AGLI

Recortes de Prensa     Martes 31 Enero 2006
La discriminación del castellano en Cataluña dispara las quejas ante el Defensor del Pueblo
E. Fuentes/M. Pardeiro La Razón 31 Enero 2006

«Se niega la comunicación con los padres»
M. Pardeiro La Razón 31 Enero 2006

El Estatut y la disuasión lingüística
Editorial ABC 31 Enero 2006

El arancel lingüístico
José García Domínguez Libertad Digital 31 Enero 2006

La España famélica
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital 31 Enero 2006

Patriotismo constitucional
Antonio Martín Beaumont elsemanaldigital 31 Enero 2006

La reconquista de la idea nacional
José Javier Esparza elsemanaldigital 31 Enero 2006

Un artículo incomprensible de Francesc de Carreras
Alejo Vidal-Quadras  Periodista Digital 31 Enero 2006

La sed maragalliana
IGNACIO RUIZ QUINTANO ABC 31 Enero 2006

La escalofriante sinceridad de Otegi
Lorenzo Contreras Estrella Digital  31 Enero 2006

Terrorismo en el camerino
VALENTÍ PUIG ABC 31 Enero 2006

Ganar la iniciativa
Pío Moa Libertad Digital 31 Enero 2006

Una nación catatónica
Graciano Palomo elsemanaldigital 31 Enero 2006

¿Quién teme a Teresa?
IGNACIO CAMACHO ABC 31 Enero 2006

Aragón recuerda a las víctimas
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  31 Enero 2006

Rubianes como metáfora.
Javier Orrico  Periodista Digital 31 Enero 2006

Cargarse de razón y de firmas
EDITORIAL Libertad Digital 31 Enero 2006

Presuntos provocadores
Cristina Losada Libertad Digital 31 Enero 2006

La ley del embudo
Fray Josepho Libertad Digital 31 Enero 2006

Malentendidos
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 31 Enero 2006

MARAGALL, CIURANETA Y EL MORRO A LA CATALANA
ROBERTO PÉREZ ABC 31 Enero 2006

Zaplana denunciará en el Congreso la "atroz persecución" del castellano en Cataluña
EFE Libertad Digital 31 Enero 2006

El PP y el castellano en Cataluña y el PP y el castellano en Galicia
Nota del Editor 31 Enero 2006

Inversiones patrióticas y estratégicas
JOSÉ Mª GARCÍA-HOZ ABC 31 Enero 2006

Un pacto para otros 25 años
JOSÉ IGNACIO CALLEJA  El Correo 31 Enero 2006

Un informe interno de la Eurocámara desaconseja admitir el uso del gallego
 corresponsal | bruselas) La Voz 31 Enero 2006

Ni con un atracón de marisco
Nota del Editor 31 Enero 2006

Las lenguas en Cataluña (y 2)
JOAQUÍN PRIETO, EL PAÍS 31 Enero 2006

La discriminación del castellano en Cataluña dispara las quejas ante el Defensor del Pueblo
En apenas tres meses se han recibido 420 denuncias por problemas en la escolarización y en los rótulos de establecimientos
E. Fuentes/M. Pardeiro La Razón 31 Enero 2006

Muchos ciudadanos han salido a la calle en Cataluña para protestar por la política lingüística del tripartito A raíz de las «cada vez más frecuentes y numerosas quejas» que recibió el Defensor del Pueblo a lo largo del pasado año por la «progresiva minoración de las libertades y derechos lingüísticos de quienes optan por el uso del castellano», Enrique Múgica redactó hace meses una carta a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, en la que expresó su «grave preocupación» por el «desamparo que manifiestan muchos ciudadanos». Su homólogo en Cataluña, el Sindic de Greuges Rafael Ribó, también ha recibido en los últimos meses una cuarentena de quejas por temas lingüísticos. Eso sí, de todas ellas apenas una decena corresponde a casos de discriminación del castellano.

Madrid/Barcelona- La política de inmersión lingüística emprendida por el tripartito catalán ha hecho saltar las alarmas entre todos aquellos que aspiran a utilizar el castellano con normalidad en Cataluña. A la percepción generalizada de que el Gobierno presidido por Pasqual Maragall, lejos de conformarse con la normal utilización de ambas lenguas, aplica todos los medios a su alcance para multiplicar las «zancadillas» a los castellanohablantes, se unen ahora las frías cifras estadísticas, que reflejan un imparable crecimiento de las protestas de ciudadanos ahogados por esta «inmersión».

Según los datos que maneja el Defensor del Pueblo, en los últimos tres meses se han recibido alrededor de 420 quejas relacionadas con la «discriminación» del castellano en Cataluña. Un número que adquiere toda su relevancia si se tiene en cuenta que, hace un año, en ese mismo periodo apenas llegaron una decena de reclamaciones al organismo que preside Enrique Múgica. Las protestas de los ciudadanos catalanes se dividen en dos grandes bloques: el educativo, encabezado por padres que no pueden escolarizar a sus hijos en castellano, y el de consumo, monopolizado por las Oficinas de Garantías Lingüísticas que utiliza la Generalitat para «perseguir» a los establecimientos que no usan el catalán en sus rótulos.

Respecto al primer apartado, la batalla para conseguir que los niños puedan optar a recibir sus clases en castellano viene de lejos, pero al calor de las concesiones logradas por los partidos catalanes en el nuevo Estatut el problema se ha recrudecido, provocando alrededor de medio centenar de quejas en apenas unas semanas. En concreto, los padres se han dirigido al Defensor del Pueblo para explicar que los impresos de preinscripción de los centros docentes públicos y concertados de Cataluña no tienen ningún espacio en el que los progenitores puedan consignar cuál es la lengua materna de sus hijos para escolarizarlos en ella en su primera enseñanza. Además, estos formularios tampoco informan del derecho de los alumnos a recibir esta primera enseñanza en su lengua habitual, según establece la Ley de Política Lingüística de 1998. Oídas las quejas, Múgica solicitó un informe a la Generalitat, que el pasado 7 de diciembre confirmó y asumió por escrito la ausencia de esta información, aludiendo a su derecho a decidir sobre la mejor manera para dar cumplimiento a esa ley. Vamos, que respeta la norma pero no la cumple por falta de peticiones... que los padres no tienen manera de realizar.

Así las cosas, el pasado 23 de enero el Defensor del Pueblo dirigió una carta a la Consejería de Educación de Cataluña recomendando una vez más a su titular, Marta Cid, que respete el derecho a la educación en castellano en Cataluña y modifique por fin los formularios de preinscripción. Aún no ha obtenido respuesta.

Aparte de la enseñanza, el grueso de las quejas provocadas por la política de la Generalitat en este campo se refieren a la actividad de las Oficinas de Garantías Lingüísticas que el Gobierno de Maragall ha abierto en Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona y Tortosa. Su objetivo oficial es proteger el derecho a vivir «plenamente» en catalán, pero según denuncia José Domingo, vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia, su cometido principal es «facilitar al máximo los mecanismos para denunciar a los establecimientos que no tienen sus rótulos en catalán o cuyo personal no atiende a los clientes en esa lengua». Según los datos de la propia Generalitat, en el primer semestre de 2005 las oficinas tramitaron casi mil quejas por este motivo, sancionando a numerosos locales por no cumplir la normativa de emplear en sus rótulos, al menos, el catalán. De hecho, la página web de las oficinas detalla todos los pasos para elevar una denuncia -incluida la descarga de los formularios necesarios- , y además relata un caso práctico de «falta de respeto a los derechos del consumidor»: el de una agencia de viajes que no facilita una copia del contrato en catalán.

A raíz de las «cada vez más frecuentes y numerosas quejas» que recibió el Defensor del Pueblo a lo largo del pasado año por la «progresiva minoración de las libertades y derechos lingüísticos de quienes optan por el uso del castellano», Enrique Múgica redactó hace meses una carta a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, en la que expresó su «grave preocupación» por el «desamparo que manifiestan muchos ciudadanos». Su homólogo en Cataluña, el Sindic de Greuges Rafael Ribó, también ha recibido en los últimos meses una cuarentena de quejas por temas lingüísticos. Eso sí, de todas ellas apenas una decena corresponde a casos de discriminación del castellano.

«Se niega la comunicación con los padres»
M. Pardeiro La Razón 31 Enero 2006

Barcelona- La obligación impuesta por la Generalitat a los docentes de la escuela pública para realizar la totalidad de su actividad en catalán genera no pocos problemas de comunicación con los padres. El centro de educación infantil y primaria Baloo de Barcelona es sólo un ejemplo de estas «interferencias». Padres que tan sólo dominan la lengua castellana terminan por ausentarse de las reuniones con el profesorado, ya que no pueden comprender sus explicaciones. Tras varias charlas en catalán, optan por no asistir a las citas con los maestros ante la imposibilidad de entenderse. «Me parece mal que se niegue una vía de comunicación con los padres, sobre todo cuando está en tu mano», asegura Josep Maria Teixidó, profesor en prácticas en el centro. En este contexto, se muestra partidario de flexibilizar la cuestión idiomática, ya que considera «muy importante» la relación con los progenitores para el seguimiento de la evolución de los alumnos.

Esta circunstancia afecta especialmente a inmigrantes procedentes de Latinoamérica, pero también a españoles que sólo se desenvuelven con soltura en lengua castellana. Teixidó señala la causa del uso sistemático de la lengua catalana: «Si usáramos el castellano, muchos alumnos pasarían a expresarse en esta lengua y se perdería de vista el objetivo marcado por la Generalitat para convertir el catalán en la lengua vehicular de la enseñanza».

Queda claro, pues, que la rigidez de los planteamientos de la Administración autonómica en lo referido a la preponderancia del catalán no se presta a muchas excepciones. De hecho, hace pocas semanas se conoció la directiva de un alto responsable de la educación en Tarragona, quien recordaba a los directores de las escuelas públicas la necesidad de usar el catalán no sólo en las lecciones magistrales, sino también en el conjunto de actividades extraescolares.

El Estatut y la disuasión lingüística
Editorial ABC 31 Enero 2006

EL proceso estatutario catalán se ha caracterizado, hasta el momento, por la diplomacia secreta puesta en práctica, con innegable sentido oportunista, por el presidente del Gobierno y por la superposición de una retórica laudatoria de sus efectos al horizonte conflictivo que provocará. El propio Rodríguez Zapatero ya ha dicho que España «está más unida que nunca», así que es fácil presumir que el optimismo presidencial sobre la realidad nacional llegará a mayores cotas cuando el nuevo Estatuto catalán esté aprobado. Sin embargo, lo que entra en vigor no es la ficción ni la fabulación de la clase política, sino la ley que se publica en el Boletín Oficial. Y las realidades sociales se ven transformadas por esas normas que, paradójicamente, se presentan como supuesto antídoto (más unidad) de los efectos que realmente acaban produciendo (más disgregación).

Por eso, a medida que se analizan los términos del acuerdo entre Rodríguez Zapatero y Artur Mas se consolida la impresión de que el resultado final de este proceso revisionista del modelo constitucional consistirá en que Cataluña se va a desconectar de la vida en común con el resto de España. Al margen o en paralelo a los juicios técnicos sobre la constitucionalidad del preámbulo o de la consagración de los derechos históricos como fuente de legitimación política de la Generalitat; y a la cuantificación de los agravios financieros que se avecinan entre comunidades, el problema nacional más grave y profundo es que este acuerdo estatutario consagra la pretensión nacionalista de que Cataluña y el resto de España tengan cada vez menos intereses comunes.

El cúmulo de competencias que se transfiere a la Generalitat, así como la extensión al corazón del Estado (Administración General, Justicia) de un sistema de cooficialidad lingüística pensado para la disuasión de los castellanohablantes, van a generar un sistema político-social impermeable a cualquier sentimiento de comunidad con España. De hecho, el acuerdo estatutario de La Moncloa limita los vínculos entre Cataluña y el resto de España a una mera relación estatal y bilateral a través de órganos e instituciones políticas y financieras. Lo propio de un sistema confederal. Pero el mantenimiento y la generación de relaciones sociales (en toda la extensión del término) recíprocas entre Cataluña y las demás comunidades españolas está abocado a unas dificultades insuperables, impropias de un país tan unido como dice el presidente del Gobierno. Que la constatación de estos efectos no sea inmediata no significa que no se vayan a producir, pues con el actual ordenamiento jurídico ya se sabe a qué conduce el repliegue de la vocación nacional del Estado frente a las demandas nacionalista.

Este pronóstico es evidente en los ámbitos de la cultura, la educación, la acción administrativa, el ejercicio de las profesiones liberales o la función pública de la Administración del Estado. Y también, por supuesto, en el judicial, donde el pacto ofrecido por Rodríguez Zapatero a CiU supone el desbordamiento del único poder constitucional que el Estado mantenía en régimen unitario. Está escrito que los jueces, magistrados y fiscales que ejerzan sus funciones en Cataluña deben acreditar un «conocimiento adecuado y suficiente» del catalán. También que el Consejo de Justicia de Cataluña será un órgano «desconcentrado», no descentralizado (diferencia fundamental), del Consejo General del Poder Judicial, que no podrá revisar determinadas competencias atribuidas con carácter soberano a este nuevo órgano autonómico de la Justicia. Dicho queda que este Consejo catalán podrá convocar concursos para cubrir vacantes judiciales en Cataluña. Y, finalmente, se prevé que la Generalitat asuma la más amplia competencia sobre los funcionarios no judiciales de la Administración de Justicia, por ahora cuerpos nacionales.

Estos rasgos, por sí mismos y sin necesidad de declarar formalmente la existencia de un poder judicial catalán (entre otras razones, porque no hace falta para el propósito nacionalista a día de hoy), son suficientes para provocar la segregación de la Justicia en Cataluña a través de la disuasión lingüística a jueces, fiscales, magistrados y funcionarios de la oficina judicial. Este planteamiento lingüístico de la actividad judicial en Cataluña es inconstitucional, pero, además, desde el punto de vista social es puramente segregacionista, al levantar una frontera idiomática con el objetivo de llevar el sentido identitario a los ámbitos del poder público estatal ejercido en Cataluña y sugerir la salida (o desanimar a entrar) a quienes no se sientan cómodos en la nueva y reforzada sociedad nacionalista que se ha pactado en La Moncloa.

Cataluña
El arancel lingüístico
José García Domínguez Libertad Digital 31 Enero 2006

Ya lo tiene decidido, se marcha. Pero me ruega, por favor, que no deje pistas en el artículo que permitiesen identificarlo. Aún habrá de esperar hasta junio hasta que prescriba su contrato en la Universidad, y no quiere problemas. Dicen que es muy bueno, de los mejores. Nació y se crió en una capital de Castilla que no viene al caso. Luego, cursaría la carrera y el doctorado en Estados Unidos. Se decidió por Barcelona porque la ciudad le gustaba –le sigue gustando– y dispone de modernos laboratorios relacionados con lo suyo, algo que tiene que ver con la síntesis de las proteínas.

Los otros dos candidatos proceden de cerca de Vic. Por lo que sabe, jamás han vivido fuera de Cataluña; ni una temporadita, nunca. Le creo, ahora es lo habitual. Hace poco, conocí a un catedrático de Humanidades que alardeaba, ufano, de no haber pisado Madrid y de no pensar hacerlo en lo que le reste de existencia. Me fijé: ninguno de aquellos comensales pareció sufrir ni vergüenza ajena, ni pena propia al escucharlo. La convocatoria acaba de hacerse pública en el Boletín. Por primera vez, exigen un requisito inexcusable a todos los aspirantes: el nivel C. Mi interlocutor cuenta, divertido, que el par de la comarca de Osona ha empezado a mirarse con recelo desde entonces: ambos saben que uno de ellos se quedará sin el chollo vitalicio. Ningún otro investigador español –ni del resto de la Unión Europea, ni tampoco de los otros continentes del planeta Tierra– competirá ya por el puesto; mi confidente, tampoco.

Para obtener el nivel C se impone, entre otros saberes, un conocimiento exhaustivo de la riqueza dialectal de la lengua doméstica. Los de fuera lo ignoran, pero no suena idéntica la fonética del catalán de los arrozales del Delta del Ebro que la del Alto Ampurdán. Y sólo el magisterio en esas variantes pedáneas requiere de más de un mes de clases, en un curso intensivo que abarca un año académico completo. Por lo demás, se rumorea que el porcentaje de suspensos suele ser alto, tal vez por eso la Generalitat jamás haya mostrado el menor entusiasmo por airear las cifras. En cualquier caso, mi amigo no parece interesado en conocerlas. Ya no. Me confiesa que ha captado el mensaje, y que se va.

En la primavera de 1838, tras recalar en el puerto de Barcelona, anotó Stendhal en sus Memorias de un turista: “Estos señores quieren leyes justas, con excepción de la ley de aduanas, que debe ser hecha a su guisa. Es preciso que el español de Granada, de Málaga o de La Coruña no compre las telas de algodón inglesas, que son excelentes y que cuestan un franco la vara, por ejemplo, y adquieran telas catalanas, muy inferiores y que cuestan tres francos la vara”. Oh, el arancel, el eterno y sagrado arancel. ¿Qué serían sin él?

La España famélica
Eusebio Cedena Gallardo elsemanaldigital 31 Enero 2006

Con los años, la España de las Autonomías nos está saliendo rana. A vueltas todo el día con las esencias nacionales, quiénes somos, dónde vamos, y toda esa patraña a la que tiramos, crispados y sumisos, de la mano de los nacionalismos minoritarios, la España autonómica va camino de alguna tontería aún mayor. Saturno devorado por sus hijos. Quién sabe qué cota de estupidez alcanzaremos si seguimos el carril sin un plan que nos indique qué hacer al día siguiente y dónde ponemos los límites. Porque, claro, habrá que ponerlos algún día. ¿O no?

Hay que reconocerlo: la realidad es la que es. A algunos españoles, como Carod, como Ibarretxe o como el señor ese Rubianes que tan finamente insulta, les importa muy poco España. Están en su derecho. A decir verdad, no les importa nada. Nada que no sea estudiarse al detalle como salirse de ella con el mayor rédito posible. O sea, romper la nación de todos para hacer otra más chiquita y sólo de unos pocos. Y luego, mandar ellos, claro. Esas patrias sí les interesan, y mucho. Es una de las esencias de estos nacionalismos periféricos, excluyentes y tirando a provincianos, de manera que trabajan cada día en esa tesis, con ese sentimiento, con esa obsesión casi genética. A éstos les escuchas y se les entiende perfectamente todo.

Pero este reconocimiento no implica sumisión. Para nada. A los nacionalistas hay que respetarlos y escucharlos. Son un grupo a tener en cuenta, pero ni un paso más allá. No vamos a ayudarles en sus fines. Y ahí es donde Zapatero se está equivocando gravemente, con dos añadidos peligrosos. El primero, que no sabe dónde va ni lo que quiere, y si lo sabe, que lo cuente para que los españoles podamos atenernos. Y el segundo, que detrás de su enredo con el nacionalismo, en la puerta trasera de tanto mareo político, no hay otra cosa que el juego del poder. Nada más. A España ni se la nombra, salvo para atacarla, como Carod, Otegi, o ese Rubianes que luego se va de bolos por todo el país que tanto odia y que le paga sus buenos dineritos.

La espectacular puesta en escena del famoso acuerdo de Zapatero con Artur Mas el otro día, desproporcionada para lo raquítico del fondo, no es otra cosa, esencialmente, que un reparto del poder. Sigamos ahí, Artur, querido. Arreglemos esto, que la cosa está fea. De acuerdo, José Luis, tú primero. Y mientras tanto, la España autonómica en vías de venir a menos, cambiarse el apellido por famélica y, cualquier día de estos, pegarse un susto y no encontrarse. Quiénes somos, dónde vamos, hasta que de pronto ¡zas!, un día ni seamos, ni vayamos. Y Zapatero, como el conejito aquel, dura y dura, sonríe y sonríe…

Patriotismo constitucional
Antonio Martín Beaumont elsemanaldigital 31 Enero 2006

Ahora resulta que un referéndum, es decir, consultar a los ciudadanos sobre una cuestión de interés general, se ha convertido en algo poco democrático. Y eso en un país cuya democracia se basa en una serie de referendos y dicho por el mismo partido que convocó una consulta de ingreso en la OTAN solicitando lo contrario de lo que había prometido durante la campaña electoral.

La iniciativa de Mariano Rajoy es, por supuesto, no sólo genéricamente democrática sino específicamente constitucional. Tan constitucional que no sólo se puede convocar respetando la letra y el espíritu de la Carta Magna, sino que, además, es la manera más rápida de que la gente –el pueblo soberano- pueda expresarse sobre algo que le afecta… constitucionalmente.

Veamos. Algunos -diría que muchos- creemos que la reforma del Estatut catalán no es buena; pero además tenemos la evidencia de que modifica la Constitución en su esencia, pues acepta la existencia de una nación –es decir, de una soberanía- diferente de la española. José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas pueden haber encontrado una fórmula jurídica para sortear el consenso parlamentario del PP necesario para reformas constitucionales. Pero si se llaman demócratas –y me consta que lo son- no debería darles miedo pedir apoyo a los ciudadanos.

Lo que pasa, en mi opinión, es que tienen razones para pensar que los españoles de a pie, sin distinción de colores políticos ni de autonomías, quieren que España siga siendo la que es, porque eso es tanto como decir que ellos van a seguir siendo libres, iguales, solidarios y soberanos.

Y por eso Rajoy hoy, precisamente, estará en Cádiz con su "barón" andaluz Javier Arenas para empezar la campaña de recogida de firmas pidiendo un referéndum. Cinco millones de rúbricas quiere el líder de la oposición meter en su carpeta azul para ponérselas encima de la mesa al presidente. Las recogerá. Quizá, incluso, alguna más. De hecho si algo preocupa a Zapatero es que, a día de hoy, haya más partidarios del referéndum que votantes del PP.

Si los populares, un año antes de las elecciones municipales y autonómicas, hacen las cosas con pasión y tino pero sin estridencias, sin oponer a un trasnochado nacionalismo particularista otro nacionalismo español igualmente sin futuro, sino un españolismo moderno, del siglo XXI, sustentado en los valores y principios de la Constitución, pueden ampliar los diez millones de votos de 2004.

La reconquista de la idea nacional
José Javier Esparza elsemanaldigital 31 Enero 2006

Todo cuanto estamos viviendo apunta en una dirección: España se disuelve como idea nacional. Por el contrario, la idea nacional catalana, vasca y gallega se afianza con el beneplácito del propio Gobierno de España. Ése es el gran asunto de nuestros días. Y, por lo que se va viendo, de poco servirá que protesten los jueces o el Consejo de Estado: nos hallamos ante un proyecto de transformación radical dispuesto a pasar por encima de cualquier obstáculo. La pregunta es: ¿desde dónde resistir?

La derecha moderada sostiene, con buena voluntad, que al nacionalismo separatista hay que enfrentarse con el discurso de la paz, la libertad y la Constitución. Pero después de casi treinta años de orden constitucional la realidad es ésta: el clima de paz y libertad propiciado por la Constitución ha dejado el campo expedito a los secesionistas para que construyan su proyecto sin oposición. El discurso de "paz, libertad y Constitución" no los ha frenado, al revés: los secesionismos lo han empleado en provecho propio –contra la paz y la libertad del resto de España, también contra la Constitución.

Es ingenuo suponer que la Constitución, por su mera presencia, inhibirá el crecimiento del nacionalismo. Los nacionalismos en Cataluña, el País Vasco o Galicia han funcionado como condensadores ideológicos y afectivos de la identidad colectiva. Trabajan, pues, en un registro distinto al del ordenamiento legal: el registro de la legitimidad, de aquello que las gentes consideran como bueno y justo, al margen de lo que la Constitución predique. La única manera de hacer frente a eso es proponer, desde el Estado, otro condensador, otra instancia de reconocimiento colectivo, otra legitimidad, otra identidad –una identidad integralmente española. Pero eso es exactamente lo que el sistema de 1978 ha rehusado hacer: nunca se ha opuesto un discurso nacional español al vasco o catalán. El resultado lo tenemos ante los ojos: Cataluña y Vascongadas, que estaban lejos de ser naciones en 1978, se hallan hoy a un paso de culminar su propia construcción nacional. Inversamente, España destruye su identidad.

Convendría apartar este asunto de la polémica izquierda/derecha. Son problemas distintos. Es verdad que nuestra izquierda trabaja abiertamente contra la identidad nacional española, pero eso es una anomalía que es factible rectificar: en toda la izquierda europea hay gruesas vetas de pensamiento nacional; en la española bien podría haberlas. Del mismo modo, es igualmente cierto que la derecha española parece más identificada con la causa nacional, pero hay que recordar que ocho años de gobierno no se han saldado con pasos sólidos en esta dirección. La reconquista de la idea nacional tiene que plantearse al margen de las querellas entre PP y PSOE. Una nación hemipléjica sería un disparate.

El primer paso es plantear esta afirmación: los españoles tenemos derecho a defender España como identidad nacional. Parece mentira que hayamos llegado a esto, pero así están las cosas.

Un artículo incomprensible de Francesc de Carreras
Alejo Vidal-Quadras  Periodista Digital 31 Enero 2006

Conozco a Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y ex-vocal del Consejo Consultivo de la Generalitad de Cataluña, desde hace muchos años. Siempre me he honrado con su amistad y siento por él un gran respeto intelectual y personal. En no pocas ocasiones me ha demostrado su compromiso inequívoco con principios, valores e ideales que compartimos y en circunstancias difíciles o dolorosas de mi vida política no me han faltado su aliento y su afecto. Por tanto, sólo puedo decir cosas buenas de Francesc, como intelectual, como ciudadano y como ser humano. Por eso no entiendo ni el contenido ni la intención de su artículo titulado "Los verdaderos problemas" publicado en La Vanguardia el pasado día 26 de enero.

En este extraño texto, su autor sienta las tesis siguientes: 1) El resultado del acuerdo Zapatero-Mas sobre el nuevo Estatuto de Cataluña se ajusta a la Constitución y representa una muestra de sensatez 2) Las modificaciones introducidas tras ese pacto se corresponden con las enmiendas del PP y 3) La norma surgida de las nicotínicas conversaciones nocturnas entre el Presidente de CiU y el del Gobierno central no dejan nada de la propuesta aprobada por el Parlamento de Cataluña.

Tras reponerme de la perplejidad que me ha causado la lectura de semejantes aseveraciones, paso a comentarlas:

Lo que se sabe sobre el acuerdo de marras -porque lo que no se sabe hace temer consecuencias aún peores- presenta todavía numerosos y graves vicios de inconstitucionalidad. La obligatoriedad del conocimiento del catalán, el blindaje de competencias de la Generalidad, la bilateralidad, la tabla de derechos y deberes y la atribución de la condición de "nación" a Cataluña en el Preámbulo mediante un subterfugio, son todos ellos elementos que desbordan nuestro vigente ordenamiento y que traicionan su espíritu a la vez que fuerzan arbitrariamente su letra. Por tanto, la afirmación de que el PSOE ha conseguido hacer entrar en la vereda constitucional a los nacionalistas no sólo es aventurada, sino inexacta.

En cuanto a la pretendida semejanza entre lo pasteleado en La Moncloa y las enmiendas del PP, basta examinar los pormenorizados motivos de desacuerdo presentados en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Popular para advertir que la diferencia entre los arreglos zapateriles con el delfín de Pujol y la posición del PP es radical y abismal. La simple lectura de las enmiendas de supresión registradas por los populares lleva a la conclusión de que la similitud percibida por Carreras únicamente existe en su imaginación. El sistema de finanaciación diseñado en el acuerdo, sin ir más lejos, perjudica gravemente a las Comunidades de menor renta y obliga al Estado a una peligrosa subida de impuestos o a un no menos perjudicial déficit, y ha sido tajantemente rechazado por Mariano Rajoy.

Aunque se han producido, como no podía ser de otra manera, cambios que liman las aristas más hiriente del disparate soberanista y rabiosamente anticonstitucional elaborado en la Cámara autonómica, el nuevo Estatuto que socialistas y nacionalistas pretenden hacer tragar a todos los españoles sigue siendo un engendro que vacía al Estado de competencias, acaba con los principios de solidaridad e igualdad y coloca a los separatistas mucho más cerca de sus disolventes objetivos finales.

Entonces, ¿a qué viene ese empeño de Francesc de Carreras en hacernos creer que Zapatero ha conseguido dejar el Estatuto "limpio como una patena"?

Quiero suponer que el propósito de mi buen amigo Francesc ha sido demostrar la magnitud de la aberración que representaba el texto inicial y la irresponsabilidad de sus impulsores, que al final han visto algunas de sus pretensiones más delirantes frenadas en la negociación. Sin embargo, lo que se desprende de su desorientadora pieza del pasado 26 de enero es algo muy distinto y que supongo lejano de su verdadero pensamiento. Según se deduce de sus argumentos, la operación de encajar el nuevo Estatuto en nuestra Ley Fundamental ha sido un éxito y ahora lo correcto es asumirlo y pasar a ocuparnos de los auténticos problemas de la gente, la educación, la sanidad, las carreteras y la seguridad en las calles.

Si Francesc de Carreras cree que los potenciales votantes de la opción electoral en ciernes que él y otros queridos amigos míos han anunciado, se precipitarán a darles apoyo en las urnas después de que Ciutadans de Catalunya celebre un Estatuto totalitario, excluyente, insolidario y arcaico, ansiosos de ver como esta novedosa y original formación política se entrega con entusiasmo a resolver los problemas de las depuradoras, la delincuencia, el tráfico y las listas de espera hospitalarias, me temo que su profundo conocimiento del Derecho Público no está en consonancia con su visión estratégica del actual momento de la sociedad catalana.

Mi simpatía por Francesc de Carreras sigue incólume, mi admiración por su inteligencia no ha variado un ápice, mi reconocimiento de su altura moral permanece inalterado, ahora bien, mi valoración de sus posibilidades como animador e ideólogo de un nuevo partido destinado a sanear las aguas turbias del oasis catalán es menos optimista que hace una semana. El lado positivo de este episodio, en términos estrictamente frívolos, es que la vida, pese a todo, nos reserva siempre inesperadas sorpresas.

La sed maragalliana
Por IGNACIO RUIZ QUINTANO ABC 31 Enero 2006

LO peor de este andancio estatutario no será la pérdida segura de los puertos de Barcelona, Bilbao y Vigo, sino el 98 literario que a consecuencia de ello se nos vendrá encima. ¿Hay algo más pesado que el 98 literario que se nos vino encima con la pérdida de las últimas colonias ultramarinas? Aquel 98 empezó quejándose de que el pueblo se había pirado a los toros la misma tarde del desastre, cuando ocurrió al revés: el pueblo se enteró de la noticia a la salida de los toros, y al día siguiente la plaza estuvo vacía.

El 98 salta con el doble salto mortal de Ganivet sobre el río helado de Riga, cuya barba moruna ya debiera dejarse Mehdi Savalli, El Magrebí, para tener medio abierta la Puerta Grande de las Ventas. Ganivet, que llevó al frío la mantilla y la tertulia españolas, descreía de las consultas populares como un socialista posmoderno: «Para adueñarnos de la voluntad de las masas hay que poner en circulación ideas muy toscas y asequibles; porque las ideas difíciles no llegan a una muchedumbre; y como entonces va a ocurrir que los hombres mejor dotados no van a tener ganas de ir al honrado elector diciéndole majaderías, acabarán por triunfar aquellos a quienes las majaderías les salen como cosa natural y peculiar.»

Qué triste, este 98, pero qué a propósito sus vaticinios sombríos para el referéndum que promueve la oposición política a la sed catalana de independencia. Ese referéndum sería «ilegal», al decir, en particular, de Pepe Blanco, que estudió hasta primero de Derecho en Santiago, y «golpista», al decir, en general, de los partidos de Companys y Largo Caballero. ¿Qué empeño, pues, es éste del referéndum? ¿En qué Monte, o Montilla, de Piedad lo tomarían? Un referéndum no lo empeña Rajoy ni en Veguillas, prestamista madrileño y, como dicen los catalanes, «sin manías», que llegó a tomar una calavera del poeta Villaespesa y una merluza del actor Manolo Vico, que queda todavía más cómico que presentarse en la gala de los Goya disfrazado de José Antonio Camacho con un miriñaque de Ruiz de la Prada.

Un referéndum no es una merluza, y no apaga la sed catalana de independencia, que es una sed que viene de Maragall, otro noventayochista tremendo, que se define como un «sediento», es decir, lo contrario de un burgués, como lo llaman en «Madrit». Pemán, que lo defiende siempre, subraya que «sed» es constante palabra de la obra y de la vida maragallianas: frente a la revolución, sed de orden; frente al republicanismo, en un memorial redactado para el Rey deja dicho que Cataluña tiene «sed de rey»; y su poesía toda, en fin, clama «con la sed del cuerpo resucitado». ¿Resurrecciones poéticas tenemos? Ya verán, ya, qué otro 98 nos espera.

La escalofriante sinceridad de Otegi
Lorenzo Contreras Estrella Digital  31 Enero 2006

ETA mantiene su actividad violenta, con algo más que un sistema de “baja intensidad”, como gustaba decir a ciertos observadores e incluso simpatizantes de la banda terrorista. De “baja intensidad” más bien poco o nada. Han estado a punto de matar a un “ertzaina” en Bilbao, donde una bomba de cloratita en una oficina del Inem pudo dar al traste con la teoría, tan satisfactoria o prometedora para Zapatero, de que gracias a su gestión han dejado de producirse muertes durante dos años. Eso de no tener que soportar entierros, a veces con presencia en persona, supone para ZP algo muy gratificante, el menos en la medida en que le permite hacer creer en la eficacia de su política. Y, efectivamente, algunos se creen esa versión de los hechos. Hay pocas actitudes tan cínicas como la que el presidente del Gobierno adopta en tales casos.

Pero ETA sigue siendo lo que era. Simplemente ha variado su estrategia. Sabe que el desprestigio inherente a los atentados con muertes se ha incrementado en su contra desde que Al Qaeda puso en una cota insuperable la crueldad y el asesinato como arma de lucha. Mejor, según ha entendido, es mantener el nivel de amenaza, aprovechar las ventajas financieras de la extorsión y dejar, en definitiva, constancia de su presencia, que es una manera de ayudar a la supervivencia de Batasuna, siempre necesitada de ETA como referente. Quienes en distintos momentos han alimentado la conjetura de que ETA no mata porque no puede, o sólo mata cuando puede, tienen que hacerse a la idea de que no mata porque no quiere, es decir, porque ahora, y no se sabe durante cuánto tiempo, no le conviene. Y además avisa de que en el futuro, por mucho que se avance en un sentido político provisional en la línea de posibles entendimientos “pacificadores”, las armas y su uso no serán depuestos. lo acaba de decir Arnaldo Otegi en declaraciones al diario abertzale Gara: “Un proceso de negociación, si finalmente se construye, no es un periodo de inactividad". Según el líder batasuno, hay que “evitar que los estados (o sea, para él, España y Francia a tales efectos) intenten ganar en la mesa de negociación”, y además también hay que evitar “que otros, como puede ser el PNV, intenten cerrar un acuerdo en falso”.

No cabe sinceridad más escalofriante. Las armas no se entregarán y están guardando su turno en la administración de los “argumentos”. Para ETA —también para Otegi y sus camaradas— todo vale: las ofertas de negociación y lo que se tercie, las comparecencias públicas, los llamados congresos, la “mesa de partidos” y, por supuesto, el terrorismo de baja y de alta intensidad sí hacen falta.

La utilización de la estrategia de internacionalización del “mensaje” etarra y el recurso a la piel de cordero forman parte esencial de la llamada actividad. Y nada de parecerse a Cataluña en la búsqueda de un proceso político. Lo ha manifestado también el lehendakari Ibarretxe. Pero, ya que tenemos a Otegi en el uso de la palabra, aunque sea la palabra impresa y tal vez mejor que así ocurra, vale la pena reproducir lo que el líder abertzale y proetarra sostiene como “cosa meridiana” (sic) en el mismo diario antes mencionado: “No tiene nada que ver el proceso de superación del conflicto político y armado en Euskal Herria con un proceso de reforma estatutaria como el de Catalunya (...) Se observa que CiU ha hecho un pacto para gestionar sus negocios y volver a gestionar la Generalitat”.

Es de agradecer tanta claridad por parte de Otegi, quien añade: “Nos suena mucho a lo que quieren hacer otros aquí porque ya lo hicieron hace 25 años. Escuchar a Imaz hablar del ‘gran acuerdo’ logrado en Cataluña nos puede dar una pista de a qué pueden querer jugar aquí si les dejamos”.

Está claro? Lo está. Lo está meridianamente.

Terrorismo en el camerino
Por VALENTÍ PUIG ABC 31 Enero 2006

ALECCIONA de modo escabroso que cada avance del islamismo en las urnas corresponda en general al travestismo de alguna organización terrorista en grupo parlamentario. Más allá del Oriente Medio, Sinn Fein y Herri Batasuna en algo se asemejan a tal proceso. En Oriente Medio, antes de la victoria de Hamás en Palestina, teníamos los escaños para los Hermanos Musulmanes en Egipto, el voto a Hizbollá en Líbano, la llegada de Ajmadinejad a la cúpula iraní o los avances fundamentalistas en las urnas sauditas. Se negocia en busca del mal menor, se pacta o se claudica: así es como el terrorismo se siente invitado a pasar por el camerino y reaparece en escena con chaqué de estadista. Es la consecuencia casi sistemática de la contemporización en nombre de la paz. En los reinos de la ambigüedad, las buenas intenciones buscan un «fair play», mientras los terroristas no cesan de practicar el asesinato, la extorsión y el chantaje. De alguna manera habrán contribuido a la corrupción de Al Fatah los más de quinientos millones de euros anuales que la Unión Europea enviaba a la Autoridad Palestina casi a fondo perdido. De aquellos buenos sentimientos y generosidades proviene que Hamás tenga votos de los palestinos moderados, hartos de contemplar los usos cleptocráticos y del entorno de Arafat.

Para quien gobierna, no existe problema político más envenenado que el terrorismo: de una parte combatirlo, de otra la tentación de darle la llave del camerino para que se vista de otra cosa para, de una vez por todas, dejar de ser terrorismo. ETA pretende la desintegración de España, Hamás quiere destruir Israel: por el camino, muerte y destrucción. Hamás ha matado para afirmarse en Palestina y así poder acabar con el Estado de Israel: quien proponga ahora tratarles como si todo esto no hubiera ocurrido quizás algún día obtenga el premio Nobel de la Paz, pero su iniciativa resultará ser, como casi siempre, un largo trayecto de exigencias por una parte y entregas por la otra, de experimentos semánticos por un lado y de brutalidad impositiva por el otro. También dice Hamás que lleva un año de tregua.

Mientras Rodríguez Zapatero espera las señales de humo de ETA, el caso de Hamás reabre un viejo dilema para la Europa que pasa estos días bajo la nieve y para unos Estados Unidos que están a la espera del discurso sobre el estado de la Unión de George W. Bush. Los expertos de Washington hablan de una fatiga causada por la polarización. Es una polarización que -según el ilustre «Christian Science Monitor»- se da en la política, pero no con la misma intensidad en un electorado por lo general pragmático. Fatiga, polarización: suena a familiar visto desde España.

Sea como sea, a este discurso del estado de la Unión el presidente norteamericano le va a tener que inyectar pasión y rigor: ahí fuera, muy a lo lejos, tiene la teocracia atómica de Ajmadinejad y el tictac de la bomba de relojería de Hamás arrimada a Israel. Ante las escalinatas del Capitolio pulula toda la abigarrada trama de problemas de política interior -gasto público, salud, competitividad o inmigración ilegal- que inquieta a la ciudadanía de los Estados Unidos. También en la Unión Europea nos afectan asuntos más inmediatos que el Oriente Medio, pero ése no es un momento como para que la clase política europea se ensimisme una vez más en la ambigüedad y la pretensión de añeja neutralidad. Condoleezza Rice ha dicho a Hamás que no se puede tener un pie puesto en la política y otro en el terror. Como en España ha demostrado la Ley de Partidos en sus mejores tiempos, la máxima presión policial, el acoso constante, la cooperación internacional, la desactivación infatigable y la consistencia de la opinión pública son el método empíricamente más contrastado para atajar el terror. Algo ocurre cuando terroristas como Hamás hacen campaña electoral.    vpuig@abc.es

PP
Ganar la iniciativa
Pío Moa Libertad Digital 31 Enero 2006

Dada la emocionalidad que inevitablemente provoca la serie interminable de insolencias y provocaciones del Iluminado de la Moncloa y sus aliados separatistas y terroristas, es fácil perder la perspectiva general de la situación y caer en disputas parciales que enturbian la visión de conjunto. De hecho viene ocurriendo con el PP. Este partido ya mostró en la última campaña electoral su capacidad para ponerse a la defensiva cuando tenía todo a su favor, arriesgando, aun antes del 11-M, perder la mayoría absoluta e incluso la mayoría. Y ahora ofrece un espectáculo parecido al que Demóstenes achacaba a los atenienses: “peleáis como los bárbaros, que cuando les golpean llevan las manos a proteger la parte golpeada, y cuando reciben un nuevo golpe en otro lugar allí acuden sus manos, porque no saben pararlos ni vigilar la táctica contraria”. Difícilmente cabe imaginar un partido con más razón y más razones de su lado, y tan poco hábil para defenderlas.

La mayor tara de la democracia en estos treinta años ha sido la inaplicación de la Constitución y sus libertades en las Vascongadas y, en menor pero creciente medida, en Cataluña. La asignatura pendiente del régimen consistía en extender a esas regiones la democracia. En 2003 Jaime Mayor Oreja mostró en una clarividente conferencia que sólo una estrategia de fortalecimiento democrático, con aplicación de la ley y las libertades a las Vascongadas y Cataluña, y garantía de sus usos en todo el país, podía consolidar los logros de la Transición. Por desgracia su partido fue incapaz de tomar la iniciativa en esa dirección, y el mismo Mayor Oreja se vio marginado.

La indecisión o el oportunismo del PP han terminado propiciando el actual proceso involutivo: son las formas liberticidas de hacer política impuestas en Cataluña y Vascongadas las que se están imponiendo en todo el país. Ello significa la sustitución del vasto consenso político y popular en torno a la Constitución, por acuerdos intrigantes entre grupos de políticos irresponsables, torpedeando la Constitución mediante hechos consumados. Ninguno de los chanchullos resultantes podrá obtener la lealtad y respeto ganados por la Constitución más consensuada de la historia de España. De hecho estamos cayendo en una política a la latinoamericana, donde los votos se utilizan corruptamente contra la ley y la libertad. Entramos en un nuevo período de inestabilidad, si no paramos a tiempo el proceso.

¿Podemos pararlo? Las fuerzas para ello están ahí, en la sociedad, abrumadoramente superiores a las contrarias. Pues la inmensa mayoría desea, sin lugar a dudas, vivir en una nación unida, democrática y estable, condiciones para asegurar la prosperidad, una influencia adecuada que proteja nuestros intereses en el mundo de hoy, y el desarrollo de nuestra cultura, que ha conocido épocas gloriosas. Pocos españoles, en cambio, apoyarán el plan diseñado por la funesta alianza de demagogos, separatistas y terroristas, que consiste y sólo puede consistir en un “Estado español” impotente, convertido en un amasijo de seudo naciones fundadas en el odio a España, con ciudadanos de primera y de segunda, y la mancha de un terrorismo legalizado en su origen, resentidas entre sí, internacionalmente irrelevantes, peones de las intrigas e intereses de potencias más fuertes, e incapacitadas para afrontar nuevos peligros como los del islamismo radical.

Tal es la elección de nuestros días, después de treinta años de democracia. ¿Será posible desmantelar el artificio de falacias con que la siniestra alianza intenta cegar a la población sobre sus intereses y las consecuencias de tales planes? ¿Será posible superar las respuestas “bárbaras”, como decía Demóstenes, y encauzar la formidable fuerza partidaria de la unidad y la libertad para frustrar los planes contrarios? Es indispensable que así ocurra. Pero ello no depende del PP, o sólo de él, sino de toda la sociedad.

Una nación catatónica
Graciano Palomo elsemanaldigital 31 Enero 2006

Llevamos tanto tiempo discutiendo, polemizando, analizando el ser de España (durante siglos), que al final nos vamos a creer esa patraña con sello de idiota que ahora mismo está vehículando por ahí ese presunto director teatral con nombre de Calixto.

España existe. Punto. Lo que sucede es que está poblada por unas cuantas generaciones de españoles a los que se les inyecta en vena la anti-España porque se han destruido todos los valores que aglutinaban el sentir nacional (no sucede lo mismo en el Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos, sin ir más lejos), y entonces viene la búsqueda de otras entidades.

La idea es antes que nada. Y la idea de España se ha ido, se está destruyendo día a día al socaire de mil y una gaitas. Es un problema de coco, que dirían los modernos. Los Mas, Carod, ZP y demás elementos en comunión no hubieran durado democráticamente un rosario si enfrente hubiera una sociedad que cree en sí misma, con autoestima, con referentes esenciales y básicos. No. Es que no hay nada. Simplemente basta con echar una mirada a cualquiera de la legión de televisiones que nos inundan. La nada, la fruslería, la vaga mamandurría, la sinrazón, la excitación de las bajas pasiones. Nada de nada.

Ya se puede empeñar el bueno de Rajoy -¡quién le iba a decir a él que le iba a tocar esto!- en patear el país desde Finisterre a Machichaco recopilando firmas. Es lo mismo. El problema de fondo es otro. Se podrán poner un peluquín al calvo por mor de la quimioterapia, porque el cáncer seguirá existiendo. La enfermedad letal que nos embarga ya desde hace muchos años es la ignorancia, la falta de rigor, la frivolidad, la ausencia de valores y de referentes éticos. Ése es el problema.

Lo demás deviene solo. Antes que nada una nación no es otra cosa que la voluntad de vivir juntos y suceda lo que ocurra con el Estatut o los estatuts que vengan –que vendrán- ha quedado claro que hay una porción de españoles que no quieren seguir viviendo juntos. Punto. Alguien me dirá que también en Escocia, Gales, Bretaña, y en otros puntos de países de la Unión Europea, y yo le diré acto seguido que lleva toda la razón. Pero hay algo que allí tienen, por ende, y aquí no. Hay Estados fuertes (independientemente del gobierno de turno) y aquí no. Cuando en el Reino Unido se cuestionó la unidad nacional el infumable John Major preparó a las Cámaras y otras cosas, convocó elecciones anticipadas e incluso él obtuvo mayoría absoluta.

¿Se imaginan el debate político que está teniendo lugar en España en los Estados Unidos, Francia o el propio UK? No. De ninguna manera. Sencillamente no es posible.

El problema no es de ZP, que lo es. El problema es de la sociedad española, que sólo se moviliza cuando le tocan el bolsillo o la tragedia traspasa todos los dinteles.

Se han equivocado los que recogen firmas. Antes que la firma hay que educar, enseñar, aleccionar lo de antes y lo de ahora.

El problema no es ZP, ni Carod, ni Rubalcaba, ni Ibarretxe. El problema es de los españoles que les dicen que abran sus alcobas porque alguien quiere beneficiarse a sus esposas y éstos dejan expedito el camino al ocupa sediento de poseer, simplemente porque tienen miedo.

El resto me parece de añadidura.

Desgraciadamente.

¿Quién teme a Teresa?
Por IGNACIO CAMACHO ABC 31 Enero 2006

OCHO años hace ya que mataron a Alberto Jiménez Becerril, y en la mirada hermosa y transparente de su hermana Teresa se ha solidificado una nube de dolor que empezó trasminada de tristeza y ha acabado cuajando en un poso de rabia. Alguien debe de temer la fuerza interior de esa mirada cuando a su dueña le impidieron hablar, como otras veces, en la entrega del premio de la Fundación que lleva el nombre del concejal sevillano, asesinado junto a su esposa en una noche gélida de los años de plomo que ahora parecen destinados a ese anaquel de la memoria donde reposan los recuerdos incómodos, las punzadas perturbadoras, las evocaciones engorrosas cuya pena conviene orillar para sobrevivir en el río tumultuoso de la vida.

En ese acto se habló de paz, de justicia, de perdón, de memoria, pero no se citó por su nombre a los asesinos ni a la siniestra banda de la que formaban parte, cuya sola mención parece ahora un enojoso obstáculo político. Curiosa manera de recordar. Han cambiado los tiempos, y acaso se ha vuelto incómoda la costumbre de llamar a las cosas por su nombre. Quizá por eso estorbaba, como un fardo penoso y cargante, la voz limpia y serena de Teresa, que no quiere olvidar ni perdonar a quienes no perdonaron la ocasión de dejar a tres niños huérfanos y encima pidieron champán en la cárcel para brindar por el preciso éxito de su hazaña.

Porque Alberto Jiménez Becerril y su esposa Ascensión no fueron víctimas de un fatal accidente de tráfico, ni perecieron a causa de eso que ahora se llama genéricamente «la violencia», como si hubieran fallecido en una pelea tabernaria. No. Los mataron por la espalda unos pistoleros de la ETA que afortunadamente pagan en la cárcel una parte de su espantosa culpa. Digo una parte porque crímenes así, tan alevosos, tan gratuitos, tan crueles, no tienen en la tierra manera de completa expiación, tan profundo como resulta el mal que hacen y tan irreversible como se vuelve su huella.

Por eso Teresa no quiere perdonar, y está en su derecho porque los demás a veces recordamos a Alberto y su sonrisa, a Ascensión y su bondad, y continuamos viviendo nuestras cosas y nuestros afanes, pero a ella le cambió la vida y sabe cómo cambió la de su madre, la de sus sobrinos, la de su gente. Y siente rabia y le arden las tripas cuando desde esa Italia en la que halló refugio lee las noticias de una España en la que la memoria dolorida de las víctimas camina hacia un ingrato nirvana de extravíos. Teresa Jiménez Becerril no quiere bajar las persianas de su legítima furia interior, de su rebeldía moral ante la aceptación de lo inevitable. Por eso no la dejan romper con sus palabras el delicado equilibrio de este disimulo colectivo, aunque desde la hondura de su mirada proclame las bárbaras, terribles, amorosas crueldades (Celaya) de su verdad sin tapujos, dura como un látigo en la conciencia, helada como un cuchillo en la carne.

Aragón recuerda a las víctimas
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  31 Enero 2006
Fue un emotivo y sencillo acto, en una jornada cargada de simbolismo, por ser el Día Mundial de la Paz. Y también un gesto necesario. El civismo, la memoria y el Estado de Derecho, contrapunto de ETA, que hizo estallar una bomba en Bilbao.

EL AÑO 1987 fue especialmente dramático para Aragón. El ataque a un autobús de la Academia General Militar, cuando pasaba frente a la iglesia de San Juan de los Panetes, mató a dos personas y causó heridas a otras cuarenta (una de ellas, por cierto, fallecida la semana pasada por secuelas del atentado). En diciembre, los asesinos etarras volvieron a atentar. La matanza de la casa cuartel de la avenida de Cataluña segó la vida de once personas, cinco de ellas niñas, en uno de los zarpazos más brutales de la banda. Son aniversarios marcados para siempre en la memoria colectiva de los aragoneses, como ocurre con cada una de las víctimas de la barbarie, en Aragón y en el resto de España. Imposible no recordar también estos días de un modo especial al matrimonio Jiménez Becerril, asesinado en Sevilla también un día 30 de enero, éste de 1998, o a Ramón Baglietto, el concejal de Azkoitia, a cuya viuda, Pilar, hemos visto la semana pasada soportar impasible los insultos de los fanáticos en el pleno municipal de su localidad.

Mientras, la banda terrorista ya no mata, entre otras razones, porque la atroz matanza del 11 de marzo en Madrid le hizo ver el efecto que la barbarie de la muerte causa en la población, pero sigue dedicada a la destrucción y la amenaza. La bomba colocada ayer en Bilbao, y que hirió levemente a un ertzaina, recuerda que el modus operandi de la banda no ha variado, y que la unidad de los demócratas y la actuación combinada de las fuerzas policiales y el estamento judicial, apoyadas en el firme, sereno y pacífico rechazo cívico a la violencia son las herramientas para acabar con la lacra terrorista. Y el mejor homenaje a quienes se quedaron en el camino.

Rubianes como metáfora.
Javier Orrico  Periodista Digital 31 Enero 2006

Con Rubianes no hay que irritarse, antes al contrario: agradecerle que, como bufón, como mera carcasa hueca, haya puesto voz a lo que piensan sus amos. Rubianes no es más que un tontucio sin muchas luces, un títere que se creyó, no sé, Gassman, Peter Ustinov, mientras los espectadores y el presentador de la Televisió de Cataluña (¿o es Catalaña?) le jaleaban y reían los insultos a España. Pero el destino de los Rubianes es acabar de felpudos de la burguesía catalanista en las puertas del Liceo, o de sicarios, correveidiles y mamporreros de algún señorito neonazi de los que contrataban pistoleros en el 17 y que hoy andan travestidos de luchadores por la libertad tripartita a la caza del hispanohablante. Lo único que hay que lamentar es que de sus labios de hiena sin dientes salgan los nombres de Cervantes y García Lorca, que son como nadie “la puta España” que él quisiera ver envuelta en mierda. Rubianes es un chapero ideológico con hongos en la boca de tanto lamer la mano de su señor. Eso es lo que, según manifestó en su segunda entrevista, la más terrible, la de e-noticies.com, posterior a la de TV3 (pueden encontrarse las dos en Periodista Digital), desearía Rubianes que hicieran los extremeños, reprochándoles –aunque ahora como cobarde roedor se desdiga- que no lamieran las manos catalanas que les dan de comer, que no se comportaran siquiera como los perros. Tras los insultos contra Juan Carlos Rodríguez Ibarra, sin nombrarlo, al que así paga el separatismo su desdichada defección final frente al Pastatut y a Zapatero, Pepito Rubianes indicaba que media región extremeña come gracias a Cataluña, además de los de Cuenca (en los de Cuenca entramos todos), y que, si se quejan, lo que tienen que hacer es irse "allí, a comerse su mierda". Todo ello, como ven, con ese lenguaje inteligente y alusivo de que hace gala este pariente cercano de la mosca verde, cuya alimentación tan bien conoce.

Por supuesto, una cosa es Cataluña, comunidad que ha dado ilustrísimos hijos a la cultura y la historia españolas, en catalán y en español, y desde siempre; de la que hoy forman parte millones de personas que son las primeras en lamentar y sufrir lo que está pasando, y cuyo símbolo quizás sea el Carmelo: el barrio de los castellanohablantes hundido por la corrupción, la mentira y la desvergüenza de los que se refugian en la noble bandera aragonesa y en la lengua catalana -que tantos amamos y hablamos- para encubrir su indecente confabulación de casta. Y otra cosa es Catalaña, esa invención nazional-socialista y rufianesca, lacaya de ZP aunque crea lo contrario, cuya verdad revelan los rubianes. Todo el desprecio de los peores señoritos fascistas y de sus matones (esos cuya condición detestable representa tan bien el Donald Sutherland de ‘Novecento’) está en las palabras de Rubianes: contra la raza inferior de los pobretes españoles que vienen a pedir a las puertas de los ricoshombres de la catalanidad triomfant. Y también todo el odio de los izquierdistas facinerosos que fusilaban católicos en las tapias de Montjuic. Ambos tipos se reencarnan, como farsa, como mera estupidez descerebrada, como espectáculo para resentidos, en este Rubianes sin seso. El problema no es pues, Rubianes, sino los que le escriben el guión y lo celebran.

Cargarse de razón y de firmas
EDITORIAL Libertad Digital 31 Enero 2006

En esa cuna constitucional y liberal que es la ciudad de Cádiz, arranca hoy, de forma oficial, la campaña de recogidas de firmas, liderada por el PP, en pro del derecho de todos los ciudadanos españoles a opinar sobre algo que, como el "estatuto" soberanista catalán, no sólo afecta a Cataluña, sino a toda España. No se trata de mostrar el rechazo a una opción de gobierno, sino a lo que es un cambio solapado en las reglas de juego que acaba de facto, y fraudulentamente, con el consenso constitucional forjado en 1978, para sustituirlo por un pacto entre Zapatero y los nacionalistas con el objetivo de cerrar un frente institucional contra el principal partido de la oposición.

Hay empresas que, simplemente, hay que emprender, aunque no tengamos certeza de que lleguen a buen puerto. El éxito, además, de esta campaña, no radica en que se pueda traducir en la celebración de un referéndum, sino en dejar constancia de que si Zapatero prosigue en su deriva rupturista, de la mano de los nacionalistas, lo hace contra el criterio de una inmensa mayoría ciudadana que no reconoce más nación que España, y más soberanía, que la de todos los españoles. Una mayoría que podrá, por supuesto, no ser escuchada, pero que, desde luego, se resiste a ser silenciada y mucho menos a ser silenciosa.

Alzar la voz es un derecho básico en democracia y no hay recomendación más estéril y claudicante que la que aconseja no alzarla porque no la van a hacer caso. El PSOE tiene por objetivo convencer a los españoles de que el traje estatutario confeccionado con los nacionalistas para Cataluña es impecablemente constitucional y positivo, no sólo para Cataluña, sino para toda España. Para esa monumental tarea de propaganda y engaño –para la que el PSOE cuenta con poderosísimos medios–, el mejor remate sería que en el PP se volviera al "perfil bajo" y que florecieran en su seno los acomodaticios y anestésicos Piqués.

Afortunadamente y por el contrario, Rajoy, con esta recogida de firmas, está dispuesto a "apelar a la solidaridad y a la cohesión territorial", a que "España se pacte entre los grandes partidos y no entre un gran partido y los partidos nacionalistas", a dar, en definitiva, la "batalla por algunas cosas que creíamos que eran aceptadas por todos, como que España era una nación y que todos los españoles éramos iguales ante la ley, en derechos, deberes y obligaciones".

La recogida de firmas, aunque sea la iniciativa que más nerviosos haya puesto a los socialistas, no es la única "batalla" que el PP debe estar dispuesto a librar. También debe insistir en que el PSOE se avenga a las recomendaciones que le hace el propio Consejo de Estado de cara a las eventuales reformas constitucionales. Por mucho caso omiso que, hasta ahora, Zapatero le haya brindado a este informe, el PP debe insistir en él con tanta energía, como la que también le deberá dedicar al estatuto durante su tramitación en sede parlamentaria. Pero –como dice el refrán– "a Dios rogando y con el mazo dando".

Aunque para nosotros, la carambola que pretende Zapatero no es otra que la marginación institucional del PP "como sea", el gobierno del 14-M siempre se avendrá antes a buscar un hipotético consenso con el principal partido de la oposición, si este partido canaliza y acredita el malestar ciudadano contra el "Estatut" soberanista, que si no lo hace y se deja llevar como un disciplinado y tranquilito opositor a un cargo del Estado. Mejor cargarse de razón y, al tiempo, de firmas. El silencio, para los corderos.

Rubianes con Otero
Presuntos provocadores
Cristina Losada Libertad Digital 31 Enero 2006

Dos hitos marcan, de momento, el lenguaje de la era ZP desde sus primeros vagidos, allá por la guerra contra Sadam Husein, hasta sus actuales balbuceos, con el Estatuto para los nacionalistas catalanes. La criatura nació entre los gritos de “asesinos” y “muérete Fraga”, y el mantra de Sardá: “Bush es un hijo de puta”. Así que, en cuanto el infante se ha echado a andar, la expresión más clara de sus primeros sentimientos ha venido de esta guisa: Puta España. Entre la cursilería y la obscenidad anda el juego expresivo de la casta dominante, y todo lo que se difumina con tonos pastel de Día de los Enamorados, aparece nítido, en blanco y negro, en el idioma de curso corriente.

Lo cual quiere decir que Rubianes, en su aparición en la televisión pública catalana, no hizo más que definir, para comprensión de los adolescentes, el sustrato político e ideológico de la alianza entre ZP y los nacionalistas. De modo que cuando ZP le soltaba a Gabilondo el camelo de que “es el momento de más unidad de nuestra historia porque lo que une es la democracia”, la traducción al román paladino la teníamos en la síntesis de Rubianes. Y si uno albergaba dudas sobre qué podía ser “algún caso aislado de algún problema absolutamente circunstancial” con el español y el catalán en Cataluña, las despejaba acudiendo a la prosa del intérprete. Una gran ayuda, Rubianes, para entender las claves del momento. Ha logrado esculpir en lenguaje contemporáneo y accesible, viejos y hasta rancios sentimientos.

Pero ahora la locutora Julia Otero nos viene con la matraca de que se le interpretó mal, y que donde dijo digo, dijo Dieguito. Más aún, le ha insertado en la estirpe de los provocadores y de los políticamente incorrectos. Y eso sí que no cuela. Pues Rubianes no despertó la hostilidad del público presente, que es el que hay que trabajarse, sino su aplauso. Un auténtico provocateur larga siempre aquello que está prohibido largar donde se encuentra. Vamos, que no hubiera dicho que se la sudaba España, sino el famoso Estatuto. Pero para eso hay que tener lo que Rubianes les quería hacer explotar a los españoles. No, no estuvo a la altura de un teatrero de los setenta. Y no lo estuvo porque era sincero. Lo que dijo es lo que piensa. Como los que le aplaudieron.

El panorama, Otero, es el siguiente: salvo por Boadella y alguno más, no hay en la farándula española ni un provocador ni un kamikaze políticamente incorrecto. Que la forma no confunda sobre la naturaleza del fondo. Cuanto más incorrecto es el lenguaje que utilizan, más correcto es su, llamémosle, pensamiento. Los que no callan, no pueden nadar más a favor de corriente ni jugársela menos. Y mira que no hay ocasiones para jugársela. Fijaos lo que sería, Rubianes y Otero, presentarse con un cartelazo de “ETA no” en el cónclave de los proetarras en Baracaldo. Allí, el actor, que dice que la COPE es una secta, podía haber visto en vivo y en directo los rituales de una auténtica. ¿Y pasearse con una bandera española frente a una sede de Esquerra? Las posibilidades son infinitas y están al alcance de cualquiera.

Pero no se le pidan peras al olmo. La politización de la farándula española se deshizo como un Fata Morgana en cuanto se puso el sol en el horizonte del 14-M. Ahora nada rompe la monotonía de las galas y el rebaño bala feliz mientras pasta lo que puede. Que cada Rubianes diga lo que quiera, pero por malhabladas que sean, no son éstas ovejas negras, sino blancas, dóciles, peludas, suaves. Y bajo la piel de oveja, lobos. Escuadrones de lenguaje agresivo y amenazador para que el adversario se amedrente y achante. Hay que tomárselos en serio.

La sátira
La ley del embudo
Fray Josepho Libertad Digital 31 Enero 2006

¡Alegre saludo
la ley del embudo!

Si manda la izquierda,
le aplican el código
benévolo y pródigo
a los de su cuerda.
Y al que no, a la mierda,
por zamborotudo…
¡La ley del embudo!

Quien fuma en el tajo,
por más que incomode,
se aguanta y se jode,
o deja el trabajo.
Y el presi, qué majo,
humea a menudo…
¡La ley del embudo!

Quien –boca de avispa,
histrión y alimaña–
se cisca en España,
¡qué guasa y qué chispa!
Y dicen que crispa
quien no asiente, mudo…
¡La ley del embudo!

A aquel que con ETA
(o el clan que es análogo)
demanda diálogo,
se le ama y respeta,
Y quien se enrabieta
lo tiene muy crudo…
¡La ley del embudo!

Quien tiene una parla
que está en minoría
constriñe a porfía
a todos a hablarla.
Y el que español charla
es vil y cornudo…
¡La ley del embudo!

Quien quiere de España
la Constitución
es facha y felón;
y quien encizaña
con odio y con saña,
e insulta hasta al Rey,
pues es cojonudo
y cumple la ley…
¡La ley del embudo!

Malentendidos
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 31 Enero 2006

Maragall vino, vió, habló y la armó. Después de entrevistarse con Patxi López e Ibarretxe, dijo a los periodistas que «he podido comprobar la comunidad de planteamientos (entre ambos) en cuanto al derecho a decidir». Al secretario de los socialistas vascos le faltó tiempo para comparecer ante los medios por segunda vez y decir: «es un malentendido».

La voz 'maragall' en catalán, ya quiere decir 'malentendido'. Muy probablemente, el diccionario del Institut d'Estudis Catalans incorporará el término a su próxima edición. Es también un 'maragall' que durante los últimos cuatro años, la dirección del PSE ha explicado a quien se lo quisiera oír : «hay que 'maragallizar' el PSE».

Tarea conseguida. ¿Qué le dijo Patxi a Maragall y qué entendió Pasqual de lo que dijo López? Hay ahí un campo para la interpretación, pero, incluso los que no nos contamos entre los primeros fans de Maragall como intelectual contemporáneo, creemos que es capaz de comprender el correcto sentido de una frase si se le dice, un suponer: «lo que nos separa de los nacionalistas es que ellos son partidarios de la autodeterminación, y nosotros, no». Otro malentendido es el que sufrió el concejal socialista de Azkoitia, ese pueblo enfermo de 'kandidiasis', que se hizo un lío y se abstuvo en la votación de la impresentable moción nacionalista en favor de unos asesinos que no se han arrepentido del crimen.

Hay más 'maragalles'. Otro es el candidato de Elorrio que se negó a tomar posesión tras la dimisión de un concejal socialista por presiones de quienes López no descarta que sean sus socios de Gobierno el día de mañana, y que su argumento sea que ese cargo pertenece a la plataforma ilegal Elorrio Herri Bilgunea.

Mención especial para la expresión del portavoz socialista en el Parlamento vasco contra la presidenta del PP: «María San Gil dispara a todo lo que se mueve», cuando la dirigente popular pedía que se cumpliera la ley y se impidiera el acto de Batasuna en el BEC, cosa que finalmente hizo el juez Grande Marlaska.

Antes, estas inversiones del lenguaje eran privativas de Arzalluz y los suyos. Seguramente López y el propio Pastor recordarán el día en que el nacionalista Rubalkaba se dirigió hacia sus escaños y los del PP, los que en otro tiempo ocuparon Buesa y Ordóñez, y les dijo: «Ustedes no hicieron nada (por la paz) mientras nosotros nos estábamos jugando el bigote». El camino hacia el desastre está alfombrado de metáforas tan miserables y descabelladas como éstas.

Maragall, el modelo de ayer, es hoy un político amortizado, un bien mostrenco del que reniega hasta Odón Elorza, pero su esencial malentendido gobierna hoy toda España. Está en el pacto del Tinell y en ese acuerdo a oscuras sobre el Estatut, que el presidente ha firmado con el jefe de la oposición en Cataluña contra la Generalitat y su muy honorable president. Más malentendidos. s.gonzalez@diario-elcorreo.com

MARAGALL, CIURANETA Y EL MORRO A LA CATALANA
Por ROBERTO PÉREZ ABC 31 Enero 2006

De la gastronomía catalana me gustan muchos platos. Desde los dulces de delicadeza, que los hay, y muchos, a la contundencia de la butifarra el «pagés», del embutido de rompe y rasga. Dicen los entendidos -que no sé cómo lo llevará Carod-, que el origen de la rica mesa catalana se remonta a la época de los romanos y que, desde entonces, ha ido recabando fórmulas de la gastronomía italiana, francesa, griega, provenzal, árabe y judía. Vamos, otra nación de naciones llevada al fogón. Pero hay un plato que se indigesta, el morro a la catalana. El risueño Maragall no para de darle a la cuchara con los Bienes de la Franja, esas 113 obras de arte de Aragón que, por avatares de la historia, quedaron en depósito en el Museo Diocesano de Lérida. Los tribunales eclesiásticos, tras diez años de litigio, en sentencia firme y con plena validez jurídica, han dejado claro que esas piezas deben volver a sus parroquias aragonesas de origen, un día pertenecientes a la Diócesis de Lérida y, desde la década pasada, parte de la demarcación eclesiástica de Barbastro-Monzón.

Pero Maragall se hace el longuis, o sea, el sueco. Se lo hace él y lo practica el obispo leridano, Francesc Xavier Ciuraneta. «Eso de devolver no es buena cosa», deben pensar. Aquí la clave está en trincar lo que se pueda, pero devolver, naranjas de la China. Ni con sentencia ni con pepinos en vinagre. Es la exquisitez de la gastronomía nacionalista.

Vale más ponerle una sonrisa al asunto, porque si no la indigestión está cantada. Después de tanta movida con los Papeles de Salamanca, hace falta jeta decir que lo de los Bienes de la Franja no está claro. No, ni gota. Vamos, menos claro que una sentencia judicial. Porque hasta Ciuraneta dice que eso de la sentencia habrá que verlo, que en qué estarían pensando los que han dicho que las obras de arte no son de Lérida. Pues no sé en qué estarían pensando, pero llevan diez años dándole vueltas a la cabeza y examinando papeles, de los de valor jurídico.

Y Maragall propone un convenio para arreglar el asunto. Después de diez años y de perder el litigio, convenio. Todo talante lo suyo, jeta de órdago el anguila, butifarra de «pagés» a troche y moche. Aquí lo que sobra es morro y lo que falta es magra.

MEDIANTE UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL PP
Zaplana denunciará en el Congreso la "atroz persecución" del castellano en Cataluña
El PP defenderá el próximo martes ante el pleno del Congreso una proposición no de ley a favor de los "derechos básicos" de los ciudadanos ante la "atrocidad" que supone la "persecución" que viven en Cataluña los que hablan castellano. Eduardo Zaplana lamentó que "en pleno siglo XXI, una persona no pueda expresarse en la lengua oficial de su propio país" y negó la afirmación de Zapatero de que los problemas registrados en Cataluña sean "casos aislados", algo que también desmienten las más de 400 denuncias presentadas al Defensor del Pueblo por este mismo asunto.
EFE Libertad Digital 31 Enero 2006

La Junta de Portavoces del Congreso, según anunció Eduardo Zaplana, acordó este lunes incorporar la iniciativa parlamentaria del PP al orden del día del primer pleno del próximo período de sesiones de la semana próxima. El diputado negó que los problemas derivados del uso del castellano en la enseñanza en Cataluña sean "casos aislados", como manifestó José Luis Rodríguez Zapatero.

En su opinión, tanto el Gobierno como las formaciones políticas que le apoyan "miran para otro lado" ante lo que describió como "ataques evidentes a los derechos y libertades básicas protegidas en la Constitución", e insistió en la "atrocidad" que supone "en pleno siglo XXI" que alguien pueda ser "perseguido" según la lengua que utilice "sin que nadie le defienda".

Mientras, su homólogo socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, consideró que la discusión de la iniciativa del PP será "una buena ocasión" para debatir en el Parlamento y "sin demagogias" los sistemas que se emplean para la enseñanza en las comunidades que tienen dos lenguas, como es el caso de Cataluña o también Galicia. Rubalcaba advirtió de que es "intolerable" que "se esté haciendo demagogia en un tema tan sensible como la lengua", y por ello se mostró partidario de que el Congreso debata sobre esta cuestión "sin mentir, sin demagogias y sin engañar a la gente".

El PP y el castellano en Cataluña y el PP y el castellano en Galicia
Nota del Editor 31 Enero 2006

(email al PP)
Ante la noticia de que Zaplana denunciará en el Congreso la "atroz persecución" del castellano en Cataluña,
debo manifestar que la misma persecución sufrimos en Galicia, propiciada por el Partido Popular, y denunciada
muchas veces ante el defensor del pueblo y ante el Sr Aznar, así que primero deberian revisar su posición
y definir si son realmente constitucionalistas o siguen siendo el PP de las mil caras.    Atentamente, xxxx.

Inversiones patrióticas y estratégicas
Por JOSÉ Mª GARCÍA-HOZ ABC 31 Enero 2006

¿QUÉ le interesa más a España? ¿Qué las empresas eléctricas sean españolas o que el suministro de electricidad resulte más barato y fiable? El sábado pasado, ABC destacaba en su portada las declaraciones del presidente de La Caixa, Ricard Fornesa, reclamando que en el guirigay nacional que ha provocado la opa de Gas Natural sobre Endesa se evitara pronunciar frases hueramente patrióticas y, en su lugar, las Cajas de Ahorros comprometieran a formalizar «inversiones patrióticas» en toda España, para evitar que las corporaciones multinacionales consiguieran el control de los sectores estratégicos. Una declaración inequívocamente populista y, por tanto, de fácil calado en la opinión menos reflexiva, pero un argumento que ofende a la propia inteligencia del señor Fornesa.

A estas alturas de la película, cuando la economía occidental ha superado los mitos del keynesianismo, cuando la globalización económica es un fenómeno imparable y positivo, cuando la búsqueda de mayor tamaño en las regiones económicas ha dado origen no sólo a la Unión Europea, sino al Tratado de Libre Comercio de América del Norte... aducir argumentos de orden político-nacionalista para justificar e impulsar inversiones resulta decididamente equivocado. Los sujetos de la actividad económica y empresarial no son las naciones, son las personas y las empresas. En términos económicos afirmar que España va bien, o que va mal, carece de cualquier sentido. Para entenderse resulta cómodo decir que la «economía española pierde competitividad», cuando la realidad es que las empresas españolas no están siendo capaces de afrontar el desafío de hacer mejores productos, o bajar su precio.

Cuando se acepta el concepto nación/patria como factor relevante en el proceso económico, indica la experiencia que las cosas suelen ir rematadamente mal. Sin salir del ámbito de las Cajas de Ahorros: por impulso político y por atender a un indeterminado y confuso «patriotismo» con sus regiones de origen, muchas Cajas hicieron inversiones muchimillonarias en parques de atracciones. Como bien se sabe, todas esas inversiones han acabado en un fiasco económico de primer orden. Como las Cajas no son propiedad de accionistas -en realidad no son de nadie-, nadie ha exigido responsabilidades por las pérdidas incurridas, pero la falta de reclamación no impide que el patriotismo inversor haya acabado en un daño económico cuantificable para la cuenta de resultados de las Cajas implicadas.

Otro peligroso concepto económico, que suele ir unido al del patriotismo -de hecho, en el aserto de Ricard Fornesa iba unido- es el de «sectores estratégicos». Los defensores del patriotismo inversor suelen reservar éste a los «sectores estratégicos». Cuando un servidor empezaba a seguir los vaivenes de la vida económica, en España la relación de sectores estratégicos empezaba por el siderúrgico y seguía por el de la construcción naval. Hoy, como bien se sabe, no existe ninguna siderurgia de capital español y el acero es una commodity en la que el precio es el casi exclusivo argumento de venta. Y está todavía por contabilizar el dinero que nos costó a los españoles -especialmente a los accionistas de los bancos vascos que pagaron como accionistas y como contribuyentes- el patriotismo inversor que obligaba a la defensa de la españolidad de un sector estratégico. La construcción naval, por su parte, sigue costando dinero al contribuyente español, que al final es el que apechuga con las deudas de la patria, pues ésta no tiene dinero. Para terminar quizás no resulte inútil recordar que las empresas españolas que cada año venden más en el extranjero son los fabricantes de coches como Volkswagen, Renault, Ford, Opel, PSA, Mercedes... A los que no les ha hecho falta patriotismo inversor alguno, ni formar parte de un sector estratégico para realizar su sustancial y cotidiana contribución al bienestar económico de los españoles.

josemaria@garcia-hoz.com
 

Un pacto para otros 25 años
JOSÉ IGNACIO CALLEJA /PROFESOR DE MORAL SOCIAL CRISTIANA El Correo 31 Enero 2006

Entre nosotros, hoy, parece inevitable hablar de política. No lo es, pero parece inevitable. Si trabajas en una empresa con escaso futuro o, sencillamente, que va a cerrar; si tu propia situación laboral y personal es precaria, o vives en la cuerda floja, todo el debate político español tiene que parecerte ridículo y hasta ofensivo. Efectivamente, por todas esas cuestiones políticas que llamamos 'nuevos estatutos y cambios constitucionales' se interesa la sociedad de los satisfechos. Siendo optimistas, se trata de esos dos tercios de nuestra sociedad que, teniendo más o menos bien resuelta la vida, nos volcamos en discusiones de índole ideológica y sobre el reparto del poder político. Hay excepciones, desde luego; gente que vive con tal pasión la cuestión identitaria que lo daría casi todo por ella; son pocos, claro está, y, por lo general, más que darlo todo por la defensa de su identidad, lo que suelen hacer es quitar los derechos a otros, incluso la vida, para sacar adelante los suyos, o, mejor dicho, una versión inaceptable de los suyos.

Ahora bien, por más que se enfaden los grupos sociales más débiles al ver cómo nos enredamos en cuestiones como la organización del Estado, la política que atiende a este problema es, entre nosotros, inevitable. Digo entre nosotros, porque se nos impone una realidad heredada. En concreto, es evidente que España tiene un problema de encaje de sus regiones y pueblos. Si dejo a un lado la 'solución' de que 'esto es así, y no hay nada más que hablar', lo hago porque con ella termina el problema pero, en realidad, lo que hacemos es ponerlo en el congelador. Por tanto, al abordarlo, es legítimo pensar que Zapatero nos lleva por un camino lleno de dificultades; y, también, defender que en cuestiones de Estado debió pactar con el PP, y se acabaron los problemas. Es legítimo pensar esto, desde luego, pero también lo es pensar que ésa es una salida en falso. Consigues que dure la calma unos 25 años más, pero el pescado sigue en el congelador, más viejo y más difícil de cocinar.

Así que la política no debe empeorar un problema y la solución que ya tenía, pero, a la vez, si hay un problema, tampoco debe congelarlo. Para mí, el problema es cuándo. Para el cómo, ahí está la democracia. En el caso de la articulación de los pueblos de España, la buena política tiene que pactar un punto de equilibrio que sea razonable para esta generación. A mi juicio, España tiene un problema, y el País Vasco, Galicia, Cataluña y otros, también, y tienen que darle una salida pactada y provisional; cada uno y entre todos, hacia dentro de cada uno y todos juntos; una salida pactada y provisional, que nos dé el equilibrio posible a un conflicto todavía antagónico para muchos y, por eso mismo, sin posible superación definitiva. El problema, digo, es cuándo, y visto lo visto, la hora está aquí.

Ahora bien, que todavía no tenga solución definitiva no es un drama. Dramatizamos por causa de las creencias nacionales más que democráticas. Sacamos provecho de esas creencias, haciendo como que nos mueve el celo por ellas, pero no dejamos de tener otros intereses políticos más inmediatos y partidistas. Por tanto, el drama es y sería no darle a nuestro problema una salida justa por democrática, pacífica, solidaria y respetuosa de los derechos de las víctimas. Yo creo que hay que atreverse a hacerlo y se necesita la colaboración de 'todos'. Si cada uno piensa que al otro sólo le mueve el cálculo y la estrategia partidista ante las siguientes elecciones, se acabó. Precisamente, éste es el segundo inconveniente: todo el mundo desconfía del otro en clave electoralista. Si dramatizamos por causa de unas creencias ideológicas y desconfiamos de que alguien haga algo con visión y responsabilidad históricas, no hay salida posible. Eso sí, en el caso vasco, desde donde escribo, hay una condición imprescindible: me refiero a la renuncia definitiva de ETA a la violencia y, los demás, a no sacar provecho político de su final.

Pero, nos guste o no, en España la vuelta sobre el modelo de Estado hay que hacerla de vez en cuando, y nos ha tocado a nosotros para otros 25 años. Vamos a ver si acertamos y si, a río revuelto, cada cual no sólo va tras 'lo suyo': los unos para gobernar (PSOE) y los otros para volver al gobierno (PP); aquéllos para recuperarlo con más poder (CIU) y éstos para seguir disfrutándolo (PNV); ellos para ser alternativa (PSE) y los otros para entrar en la política con la herencia de ETA por bandera (Batasuna). Si ocurre esto, y así, sería muy injusto con las víctimas del terrorismo y, además, pronto el Estado social de Derecho no podría soportarlo. Quiero creer que haya algo de visión y de responsabilidad histórica en todo lo que pasa. Lo creo. Pero, por si casi todo es estrategia política para el día a día, sumo mi voz a quienes exigen la responsabilidad de una salida democrática y pactada para otros 25 años. Nos toca a nosotros abordar un quiebro de la historia y, para ello, contar con políticos a su medida. Me temo que no tendríamos 'suerte' si se pasaran el día comparando la calidad de su patriotismo.

Concluyo. Las creencias nacionales y las citas electorales son una realidad subordinada y quienes las absolutizan, un peso insoportable para la paz. ETA es un ejemplo meridiano, pero su enfermedad es muy contagiosa y, por lo visto, duradera. Creo con buenas razones que este país va a dar con una salida institucional adecuada. Hoy mismo, concluidas estas líneas, el 'túnel catalán' ya no es tan oscuro. Cuidemos, como cristianos, de que no sea un Estado menos social y solidario. Lo del patriotismo ya tiene vigilantes más que de sobra.

Un informe interno de la Eurocámara desaconseja admitir el uso del gallego
Asegura que crearía un precedente para otras lenguas europeas minoritarias
El secretario general del Parlamento augura numerosos problemas si se adopta esa medida
Juan Oliver | Lugar: corresponsal | bruselas) La Voz 31 Enero 2006

El Parlamento Europeo duda de que admitir el gallego, el catalán y el vasco como lenguas de trabajo de la Eurocámara, como pretende el Gobierno español, sea una medida oportuna y acertada. Así lo asegura un informe de su secretaría general, que considera que esa admisión ocasionaría problemas administrativos y sentaría un peligroso precedente. El informe recuerda, además, que esas tres lenguas están prácticamente vetadas en el Congreso y en el Senado, lo que resta credibilidad a la solicitud española.

El Consejo Europeo y el Comité de las Regiones acordaron hace dos meses dar cierto estatus de cooficialidad al gallego, el catalán y el vasco, en determinadas ocasiones y con estrictas condiciones. Bajo esos pactos, Emilio Pérez Touriño pudo intervenir en gallego ante el Comité de las Regiones y José Montilla, en catalán en un Consejo de Ministros de Industria. El camino europeo parecía entonces allanado, pero la Mesa de la Eurocámara ha puesto ahora el primer obstáculo, aplazando el debate sobre el uso de las tres lenguas ante las dudas que ha suscitado el órgano que gestiona el funcionamiento interno del Parlamento.

El documento considera que la medida tendría efectos beneficiosos -«Los ciudadanos tendrían un mayor sentimiento de conexión con el Parlamento»-, pero advierte también de las consecuencias negativas.

Precedente. «Hay varios idiomas europeos con un grado de reconocimiento constitucional similar que tampoco son lenguas oficiales de la UE», asegura el informe del secretario general, Julian Priestley, quien recuerda que hasta trece lenguas -luxemburgués, galés, gaélico, sorbio, entre otras- podrían cursar peticiones similares.

Medios. Admitir tres idiomas obligará a aumentar las cabinas de traducción en las tres sedes del Parlamento, provocando un problema de espacio que se añadiría al que causará la inminente adhesión de Rumanía y Bulgaria y las futuras ampliaciones. Además, se requerirán intérpretes especializados, y aunque Priestley asegura que para el catalán no habría problemas, en el caso del gallego y del vasco «el mercado de traductores con el nivel de cualificación requerido es insignificante».

Injerencia. Para que el Parlamento pueda comunicarse en gallego, catalán o vasco con cualquier ciudadano que se dirija a la Eurocámara en esos idiomas, España se ha ofrecido a crear y financiar un organismo encargado de traducir la correspondencia. El secretario general, sin embargo, no cree oportuno que la comunicación con los ciudadanos «dependa de un intermediario nacional».

Plazo. El acuerdo que propone España prevé avisar con siete semanas de antelación a los servicios de traducción de que se producirá una intervención en una de las tres lenguas cooficiales. Para la secretaría general, es impensable que el día a día del Parlamento permita a ningún eurodiputado cumplir con ese plazo.

España no da ejemplo. El secretario muestra su sorpresa por el hecho de que «en las Cortes españolas no hay ninguna previsión para el uso de otras lenguas distintas al castellano».

La Xunta propone dar cursos de gallego a los intérpretes de la UE
La Secretaria Xeral de Política Lingüística de la Xunta mantiene negociaciones con el Instituto Cervantes de Bruselas para proporcionar cursos de gallego a los intérpretes y traductores de español que trabajan para las instituciones europeas, y subsanar la falta de profesionales cualificados para cubrir las intervenciones en gallego que se produzcan en las instituciones comunitarias.

La responsable de ese departamento, Marisol López, se entrevistó la semana pasada en la capital belga con el director del Cervantes y con los responsables de las cabinas de traducción de la Comisión y del Parlamento Europeo, con quienes trató la posibilidad de organizar un curso intensivo de gallego para intérpretes y traductores, que se celebraría en Santiago este verano.

Ni con un atracón de marisco
Nota del Editor 31 Enero 2006

¿ Alguien en su sano juicio puede perder el tiempo para aprender gallego a nivel intérprete, aunque le paguen un montón de atracones de marisco en Santiago de Compostela ? Lo que pretenden es infiltrar la Unión Europea con sus adeptos, y como siempre a costa de los impuestos que unos pocos pagamos (IRPF, IVA y demás).

Las lenguas en Cataluña (y 2)
JOAQUÍN PRIETO, EL PAÍS 31 Enero 2006

El uso político de la lengua catalana
Un Gobierno del PSOE promovió el recurso al Constitucional contra el deber de conocer el gallego. Ahora se insiste en el mismo deber respecto del catalán, a través del proyecto de Estatuto de Cataluña. La cuestión lingüística es una de las armas más utilizadas cada vez que reaparecen las tensiones sobre el reparto del poder en la España de las autonomías.

A juzgar por las tormentas que han descargado sobre el Estatuto catalán, sus negociadores también serán considerados culpables de la supuesta capitulación del idioma castellano. Y sin embargo, algunos de los denunciantes de la discriminación de esta lengua en Cataluña son los primeros que afirman: "Llueve sobre mojado", apuntando al Partido Popular (PP), que ocho años atrás, cuando estaba en el poder, no recurrió la Ley de Política Lingüística de Cataluña, provocando así la desolación de aquéllos.

El Partido Popular gobernaba gracias a un pacto de estabilidad con Jordi Pujol, en aquel tiempo al frente de la Generalitat de Cataluña. Como presidente del Gobierno, José María Aznar podía haber recurrido contra la norma lingüística aprobada a finales de 1997 por el Parlamento catalán; pero no lo hizo. Mientras tanto, Alejo Vidal-Quadras, ex presidente del PP en esa comunidad, que había organizado la resistencia desde la Asociación Convivencia Cívica Catalana, pidió al Defensor del Pueblo que usara él de su facultad de recurrir al Constitucional.

"Cuarenta y ocho horas antes de la finalización del plazo para la presentación del recurso, el propio Defensor del Pueblo comunicó a los solicitantes su decisión de hacerlo", cuenta el profesor universitario Francisco Caja, colaborador de Vidal-Quadras en aquellas lides. Una filtración alertó a Pujol. "Las llamadas al Defensor del Pueblo antes de la finalización del plazo para el recurso fueron numerosas e importantes, todas coincidentes en que su presentación acarrearía consecuencias políticas imprevisibles", recuerda Caja. El defensor, Fernando Álvarez Miranda, finalmente tampoco presentó recurso contra la ley lingüística del Parlamento catalán.

"Los lodos actuales proceden de aquellos polvos", afirma Caja, actualmente al frente de Convivencia Cívica, que por descontado rechaza las disposiciones sobre lenguas incluidas en el proyecto de nuevo Estatuto. Sus críticas no se limitan a ese 89% de diputados catalanes que aprobaron la propuesta de Estatuto enviada a las Cortes, sino que se extienden a Josep Piqué como dirigente del PP en Cataluña, pese a que éste no respaldó la propuesta estatutaria en la Cámara autonómica.

Cuando la regulación de las lenguas en Cataluña lleva ocho años en vigor, ahora se plantea consolidarla a través del nuevo Estatuto. De aprobarse, tendrá rango de ley orgánica y será votado en referéndum, circunstancias todas ellas que no reúne la Ley de Política Lingüística vigente. En el proyecto de Estatuto se recoge el deber de la población de conocer tanto el castellano como el catalán; nada tiene de particular que se mencione el deber de conocer el castellano, puesto que ya lo estableció la Constitución de 1978 para todos. Resulta mucho más significativo que se generalice a la población de Cataluña el deber de conocer el catalán, puesto que de ello nada dice el texto constitucional.

Y en este punto existe un antecedente: el 26 de junio de 1986 fue declarado inconstitucional el deber de conocer el idioma gallego en la comunidad autónoma de Galicia. El Tribunal Constitucional consideró que no es discriminatorio respecto de los ciudadanos "la existencia de un deber de conocimiento del castellano y la inexistencia del mismo deber respecto del gallego", según se lee en los fundamentos de la sentencia 84/1986. El tribunal que tomó esa decisión estaba encabezado por Francisco Tomás y Valiente, con el magistrado Antonio Truyol Serra como ponente; uno de sus miembros era Francisco Rubio Llorente.

Conviene recordar el contexto en que se dictó aquel fallo: las autonomías comenzaban a organizarse y había una relación de fuerzas políticas en España diferente a la actual. En aquel momento fue el presidente del Gobierno socialista, Felipe González, el que se opuso al "deber" de conocer el gallego, que había sido introducido como tal en una ley del Parlamento de Galicia aprobada en 1983. Esta comunidad autónoma tenía entonces un Ejecutivo conservador encabezado por Xerardo Fernández Albor.

El deber de conocer el gallego "no viene impuesto por la Constitución y no es inherente a la cooficialidad de la lengua gallega", se lee en los fundamentos de la sentencia. Los jueces afirman que el artículo 3 de la Constitución establece que el castellano es "idioma común a todos los españoles y cuyo conocimiento puede presumirse en cualquier caso, independientemente de factores de residencia o vecindad. No ocurre, sin embargo, lo mismo con las otras lenguas españolas cooficiales en los ámbitos de las respectivas comunidades autónomas, pues el citado artículo (constitucional) no establece para ellas ese deber, sin que ello pueda considerarse discriminatorio". El tribunal acepta una acción pública destinada a asegurar el conocimiento de ese idioma por los ciudadanos de Galicia -por ejemplo, en la enseñanza-, pero rechaza que se obligue a todos los ciudadanos de una comunidad a conocer una lengua distinta del castellano. El representante del Parlamento de Galicia alegó ante el Constitucional que ese deber "carece de exigibilidad coercitiva" y es un "imperativo ético que, jurídicamente, no es exigible", pero tales argumentos fueron rechazados por los jueces constitucionales.

Han transcurrido veinte años. Con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, el equipo del PSOE que ha negociado el proyecto de Estatuto de Cataluña ha aceptado inicialmente la propuesta lingüística avalada por la mayoría de los partidos catalanes, mientras la dirección del Partido Popular, encabezada por Mariano Rajoy, ha iniciado un intento de condena política del Gobierno catalán por "discriminar al castellano", Ayuntamiento por Ayuntamiento -en paralelo con la búsqueda de firmas para combatir el Estatuto entero-. Desde posiciones nacionalistas han continuado las críticas al desequilibrio jurídico de la lengua catalana respecto del castellano. Y mientras tanto, el Constitucional se ha pronunciado varias veces sobre regulaciones lingüísticas, en general para avalar el uso en la educación de idiomas distintos del castellano, sin abrir paso a la posibilidad de que alguien pueda ser obligado a conocer un idioma que no es común a todos.

El lingüista Juan Ramón Lodares -fallecido el año pasado- dedicó varios artículos y parte de un libro (El porvenir del español) a reflexionar sobre "el proceso que va a convertir a España en un país donde la lengua común, el español, no sirva por sí misma para instalarse en todo su territorio".

Las barreras lingüísticas
Lodares ponía este ejemplo: "Mañana, alguien que desde niño no se haya instruido en catalán, valenciano, gallego o vasco encontrará difícil la instalación laboral medio-alta en las zonas donde se concentra, aproximadamente, el 40% de la población española, es decir, en Cataluña, Valencia, Baleares, Galicia y País Vasco. La instalación será prácticamente imposible en lo que atañe a puestos de trabajo que tengan que ver con la gestión pública". Los que sienten el catalán como propio resaltan el arraigo histórico y cultural de esta lengua y la persecución sufrida por sus hablantes durante el franquismo, como razones que avalan las políticas de fomento del catalán. También, la importancia de esta lengua a escala continental, hablada por alrededor de 10 millones de personas (los documentos disponibles en la página de la Generalitat catalana en Internet cuentan entre los hablantes del catalán a los del valenciano. Uno de ellos se reproduce en esta página. Sin entrar en la polémica catalán/valenciano, dos datos: el nombre oficial de la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano. El diccionario de la Real Academia Española define al valenciano como "variedad del catalán").

La Constitución tampoco sirve de referencia para definir el alcance de la "lengua propia", palabras que ni siquiera aparecen en su texto. El concepto de lengua propia se introdujo en los estatutos catalán y vasco promulgados en 1979, extendiéndose desde ahí a otros.

Varias lenguas españolas
Así, el Estatuto de Galicia considera como lengua propia el gallego, y su Ley de Normalización califica este idioma de "núcleo vital de la identidad gallega" y "verdadera fuerza espiritual que da unidad interna a la comunidad". Los idiomas valenciano y castellano simplemente reciben la consideración de "oficiales" de la Comunidad Valenciana en su Estatuto, pero una ley posterior también caracterizó al valenciano como "lengua propia". La Ley 3/1986 de Normalización Lingüística de las islas Baleares afirma que la lengua catalana es "el instrumento con el cual los isleños han realizado sus máximas aportaciones a la cultura universal". Y en el País Vasco, la ley proclama el euskera como "el signo más visible y objetivo de identidad de nuestra comunidad y un instrumento de integración plena del individuo en ella a través de su conocimiento y uso". "El castellano no es la única lengua española", recalca Joan Jordi Rosell, presidente de la Federación de Padres de Alumnos de Cataluña. Y el lingüista Albert Branchadell sostiene que si en España todo el mundo puede entenderse en castellano, otra cosa es hacerlo siempre en esa lengua, "con la consiguiente omisión de otras lenguas españolas que, para una parte de los españoles, puedan ser tan importantes como lo es el maltés para los malteses". Ejemplo traído a cuento de la oficialidad en la Unión Europea (UE) de un idioma usado por 400.000 personas.

A partir de 2007 también será oficial en la UE el gaélico, hablado por una minoría en Irlanda, cuya mayoría de habitantes vive y trabaja en inglés. Varias lenguas habladas en España han sido admitidas como de uso oficial en algunas instancias comunitarias. En suma, la Unión Europea ha preferido no ofender a nadie, en el afán de ganar adhesiones populares a la causa europeísta.

Ahora bien, las lenguas de trabajo en la UE son muchas menos que las oficiales. Periódicamente surgen intentos de reducir su número, en nombre de la facilidad operativa y del ahorro de costes de traducción e interpretación. España, Italia y Portugal ya han boicoteado alguna reunión del Consejo de Ministros de la UE porque los documentos de trabajo sólo habían sido distribuidos en inglés, francés y alemán. Los servicios que dependen de la Comisión Europea, dirigida por José Manuel Durão Barroso, han ensayado otros movimientos para reducir el volumen de traducciones.

"España nos potencia a todos"
Más allá del debate político sobre las cuestiones lingüísticas, "lo preocupante de la polémica en torno al Estatuto de Cataluña es el fondo de la cultura que estamos generando: que la gente hable mal de los catalanes en España o que la hispanofobia pueda instalarse en Cataluña", reflexiona Nicolás Sartorius, vicepresidente de la Fundación Alternativas, que está organizando rondas de debates entre personas de la sociedad civil, enfocadas a la eliminación de prejuicios y malentendidos sobre el alcance de la España plural. (La transcripción de esos trabajos puede encontrarse en Internet: www.falternativas.org).

"Hemos tenido el periodo más brillante de nuestra historia", añade Sartorius. "Es la primera vez que la democracia dura, nos hemos integrado en Europa y hay una mejora muy seria desde el punto de vista económico. Tenemos proyectos en común. Hemos de convencernos de que España nos potencia a todos".

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