AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 4 Febrero  2006
La normalización de la escuela catalana
Francisco CAJA Pte. de Convivencia Cívica Catalana La Razón 4 Febrero 2006

Denuncian ante el Defensor del Pueblo otro caso de discriminación del castellano
P. A. Ruiz La Razón 4 Febrero 2006

De la caza de brujas a la rendición
Ignacio Villa Libertad Digital 4 Febrero 2006

El cobro de los mil millones
EDITORIAL Libertad Digital 4 Febrero 2006

La caricatura
José García Domínguez Libertad Digital 4 Febrero 2006

Tregua del Estado de Derecho
GEES Libertad Digital 4 Febrero 2006

La memez de la semana: "Nafarroa no es el problema, sino la solución"
Pascual Tamburri elsemanaldigitall 4 Febrero 2006

El sujeto paciente de la historia
MANUEL MONTERO  El Correo 4 Febrero 2006

El límite de la paciencia
TONIA ETXARRI El Correo 4 Febrero 2006

Unanimidad ante el rearme iraní
Editorial ABC 4 Febrero 2006

Astarloa denuncia que la "suma de disparates" de Zapatero lleva a Batasuna-ETA a la euforia
Libertad Digital 4 Febrero 2006

Los socialistas vascos rechazan investigar si la UPV «regaló» el título a presos etarras
J. Arias Borque La Razón 4 Febrero 2006

El PP aclara que su petición de que se ofrezca educación en castellano se limita a la primaria
Agencias Libertad Digital 4 Febrero 2006

Partido Puteador y Partido Sumiso Ordenador del Esclavaje
Nota del Editor 4 Febrero 2006

Covite replica al PSE que los etarras deben arrepentirse antes de alcanzar la reinserción
BILBAO EL CORREO 4 Febrero 2006

"Plataforma Constitucional y Autonomista tiene como objetivo la creación de una resistencia cívica activa al proyecto del imperialismo pancatalanista"
Santiago Fontenla minutodigital.com  4 Febrero 2006

La normalización de la escuela catalana
Francisco CAJA Pte. de Convivencia Cívica Catalana La Razón 4 Febrero 2006

El Comité para la Eliminación de la Discriminación racial de la ONU, en informe de septiembre de 1996, observaba como un motivo de especial preocupación que en Cataluña y en el País Vasco «a los niños de la minoría castellana les puede resultar difícil recibir la educación en su lengua materna». De igual manera, y en fecha más reciente, el Informe de la Comisión contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa en enero de 1999 ha denunciado las dificultades a las que, a veces, se enfrentan los niños de lengua castellana residentes en Cataluña y el País Vasco, «cuando se trata de recibir una educación en castellano en las escuelas». Lo mismo dice la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América en su informe del año 2000 sobre derechos humanos en el mundo. Desde entonces las cosas han empeorado: los padres que quieren que sus hijos sean educados en castellano, que se les imparta la asignatura de castellano, deben acudir a los tribunales de Justicia para hacer efectivo ese derecho elemental, como pone de manifiesto la reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El gobierno catalán y el presidente Zapatero niegan cualquier problema lingüístico en las escuelas catalanas. Mienten y de manera premeditada. La mayoría de la ciudadanía catalana ha mostrado de forma constante y reiterada su disconformidad con la política lingüística escolar de la Generalidad de Cataluña. Diversos estudios, entre los que cabe destacar el estudio 22298 de CIS sobre «Usos de lenguas en comunidades bilingües: Cataluña, La familia española ante la educación de sus hijos», dirigido por el sociólogo Víctor Pérez-Díaz; y «Cataluña en la España actual: percepciones y actitudes ciudadanas», encargado por la Generalidad de Cataluña, vuelven a poner de relieve la grave diferencia entre las preferencias lingüísticas de los padres sobre la lengua en la que sus hijos deben recibir la educación y la realidad de la escuela en Cataluña.

El estudio de Pérez-Díaz pone, en efecto, de relieve, una vez más, el inequívoco deseo de la ciudadanía catalana de un «reequilibrio» (el término es de los autores del estudio) entre las lenguas común y vernácula, confirmando así -si no en el detalle, al menos en cuanto a lo esencial- los datos de la última encuesta del CIS. En este estudio el grado de desacuerdo con la política lingüística escolar del gobierno de la población catalana es de tales dimensiones que debería causar verdadero escándalo: ante la afirmación de que en las escuelas públicas de Cataluña la enseñanza debe darse (sic) sólo en catalán, el 27,5% de los encuestados afirma estar más bien de acuerdo, mientras que un 69,9% se muestra más bien en desacuerdo. En el estudio de Pérez-Díaz, el 39% de los padres afirma preferir el catalán como lengua «vehicular» exclusiva o preferente, un 24% una enseñanza bilingüe, y un 30%, el castellano, exclusiva o preferentemente. Por su parte, en la encuesta de la Generalidad sobre la imagen de Cataluña en España, antes citada, el 44,7% de los encuestados en Cataluña sostiene que «la enseñanza del catalán debería ser voluntaria», frente al 52% que avala su obligatoriedad.

El Gobierno catalán no sólo niega estas evidencias, sino que obstaculiza por todos los medios hasta la posibilidad misma de reclamar la enseñanza en su lengua materna a los castellanohablantes. Otra sentencia del TSJC de 2004 obligaba a la administración escolar catalana a «adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial de preinscripción escolar se pregunte a los padres o tutores de los niños preinscritos en los centros escolares sostenidos por fondos públicos por su lengua habitual, antes del inicio de la matriculación, a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en su lengua habitual la primera enseñanza», tras la «astuta» eliminación por la Consejería de Educación del correspondiente casillero con esa pregunta. Los padres castellanohablantes no pueden, en estas condiciones, ni se atreven a solicitar ese derecho, ni tendrían por qué solicitarlo si la escuela catalana estuviera normalizada democráticamente.

La Generalidad sabe, son cifras oficiales, que el 53% de sus ciudadanos, que la mayoría de los escolares catalanes tiene como primera lengua el castellano (61% en el área metropolitana de Barcelona, en la que viven 4,2 millones de ciudadanos). Y que está obligada por ley a garantizar el derecho de los niños a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual, a poner los medios para hacer efectivo ese derecho. Pero la primera medida que adopta para hacer efectivo ese derecho es suprimir la pregunta por la lengua habitual del niño en el impreso de preinscripción. O lo que es lo mismo: no quiere saber nada de la lengua habitual del niño. ¿Con qué objetivo? Imponer exclusivamente a los castellanohablantes la carga de tener que pedir expresamente y a su cuenta y riesgo el que sus hijos sean educados en castellano. Pero esta fórmula no puede esconder una evidencia: los padres catalanohablantes tampoco solicitan (porque la Generalidad ha suprimido para ellos también la casilla relativa a la lengua habitual) la lengua en la que deben ser educados sus hijos y, sin embargo, la Generalidad garantiza y dispone de los medios adecuados para que sus hijos se eduquen en catalán en la primera enseñanza.

Este innegable trato desigual, discriminatorio de los derechos de los castellanohablantes, es, sin embargo, justificado con los más peregrinos argumentos por el nacionalismo político y académico, argumentos que pueden reducirse (al absurdo) a un mismo denominador común: la mejor manera de garantizar el derecho de los niños castellanohablantes a recibir la primera enseñanza en su lengua es enseñarles desde el primer momento en lengua catalana. Y ello porque la única manera de garantizar los derechos de los catalanohablantes es sacrificar los derechos de los castellanohablantes. Esta es la lógica que preside la política que los nacionalistas denominan de «normalización» lingüística, ni más ni menos. Éstas son las cuentas del nacionalismo: la nación exige grandes sacrificios (de los que no son nacionalistas). En una sociedad democrática existe una receta mucho más simple: el bilingüismo, lo que técnicamente se denomina «modelo de conjunción lingüística», es el modo de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley con independencia de que sean catalanohablantes o castellanohablantes.

La conjunción es una fórmula que, para ser compatible con el derecho a la enseñanza y el libre desarrollo de la personalidad del educando, tiene que sujetarse a unas condiciones muy estrictas: debe, en primer lugar, asegurar al alumno, al final del proceso educativo, una igual competencia lingüística en las dos lenguas oficiales. En segundo lugar, a pesar de que la proporción en el empleo de las dos lenguas oficiales como lenguas vehiculares puede variar en razón de las exigencias del resultado final, ello no autoriza en ningún caso la exclusión de una de las lenguas como lengua docente. Y, finalmente, la primera enseñanza del niño debe ser impartida en su lengua habitual.

Sólo así se habrá logrado la normalización democrática de las escuelas en Cataluña. Mientras tanto, la sociedad catalana seguirá siendo una sociedad desigual e injusta, como prueban los recientes datos del informe PISA 2003 de la OCDE: el fracaso escolar de los catalanohablantes en Cataluña es del 18,6%, el de los castellanohablantes del 42,6%. 24 puntos de infamia social.

Denuncian ante el Defensor del Pueblo otro caso de discriminación del castellano
P. A. Ruiz La Razón 4 Febrero 2006

Barcelona- Continúa el goteo de familias dispuestas a denunciar la «discriminación del castellano en las escuelas» catalanas. Tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hecha pública hace dos días, en la que se obligaba a la Generalitat a ofrecer clases de castellano a un menor de primaria de Badalona (Barcelona), ayer mismo se conoció otro caso de «marginación lingüística» de similares condiciones.

Se trata de un menor en edad de preescolar residente en Mataró, también en la provincia de Barcelona, que no puede recibir su educación elemental en su idioma «habitual», el castellano. Los padres del pequeño, matriculado en el colegio Los Salesianos de ese municipio, solicitaron en junio de 2005 al departamento de Educación que su hijo pudiera recibir la formación en esta lengua. Seis meses más tarde, todavía no han recibido respuesta ni de la consejera, Marta Cid, ni de cualquier otro miembro del departamento. Por ello, la familia decidió denunciar el caso ante el Defensor del Pueblo y el pasado 9 de enero tuvo lugar la entrada en dicho organismo de la queja, según adelantó ayer la entidad Convivencia Cívica Catalana.

«Que se cumpla la ley». Precisamente, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, afirmó ayer que ya se ha dirigido a la Generalitat para pedirle que se «cumplan la ley, la Constitución y la propia normativa catalana actual», para que se garantice a los padres que sus hijos sean educados en castellano. Múgica, quien se encontraba en Toledo en la presentación de la revista «Derechos Ciudadanos», advirtió a la consejera catalana de que está menoscabando los derechos que figuran en esas normas y le recordó que el artículo 3 de la Carta Magna recoge como derecho fundamental el deber de aprender castellano, «y después hay una normativa complementaria, que es la ley de inmersión lingüística de Cataluña».
Por su parte, Cid quiso «dar por zanjada» la polémica sobre la ausencia del castellano en las escuelas y declaró, al respecto, que el caso de Badalona «se ha instrumentalizado». Asimismo, aseguró que apenas media docena de escolares reciben una «atención individualizada» en castellano.

Fungairiño
De la caza de brujas a la rendición
Ignacio Villa Libertad Digital 4 Febrero 2006

La primera de febrero ha sido una semana para olvidar en la lucha contra el terrorismo. Rodríguez Zapatero mantiene un ritmo inflexible en su derribo de todos los resortes que se habían establecido durante años en la lucha contra el terrorismo; mecanismos construidos desde el Estado de derecho y que este gobierno está desactivando paso a paso.

Primero fue el discurso político. El gobierno ha enterrado todo mensaje que pueda alimentar políticamente la lucha contra el terrorismo; ha destruido toda implicación del ejecutivo en el respaldo hacia los ciudadanos; ha cortado todo apoyo moral a las víctimas del terrorismo. El ministro del Interior se ha convertido en un responsable técnico que se limita a dar los datos y las cifras de las detenciones y las operaciones; Alonso se ha convertido en un ministro triste, gris y plano. Pero, quizá lo más llamativo, lo más espeluznante es lo del presidente del Gobierno. No se recuerda cuando fue la última vez en la que Rodríguez Zapatero condenó una bomba de la banda terrorista ETA; es más, no se recuerda al Jefe del Ejecutivo hablar públicamente de lucha contra el terrorismo.

Ahora le toca el turno a todo el aparato judicial. Con la destitución política de Eduardo Fungairiño comienza la reconversión del poder judicial en un brazo dócil del propio gobierno. Y, sin duda, el encargado para ello es el Fiscal General del Estado. Fungairiño es el inicio de la persecución, de la caza de brujas en el mundo judicial de todos aquellos que simplemente quieren que desde la Justicia se mantenga con buen tono la lucha contra el terrorismo. Zapatero no acepta opiniones distintas a su estrategia de acercamiento descarado al entorno terrorista; es más, está dispuesto a desmontar lo que haga falta para que nadie pueda estorbar sus planes.

Los planes de Zapatero pasan por estar a la defensiva frente a la banda terrorista ETA, se acompañan con una política de cesión a las exigencias de los etarras y se completan con una actitud perdedora frente a los que han utilizado el coche bomba como único vocabulario posible. Quizá la escenificación de todo ello se ha podido ver este viernes en la Audiencia Nacional, donde acudía el proetarra Otegui por algunas de las muchas causas que tiene abiertas. El batasuno ha llegado rodeado de matones y con una mirada de superioridad que sobrecogía. Esa actitud de altanería que en estos momentos se vive en la banda terrorista y en todo su entorno es fruto de la estrategia perversa y cobarde de Zapatero. El terrorismo etarra vivía sus últimos estertores y Zapatero les ha dado una cancha y un protagonismo inexplicable en un demócrata. El presidente ha colocado a España en retirada, y eso no es de recibo. El mero recuerdo de las víctimas del terrorismo convierten esta estrategia del Gobierno en una actitud cobarde y sencillamente deplorable.

El cobro de los mil millones
EDITORIAL Libertad Digital 4 Febrero 2006

Las veinte condiciones impuestas por el gobierno para autorizar la OPA de Gas Natural sobre Endesa se pueden resumir en la decimocuarta en la lista: "a los efectos de las condiciones anteriores, se entenderá que Gas Natural está formado por Gas Natural SDG S.A. y las empresas controladas por ella". El esfuerzo de cumplirla es equivalente al que tendrá que asumir la empresa distribuidora de gas para que la OPA cuente con la bendición del gobierno. Que tras el dictamen del "tribunal" del ramo, la vicepresidenta pretenda convencernos de que la operación fomentará la competencia no deja de ser un sarcasmo innecesario que podrían habernos ahorrado.

En general, la actitud más razonable ante una maniobra como la de la gasista es la indiferencia absoluta. Desgraciadamente, no tuvieron que pasar muchos días después de su anuncio para que se viera con claridad que esta OPA no era una operación económica sino política. Ya en el pacto del Tinell venía precisada la intención de "actuar desde la Generalidad" para impulsar la creación de "operadores catalanes" en "sectores estratégicos" entre los que estaba, naturalmente, el energético. Maragall lo explicitó más aún al animar a sus correligionarios asegurando que "irá adelante el cava, la OPA, el Estatuto...". Pero el apoyo con más peso ha sido el del propio presidente Zapatero, comprando a Durao Barroso el precio necesario para que la Comisión Europea se inhibiera.

La OPA dependerá, a partir de ahora, de las decisiones de los accionistas de Endesa. Es evidente que el precio de 21,30 euros por acción es ridículo cuando ésta supera actualmente ya los 25 y se estima que subirá durante la primera mitad de año dos euros más, especialmente cuando se pagaría dos tercios de esa cantidad con acciones de Gas Natural. Dado que el tamaño de esta empresa es mucho menor que el de Endesa, la oferta sólo ha podido hacerse combinando un gran esfuerzo financiero, el pago con papelitos y la venta a Iberdrola de buena parte de los activos de la eléctrica. Si tuviera que subir la oferta hasta un precio que justificara la venta por parte de los accionistas, necesitaría endeudarse fuertemente, lo que devaluará el valor de la empresa resultante de la OPA y, con ello, el precio de las acciones con las que lo paga en una buena parte.

Podría pensarse, por tanto, que pese a haber mostrado que el interés general le importa poco, la decisión del gobierno tiene la ventaja de que permite que el mercado se pronuncie, porque éste sólo puede hacerlo en contra. Sin embargo, es de temer que la promoción de la OPA por parte de Montilla no se quede aquí. La teoría de crear un "campeón nacional" de la energía que pueda competir de tú a tú con los gigantes mundiales, según afirmó Zapatero, nunca pudo sostenerse; Gas Natural tendrá que vender buena parte de Endesa para poder pagar la compra, y quizá la empresa resultante sea aún más pequeña que la eléctrica. La única razón tras este operación es regalar a los nacionalistas catalanes el control de una gran empresa energética española. No se puede esperar del nacionalista catalán, a fuer de charnego, Montilla otra cosa que no sea el uso del enorme poder que le confiere la regulación energética para convencer a los accionistas de que, después de todo, quizá sea mejor vender. De alguna manera tendrá que pagar la condonación de mil millones al PSC.

Mahoma y ZP
La caricatura
José García Domínguez Libertad Digital 4 Febrero 2006

Se trata de una gran ocasión para él, y nadie comprendería que la dejase escapar. De ahí que los ojos de la comunidad internacional permanezcan fijos a estas horas en La Moncloa. El mundo entero sabe que ese gesto sólo puede partir de un líder con sus atributos, y ZP no debe decepcionarlo. Urge, pues, que dé cauce de inmediato a las enormes expectativas planetarias depositadas en su persona. En este momento crítico, la mejor caricatura que Occidente ha sabido dibujar de sí mismo está llamada a hacer honor al caudal de confianza que se ha depositado en ella. Es su gran responsabilidad histórica. Por eso, Zapatero, sin más dilaciones, debe dar el paso ya, y ser otra vez el primero en rendirse.

De entrada, y como entremés del desagravio al Profeta, no estaría de más que el presidente añadiese algunas cláusulas al capítulo de garantías del Estatuto catalán. Así, por ejemplo, junto al derecho a no recibir la enseñanza en español pero sí en bereber, se podría incorporar el privilegio de ignorar a Voltaire. En concreto, habría que garantizar a los escolares la prerrogativa de desconocer que ese impío compuso "Le Fanatisme ou Mahomet le prophète", tragedia en la que un joven asesina a su padre y a su hermano, inspirado por Mahoma. De idéntico modo, el derecho a contemplar el paisaje debiera complementarse con el privilegio de ignorar el Canto Veintiocho de Dante Alighieri, aquél en el que retrata al autor del Corán ardiendo eternamente en el Infierno por sus pecados.

Aunque, más allá de esas medidas tan necesarias como perentorias, de ZP se espera un empeño de mayor calado: la asunción del mando en la claudicación definitiva de Europa ante el Islam. Pues si es cierto que no faltan dirigentes que se enseñen ante las chilabas tan muertos de miedo como él, tampoco se antoja falso que ninguno ha ido más lejos en el desarrollo doctrinal de ese tembleque. Así, desde Tocqueville sabíamos que a la gente le importa una higa la libertad, y que la única pasión que mueve a los rebaños es la igualdad. Pero hubimos de esperar a que nos fuese revelado el concepto zapateril de "democracia avanzada" para atisbar las últimas consecuencias de esa nueva antropológica.

Por él conocemos, al fin, que "igualdad" no ha de entenderse en sentido jurídico –"todos somos iguales ante la Ley"– sino en clave moral. "No existen principios ni valores mejores o peores, sólo hay diversidad y punto", eso significa la palabra igualdad en boca de Zapatero. Por tanto, si Maragall discrimina a los charnegos en los colegios, es su opción, y hay que respetarla. Y si los muslimes le cortan la cabeza al danés de la viñeta, pues mala suerte, chaval; pero no vayamos a inferir de eso que existan el Bien y el Mal, y que nosotros seamos quienes para distinguirlos.

Fungairiño
Tregua del Estado de Derecho
GEES Libertad Digital 4 Febrero 2006

Los kilogramos de explosivo de los artefactos de ETA son proporcionales a las concesiones que el gobierno de Zapatero realiza a la banda terrorista. Pero Zapatero parece dispuesto a ofrecer una tregua del Estado de Derecho para forzar una tregua de la actividad terrorista. Ese parece ser el sentido del cese del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.

Tras la no ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, burdo sucedáneo de batasuno, el gobierno ha realizado varios pagos más para tratar arrancar una tregua o un gesto a los terroristas que no termina de llegar. Batasuna, el brazo político de ETA, una organización terrorista según la Unión Europea, se mueve cada vez con mayor impunidad y realiza todo tipo de actos públicos. El presidente del gobierno incluso defendió, invocando el derecho de reunión, la celebración de su congreso, finalmente frustrado por la feliz actuación de la Audiencia Nacional.

El problema es que mientras el gobierno trataba de negociar con los terroristas, la Justicia se dedicaba a perseguirlos y encarcelarlos. Esa incoherencia no sólo hacía imposible atender a las exigencias de ETA, sino que ponía permanentemente en evidencia al gobierno. La salida de Fungariño no permite por tanto sólo remover una pieza fundamental en el engranaje judicial contra ETA, sino también una cabeza que la banda ansiaba se le entregara en bandeja de plata, como ha hecho el Fiscal General del Estado.

No obstante, el gobierno sigue teniendo dos problemas para avanzar en la dirección que se propone. Por un lado, las fuerzas y cuerpos de seguridad, que en su condición de policía judicial no serán fáciles de doblegar a la voluntad del gobierno de ofrecer una tregua del Estado de Derecho a ETA. Por otro, Francia, que está particularmente activa en la detención de terroristas.

Pero la principal dificultad es política. Zapatero quiere lograr una tregua con la que ganar las próximas elecciones, pero difiriendo buena parte del pago político al futuro. ¿Aceptará ETA un precio rebajado y aplazado? No hay un solo dato objetivo que indique que la banda esté pensando en abandonar su actividad criminal, sino más bien todo lo contrario. Es más, una mayoría dentro de la banda considera que una solución a la catalana no merece el abandono de las armas.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

La memez de la semana: "Nafarroa no es el problema, sino la solución"
Pascual Tamburri elsemanaldigitall 4 Febrero 2006

Arnaldo Otegi ha vuelto a pasar por los tribunales. Está acusado de algo que él mismo no niega, ser propagandista y enaltecedor de los terroristas de ETA. Sobre todo, como nunca se recordará suficientemente, Otegi es el portavoz y coautor de la "propuesta de paz" que, presentada a finales de 2004 en Anoeta, se está cumpliendo punto por punto.

Anoeta fue, según Otegi, "una propuesta para una paz justa, estable y duradera en Euskalherria y en el Estado español" que "ha dado frutos y va a seguir dando frutos en el futuro". Anoeta, como sabemos, consiste en un esquema de diálogo en dos foros diferentes, uno entre ETA y las autoridades del Estado, destinado a resolver el fin de la banda nacionalista, y otro de diálogo entre "los partidos vascos". Un diálogo "sin restricciones" que, en lo esencial, retoma las bases de la vieja propuesta KAS y es compatible con el Plan de Ibarretxe.

Pero todo esto no es lo que hoy nos interesa. En la propuesta de Otegi en Anoeta, reiterada muchas veces y compartida por todos los nacionalistas, se incluye la "territorialidad" de su soñada nación vasca, y eso implica a Navarra. Navarra que, hasta el día de hoy, se ha negado en todas las formas posibles a participar en el proyecto secesionista. Y el problema es que sin Navarra no hay autodeterminación ni hay secesión, así que no hay plan ni hay paz.

¿Problema? Hasta cierto punto. Hace muy poco, antes de ir a Madrid como acusado, Otegi ha dicho que "Nafarroa no es el problema, sino la solución". ¿Qué quiere decir esto? ¿Ha encontrado Otegi la manera de convencer a los navarros, de doblegar su voluntad, de llevar a Pamplona la capital de una nueva nación?

Lamentablemente Otegi no es un memo, y no habla a humo de pajas. Otegi sabe, por supuesto, que el destino de Navarra –encuadrado en un Fuero paccionado, de naturaleza diferente a los Estatutos que vienen y van- depende de los navarros y de quien gobierne en Madrid. Conoce bien la voluntad de los navarros, pero su esperanza, y la razón por la que sus declaraciones no son una memez, es que José Luis Rodríguez Zapatero gobierna en La Moncloa.

Navarra sería un problema insalvable para Otegi y los nacionalistas si a la voluntad foral y española de los navarros se uniese sin fisuras la del Partido Socialista Obrero Español. Pero el PSOE tiene ante sí tentaciones muy fuertes que convierten en dudoso el futuro de Navarra. El PSOE vasco puede ser tentado con la participación en los foros de diálogo nacionalistas, y su regreso al poder podría ser el precio de una versión corregida y ampliada del plan de Ibarretxe. El PSOE de Zapatero en Madrid, ante la perspectiva de la tregua de ETA con la que sueña hace meses como garantía de una futura victoria en las urnas, podría desentenderse del destino de Navarra, como se ha desentendido de la lucha contra el terrorismo desde la Audiencia Nacional.

Y el mismo PSOE navarro, pese a las contradictorias declaraciones de sus representantes, ¿qué haría ante la posibilidad de volver al poder de la mano de los nacionalistas? El presidente de UPN y del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, lo explicó hace más de un año y acaba de recordarlo: "La alternativa a UPN es posible con un acuerdo entre socialistas y nacionalistas, pero es poco deseable para los ciudadanos". Sólo hay una manera de convertir en memez la advertencia de Otegi: para que Navarra siga siendo "el problema" del nacionalismo es preciso que ninguna combinación electoral ponga la Comunidad en manos de quien ignora o niega su identidad, o de quien esté dispuesto a negociar con ella. Y con eso, por cierto, Navarra no sólo se salvará a sí misma, sino que pondrá un obstáculo en el camino de quienes discuten el futuro de España.

El sujeto paciente de la historia
MANUEL MONTERO /CATEDRÁTICO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE LA UPV-EHU El Correo 4 Febrero 2006

En la Transición, y después, los que no profesan el nacionalismo vasco han sido protagonistas de la evolución vasca, aunque su papel haya que definirlo en términos negativos, dicho sin connotaciones peyorativas. Esto se debe en parte un problema de imagen. Al País Vasco se le suele identificar con el nacionalismo. El resto se asemeja al vacío, a las sombras que sobreviven en los intersticios de la historia construida desde la preeminencia de los nacionalistas. Es la idea que éstos promueven. También la que en general se tiene fuera. Quien haya hablado con un periodista extranjero habrá notado su perplejidad al oír que hay vascos que no son nacionalistas, y que no son un grupo marginal ni un 'caballo de Troya' introducido por la aviesa España para reventar el camino de los vascos hacia la independencia redentora.

Estos vascos parten de una identificación a la contra: los no nacionalistas. Una personalidad difusa, construida sobre un contrario... pero sin cualidades comunes definitorias en sí mismas. Hasta hace poco podría deducirse, de los medios de comunicación y la literatura sociopolítica, que se trataba de un magma social con la sola función vital de contrapesar las veleidades nacionalistas.

Aún así, los no nacionalistas han sido el sujeto paciente de la historia vasca del último tercio del XX y comienzos del XXI. Sujeto, porque sus aportaciones han sido fundamentales en el devenir del País Vasco; les toca, cuando menos, la responsabilidad de haberlo mantenido con el aspecto de una sociedad organizada, civilizada. Paciente, en el pleno sentido del término, pues han sido objeto preferente del terrorismo, del menosprecio de buena parte de los dirigentes vascos y durante décadas han sufrido el olvido. Han padecido la historia en un grado que cuesta encontrar en Europa occidental en esta época. ¿Existe hoy algún otro lugar de la Unión Europea donde la ilusión ideológica de quienes apoyan a un Gobierno sea privar de algunos derechos políticos a parte de sus ciudadanos? Como esto no es fábula, sino propósito documentado, estamos ante la anomalía de que hay ciudadanos vascos que, en propiedad, sufren la historia... y la realidad.

Contra una tesis que tuvo cierto éxito en la Transición e incluso después, este sector no formaba una comunidad, al modo que la configura el nacionalismo. En éste, sus componentes, incluso con ideologías diferentes, comparten valores, sobreentendidos, todo un mundo simbólico, referencial, solidaridades, reacciones y hasta cierto entramado jerárquico. Aunque en su seno incluya submundos a veces encontrados, constituye una comunidad que se define como tal ante sí misma y frente al mundo exterior, extracomunitario.

Nada de esto se produce en el ámbito de los no nacionalistas. En general no podría darse, pues ni siquiera comparten necesariamente sentimientos de pertenencia a una nación, en este caso española, y si los tuviesen no serían internos a la comunidad vasca, sino de similar intensidad con otras partes de España. Su coincidencia consiste en que no comparte ideario y sentimientos de la comunidad nacionalista. Pero esto -es lo propio de las sociedades modernas- no establece vínculos de sentimiento, sensibilidades o de pertenencia a una colectividad diferenciada. Si esto se ha atisbado los últimos años, ha sido cuando el nacionalismo ha arremetido ideológica, política, física o simbólicamente contra un mundo socio-político que a la fuerza ha gestado cierta conciencia de identidad, por sufrir agresiones específicas. Y algunos desprecios.

Este ámbito se singulariza también por la exclusión que practica el nacionalismo como comunidad, una comunidad que suele sentirse agredida por quienes no forman parte de ella. Hasta cuando le resulta imposible fabular alguna agresión, entiende que quien no es de la comunidad legítima (esto es, la nacionalista) actúa como elemento destructor de la única identidad vasca en su concepto posible, esto es, la suya. De ahí a considerar al no nacionalismo enemigo no hay más que un paso.

La relegación de este ámbito no se justifica electoralmente; por lo común ha vencido a los nacionalistas en las elecciones generales, mientras en las autonómicas sus resultados, inferiores, han solido superar el 46% de los votos. Tampoco se explica por inexistentes precedentes históricos que dieran una suerte de (ilusoria) ventaja al nacionalismo (algo así como ser más vascos que los otros): el nacionalismo nunca había alcanzado el predominio político, en términos de apoyo popular, hasta la Transición. Aún así, por las peculiaridades vascas, el PNV, que apenas suele superar el tercio de los votos emitidos -en otros pagos esto da para una oposición no siempre cómoda-, ha creado un sistema de poder que puede calificarse de régimen en el pleno sentido del término.

La conversión durante el franquismo de ámbitos tradicionalistas al nacionalismo vasco explica que al comenzar la Transición éste alcanzase una vitalidad cuantitativa de la que había carecido siempre (por el contrario, la inmigración, pese a su envergadura y al papel desnacionalizador que le atribuye el nacionalismo no tuvo efectos sustanciales en esa cuestión). El País Vasco de las postrimerías del franquismo podía identificarse con el mito nacionalista de un país nacional en marcha, aunque aún quedaran sectores sin asimilar -'los residentes', en la curiosa nomenclatura que empleó la Asamblea de Iruña del PNV en 1977, para distinguirlos de los vascos-, reticentes a la civilización nacionalista, o, simplemente, extranjeros, a los que les tocaría el correspondiente tratamiento cuando llegara el momento.

En los años previos a la muerte de Franco se produjeron algunos fenómenos básicos para entender lo que sucedería después entre los no nacionalistas. Se impusieron en la sociedad vasca los símbolos nacionalistas y muchos de sus lugares comunes como los políticamente correctos. Hasta las filias y fobias de su lenguaje específico se apoderaban del habla común en el País Vasco. Algunos de sus fines políticos y culturales, concebidos de forma partidista, eran asumidos por todos los demócratas como objetivos comunes, bien que desde lógicas que no tenían que ver con las intenciones nacionalistas.

Buena parte del antifranquismo, incluso el de raigambre no nacionalista, asumió un bagaje argumental que identificaba el final de la dictadura franquista con la liberación popular o la autodeterminación. La fortaleza soterrada de la comunidad nacionalista, la inexistencia de alternativas simbólicas y la convicción de que la prioridad era el fin de la dictadura y de que se compartían valores explican la generalización de la simbología nacionalista.

Entraron en juego varios malentendidos. Así, los no nacionalistas creyeron que ideas, símbolos y palabras eran unívocos para todos, mientras significaban cosas diferentes. Un ejemplo: la ikurriña se aceptó por toda la oposición antifranquista como la bandera de los vascos, cuando no resulta improbable que el nacionalismo la identificara sólo con la versión nacionalista de Euskadi. Cuando fue adoptada por todos, vio en ello al éxito de sus signos y de su visión del mundo. Desde su punto de vista, era una victoria -y una derrota ajena-, no un logro colectivo.

En otro orden de cosas, pero en el mismo sentido: la lógica democrática implicó, en aquellos años y después, que los no nacionalistas participaran en el impulso del euskera, o lo animaran, convencidos de que tal política reconocía derechos lingüísticos a quienes se los habían arrebatado la historia y el franquismo. Sin embargo -en esto la documentación es precisa-, para el nacionalismo se trataba de una cosa diferente. Recurría también a argumentos que hablaban de los derechos lingüísticos y del final de injusticias, pero desde su punto de vista el desarrollo del euskera constituía algo de naturaleza bien distinta; un medio de propagar su ideario, robustecer la comunidad nacionalista e imponerse sobre los otros. En otras palabras: los no nacionalistas buscaban un bilingüismo sin discriminaciones por razones idiomáticas; para el nacionalismo, el bilingüismo era un paso -una fase provisional, en expresión del PNV- para llegar a la hegemonía del euskera; no importaban las discriminaciones si eran en sentido contrario.

Los no nacionalistas carecieron de elementos identificativos y despreciaron alguna posibilidad de haber tenido un protagonismo activo, sin quedar sólo al rebufo de iniciativas ajenas o con el mero propósito de amansar o aplacar las radicalizaciones nacionalistas. Este punto de partida explica en buena medida la relegación de los no nacionalistas durante la Transición y las tres décadas que siguieron. Pero esto es asunto que concierne a otro artículo.

El límite de la paciencia
TONIA ETXARRI El Correo 4 Febrero 2006

El portavoz de la ilegalizada Batasuna no le ha preguntado al juez, en esta ocasión, si el fiscal Conde-Pumpido estaba al corriente de su paso por la Audiencia Nacional. Entre otras cosas, porque desde que formuló esa cuestión hace unos meses cuando, por sorpresa, tuvo que rendir cuentas ante la Justicia, se le ha despejado el campo. Tanto es así que Otegi se puede permitir decir que «vamos ganando». Ayer se mostraba tan tranquilo que lo que no contó ante el juez lo hizo ante los medios (¿qué sería, por cierto, de Batasuna sin la publicidad?) para decir que la historia reconocerá la importancia de su propuesta de Anoeta presentada en un acto ilegal y tolerado, el año pasado.

Le van bien las cosas, aunque a veces camine por el filo de la navaja, cada vez que ETA añade unos cuantos kilos más de explosivos a sus atentados para seguir amedrentando. Y la ciudadanía, más pendiente ayer de los coros de Santa Águeda que de otras manifestaciones callejeras, mostrando un terrible escepticismo sobre el final de la bronca de los últimos cuarenta años. Pero los que viven del conflicto siguen con su causa. Impertérritos. Con las arrugas que delatan el paso de todo este tiempo, pero sin cambiar un ápice sus mensajes, ni su capacidad de presión, ni su habilidad para dar la vuelta a las cosas. Inmovilistas.

De nuevo la imagen de los verdugos vuelve a impactar en la sensibilidad de quienes no tienen corazón de hielo. Los asesinos de Baglietto no sólo no reniegan de su pasado sino que, además, esperan que la viuda, Pilar Elías, muestre algún signo de humildad. Y como las mujeres del pueblo les besan, el PNV y EA les comprenden y todos saben que no tienen la mínima intención de arrepentirse, si no existiera de vez en cuando el Estado de Derecho, acabaríamos viendo a gente del pueblo como esta viuda, y otras tantas más, pidiendo perdón por existir.

Pero el lehendakari, tan preocupado porque ve que ha perdido liderazgo, no va a ser quien pare este tipo de injusticias. Tendría que enfrentarse al mundo de Batasuna y eso, ahora, no es «políticamente correcto». Así es que la ciudadanía, de nuevo, al pie del cañón. Qué paciencia.

La de Conde-Pumpido ya ha rebasado su límite y ha apartado de la escena al fiscal Fungairiño. La Fiscalía del Tribunal Supremo apoya al etarra Parot para acelerar su excarcelación. Él tampoco se arrepiente. Siempre que en el historial de ETA algunos mostraban su deseo de reinsertarse, desde la banda se les llamaba 'arrepentidos' como un insulto.

Más buenas noticias para Otegi: el Parlamento no tiene intención de investigar presuntas irregularidades en los estudios de presos de ETA en la UPV. Lo pidió el PP y ,por pedirlo, le acusaron de generar «tensión social» y de «denigrar» la Universidad. Así están nuestras instituciones, aunque María San Gil tiene mucha paciencia. Más que Conde-Pumpido.

t.etxarri@diario-elcorreo.com

Unanimidad ante el rearme iraní
Editorial ABC 4 Febrero 2006

HOY está previsto que se vote el traslado del expediente nuclear iraní al Consejo de Seguridad de la ONU, después de un periodo de debate en el que ha quedado acreditado que las autoridades de Teherán incumplen sus obligaciones con la Agencia Internacional de la Energía Atómica. La búsqueda de un arreglo para la crisis no significa que se abandone el camino diplomático, pero se trata de un paso importante al informar a la máxima instancia internacional de un problema que constituye un claro peligro para la seguridad mundial. La postura iraní de responder con otra grosera amenaza pone en evidencia su actitud destructiva y afianza las razones para considerar que su principal pretensión sigue siendo dotarse de armamento nuclear.

Así, Irán agrava el problema y cierra los pocos caminos que quedan para evitarle al mundo un conflicto innecesario. La comunidad internacional no puede aceptar la proliferación de armas de destrucción masiva. Menos aún si están en manos de alguien como Ahmadineyad, que quiere borrar del mapa un país entero (en este caso Israel). Ilustrativo resulta, asimismo, que quienes están del lado iraní sean Cuba y Venezuela, que no han dejado de ser referentes de la agenda exterior del Gobierno español. De nuevo, las amistades peligrosas.

En esta delicada situación, el criterio que debe regir los pasos de la UE y de EE.UU. es mantener el mayor nivel de consenso internacional. Nada sería más desastroso que asistir a una nueva división en el seno de la ONU, como ocurrió en el conflicto de Irak, porque esta vez dejaría a Europa y a Norteamérica -por más unidos que estén en este caso frente a la expansión militar iraní- en una dramática posición de precariedad frente a una heterogénea combinación de países del Tercer Mundo, que sólo tienen en común su antioccidentalismo. Y todo esto con armas nucleares de por medio. Evidentemente, ninguna gestión que se pretenda emprender en la ONU puede tener éxito si no cuenta con el apoyo de Rusia y China, cuyos votos ni siquiera son suficientes para afrontar este problema.


DE LA VEGA HABLA DE LOS BATASUNOS COMO "FUERZA POLÍTICA"
Astarloa denuncia que la "suma de disparates" de Zapatero lleva a Batasuna-ETA a la euforia
El secretario de Libertades Públicas del PP ha vinculado la destitución fulminante de Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia con el momento de "euforia" que vive Batasuna-ETA. Ejemplo de ello, ha explicado Ignacio Astarloa en la COPE, es que después de que los terroristas estuvieran en su momento más débil Otegi pueda decir ahora que "va por buen camino" la pretensión de negociar todo aquello por lo que los etarras han estado matando.
Libertad Digital 4 Febrero 2006

El secretario ejecutivo nacional de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del Partido Popular ha explicado en La Mañana del Fin de Semana de la COPE que el que se presente Otegi diciendo que "vamos ganando" o la reciente destitución de Fungairiño "ponen de manifiesto un hecho dramático". Según sus palabras, hace un poco más de un año la lucha antiterrorista había situado a ETA en el momento más débil de su historia y, sobre todo, había situado la perspectiva de que "estábamos en condiciones de acabar definitivamente con los señores de los tiros y de las bombas". Hoy, ha explicado, bajo el cambio de política antiterrorista, "lo que se aprecia desde el mundo de ETA-Batasuna es literalmente euforia".

El último ejemplo, detalla, se apreció este viernes cuando Otegi compareció ante la Audiencia. A sus puertas, Astarloa entiende que el portavoz batasuno vino a decir que "la hoja de ruta que ellos trazaron hace una temporada, de sentarse a negociar todos los elementos por los cuales han estado matando durante cuatro décadas, va por buen camino. Esa es la situación en la que tenemos en este momento la lucha antiterrorista. Es dramático y extremadamente preocupante".

Euforia batasuna y estrategia anti-PP
Frente a esa actitud de euforia de los batasunos, Astarloa contrapone la estrategia que sigue el Gobierno contra el PP, las víctimas del terrorismo y algunos medios de comunicación. Como ha recordado el dirigente del PP, el mensaje político del PSOE es acusar de "entorpecer el proceso de paz que quieren desarrollar, cuando no literalmente, como ha dicho el portavoz del PSOE, que no queremos que se acabe el terrorismo. Todo esto es una infamia extraordinaria, dolorosísima que lo único que hace es poner de relieve la suma de daños que se están produciendo en estos días".

Astarloa ha recordado que el terrorismo se puede acabar combatiéndolo desde "la firmeza, la transparencia y la ley". En este caso, acusa el dirigente popular al Gobierno, "no está haciendo nada transparente, porque a estas alturas del proceso todavía sigue diciendo el Gobierno que no está haciendo absolutamente nada para cambiar la lucha antiterrorista, que no está negociando nada, que no está hablando con nadie... entonces, todo lo que está pasando, ¿a qué responde? ¿Toda esta suma de disparates a qué responde? El problema se agrava cuando a eso unes el problema de la firmeza y de la ley".

Lucha antiterrorista en dirección contraria
En este punto, Astarloa ha denunciado que "lo más grave de todo"; que el presidente del Gobierno ha llegado a decir que, en "un caso único en el mundo", "que la ley no hay que aplicarla, que es una ley restrictiva y que deben primar los derechos de reunión individual de los señores del terror y que, culminación de la euforia de ETA-Batasuna, pueden llegar a hacer un congreso como si fuesen, palabras de ayer de la vicepresidenta, una fuerza política más normal y no un partido ilegalizado y disuelto por ser el brazo político del terrorismo". Este es, ha apuntado el portavoz popular, la muestra clara de que "tenemos un problema muy muy serio, un problema gravísimo porque la lucha antiterrorista va justo en la dirección contraria de donde tiene que ir".

Sobre la actitud del PSE, Astarloa ha denunciado que se limita a seguir la dirección marcada por Zapatero: una política de "seguidismo" para concluir con un "nuevo plan Ibarretxe 2 o un nuevo Plan López". En este caso también recurre a los ejemplos. El penúltimo, la intervención de la socialista Celaá en el Parlamento vasco en contra de una comisión de investigación sobre los beneficios a los presos etarras matriculados en la UPV. Y el último ejemplo, la discusión en la que están inmersos este fin de semana los socialistas vascos. Gira en torno a un documento "en el que dan un paso más en el discurso del presidente del Gobierno y ya ni siquiera se habla de que es necesario en todo caso que se entreguen las armas para ponerse a negociar con ETA, sino que si se declara un pequeño paro de la actividad estaremos en condiciones de sentarnos a negociar la autodeterminación, la territorialidad, todo aquello por lo que ETA ha matado durante 40 años".

Los socialistas vascos rechazan investigar si la UPV «regaló» el título a presos etarras
El lendakari insiste en hablar con ETA y en el referéndum sobre la autodeterminación
J. Arias Borque La Razón 4 Febrero 2006

Vitoria- Los socialistas vascos volvieron a echarse ayer en manos del tripartito vasco para impedir que se investiguen las irregularidades que han existido en la Universidad del País Vasco (UPV) con los estudios que han realizado en prisión algunos terroristas de ETA.

Una propuesta que fue solicitada por los quince diputados que conforman el grupo parlamentario del PP en la Cámara vasca, pero que no encontró apoyos. Por ello, al finalizar la votación, tan sólo los escaños populares presentaban el color verde, del voto afirmativo, ante un tablero que mostraba hasta 57 luces rojas, que simbolizan el voto negativo.

En la texto de la moción, el Partido Popular solicitaba que la comisión investigase «detalladamente las incidencias, anomalías e irregularidades» que se han dado en la Universidad del País Vasco y en el centro asociado a la UNED de la localidad guipuzcoana de Vergara, con una pormenorizada atención a los expedientes de los etarras Elena Beloki, José Ignacio de Juana Chaos, Peio José Echevarría Lete, Zorion Zamakola, Antonio López «Kubati» e Ignacio Erro Zazu.

Atención a las irregularidades. Además, se solicitaba una especial atención para los casos de matriculación de terroristas que no cumplían los requisitos, la utilización de identidades falsas, la realización de exámenes estando huidos de la Justicia, la alteración de las actas de las notas, los casos en los que un mismo profesor firmaba todas las notas, las irregularidades en las fechas de celebración de los exámenes, y las amenazas o presiones sufridas por algunos profesores de los centros universitarios.

Mientras, los partidos que conforman el Tripartito, así como Aralar y el Partido Comunista de las Tierras Vascas, siguen manifestando que estas irregularidades son falsas, a pesar de que hayan sido verificadas por completos informes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Por su parte, la portavoz del PSE en materia educativa, Isabel Celaá, aseguró durante su intervención en el Parlamento que el PP «tiene dificultad para entender la presunción de inocencia» y recordó a esta formación que «hay abierta una investigación para esclarecer si hay o no irregularidades».

Del mismo modo, dijo que el tema de la presuntas irregularidades «es muy grave y serio» y animó a no achacar al conjunto de los profesores los posibles «delitos» que cometan unos pocos.

Tras la votación sobre las irregularidades en la UPV, el otro punto de interés del día fue el cara a cara entre la presidenta de los populares vascos, María San Gil, y el lendakari, Juan José Ibarretxe. La dirigente constitucionalista acusó al inquilino de Ajuria Enea de «fraude semántico» al tergiversar los términos normalización y pacificación, y le acusó de usarlos como eufemismos de independencia y rendición ante la banda terrorista ETA, respectivamente.

La respuesta de Ibarretxe siguió los pasos de lo declarado la última semana, ya que aseguró que existen tres axiomas fundamentales en la política vasca. En primer lugar, la existencia de un conflicto político; en segundo lugar, la existencia de un pueblo milenario, el pueblo vasco; y en tercer lugar, que el pueblo vasco tiene derecho a ser consultado sobre su autodeterminación a través de un referéndum.

Del mismo modo, insistió en que es partidario del diálogo con los terroristas de ETA y en mostrar su apoyo a la moción aprobada sobre ese diálogo con la banda en el Congreso de los Diputados.

LA GENERALIDAD LE ACUSA DE IR CONTRA CATALUÑA
El PP aclara que su petición de que se ofrezca educación en castellano se limita a la primaria
El PP ha corregido una moción registrada en el Parlamento de Cataluña en la que instaba a la Gobierno de la Generalidad a ofrecer la educación en castellano a los alumnos cuyos padres así lo decidan y aclarar así que su demanda se limita a la educación primaria. La moción original reclamaba que las solicitudes de preinscripción de "la enseñanza infantil, educación primaria y educación secundaria" de los centros públicos incluyeran la posibilidad de que los padres o tutores de alumnos puedan escoger libremente el idioma en que quiere recibir la educación.
Agencias Libertad Digital 4 Febrero 2006

Según el PP, se produjo un error de redacción en la iniciativa parlamentaria corregido hoy y que aclara que lo que solicitan es que "el impreso" con el nombre 'Solicitud de preinscripción a enseñanza infantil, educación primaria y educación secundaria' incluya una casilla para que los padres escojan la lengua vehicular de enseñanza de sus hijos exclusivamente en "primaria". La moción del PP catalán se someterá a votación en el pleno del día 16 y contará, previsiblemente, con la oposición del resto de grupos de la Cámara catalana. La iniciativa es fruto de la interpelación del diputado Rafael López al primer consejero, Josep Bargalló, en la que acusó al Gobierno catalán de desplegar una política lingüística en contra de los "derechos y libertades" de los ciudadanos.

Desde el Gobierno, tanto Bargalló como el propio presidente de la Generalidad, Pasqual Maragall, atribuyeron al PP utilizar el "espantajo" del conflicto lingüístico para ir en contra de Cataluña. "Hace muchos años que en Cataluña se acabó con la historia de la persecución lingüística", dijo Bargalló, asegurando que "no hay ni persecución del castellano, ni conflicto lingüístico, ni un Gobierno con una política lingüística diferente a anteriores en la historia moderna". "La lengua no se puede dejar en manos del mercado", afirmó, ni ser responsabilidad única del "individuo"

En la moción, también se insta a la Generalidad a garantizar el derecho a recibir la primera educación en su lengua materna "sin discriminación ni segregación" y se cita el "castellano, catalán o el aranés". Asimismo, se reclama la retirada de las "estrategias para facilitar la atención individualizada de los alumnos que soliciten la educación de las primeras enseñanzas en castellano" y su sustitución por una "educación bilingüe durante la atención primaria".

Respeto al derecho del profesor a elegir la lengua
Igualmente, se reclama que el plan de aulas de acogida de la Generalidad se incluya la evaluación de las competencias lingüísticas de todas las lenguas oficiales del territorio "como medida de cohesión social". También en el ámbito educativo, se reclama "respeto al principio de cátedra del profesor a escoger la lengua de uso en el aula según las necesidades pedagógicas que crea oportunas" y que se retire la "normativa y circulares" enviadas a los colegios que "coarten la libertad de cátedra" del profesorado para dirigirse a los alumnos "en la lengua oficial que crean conveniente".

La iniciativa del PP también demanda al Ejecutivo catalán a "retirar la política de sanciones por el uso de una determinada lengua en el ámbito privado" o que se sustituya la "exigencia" del catalán a los funcionarios por una política de "fomento de su estudio". En este sentido, se insta al Gobierno a "garantizar, en sus relaciones con los ciudadanos, el uso de cualquiera de las lenguas oficiales en Catalunya, respetando el derecho de los ciudadanos a escoger en qué lengua quieren recibir las comunicaciones oficiales". Asimismo, se reclama que se retire de las convocatorias de subvenciones realizadas por la Generalidad la "utilización exclusiva de uno de los idiomas oficiales como condición para poder recibir la subvención", en este caso el catalán.

En la misma línea van las propuestas de cambiar el nombre de las oficinas de garantías lingüísticas por el de "Oficinas de libertades lingüísticas" y situar entre sus funciones "velar por la aplicación de la libertad de todos los ciudadanos para expresarse en la lengua que quieran". Además, el PP quiere que se cree, dentro del Consejo Social de la Lengua Catalana, un "observatorio de derechos lingüísticos" en el acceso a bienes socioculturales, que analice la presencia del catalán en el ámbito cultural como base para que la administración de la Generalidad pueda iniciar políticas de fomento de la presencia del catalán en estos ámbitos.

Partido Puteador y Partido Sumiso Ordenador del Esclavaje
Nota del Editor 4 Febrero 2006

La noticia anterior, retocada en la fecha y lugares y puesta en boca de los acólitos de Hitler, no causaría sorpresa alguna. Lo indignante es que ese grupo de políticos totalitarios, de idelología absolutamente nazis, se enseñoree en España, pisoteando la constitución, el sentido común, los derechos humanos, y todo lo que les venga en gana, como en tiempos de Hitler.

¿ Cuando va a dejar de tragar guano Mariano Rajoy?  Váyase y deje que alguien con principios defienda España y a los españoles cumpliendo la constitución, y de paso puede llevar a Rodriguez Zapatero con sus amigos rifeños.

No queda otro remedio que tomar las calles y conseguir elecciones anticipadas, en igualdad de condiciones, es decir, los partidos políticos con las mismas finanzas que cualquier asociación cívica.

Como no aparezca un virus que se lleve por medio la mayoría de los políticos "profesionales", esto es el principio del fin.

Tripartido compra con 10 millones de euros el silencio de los medios de comunicación
Periodista Digital 4 Febrero 2006

Periodista Digital.-¿Cuánto gasta el Gobierno catalán a financiar los medios de comunicación autóctonos? Época lo cuenta esta semana: un total de 10.219.475 euros en 2005. Los de distribución nacional quedaron fuera de la subvenciones de la Generalitat, con la única excepción de El País.

Lo cuenta Época en el número que sale este viernes al quiosco. El objetivo de la Generalitat es “vertebrar un espacio catalán de comunicación”, premiando a los medios afines y sancionando a los adversarios. Esa estrategia explica que ningún periodista se quejara ante el apagón informativo impuesto durante la crisis del Carmel.

Un análisis de las ayudas a la prensa, muestra que ABC no ha vuelto a recibir subvenciones de la Generalitat desde 2003. Sólo ha habido otro medio nacional que sí se ha beneficiado del maná catalán: El País (250.000 euros en 2004 y 146.300 euros en 2.005).

Los más favorecidos
Los grupos más favorecidos por el Tripartito son Godó (2.748.400 euros para La Vanguardia en 2005) y Zeta (2.426.295 euros en 2005 para El Periódico).

El reportaje aparece en un amplio dossier, titulado “Cataluñya Sí”, en el que Época denuncia el objetivo de la Generalitat de suprimir el castellano de la enseñanza y del comercio e incluye una encuesta con personalidades vinculadas a la vida catalana, sobre el nacionalismo.

Coincide la publicación del informe con el acto que Convivencia Cívica de Cataluña celebrará el sábado 4 en el hotel Barceló Sants de la Ciudad Condal, contra el Estatut y en defensa de las libertades.

El número de Época incluye un informe con el dinero que los terroristas deben a la sociedad, en concepto de indemnización (129 millones de euros); un perfil sobre Pilar Elías, “viuda coraje”; y entrevistas con Angel Acebes, Shlomo Ben Ami, Gustavo de Arístegui y Catalina de Habsburgo.

Covite replica al PSE que los etarras deben arrepentirse antes de alcanzar la reinserción
Pide que se reconozca «la generosidad extrema de las víctimas» y que no se les considere «un obstáculo en el camino para la paz»
BILBAO EL CORREO 4 Febrero 2006

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, aboga en un comunicado difundido ayer por no hablar «frívolamente» sobre la reinserción de presos «sin antes hablar de arrepentimiento o reconocimiento del daño». Covite replicó de este modo al plan de trabajo elaborado por el PSE-EE en el que se afirma que se ha de tener en cuenta a las víctimas antes de iniciar un proceso de reinserción de los presos de ETA.

En su comunicado, el colectivo considera «obvio» que apoyará cualquier iniciativa encaminada a tenerle informado de los movimientos de los terroristas encarcelados, pero enfatiza que la reinserción de presos «no es la principal vía» para conseguir la derrota del terrorismo. Por ello, subraya su exigencia de que estas medidas con los reclusos, y una vez que la amenaza terrorista cese «definitivamente en todas sus formas», sean «legales y normalizadas y no políticas ni excepcionales». «No son admisibles constitucionalmente medidas de redención generales ni grupales; la reinserción siempre debe ser individual y no colectiva, y debe tener como ingrediente imprescindible el reconocimiento del daño infligido por parte del agresor, que debería ser firmado, explícito, personal y público».

En su opinión, la reinserción acarrea «obligaciones», como la reparación económica o el alejamiento de la víctima, sin las cuales «el excarcelado nunca llegará a ser un ciudadano reinsertado». Covite recordó que muchas víctimas «no han obtenido la más mínima reparación judicial», por falta de información sobre su caso por parte de los tribunales o porque las causas han prescrito, y rechazó que se archiven casos de terrorismo no resueltos.

«Partido perdido»
El colectivo, que defenderá que se reconozca de forma pública la «generosidad extrema» que han demostrado los afectados por la violencia, reclamó que no sean perseguidos, insultados o considerados un «obstáculo para la paz». «Debemos recordar que las víctimas ya tenemos el partido perdido desde el mismo momento en que sufrimos cada atentado y exigimos que no se llegue a producir un final indigno que insulte la memoria de las víctimas».

La propuesta del PSE de consultar a las víctimas en el caso de que se adopte alguna «medida de flexibilidad» con los miembros de ETA encarcelados se debatirá hoy en el comité nacional que los socialistas vascos celebran en el Euskalduna de Bilbao. La iniciativa ya ha sido criticada por el PP y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, al considerarla muestra evidente de que el Gabinete Zapatero y la banda «están negociando». La Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas aplaudió la propuesta del PSE, pero dejó claro que no aceptará tratos de favor a los presos.

FRANCISCO CAJA:
"Plataforma Constitucional y Autonomista tiene como objetivo la creación de una resistencia cívica activa al proyecto del imperialismo pancatalanista"
Santiago Fontenla minutodigital.com  4 Febrero 2006

Usted es Presidente de Convivencia Cívica Catalana ¿Que es CCC? ¿Cuáles son sus objetivos?
CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA es una coordinadora de entidades cívicas y ciudadanos, creada en 1998 como respuesta a la entrada en vigor de la inconstitucional Ley de Política Lingüística aprobada por el Parlamento de Cataluña, cuyos fines estatutarios son: "promover el respeto a los derechos y libertades fundamentales de las personas, fomentar las virtudes cívicas, fortalecer los valores democráticos, actuar contra todo tipo de discriminación, ya sea por causa de sexo, raza, origen, lengua, opinión o credo, y defender la pluralidad cultural, educativa y lingüística en el espíritu de los principios recogidos en la Constitución Española de 1978",

La pasada semana usted fue víctima de una agresión por porte de elementos separatistas. ¿Ha condenado el rectorado las agresiones? ¿Han condenado su agresión los partidos políticos? ¿El gobierno catalán?
   Pese a la gravedad de los hechos ni el Rector de la Universidad de Barcelona, ni el resto de los rectores de las universidades catalanas, ni un solo miembro del gobierno catalán, ni ningún partido político en Cataluña los han condenado. Y eso equivale a otorgar patente de corso a sus autores cuyas bárbaras acciones quedan así legitimadas. Porque el poder político en Cataluña, como en la comunidad Autónoma Vasca, comparte los mismos objetivos que los violentos, a saber, la exclusión de todos aquellos que no somos nacionalistas: condición sine qua non para la construcción de su imaginaria comunidad étnica.

-¿Se han dirigido a usted desde el gobierno para facilitarle seguridad?
No. Pero desde ahora tengo la compañía permanente de un guardia de seguridad durante mi estancia en el campus universitario por orden del Rector. Pero esta medida sin la condena explícita y sin reservas de lo que constituye un grave atentado contra la libertad en la universitaria sólo puede interpretarse como una medida destinada a evitar los problemas políticos que este tipo de acciones puedan reportarle al propio rector de la universidad. Lo que aquí se ha vulnerado no es sólo la libertad y dignidad de un profesor sino la de la comunidad universitaria en su conjunto y la relativa protección del profesor agraviado no re repara en absoluto el daño causado. Esta medida, pues, sólo muestra una cosa: hoy en Cataluña un profesor universitario que no sea nacionalista y exprese libremente sus ideas tiene que ejercer su profesión protegido por un guardia de seguridad.

Se apuntaba la posibilidad de que estas agresiones fueran una respuesta a la reciente resolución del TSJC que hace efectivo el derecho a recibir en la lengua habitual la primera enseñanza en Cataluña ¿Cree que existe esa relación?
  Si, indudablemente. Así se recogía en los pasquines con los "decoraron" los encapuchados las paredes de la facultad. Se me tilda de fascista, enemigo de Cataluña y el catalán por haber promovido los recursos contra los Reglamentos de uso del catalán en la universidad y la inmersión lingüística, que el TSJC ha declarado inconstitucionales y de ser el responsable de la presencia en la universidad catalana de "conocidos fascistas anticatalanes" como Alejo Vidal-Quadras, Vicepresidente primero del Parlamento europeo, Fernando Savater y Gotzone Mora. Y los que dicen esto, con el silencio cómplice de las autoridades políticas y académicas, son un grupo de encapuchados, que amenazan, coaccionan y agreden a los que a cara descubierta y con riesgo de su integridad física y moral defienden los valores constitucionales.

¿Nos puede comentar algo más sobre esa resolución judicial?
   El TSJC ha fallado a favor de Convivencia Cívica Catalana el recurso interpuesto por ésta contra una práctica del gobierno catalán consistente en suprimir del impreso de matriculación de los escolares catalanes la pregunta por la lengua habitual del niño. Y ello con el único fin de poder ignorar una realidad incontestable: que más de la mitad de los escolares en Cataluña tienen como lengua habitual el castellano y, en consecuencia, la Generalidad está obligada a procurar la primera enseñanza a esos niños en esa lengua. Lo que supone el principio del fin de esa aberración antidemocrática que es la "inmersión" lingüística, esto es, que todos los escolares en Cataluña sean educados, como sucede actualmente, exclusivamente en catalán.

La defensa de la libertad y la Constitución en Cataluña pasa por uno de los momentos más delicados. ¿Cree que el tripartito está vulnerando de alguna forma la Constitución?
   La situación política actual en Cataluña supone una gravísima amenaza para la democracia y el orden constitucional y ha de ser definida como una situación de una grave discriminación para aquellos que hablamos castellano y, aún más, para aquellos que no somos nacionalistas y prendemos ejercer los derechos que como ciudadanos reconoce la Constitución española de 1978. El tripartito con la ayuda de CiU y la pasividad e incapacidad del PP en Cataluña desafía abiertamente la constitución y al igual que el nacionalismo vasco plantea un nuevo estatuto que equivale a un verdadero golpe de Estado, con los mismos contenidos que el Plan Ibarretxe. Así lo ha reconocido el propio Maragall al afirmar recientemente que: "comparte el fondo del Plan Ibarretxe, pero no sus formas". Vamos el mismo perro con diferente collar.

Se habla de imposición lingüística en Cataluña. ¿Nos puede comentar la situación actual del castellano en Cataluña?
   El castellano se halla excluido de la vida pública catalana. Pese a los dispuesto en la Constitución y el Estatuto, La Administración pública catalana no utiliza el castellano, la esuela es monolingüe, en el Parlamento catalán habla exclusivamente en catalán, etc. El régimen constitucional de cooficialidad o de oficialidad territorial doble y conjunta, una legislación modélica en su forma ponderada y equitativa de reconocer los derechos lingüísticos y primar la libertad de la lengua sobre la intervención de los poderes públicos y depositar en los ciudadanos y en la sociedad el protagonismo total sobre el devenir de esa pluralidad lingüística, otorgando carácter oficial a todas las lenguas que se hablan en las Comunidades Autónomas, ha sido substituido por un régimen de monolingüismo en el que la única lengua verdaderamente oficial es el catalán, en la que se "tolera" que los ciudadanos se dirijan a la administración en castellano. Es lo que los nacionalistas denomina, en el colmo de la desvergüenza, "bilingüismo asimétrico".

¿Representa el gobierno catalán a todos los ciudadanos de Cataluña o, por el contrario, cree que hay en estos momentos ciudadanos de primera y de segunda?
   En efecto, así es. En un estado democrático una lengua es oficial si y sólo si es lengua común de representantes y representados. En otro caso, la situación actual en Cataluña, existen dos lenguas, la lengua del poder y la lengua de la ciudadanía: una sociedad bilingüe y un poder monolingüe. El efecto perverso que ha logrado la política lingüística del gobierno catalán es éste: hoy sólo el castellano es la lengua de la ciudadanía en Cataluña. Y son los catalanohablantes los que deben descubrir esta verdad: el poder en Cataluña, el nacionalismo, les ha expropiado su lengua, el catalán no es la lengua propia de Cataluña sino la lengua propia del poder. Mientras el poder político no use normalmente el español en Cataluña, será un poder antidemocrático, un poder que no representa a la ciudadanía de Cataluña en su conjunto, un poder político que hace de la lengua un signo de su diferencia respecto a la ciudadanía, que utiliza el catalán como medio para excluir a la mayoría de los ciudadanos. El bilingüismo asimétrico en una sociedad asimétrica, esto es, una sociedad regida por una Ley para el poder y otra para los ciudadanos.

¿Qué le han parecido las fotografías de Maragall con los jugadores de la selección catalana de jockey en las que posaba tras banderas separatistas y anticonstitucionales?
   Dejo la respuesta para el Sr. Zapatero, presidente del gobierno español, secretario general del mismo partido que el Sr. Maragall. Pero ya sabemos que al primero no le asusta ni le preocupa la expresión "nación catalana"; en cuanto al segundo ya sabemos por su boca que Cataluña se queda en España, pero para mandar.

Las conversaciones de Carod con ETA y su manifiesta cercanía a los terroristas no han parecido importar mucho al PSC a la hora de formar gobierno con estos radicales ¿Cree que el PSC-PSOE ha pasado por alto estos "detalles" con tal de "tocar poder"?
   Déjeme repetir aquí lo que Convivencia Cívica Catalana decía en el comunicado que emitió en el momento en que se conocieron las conversaciones de Carod Rovira con ETA: "La incapacidad del PSC por romper su alianza con ERC, promotor de la banda terrorista y causa eficiente de la territorialización de su terror, pone en evidencia las consecuencias de esa alianza, encadenando al PSOE a las estrategias del frente nacionalista, subordinándolo a sus intereses y evidenciando su incapacidad política para ofrecer a los españoles una alternativa de gobierno. El "indulto" de ETA otorga así un claro sentido al federalismo asimétrico de Maragall o a la "España plural" con los que se llenan la boca los líderes del PSOE: la territorialización de la muerte y la falta de libertad en España.

Convivencia Cívica Catalana participará en la Plataforma Constitucional y Autonomista que se presentará el próximo 29 de Octubre ¿Cuáles son los objetivos de la Plataforma?
   La plataforma, que integra asociaciones cívicas de Aragón, Baleares, Valencia, Alicante y Cataluña, tiene como objetivo la creación de una resistencia cívica activa al proyecto del imperialismo pancatalanista, llámese Corona Catalano-Aragonesa, euroregión, Great Catalonia o como se quiera llamar, que, bajo el pretexto de la unidad de l lengua, no tiene otro objetivo que la destrucción del orden constitucional, su diseño autonómico, y de sus valores: la libertad, la igualdad y la solidaridad de todos los españoles, sin exclusión. Y en el ámbito específico de la libertad de lengua defender la singularidad de las lenguas valenciana, aragonesa y balear, tal como la Constitución española de 1978 establece : (art. 3º. 3) "La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección", al mismo tiempo que el mantenimiento del castellano como la lengua común de todos los españoles.

¿Querría añadir algo más?
   Los ciudadanos debemos ser conscientes que en los momentos actuales nos enfrentamos a una situación política excepcional que requiere soluciones excepcionales. Lo ciudadanos debemos abandonar nuestra concepción pasiva de la ciudadanía, para pasar a la acción cívica, a un civismo activo, integrarnos en plataformas cívicas como la única posibilidad para no perder (o incluso recuperar) la dignidad de ciudadanos amenazada por la incapacidad de los partidos nacionales de resistir eficazmente a los empujes soberanistas de los partidos nacionalistas que pretender imponer unilateralmente, mediante la aprobación en sus respectivos parlamentos autonómicos de nuevos estatutos, el orden político que persigue el terrorismo etarra, presentándolo como única solución a los problemas políticos que éste ha creado: eso sería la solución terrorista del problema del terrorismo.

Una entrevista de Santiago Fontenla
santiagofontenla@minutodigital.com

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