AGLI

Recortes de Prensa     Martes 14 Febrero  2006
Las víctimas toman la palabra
Editorial Elsemanaldigital  14 Febrero 2006

"Paz" por presos... y bastante más
EDITORIAL Libertad Digital 14 Febrero 2006

Los muertos traicionados u olvidados
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 14 Febrero 2006

El Estatut de los poderes fácticos
José Javier Esparza elsemanaldigital 14 Febrero 2006

Venganza, justicia, perdón
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA  ABC 14 Febrero 2006

Las víctimas de ETA y el Estado de Derecho
Agapito Maestre Libertad Digital 14 Febrero 2006

El mandato de las víctimas
Editorial ABC 14 Febrero 2006

No sin las víctimas
IGNACIO CAMACHO ABC 14 Febrero 2006

La máscara de la paz
Edurne Uriarte ABC 14 Febrero 2006

Setze jutjes d´un jutjat
José García Domínguez Libertad Digital 14 Febrero 2006

Conflicto civil
FLORENTINO PORTERO ABC 14 Febrero 2006

Son nuestros enemigos
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  14 Febrero 2006

Las víctimas, protagonistas
Editorial El Correo 14 Febrero 2006

ACCIÓN CIVIL
Editorial minutodigital 14 Febrero 2006

Azkoitia es el modelo
Román Cendoya  Periodista Digital 14 Febrero 2006

Empezar el principio
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 14 Febrero 2006

Estalla en Navarra una bomba en el parking de una discoteca
Elsemanaldigital  14 Febrero 2006

La Asociación de Víctimas del 11-M acusa a Zapatero de "no querer investigar" a los verdaderos autores de la masacre
Agencias Libertad Digital 14 Febrero 2006

Los jueces y fiscales no serán «aptos» en Cataluña si no acreditan que saben catalán
MANUEL MARÍN ABC 14 Febrero 2006

Las víctimas exigen «memoria, dignidad y justicia» en vez de negociación con ETA
A. C. ABC 14 Febrero 2006

«Sentimos una rabia terrible»
LUZ DERQUI ABC 14 Febrero 2006

Denuncian que el Sinn Fein ayuda a ETA a negociar
ABC 14 Febrero 2006

Aprobado el título del Estatut por el que los jueces deben saber catalán
AGENCIAS MADRID BARCELONA El Correo 14 Febrero 2006

Los separatistas vascos supervisan la promoción del vascuence en Valencia
Minuto Digital 14 Febrero 2006

Las víctimas toman la palabra
Editorial Elsemanaldigital  14 Febrero 2006

Para la UE, "los terroristas jamás serán nuestros interlocutores": Para el Príncipe de Asturias, "las víctimas no están solas". Ideas básicas que los españoles comparten masivamente.

14 de febrero de 2006. El tercer Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, que tiene lugar estos días en Valencia, pretende ser un paso decisivo hacia el final del terrorismo en el mundo. Frente al terrorismo las víctimas reclaman su dignidad y la necesidad de que se cuente con ellas: "No queremos ni venganza ni revancha".

Para las víctimas del terrorismo, toda la sociedad es víctima de este mal, todas las víctimas tienen igual importancia y el terrorismo nunca puede legitimarse ni justificarse. Cualquier olvido de esas tres normas básicas de conducta implica una victoria del terrorismo y la negación de los derechos de sus víctimas.

El Congreso de Valencia tiene una importancia especial en la actual situación española. Se trata de una reflexión colectiva sobre un problema mundial, pero en un país con miles de víctimas de múltiples terrorismos, con un trauma reciente en el 11-M de 2004 y con una banda criminal que chantajea a la sociedad hace décadas, España es el lugar indicado para este encuentro. Y además, en el trasfondo está el debate sobre el "diálogo" con ETA.

En ese sentido han de entenderse la palabras del príncipe don Felipe al inaugurar las sesiones, ya que recordó que "las víctimas no están solas" y al terrorismo "ninguna causa lo legitima". Que el heredero de la Corona diga en este preciso momento que "estamos y estaremos siempre a vuestro lado" no es causal. Como tampoco lo es que falte en Valencia el presidente de un Gobierno que tiene el terrorismo como principal problema. José Luis Rodríguez Zapatero, que firmó con el Partido Popular el Pacto por las Libertades, que atravesó la crisis moral del 11-M y que tiene como ocupación relevante el terrorismo de ETA, bien pudo acudir. No lo ha hecho.

Franco Frattini, comisario de la UE para Asuntos de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia, fue extremadamente claro: "Los terroristas jamás serán nuestros interlocutores. Son nuestros enemigos". En el mismo sentido, Maite Pagazaurtundúa, una víctima notable del terrorismo de ETA, ha resumido perfectamente el espíritu del Congreso y sus diferencias con el que parece inspirar al actual Gobierno. Para Pagazaurtundúa el camino hacia la paz no debe ser duro para las víctimas, sino para "los que han usado la violencia". Y la dureza también debería caer sobre "las instituciones que no han hecho lo que tenían que hacer". "Tienen que salir vencedores la democracia, la Ley y los valores de nuestro ordenamiento jurídico". Un buen resumen de unas ideas que los españoles comparten mayoritariamente.

"Paz" por presos... y bastante más
EDITORIAL Libertad Digital 14 Febrero 2006

"El único precio que la sociedad debe pagar para el fin de los atentados es la persistencia de la Ley". "Los terroristas deben ser derrotados". "Los terroristas jamás deben ser interlocutores válidos". "Las amnistías nunca han servido para nada bueno, todo lo contrario". "Las víctimas no pueden ser utilizadas como moneda de cambio". Son algunas de las afirmaciones de los representantes de las víctimas del terrorismo durante el Congreso Internacional que se está celebrando en Valencia, y al que el presidente del gobierno del 14M se ha negado a asistir, recurriendo, nuevamente, a la mentira.

Todas estas declaraciones de las víctimas tendrían como denominador común el rechazo de las víctimas a algo que, desgraciadamente, ha sido una especie de acto de fe entre las elites políticas y mediáticas de nuestro país. A saber: que el final de ETA pasa, no por el imperio de la ley, no por el cumplimiento íntegro y cierto de las penas, sino por un "final dialogado" de la violencia. Ese "final dialogado" es el vil eufemismo con la que algunos se refieren, en el mejor de los casos, a la impunidad de los etarras y, en el peor, a otras concesiones políticas.

Ningún etarra ha matado jamás con la esperanza de lograr con sus crímenes la impunidad. Ni la suya, ni la de quienes ya están en prisión. Sin embargo, salvo quizá en la breve etapa que va desde el final de la tregua del 98 hasta la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, el "pensamiento" político dominante de nuestras elites ha sido la de que "los etarras no van a dejar de matar gratis", y que hay que ofrecerles la impunidad a cambio de que dejen, definitivamente y sin mayores contrapartidas, de matar. Tan disparatado, como cierto.

Olvidan estos elitistas sofocadores del "espíritu de Ermua" que las fronteras del Estado de Derecho, antes que las que circundan la nación, son las más importantes que todo gobierno debe preservar. La certeza de que el Estado hará justicia a las víctimas no es sólo el fundamento de todo gobierno civil, sino el primordial motivo de orgullo de pertenencia a una nación.

Los terroristas, por su parte, interpretan "la oferta de diálogo" como lo que es: una indecente oferta de privilegio penal que oculta, además, mayores fragilidades inconfesas. Como le dijo un etarra preso al profesor Fernando Reinares: "Si a un tío como Erreka le dan pasaporte diplomático para negociar la amnistía, quiere decir que tienes un instrumento que sirve para algo, ¿no? Y que le puedes obtener una rentabilidad política".

La "paz" no es pagar el chantaje a los terroristas, aunque la impunidad de los presos fuera –que nunca lo ha sido– lo único que exigieran quienes siguen en libertad a cambio de dejar definitivamente de matar. La paz, la verdadera paz, supone el abandono, ni siquiera la entrega, de las armas ante la implacable e insobornable firmeza de la Justicia. Nace de la convicción individual, clandestina y silenciosa de cada terrorista de que, o bien los objetivos nacionalistas ya no son deseables, o bien de que nadie les va a pagar políticamente nada porque dejen de matar y que proseguir o iniciarse en esa criminal, estéril o indeseable senda sólo le hará multiplicar los riesgos de acabar en una prisión innegociable. La reinserción de un preso, nunca depende, bajo el imperio de la ley, de lo que haga o deje de hacer quien sigue impunemente en libertad, por mucho que digan lo contrario quienes ya dan su apoyo por adelantado al Gobierno para sentarse "con quien sea" si ETA declara una tregua.

Cada vez que un gobierno –haya o no treguas por parte de ETA– muestra su disposición a negociar con quien la ley exige en todo momento detener, envía una contraproducente señal al mundo del terror. Las víctimas no están dispuestas a que la oferta de impunidad sea esa señal que, en realidad, sólo viene a oxigenar las esperanzas de los terroristas por cobrar algo más. Las víctimas, que todavía no se han declarado en "guerra" ni padecen el síndrome de Estocolmo, confían en el Estado de Derecho, no en los mal llamados "procesos de paz".

Más aun, cuando lo que trata el presidente del gobierno del 14M –a diferencia de los errores cometidos por todos los gobiernos anteriores– no es "una paz definitiva y sin letra pequeña, sin más contrapartida que la salida de los presos", tal y como ZP trató de convencer a Savater para que no respaldara las protestas de las víctimas, como así hizo.

No. Lo de ZP no se reduce a insistir en el error de gobiernos anteriores, sino que consiste en algo cualitativamente distinto y mucho más infame. Zapatero está dispuesto a consensuar con los separatistas de Estella la demolición del Pacto de Guernica en un nuevo frente anti PP. Y para ello pide colaboración y anestesia en forma de tregua a una organización terrorista.

Ciertamente, la necesita y para ello ha pagado hasta por adelantado. Si ZP va a soliviantar a la ciudadanía española, también en el País Vasco, con otro estatuto inconstitucional y lesivo para la continuidad nacional de España, al menos que se le permita hacerlo sin que el ruido y la sangre del terror ponga fin a ese espejismo de que es posible lograr la paz del brazo de los separatistas.

Después de las esperanzas que Carod-Rovira inyectó a ETA en Perpiñán acerca del perfil de José Luis Rodríguez Zapatero y las que ha seguido suministrando a ETA el propio presidente con medidas como romper definitivamente el pacto antiterrorista, neutralizar la ley de partidos, sacarse de la chistera el "plan de Patxi López", silenciar a las víctimas, hacer la vista gorda con Batasuna o someter al Estado de derecho a un perfil de baja intensidad, más propio de los Pumpidos que de los Fungairiños, Zapatero no hace otra cosa que proseguir su huida hacia delante: Euskalherría le espera, para que "sea tan valiente como lo va a ser en Irak", tal y como le dijo ETA nada más llegar al Gobierno.

Zapatero sabe perfectamente que ETA no ha hecho una tregua en Cataluña, ni mantiene un terrorismo de baja intensidad, para que los separatistas catalanes sean los únicos en avanzar políticamente hacia sus objetivos soberanistas. ZP ha inyectado esperanza a ETA durante demasiado tiempo: o le sigue suministrando dosis o corre el riesgo de hacerlas estallar.

Víctimas de ETA
Los muertos traicionados u olvidados
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 14 Febrero 2006

La prueba definitiva de que el gobierno está conteniendo la acción policial en pos del diálogo con el plomo es que eso precisamente le reprocha al PP, retrospectivamente, el ministro López Aguilar. Tendrán los socialistas que echarle más imaginación. Seguro que pueden, la intoxicación es lo suyo. Pero vamos a ver: ¿no se acusaba al gobierno Aznar de no haber sabido aprovechar la tregua, de haber continuado con la represión? ¿No fueron los medios progres y nacionalistas terriblemente críticos con la expresión “tregua trampa”, con la visión que encerraba, con la perspectiva que suponía? Aclárense.

El éxito cosechado por Gregorio Peces en el Congreso de las Víctimas da idea de por qué no acudió Rodríguez. Lo de la carta perdida no se lo cree ni la hinchada del entreguismo. Lo que Rodríguez quiso evitar, y evitó, es el abucheo televisado de las víctimas, que le habría eyectado hacia la estratosfera de la desautorización, el ridículo y la ilegitimidad.

La ristra de pagos adelantados a ETA-Batasuna y, sobre todo, la circunstancia de tener a las víctimas de frente, lastran el pasivo moral de cuantos tendieron su mano salvadora a un terrorismo moribundo y a un entorno acorralado mediante el triste pronunciamiento del Congreso de los Diputados, aciago día que mancha el calendario y traza una línea entre lo admisible y lo inadmisible.

Fue entonces cuando Rajoy decidió elevar el tono, acusando a Rodríguez de traicionar a los muertos. Poco ha cambiado el tenor de sus acusaciones. El motivo es sencillo: tampoco ha cambiado, si no para empeorar, la campaña oficial en varios frentes que son el mismo frente: la proscripción del primer partido de España, el inconcebible impulso estatal a un proyecto soberanista catalán que no tenía fuelle para llegar siquiera a presentarse en sociedad, el incumplimiento abierto de leyes como la de partidos y acuerdos como el de las libertades, la acción sectaria –purgas incluidas– de la Fiscalía General del Estado, órgano supuestamente consagrado a sostener el principio de legalidad.

Lamentan el tono de Rajoy –y condenan la estrategia de oposición– filósofos a la violeta, beneficiarios del fondo de reptiles, intelectuales orgánicos y políticos de toda laya, incluyendo los que, desde dentro del PP, esperan el momento de pegarle un mordisco letal a su líder: homenots de Pedralbes que guardan en casa un juego de banderas intercambiables, capitalinos alcaldes endiosados, envenenadores profesionales con tarjeta de asesor.

Pero hay una ciudadanía que, aun instalada en los prejuicios y alienada por la larga propaganda, sigue sabiendo dónde están las víctimas y dónde los verdugos, y a quién está mimando este gobierno. Y saben, como Gotzone Mora, que los muertos detestan la amnesia. Sobre todo los muertos que no lo están, los vivos postergados, silenciados, infamados, escupidos y amenazados a quien el nacionalismo desde siempre, y la izquierda desde hace un par de años, se empeña en tratar como a los muertos, con una espesa capa de silencio.

El Estatut de los poderes fácticos
José Javier Esparza elsemanaldigital 14 Febrero 2006

Leído en la prensa, en distintas voces de distintos medios: el Estatut pactado con Convergencia "será, por supuesto, constitucional". ¿Cómo pueden saberlo si nadie ha visto el "pacto de medianoche", si desconocemos su letra, si lo que sabemos –por ejemplo, en materia lingüística- se aparta del espíritu de la Constitución? Da igual: la consigna está lanzada y ya hay un buen centenar de "firmas" dispuesto a defender la solidez del espejismo.

Leído en el último comunicado de los obispos catalanes, hace pocas semanas: el Estatut tendrá que inspirarse "en los principios del humanismo cristiano". Pero ¿a estas alturas? Por lo que sabemos, lo que se ha sometido a revisión del texto inicial es el conjunto de materias que sobrepasaban la Constitución, desde la financiación hasta la definición "nacional". El cuerpo doctrinal y reglamentario del Estatut no ha sido revisado. Y ese cuerpo ha sido denunciado por los católicos catalanes (por ejemplo, por la plataforma e-cristians) porque es incompatible con el cristianismo. ¿Cómo pueden los obispos hablar como si aún fuera posible intervenir sobre el texto? Da igual: en la opinión ha quedado el mensaje de que a los obispos catalanes no les parece mal el Estatut.

Lo que está pasando es muy claro: el poder ha visto que el asunto estaba encrespando demasiado los ánimos y ha puesto en movimiento todas las piezas para sosegar el ambiente. Se ha movido ZP, que ha cambiado de alianza. Se ha movido el poder fáctico periodístico, que ha comenzado a propalar la especie –rigurosamente incierta- de que el nuevo pacto será constitucional. Se mueve incluso la Iglesia catalana, que habla como si aún tuviera algo que decir. Esperan que así se mueva también la opinión: Estatut encauzado, problema resuelto. Virtudes taumatúrgicas del sosiego. Sin embargo, el problema permanece; no dejará de estar ahí por que no lo queramos ver.

¿Una previsión? Se aprobará un Estatut. Nos dirán que "constitucional, por supuesto", aunque en realidad violentará la Constitución. Habrá poderes del Estado que se pronunciarán contra eso, pero en vano, porque las mayorías partitocráticas –por ejemplo, en el Tribunal Constitucional- impondrán su ley. Como el pacto se habrá apañado con Convergencia y no con Esquerra, los poderes fácticos lo darán por válido, pues nadie temerá violencias inconvenientes para los negocios. Pero, precisamente por la misma razón, las reclamaciones nacionalistas proseguirán, pues el Estatut de ZP no deja de ser una reforma temporal. Mientras tanto, se habrá puesto en manos de la oligarquía catalana un instrumento para hacer una sociedad a su medida, cada vez más cerrada sobre sí y más aislada del resto de España. Al día siguiente de la aprobación del Estatut, por supuesto, no se habrá roto la unidad nacional. Pero bastarán dos años para ver que la brecha ya es insalvable.

La responsabilidad histórica nunca ha sido el punto fuerte de las elites españolas.

Venganza, justicia, perdón
Por IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA  ABC 14 Febrero 2006
Catedrático de Filosofía del Derecho Universidad de La Coruña

... El Gobierno no puede pagar por el cese del terror ningún precio que vaya más allá de lo que permiten las leyes. En ningún caso, el dolor de las víctimas puede cotizar en el mercado de la negociación política...

AYER comenzó en Valencia el III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, con la justa presencia de los Príncipes de Asturias y la lamentable y significativa ausencia del presidente del Gobierno. El terror exhibe lo peor de la condición humana, pero el dolor que provoca permite también avistar lo que de mejor hay en el hombre. Así lo expresó el psiquiatra Viktor Frankl, superviviente de Auschwitz: «La Historia nos brindó la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Quién es, en realidad, el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el ser que entró en ellas con paso firme y musitando una oración». El hombre es el ser capaz de asestar un tiro en la nuca o hacer saltar por los aires cadáveres infantiles, y es también el ser que puede perdonar a los criminales y rezar por ellos.

No conviene reducir injustamente la nómina de las víctimas del terrorismo. Lo son, desde luego, los que perdieron su vida, quedaron mutilados o fueron heridos por el terror, así como sus familiares y amigos. Pero también lo son todos quienes están amenazados por él y quienes no puede ejercer libremente sus derechos, ni siquiera el de vivir y pasear en paz en la tierra que les vio nacer oque eligieron para vivir. Al final, de un modo u otro, somos víctimas todos los que no somos terroristas ni cómplices con el terror. Aunque esto no impida reconocer la primacía de quienes vieron segadas sus vidas o su integridad física, ni quienes viven desde entonces sumidos en el dolor. El primer agravio que pueden recibir las víctimas es ver cómo se imputa su espíritu justiciero a mera venganza. No cabe identificar ni confundir ambas. La venganza sólo aspira a devolver el mal recibido; la justicia, que supera a la venganza, busca la expiación de la culpa y la prevención del delito. Las penas, según nuestra Constitución, deben ir orientadas a la reinserción social de los delincuentes, mas no es esa su única razón de ser o fundamento. El segundo agravio es la traición a su memoria y el olvido de su dolor. Las víctimas del terrorismo en España han sufrido un doble agravio: el dolor injusto y la falta de un espacio público de reconocimiento. Este último agravio ha sido reparado. Primero, con la eclosión del espíritu cívico de Ermua; luego, con la firma del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo acordado por el PP y el PSOE. En los últimos tiempos, vienen siendo, de nuevo, agraviadas. No es a las asociaciones de víctimas, especialmente a la más importante de ellas, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, sino al Gobierno a quien corresponde la dirección de la política antiterrorista. Pero sin el respeto a ellas y sin el homenaje de los ciudadanos y sus representantes, no hay política antiterrorista legítima. Y, a pesar de lo que dicen el Gobierno y sus portavoces, el Ejecutivo ha operado un giro radical en la lucha contra el terror, y encima ha modificado lo que estaba funcionando bien, muy bien.

Durante los tres últimos años, no sólo dos, no ha habido atentados mortales. El Gobierno ha marginado al PP (el presidente del Gobierno ha reconocido que oculta información a la oposición); ha destituido al fiscal Fungairiño; el PSOE cambió radicalmente su política en el País Vasco con la sustitución de Nicolás Redondo por Patxi López; la Fiscalía aventura interpretaciones semejantes a las que proponen los abogados de los etarras y se avecinan excarcelaciones; el Gobierno legalizó al Partido Comunista de las Tierras Vascas, lo que ha permitido que ETA reciba financiación pública y vuelva a las instituciones. Pero, sobre todo, el Gobierno ha alentado las sospechas de la existencia de una negociación con ETA, previa al abandono del crimen, como consecuencia, entre otras cosas, de la autorización solicitada al Congreso de los Diputados. Se desemboca así en la verdadera cuestión. Lo decisivo no es sólo el final de ETA, sino la forma de llegar a ese final. No es lícito querer sólo el final de ETA y a cualquier precio y mediante cualquier procedimiento. Una vez más en política, como en todo, no son los fines los que justifican los medios sino éstos los que justifican a aquéllos. Una cosa es que ETA sea derrotada por la acción legal del Estado de Derecho, y otra radicalmente distinta que deje de asesinar como consecuencia del logro de sus principales reivindicaciones y objetivos. Por lo demás, la banda terrorista no deja lugar a dudas sobre su condición para el cese del terror: la autodeterminación del País Vasco, es decir, la destrucción de la unidad nacional y, con ella, la defunción de la Constitución. Como acaba de recordar el Defensor del Pueblo, el único fin posible para ETA es la derrota, con vencedores y vencidos. Lo demás es un agravio a la justicia y una afrenta a las víctimas. Si los terroristas obtienen beneficios políticos (no eventuales y legales medidas de gracia después de su derrota), las víctimas habrían servido como medio para lograr esos fines. No cabría entonces mayor agravio: la muerte como instrumento político. Nos encontraríamos ante el final de ETA, no por su derrota sino por su victoria. Hoy, las víctimas sospechan que están siendo traicionadas. Por lo demás, el Gobierno no puede pagar por el cese del terror ningún precio que vaya más allá de lo que permiten las leyes. En ningún caso, el dolor de las víctimas puede cotizar en el mercado de la negociación política.

Y queda la cuestión del perdón. Al Gobierno le corresponde sólo la justicia; no el perdón. Éste, al menos en este mundo, sólo corresponde a las víctimas. El perdón no puede tener lugar sino mediante concesión de las víctimas. Y para ello es además necesario el arrepentimiento del culpable. El perdón, hasta setenta veces siete, es un imperativo de la moral cristiana. Pero ni la moral puede imponerse políticamente ni es exigible el perdón no solicitado por quien no se arrepiente. Los etarras, salvo las excepciones de los arrepentidos, no sólo no piden perdón sino que solicitan más sangre y celebran los atentados. En estas condiciones, es imposible hablar de perdón.

Sin las víctimas del terrorismo no hay lucha legítima contra el terror. De ellas procede la fuerza moral y el coraje necesario para combatir. Claudicar ahora no sólo sería una derrota del Estado de Derecho. Sería también un certificado de la sinrazón del dolor sufrido, pues bastaría para haberlo evitado con haber claudicado antes y no haber continuado resistiendo hasta ahora. Se puede ser clemente en la victoria. Ceder antes de ella es lo mismo que ser derrotado. No hay diálogo sino entre iguales. Y un Estado de Derecho jamás puede ser igual que una banda terrorista. La venganza está vedada moralmente y es contraria al Derecho. El perdón es una exigencia moral que requiere el arrepentimiento del ofensor. Al Estado sólo le incumbe la administración de la justicia. Y ella es imposible sin el homenaje y el respeto a las víctimas. Para quienes sufren y, sobre todo, para quienes están desesperados, también tuvo palabras el psiquiatra Viktor Frankl, superviviente de Auschwitz: «en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros». Nada en la existencia humana carece de sentido. Mucho menos el dolor de los inocentes.

Congreso de Valencia
Las víctimas de ETA y el Estado de Derecho
Agapito Maestre Libertad Digital 14 Febrero 2006

El éxito del Tercer Congreso de Víctimas del Terrorismo ha vuelto a poner en evidencia la política antiterrorista del Gobierno. Este Congreso ha mostrado con inteligencia la grave crisis de legitimidad democrática por la que pasa este Gobierno. Gravísima es la situación política, sí, cuando un Gobierno habla antes de moralidad e inmoralidad que de Ley. Asistimos a una crisis política de envergadura, sin duda alguna, porque se apela antes a la confianza y fe de los ciudadanos en las palabras de un dirigente político que a la letra pública de las leyes. El populismo de Zapatero empieza a ser ya una carga. Los ciudadanos intuyen, aunque los medios de comunicación lo ocultan, que algo muy grave sucede con nuestro débil Estado de Derecho. El Congreso de las Víctimas del Terrorismo, en efecto, ha mostrado que la crisis de legitimación de nuestro sistema político y jurídico va más allá de la lucha por el poder entre los dos grandes partidos nacionales. El discurso desarrollado por las víctimas ha puesto en claro no sólo una política errática de Zapatero y sus ministros, sino que han conseguido mostrar que es una indecencia moral y una ilegalidad jurídica, en fin, un espectáculo bochornoso, intentar un "final dialogado" con una banda de criminales.

Le asiste la inteligencia a Maite Pagazaurtundua al decir que las víctimas del terrorismo deben tener ahora la cabeza fría, la razón dispuesta, a la hora de analizar la "negociación" entre la banda terrorista y el Gobierno de España. Las víctimas tienen, pues, que seguir canalizando su experiencia de dolor a través de un discurso firme y coherente de defensa de los valores democráticos en general, y del Estado de Derecho en particular. Sin ese discurso tengo la sensación de que la democracia española perdería su eje principal de perfeccionamiento. Acaso por eso Zapatero, nada más llegar al poder, quiso vigilar y disciplinar ese grandioso movimiento asociativo creando la institución del Alto Comisionado para las Víctimas. Por fortuna, la fortaleza discursiva de las asociaciones de víctimas ha podido con las maniobras oscuras del Alto Comisionado, quien ha tenido que asistir al Congreso de Víctimas no para dar luz sobre el objetivo de las víctimas, sino para obtener un poco de legitimidad en un cargo que debiera ser amortizado cuanto antes.

Las víctimas han dejado de ser unos referentes de solidaridad para convertirse en uno de los principales activos de nuestra democracia. Las asociaciones de víctimas son ya el eje axial de la democracia española. Son un espejo ciudadano para mejorar los instrumentos del Estado de Derecho. Los resultados de este Tercer Congreso son, sin duda alguna, una nueva bocanada de aire fresco para que los ciudadanos de España, en primer lugar, persistan en que el Estado de Derecho y la democracia aún son posibles a pesar de los límites impuestos por un Gobierno que bordea permanentemente la Ley. Los mensajes y, sobre todo, la elaboración de un discurso radicalmente democrático por parte de las víctimas constituyen la principal esperanza, la mayor señal democrática, que hoy tenemos los ciudadanos de a pie. Vista así la labor de las víctimas no me extraña que para Zapatero, y todos los que creen que el poder es patrimonio de quien ha ganado unas elecciones, cualquier cosa pudiera ser buena con tal de acabar con este imprescindible reservorio de energías democráticas en que hoy se han convertido las Víctimas del Terrorismo.

Las víctimas, definitivamente, ya no son sólo objetos de compasión sino sujetos políticos, genuinamente ciudadanos, capaces de generar un discurso democrático para que se regenere el tejido podrido de nuestro sistema político. En cualquier caso, a todos nos debería hacer pensar que el mayor contraste entre el Gobierno de España y las Asociaciones de Víctimas del Terrorismo no se refiere a la ayuda que el primero concede a las segundas, sino que tiene que ver con un asunto trascendental para el desarrollo de la democracia en España, a saber, la defensa del Estado de Derecho. Porque son éstas y no aquél las mayores defensoras de lo que da alojamiento a la democracia, el Estado de Derecho, asistiré a cualquier manifestación convocada por la AVT.

El mandato de las víctimas
Editorial ABC 14 Febrero 2006

LOS discursos inaugurales del III Congreso de Víctimas del Terrorismo coincidieron de manera especial en el mensaje de unidad, firmeza y Estado de Derecho como las señas de identidad que este colectivo presenta para derrotar a las organizaciones terroristas. Tanto el Príncipe de Asturias como la presidenta de la Fundación de Víctimas, Maite Pagazaurtundúa, apelaron a la fortaleza moral de quienes han sufrido directamente la agresión del terrorismo. Sus palabras fueron, sin duda, un llamamiento a la unión, y como tales deberían ser entendidas por la sociedad, pero, sobre todo, por los partidos políticos. No es posible obviar que estos mensajes, tan llenos de sentido común y patriotismo, se insertan en un momento de máxima separación entre el PSOE y el PP ante la forma de abordar el fin de ETA. Alguien debe explicar a la sociedad española cómo es posible que gracias a la unidad política de los dos principales partidos españoles se lograra el mayor nivel de retroceso del terrorismo etarra, y sea ahora, entre anuncios del «inicio del principio del fin» de ese terrorismo, cuando se rompe esa unidad. Las víctimas, como no es para menos, claman porque se recupere la concordia entre PP y PSOE, pero también han pedido que prime la justicia y el Estado de Derecho para acabar con ETA, y ambas cosas -unidad democrática y condiciones para el fin del terror- no se están planteando de forma compatible.

El Príncipe de Asturias fue rotundo al reclamar firmeza «frente a ese enemigo común» que es el terrorismo. Y la firmeza no es posible sin la unidad y sin la confianza recíproca entre Gobierno y oposición. El Ejecutivo se ha empleado a fondo estos días en retar a quienes le reprochan que ha cambiado la política antiterrorista. Ni atisbo de autocrítica. La lucha contra la evidencia parece haberse convertido en un compromiso colectivo del Gobierno, pero la realidad es la que es y se refleja en múltiples síntomas de que esa política antiterrorista no sólo no es la misma, sino que parece basarse en el aumento constante de la fractura con el Partido Popular, destinatario de acusaciones impensables en una clase política que debería seguir sintiendo a ETA como «ese enemigo común» a derrotar entre todos.

Los mensajes de la sesión inaugural de este encuentro internacional reflejaron la grandeza moral de las víctimas del terrorismo e hicieron aún más significativa la ausencia del presidente del Gobierno, cuyo error en no asistir al Congreso de Valencia recorta el derecho del Ejecutivo y del PSOE a hacerse acreedores de una confianza que no practican con los demás. Y si se trataba de temor por la reacción de las víctimas, bien recordó el Príncipe de Asturias que éstas nunca han respondido con violencia, ni «renunciado a la razón o la justicia para acabar con el terrorismo». No debería temer el Gobierno que las víctimas le recuerden que no es pertinente hablar de proceso de paz, porque no hay armisticio que firmar, ni guerra que cesar: sólo se trata de acabar con la violencia unilateral de ETA. Tampoco debería temer que se le recordara que la democracia ya ha sido muy generosa con el terrorismo, con la amnistía de 1977, con la integración de los etarras «político-militares» que abandonaron el terrorismo en la década de los ochenta, con una legislación penal que reduce condenas por las más diversas causas y, sobre todo, con unas víctimas que, cuando se reúnen, es para pedir al Estado que aplique la ley, no que se vengue en su nombre. Otra cosa es que estas demandas de las víctimas encierren un mandato ético que no encaja en el diseño especulativo que se intuye en los que hacen coro al presidente del Gobierno con «el inicio del principio del fin». Porque, obviamente, el fin de la violencia se puede abordar de muchas maneras. ETA lleva más de tres décadas proponiendo una de ellas -amnistía, soberanía, Navarra, autodeterminación-, pero cabe pensar que este Gobierno no incluirá en el «final dialogado» de la violencia nada que implique, siquiera mínimamente, una aceptación parcial de la alternativa etarra para la paz. Lo que le han pedido las víctimas es otra paz mucho más justa y digna. La única aceptable para el Estado.

No sin las víctimas
Por IGNACIO CAMACHO ABC 14 Febrero 2006

SI ETA declara una tregua que casi todo el mundo da por inminente, nadie podrá reprochar a Zapatero que explore una oportunidad para la paz. Es más, si no lo hiciera incumpliría su obligación, por más que sea evidente que lleva tiempo haciendo guiños a los terroristas en una política claudicante que, lejos de fortalecer al Estado, lo debilita ante cualquier hipótesis negociadora. El presidente ha puesto el carro delante de los bueyes al tender puentes a los batasunos para que crucen a la legalidad, y en su afán por abrir vías de diálogo puede que haya abaratado el precio de la pacificación hasta dejarlo en un saldo de fin de temporada. Pero aun así, en un escenario de alto el fuego, está obligado a negociar y lo que la democracia tendría que discutir en ese caso serían las condiciones y los límites ante los que el Estado no puede ceder.

El principal de ellos lo determina la dignidad de las víctimas. Quienes han sufrido de manera más directa el dolor de la violencia terrorista no pueden quedar como los perdedores de un acuerdo que, cualquiera que sea su naturaleza, va a lesionar de algún modo su derecho a la justicia. Las víctimas, que han sido durante todos estos años el sostén moral de la lucha contra la barbarie, que han aportado a la sociedad española la cohesión imprescindible para no desfallecer en el esfuerzo, que han resistido con generosidad infinita la presión implacable de los verdugos, son la clave última y el filtro de integridad de cualquier clase de solución al conflicto vasco, el banco de pruebas que determinará si se acaba tratando de una victoria, de una rendición o de un armisticio.

Cualquier acuerdo que orille su honorabilidad y pisotee su derecho a una reparación justa será un oprobio inaceptable. Eso no se compra con dinero, como sugería ayer Pepiño Blanco al blandir los listados de ayudas gubernamentales. Sólo faltaría. Estamos hablando de mártires, no de un consorcio de seguros. La anuencia de las víctimas a un eventual proceso de negociación sólo puede conseguirse con cariño, con grandeza de miras, con consenso social y con desprendimiento político. Y de todo eso falta en estos momentos en que la ansiedad del Gobierno está saltando desaprensivamente por encima de los sentimientos.

Con los deudos de los muertos no vale el argumento de que se están dejando instrumentalizar por el PP, entre otras cosas porque si algo hay en ello de verdad es porque el presidente les ha dado de lado. Zapatero no ha tenido siquiera el coraje de presentarse en el Congreso de Valencia a recibir un abucheo. Y con actitudes como ésa se está dejando suelto el cabo principal, que quizá no pueda atar si lo posterga al final del proceso. Detrás de las víctimas está el dolor de la sociedad española, la memoria de los años de plomo, el ADN moral de la sangre derramada. El presidente tiene que legitimar su política en esa fuente de decencia porque si no lo más que logrará es cerrar una herida a costa de abrir otra en la carne más sufrida de los inocentes.

La máscara de la paz
Por Edurne Uriarte ABC 14 Febrero 2006

Siento hastío y cierta desazón democrática estos últimos días ante tanto debate tramposo sobre eso que los nacionalistas antes y los socialistas ahora llaman proceso de paz. Con lo que tardamos en desenmascarar el eufemismo nacionalista... Y en explicar que tras toda aquella palabrería efectista se disimulaba el reconocimiento de la legitimidad de las reivindicaciones terroristas y la negociación con ETA en torno a la construcción de la nación vasca. Aquel proceso de paz tuvo incluso un resultado, el pacto de Estella. Y ahora tenemos que enfrentarnos a otra máscara, la del proceso de paz socialista, que tiene otros protagonistas pero semejantes trucos y un inquietante interrogante sobre el resultado.

Lo peor de esta discusión es que está lastrada por un sinfín de medias verdades, de insinuaciones y de tortuosos circunloquios que encubren la mala conciencia y el miedo a los principios democráticos de quienes se han sumado a la estrategia negociadora de Zapatero. Quieren hacer creer que esto es un enfrentamiento entre los que han sido capaces de reconocer cambios en ETA y están abiertos a la esperanza de un cese de la violencia y los inflexibles que sacan rendimientos políticos del terrorismo, que viven mejor contra él que sin él y que son unos fundamentalistas de la democracia.

Lo único cierto de lo anterior es lo de los fundamentalistas de la democracia. Incluso con ese adjetivo despectivo que algunos inventaron en tiempos de los gobiernos de Aznar para descalificar el movimiento de resistencia contra el terrorismo. Descalifíquese como se quiera, pero es cierto. El argumento esencial de quienes criticamos el proceso de paz de Zapatero es ése, que nos negamos a negociar con los terroristas y que sólo aceptamos su rendición incondicional. A cambio de nada. Del perdón, cuando haya arrepentimiento.

La esperanza de la paz que esgrimía Zapatero en la rueda de prensa del viernes, traducida a la práctica política, significa, a cambio de algo. Y esas informaciones reveladoras que insinuaba, las conocemos. A través de Batasuna, de los boletines de ETA y de los informes policiales. Y muestran que hay una parte importante de la banda que está dispuesta a negociar. Presos y objetivos políticos. Con una declaración de tregua, pero sin rendición, sin entrega de armas y sin arrepentimiento. Es decir, con las mismas condiciones de siempre. Y por eso, porque esas condiciones no han cambiado, hay que preguntarse qué nos ha traído hasta aquí, a la esperanza de paz, si el debilitamiento de ETA, que existe, y, en efecto, le empuja a una tregua, o la nueva política antiterrorista del Gobierno, la de la negociación, que hace de esa tregua una oportunidad más atractiva que nunca.

Pero, sobre todo, hay que pedirle al presidente, el contenido de esa esperanza, es decir, las exactas condiciones y exigencias que su Gobierno está dispuesto a aceptar. Sobra toda la demás palabrería.

Justicia en catalán
Setze jutjes d´un jutjat
José García Domínguez Libertad Digital 14 Febrero 2006

Setze jutjes d´un jutjat mengen fetge d´un penjat (dieciséis jueces de un juzgado comen hígado de un ahorcado). Es una broma de niños, un antiguo trabalenguas vernáculo que los escolares de la región recitan en los patios de los colegios; un juego en el que, sin embargo, todos de los magistrados del Tribunal Supremo perderían. Porque ninguno de ellos sería capaz de recitar la letanía correctamente, sin trabucarse ni sucumbir en ese campo minado que para las laringes castellanas forman los sonidos intervocálicos del catalán. Setze jutjes, una gracia que, por el contrario, Pasqual Estivill sabe pronunciar con la mente en Suiza, la vista fija en un maletín y ocupando al tiempo ambas manos en extender sentencias al portador. Setze jutjes, la humorada que ahogaría en un océano de saliva el porvenir en Cataluña de los mejores juristas del país. Setze jutjes..., un inocuo chiste que, bien contado, habrá de demoler el tercer poder del Estado.

Más de doce mil profesores castellanohablantes acabaron marchándose de Cataluña por la bromita del fetge del penjat. Se dice rápido, más de doce mil; el mayor éxodo forzado de profesionales cualificados en la Europa contemporánea. Y ahora les ha llegado el turno a los jueces. Porque de eso es de lo que se trata: de que se vayan cuanto antes y dejen libres de una vez las preciadas sillas domésticas que hoy usurpan. He ahí el tinglado de la antigua farsa del patriotismo letraherido catalán: que absolutamente todos los resortes del poder civil, sin excluir el menor resquicio, recaigan en indígenas puros, con, eso sí, la minúscula cuota ornamental de rigor reservada a la mansa grey de los charnegos aculturizados. ¿O acaso algún ingenuo aún sigue creyendo que el furor gramatical que corroe las almas de nuestros nacionalistas nace de la prosa de Sagarra y la lírica de Foix?

Y para alcanzar esa gran conquista histórica de las fuerzas del progreso, ZP está decidido no sólo a demoler la Carta Magna de 1978. Pues, con efectos retroactivos, el Estatuto catalán derogará de paso la Constitución isabelina de 1837, aquélla en la que por primera vez se blindó el derecho de todos los españoles a acceder a cualquier cargo público. Al fin, los vástagos hispanos de la Ilustración, los orgullosos hijos legítimos de Rousseau, Hegel, Marx, Gramsci, Sartre, Habermas, Enric Sopena y Maria Antonia Iglesias se abrazan con las partidas carlistas del general Cabrera. "Dios, Patria y Rey", manifiesto programático del Tigre del Maestrazgo dirigido a todos los carpetovetónicos nostálgicos de la gleba y el Medioevo plural: "España, para ser libre, necesita primero de todo tener un gobierno descentralizador, es necesario dar a las provincias la libertad que han menester para administrarse a sí mismas. Es necesario devolverles sus fueros y franquicias". Pues eso, a cantar todos juntos y en unión: Setze jutjes d´un jutjat mengen fetge...

Conflicto civil
Por FLORENTINO PORTERO ABC 14 Febrero 2006

Los innumerables análisis que se han publicado en relación con la crisis de las caricaturas se han centrado en la tensión entre la libertad de prensa y el respeto a las creencias religiosas particulares. Ciertamente la democracia es un sofisticado y complejo mecanismo que debe regular intereses contrapuestos y situaciones como la que estamos viviendo animan un sano y provechoso debate. Sin embargo, este enfoque refleja bien nuestro punto de vista, pero deja de lado aspectos fundamentales de la crisis. Los islamistas están preocupados por la influencia que los valores occidentales ejercen sobre la comunidad musulmana y tratan de evitarla. Ven esa influencia como contaminación y decadencia. En su perspectiva, no hay más solución que la imposición de una interpretación rigorista. Para determinados regímenes nacionalistas, que se encuentran bajo presión occidental para que combatan la corrupción y pongan fin a la arbitrariedad, cuando no al terrorismo, es importante crear un abismo entre Occidente y el Islam, para que esas presiones no encuentren eco entre la castigada población. Ni las manifestaciones han sido espontáneas ni desinteresadas. Sólo el trabajo de gobiernos y asociaciones islamistas han podido movilizar de esta forma a una parte de la población, un ejercicio que seguirán practicando por propio interés.

El Islam moderado, que durante las últimas décadas ha sido mayoritario, no veía ninguna contradicción entre nuestros valores y los suyos. Éramos diferentes, pero no incompatibles. Tras los sucesos del 11 de septiembre de 2001 comprendimos que la situación en el Islam era grave. La combinación de corrupción e incompetencia había llevado a esas sociedades a una situación de frustración. Eran conscientes de que carecían de un programa de modernización, de que estaban condenados a la pobreza y a la decadencia. Sólo este fracaso colectivo puede explicar la crisis de identidad que ha llevado a un auge del islamismo. Este proceso, que está en la base de todos los desastres que estamos sufriendo, sólo puede revertirse si el Islam moderado se impone y asume su responsabilidad. Así lo han comprendido la mayoría de las cancillerías occidentales y sobre esa idea pivota el debate estratégico de nuestros días.

Los islamistas son conscientes de que su enemigo está en casa, de que el camino para el control de la vida política pasa por la sumisión de los moderados y a esa misión se aprestan. Las manifestaciones que vemos uno y otro día son un claro mensaje a los musulmanes, para que acepten resignados que no es posible un entendimiento con Occidente, que de nosotros sólo pueden esperar desprecio a sus creencias, corrupción moral y cobardía. Por encima de todo, estamos ante un conflicto civil en el seno del Islam, de cuyo resultado depende nuestra seguridad.

Son nuestros enemigos
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  14 Febrero 2006

EL III Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, inaugurado ayer en Valencia por los Príncipes de Asturias, busca hacer universales las ayudas materiales y morales a los afectados por la violencia terrorista, armonizar las legislaciones indemnizatorias y las políticas de prevención y represión del terrorismo. Las víctimas requieren la creación de comités específicos en la ONU, la UE y otras instancias internacionales para hacerse oír de forma permanente y ofrecer criterios y propuestas para combatir el terrorismo. La cuestión es que las víctimas nunca se sientan solas en la defensa de sus derechos. El "Manifiesto de Valencia" da a conocer algunas amarguras añadidas a su sufrimiento y pide a las ONG que no establezcan "equidistancias" entre víctimas y verdugos y a los medios de información que no incurran en "falsa neutralidad". "No queremos ni venganza ni revancha. Sólo queremos que las generaciones futuras no tengan que padecer lo que, desgraciadamente, hemos padecido de manera directa o indirectamente tantas personas que un día nos convertimos en víctimas por la crueldad de unos criminales", será la conclusión del manifiesto.

Estuvo en Valencia el presidente del Congreso, Manuel Marín, pero no el del Gobierno, cuya presencia hubiera sido tan expresiva y conveniente. Franco Frattini, comisario europeo para Libertades Públicas, Seguridad y Justicia, fue dos veces exacto. Dijo que las víctimas deben ser "interlocutores permanentes, paso que no se ha dado" y concluyó que "los terroristas jamás serán nuestros interlocutores. Son nuestros enemigos". Mientras, el sanguinario Parot negaba al juez Grande-Marlaska haber instado a ETA a cometer atentados, delito que podría mantenerlo en prisión. Batasuna repudia la posibilidad, pero que parezcan coincidir con ella EA y PNV no se entiende. A menos, claro está, que no asuman un dolor como el que destila el Manifiesto de Valencia.

Las víctimas, protagonistas
Editorial El Correo 14 Febrero 2006

El reconocimiento de las víctimas del terrorismo y el restablecimiento de la memoria de los asesinados no pueden reducirse a un recuerdo formal y a expresiones de conmiseración. Tampoco a la aplicación de medidas que palíen en lo posible la pérdida brutal de un ser querido. Además es necesario que la sociedad comprenda que la mayoría de esas víctimas lo fueron porque pensaban como pensaban o desempeñaban un papel de servicio a sus conciudadanos. De ahí que sea preciso evitar que, en su reconocimiento social, la víctima se vea despojada de aquello en lo que el terrorismo se había fijado para acabar con su vida o su integridad física. El III Congreso de Víctímas del Terrorismo de todo el mundo, reunido ayer y hoy en Valencia, concede a estas personas un imprescindible protagonismo y analiza sus necesidades y demandas.

Las víctimas, dentro de su común dolor, constituyen una realidad plural. Esa misma diversidad impide que nadie pueda ostentar la exclusiva a la hora de representar su voluntad, más allá de su legítima exigencia de reconocimiento y de su lógica negativa a conceder el perdón a quienes ni se lo han solicitado ni han admitido su culpa. Todas las expresiones de ese dolor común han de tener cabida en el foro público, y ninguna puede ser considerada más verdadera que las demás. Por eso las instituciones y los partidos están obligados a reconocer y comunicarse con todas esas expresiones organizadas para contribuir a la síntesis que se requiere para establecer, junto al dolor común, el catálogo permanente de las demandas propias de estas personas. Y esta necesidad no debe verse distorsionada por las coyunturas políticas.

La búsqueda de una salida democrática al problema del terrorismo ha de atenerse a un principio indiscutible: no cabe negociación con ETA, ni diálogo alguno que pudiera dar lugar a concesiones políticas o a decisiones que violenten la legalidad establecida. Pero por eso mismo resulta inadmisible que en nombre de las víctimas se fuercen los datos de la realidad hasta dar por sentado que el Gobierno de Rodríguez Zapatero está negociando o quiere negociar con el terrorismo, en un supuesto proceso de «claudicación, miedo y rendición», en palabras de Ángel Acebes ayer. Una imputación que de ser cierta merecería el correspondiente reproche pero que, hoy por hoy, no está fundada en conductas o movimientos que merezcan el calificativo de negociación y mucho menos de traición a las víctimas. El Ejecutivo está obligado a propiciar cauces de comunicación fluidos y eficaces con las organizaciones representativas de las víctimas. La inasistencia del presidente Rodríguez Zapatero al encuentro de Valencia representa, en ese sentido, una mala noticia. Pero la apelación a la memoria de las víctimas no puede ser utilizada ni con ánimo partidario ni con el fin de cuestionar la acción de gobierno en materia antiterrorista.

ACCIÓN CIVIL
Editorial minutodigital 14 Febrero 2006

Estamos experimentado en España un fenómeno sociopolítico del que hasta ahora solo habíamos tenido referencia por su difusión en el mundo anglosajón. "Quizás pues estemos, en estos albores del siglo XXI, ante una nueva evolución que pondrá fin al control exclusivo por parte de los partidos de todos los canales y palancas que mueven el poder y pondrá como nuevo referente ideológico al colectivo cívico. Es muy pronto para saber si esta emergente movilización ciudadana es un fenómeno coyuntural y pasajero o es la génesis de una nueva dimensión política de influencia más duradera, en todo caso dependerá mucho de lo que nosotros, como ciudadanos hagamos. "
Si en EE.UU. los colectivos ciudadanos constituyen un agente político activo, capaz de influir en los programas y políticas de los grandes partidos, se debe sin duda al carácter abierto de la estructura de los partidos republicano y demócrata, ajenos a la vieja tradición europea de partido cerrado que aglutinaba en torno a una ideología bien definida a un sector de la sociedad.

Hoy en España asistimos a como han sido las plataformas ciudadanas y los colectivos cívicos quienes han encabezado todo un movimiento de oposición al actual gobierno. Vemos como la AVT defiende la dignidad de las victimas de ETA y lidera la lucha moral contra el terrorismo, o como Foro de Ermua intenta acudir a la justicia para evitar las actuaciones ilegales de Batasuna ante la inacción del gobierno, las asociaciones católicas se movilizan para conseguir una política educativa determinada, Manos Limpias, Movimiento Social Vizcaíno, Hazte Oír, nuestro propio Club Minuto Digital, figuran entre estas iniciativas, que a veces ni siquiera, como en el caso del boicot al cava catalán, tienen un claro organizador estructurado jerárquicamente. Pero lo cierto es que este movimiento ciudadano va por delante de la iniciativa de los partidos. No ha sido el PP quien ha impulsado esta reacción, si acaso algunos medios de comunicación, entre los que, humildemente, entendemos que nos encontramos. Pero la verdad es que han sido los propios ciudadanos quienes han tomado la iniciativa y demandan del propio PP una determinada condición y posición, de la cual difícilmente se pueden desentender sin más sus líderes.

El peso del partido ha sido bien patente en toda la izquierda, dada su herencia marxista. Incluso, aceptando que dentro de su ámbito se ha dado con profusión este fenómenos de las organizaciones ciudadanas, casi siempre también se ha tratado de proyectos satélite, instados y apoyados desde los partidos. Nosotros nos referimos a un fenómeno más espontaneo y ajeno al clientelismo partidista. Un fenómeno que resta peso a los partidos políticos y aumenta por tanto el nivel de participación democrático del ciudadano, abriendo cauces a través de los cuáles se hace posible para el ciudadano medio influir en el curso de los acontecimientos políticos.

La segunda mitad del siglo XX trajo consigo una desideologización de la sociedad y un nuevo concepto de partido político, en el que las construcciones dogmáticas cerradas, que marcaban una acusada diferenciación ideológica, se fueron sustituyendo por una fragmentación de metas y objetos, que muchas veces simplemente desempeñan el papel de reclamos electorales, limitándose los viejos referentes ideológicos a operar como mera seña de identidad, para después acabar diluidos por el predominio de la gestión como principal labor política.

De la cerrada cosmovisión de los partidos, solo ha quedado la estricta estructura interna, entendida como maquinaria para conseguir y conservar el poder.

Quizás pues estemos, en estos albores del siglo XXI, ante una nueva evolución que pondrá fin al control exclusivo por parte de los partidos de todos los canales y palancas que mueven el poder y pondrá como nuevo referente ideológico al colectivo cívico. Es muy pronto para saber si esta emergente movilización ciudadana es un fenómeno coyuntural y pasajero o es la génesis de una nueva dimensión política de influencia más duradera, en todo caso dependerá mucho de lo que nosotros, como ciudadanos hagamos.

Azkoitia es el modelo
Román Cendoya  Periodista Digital 14 Febrero 2006

El viernes fue un mal día para la democracia española. La rueda de prensa del Presidente -¿otra exigencia de los terroristas?- sirvió para confirmar que los indicios e informaciones que algunos teníamos eran ciertos. A lo largo de la rueda de prensa pudimos comprobar cómo el Presidente ha mentido a la sociedad española y que “la oportunidad histórica”, el mal llamado proceso de “pacificación y normalización”, es, como nos temíamos, un proceso culminado de “rendición y claudicación” ante los terroristas de ETA.

La sociedad española tiene que saber que Azkoitia es el modelo de “pacificación” y de “normalización”. La normalidad es la paz que hay en Azkoitia. Los terroristas gozan de tanta paz como falta de libertad padecen sus víctimas. El gobierno está dispuesto a que la historia de Cándido y Pilar Elías se reproduzca mil veces. Hoy, la historia de la cristalería es excepcional. El gobierno pretende que en el futuro sea mil veces normal. Ya hemos visto lo que sucede cuando un terrorista es puesto en libertad sin pedir perdón, sin indemnizar a las víctimas y sin ningún tipo de reinserción. Entre otras cosas, que el ayuntamiento nazionalista arropa al terrorista en contra de los derechos de indemnización que, por sentencia judicial, tiene la víctima.

El gobierno miente masiva y continuadamente al dibujar un impredecible escenario de futuro cuando, a través de los Egiguren del PSE, ya tienen todo pactado con ETA. Mientras los terroristas se han resistido a asumir un modelo de “paz por presos”, Rodríguez ha claudicado ofreciendo concesiones políticas a cambio de expectativa de poder. En vez de hacer política contra terrorista hace política con los terroristas. Los ministros y el PSOE participan de esta orgía de indignidad. El Ministro de Justicia y el Ministro de Interior claman asegurando que lo que se está haciendo es cumplir estrictamente con la legalidad, que es precisamente lo que no se cumple.

Acato el sistema que tenemos. Por eso afirmo que el final de todos los presos, incluidos los terroristas, es su puesta en libertad. Lo que no acepto es que se disfrace de legalidad la más absoluta de las ilegalidades. Yo no quiero que el Ministro de Justicia se invente delitos. Yo quiero que, si se cometen delitos, se persigan al margen de que la opinión pública haga la oportuna denuncia en los medios. Parot es el ejemplo. No puede salir de la cárcel en el 2009, porque eso supondría que se le están concediendo unos beneficios penitenciarios ilegales obtenidos fraudulentamente a través de unos falsos estudios. Ha falsificado su origen, su edad, su c/c. y su número de DNI para matricularse en la Universidad del País Vasco. Gracias a las denuncias presentadas, sabemos que todo su expediente, como el de otros terroristas, es falso. Exijo que el juez de vigilancia penitenciaria ejerza su función y vigile que lo que sucede en las prisiones es real y legal. Exijo que el Fiscal General del Estado (hay que ser iluso para pedir algo a este personaje entregado al objetivo político del Presidente) abra diligencias contra el Rector de la UPV y los profesores que le hayan evaluado fraudulentamente. Supuestamente, se han cometido delitos de falsificación en documento público, malversación de fondos públicos, por conceder becas de estudio a quien no le corresponde, y se ha podido cometer delito de colaboración con banda armada. Exijo que el gobierno haga lo que dice. Ya está bien de que diga lo que no hace y haga lo que no dice.

El gobierno da la espalda a toda esta suma de ilegalidades. Y, lamentablemente, los Ministros del Interior y de Justicia se apuntan a hacer de “chicos del coro” y poner la banda sonora diciendo lo que no se hace. En San Sebastián, al día siguiente del anuncio del Presidente de que estamos ante el “inicio del principio del fin”, pudimos ver cómo será el futuro. Seis furgonetas de la Ertzaintza, con todo un festival de luces, abrían paso a una manifestación de dos mil cómplices de banda terrorista que gritaban entre otras cosas “Gora ETA militarra”. (Viva ETA militar). Arnaldo Otegui y Joseba Permach iban en la manifestación. El gobierno que habla de cumplimiento de la ley y de legalidad para excarcelar asesinos no ha instado al Fiscal General del Estado, ni a la Delegación del Gobierno, para que se abran las oportunas diligencias contra los convocantes y participantes. Los terroristas, impunemente y con toda chulería, dueños de las calles. Las víctimas y los amenazados encerrados en nuestras casas. Eso es lo que nos ofrece Rodríguez. “Pacificación y normalización”. Azkoitia es el modelo y a Rodríguez le gusta. El viernes comenzó el "inicio del principio del fin" de la dignidad de un gobierno y de una sociedad.

Empezar el principio
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 14 Febrero 2006

Estamos en unas circunstancias que me permiten tener la convicción de que puede empezar el principio del fin de la violencia», dijo usted el pasado viernes, mi señor Zapatero. Empezar el principio, seguir la continuación y terminar el final. Admirable sentido del orden. Para que diga la oposición que no tiene usted clara la hoja de ruta en la lucha antiterrorista.

Hay otros aspectos de su comparecencia más criticables. Por ejemplo, que no informe a Rajoy, porque no se fía. Es una ofensa gratuita. Tampoco parece fiarse de sus socios, como le ha recordado Durán i Lleida al proponerle cita en la Comisión de Secretos Oficiales. ¿Le parece razonable no fiarse de otros representantes de la ciudadanía a los que pide confianza en usted y en cambio sí se fíe de las cositas que le han contado por persona vicaria los dirigentes de una organización terrorista?

Afirma sentirse «con toda la autoridad moral para pedirle al PP el apoyo a la política antiterrorista de mi Gobierno como yo se lo di a Aznar». Era natural, José Luis, que usted apoyara a José Mari. La estrategia antiterrorista del PP tenía dos patas: la primera, el Pacto Antiterrorista, lo propuso usted. La segunda, la Ley de Partidos, la pactaron. Eso es lo normal, que la oposición apoye al Gobierno en políticas de Estado que se pactan previamente. Pero usted cambió la estrategia de la derrota de ETA por la de la negociación y rompió con su socio anterior (148 escaños), para pactar con los comisionistas (38 escaños). No es la cerrazón del PP, sino el pacto del Tinell. ¿Debería haber apoyado usted la participación de España en la guerra de Irak porque la política exterior es política de Estado? «¿De qué, si no se me consultó?», dirá muy puesto en razón.

Lo peor, con todo, son las fugas de la realidad. Un suponer, cuando contó que en 2000 le dijo a Aznar: «nada me haría más ilusión que ver el final del terrorismo siendo tú presidente del Gobierno». No puede ser, presidente. Lo verosímil es que hubiera dicho «siendo yo». Debe cuidar estas expresiones, con el fin de que sus detractores no puedan acusarle de superar los límites del buenismo para rozar los del abundismo. El abundismo no es la manía de abundar, no se deje llevar por sus intuiciones etimológicas. Se trata de la doctrina creada a comienzos del siglo XIX por don Abundio de Remate y del Haba, incorregible optimista antropológico y partidario a ultranza de la paz y de las bienintencionadas teorías del doctor Pangloss. So pretexto de que a su paso por el País Vasco dejó tras de sí tres guerras carlistas, la derecha, que siempre ha sido igual, escarneció su memoria mediante locuciones despectivas, como «ser más tonto que Abundio», «ser tonto de remate» o «ser tonto del haba».

Tarea para el próximo Consejo de Ministros y Ministras: Discutan la asombrosa polisemia del verbo «derrotar».
s.gonzalez@diario-elcorreo.com

NO HAY HERIDOS
Estalla en Navarra una bomba en el parking de una discoteca
Elsemanaldigital  14 Febrero 2006

Media hora después de que un anónimo diera el aviso en nombre de ETA, una furgoneta-bomba explotó en el aparcamiento de la discoteca navarra La Nuva.

14 de febrero de 2006. La bomba explotó en el aparcamiento de la discoteca La Nuva de Dantxarinea y no ha ocasionado heridos. Al parecer, la carga estaba ubicada en una furgoneta, aparcada en el exterior del edificio. ETA utilizó el sistema de la furgoneta-bomba el pasado 21 de diciembre para destruir la discoteca Bordatxo de Santesteban, también en Navarra.

La Guardia Civil desalojó a 24 vecinos que vivían en las inmediaciones como medida de precaución, pero los daños materiales de la explosión serán evaluados el miércoles. Un comunicante anónimo advirtió media hora antes de la explosión, en nombre de ETA, que la carga haría explosión a las 20:00.

Rápidamente se dio traslado a todas las Fuerzas de Seguridad del Estado. Agentes de la Guardia Civil acordaron la zona y el grupo especial Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos (GEDEX) inspeccionó el lugar.

La Nuva es la tercera discoteca que se ve afectada en Navarra por la acción terrorista. El pasado 21 de diciembre de 2005, ETA destruyó con una furgoneta bomba cargada con 50 kilos la discoteca la discoteca Bordatxo de Santesteban. El propietario había sido extorsionado y se negó a pagar a ETA.

La banda terrorista atentó contra otra discoteca en Lakuntza el 28 de septiembre de 2001, cuando hizo explotar tres artefactos compuestos por un total de 30 kilos que destruyeron la discoteca Universal. El establecimiento había sufrido ataques y amenazas con anterioridad.

CONGRESO INTERNACIONAL EN VALENCIA
La Asociación de Víctimas del 11-M acusa a Zapatero de "no querer investigar" a los verdaderos autores de la masacre
Durante el debate en la Mesa III del Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, tres miembros de la Asociación del 11-M Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, entre ellas su presidenta María Ángeles Domínguez, acusaron al Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado de "no querer investigar" la verdadera autoría de la masacre en Madrid.
Agencias Libertad Digital 14 Febrero 2006

María Ángeles Domínguez, presidenta de la Asociación 11-M Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, y dos de sus miembros, participantes en la Mesa III del Congreso Internacional de Víctimas de Terrorismo, acusó al Gobierno español de y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de "no querer investigar" la verdadera autoría de la masacre de Madrid en 2004.

Cada una de ellas destacó en el debate alguna de las supuestas incógnitas que se desprenden de la investigación y que, afirmaron, han destapado determinados medios de comunicación. Por ejemplo, Domínguez se preguntó por qué no se practicó la autopsia a los siete terroristas que se suicidaron en Leganés.

Por su parte, Laura Jiménez, una joven en silla de ruedas desde el 11 de marzo de 2004, aseguró que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) conocía la existencia de la casa de Morata de Tajuña desde antes de que se cometiesen los atentados y, sin embargo, hasta quince días después no se practicó su registro. Por su parte, Gabriel Moris, padre de una víctima del atentado, se interrogó sobre el conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la actividad de Allekema Laamari, uno de los implicados que se inmoló también en leganés.

María Ángeles Domínguez llevó a preguntarse: "¿Es que al presidente no le asombran los continuos descubrimientos periodísticos cuando aparece un fleco aún más sorprendente?". Además, calificó asimismo de "cruzada" la labor de su asociación en pos de la verdad porque "son demasiados los enigmas y los obstáculos".

La asociación, que ha pedido en numerosas ocasiones la reapertura de la comisión de investigación parlamentaria, inquirió, en palabras de su presidente, si en el caso de que se consiga resultará "tan atroz la verdad". "No puede ser peor que las lágrimas mudas", se contestó.

Los jueces y fiscales no serán «aptos» en Cataluña si no acreditan que saben catalán
CiU presume de haber impedido que el Estatuto abra la vía a la eutanasia activa, al aborto libre o a la poligamia, pero ERC, IC-V, y también el PP, lo rebaten
MANUEL MARÍN ABC 14 Febrero 2006

MADRID. La ponencia del Estatuto de Cataluña dejó ayer cerrado el Título I, regulador de los «derechos y deberes» de los catalanes tras una sesión poco pacífica y que además requirió de conversaciones cruzadas entre el PSOE y de CiU -incluso entre José Luis Rodríguez Zapatero y Josep Duran Lleida, aunque ni éste ni Artur Mas asistieron a la reunión- para desatascar la redacción final de asuntos tan polémicos como el aborto libre, la eutanasia activa o la interpretación de que el Estatuto avala la poligamia.

Como primera providencia, quedaron aprobados los artículos que atribuyen al ciudadano catalán «el derecho de opción lingüística» y el derecho a ejercitarse ante la Justicia, el notariado o los registros públicos en catalán y, por ende, la imposición «determinante» a quienes trabajan en ese ámbito de conocer esa lengua. De hecho, los jueces, fiscales, notarios, secretarios judiciales... tendrán que «acreditar» para prestar sus servicios en Cataluña que tienen «un nivel adecuado y suficiente de las lenguas oficiales» que los convierta en «aptos».

Sólo el PP se opuso a todos y cada uno de los artículos discutidos y PSOE, PSC, CiU e IC-V hicieron un frente común al que ERC se sumó en unas ocasiones y en otras no al considerar que la sesión de ayer se rigió por tal grado de «improvisación» que llegó al «esperpento». Otra clave estaba en cómo PSOE y CiU escenificarían su acuerdo ante asuntos determinantes para una formación democristiana como el aborto, la regulación de parejas o el «derecho a una muerte digna».

CiU presumió y se felicitó de haber conseguido introducir unas enmiendas «in voce» -muy discutidas por PP y ERC, que arremetieron contra Alfonso Guerra, presidente de la Comisión, por dar demasiada ventaja a PSOE y CiU- a modo de añadidos «de fondo» a esos artículos para salvar las consideraciones morales propias de su ideario. Pero el mérito que CiU se atribuyó de haber «salvado» el Título I, fue minusvalorado por formaciones como IC-V, ERC o el propio PP, que no perciben en los añadidos de CiU sino «ambigüedades» que lejos de suprimir parte de lo regulado en el proyecto, añaden confusión con el único fin de tratar de «salvar la cara». Por ejemplo, el añadido de CiU al artículo 40.2, que a su juicio podía interpretarse como una puerta abierta a la poligamia, consiste en un «previstas en las leyes». El artículo queda así redactado: «Los poderes públicos deben garantizar la protección jurídica, económica y social de las distintas modalidades de familia previstas en las leyes, como estructura básica y factor de cohesión social...»

«Derecho a disfrutar del paisaje»
Respecto al trato legal de las parejas en función del sexo, queda así (con el añadido de CiU en cursiva): Art. 40.7, «Los poderes públicos deben promover la igualdad de las distintas uniones estables de pareja, teniendo en cuenta sus características, con independencia de la orientación sexual de sus miembros». Y el de la eutanasia (art.20) dice: «Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el proceso de su muerte y a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos». Este añadido causó hilaridad en PP y ERC por regular «cuidados paliativos» tras «el proceso de muerte». Respecto al aborto libre (art.41.5), el añadido «los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias y con arreglo a los supuestos previstos en la ley (...)» no deja muy claro si vincula a la «libre decisión de la mujer» o a «su salud reproductiva y sexual». Según CiU, el añadido sí vincula; según los demás, no y, por tanto, el aborto libre no lo ven «suprimido».

Fuentes del PP subrayaron cómo lo aprobado ayer supondrá una discriminación no sólo de jueces, fiscales y demás colectivos de la Justicia, sino para todos los funcionarios de la Administración que trabajen en Cataluña toda vez que se les obliga a aprender catalán y será un requisito para las promociones y traslados. Además, lamentaron que se avale un «intervencionismo» tal que llega al «rídículo» de regular «el espacio catalán de relaciones laborales», el «sistema catalán de bienestar» o el «derecho a disfrutar del paisaje».

Las víctimas exigen «memoria, dignidad y justicia» en vez de negociación con ETA
Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación: «La memoria de las víctimas no puede ser moneda de cambio ni objeto de mercadeo»
A. C. ABC 14 Febrero 2006

MADRID. «Memoria, paz y justicia» y, en muchos casos, cumplimiento íntegro de penas es lo que exigen las fundaciones y asociaciones de víctimas del terrorismo al Estado y a la propia sociedad española ante la convicción que tiene el presidente del Gobierno de que estamos ante el principio del fin de ETA. Esa creencia de Zapatero ha aumentado la alarma de los ciudadanos que más de cerca han sufrido los golpes del terrorismo etarra y que se temen lo peor después de la destitución del fiscal Fungairiño y los anuncios de que destacados cabecillas de la banda pueden salir de la cárcel en menos de tres años.

La presidenta de la oficial Fundación de Víctimas, Maite Pagazaurtundúa fue la primera portavoz que puso la cuestión sobre la mesa en la sesión inaugural. «Nos esperan tiempos difíciles» y «sólo desde la fortaleza del Estado de Derecho se puede acabar con el terrorismo», fueron sus mensajes.

Con lágrimas en los ojos y un discurso emotivo y al tiempo contundente en el análisis, Pagaza, socialista como su hermano, el policía local asesinado por ETA, recalcó que «la dignidad y la memoria de las víctimas no puede ser moneda de cambio ni objeto de mercadeo» y que no se puede pagar precio político alguno a la banda para que abandone su actividad criminal.

Pero también avisó la presidenta de la Fundación contra los intentos de dividir y manipular a las víctimas en momentos tan cruciales como los que se avecinan. «No caigamos en las trampas», insistió.

Las palabras de Pagaza en la apertura del Congreso se ampliaron y repitieron en la mesa redonda de la tarde, cuando todos los portavoces dieron un paso más hasta exigir, más allá de que no se ceda ante ETA, que se acometan las reformas necesarias para garantizar que los asesinos cumplan íntegras sus penas de cárcel.

Juan Domínguez, de la AVT de la Comunidad Valenciana, recordó que las víctimas ya plantearon a Zapatero su criterio de que para hablar con la banda primero tienen que entregar las armas. «Nuestros temores aumentan», dijo al citar las últimas intervenciones del presidente del Gobierno y avisar después de que «cualquier concesión sería admitir que consigan los objetivos que buscaban por medio del terrorismo».

Javier Urquizu, de COVITE, apeló a la razón con argumentos demoledores: «Esto no puede acabar en empate. Hablamos de asesinos y asesinados. Unos va a ganar y otros van a perder, si somos nosotros los derrotados toda la sociedad perderá hasta la dignidad».

Concepción Martín, viuda del primer asesinado por la banda después de «la tregua» de 1998, el teniente coronel Blanco, se preguntó si ahora van a tener que ser las víctimas las que pidan perdón y también exigió que se garantice la permanencia de los etarras en prisión.

Mikel Buesa, presidente del Foro de Ermua y hermano del portavoz del PSE asesinado hace cuatro años, citó a Enrique Múgica -«ni olvido ni perdono- recordó que «la paz sin justicia no es paz» y acabó por recurrir a una frase de su propio hermano muerto: «las condenas deben cumplirse». Buesa negó que el Gobierno tenga derecho a perdonar a los terroristas.

José Alcaraz, presidente de la AVT, acusó a Zapatero de intentar silenciar a la víctimas y se negó a admitir la derrota ante la banda. «Para los que quieren sentarse con los asesinos de mi familia -Ternera o Parot- les digo que en mi nombre no». La mayoría de los reunidos se puso en pie para aplaudir a Alcaraz. Irene Villa exigió la derrota de los terroristas que no la negociación y advirtió que cualquier paso atrás «sería justificar las muertes».

«Sentimos una rabia terrible»
Lo pueden decir más alto pero no más claro. Las víctimas del terrorismo no quieren ser utilizadas como moneda de cambio, rechazan cualquier negociación y reconocen que ETA se «envalentona» después de tenerla «contra las cuerdas»
LUZ DERQUI ABC 14 Febrero 2006

VALENCIA. El Congreso nació para dar voz a lo que se considera como «el eslabón más débil» del azote terrorista y ayer esa voz se dejó oír fuerte y clara. En sus declaraciones, en sus aplausos y en sus miradas, las víctimas del terrorismo repitieron una y mil veces a quien quisiera oírlo que no están dispuestos a ser utilizados como moneda de cambio, que no permitirán que su dolor, sus heridas y la vida de sus seres queridos sea negociable.

Y se quedaron con las ganas de decírselo en persona al presidente del Gobierno, después de que Rodríguez Zapatero renunciara a clausurar el Congreso delegando en el ministro de Interior. Una ausencia que lamentaba Irene Villa: «Me hubiera gustado que viniera para preguntarle qué pretende, porque le da cancha a ETA». Ni ella, ni muchas otras de las víctimas que ayer estuvieron en Valencia sienten ya miedo ante los terroristas. «Hemos superado el rencor, el miedo y el odio para derrotar a ETA y vivir en paz», por ello se sorprenden de que «ahora sea el Gobierno el que vive amedrentado».

Por eso, lejos de creer que el fin del terrorismo esté próximo, quienes han sufrido de cerca el zarpazo terrorista, piensan que se está más lejos que nunca de poner fin a los atentados. «ETA estaba muerta y enterrada pero ahora ha resurgido», según Irene Villa, opinión compartida por Pilar Elías, viuda de Ramón Baglietto asesinado por ETA en 1980, quien insistió que «no se puede negociar con nuestros muertos, porque si no matar saldría rentable. Además, nos gustaría saber qué están hablando con los asesinos, qué están negociando. Si quieren la paz, que empiecen por pedir perdón y entregar las armas, pero en cambio están más envalentonados que nunca».

José Marco sufrió el zarpazo terrorista en 1987 en un atentado en Zaragoza atribuido a Henri Parot. Por ello ayer, al analizar la actual política terrorista y la decisión de la Fiscalía General de apoyar la acumulación de penas, afirmó sentir «una rabia terrible» y recordó que «hemos dicho por activa y por pasiva al Gobierno que no claudique de ninguna de las maneras ante las pretensiones de ETA. Se están dando pasos hacia atrás, queremos que vuelva el Pacto por las Libertades, que se pongan de acuerdo los dos grandes partidos y todos vayamos en una misma dirección. Hay que terminar definitivamente con el terrorismo y no sentarnos a hablar para dialogar».

Un pacto que también volvió a reivindicar la hermana de Miguel Ángel Blanco, María del Mar, para quien el Gobierno está dando la espalda a las víctimas y tendiendo puentes a los terroristas. Para ella, la única arma de las víctimas es la palabra y el Gobierno «tiene la obligación y el deber de escuchar lo que opinamos, y lo que pedimos en voz muy alta es la verdad, ya que no se está diciendo toda la verdad en torno al proceso de negociación».

Pero además de reivindicar justicia las víctimas aprovecharon el congreso para recoger apoyos. Así, Laura Jiménez, herida en el 11-M, afirmó haber venido a Valencia «para dar a conocer nuestra situación y sentir el cariño del resto de las víctimas que, desgraciadamente, llevan más años sufriendo. Que me transmitan esa fuerza que creo que tienen y que a mí me falta». Y es que «la voz de los afectados es tan plural como la propia sociedad, pero sus ausencias y llantos son los mismos», según Pilar Manjón (presidenta de Afectados por el Terrorismo 11-M).

Denuncian que el Sinn Fein ayuda a ETA a negociar
Quienes sufrieron el conflicto entre la guerrilla y las FARC en Colombia relatan sus dramáticas experiencias y animan a «perder el miedo» y luchar por la paz
ABC 14 Febrero 2006

VALENCIA. William Frazer, director del FAIR. principal colectivo de víctimas del IRA, aseguró ayer en Valencia que el Sinn Fein está prestando ayuda a ETA para entablar negociaciones con el Gobierno español y mostró su confianza en que Rodríguez Zapatero «no cometa los mismos errores que nosotros cometimos». Frazer, que ayer participó en la mesa sobre terrorismo internacional del Congreso que se celebra en la capital del Turia, incidió en que aunque es cierto que la situación en Irlanda del Norte ha mejorado, los miembros del IRA continúan traficando con armas o blanqueando dinero, de manera que esta organización terrorista «se ha convertido en una mafia».

Asimismo, destacó que el Gobierno británico permitió a los terroristas y su entorno plantear los términos de las conversaciones que concluyeron con los denominados Acuerdos de Viernes Santo. La consecuencia de estas equivocaciones fue que el IRA y sus partidarios «han logrado una serie de concesiones y se han convertido en una organización con importantes medios económicos y además, los presos de la organización terrorista vinculada al Sinn Fein han salido de la cárcel sin que haya habido una entrega total de las armas», según denunció.

Por otra parte, víctimas del terrorismo en Colombia relataron ayer sus dramáticas experiencias a pesar de lo cual incidieron en que «hay que perder el miedo y luchar por la paz». Algo que no es fácil en un país donde la Justicia es la institución «más hostigada por todos los sectores violentos, incluido el propio Estado».

Lizina Collazos vio como su marido moría víctima del enfrentamiento entre los paramilitares y las FARC. Leiner Palacios perdió a 34 familiares a consecuencia de una bomba en una iglesia y Jaime Felipe Lozada estuvo secuestrado tres años por las FARC junto a su hermano y aunque fue liberado después de que su familia pagara un rescate, hace cuatro años que no tiene noticias de su madre que continúa en manos de los terroristas. Ayer en Valencia los tres dejaron a un lado su dolor para exigir el final de la violencia en Colombia.

Aprobado el título del Estatut por el que los jueces deben saber catalán
CiU accede a mantener en el proyecto los artículos sobre la eutanasia, el aborto y la igualdad de las uniones
AGENCIAS/MADRID/BARCELONA El Correo 14 Febrero 2006

Los ponentes socialistas y de CiU fortalecieron ayer su pacto sobre el Estatuto de Cataluña tras aprobar el Título I de derechos y deberes sin apenas variaciones y que incluye que el personal de justicia debe tener un nivel de conocimiento adecuado para desempeñar su función.

Cuestiones como el aborto, la eutanasia o las uniones familiares se aprobaron con algunos retoques sobre esa parte del texto original, después de que Unió Democrática de Catalunya, uno de los integrantes de CiU, amenazara con romper el pacto del Estatuto si no se hacían estas modificaciones.

Tras una reunión de dos horas y media el Título I contó con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que vio también rechazada su enmienda de supresión a esta parte del texto. En cuanto al conocimiento y uso de las lenguas, se concreta que «todas las personas», «tienen derecho a utilizar la lengua oficial que elijan en todas las actuaciones judiciales, notariales y registrales, y a recibir toda la documentación oficial emitida en Cataluña en la lengua solicitada». Además, precisa que se hará «sin que puedan sufrir indefensión ni dilaciones indebidas debido a la lengua utilizada, ni se les pueda exigir ningún tipo de traducción».

Para garantizar ese derecho, el personal de la Administración de Justicia en Cataluña «deben acreditar, en la forma establecida en las leyes, que tienen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las lenguas oficiales que los hacen aptos para ejercer las funciones propias de su cargo o su puesto de trabajo». Los criterios para acreditar el conocimiento del catalán lo establecerán las leyes y no el Estatuto, como se decía en el texto original del Parlamento catalán. En este sentido, el socialista Diego López Garrido negó que un juez necesite saber catalán «de la 'A' a la 'Z'» para tener plaza en Cataluña, pero subrayó que lo que sería «una verdadera discriminación» es que un ciudadano catalán se dirigiera a la Administración de Justicia y «no se le entendiera» cuando ambas lenguas son oficiales.

La segunda reunión de la ponencia sobre la reforma del Estatut empezó con sendos órdagos, en sentidos opuestos, de CiUe ICV. Los nacionalistas pretendían forzar la supresión del derecho a la eutanasia, a la unión homosexual y al aborto so pena de dar por roto el acuerdo con el PSOE. Los ecosocialistas advirtieron de que reconsiderarían su apoyo al texto si estos derechos quedaban recortados. En este juego de presiones ERC amenazó con acudir al Constitucional si el contenido de los polémicos artículos quedara rebajado.

Todo quedó en un susto. CiU se limitó a introducir matices en el articulado para garantizar, según Nuria Gispert, que el Estatut no «promociona» la eutanasia, el aborto, la poligamia, ni la igualdad entre las parejas homosexuales y las heterosexuales. ICV y ERC admitieron con remilgos los cambios que, a su juicio, no alteran lo acordado en el Parlament. Los republicanos sólo se opusieron al redactado del artículo referido al aborto, al que se le añadió la coletilla «con arreglo a los supuestos previstos en la ley».

El artículo que podría legalizar la eutanasia queda neutralizado, según CiU, con el siguiente redactado: «Todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el proceso de su muerte y a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales».

Separatismo
Los separatistas vascos supervisan la promoción del vascuence en Valencia

Minuto Digital 14 Febrero 2006

El Gobierno de Juan José Ibarretxe está supervisando la difusión de la cultura vasca en la Universidad de Valencia (UVEG), algo que permite un convenio entre ambas partes que faculta al Ejecutivo del PNV y EA a extender "certificados" de euskera o ser informado sobre los profesores que se presentan como candidatos a promocionar lo vasco.

El convenio entre la Consejería vasca de Cultura y la UVEG fue firmado en abril del pasado año y se llevó a la práctica, al menos, durante el curso 2004- 2005. Las fuentes consultadas aseguraron que el convenio establecía que el Gobierno vasco subvencionaría y supervisaría la puesta en marcha en la universidad pública valenciana de un "lectorado de euskera y cultura vasca", que se encargará de la enseñanza del idioma vasco, así como de promover "seminarios, conferencias, jornadas, etc". Este acuerdo establece que la colaboración entre ambas partes permitirá la "realización de estudios de euskera y cultura vasca" en la UVEG, así como "el desarrollo, promoción y difusión en la misma de otras actividades propias del ámbito universitario".

El convenio se refiere a que la universidad pública valenciana impulsará la figura de este "lectorado", al tiempo que adoptará "las medidas que considere oportunas tendentes a incorporar el conocimiento del euskera" a esta institución académica valenciana.

Por su parte, el Gobierno de Ibarretxe extenderá "certificados" de euskera, al tiempo que prestará asesoramiento didáctico y facilitará la relación de material y de recursos didácticos, lingüísticos y de interés cultural necesarios para contribuir al desarrollo de la actividad docente que llevará a cabo el lectorado de euskera".

Además, la Consejería vasca de Cultura consiguió de la universidad valenciana que ésta le informase por anticipado del "procedimiento" para escoger al "lectorado", así como de "la relación de aspirantes y criterios determinantes de la selección".
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