AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 5 Febrero  2006
Máquina de adoctrinar
CRISTINA LOSADA La Voz (Vigo)  5 Febrero 2006

El cuento de nunca acabar
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz  5 Febrero 2006

El «espíritu general»
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS, Director de ABC  5 Febrero 2006

Las dos barajas del PNV
Editorial ABC  5 Febrero 2006

El Rey, contra el nacionalismo
Rafael González Rojas elsemanaldigitall  5 Febrero 2006

Libertades y derechos universales
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital  5 Febrero 2006

Artur Mas le da la razón a Jaime Mayor Oreja con dos años de retraso
Elsemanaldigital  5 Febrero 2006

Ya es pasarse: en lengua urdú, sí; en castellano, no
Elsemanaldigital  5 Febrero 2006

La viuda de Fernando Buesa le saca los colores a Zapatero
Elsemanaldigital 5 Febrero 2006

Una nación de ciudadanos libres
Ignacio Cosidó Libertad Digital  5 Febrero 2006

¡Como sea!
Francisco Hurtado. minutodigital   5 Febrero 2006

LA DERROTA LINGÜÍSTICA Y CONCEPTUAL
E. Resynes minutodigital   5 Febrero 2006

El silencio de los corderos
Manuel Canduela minutodigital  5 Febrero 2006

Regreso a la acción multilateral
Editorial ABC  5 Febrero 2006

Más de 30 asociaciones suman sus fuerzas en un acto contra el Estatut en Barcelona
Tate Santeulària La Razón  5 Febrero 2006

La próxima manifestación tendrá lugar en Bilbao
T. S. La Razón  5 Febrero 2006

Francisco Caja advierte que la escuela en Cataluña "parece un campo de concentración"
Europa Press Libertad Digital  5 Febrero 2006

El Estatut dejará al Estado sin capacidad para inspeccionar el sistema educativo catalán
C. Morodo La Razón  5 Febrero 2006

ALBERTO CATALÁN:«Lo preocupante es que en Navarra se puede dar un gobierno nacionalista vasco con presidente socialista»
ÁNGEL PUERTA ABC  5 Febrero 2006

La venganza y la vergüenza
FERNANDO SAVATER El Correo  5 Febrero 2006

Máquina de adoctrinar
ANTÍPODAS
CRISTINA LOSADA La Voz (Vigo)  5 Febrero 2006

HACE unos días me desplacé a tierras coruñesas para escuchar y co-presentar a un conferenciante. Por el camino, helaba y nevaba, pero aquel frío era templado al lado del que destilaba el mundo del que se nos hablaría en la charla: la educación en el País Vasco. Sobre ello nos instruyó un experto en materia educativa, Ernesto Ladrón de Guevara. Su libro, «Educación y nacionalismo», publicado por Txertoa, sufre el boicot de los nacionalistas por incurrir en el funesto vicio de contar lo que ocurre. De pe a pa narra el proceso por el cual se ha convertido a la escuela en una maquinaria de adoctrinamiento político.
El modelo educativo nacionalista, afirma Ernesto, se parece mucho al modelo de escuela nacional franquista. Pero la Formación del Espíritu Nacional no es una asignatura, sino el aire que se respira. El cómo y el por qué de todo ello, pueden encontrarse en este libro, que ofrece una investigación rigurosa y un aporte documental como para que desentierren la cabeza de la arena los más avestruces. El calvario de los niños, sometidos a una ideologización brutal, corre parejo con el de los profesores, muchos de los cuales han tenido que abandonar. Y todo esto, claro, no acaba de empezar. Lleva décadas ocurriendo, gobernara en España la izquierda o la derecha.

Ernesto contó que él había visto con sus propios ojos cómo se arrojaban a la basura muchos libros de las bibliotecas de los institutos vascos. Cometían el pecado de hablar de España. Y los mapas. También tiraban mapas. El libro incluye una foto publicada en el diario Egin en 1994, cuando Fernando Buesa era consejero de Educación. Había un conflicto con las ikastolas. En la imagen, unos niños arrojan piedras contra un retrato de Buesa. Seis años después, ETA lo asesinaba. La enseñanza del odio y la violencia da sus frutos.

El cuento de nunca acabar
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz  5 Febrero 2006

INTEGRAR a los nacionalismos: ese era, al parecer, el desafío cuando los responsables del actual cacao territorial decidieron abrir la segunda descentralización en la que andamos. Se trataba, por supuesto, de un asunto conocido, porque integrar a los nacionalismos había sido ya, en su día, el gran objetivo histórico de la revolución territorial que la Constitución de 1978 trajo de la mano.

Es, precisamente, ese paralelismo entre lo que ahora se pretende y lo que hace un cuarto de siglo trató de conseguirse con un inmenso esfuerzo de comprensión hacIa las minorías catalanistas y vasquistas, el que fuerza nuestro escepticismo respecto de los previsibles resultados integradores de una segunda descentralización que debería llevarnos a la tierra prometida de unos nacionalismos por fin acomodados en España. Pues, ¿por qué habría de lograrse ahora lo que entonces se frustró?

La Constitución transformó nuestro Estado centralista en uno federal y, pese a ello, los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos proclaman con agonía encontrarse en él tan a disgusto como antes. Retengan dos datos para comentar en el café: los funcionarios estatales representan hoy el 23% del total, mientras los autonómicos suponen más del doble: el 49%. El reparto del gasto público en el 2005 confirma esa dimensión federal de nuestro Estado: excluida la Seguridad Social, el 34% corresponde a las administraciones regionales y sólo el 23% a la central.

Lo cierto es, sin embargo, que ni esos datos, ni otros muchos que podrían aportarse, han servido para integrar a los nacionalismos periféricos. ¿Por qué? Ya casi nadie se atreve a responder a esa pregunta sin tapujos, por miedo a que le tachen de franquista. Pero como yo no he tenido más relación con el franquismo que la de ser antifranquista, me ofrezco gustoso a contestarla: ni la federalización de España, ni la confederalización que ahora se pretende con la reforma estatutaria catalana, servirán para integrar a los nacionalistas, sencillamente porque los nacionalistas no quieren integrarse: quieren irse... llevándose con ellos, claro está, sus territorios.

Esa es la verdad y todos la sabemos, aunque todos finjamos ignorarla para tratar así de apaciguar a los que llevan veinticinco años sometiéndonos a su chantaje intolerable. Vana pretensión. Mas y Pujol acaban de confirmarlo, por si quedara aun algún ingenuo: con el pacto de tuneado estatutario firmado por CiU y Zapatero aún calentito, el padre y el hijo del actual nacionalismo catalán ya han aclarado que el nuevo Estatuto sólo valdrá para unos años y que no colmará sus exigencias. ¿Es que alguien lo dudaba?

El «espíritu general»
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS, Director de ABC  5 Febrero 2006

... Era también Eduardo Fungairiño, en cuanto a gallardía para enfrentarse desde la ley contra el terrorismo, de esos funcionarios que hacen corpóreo el «espíritu general» que, según Montesquieu, es el que gobierna a los pueblos...

NOS recuerda Carmen Iglesias en la feliz reedición de su magnífica obra «El pensamiento de Montesquieu» que aquel pensador tan decisivo en la teoría política del liberalismo y padre de la tesis de la separación de poderes incorporada como ecuación magistral a la construcción del Estado moderno «propugna una fórmula moderada de convivencia social y política en la que el poder pare al poder». En la raíz de la separación de poderes estatales -el ejecutivo, el judicial y el legislativo- se encuentra la garantía última contra el despotismo. Pero ha de reconocerse sin ambages que la invasión de la acción de los gobiernos sobre los otros dos poderes -a veces por razones inerciales, pero otras por propósitos inconfesables- es hoy por hoy una desoladora realidad. Lo podemos comprobar en las más viejas democracias -nótese el proceso de transferencia de facultades exorbitantes del legislativo al ejecutivo en Gran Bretaña y en Estado Unidos-, pero también en las más jóvenes como son las latinoamericanas.

Las asechanzas del mundo actual -por ejemplo, la delincuencia a gran escala, sea el terrorismo o el narcotráfico- y la instrumentación de las tecnologías más novedosas para sortear la ley, son circunstancias que de modo universal invitan a los ciudadanos a «esa esclavitud que comienza siempre con el sueño», en palabras de Montesquieu, y que Carmen Iglesias reinterpreta de manera eficaz aduciendo que «cobra aquí el sentido profundo que vincula la servidumbre con la pasividad, con la resignación a no ejercer la propia libertad». O en otras palabras, que los ciudadanos, las sociedades, están siendo permeables -bien por temor, bien por somnolencia democrática- a la peor de las renuncias, esto es, a que el poder no pare al poder, dejando así que el ejecutivo fagocite al legislativo y al judicial.

Muchos políticos ya han advertido, con la impertinencia que connota a los ignorantes, que la vigencia de Montesquieu es improbable, y algunos gobiernos, como el español, se están encargando de demostrarlo con hechos de significación concluyente. Es un dato objetivo que el motor legislativo del Estado no se residencia en la capacidad de iniciativa de las Cámaras, sino en la del Ejecutivo que mediante proyectos de ley marca el paso a un legislativo subordinado a la mera tarea de proteger a su gobierno, aquel que puede dar y quitar el escaño. En sentido estricto, los legisladores no son padres de la patria sino meras correas de transmisión de consignas del Gabinete de turno. Si este fenómeno de control remoto de los gobiernos a las cámaras legislativas puede decirse que es general, resulta enfáticamente visible en la democracia española. El número de proposiciones de ley de los grupos parlamentarios es ridículo y la actividad de iniciativa legislativa de otras instancias resulta prácticamente nula.

Y si esta depredación es ya grave, más lo es que este mismo proceso se esté produciendo respecto del poder judicial. Medidas como la llamada justicia de proximidad que desprofesionaliza la incorporación a la tarea jurisdiccional; la articulación de turnos para acceder a la magistratura; la desconcentración ya en ciernes de muchas de las funciones selectivas del Consejo General del Poder Judicial y el achicamiento del ámbito juzgador del Tribunal Supremo -relegado a un órgano que terminará por unificar doctrina desposeído de la amplitud jurisdiccional en la facultad casacional-, son medidas que pretenden introducir elementos de docilidad a favor del Gobierno en la administración de la justicia.

El progresismo político, sin embargo, se siente legitimado para horadar la solidez del poder judicial aduciendo que los jueces y magistrados mantienen en nuestro país un sesgo conservador y, en algunos casos, retrógrado. Tal estimación -ahora generalizada en los ámbitos de la izquierda- se corresponde con una agresividad extrema hacia los órganos jurisdiccionales que se expresa en forma de crítica sañuda cuando sus fallos no sintonizan con sus deseos o intenciones. De ahí que el Consejo General del Poder Judicial -de extracción parlamentaria y por lo tanto, repartidos sus miembros por simpatías políticas- se convierta en escenario de una batalla campal cuando de nombramientos se trata; y de ahí, también, que el Tribunal Constitucional -que no es un órgano jurisdiccional sino de garantías constitucionales- se comporte como una instancia de control al Tribunal Supremo, desvirtuando su función y propiciando una auténtica y silente pero crudelísima guerra entre dos órganos de naturaleza diferente y fines distintos. Lo cual, de nuevo, explica que la elección parlamentaria de los miembros del supremo intérprete de la Constitución haya adquirido un tono de disputa muy cercano a lo tabernario.

Hay que regresar de nuevo a Montesquieu para explicar que el gobierno de las sociedades -entendido en su sentido más amplio- depende de muchos factores. «Varias cosas gobiernan a los hombres: el clima, la religión, las leyes, las máximas del gobierno, los ejemplos de las cosas pasadas, las costumbres y los hábitos, de todo lo cual resulta el espíritu general». Pues bien, los jueces y magistrados como ultima ratio expresan en sus resoluciones ese espíritu general de la sociedad y tratar de quebrar el carácter retrospectivo de las referencias para la aplicación de las leyes -y, por lo tanto, un carácter conservador o conservacionista de la función jurisdiccional- no sólo constituye una extralimitación gubernamental, sino también una torpeza en la concepción del funcionamiento de las sociedades democráticas maduras.

Estamos, al parecer, en los prolegómenos de afrontar novedades que conciernen al terrorismo y es conocido el deseo del Gobierno de facilitar una serie de condiciones que provoquen movimientos de desarme en la banda terrorista ETA. Según algunos estrategas de esta operación -aplaudidos por los portavoces de la organización criminal y secundados por los que, terrorismo mediante, pretenden la disolución del Estado en su actual configuración-, es preciso quebrar ese conservadurismo de la administración de la justicia en España porque, de lo contrario, el Ejecutivo no podría implementar determinadas medidas implícitas en el do ut des que supuestamente comportaría esa estrategia.

No hay que albergar demasiadas dudas, sin embargo, acerca del fracaso de este planteamiento si prosperase la intención de desmantelar los resortes de independencia, imparcialidad e inamovilidad de los jueces y los magistrados. Una estratagema en la que se tratase de desactivar a un poder constitucional y alterar así el delicado equilibrio entre los que conforman el Estado se volvería contra el Gobierno. Y contra él se volverá la destitución -formalmente, una renuncia- del fiscal jefe de la Audiencia Nacional que, habiendo agotado «la paciencia» de su superior, era por trayectoria reconocible, por actitud profesional permanente y por talante ético, uno de los ejemplos más acabados de servidor público. Era también Eduardo Fungairiño, en cuanto a gallardía para enfrentarse desde la ley contra el terrorismo, de esos funcionarios que hacen corpóreo el espíritu general que, según Montesquieu, es el que gobierna a los pueblos. Se ha equivocado el Fiscal General al comportarse con espíritu mezquino con un funcionario que atesora ese grado de indocilidad con la jerarquía que los ciudadanos queremos observar para sentirnos seguros de que el poder pare al poder y se haga así imposible un nuevo despotismo democrático en el siglo XXI.

Las dos barajas del PNV
Editorial ABC  5 Febrero 2006

EL nacionalismo vasco gobernante ha captado que el momento político es propicio para jugar con dos barajas y asegurarse así su presencia en la partida ganadora. La coyuntura actual en el País Vasco se describe en torno a un PNV que se sostiene a un lado -Partido Socialista de Euskadi- y a otro -Batasuna- del espacio político diciendo a cada uno lo que quiere oír. La actualización del Plan Ibarretxe como programa de gobierno se ganó el voto del Partido Comunista de las Tierras Vascas para la investidura del lendakari. Meses después, el mismo lendakari sacaba sus presupuestos generales para 2006 con el apoyo de unos socialistas previamente seducidos por el embrujo de la «cosoberanía» y del consenso que les proponía el presidente del PNV, Josu Jon Imaz. Explotada una vez más la tendencia de los socialistas vascos a su alienación por el nacionalismo, tiempo faltó después del acuerdo presupuestario para que las bases del Plan Ibarretxe y el reconocimiento del «derecho a decidir» fueran otra vez las consignas tanto del PNV como del Gobierno vasco. De hecho, el lendakari conmemoró el primer aniversario de la derrota de su Plan en el Parlamento Nacional impulsando el consejo político para la normalización, integrado por el tripartito nacionalista de Vitoria. En su primera reunión, este consejo político concluyó que el «corazón del tripartito es defender el derecho a decidir de este pueblo a través de una consulta popular». Es decir, la autodeterminación, sin la cual, como ha dicho Otegi, no habrá solución al «conflicto» vasco.

La estrategia nacionalista se reactiva, por tanto, ante la expectativa, aunque sólo sea retórica, de un proceso de paz. Y esa estrategia se basa en la capacidad del nacionalismo para ocupar las instituciones y, al mismo tiempo, sacar de ellas los debates políticos decisivos o conformar fuera de ellas las expresiones de un conflicto político que no puede permitir que las instituciones representativas de los vascos sean el lugar natural de resolución de sus problemas y la definición de su futuro. Tras los acuerdos con ETA en 1998, el nacionalismo creó Udalbiltza, acogida como la primera institución nacional vasca. Derivado de aquel impulso contrainstitucional, el PNV apadrina ahora una mesa de partidos que ha de incluir a Batasuna, sin esperar a la tregua o al cese definitivo de la violencia, que el lendakari ya sólo reserva para la fase de «acuerdos resolutivos». Entre tanto, el Gobierno de Vitoria o el Parlamento autonómico, como instituciones de los vascos, no sólo se desentienden de cualquier compromiso para que la solución al «conflicto» se haga sólo entre demócratas y con la aplicación de la ley a mandamiento, sino que también renuncian a defender su legitimidad democrática frente a la aparición de foros o mesas de partidos que sirven, ante todo, para dar la razón a quienes defienden, como Batasuna, que el acuerdo no se alcanzará en la legalidad «española», o, como el PNV, que el fin del conflicto depende de la autodeterminación y no del cese del terrorismo.

Cuanta más política -si es que así se pueden calificar los movimientos descritos- se haga fuera de las instituciones vascas, menos posibilidades habrá de que los resultados sean legítimos, en términos democráticos y legales. El PNV siempre ha practicado el desdoblamiento de la acción política en el País Vasco mediante la supremacía de su dirección política sobre el Gobierno de Vitoria, lo que ha permitido a aquél ejercer el control implacable de la sociedad vasca, escapando al mismo tiempo de la debida fiscalización democrática de sus actos. La situación actual sigue esta pauta: la huida de las instituciones permite escenificar la existencia de un conflicto de legalidad y de legitimidad dentro de ellas y avala la inclusión de la izquierda proetarra en un clima político adecuado, que no es, obviamente, el institucional.

Ante esta estrategia nacionalista tan definida -y por entregas, pues el lendakari ya ha puesto plazo a ETA y al Gobierno hasta septiembre, mes en el que tomará una iniciativa «extraordinaria»-, el factor inestable es la posición del Partido Socialista de Euskadi. El problema del socialismo vasco vuelve a ser su memoria histórica. Más bien su falta de ella. Pero la perspectiva que se ha abierto ahora debería llevar a su dirección política a pensar en las consecuencias de avalar el planteamiento nacionalista de eludir las instituciones representativas, de aceptar que el conflicto es de legitimidad política y de no vulneración de las leyes; y de consentir la creación de mesas extraparlamentarias en las que se compartirá espacio con quienes actuarán como delegados de ETA.

El Rey, contra el nacionalismo
Rafael González Rojas elsemanaldigitall  5 Febrero 2006

Me ha gustado el discurso del Rey. A pesar de que acostumbra a medir mucho sus palabras, esta vez ha creído su obligación decir algunas verdades aun a sabiendas de que iban a desagradar a muchos. En efecto, en su último discurso dirigido a la clase política, el Rey ha arremetido contra el separatismo que amenaza la unidad del país y del riesgo de que se divida en dos Estados.

Sin eufemismos, el monarca precisó en su discurso que las "rupturas, las separaciones, son en general costosas para todos, tanto para los menos prósperos como para los más ricos, y eso sin olvidar los costes humanos… Nos equivocaríamos si los subestimábamos". El Rey dijo también que "las tensiones entre regiones se producen en varios países europeos, y se acentúa en muchos casos por la extensión de dos fenómenos: por un lado, la existencia de diferencias de riquezas, y por otro, la práctica de políticas heterogéneas".

Parecía mismamente que Alberto II, Rey de los belgas, estaba hablando de España. Y más cuando fustigó sin paliativos a lo que él denominó subnacionalismo y al separatismo explícito o disimulado. Y era indudable que se refería a los nacionalismos flamencos del norte del país, donde cuentan los cronistas que ni precauciones jurídicas ni exclusiones políticas han impedido que un partido racista e independentista como el Vlaams Belang (para el caso español puede sustituirse por los que usted está pensando) se haya convertido en la primera fuerza en Flandes (País Vasco o Cataluña, en versión hispana).

Pero no son sólo los políticos del PNV o CiU a los que esas acusaciones les afecta… (Perdón, quería decir los políticos del Vlaams Belang). Sino que también un grupo de los más influyentes empresarios -¿recuerda?-, flamencos en este caso, se han reunido en las últimas semanas para pedir sin complejos la independencia de sus compatriotas valones (para apoyar el Estatut, en el caso catalán), considerando que "sería beneficioso para la economía de Flandes (…) poner fin a la historia de Bélgica (…) e iniciar el camino de una Flandes (…) independiente". ¡Cómo sonreirán complacidos los nacionalistas de aquí con estas noticias de unos territorios antaño también, dirán, bajo el dominio del Rey de España!

Pero el Rey de los belgas es contrario a los nacionalistas, no sólo porque si prosperan puede perder la corona, sino porque, como cristiano, los rechaza por cuanto el nacionalismo carece de vocación universalista y es contrario a la concepción cristiana del hombre. El nacionalismo, digan lo que digan, es un materialismo político, para el que la persona vale menos que el grupo. Por eso unos, los radicales, matan, y otros, los moderados, comprenden a los que matan, los defienden y exigen su impunidad.

Libertades y derechos universales
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital  5 Febrero 2006

Hace algún tiempo, cuando desde el Foro Ermua criticábamos a los nacionalistas vascos por su sesgo totalitario, nos contraatacaban acusándonos de nacionalistas españoles.

Muchos ciudadanos defendemos con convicción la idea de la España constitucional como ámbito natural para la protección de los derechos y libertades de carácter individual. Y hoy, más que nunca, vemos que tiene sentido ese signo de los tiempos definido a lo largo de la historia por los intentos constitucionalistas abortados por el cantonalismo y las fuerzas residuales del Antiguo Régimen. El Estado de Derecho serviría de refugio ante la arremetida del neofeudalismo del siglo XXI, cuya más clara representación se sitúa hoy en Cataluña y País Vasco, donde se producen vulneraciones de los derechos fundamentales con impunidad y un control totalitario de la población.

Nos encontramos, sin duda, ante una degradación de las libertades. Hasta el punto de no ser exagerada la afirmación de que estamos en una democracia débil. La prueba más palpable de ello es que hay cada vez más ciudadanos que reclaman la protección de sus derechos lingüísticos ante el Defensor del Pueblo español. Todo ello con la impudicia de quienes incumplen sistemáticamente el dictado de los tribunales de justicia. Tenemos el caso ejemplar de Carmelo González con su anunciada huelga de hambre si no se resuelve el derecho de su hija a aprender en la lengua materna, que es la oficial del Estado. Resulta una ironía insufrible que un español tenga que reclamar a los poderes públicos el uso de su lengua. España sigue estando sometida al espíritu autodestructivo de Tánatos.

Si esto ocurre en el Estado actual, Social y de Derecho, ¿qué puede pasar cuando quede la ley de leyes más inservible aún?

¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se estén desoyendo las recomendaciones de la UNESCO en materia de enseñanza-aprendizaje en lengua materna? ¿O las advertencias realizadas por la ONU o la Comisión contra la discriminación europea para que el Estado español cumpla las exigencias de los convenios internacionales en materia de derechos lingüísticos individuales?

¿Qué está pasando para que impunemente se realice una persecución a un medio de comunicación, o se someta a discriminación a los castellanohablantes, o se impida el uso de legítimos derechos en la lengua materna, o que las víctimas queden doblegadas en su dignidad mientras se alimenta las expectativas de quienes imponen su dicterio de opresión mediante el chantaje terrorista, o que se cese a valiosos referentes de la lucha contra el terrorismo como el fiscal Fungairiño, o que se sancione a militares por su adhesión a los valores y libertades de la Constitución?

¿Realmente estamos en un sistema democrático occidental o sólo a medio camino para homologarnos con los sistemas ya clásicos?

LOS CASOS CATALÁN Y VASCO
Artur Mas le da la razón a Jaime Mayor Oreja con dos años de retraso
Elsemanaldigital  5 Febrero 2006

El ex ministro del Interior, que no suele equivocarse en sus apreciaciones sobre ETA, señaló en 2004 que el Pacto de Estella/Lizarra era al Plan Ibarretxe lo que el de Perpiñán al Estatut.

5 de febrero de 2006. Y ahora del árbol que movió Josep Lluís Carod-Rovira, quien recoge las nueces es Artur Mas. En una entrevista concedida al diario El Correo confirma que la inclusión del término nación en el Estatut allana el camino al "derecho a decidir" en Cataluña y en el País Vasco, condición exigida por ETA para cualquier comienzo de diálogo.

"El nudo gordiano en Euskadi", le preguntan, "es el derecho a decidir. ¿Influirá ahí la inclusión del término nación catalana en el preámbulo del Estatut?".

Y Mas es sincero: "Vamos a ver, es una señal en el camino, pero sólo una señal. Va a ser la primera vez que la mayoría de las Cortes, respondiendo a la soberanía del pueblo español, vote por mayoría un Estatut en el que se reconoce la definición de Cataluña que ha hecho el Parlamento catalán. ¿Qué mayor reconocimiento del derecho a decidir que decir oiga, asumo lo que ha dicho el Parlamento de Cataluña?".

Aunque el líder de CiU aclara que el "derecho a decidir" (nuevo eufemismo por autodeterminación) implicaría reformar la Constitución, señala que en el pacto alcanzado con José Luis Rodríguez Zapatero "hay un reconocimiento de la nación catalana, que no es tan explícito como si figurara en el articulado, pero que supone un salto hacia adelante importantísimo. Hay un reconocimiento hecho por el Parlamento catalán y avalado por las Cortes. Y eso incide en el derecho a decidir, está claro".

Lo único que considera Mas que falta en el País Vasco es el acuerdo con "un gran partido español". Algo que, por lo que vamos viendo tras el acuerdo presupuestario entre Juan José Ibarretxe y Patxi López, puede llegar cualquier día. Y conviene no olvidar que hace escasas fechas el secretario general del PSE tuvo que desmentir a Pasqual Maragall, quien le citó como partidario de ese "derecho a decidir" tras entrevistarse con él. Sorprendente confusión.

En cualquier caso, señala Mas, con el nuevo Estatut, "¿habremos llegado al final del camino? No, pero dudo que Euskadi lo haga a la primera". El final del camino, para él, es "un Estado auténticamente plurinacional".

LAS COSAS DE JOAN CLOS
Ya es pasarse: en lengua urdú, sí; en castellano, no
Elsemanaldigital.com  5 Febrero 2006

Millones de españoles descubrirán hoy, gracias al Ayuntamiento de Barcelona y a la denuncia de Alberto Fernández Díaz, que existe ese idioma, y la importancia que reviste para el PSC.

5 de febrero de 2006. La lengua urdú es una de las 24 lenguas oficiales en la India, y además la lengua nacional de Pakistán, aunque sólo un 8% de los pakistaníes la tienen como lengua materna. "Este pequeño porcentaje", explica la popular enciclopedia en Internet Wikipedia, "lo forman los llamados mohajir (emigrantes, en urdú), la élite social y económica de Pakistán que procede de los refugiados musulmanes que huyeron del norte de la India tras la partición de la antigua India británica en 1947, cuando surgieron los dos Estados independientes de India y Pakistán. Como lengua hablada, el urdú es prácticamente indistinguible del hindi, lengua nacional de India. La diferencia entre ambas lenguas radica en que el urdú es utilizado como lengua escrita por hablantes musulmanes y se escribe en una forma ligeramente adaptada del alfabeto persa, variante a su vez del alfabeto árabe. El hindi, por el contrario, se escribe en el alfabeto devangari, originalmente empleado para el sánscrito, y es utilizado por los hablantes hindúes".

Quizá saber esto les parezca mera erudición, pero es una información imprescindible para entender la denuncia que ha realizado el portavoz del PP en el consistorio de la Ciudad Condal, Alberto Fernández Díaz. A saber, que el Ayuntamiento de Barcelona está realizando una campaña informativa municipal de recogida de muebles viejos en la calle, y para ello está editando folletos y carteles en cinco lenguas: catalán, inglés, francés, árabe... y urdú. Del castellano, el idioma que más se escucha en las calles de la capital catalana, se prescinde con pasmosa normalidad.

Alberto Fernández ha recordado que "Barcelona y Cataluña son sociedades plurales e integradoras en la que conviven los dos idiomas y ni el Ayuntamiento ni la Generalitat lo pueden ignorar excluyendo el castellano, sobre todo cuando se trata de un servicio público".

Como no hay mal que por bien no venga, en vez de reír o de llorar con estas cosas de Joan Clos, lo mejor es aprender, así que aquí tienen alguna información más, que la cultura no ocupa lugar: más información sobre el urdú.

TRAS LA VERGÜENZA DEL CASO PAROT
La viuda de Fernando Buesa le saca los colores a Zapatero
Elsemanaldigital.com  5 Febrero 2006

Tiene que ser muy duro para el presidente del Gobierno, quien al fin y al cabo impulsó en un día ya lejano el Pacto Antiterrorista, ver cuestionada su política por víctimas tan cercanas.

5 de febrero de 2006. Pero la actitud de la fiscalía del Tribunal Supremo, a las órdenes de Cándido Conde-Pumpido, en el caso Henri Parot parece haberle terminado de abrir los ojos a muchos. El escenario de la negociación, por más que se niegue desde La Moncloa, es el único que explica actitudes de otra manera incomprensibles del Gobierno, como su postura favorable a que uno de los mayores asesinos de ETA quede en una libertad próxima.

La viuda del entonces secretario general del PSE en Álava y ex consejero del gobierno vasco Fernando Buesa, asesinado el 22 de febrero de 2000, ha debido tener esto muy presente en sus declaraciones a Europa Press, donde ha denunciado "la tentación de, para conseguir la paz, acceder a dar privilegios, hacer concesiones": "A mí me parece que sería demoledor para todos. Puede que ése sea un camino más corto, más rápido y que tenga una eficacia más a corto plazo, pero, a la larga, para la convivencia y, sobre todo, para el País Vasco sería demoledor".

Natividad Rodríguez recuerda que ya ha habido intentos en el pasado de reconducir a los etarras: "Se ha hecho de todo, ha habido amnistía, ha habido negociaciones, han salido todos los presos a la calle, han pasado muchos trenes y los han dejado pasar. Han seguido causando sufrimiento y haciendo daño. Y ahora no se pueden irse de rositas. Eso no puede quedar impune porque sería terrible para los ciudadanos que se comportan con normalidad y que son buenos ciudadanos y, por supuestísimo, para las víctimas". Como muestra, las recientes declaraciones de los asesinos de Ramón Baglietto, ufanos de lo hecho.

Y eso que la viuda de Buesa no se niega a futuras "generosidades", pero antes "ETA tiene que salir derrotada". El problema, sin embargo, es que "los poderes públicos de Euskadi, llámase Gobierno vasco, Iglesia, juegan a la ambigüedad y desean que a ETA no salga derrotada porque comparten muchas cosas y muchos objetivos con ellos. Tienen una responsabilidad en cómo esta gente ha llegado ahí porque esto no ha surgido como una generación espontánea. Están adoctrinados desde bien jovencitos y eso no se borra así por así. Hay una parte de la juventud vasca que está perdida y es irrecuperable".

Un testimonio más del coste en dolor, añadido a la pérdida o mutilación de un ser querido, que está suponiendo para miles de víctimas el giro radical de José Luis Rodríguez Zapatero en la política antiterrorista del Estado, que marcha por un camino muy distinto al de la eficacia policial.

Firmas por un referéndum
Una nación de ciudadanos libres
Ignacio Cosidó Libertad Digital  5 Febrero 2006

Muchos millones de españoles tenemos la convicción de que el Gobierno de Rodriguez Zapatero está poniendo en peligro los dos valores políticos que nos parecen más esenciales para garantizar nuestra convivencia democrática: nuestra Nación y nuestra Libertad. Esos millones de españoles estamos dispuestos a dar la batalla no sólo política, sino también intelectual y social, para tratar de evitarlo. Emplearemos para ello todos los medios legítimos y legales que la Constitución nos otorga, ejerciendo en plenitud nuestros derechos ciudadanos de forma pacífica y democrática. Esos millones de ciudadanos apoyaremos por tanto con nuestra firma la propuesta del Partido Popular en el Congreso de los Diputados para que se dé la palabra al pueblo español sobre esta trascendental cuestión, algo que prevé nuestro ordenamiento constitucional.

Al firmar esta petición estaremos defendiendo la existencia de España como una Nación de ciudadanos iguales en derechos y deberes. Pero estaremos en realidad haciendo algo aún más importante: defenderemos nuestra libertad, el valor más sagrado que atesora el ser humano. España es un país libre y todos tenemos derecho a pensar lo que queramos, a expresar lo que nos parezca y firmar lo que estimemos conveniente, siempre con el límite que nos impone el Estado de Derecho. Ante la campaña de insultos y descalificaciones que se han desatado por esta iniciativa, firmar la petición del Partido Popular se ha convertido de hecho en un símbolo de rebeldía democrática.

El Partido Popular no ha convocado manifestaciones violentas en defensa de la Nación española que degeneren en enfrentamientos con la Policía y en asaltos a comercios en el centro de nuestras ciudades. El PP tampoco ha hecho llamamientos ni ha organizado ataques a las sedes del partido en el Gobierno. Tampoco se ha producido ninguna agresión por parte de sus militantes contra dirigentes de otros partidos, salvo aquellas inventadas en función de la conveniencia política. No sólo no hace nada de eso, sino que siempre ha condenado este tipo de conductas manifiestamente antidemocráticas, algo que lamentablemente otros no han hecho.

El PP se ha limitado a hacer un llamamiento a los ciudadanos libres para que apoyen la continuidad de una Nación de ciudadanos iguales, algo que queda seriamente cuestionado por lo que conocemos del Estatuto secreto pactado entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición en Cataluña.

Habrá quién piense que este proyecto de Estatuto no atenta en realidad contra nuestra Nación ni contra el principio de igualdad. Sin embargo, en la medida en que el texto reconoce la existencia de una nación catalana y establece un sistema de financiación que imposibilita la igualdad de derechos de todos los ciudadanos españoles, es muy difícil negar la evidencia, por mucha campaña de ocultación y confusión que genere el Gobierno.

Esta iniciativa ha despertado la ira de un nacionalismo catalán que quiere ver en ella una agresión a Cataluña, cosa que no existe por mucho que uno quiera leer torticeramente la frase que se subscribe, porque defender a España no es agredir a Cataluña, sino todo lo contrario. Pero la iniciativa ha desatado también la ira de un Partido Socialista que en este punto sabe que cuenta con la oposición de la mayoría de la sociedad española e incluso de su propio electorado.

Respeto plenamente a los muchos millones de ciudadanos que sin duda no firmarán esta petición por las razones que sean, pero me gustaría observar en mis adversarios políticos el mismo respeto para los millones de ciudadanos que también sin duda vamos a firmarlo. Nuestra firma tan sólo pretende que España siga siendo una Nación de ciudadanos libres e iguales, pese a quien pese y ofenda a quién ofenda. Tengo la convicción además de que siendo más los que así pensamos, nos asiste la razón democrática.       Ignacio Cosidó es senador del PP por Palencia.

SUSPIROS DE ESPAÑA
¡Como sea!
Francisco Hurtado. minutodigital   5 Febrero 2006

Ese ha sido y es el grito de guerra de Rodríguez. ¡Como sea!. Y así ha sido.

Como sea, con CiU, pero como sea. Con alevosía, premeditación, modificando la Constitución sin haber dado todos los pasos legales estipulados en la propia Carta Magna, quebrando la solidaridad entre las CC.AA., apartando a un lado el estado de derecho, propiciando el estado borreguil y seguidista entre los ciudadanos, haciéndonos comulgar con ruedas de molino, gobernando un País mas como un reino de taifas que como un Estado... pero ¡Como sea!.

¿Le importaría explicarme a alguien cómo pueden convivir una Nación dentro de otra Nación?, ¿Cuál de las dos es la que dirige los designios de la otra?, ¿Son independientes la una de la otra?, ¿Son paralelas, convergentes, yuxtapuestas?, ¿Son quizá como en el teorema de Tales de Mileto, sus segmentos proporcionales?, ¿Quizá cómo en el de Pitágoras, es la suma de dos catetos?

Ni Rodríguez, ni su Gobierno, han alcanzado a conocer todavía la desunión y la zozobra que este tipo de cuestiones generan en la sociedad; ni lo han pensado, ni se plantean el hacerlo. Ellos siguen inmersos en ese sentimiento extendido entre algunos sectores de la clase política española de: “Tu creemé y vota que del resto me encargo yo”.

Las palabras de Artur Mas tras alcanzar Gobierno y CiU el acuerdo fueron clarificadoras, mas o menos vino a decir que ahora Cataluña podrá tratar “de tú a tú” al Gobierno Español. Y sinceramente, lo que no es no debe escribirse y Cataluña no es una Nación.

La única conclusión que se puede sacar tas el acuerdo alcanzado es que Rodríguez y Mas han acordado que una nación fenezca, España, y otra inicie su andadura, Cataluña.

Ahora, el nuevo “Estatut” continuará su proceso, pero lo hará pagado con el dinero de todos los españoles, de los gallegos, castellanos, manchegos, asturianos, cántabros, aragoneses, riojanos, valencianos, murcianos, andaluces, extremeños, baleares, canarios, melillenses, ceutíes, catalanes y vascos. Los haremos independientemente de lo que pensemos del nuevo “Estatut” y del dinero que nos cueste, porque al final los impuestos los pagamos nosotros. Los impuestos y los sueldos de los políticos también.

Total, que hemos pasado 24 horas de auténtico vértigo político hasta que Rodríguez y Mas interpretaron el último capítulo de su “Pasión de gavilanes” particular, para observar sin ápice de asombro, que el resultado de culebrón es un fraude a la Constitución Española y, por ende, a los ciudadanos españoles.

No puede generalizarse al hablar de vencedores y vencidos, solo cabe una matización: Los vencedores han sido los partidos nacionalistas y separatistas catalanes (minorías políticas) y vencidos todos los españoles.

Hoy España ya existe menos y los españoles que no vivimos en Cataluña hemos pasado de ser iguales a ser ciudadanos de segunda división.

¿Nos espera todavía alguna afrenta mayor?.

TRINCHERAS DE LIBERTAD
LA DERROTA LINGÜÍSTICA Y CONCEPTUAL
E. Resynes minutodigital   5 Febrero 2006

Los nacionalismos regionales parece que están consolidando poco a poco su victoria sobre los restos de nuestra amada nación española que ya no podemos sino denominar Ex – paña. Todo empezó, es cierto, con las concesiones que se realizaron, quiero pensar que ingenuamente, por la derecha franquista que nos trajo del brazo a Carrillo y de la mano la Transición. Allí, sin darle importancia alguna, y para tratar de satisfacer a todo el mundo, se permitió la inclusión de términos como “nacionalidades” y otros más que, quienes los propugnaban, lo hacían sin un ápice de bisoñez.

De aquellas aguas vienen estos lodos, pero casi nadie repara en otras muchas sutiles e inteligentes batallas conceptuales e ideológicas que los nacionalismos regionalistas nos han ido “colando” sin que les hallamos dado importancia alguna, y a veces sin haber reparado siquiera en ello.

Me refiero al uso cotidiano y habitual de la lengua española, castellana, que se ha instalado en nuestro subconsciente de manera ordinaria, de tal modo que la utilizamos hasta quienes nos declaramos profundos enemigos del separatismo. Por ejemplo, hemos llegado a aceptar la ikurriña, la ocurrencia de origen independentista inventada por la mente enferma de Sabino Arana como símbolo antiespañol, -ni siquiera de todas las Vascongadas sino de Vizcaya y algunos próximos e ínfimos aledaños-y que adoptaría como emblema después el Partido Nacionalista Vasco. Y lo hemos llegado a aceptar como símbolo del “País Vasco”. Incluso éste último eufemismo lo utilizamos sin rubor cuando representa la mayor demostración de las intenciones de quienes nos lo introdujeron en la mismísima Carta Magna. Cuando todos sabemos de sobra que Vasconia nunca ha tenido entidad propia, ni conjunta con el resto de las provincias que la componen, ni al margen de Castilla a quien desde sus orígenes perteneció. Pero la cosa no queda ahí. Es de uso popular aceptar términos como tregua, -que es lo que declara una nación en guerra contra otra- cuando ETA deja de asesinar, por la espalda, inocentes ciudadanos españoles por el mero hecho de serlo; comandos, a los grupos de asesinos etarras, cuando éste es un término de carácter militar. ETA militar, Político-militar, organización armada, zulos, impuesto revolucionario, el lauburu, Euskadi o Euzkadi, el uso generalizado de la letra k, el idioma euskera, - que no es sino una mezcolanza, al estilo esperanto, de la infinidad de lenguas de los pueblos ancestrales cuyo nombre reúne el llamado Batúa- , los radicales, los abertzales, los guerrilleros, la búsqueda de la paz- cuando España no esta en estado de guerra- etc, etc, etc.

Todo esto, que parece insignificante, es el inicio definitorio y definitivo de la transformación que los enemigos de España han operado en nuestras mentes, y que les ha ido allanando el camino para todos sus logros y éxitos posteriores. Las batallas políticas siempre comienzan por imbuir la terminología, el lenguaje torticero, del enemigo en quienes se les oponen. Eso les ha permitido instalarnos en su misma onda y preparar el camino para su victoria final que, queramos reconocerlo o no, ya han conseguido. Incluso han conseguido hacer creer a buena parte del pueblo español en su historia, su opresión y persecución y todas sus patrañas inventadas al efecto

Debemos plantearnos muy en serio las palabras que utilizamos al referirnos al problema secesionista y traidor de una parte de nuestra nación –el llamado por ellos conflicto vasco – si no queremos estar haciéndoles el juego cada vez que hablemos del tema.

IDENTIDAD
El silencio de los corderos
Manuel Canduela minutodigital  5 Febrero 2006

Parece que la amenaza que se cierne sobre el gobierno debida al cabreo masivo de los ciudadanos, esta alejando algo los negros nubarrones del estatuto pero no nos hagamos ilusiones, sea cual sea el resultado de la negociación con los separatistas, sean quienes sean los interlocutores, el PP o el PSOE un único resultado es posible, los separatistas ganan, siempre avanzan algo, nunca retroceden. Es la política del desguace nacional que venimos padeciendo inexorable y planificadamente desde hace más de treinta años ¿ O es que alguien cree que el termino "nacionalidades" se coló por casualidad en la constitución del 78?

Es un asunto importantísimo, pero hace unos meses el tema no preocupaba a nadie, las encuestas mostraban un desinterés total o , en el caso de las realizadas en Cataluña, un hastío enorme entre los ciudadanos al oír hablar del un nuevo estatut. Meses después del debate artificialmente creado y de unas efectivas campañas de agit-prop desde la izquierda, todos hablamos apasionadamente del estatut.

Pero hay un asunto mas grave si cabe, uno del que nadie habla en los medios de masas y que no ocupa las declaraciones públicas de los grandes partidos. Sin embargo este problema es el que más preocupa a nuestros ciudadanos sin distinción de región, sexo, ideología o condición social... La Inmigración.

Digo que es el principal problema y alguno de ustedes podría decirme que esto no es exacto, que las encuestas del CIS le dan el segundo puesto y no el primero, pero es que esas encuestas, deliberadamente, fragmentan el problema.

El principal problema para los Españoles es el paro pero ya nadie en su sano juicio duda de que si tenemos dos millones de parados patrios y nos dedicamos a seguir importando parados con el falaz argumento de que necesitamos mano de obra, el paro aumenta cuantitativamente.

Otro de los grandes problemas para los encuestados por el CIS es el terrorismo, fenómeno en el que, desde el 11M, han dejado de tener la exclusiva los movimientos terroristas de la izquierda española para ceder el macabro protagonismo a nuestros vecinos del sur, los marroquíes y sus tesis islamistas.

La seguridad ciudadana es el principal problema también, para otro gran sector de la población, por los últimos datos corroboramos lo que todos veíamos pero que pocos nos atrevíamos a denunciar, que más del 70% de los delitos condenados los cometen los extranjeros que hay en nuestro país, proporción desmesurada teniendo en cuenta que son solo el 10% de la población. Es decir, un 10% de los habitantes del país cometen el 70% de los delitos. No lo digo yo, son datos oficiales. Y eso teniendo en cuenta la discriminación positiva de la que se benefician ya que nuestra progresista y pro-inmigracionista justicia es de todo menos ecuánime.

Algo lógico que corrobora esa formula matemática que hace años lanzamos y que no pretende criminalizar a nadie si no explicar un fenómeno, PARO+INMIGRACIÓN=DELINCUENCIA.

Creo que queda claro cual es la principal preocupación en estos momentos en los hogares españoles. Es el mas grave de nuestros problemas porque hasta unos estatutos tan estúpidos como el catalán del PSOE o el Valenciano del PP tendrían vuelta atrás en el futuro vistas las nefastas consecuencias sociales y económicas que nos acarrearán los mismos, tendrían vuelta atrás si seguimos quedando Españoles, algo que cada vez parece mas poco probable, el aborto, la baja natalidad, las drogas y la inmigración conforman una macabra política de lenta sustitución del pueblo español real por otro, por un pueblo español virtual, políticamente correcto, formado por españoles de DNI, con otras culturas e idiomas, con otras religiones, con otros intereses y otras lealtades aunque haya fanáticos que a estas alturas sigan repitiendo eso que si el DNI lo dice, se es español, para estos ciegos, los islamistas detenidos últimamente, alguno con nuestra nacionalidad obtenida, no son marroquíes, son españoles.

Los políticos de todo el espectro callan, los traidores separatistas, los que dicen luchar por la "nación étnica" apoyan sin contemplaciones este proceso de lenta sustitución de los ciudadanos vascos y catalanes , se les ve el plumero, deberían denunciar la invasión que padecemos pero callan demostrando que lo único que son es una pieza mas de esa formidable maquinaria que esta provocando el desguace nacional.

Los de derecha no abren la boca si no es para decir lo maravillosa que es la inmigración, algo que se esta convirtiendo en una especie de aceite de ricino colectivo, no nos gusta, pero es tan bueno que lo debemos tomar. Están encantados con sus chachas extranjeras y con los obreros económicos que proporciona.

El PSOE, contentísimo, Zapatero se ha convertido para los ecuatorianos en la reencarnación de Zapata y para los islámicos en Oppas ( no por lo del gas ), si no por el hermano de Witiza, que les entregó Toledo allá por el 711. Sin duda es el más popular de nuestros políticos entre nuestros huéspedes y de ellos espera el PSOE los votos que le perpetúen en el poder y algún que otro favor ferroviario más.

Solo pequeños partidos como el mío y algunas asociaciones de desesperados vecinos se atreven a lanzar la voz de alarma, el sistema ya ha anunciado que actuará contra el mensajero, contra quien se atreva a transmitir ese grito de auxilio, mientras tanto, siguen llegando en masa, ni un cambio en la ley, ni un solo debate serio en televisión, ni un solo refuerzo en nuestras frontera y aeropuertos. Hemos empezado el año con unos macabros datos, dos asesinatos diarios en el territorio nacional y cerramos el pasado con casi un centenar de terroristas islámicos detenidos que continúan intentando retornar a su imperio a la vieja pero hermosa Iberia.

Los políticos de esta nación nos han vendido y nosotros seguimos callados, sabemos que algo va mal, pero seguimos caminando dóciles, como corderos que van al matadero.

Regreso a la acción multilateral
Editorial ABC  5 Febrero 2006

LA crisis nuclear desatada -paso a paso y concienzudamente- por Irán coloca al mundo ante una de sus más graves tesituras de los últimos tiempos. El peligro lo aporta fundamentalmente la materia con la que Mahmud Ahmadineyad intenta pasar por encima de la comunidad internacional: las armas nucleares. Por ello la cuestión ya está en manos del Consejo de Seguridad de la ONU, después de que la Junta de Gobernadores de la Organización Internacional para la Energía Atómica lo enviase ayer hasta la sede de Nueva York, una vez que ha resultado imposible alcanzar un acuerdo con las autoridades de Teherán. La paciencia tiene un límite y las bravatas y engaños del iluminado presidente de Irán no podían tener otro destino.

Desde el punto de vista geoestratégico, lo más relevante de este asunto ha sido el regreso a la multilateralidad. Sin fisuras, Occidente y hasta Oriente (salvo los folclorismos, no por ello menos peligrosos, habituales de Cuba, Venezuela y Siria) han cerrado filas para cortar el paso a la locura que Ahmadineyad está perpetrando en una zona singularmente delicada del planeta y que tiene a Israel como primer objetivo a «borrar del mapa». Como recoge hoy la portada de ABC, Angela Merkel -que en apenas unos meses ha conseguido muscular un indiscutible liderazgo a nivel planetario- ha alertado al mundo para que no repita el error que se cometió con Hitler: un loco llegado al poder tras las urnas, que pone en jaque a un mundo que no despierta hasta que es demasiado tarde. Igual de relevante resultan las palabras de Chirac, que auguró que la respuesta de la comunidad internacional al reto lanzado por Teherán tampoco sería «convencional». Y no lo ha sido menos que tanto Rusia como China hayan dado al régimen de Teherán por imposible. Si repasamos la nómina vemos cómo el núcleo duro de la oposición a la intervención en Irak (Francia, Alemania y Rusia) es el que más contundente se muestra ahora en atajar el peligro nuclear iraní. Con una particularidad: Bagdad acumulaba muchas más contravenciones a la legalidad internacional y a las resoluciones de la ONU que los que cosechados por Teherán.

Así vemos, que tanto el bloque que se opuso a la intervención en Irak, como seguramente el que la apoyó, parecen haber aprendido las ventajas del discurso unívoco y la seguramente irrebatible fuerza que la comunidad internacional consigue cuando se embarca en un «todos a una». Ésa es la única manera de hacer frente a un sujeto como el que gobierna ahora la República Islámica de Irán. No hay otro camino. Porque cualquier fractura medianamente relevante (y no parece que ni Chávez ni Castro lo sean) supone dar oxígeno al provocador. Que Irán esté en el comité de apoyo a la Alianza de Civilizaciones debería llevar a Zapatero a replantearse la plataforma que decidió crear. Corren días de luces rojas en la esfera internacional y no se puede perder un minuto en naderías, ni compartir viaje alguno con quien está decidido a poner al mundo bajo un yugo medieval, mantenido eso sí con armas atómicas.

Más de 30 asociaciones suman sus fuerzas en un acto contra el Estatut en Barcelona
El PPC, con Alberto Fernández, Vidal-Quadras y Rafael Luna, asiste a la movilización y recoge firmas
Tate Santeulària La Razón  5 Febrero 2006

Barcelona- Eran las 12:00 horas, la gente se agolpaba en una sala del hotel Barceló Sants de Barcelona. El enorme auditorio donde había convocado un acto la plataforma Convivencia Cívica de Barcelona y Foro de Ermua, junto a otras 30 asociaciones, se quedaba pequeño. Había más de mil personas, procedentes de todas las partes de España, con ganas de exteriorizar sin complejos su oposición a la reforma del Estatut.

Ya antes de empezar los discursos una joven espontánea se levantaba de su silla para alzar una bandera española. La gente se sumaba con prisa al acto y corearon en varias ocasiones el himno español. A la puerta, afines al PP catalán recogían, sin cesar, firmas a favor del referéndum promovido por su líder, Mariano Rajoy. Allí estaban el presidente municipal del PPC, Alberto Fernández, el eurodiputado Aleix Vidal-Quadras y el secretario general del PP, Rafael Luna, con una amplia representación de ediles y diputados populares para apoyar el acto y recoger firmas. La ausencia del líder del PP regional, Josep Piqué, se hizo notar, o mejor dicho, la hicieron notar los presentes.

Los populares reconocían que hacía años que no veían una concentración tan animosa. La gente se mostraba entusiasta y se fotografiaba junto a líderes políticos y otros dirigentes.

Las personalidades estaban sentadas en primera fila y fueron ovacionadas una a una. Aunque Aleix Vidal-Quadras fue el que más pasiones levantó en el auditorio. Ni siquiera uno de los padres de la Constitución como Gabriel Cisneros, consiguió arrancar tantos aplausos como el eurodiputado popular. El acto, que tenía como lema «Por una Cataluña de ciudadanos. Por la igualdad de todos los españoles. No al nuevo Estatut. En defensa de la Constitución de 1978», contó con la intervención del presidente de Convivencia Cívica, Francisco Caja, el de Foro de Ermua, Mikel Buesa, el miembro fundador, Mikel Azurmendi, y el presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, Santiago Abascal, entre otros.

Incitaciones al odio.
Abascal, en alusión a las polémicas declaraciones del humorista Pepe Rubianes, afirmó que «incitan al odio» y Mikel Azurmendi –miembro fundador del Foro Ermua– sentenció que no hizo «más que expresar en voz alta lo que piensan los nacionalistas catalanes» y anunciaron la presentación de una querella en Barcelona.

Con todo, el hilo conductor de los discursos fue el mismo a lo largo del acto. Los ponentes advirtieron del peligro que entraña la reforma estatutaria en la unidad de España, cuya culpabilidad atribuyeron a la debilidad del Gobierno del PSOE. A su entender, los socialistas han abandonado su legado para asumir buena parte de la ideología nacionalista. Por ello, instaron a los presentes en el auditorio a defender a ultranza la Constitución española, que se fundamenta en la solidaridad, concepto que, a su juicio, choca frontalmente con la reforma estatutaria.

La próxima manifestación tendrá lugar en Bilbao
T. S. La Razón  5 Febrero 2006

Barcelona- Los vítores «Viva la Constitución», «Cataluña es España» y «Zapatero traidor» interrumpieron todos los discursos pronunciados ayer en el hotel Barceló Sants. El entusiasmo de los presentes era tal que expresaron varias veces, a lo largo del acto, su voluntad de salir a la calle en señal de protesta. «A la plaza Sant Jaume», gritaba un espontáneo. Una actitud que la organización logró frenar, sin muchas dificultades, al explicar que no contaban con la autorización pertinente para tal movilización. Para ello les emplazaron al próximo 18 de febrero en un acto que tendrá lugar en Bilbao.
Se da la circunstancia de que el próximo 18 de febrero una serie de asociaciones afines a ERC han convocado también una manifestación, en este caso para defender la reforma estatutaria. Ese día, tanto defensores como detractores del nuevo marco legal catalán saldrán a la calle para hacer oír su voz.

Al margen de las iniciativas en contra de la reforma estatutaria, estas plataformas continuarán haciendo actos como el que tuvo lugar ayer en Barcelona. Sin ir más lejos, el próximo lunes, día 6 de febrero, la fundación Concordia, presidida por Aleix Vidal-Quadras, ha convocado una sesión informativa y de debate sobre el bilingüismo.

ACTO CONTRA EL ESTATUTO CON LA AUSENCIA DE PIQUÉ
Francisco Caja advierte que la escuela en Cataluña "parece un campo de concentración"
Cerca de dos mil personas asistieron este sábado en Barcelona a un acto contra el Estatuto de Cataluña organizado por Convivencia Cívica Catalana y el Foro de Ermua y convocado por cerca de 30 asociaciones ciudadanas de toda España. El evento contó con la presencia del presidente del PP de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, y del ex presidente del PP de Cataluña, Aleix Vidal Quadras. También acudió el presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, Santiago Abascal. Sin embargo, no estuvo el presidente del PPC, Josep Piqué.
Europa Press Libertad Digital  5 Febrero 2006

Durante el acto, que tenía como lema 'Por una Cataluña de ciudadanos. Por la igualdad de todos los españoles. No al nuevo Estatuto. En defensa de la Constitución de 1978.', se recogieron firmas a favor del referéndum sobre el Estatuto que pretende promover el PP. Destacó la presencia del presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, que describió el texto como "una reforma fraudulenta de la Constitución". "Le han arrebatado al pueblo español el poder constituyente", afirmó y dijo que "estamos en situación de emergencia nacional".

Asimismo, Caja hizo referencia a la polémica sobre el uso del catalán en los centros educativos y, en alusión a la Generalidad, apuntó que "un gobierno que excluye una lengua que hablan más de la mitad de los ciudadanos no puede ser democrático". También se dirigió a la consejera de Educación, Marta Cid. "Esto no es una escuela, señora consellera. Esto se parece a un campo de concentración", dijo. El evento contó además con la participación del presidente del Foro Ermua, Mikel Buesa, que apuntó que la Constitución española "se fundamenta en el valor de la solidaridad" y tachó el Estatuto de insolidario por no contribuir "a financiar la infraestructura de las regiones más pobres".

Buesa también afirmó que "hoy en España no existe garantía de libertad debido a la coacción del nacionalismo" y atribuyó la culpabilidad al gobierno del PSOE que, en su opinión es "débil" y "ha abandonado el legado del socialismo para acabar asumiendo buena parte de la ideología nacionalista". Del mismo parecer fue la vicepresidenta del Foro de Ermua, Inma Castilla, que también intervino en el acto. Otro de los participantes fue el presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, Santiago Abascal, que consideró "peligroso" para la unidad de España que el preámbulo del Estatut recoja la definición de Cataluña como nación . Abascal también afirmó que existe una "necesidad de defender la Constitución antes de que se arrebate a España el poder constituyente que reside en los españoles" y que "una comunidad autónoma no puede suplantar la voluntad de todos los españoles".

En alusión a las polémicas declaraciones del humorista Pepe Rubianes respecto a los españoles, Abascal dijo que fueron una "incitación al odio" y el miembro fundador del Foro Ermua Mikel Azurmendi aseguró que el actor no hizo "más que expresar en voz alta lo que piensan los nacionalistas catalanes". Durante todo el acto, entre el público se oyeron gritos como "viva España", "viva la Constitución", "España unida jamás será vencida" o "¿dónde está Piqué?", pues el presidente del PP de Cataluña no asistió al evento.

El Estatut dejará al Estado sin capacidad para inspeccionar el sistema educativo catalán
La letra pequeña otorga a la Generalitat facultades para condicionar toda la política de inmigración a nivel nacional
C. Morodo La Razón  5 Febrero 2006

Madrid- La atención mediática y política sobre el Estatuto catalán ha acabado concentrada en una batería de grandes cuestiones -soberanía, financiación, blindaje de competencias, bilateralidad- detrás de la que hay un sinfín de consecuencias prácticas en el día a día no sólo de los catalanes, sino de todos los españoles. El PP está dedicado de lleno a estudiar la letra pequeña del acuerdo entre José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas para estar preparado ante el debate en el Congreso y, de momento, encima de la mesa ya hay conclusiones bastante relevantes sobre los efectos de la reforma catalana en el núcleo duro de las grandes políticas del Estado.

Exclusividad en educación.
Por ejemplo, el ruido alrededor de la inclusión de la cláusula sobre el «deber de conocer el catalán» -que la minoría catalana ya intentó «colar» en 1978 mediante una enmienda al artículo 3 de la Constitución, que fue rechazada por 269 votos en contra- está ocultando otras consecuencias derivadas del alcance del artículo 131, que regula la educación como competencia exclusiva de la Generalitat. En el apartado 2.c, Zapatero ha dado luz verde a que la «inspección y la evaluación del sistema educativo, la innovación y la investigación» estén sólo bajo la órbita de la Generalitat, lo que en la práctica supone dejar al Estado sin margen de maniobra para garantizar la función vertebradora del sistema educativo en todas las comunidades. El Estado no podrá velar tampoco por la calidad de la educación en Cataluña, ni guardar el cumplimiento de aquellos requisitos generales que marca la ley a nivel nacional, lo que, cuando menos, proyecta una alargada sombra sobre cuestiones delicadas como el tronco de las materias comunes.

Pero éste no es el único punto negro en materia de enseñanza que ha pasado desapercibido. Un análisis comparativo al detalle entre la Ley de Política Lingüística de 1998 y el actual texto, ratificado por el presidente del Gobierno en su reunión con Mas, evidencia estentóreas vueltas de tuerca para hacer desaparecer lo que hasta ahora han sido derechos sistemáticamente incumplidos, como el de los padres para que sus hijos reciban la primera enseñanza en castellano -que es eliminado como tal del listado de derechos lingüísticos, así como también se diluye el que garantiza que aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al sistema educativo reciban apoyo específico en catalán (el Estatut deja margen para la inmersión de un niño de diez años procedente de otra comunidad en clases con todas las asignaturas en catalán, con sólo algún refuerzo en la lengua que desconoce). Por otra parte, el acuerdo en La Moncloa de Zapatero con Mas también otorga a la Generalitat competencia para intervenir con el Estado en las grandes políticas, como la energética, la hídrica y los trasvases, la económica... De especial relevancia es el reconocimiento de la inmigración como competencia exclusiva (artículo 138) y, en concreto, el apartado 2.a, que deja en manos del Gobierno catalán la «tramitación y resolución de los permisos y de las autorizaciones de trabajo» -exige transferencia vía artículo 150.2 de la Constitución por afectar al núcleo duro de la política de inmigración.

Con la venia de Cataluña. En la práctica, esto supondrá conceder a la Generalitat capacidad para condicionar toda la política de inmigración a nivel nacional, ya que a la hora de dar luz verde a un visado se tendrá que tener en cuenta el informe de la autoridad laboral que aprueba el permiso de trabajo: hasta ahora, el Estado; y con el Estatut, el Estado y la propia Generalitat. La cuota de inmigrantes de Cataluña la fijará la Generalitat -actualmente es el Ministerio de Trabajo el que analiza el conjunto de las necesidades, escuchadas a las autonomías-, e incluso el Estado tendrá que ponerse de acuerdo con ella para hacer una regulación extraordinaria. Además de la complejidad burocrática, este punto supone una ruptura del mercado laboral de los inmigrantes porque las decisiones de la Generalitat acabarán afectando a todas las comunidades: puede decidir no dar permisos de trabajo a determinados colectivos; con los permisos de residencia concedidos por la Generalitat, los inmigrantes podrán luego moverse por toda España; y si la cuantificación no se hace de manera razonable, los que se queden sin trabajo pasarán a engrosar las listas del INEM y a cobrar el paro a cargo del sistema nacional de asistencia.

La viabilidad de la red nacional de aeropuertos también puede ser una víctima colateral del Estatut. La gestión ha sido siempre de titularidad del Estado, quien se encarga de compensar los aeródromos rentables (hay comunidades que tienen cero) y los no rentables. La Generalitat se hace con la titularidad de El Prat, uno de los que contribuyen a mantener la caja común.

ALBERTO CATALÁN:«Lo preocupante es que en Navarra se puede dar un gobierno nacionalista vasco con presidente socialista»
El consejero no tiene la menor duda de que el PSN «se venderá al nacionalismo vasco» si los resultados electorales le dan una mínima oportunidad de presidir la Comunidad foral
ÁNGEL PUERTA ABC  5 Febrero 2006

Consejero Portavoz del Gobierno de Navarra

-¿Cómo se ve usted el acuerdo para reformar el Estatuto de Cataluña?
-Desde Navarra, somos muy respetuosos con los planteamientos que se hagan desde otras Comunidades. Visto desde la distancia, lo que criticamos es la forma en que ha llevado el Gobierno de España la negociación, porque lo que es evidente es una falta de transparencia total y absoluta. Rodríguez Zapatero anunció una política de transparencia, información y debate, a diferencia, según él, de lo que había hecho Aznar. Pero eso, en este caso concreto se ha mostrado nulo completamente. Por otro lado, lo único que nosotros esperamos de este acuerdo, que es fundamentalmente económico, es que no se discrimine a otras regiones. A día de hoy, mucho nos tememos que los compromisos con Navarra van a quedar en papel mojado. Estamos viendo que ejercicio presupuestario tras ejercicio presupuestario, el dinero va destinado a otras Comunidades. En 2005 la inversión del Estado en Navarra se redujo un 50 por ciento, y ese dinero ¿dónde fue? pues a Cataluña o Aragón.

-Si se abre la reforma de la Constitución, ¿aprovecharán para pedir que la Transitoria Cuarta...
-Supresión, directamente. Nosotros partimos de dos cuestiones. En primer lugar, los navarros nos sentimos muy cómodos con la Constitución y el Amejoramiento del Fuero. Son nuestros marcos de referencia. Los que nos han permitidos progresar estos últimos 25 años de una forma extraordinaria. Somos la envidia del resto del país. Y, por otro lado, los navarros si algo hemos demostrado ha sido lealtad, respeto y solidaridad con el resto de los pueblos de España. Pero si se abre la reforma constitucional pondremos encima de la mesa una cuestión que a los navarros nos ha preocupado siempre: la posibilidad de la incorporación de Navarra a la Comunidad autónoma vasca. Por tanto, desde Unión del Pueblo Navarro, plantearemos que se suprima de la Constitución esa posibilidad, que es algo que vienen planteando los navarros elección tras elección. No somos promotores de la reforma constitucional, pero si el Gobierno de España, por contentar al nacionalismo catalán, vasco, gallego, o a cualquier otro, plantea la reforma, Navarra, o al menos UPN, planteará la supresión de esa disposición transitoria.

-Visto el afán anexionista del nacionalismo vasco y tras el acuerdo sobre el Estatuto catalán ¿modificarían ustedes su Fuero para blindarse con el término «nación»?
-Ese es un debate ficticio, absurdo, que no aporta ninguna solución a los problemas reales que tiene no sólo Navarra, sino toda España y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir siendo respetuosos, leales con España y no vamos a plantear polémicas absurdas y que no aportan nada bueno a los problemas de los ciudadanos.

-En cualquier caso, no se entiende muy bien el fomento del euskera en la Comunidad navarra...
-Si algo se ha evidenciado en esta Comunidad desde que está gobernada por UPN es que el idioma no tiene que ser un motivo de discriminación. A diferencia de lo que ocurre en otras autonomías bilingües, como Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia o Baleares, en Navarra hay dos lenguas cooficiales: el vascuence y el español o castellano. El castellano en toda Navarra y el vascuence sólo en parte de ella. Esta es una pequeña, pero gran diferencia.

-Entonces, ¿no ven ustedes el vascuence como un elemento de «colonización» del nacionalismo vasco?
-Ese es un objetivo del nacionalismo vasco: que haya un territorio y una lengua, eso es evidente. Lo que quieren es extender el bilingüismo a toda Navarra. O sea, que en otros sitios, aparte de los vascoparlantes, también haya enseñanza en vascuence de todas las asignaturas. Pero eso no está ocurriendo en Navarra. Aquí no hay un bilingüismo puro y duro.

-Sorprende que Navarra sea de las pocas autonomías sin medios audiovisuales propios, aunque sólo sea para contrarrestar el proselitismo nacionalista de la TV vasca...
-No los tenemos por la sencilla razón de que las televisiones autonómicas tienen un déficit presupuestario importante, bestial, exagerado. Nosotros preferimos dedicar ese dinero a cuestiones más importantes y no a planteamientos publicitarios o, sobre todo, expansionistas.

-Parece que UPN ya tiene un candidato claro, Miguel Sanz. ¿Qué les auguran las encuestas?
-Las encuestas son complicadas. La mejor encuesta es la que se lleva a cabo el mismo día de las elecciones. Por los datos de que disponemos, la cosa va a estar muy reñida. Lo preocupante es que en esta Comunidad se puede dar un gobierno nacionalista vasco con un presidente socialista, porque si el Partido Socialista de Navarra tiene votos suficientes para gobernar con los nacionalistas vascos, se venderá al nacionalismo vasco. Es evidente.

-¿Comparte usted el optimismo de Rodríguez Zapatero e Ibarretxe sobre la paz y el fin del terrorismo?
-Creo que lo que no compartimos Rodríguez Zapatero y yo es la consideración sobre la banda terrorista ETA. No soy tan optimista, porque me da la impresión de que el presidente del Gobierno de España e Ibarretxe, y parece mentira, no saben lo que es ETA. Y ETA es una banda de asesinos y con una banda de asesinos nunca se acaba con la negociación política. Creo además que Zapatero está cometiendo la mayor torpeza del mundo: obviar a las víctimas del terrorismo. Y si hay que elegir entre víctimas y verdugos, los de UPN elegimos a las víctimas.

La venganza y la vergüenza
FERNANDO SAVATER El Correo  5 Febrero 2006

En nuestro país se convierten demasiadas veces los sentimientos y las creencias en eje de cuestiones que deberían resolverse por medios más objetivos, más institucionales. Es bastante inútil -salvo a efectos descriptivos- preguntarle a nadie 'qué se siente' en materia nacional, como si la ciudadanía fuese ante todo una emoción y no una norma establecida de acuerdo con ciertos requisitos que poco tienen que ver con la volición de los particulares. Tampoco me parece claro recurrir al 'perdón' de las víctimas del terrorismo para conseguir la deseada pacificación o, como suele también decirse, para 'cicatrizar las heridas'. Porque, vamos a ver, ¿qué quiere decir que una víctima 'perdone' a quien atentó contra ella o contra sus parientes? Es algo tan íntimo, tan delicado, que probablemente ni la misma persona interesada puede saber fehacientemente si ha perdonado o no: unas días le parecerá que sí, otras veces que no, muchas dudará.

En cualquier caso, tal perdón personal es algo relacionado con la serenidad de alma de uno, no con ningún tipo de absolución legal. Y ello por una razón muy clara: porque el delito cometido por el terrorista no es un asunto privado entre él y sus víctimas, sino algo público entre él y la sociedad. La víctima tiene derecho a perdonar o a no perdonar, según su carácter (incluso es lícito que no sepa qué hacer o ni se plantee el problema). También el terrorista tiene derecho a no arrepentirse de lo que ha hecho, incluso a sentirse ufano de su fechoría. Pero la sociedad en ningún caso puede pasar el asunto por alto: si hay delito, debe juzgarlo y castigarlo proporcionadamente. También debe intentar repararlo en la medida de lo posible, reinstaurando el derecho vulnerado. Si esto no ocurre, sienta lo que sienta cada cual, no hay pacificación ni cicatrización que valgan.

Ahora algunos nos previenen contra el afán de venganza que podría -según ellos- enturbiar la convivencia en el país. Resulta evidente que las víctimas del terrorismo en Euskadi no han recurrido a la venganza, es decir, que no se han tomado la justicia por su mano, al margen de la ley (como ha ocurrido en Irlanda y en tantos otros lugares). Lo que han solicitado es lo que uno de nuestros clásicos del Siglo de Oro podría llamar 'el castigo sin venganza'. También aspiran, como es justo, a la debida reparación. Pero aunque renunciasen al castigo y a la reparación, ambas cosas tendrían que ser exigidas por el resto de la sociedad. No por afán de mantener abierta ninguna herida, claro, sino precisamente para que no quede permanentemente abierta y sangrante la llaga social provocada por los criminales. Las heridas personales sufridas por cada cual, en cambio, puede que sangren hacia adentro para siempre mientras vivan quienes las padecen. La reparación necesaria del terrorismo no sólo implica que el agresor -no el Estado, salvo en casos subsidiarios de necesidad- pague daños y perjuicios: también es preciso que se asiente y reafirme el orden legal y social que el terrorista pretendió alterar. El delito fue cometido para amedrentar, doblegar y humillar a ciertas personas y a través de ellas al resto de la sociedad que acepta la legalidad democrática: la reparación exige que se acabe de manera efectiva el miedo y que nada ni nadie se doblegue a la voluntad de los amedrentadores.

Por desgracia, lo que hoy enturbia la convivencia en Euskadi no es la venganza de los ofendidos sino la falta de voluntad reparadora por parte de los ofensores o de quienes rentabilizan políticamente las agresiones. Hace años, gran parte de la sociedad vasca prefería vivir como si las víctimas no existieran; hoy eso ya no es posible, pero ahora los mismos de antes nos aconsejan que vivammos como si no existieran ni hubieran existido los verdugos. Sin embargo, continúan las persecuciones intimidatorias y humillantes, como se ve en tantos sitios y recientemente en Azkoitia, donde lo ocurrido puede ser un presagio de lo que algunos esperan generalizar el día que cese la violencia: no lo digo yo, sino que se lo acabamos de oír a Josu Jon Imaz, de cuya opinión muchos recelarán menos.

Lo de Azkoitia es una imagen del pasado, como dice Patxi López, en este caso del pasado jueves, pero sobre todo puede ser un avance del futuro. Y eso sencillamente no se puede consentir: no por venganza, sino por vergüenza social y política. Los terroristas que cumplan sus penas tienen derecho a la reinserción en la legalidad, pero no a regresar al amedrentamiento de quienes la defendieron contra ellos. Primero que se repare el orden democrático agredido y todos puedan volver a vivir con la cabeza alta en él; más tarde, si hay que cambiar algo, que sea por las vías constitucionales y parlamentarias en las que todos sin violencia pueden participar, pero sin apaños ventajistas que recompensen a los matones por perdonarnos la vida. No a la venganza, de acuerdo: pero sobre todo no a la vergüenza.
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