandonados a los presos en las cárceles. Los presos saldrán o no habrá paz. Ese es el precio terrible que hay que pagar para que dejen de matarnos. No esperen golpes de pecho ni manos tendidas. Los verdugos, acorralados, exigirán que se les considere víctimas y continuarán con sus patrañas y su odio en carne viva. Por eso hoy, ocho años después, reivindico en nombre de Ascen y Alberto que no se abandone a las víctimas, que se las tenga en cuenta para que la paz futura sea justa, para que podamos mirarte a la cara, querida Teresa, y que nadie nunca más te impida hablar en memoria de tus hermanos.         aybarra@abc.es

José Álvarez junco, Historiador: «Para desarrollar una identidad española fuerte hay que basarla en la Constitución»

La Razón 30 Enero 2006

Madrid- La publicación en 2001 de «Mater Dolorosa» puso encima de la mesa que la idea de España y el sentimiento de pertenencia a una nación era expresión de un punto de vista liberal, contrario a lo que los nacionalismos periféricos sostienen. Un punto de vista que obliga a despojarnos de mitos patrios y sentimentales. Actualmente, Álvarez Junco dirige el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y, en su nombre, forma parte de la comisión que prepara la Ley de Restitución de la Memoria que quiere aprobar el Gobierno.

P. ¿Por qué se debate ahora con tanto ahínco sobre nuestro pasado?
R. Es que han llegado los nietos. Si viera la cantidad de tesis doctorales que se están haciendo, lo comprendería. Mi generación, la gente que ronda los sesenta años, somos los hijos de la guerra, y no es verdad que nosotros extendiéramos una capa de silencio como se dice, basta ver lo que se ha publicado. No hubo un pacto de silencio, pero sí, como dice Santos Juliá, un pacto de no utilizar el pasado en la pugna política.

P. Pues ahora es como si izquierda y derecha buscaran una legitimidad en la historia.
R. No me quiero poner catastrofista, pero ese pacto se está tensando más de la cuenta. A lo mejor es una señal de seguridad porque sentimos que nuestra democracia es fuerte y no hay riesgos para la verdad. Pero ni izquierda ni derecha deben legitimarse a través de cuál fue su comportamiento en la Guerra Civil, porque su legitimidad procede de la Constitución de 1978. Ese es el único dato objetivo, lo demás es uso partidista del pasado. Mitos e historia.

P. Quizá la historia se haya convertido en un espacio patriótico.
R. Estoy en contra de la historia como un ámbito patriótico. Que quede claro: de todos los ámbitos patrióticos. Viriato, ¿un luchador por la independencia de España? Para qué lo vamos a llamar de otra manera: es una tontería, ese señor no podía comprender la idea de la independencia de España. Igual que decir que El Cid Campeador fue un luchador por España. El Cid fue un vasallo a soldada que lucha una buena parte de su vida a favor del rey moro de Zaragoza contra reyes cristianos... Los Reyes Católicos, ¿creadores de la unidad nacional? Los Reyes Católicos acumulan reinos y señoríos, todos los que pueden, en la Península Ibérica porque es lo que tienen más cerca y, cuando pueden, en Italia. La unidad nacional no está en sus mentes, es más, en el segundo matrimonio de Fernando con la francesa Germana de Foix pacta la división de los reinos para los hijos del segundo matrimonio, dejando el Reino de Aragón...

Estoy dispuesto a desmontar los mitos nacionalistas españoles, ¡pero no a sustituirlos por los mitos nacionalistas catalanes o vascos!, que son tan mitos pero más recientes.

P. Pero existe un olvido de la identidad española frente al reconocimiento casi incuestionable del nacionalismo catalán y vasco.
R. No creo que sea olvido, sino un sentimiento vergonzante del nacionalismo español en los años finales de la dictadura y durante la transición porque el españolismo estaba secuestrado por el régimen: en ese momento, llevar la bandera rojo y gualda era ser franquista. A las generaciones jóvenes les ha costado trabajo reconocerse en esa identidad y ahora está resurgiendo pero en un sentido más sano. Es un españolismo que está dispuesto a reconocer que en España se hablan cuatro lenguas, que la estructura del Estado está descentralizada y que Europa es parte de su identidad.

P. En su libro «Mater Dolorosa» sostiene que la identidad nacional española arranca con la Constitución de Cádiz de 1812. Ese es un hecho racional, pero el nacionalismo sigue siendo una expresión sentimental. ¿Es lo que sigue contando?
R. Siempre hay un hecho emocional e irracional en la vinculación del hombre con el grupo, la gente no comprende el patriotismo constitucional de Habermas, que me parece interesante, sino algo más primario, algo como decir: «Yo soy de aquí y quiero que lo de aquí figure en un lugar prominente».

P. ¿Por qué los nacionalismos periféricos gozan de mayor legitimidad social y no digamos política?
R. Porque se asocia con la lucha por la libertad y la democracia, lo contrario que le ocurre al nacionalismo español. La pérdida de legitimidad del nacionalismo español es porque se asocia con la dictadura, mientras que los nacionalismos catalán y vasco -no olvidemos que su origen es carlista, sobre todo el vasco, pero el catalán, en una de sus ramas fundamentales, también- se fundan en la resistencia a la modernidad, en mantener estructuras arcaicas, forales, nobiliarias, privilegiadas, frente a los cambios que llegan con la revolución liberal, es un nacionalismo que por su oposición a Franco aparece como democrático, aunque estén en algunos casos matando gente, que no es muy democrático. Genealogía fundamental.

P. ¿Cómo se puede recuperar la idea de un nacionalismo español moderno? R. A mí me gustaría mejor hablar de una identidad más que de un nacionalismo español. Para desarrollar un identidad española fuerte sería necesario, por un lado, basarla en el hecho fundacional de la España actual que es el gran pacto de la transición y la Constitución del 78 y, por otro lado, reconocer que el mundo del siglo XXI es de identidades múltiples, complejas, porque somos europeos, españoles, catalanes quienes lo sean, de una ciudad, hombres, mujeres, de derecha o izquierda, católicos o agnósticos... somos muchas cosas y es ahí donde hay que plantear la batalla por el reconocimiento en una sociedad como la actual, no sólo en el hecho monolítico de la nacionalidad que dice: «Yo soy por encima de todo español». Si tengo que tomar partido en una polémica entre escolásticos salmantinos del siglo XVI y empiristas ingleses, me quedo con los últimos. ¿Por qué la nación va a ser nuestra genealogía fundamental?

P. No quisiera recordarle la polémica que mantuvo con Antonio Elorza, de la que quedó bastante harto...
R. Se lo agradezco...

P. ... pero puso en duda algo tan sagrado como considerar que la Guerra de la Independencia no fue de independencia nacional. Le acusaron de dar argumentos al adversario...
R. Nunca he pretendido rearmar las posiciones de ningún nacionalismo, por eso la gente interpreta que cambio de posición: de repente soy más españolista que nadie cuando escribo sobre nacionalismo catalán y vasco y los denuncio y de repente soy todo lo contrario. Es más sencillo: soy antinacionalista, lamento decirlo. La llamada Guerra de la Independencia, ya que la cita, que sólo se llamó así veinte o veinticinco años después, fue un conflicto muy complicado en el que hubo muchas causas. No fue sólo una guerra de españoles contra franceses, en primer lugar porque el jefe de los ejércitos españoles era un inglés, el duque de Wellington. La única batalla a la que está al mando un general español es la de Bailén. Es a la vez una guerra internacional, una guerra civil, que no olvidemos que muchos españoles estuvieron con José Bonaparte y que nada menos que catorce mil familias de afrancesados se van con él, y es una guerra entre católicos frente a ateos franceses que encarnaban la revolución francesa... El nacionalismo español moderno surge tras esa guerra, pero con las Cortes de Cádiz. Los liberales españoles supieron unir defensa de la libertad con patriotismo. La formulación en sus primeros artículos de la Constitución es claramente nacionalista: «La soberanía reside en la nación española».

P. Esa pérdida de la identidad española queda claramente reflejada en el preámbulo del nuevo Estatuto de Cataluña, que se reconoce como nación pero no admite el hecho nacional español.
R. Es cierto, sólo se reconoce el hecho «estatal». Es un típico planteamiento nacionalista proclamar que Cataluña es una nación, como si fuera una realidad material objetiva, no como un sentimiento. En vez de decir «los catalanes nos sentimos nación», y eso sería verdad, o habría una parte importante de la sociedad catalana que se sentiría. Y segundo: España no es nación. Pero si el 60 por cien, o el 80, siente que forman parte de una nación, ¿cómo va a negársele? Ese es un planteamiento nacionalista excluyente, que define la realidad con arreglo a su propia percepción y niega que los demás puedan tener su propia visión. Otra Cataluña.

P. En el debate «Encuentro Cataluña-España de académicos e intelectuales» celebrado en Barcelona el pasado día 14, usted planteó que «las pasiones y los problemas de símbolos» crean espacios «artificiales utilizados por las elites políticas».
R. De ahí la grandilocuencia en algunos pasajes del nuevo Estatuto. Como el texto que tenemos, al parecer, está prácticamente periclitado, es muy difícil opinar sobre él. Del que hemos conocido y se aprobó el 30 de septiembre tengo una opinión bastante mala. El nacionalismo catalán, después de vivir con una gran ambigüedad durante un siglo, pone sus demandas sobre la mesa en términos maximalistas y consigue que sean avaladas por otros partidos no nacionalistas como el PSC. La parte que yo mejor puedo analizar, que son las declaraciones de tipo simbólico, son francamente débiles. Por ejemplo, hablar en nombre de un ente intemporal llamado Cataluña. «Cataluña proclama que...», «Cataluña expresa que...». Son los diputados en nombre de los ciudadanos los que pueden reclamar algo, porque lo contrario exige un acto de fe, y crees o no crees, y hay mucha gente que no cree en esa Cataluña.

P. Los 37 ponentes no pudieron ponerse de acuerdo y firmar un documento conjunto.
R. Fue interesante, franco, se dijeron las cosas con mucha claridad. Creo que algún argumento que pusimos los que veníamos de otras partes de España se quedaron sin respuesta porque no tenían respuesta, y otros argumentos que nos expusieron ellos nos hicieron reflexionar, como los que tienen que ver con las inversiones. Más que firmar o no un documento, para mí fue más significativo la ausencia de algunos nombres muy notables, como Josep Maria Fradera, Ucelay-Da Cal y Jordi Canal, que son algunos de los historiadores que más están renovando los estudios y que no comulgan con las posiciones nacionalistas: no fueron invitados y lo lamenté.

A TRAVÉS DE UNA PRUEBA ORAL Y ESCRITA
Los profesores universitarios, obligados por la Generalidad a aprender catalán para obtener plaza
El Gobierno del tripartito impondrá por medio de un Decreto-Ley una prueba de suficiencia del catalán, oral y escrita, a los profesores de universidad. La prueba será necesaria para obtener una plaza o mejorar de categoría, según informa este lunes el diario El Mundo. El Consejo Interuniversitario de Cataluña, presidido por Esquerra, dice que un castellanohablante sólo necesita 60 horas para alcanzar el nivel de catalán exigido por la nueva medida.
Libertad Digital 30 Enero 2006

Algunas universidades, como la de Barcelona o la Autónoma de la misma ciudad, ya exigen un conocimiento del catalán a los profesores, en aplicación de la Ley de Universidades aprobada por el Parlamento autonómico en 2003, cuando la Generalidad estaba en manos de CiU. Esta norma prevé "la incorporación de la lengua catalana a todos los ámbitos del conocimiento y la contribución al proceso de normalización del uso científico, cultural y social".

Como aplicación de la ley de 2003, el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC), aprobó en abril un documento que ha servido de base para el nuevo decreto-ley que obligará a los profesores que quieran una plaza fija en la universidad o mejorar en el escalafón, el conocimiento del catalán "de acuerdo con las exigencias de sus labores académicas".

El decreto afirma que "el Govern tiene que garantizar que en los procesos de selección, acceso y evaluación se concrete este conocimiento suficiente". De la norma quedarán excluidos los profesores eméritos, los visitantes y quienes desarrollen una actividad académica honoraria. El CIC está presidido por el consejero de Universidades, Carles Solá, de ERC.

No hay obligación de utilizarlo
El Gobierno del tripartito no puede imponer el uso del catalán en las aulas, que en la actualidad alcanza al 60 por ciento de las clases, en contraste con el 95 por ciento de los exámenes de selectividad. El nuevo Estatuto, según la información del diario El Mundo de este lunes, tampoco contempla una ley que obligue a los profesores a utilizar una de las dos lenguas oficiales, el catalán, en perjuicio de la otra.

La Generalidad ha justificado la medida diciendo que ya hay universidades que exigen un cierto conocimiento del catalán, y que, con la nueva norma, no habrá diferencias entre los criterios a la hora de examinar el conocimiento hablado y escrito del idioma. Pero los exámenes que hay en estos momentos en ciertas universidades no tienen las implicaciones que prevé el Decreto-Ley, ya que no se exige para obtener una plaza fija.

El secretario del CIC, Josep Castells, considera que un castellanohablante sólo necesita unas 60 horas de formación para alcanzar el nivel de catalán exigido por la nueva medida, que en el caso de quienes no hablen un idioma latino sería de 180 horas.

Mayoritario rechazo al Estatut porque fomenta la desigualdad
Encuesta de Iberconsulta para LA RAZÓN (2º parte)
El 60% de los españoles cree que la financiación del Estatut provoca desigualdad entre comunidades
Encuesta de iberconsulta para la razón (segunda parte)
Dos de cada tres opinan que el Gobierno no dará al resto de autonomías lo mismo que a Cataluña El 75% afirma que en la negociación ha primado el interés político sobre el general Mas ha sido el ganador del acuerdo y Zapatero el perdedor
R. N. La Razón 30 Enero 2006

Madrid- Sólo la financiación de Cataluña ha hecho sombra al término nación como aspecto más polémico del nuevo Estatut, cuyo texto definitivo –con el permiso de ERC– fue acordado la semana pasada por PSOE y CiU. El reparto de la cesta de impuestos, la autonomía fiscal o la creación de una Agencia Tributaria exclusiva con plenos poderes para «arreglar» las cuentas catalanas han reclamado una cuota de protagonismo equiparable a la definición de Cataluña en el articulado.
Pues bien, el modelo financiero diseñado al alimón por Zapatero y Mas, lejos de establecer un diseño equitativo y exportable al resto de territorios, está más cerca de crear comunidades autónomas de primera y de segunda. Al menos así se desprende de la encuesta realizada por Iberconsulta para LA RAZÓN, que refleja que el 60 por ciento de los españoles están convencidos de que la financiación catalana provocará diferencias económicas entre regiones. Y es que, según el 65 por ciento de los encuestados, el Gobierno no dará lo mismo que ha conseguido el cuatripartito al resto de autonomías. Además, los datos del estudio confirman que para los españoles ha pesado más el interés político que el general a la hora de negociar, y la mayoría señala al líder de CiU como el más beneficiado del acuerdo suscrito con Zapatero, que ocupa el primer puesto entre los líderes políticos más perjudicados.

¿Café para todos? La segunda entrega del estudio realizado por la empresa demoscópica Iberconsulta –cuya primera parte fue publicada ayer por este periódico– demuestra que los esfuerzos «pedagógicos» del Gobierno socialista y los partidos catalanes para vender las bondades del sistema económico y financiero diseñado ex profeso para Cataluña no han conseguido su objetivo en la mayoría del electorado. De hecho, el 59,75 por ciento de las personas consultadas entienden que medidas como la cesión de un mayor porcentaje del IVA, el IRPF y los impuestos especiales a la Generalitat tendrán una primera consecuencia muy negativa para el conjunto del Estado: una mayor desigualdad económica entre las distintas autonomías. Todos los grupos de edad encuestados coinciden con este diagnóstico, y el porcentaje sube hasta el 74,1 por ciento cuando la pregunta se plantea en las comunidades gobernadas en solitario por los socialistas. En el otro extremo de la balanza, el 31,88 por ciento entiende que el sistema elegido no causará ningún perjuicio añadido al resto de «actores» autonómicos.

Pese a que desde el Gobierno se repite una y otra vez que la dotación financiera de Cataluña se podrá extender al resto de España, los encuestados no lo tienen tan claro. De hecho, dos de cada tres –el 64,75 por ciento– opinan que el Ejecutivo socialista no está dispuesto a dar al resto de comunidades autónomas lo mismo que ha conseguido Cataluña en el proceso de negociación, y de nuevo las regiones socialistas elevan estos números hasta el 75,6 por ciento. No obstante, la doctrina de los de Zapatero sí ha hecho mella en el 22 por ciento de los españoles, convencidos de que el «café para todos» se aplicará en todos los extremos del acuerdo económico catalán.

Aparte de los aspectos financieros, una de las «acusaciones» más frecuentes que ha recibido el Estatut en los últimos meses es que lo que se discutía tenía muy poco interés para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Vamos, que el texto estatutario era mucho más importante por sus derivaciones políticas que por sus aplicaciones prácticas para los habitantes de Cataluña y, por ende, de España. Ese sentimiento también se trasluce en la encuesta de Iberconsulta, que arroja un dato demoledor: para el 75,13 por ciento de los consultados, el acuerdo final escenificado por la foto de Zapatero, Mas y Duran Lleida, se ha tomado pensando exclusivamente en el interés político de los directamente implicados.

Este porcentaje –que alcanza el 88,6 por ciento en las comunidades gobernadas por el PP– cae en picado hasta apenas el 19,38 por ciento que representan aquellos ciudadanos convencidos de que el pacto «nocturno» de hace una semana en La Moncloa fue sellado atendiendo principalmente al interés general.

Negociar el texto con el PP. Lo cierto es que, salvo una casi inviable sorpresa de última hora, el acuerdo ya es un hecho y ahora el texto deberá continuar con su trámite parlamentario antes de afrontar la votación en el Congreso y, en última instancia, la ratificación de los catalanes a través de un referéndum. Es decir, la versión final y definitiva del nuevo Estatut todavía no está escrita, y para culminar su redacción sería necesaria la participación del PP. Así opina al menos el 47,63 de los encuestados, que vería con buenos ojos que el PSOE consensuara el texto con los de Rajoy frente al 37,25% que no estima necesaria la intervención de los populares para dar el visto bueno al documento.

Otro de los asuntos que ha ocupado las tertulias y los artículos de opinión en la última semana ha sido identificar a los ganadores y perdedores políticos del acuerdo. Aunque hay opiniones para todos los gustos, la mayoría de los encuestados lo tiene claro: Mas (CiU) ha sido el gran triunfador de la batalla del Estatut para el 35,38 por ciento, a gran distancia de un Zapatero que ha sido el que mejor ha capitalizado la firma para el 18,75 por ciento de los españoles. El tercer escalón lo ocupa el líder de ERC, Carod-Rovira.Rajoy es cuarto, con un 9,5 por ciento.

EL PP VASCO "PEDIRÁ CUENTAS" AL CONSEJERO BALZA
Alcaraz denuncia la "permisividad" del Gobierno ante la manifestación de apoyo a los asesinos de Baglietto
El presidente de la AVT y el portavoz del PP vasco han criticado con dureza a los Ejecutivos central y vasco por no impedir la manifestación proetarra en Azcoitia en apoyo a los asesinos de Ramón Baglietto. Alcaraz informó de que su asociación estudia emprender medidas legales contra ambos Gobiernos mientras que Leopoldo Barreda aseguró que "mañana mismo" pedirá "cuentas" a Balza por la permisividad de su departamento. El dirigente popular señaló el "despropósito" que supone " ver a los asesinos empuñando las pancartas en las calles frente a los domicilios de sus víctimas".
Europa Press Libertad Digital 30 Enero 2006

Francisco José Alcaraz aseguró que los equipos jurídicos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo ya están estudiando la viabilidad de iniciar medidas legales contra los Gobiernos vasco y central por la manifestación de este sábado, en que alrededor de un millar de personas mostraron su apoyo a los etarras Cándido Aspiazu e Iñaki Zuazolazigorra.

El presidente de la AVT mostró su "indignación" ante un acto que pone de relieve que la banda terrorista "está ganando terreno". Según Alcaraz, "los proetarras gozan de una impunidad total y absoluta desafiando al Estado de Derecho y a las leyes de forma continuada sin que el Gobierno vasco y el Gobierno central hagan todo lo necesario para evitar que esto se produzca". Lo "lamentable", en la opinión de Alcaraz, es que en España "lo poco que se cumple la ley por parte de los terroristas es a instancia de la Audiencia Nacional".

Alcaraz avanzó también que en los próximos días la asociación podría dar a conocer algunas casos de víctimas de ETA que, como en el caso de la viuda de Baglietto, Pilar Elías, no han recibido indemnizaciones por parte de los terroristas que asesinaron a sus familiares y que, tras cumplir su condena, han reorganizado sus vidas y disponen de bienes.

"Es difícil ver un despropósito mayor en una sociedad democrática"
La posición del Partido Popular del País Vasco ante la manifestación de Azcoitia es muy similar a la de la AVT. Su portavoz parlamentario, Leopoldo Barreda, afirmó que pedirá explicaciones "mañana mismo" en el Parlamento vasco al consejero vasco de Interior, Javier Balza, para conocer "por qué permitió" que la convocatoria se celebrara, "por qué se ha tolerado que se reproduzca y por qué no se ha efectuado la prohibición y se han tomado medidas para asegurar que la prohibición se cumpliese".

Además, el PP pedirá información sobre la actuación de la policía vasca en Azcoitia " para saber si realmente el Departamento de Interior ha renunciado a hacer cumplir la Ley en nuestras calles". Barreda destacó que "es difícil ver un despropósito mayor en una sociedad democrática, que ver a los asesinos empuñando las pancartas en las calles frente a los domicilios de sus víctimas", en referencia a que la comitiva pasó junto a la casa de Pilar Elías.

Ante estos hechos, Barreda denunció la "permisividad del Departamento vasco de Interior, la incapacidad para llevar a efecto una prohibición y conseguir que las calles de Azcoitia fueran dominio de los ciudadanos y no fueran tomadas por los amigos de los terroristas". "Hay pocas dudas respecto al éxito de ETA-Batasuna convocando esta manifestación y la presencia del asesino de Baglietto en la cabecera es la mejor prueba de ello", agregó.

Para el dirigente popular, "alguien tendrá que rendir responsabilidades por estos hechos, primero quienes se han saltado la prohibición, anunciada por los propios organizadores de la manifestación, y el consejero de Interior por lo que es una auténtica dejación de funciones y una incapacidad manifiesta para hacer cumplir la legalidad y para defender el disfrute por el conjunto de los ciudadanos de la vía pública".

MAITE PAGAZAURTUNDUA PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN DE VÍCTIMAS
«Una sociedad normal y sana hubiese impedido algo tan cruel como lo de Azkoitia»
Pagazaurtundua sostiene que el fin del terrorismo no puede basarse en «desacreditar o marginar a las víctimas» de la violencia
DAVID GUADILLA/BILBAO El Correo 30 Enero 2006

«Zapatero está quemando aliados»
El jueves asistió en primera línea al pleno del Ayuntamiento de Azkoitia en el que se debatió una moción sobre los asesinos de Ramón Baglietto, uno de los cuales, Kandido Azpiazu, ha abierto una cristalería en el bajo del edificio donde vive la viuda. Allí pudo escuchar los insultos que los simpatizantes de la izquierda abertzale proferían contra los compañeros de la víctima. Es lo que Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, concejal del PSE-EE en Urnieta y hermana del también asesinado jefe de la Policía Municipal de Andoain, Joseba Pagazaurtundua -el próximo 8 de febrero hará tres años-, considera la «cultura del odio».

-¿Cómo vivió lo de Azkoitia?
-Con mucha contención emocional. Pero tenía la certeza de que Batasuna no iba a asumir su propia conducta y responsabilidad.

-¿Sintió impotencia al ver cómo arreciaban los insultos?
-Se revuelve el interior. Es una enorme contradicción que aquellos que tienen que ver con los asesinos, los que han desarrollado esa cultura del odio una generación tras otra, sean los que se sientan ofendidos y víctimas.

-No es la primera vez que ocurre.
-Una es consciente de que hay una enfermedad en esta sociedad que requiere de muchísimo trabajo. Y lo primero es darnos cuenta de que existe; hay mucha gente que intenta quitarle importancia. Hacerle frente llevará mucho tiempo y será difícil, porque va a requerir coraje de determinadas personas que hasta ahora no se han comprometido.

-¿El nacionalismo democrático?
-El nacionalismo democrático siempre ha tenido la tentación de mirar de una forma muy beatífica una posible solución al terrorismo. Sería mucho más eficaz asumir que tenemos muy interiorizada en nuestra sociedad una cultura que ha pervertido los valores, que no acepta la dignidad de según qué seres humanos ni estima como elemento fundamental el derecho a la vida de los demás. Eso es tan profundo y serio que tendríamos que asumirlo, porque darle la vuelta va a requerir incomodidad y coraje de muchas instituciones a nivel local, que es lo que el nacionalismo democrático, salvo excepciones muy honrosas, nunca ha querido asumir.

-¿Duda de su voluntad de enfrentarse al terrorismo?
-Lo que se esconde detrás de parte del planteamiento de los nacionalistas democráticos es mucho miedo a hacer frente a sus propias responsabilidades y mucho miedo en general, a nivel personal.

-¿Y cree que ahora se da esa voluntad?
-No lo sé. No creo que de forma espontánea esto esté en la agenda o en la 'hoja de ruta' de los nacionalistas democráticos. Sería un enorme avance que entrara, aunque fuese por una obligación, que no fueran cobardes. Si bien la política es política, una sociedad democrática se establece sobre unos principios, alguno de los cuales es la dignidad humana, el valor supremo de la vida y el pluralismo ideológico.

«Hace falta firmeza»
-¿Y deben aplicarse para alcanzar el fin del terrorismo?
-Para llevar adelante un buen final del terrorismo hace falta firmeza para que todos esos valores, que en una parte de la población se han pervertido, recuperen el sentido. Y debe hacerse con inteligencia para dejar algún tipo de vía de evolución a aquellos que tienen que evolucionar. El fin del terrorismo no puede basarse en hacer creer que esta cultura del odio no existe y desacreditar o marginar a las víctimas.

-¿Qué pasaría si ETA deja las armas pero no hay un cambio ético, un reconocimiento del dolor causado?
-Digamos que todo va en el mismo paquete. ETA quiere condicionar el dejar las armas a que no se le pidan responsabilidades sobre su pasado y sobre sus atrocidades, quieren que éstas queden amparadas en una especie de razones que ellos tenían. Esto es una barbaridad desde el punto de vista humano.

-¿Lo de Azkoitia es un paso en la dirección contraria?
-No supone una vuelta atrás. Lo que pasa es que, a veces, tenemos falsas imágenes acerca de la propia situación que estamos viviendo. Lo cierto es que esa cultura arraigada y socializada de falta de respeto a una parte de los ciudadanos y a la vida de los demás pervive durante muchas generaciones.

-¿Es un problema educativo?
-He tenido que conocer a muchas familias de víctimas del terrorismo y no he visto a ninguna en la que hayan enseñado a sus huérfanos el valor de la venganza. Sin embargo, en el mundo de Batasuna, generación tras generación, se ha generado el caldo de cultivo para que los niños se conviertan en asesinos. Eso es lo más peligroso, esa cultura de la violencia transmitida generacionalmente, del odio, de no ver como seres humanos a los que son tus vecinos o tus primos. Es algo que pervierte todo.

Reconciliación
-¿Será posible algún día la reconciliación?
-Hay una especie de cuestión previa, que es la de que Batasuna-ETA asuma su responsabilidad sobre el horror, y en función de cómo sea esa respuesta, el modelo del final del terrorismo puede ser uno basado en la justicia u otro basado en la impunidad. Pero no pensemos que un modelo basado en la impunidad tenga luego un desarrollo sustentado en la dignidad y la memoria. Tendremos que falsear todo lo demás, desacreditar a quienes dicen cosas como las que yo digo y convertirlos en verdaderos apestados.

-¿Cómo se conjuga el derecho a la reinserción de Kandido Azpiazu y la asunción de responsabilidades?
-Lo que resulta extravagante y cruel es que se le haya ocurrido comprar una cristalería debajo de la casa de la víctima. En una sociedad normal y sana no hubiese sido posible, porque esa sociedad hubiese funcionado explicando a este caballero que no podía hacerlo. ¿Nos podemos imaginar que un señor que haya asesinado a una criatura ponga luego un negocio debajo de la casa de los padres? Nadie le está exigiendo nada extraordinario a este señor, pero tiene una responsabilidad económica.

-¿Tendría que pedir perdón?
-Sería muy bueno desde el punto de vista social que se arrepintiera de algún modo. Pero no le estamos pidiendo eso. Lo que estamos diciendo es que los mínimos principios que tienen que ver con la dignidad de los seres humanos se respeten. Puesto que ya no podemos traer a la vida al hombre asesinado, por lo menos, no generemos crueldad extraordinaria para la familia del asesinado.

-¿Después de lo ocurrido el jueves, teme que, como el propio Azpiazu sostiene, el pueblo esté con él?
-Lo que sabemos es que la sociedad vasca está muy atemorizada, la gente tiene muchísimo miedo a tener problemas. Las propias instituciones locales son las que han demostrado que más miedo tienen a hacer frente a esa minoría tan bien organizada y tan acostumbrada a asustar y amedrentar.

Las lenguas en Cataluña 1
Padres de alumnos y algunas entidades dan cuenta de problemas en Cataluña para escolarizar a niños en castellano -incluso en circunstancias extremas- y quieren reabrir el debate sobre la inmersión en catalán, avalada por el Constitucional. Todo ello en vísperas de que las Cortes decidan sobre si el conocimiento de esta lengua es obligado en Cataluña.

La convivencia social entre catalán y castellano en Cataluña es la regla general. Padres de niños sordomudos cuentan un calvario para escolarizarles en lengua castellana. La Generalitat no considera que deba organizar aulas para escolarizxar a niños en castellano. La idea de impedir la separación de alumnos por lenguas fue promovida desde la izquierda. El 95% de los catalanes entiende catalán, pero el 44% considera como propio el castellano.

El deber de conocer el catalán
La reforma del Estatuto de Cataluña declara de obligado conocimiento la lengua catalana, sin precisar sus efectos en un territorio donde ya es el idioma escolar.
JOAQUÍN PRIETO, EL PAÍS,  30 Enero 2006

Tras la prolongada etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalitat de Cataluña, el Instituto de Estadística de esa comunidad comprobó que aproximadamente la mitad de la población considera como "propio" el catalán. Lengua propia es aquella "con la que se identifica la persona", según los autores de una encuesta realizada por Estadística en 2003 a 7.000 personas. Pues bien: el 44,3% consideraba como propio el castellano, mientras que el 48,8% valoraba como tal el catalán. Los dos les parecían propios sólo al 5,2% del total. Muchos menos ciudadanos creen "propio" el catalán de los que lo entienden, que son el 95%.

Una amplia mayoría de personas en Cataluña son bilingües, lo cual constituye una base espléndida para la convivencia. No obstante, sucesivos gobiernos de la Generalitat han potenciado activamente el catalán como el único idioma propio de Cataluña -respetando el derecho personal a usar el castellano-, con el argumento de que aquél corre el riesgo de regresión.

La reforma del Estatuto de Cataluña consolida la posición del catalán como "lengua de uso normal y preferente" de las administraciones públicas en Cataluña, y "normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza". Eso no es nuevo respecto a lo que existe, pero sí aparece la obligación inédita de conocer el catalán, generalizada a toda la población del territorio. El proyecto no concreta los efectos de ese deber, presentado como una equiparación jurídica del catalán y del castellano; sí puntualiza que el cumplimiento de tal obligación queda encomendado a "los poderes públicos de Cataluña", según la versión actual del artículo sexto.

Hay quien ve peligros detrás de esta formulación. "No es lo mismo que el catalán sea la lengua vehicular de la enseñanza, como ya ocurre, que cerrar todas las grietas que aún permiten a los profesores utilizar el castellano y a los alumnos examinarse en ese idioma si lo desean", argumenta el abogado José Domingo, vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia. A su juicio, "obligar a toda la ciudadanía a conocer el catalán no es una declaración retórica", sino la percha legal "para fijar barreras al empleo o recortar plantillas, con el pretexto de no saber suficiente catalán". Domingo también es el promotor de un nuevo partido político, junto con el constitucionalista Francesc de Carreras y otros intelectuales y profesionales no nacionalistas. Para otros juristas, el deber de conocer el catalán se limita a no poder alegar la ignorancia del idioma para eximirse del cumplimiento de las leyes.

Basta con visitar Cataluña para darse cuenta de la normalidad con que conviven habitualmente los hablantes del castellano y del catalán. La mayoría se cambia al castellano cuando el interlocutor no entiende catalán; y en un grupo, el hecho de que una o dos personas no hablen esa lengua suele condicionar el que la conversación se desarrolle en el español común a todos.

Lo que salta a la vista es la diferencia entre la utilización institucional y social de las dos lenguas. Así, en el cine, los principales diarios, parte de las radios y las televisiones, y en el día-a-día de Barcelona y sus cercanías, el castellano es de uso corriente, mezclado con el catalán. Sin embargo, los pocos intentos de hablar en castellano en el Parlamento catalán se han saldado con escandaleras. Y la información de la Generalitat en Internet figura casi toda en catalán (www.gencat.net): para obtener páginas de política lingüística o de cultura en castellano hay que pulsar Other languages, en inglés.

Algunas de las medidas tomadas en los últimos años -Esquerra Republicana (ERC) controla parcelas como Educación y Comercio en el Gobierno del socialista Pasqual Maragall- indican un firme proteccionismo del catalán. Entre otras, las instrucciones a los centros de secundaria de junio de 2005, para utilizar este idioma en todas las actividades docentes y en las relaciones "entre el centro y el entorno", salvo con alumnos recién llegados (entre el 30% y el 40% de las clases de secundaria se dan aún en castellano en los institutos). Unas "oficinas de garantías lingüísticas" tramitan denuncias de particulares sobre desatención en catalán en establecimientos abiertos al público.

El bilingüismo se encuentra particularmente restringido en la enseñanza primaria. "Mi hijo me contaba: 'Mamá, a fulanito le han llamado la atención en el colegio por hablar en castellano", explica Irene Gómez, de 45 años, residente en Barcelona. Decidida a cambiarle para la ESO, encontró uno concertado donde "unas clases se dan en catalán y otras en castellano, según los profesores". Catalana autóctona y bilingüe, lamenta que "se haya pasado de aquello de 'España una, grande y libre' a que la familia de habla castellana no tenga derechos lingüísticos".

No es que haya un aluvión de conflictos. Pero a la Oficina del Defensor del Pueblo, que dirige Enrique Múgica, llegan algunos. Entre otros, la falta de atención a dos niños sordomudos.

Los protagonistas involuntarios de este caso son Héctor y Eloy, de 11 y 6 años, respectivamente. En la planta primera de uno de tantos bloques de pisos de Sant Boi de Llobregat -al suroeste de Barcelona-, sus padres relatan una larga pelea para conseguir enseñanza pública en castellano para los dos niños, sordomudos profundos. Francisco Arrabal y Encarnación Bazán han decidido tirar la toalla: el padre busca trabajo fuera de Cataluña, la comunidad donde han nacido él, su mujer y los hijos.

En este caso, la paradoja es extraordinaria. Han obtenido financiación pública para sendos implantes cocleares a los dos niños, unos dispositivos electrónicos que se introducen quirúrgicamente en la cabeza y se activan con otro fuera del oído; el sonido sortea las partes dañadas del sistema auditivo y facilita la posibilidad de comunicarse. Pero una vez operados, los niños no han tenido facilidad alguna para escolarizarse en castellano, la lengua familiar (tanto los padres como los abuelos residen en la periferia de Barcelona).

"Reloj", "puerta", "cuadro", "lámpara", son los letreros -en castellano- adosados por la madre a los muebles y objetos de la vivienda para facilitar su identificación por parte de los niños; que en cuanto van al colegio, entran en un mundo en catalán. El Centro de Recursos Educativos para Deficientes Auditivos de Cataluña (Credac), que es el servicio que envía logopedas a los colegios, no les ha proporcionado apoyo logopédico en castellano hasta noviembre pasado, cuando el mayor tenía ya 11 años y "no avanzaba", según su padre.

"Lo pidieron por escrito el 3 de noviembre de 2005 y el 10 del mismo mes estaba resuelto", asegura Carles Mundó, jefe de Gabinete de la Consejería de Educación de la Generalitat. Esta versión contrasta con el sinnúmero de detalles sobre gestiones, idas y venidas previas que aportan los padres, en demanda de enseñanza en la lengua familiar o al menos de apoyo en ese idioma.

No se trata de una familia acomodada. Él trabaja en una empresa de automoción; ella, ex trabajadora de una fábrica de automóviles. En mayo de 2005 intentaron pedir una entrevista al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall; en septiembre dieron con el abogado José Domingo, que les aconsejó quejarse al Defensor del Pueblo. El caso se mencionó en algunos medios de comunicación y una concejal del PP se interesó por ellos.

La inspección de enseñanza trató de convencer a los padres de que era mejor para sus hijos que continuaran estudiando en catalán y que al final iban a ser capaces de saber varias lenguas. "¡Cómo van a aprender en dos idiomas, si hay que repetirles mil veces una palabra para que la identifiquen!", se queja la madre -que ha necesitado asistencia psiquiátrica-. Por fin tiene apoyo escolar en castellano; pero el tiempo corre en contra cuando se trata de la escolaridad. "Imponen la política de inmersión hasta a niños sordomudos. Ni siquiera con ellos hacen una excepción", se lamenta la madre. "No se imagina usted lo que hemos pasado", corrobora el padre.

Puede ser un caso extremo: en Cataluña hay algo más de un millón de estudiantes en 4.000 colegios. La ley proclama el objetivo de que todos sean competentes en catalán y en castellano al término de la educación obligatoria (es decir, a los 16 años). "Y se consigue", sostiene Carles Mundó, de Educación.

Esta afirmación no coincide con las impresiones de varios padres de alumnos, que prefieren no ser identificados: "En Barcelona y alrededores hay colegios bilingües, inglés, francés, italiano, alemán, pero ningún centro público que enseñe exclusivamente en español; sólo hay mayor presencia de castellano en centros privados". Réplica de Educación: "La lengua vehicular de la enseñanza es el catalán para todos los centros. El castellano se enseña en el horario escolar previsto para ello". En su origen, impedir la segregación de alumnos por idiomas fue una idea de la izquierda. En 1981, la socialista Marta Mata defendió una proposición en el Parlamento catalán para evitar la doble línea escolar. El nacionalismo se opuso al principio, pero después lo aceptó, al convencerse de que, en un contexto muy distinto del vasco, permitir colegios en castellano y en catalán podía consagrar la existencia de dos comunidades, con el peligro de fractura.

Esta iniciativa se tradujo en el modelo aplicado a partir de 1983, que tiene amplio consenso político en Cataluña y está avalado por el Tribunal Constitucional desde 1992. El esquema es el siguiente: no hay separación de alumnos por lenguas; los estudiantes reciben normalmente la enseñanza en catalán; el castellano se aprende en forma de asignatura. Hasta ahora ha existido tolerancia -no exenta de problemas puntuales- hacia los profesores que continúan usando el castellano en la docencia.

Dentro de ese modelo, la ley reconoce un derecho a la escolarización del niño en castellano durante la "primera enseñanza", concepto que, según el Constitucional, abarca la educación infantil y los dos primeros cursos de primaria (hasta los ocho años de edad).

Cuando alguien solicita aprendizaje en castellano, el alumno permanece en las clases donde la lengua normal es el catalán y se le habla en la otra cuando el maestro se dirige a él o se le atiende al final. Esto le parece una ilegalidad a Carmelo González, de 45 años, médico en Sitges, que ha requerido formalmente a la directora del centro donde se encuentra su hija Arianna, de tres años, para que "sea escolarizada en español desde el 1 de febrero".

González quiere que su hija aprenda en este idioma, "primero, porque la ley concede ese derecho; y segundo, porque me he dado cuenta de lo mal que escriben en castellano los chavales cuando salen del sistema de inmersión. Además, yo he vivido en muchos sitios y es posible que razones profesionales nos lleven a otro lugar de España dentro de unos años". Según los datos de este padre, su hija está en una clase donde se habla en catalán el 99% del tiempo. "Yo acepto que el catalán sea optativo en toda España, pero que no me hurten el derecho a que mi hija aprenda en castellano", puntualiza.

La consejera de Educación de la Generalitat, Marta Cid, ha declinado comentar estos hechos. Para su jefe de Gabinete, Carles Mundó, "los derechos lingüísticos de esta persona han sido respetados. La maestra habla a los niños en catalán, porque está obligada por ley, pero se lo repite a la niña en castellano puesto que los padres han pedido esa lengua. Lo que sucede es que no se separa a los alumnos en grupos específicos de castellano, porque la ley no lo permite. Además, el número de familias que lo piden es insignificante". Afirma que sólo tres familias demandaron la enseñanza en castellano en Cataluña en el curso 2004-2005. Del actual, no tiene datos.

"El padre del caso por el que usted pregunta pide un maestro sólo para su hija, pero esto no se considera necesario", añade el alto cargo. "Lo que se hace es una atención individualizada por parte del mismo maestro. No se actúa en todos los casos exactamente de la misma manera y cada maestro se organiza. Estamos hablando de niños de tres a ocho años, no se les imparten clases magistrales".

Pero ésta es precisamente la etapa crítica en la que se aprende a leer y los rudimentos de la escritura. ¿En qué idioma se enseña a leer al niño cuyo padre pide enseñanza en castellano? "Al mismo tiempo en los dos idiomas, castellano y catalán". ¿Y a los que vienen de fuera de Cataluña? "Si no conocen el catalán, se hacen adaptaciones curriculares, vengan de Sevilla o de Caracas". Esto es así "no porque lo haya impuesto el actual gobierno. La inmersión escolar en catalán es la misma desde 1983 y fue recogida por la Ley de Política Lingüística de 1998, con pequeñas adaptaciones técnicas. Gustará más o menos, pero el marco legal es el que es", insiste Carles Mundó.

Las entidades Convivencia Cívica Catalana y Asociación por la Tolerancia están en desacuerdo. Consideran que no hay mecanismos para ejercer el derecho legal a la escolaridad en castellano hasta los ocho años y han pleiteado para que se pregunte a los alumnos por su lengua en el impreso de matriculación. La Administración autonómica se niega. Una de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aún reconociendo cierto fundamento en la postura de la Administración, señala que incluir esa pregunta en el impreso de matrícula coadyuva a la efectividad del derecho a recibir enseñanza en la lengua del niño. La Generalitat ha recurrido y en este curso tampoco lo ha aplicado.

El pequeño número de quejas permite descartar que el problema sea importante, a juicio de Joan Jordi Rosell, que preside la Federación de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña. "Hace años nos llegaban casos puntuales de personas que deseaban escolarizar a sus hijos en castellano, pero últimamente no hemos recibido quejas", informa.

Rosell tampoco ve dónde está el drama. "Hay algunos centros de referencia en castellano, o con mayor presencia de esta lengua, donde pueden solucionarse los problemas puntuales que se presenten. Pero la gente que viene a Cataluña ha de entender que el catalán se considera la lengua de este país. Puede haberse producido algún caso en que la Administración no haya estado preparada para resolverlo, pero lo demás me parece una campaña a causa del Estatuto de Cataluña", argumenta Rosell. "No hay ninguna persecución al castellano, todos continuamos hablándolo; los alumnos, también".

Entre los profesores, las opiniones están más divididas. "La integración de los inmigrantes preocupa más que la cuestión de castellanohablantes y catalanohablantes", afirma A. G., catedrática de secundaria, que no recuerda haber presenciado un solo incidente lingüístico. Otros se manifiestan escépticos respecto a la enseñanza pública, en una comunidad donde el 38% de la educación es concertada. "Mis dos hijos son perfectamente bilingües, en realidad trilingües, pero no han pasado por la enseñanza pública, sino por la concertada, al principio, y finalmente por la privada, como único camino de conseguir un poco de calidad", explica Juan José Ibáñez, profesor de enseñanza media. "Lo que me duele es que yo, que soy hijo de un albañil, no hubiera tenido casi ninguna posibilidad en el lamentable sistema educativo público actual, del que formo parte. Ése sí que es el verdadero problema". Y agrega: "La solución correcta hubiera sido la enseñanza bilingüe, de calidad y sin sectarismos".



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