AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 16 Febrero  2006
El modelo social del Estatut
Editorial ABC 16 Febrero 2006

España no se merece un Gobierno que le mienta
Editorial Elsemanaldigital 16 Febrero 2006

Sobre el inicio del principio del fin del terrorismo ETARRA
José Luis Manzanares Estrella Digital 16 Febrero 2006

Z y ETA
Javier Orrico Periodista Digital 16 Febrero 2006

Destrozar España
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ ÁLVAREZ ABC 16 Febrero 2006

Sumisión al Gobierno
I. SÁNCHEZ CÁMARA ABC 16 Febrero 2006

El disparate lingüístico
M. MARTÍN FERRAND ABC 16 Febrero 2006

Rajoy formula mal una cuestión decisiva
EDITORIAL Libertad Digital 16 Febrero 2006

Una pequeña victoria
email 16 Febrero 2006

La Ponencia del Estatut avala las competencias exclusivas del Defensor del Pueblo catalán
EUROPA PRESS elmundo.es  16 Febrero 2006

ETA hace estallar otra bomba horas después de las exclusivas sobre la tregua y los mensajes de Ibarretxe
Agencias Libertad Digital 16 Febrero 2006

El modelo social del Estatut
Editorial ABC 16 Febrero 2006

LOS primeros acuerdos de la ponencia encargada del proyecto de Estatuto para Cataluña confirman que el texto remitido por el Parlamento de esta Comunidad ambiciona mucho más que un nuevo régimen jurídico para la autonomía. Lo que se está aprobando trasciende los límites de la normativa de una organización de instituciones dotadas de autogobierno. Es, realmente, un Estatuto de corte constitucional que ha empezado por establecer un capítulo de derechos y deberes para los ciudadanos catalanes, con tales características propias que permite hablar de una ciudadanía distinta de la que prevé la Constitución para el resto de españoles. El hecho mismo de que un Estatuto de Autonomía regule una relación específica de derechos y deberes de sus ciudadanos resulta, como mínimo, una excepción a la regla general de los actuales estatutos, incluido el catalán, que en esta materia se remiten, sin más, a la Constitución española o, como la Ley de Amejoramiento del Fuero Navarro, establecen un principio de igualdad absoluta entre los españoles.

No fue, por tanto, una interpretación maliciosa la que vio en el proyecto aprobado por el Parlamento de Cataluña el instrumento para instaurar no sólo un régimen de autogobierno que avanza hacia un modelo confederal, sino también un modelo social, en el más amplio significado del término. Por supuesto, un modelo social que responde fielmente a los postulados nacionalistas y de izquierda que inspiran radicalmente esta reforma estatutaria. Esta pretensión de crear una «sociedad nueva» se vio claramente reflejada en los debates sobre el capítulo I del proyecto de Estatuto, dedicado a derechos y deberes. Y no fue esta vez el Partido Popular quien dio la voz de alarma, sino Convergencia i Unió, cuyo voto favorable al conjunto del texto, emitido en el Parlamento de Cataluña el 30 de septiembre pasado, tenía la salvedad de este capítulo, en el que la coalición nacionalista -especialmente Unión Democrática- veía un régimen de derechos incompatible con sus planteamientos democristianos. Incluso Duran i Lleida llegó a condicionar el voto final sobre el proyecto a la modificación de determinados artículos que, a su juicio, podrían dar cobertura al aborto libre, la eutanasia activa o la poligamia. Sin embargo esta oposición inicial, que reaccionaba a la intención de crear un estatuto ciudadano propio para Cataluña, quedó vencida por la directriz nacionalista que alimenta el proyecto, y en vez de plantear un impugnación de fondo a unos artículos que conllevan una fuerte carga social y ética, CiU se ha conformado con unas enmiendas ornamentales que no eliminan los motivos de su primera preocupación, pero satisfacen la causa nacionalista.

El problema de fondo es que el capítulo de derechos y deberes ciudadanos que se prevé para Cataluña va a forzar cambios en la legislación estatal, provocando en algunas materias un efecto en cadena que es innecesario, porque no lo demanda el conjunto del país y temerario, porque endosa al resto de autonomías extensiones competenciales que afectan a la integridad política del Estado. Así va a suceder con la obligación -pues tal es, se diga lo que se diga- de que jueces, magistrados, fiscales y demás funcionarios de Justicia aprendan catalán, o la lengua cooficial que corresponda, para poder optar a plazas en comunidades bilingües. El tratamiento de la cooficialidad lingüística en el ámbito judicial entra así en un proceso de conflicto asegurado, al derogar el sistema actual, suficientemente eficaz, previsto por la Ley Orgánica del Poder Judicial, que garantizaba lo que realmente importa, que es el derecho al uso individual de la lengua cooficial. El acuerdo parlamentario sobre esta reforma -que exige un conocimiento «adecuado y suficiente» del catalán-, aparte de ignorar la extrema dificultad de su implantación y control en un Estado con cuatro idiomas cooficiales (catalán, valenciano, euskera y gallego), es contrario al carácter nacional de estos cuerpos de funcionarios, al restringir la movilidad de la mayoría de sus integrantes al territorio nacional monolingüe.

En definitiva, los cambios que se están acordando en el proceso estatutario catalán son de mayor calado que los propios de una reforma meramente autonómica, y prueba de esto es que su desarrollo va a convertir numerosas leyes del Parlamento nacional en tributarias de estos experimentos confederalistas.

España no se merece un Gobierno que le mienta
Editorial Elsemanaldigital 16 Febrero 2006

En una democracia negar al adversario la dignidad democrática equivale a negarle la capacidad de gobernar en el futuro. El choque parlamentario entre PSOE y PP sube de temperatura.

16 de febrero de 2006. La frase de Alfredo Pérez Rubalcaba dio la vuelta al mundo el mismo 13-M. Y el espectáculo de ayer miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados invitó a recordarla. Porque Gobierno y oposición intercambiaron todo tipo de insultos, de tal modo que uno de los dos –el Gobierno actual o el anterior- falta necesariamente a la verdad. Pero la calidad de nuestra democracia parlamentaria, de la que tanto presume el presidente del Congreso, Manuel Marín, queda en entredicho.

Lo más grave, sin duda, es que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha llamado antidemócrata al líder de la oposición, Mariano Rajoy. Y esto no es un exceso verbal ni el fruto de un ambiente caldeado, sino una descalificación total de gravísimas consecuencias políticas. En una democracia negar al adversario la dignidad democrática equivale a negarle la capacidad de gobernar en el futuro. Y en ese insulto de Zapatero puede resumirse el proyecto único del PSOE hoy: sacar al PP del consenso político, negar su condición de alternativa de Gobierno y cambiar el régimen político.

Varios asesinos de ETA van a salir de la cárcel como resultado de una aplicación opinable, y en todo caso política, de la legislación. Es un hecho. El PSOE está en un proceso de diálogo o acercamiento a ETA-Batasuna. Es otro hecho, confirmado por los mismos socialistas. Unir los dos hechos tal vez sea opinable, pero no es, de ninguna manera, "faltar al respeto al Estado, al Derecho, al Tribunal Supremo y a la verdad", como ha dicho Zapatero. Así que habrá que pensar en qué hay detrás de la maraña de insultos, insinuaciones y verdades sólo aparentes que ayer se lanzó contra Rajoy y el PP.

Tiene razón Zapatero: "Un demócrata debe respetar la verdad". Tiene razón la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega: se pueden perder unas elecciones "por no escuchar a la gente y, sobre todo, por mentirles". Ahora queda por saber, realmente, qué sucede entre bambalinas mientras el PSOE recurre al insulto. Porque aún no se sabe qué espera el Gobierno de ETA, ni qué quiere decir eso del "inicio del principio del fin de la violencia".

Tal vez el problema sea que Mariano Rajoy ha empezado a explicar a los españoles lo que sucede, y eso preocupa a los actuales gobernantes: ETA sigue rearmándose mientras Batasuna entra como PCTV en el Parlamento vasco, se cesa al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, dimite el Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo tras un Congreso al que Zapatero se niega a asistir, el Fiscal General del Estado ejerce como agente gubernamental. Zapatero puede llamar antidemócrata a Rajoy, y De la Vega anticonstitucional a Ángel Acebes, pero alguien tendrá que explicar quién dice la verdad, porque lo que está en juego es la unidad democrática de España.

Sobre el inicio del principio del fin del terrorismo ETARRA
José Luis Manzanares Estrella Digital 16 Febrero 2006

El presidente del Gobierno ha dicho algo así como que cree que estamos al inicio del principio del fin del terrorismo de ETA. No se puede ser más prudente. He oído muchas veces eso del principio del fin, pero, al igual que las ciencias, también las artes y la literatura adelantan que es una barbaridad.

Ahora se matiza mejor y ya no se atisba o vislumbra el principio del fin, sino el inicio del principio del fin. O se piensa, o se barrunta, o se está convencido de que se ha puesto en marcha el correspondiente proceso para, si Dios quiere y las cosas no se tuercen, alcanzar la ambicionada meta. Una persona más precavida podría rizar el rizo y explayarse sobre el comienzo del inicio del principio del fin, o del inicio del comienzo del fin, o del principio del inicio del comienzo del fin, y así sucesivamente. El idioma español se presta como ningún otro a los juegos malabares del ingenio. O a los galimatías que sus autores tienen por tales.

Todos los españoles quisiéramos que el objeto de esos deseos, pronósticos o convicciones se cumplieran, pero pasando siempre por la derrota incondicional de la banda terrorista. A la paz se llega —en tanto sea lícito utilizar esa palabra cuando se combate el crimen— como vencedor, como vencido o por vía de armisticio. Los últimos años han demostrado que de nosotros depende la victoria absoluta contra la banda asesina. Nada, pues, de negociaciones para llegar a un acuerdo con cesiones políticas o, lo que sería peor, jurídicas, porque la acción política ha de respetar la Constitución y las leyes. Al menos, en un Estado de Derecho.

Aristóteles escribió que el comienzo, o el inicio o el principio, es la mitad del todo (Política V. 4), y Horacio afirmó en una de sus epístolas que sólo con empezar se hace la mitad del trabajo: dimidium facti, qui coepit, habet. Y siglos después era Goethe quien aseguraba que la buena voluntad vale más que el éxito (Hella V). Lástima que a renglón seguido advirtiese que todo comienzo es fácil, mientras que los últimos escalones ofrecen más dificultades (Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, I. 4). El lector es, pues, muy libre de darse o no a un razonable optimismo. Permítanse, sin embargo, dos consideraciones.

La primera es que si no se logra el fin propuesto, todos sus prolegómenos, o sea, su comienzo, su inicio y su principio quedarán sin sentido, puesto que se referirán a algo inexistente. Nada habría empezado, aunque creyéramos otra cosa. Sólo habríamos abrigado una esperanza cuya realidad no dependía de su realización. La segunda advertencia es que hay también otros bellos decires que previenen contra las excesivas ilusiones. Así, la sombra de un sueño, O el sueño de una sombra. Sería muy triste que el pretendido inicio del comienzo del fin del terrorismo terminara en una pesadilla de obscuras concesiones.

Z y ETA
Javier Orrico Periodista Digital 16 Febrero 2006

No creo que haya un solo español decente que no quiera el fin de ETA. Que podamos volver a viajar al País Vasco, tan hermoso, tan español, sin la inquietud de encontrarnos con altercados y pintadas ofensivas en sus preciosos cascos viejos. Y, sobre todo, sin ese aire cortante de recelo, de sospecha y delación que desprenden las sociedades sometidas al totalitarismo, esa espesura de vergüenza y miseria moral que ha vuelto irrespirables a tantos pueblos vascos y navarros, hasta hacernos sentir despreciados y vigilados por el solo hecho de hablar español. Y, desde luego, nadie que tenga amigos vascos, tan generosos y heroicos que han resistido a la barbarie con una entereza que nos reconcilia a todos con la condición humana, anhela otra cosa que el día en que ellos puedan prescindir de sus escoltas, igualmente heroicos, y sientan que vuelven a ser ciudadanos completos a los que ya ningún vecino les pida que abandonen el edificio por si les manchan de sangre el coche nuevo.

Pero no nos equivoquemos. Lo que ellos quieren, lo que de verdad tenemos que desear todos, no es eso que Zapatero y sus mariachis entreguistas llaman la paz, sino lo que ya hemos dicho: el fin de ETA, que es cosa muy distinta. Su derrota sin ambages, que es lo único que nos permitirá a todos vivir en libertad y con dignidad, pue no hay la una sin la otra. El solo hecho de usar la palabra paz, como muy bien explican las víctimas pasadas y los perseguidos presentes, supone ya la derrota de la democracia, el reconocimiento de un conflicto –el término tótem de los nacionalistas, duros o blandos- entre dos bandos que igualaría en consideración a la legalidad democrática y a una banda de asesinos de villanía extrema. La paz no puede ser, por tanto, ni el objetivo ni el camino. Al menos, de los demócratas.

Sí que lo es para Otegui, claro, que se presentará como su muñidor, garantizándose una larga carrera política y el acceso a un poder cuasi independiente y soberano del que los batasunos serán sus más legítimos administradores. Y, por supuesto, la paz es el horizonte para unos asesinos presos que podrán regresar a sus villas como soldados de una guerra justa que habrá devuelto a Euskalherría sus libertades perdidas. Nada importa que Euskalherría no haya existido nunca, más que en la fantasía nacionalista, ni que esas que llaman libertades no sean sino la perpetuación del Antiguo Régimen estamental de hidalgos y curas, una sociedad premoderna de privilegios y castas contra los que un Estado incapaz, el español, habrá debido admitir finalmente su fracaso.

Sin la derrota de ETA, sin la entrega de las armas previa a todo este pasteleo inmundo al que estamos asistiendo, el mejor ejemplo de lo que sobrevendrá lo acabamos de tener en esa manifestación, sucedida en un pueblo llamado Azcoitia, en el terrible interior de Guipúzcoa, donde Pilar Elías, la viuda de Ramón Baglietto , no sólo ha debido soportar que Cándido Azpiazu, el asesino de su marido, le ponga una cristalería en los bajos de la casa, sino que además ha tenido que ver cómo medio pueblo se echaba a la calle contra ella por reclamar el fin de la sangrante burla cristalera. Los amenazados de hoy serán los muertos en vida de mañana, y en el País Vasco reinará ya el nacionalismo sin esperanza alguna para quienes no lo sean. El Partido Popular quedará como una minoría testimonial, mientras el PSE de ZapaPatxi pasará a participar del reparto de una riquísima autonomía que pagamos todos. (Parece ser que este año el Estado, además de todos los servicios que se les prestan, entre los que hay que contar un ingente gasto policial que para los demás quisiéramos, hasta tendrá que pagar a la Hacienda foral.) Cambiarán los papeles en cada legislatura, las alianzas, pero el régimen nazional-sozialista será ya inamovible. Y la progresiva (y opresiva) euskaldunización terminará por levantar un muro insalvable con el resto de los españoles. Puede que su nuevo Estatuto, que ya están cocinando, no recoja explícitamente la condición de Estado asociado, pero lo será en la práctica, como la Cataluña que Zapatero ha pactado con Mas.

Al principio de su mandato, cuando se alió con Carod y asumió la hoja de ruta de Perpiñán –que se está cumpliendo con precisión, salvo por la divertida traición a la Esquerra, golpe que revela la verdad última sobre ZP, aunque nos alegremos de ver corneados a los enemigos de los toros-; cuando Otegui, siguiendo esa misma hoja, salió en Anoeta a relatar lo pactado, todavía podíamos preguntarnos qué era lo que llevaba a ZP a desaprovechar la ocasión histórica de aplastar a ETA. El mismo 11-M que hizo caer al PP, su más firme adversario, aquel cuya política la había conducido a un callejón sin salida, suponía paradójicamente también el fin de ETA. Doscientos muertos colmaban nuestra capacidad de sufrimiento.

Nadie entonces se habría opuesto a que, con discreción -no poniendo de rodillas al Parlamento, ni voceando todos los días el éxito de una negociación cuya existencia se niega-, se hubiera hablado. Ni a que, una vez entregadas las armas, el Estado democrático, fortalecido, hubiera sido generoso con los vencidos. Digo vencidos, no firmantes de un armisticio. De haber sido leal al Pacto Antirrerorista, de haber hecho partícipe a Rajoy de los informes sobre la decisión de ETA de integrarse vía Batasuna en la vida política, habría evitado el enfrentamiento en que nos encontramos, toda España sería la vencedora, no sólo los suyos, y él habría –entonces sí- pasado a la Historia como el presidente bajo cuyo mandato tuvo final el horror. Y se le habrían reconocido, sin duda, la generosidad y el talento.

Pero no los tiene. Es listo, pero no inteligente. Su resentimiento y su ambición se lo impiden. No quería sólo eso que él llama la paz. Lo que quería era una paz arrojadiza contra sus adversarios, dejarlos fuera de la vida política, sin discurso y sin alternativa. A costa de lo que fuera, como suele hacer. De la concordia que no se le cae de la boca, de la escisión entre los españoles, del enfrentamiento territorial, de la ofensa a las víctimas, de la indignidad de todos. De quebrantar la Constitución. De que ETA no aparezca en verdad hundida. De la inmunidad moral del crimen. Como en Azcoitia.

(Publicado en La Opinión, 12-02-06)

Destrozar España
Por JOSÉ LUIS ÁLVAREZ ÁLVAREZ. Ex ministro de UCD y ex alcalde de Madrid ABC 16 Febrero 2006

... El presidente del Gobierno de España no puede colocar los intereses del partido sobre los de la Nación española, de la cual él debía ser el primer garante. Y España tiene que estar siempre por encima de intereses personales temporales o partidistas...

ESPAÑA es una de las naciones más antiguas e importantes del mundo occidental. Sin ella, es imposible escribir la historia de Europa, y en un sentido -por sus descubrimientos y presencia en otros continentes, fundamentalmente el americano-, del mundo. No se trata ahora de hacer un patrioterismo que no corresponde al desarrollo actual del orbe, pero tampoco de olvidar lo que ha sido el papel de España en la historia de nuestra era.

Hasta en la época del Imperio Romano, Hispania era tratada ya como una unidad y un sujeto de la historia. Lo es con los visigodos y cuando tras la conquista, nunca total sino parcial, de los musulmanes, no desaparece jamás la idea de España como unidad; la historia de ocho siglos de la Reconquista demuestra la clara y persistente voluntad de luchar por mantener la esencia e idea de España como nación que tiende a recuperar su ámbito natural que limita al Norte con los Pirineos y al Sur con el Mediterráneo que la separa de África.

La Reconquista que comienza en Asturias va dirigida a recuperar la idea de España, a pesar de los egoísmos personales y distintos que hacen que surjan los reinos, primero de Asturias y León, después de Castilla, Navarra y Aragón, para irse integrando poco a poco, venciendo las inevitables ambiciones, lo que culmina, tras el matrimonio de los Reyes Católicos, con la unión de los dos grandes reinos, Castilla y Aragón. Y tras la conquista de Granada, se consigue que toda la Península sea territorio español que recibe Carlos V de sus abuelos para hacer de España una de las grandes naciones protagonistas de la historia europea. No es ahora el momento de rememorar el poder de España como primera potencia, junto a Francia, el Imperio Germánico y Gran Bretaña, cuando la península itálica era todavía un mosaico de estados brillantes y cultos, que definitivamente se convertirán ya en el siglo XIX en una gran nación.

Por lo tanto, desde la unión de todo el territorio peninsular a finales del siglo XV es España una nación única que surge de esos dos reinos, Castilla y Aragón. Y recordemos que uno de los reyes aragoneses más notables, Jaime I el Conquistador, lleva los títulos de Rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, conde de Barcelona y señor de Montpellier, porque Valencia y Mallorca las conquista él, y el condado y señorío pertenece a la corona de Aragón, que con Castilla es el núcleo de España, sin que eso merme las peculiaridades e importancia de las demás regiones, como Navarra, Galicia, Asturias, Andalucía, Cataluña, Murcia, etc.

España es, pues, una de las grandes naciones europeas por su historia, su cultura, su lengua que hablan cientos de millones de personas en América y ha sabido superar todos los ataques a su personalidad, desde la invasión musulmana a la napoleónica, para reafirmar su unidad y su personalidad como una de las grandes naciones protagonistas de la Historia de Occidente.

Esta nación, nuestra nación, con sus aciertos y errores, éxitos y fracasos históricos, está amenazada en este momento por el riesgo de intentar destrozarla. Destrozar, según el Diccionario de la Lengua, es despedazar, destruir, hacer trozos una cosa, y asimismo significa estropear, deteriorar, maltratar. Y a eso parece que se han dedicado unos ambiciosos que pretenden mandar más aunque sea sobre menos. Prefieren ser cabeza de ratón, aludiendo a falsas recreaciones de la historia, remontándose a momentos de hace muchos cientos de años, o inventándose la historia para quedarse con algún trozo de una España destrozada.

Tras la transición, que fue un pacto de todas las fuerzas políticas, de derecha, centro e izquierda España ha tenido gobiernos de UCD, del PSOE y del PP, que con aciertos y errores, como es en la vida misma, han mantenido la nación española como una unidad de la que forman parte las diversas regiones españolas con sus características propias, que las tienen tanto Andalucía como Cataluña, tanto el País Vasco como Castilla, o tanto Navarra como Galicia. Todas tienen sus peculiaridades y carácter, y algunas lenguaje propio; pero todas ellas, como demuestra la historia, forman parte de España, Hispania, desde antes del comienzo de la era cristiana, aproximadamente desde hace más de veintidós siglos.

La política del actual presidente del Gobierno está poniendo en grave riesgo la historia y la unidad de España. Dos regiones integrantes de la Hispania más clásica, con indudable personalidad propia, pero que forman parte de España desde antes del comienzo de la presente era, llevadas probablemente del afán de mando de sus dirigentes políticos, han ido tomando iniciativas que contrarían la unidad nacional y la historia de muchos siglos. Pero lo que es más grave es la política del presidente del Gobierno, que, en el caso de Cataluña, ha abierto, alterando la Constitución aprobada muy mayoritariamente en 1978, un camino que claramente pone en riesgo la unidad nacional, introduciendo la idea y término de nación en el nuevo Estatuto catalán, a cambio de conseguir el voto de los partidos nacionalistas para apoyar su continuidad personal en el poder. Y en el caso del Gobierno vasco del PNV, que se mantiene en silencio de momento para aprovecharse, ya sin grave problema, del resultado catalán, el presidente parece llevar una negociación secreta con ETA que, a cambio de un cese de sus crímenes puede poner en libertad a personas responsables de decenas de asesinatos, y ceder también en las evidentes pretensiones secesionistas del PNV. Es decir, que parece estar cambiando la unidad de siglos de España por el apoyo oportunista para él y su partido en unas elecciones anticipadas, que con el apoyo de los partidos nacionalistas de esas dos regiones harían posible que aunque el Partido Popular superara en votos al PSOE, perdurara en el poder el actual presidente; eso sí, a cambio de romper la unidad de la que es una de las naciones que más han significado en la historia de Europa.

El presidente del Gobierno de España no puede colocar los intereses del partido sobre los de la Nación española, de la cual él debía ser el primer garante. Y España tiene que estar siempre por encima de intereses personales temporales o partidistas y no pertenecer a una generación o a un gobierno, sino que es un sujeto muy importante de la historia de Europa y América, y es patrimonio no sólo de la generación actual, sino de muchas generaciones anteriores que han escrito la historia de un país que ayudó a construir Europa, descubrió un continente y creó una lengua de la familia latina que hablan cientos de millones de personas y originó una de las primeras literaturas del mundo.

Sumisión al Gobierno
Por I. SÁNCHEZ CÁMARA ABC 16 Febrero 2006

La Justicia está mediatizada por el Gobierno, incluso sometida a él. Acaso siempre lo haya estado, pero casi nunca como ahora. Es dudoso que pueda hablarse de un «Poder» judicial. La actuación de la Fiscalía General del Estado así lo confirma. La última: la no admisión a trámite por parte de la Junta de Fiscales de Sala del recurso de amparo presentado por el PP ante el Tribunal Constitucional, en el que se sostenía que el proyecto de Estatuto de Cataluña entrañaba una reforma encubierta de la Constitución y debía tramitarse como tal. La decisión se opone a lo que habían decidido los Fiscales del Constitucional por seis votos frente a tres. Por supuesto, queda abierta la posibilidad del recurso de inconstitucionalidad. Admitir a trámite, es obvio, no significa aprobar, cosa reservada al Tribunal Constitucional. A lo que Conde-Pumpido ha forzado a los Fiscales, salvo a cuatro, es a impedir la admisión a trámite del recurso. ¿Por qué? Jurídicamente, puede tratarse de una cuestión difícil, si bien los flagrantes indicios de inconstitucionalidad y lo mucho que afecta su contenido a la regulación constitucional, permitiría, al menos, la admisión a trámite. Lo que parece excesivo es pretender, como hace el Fiscal General del Estado, que se trate de una petición fraudulenta y que sea «metafísicamente imposible» que una reforma estatutaria pueda entrañar una reforma constitucional encubierta. ¿Qué sucedería si un Estatuto estableciera el Estado federal o declarara la República? Sin duda, sería inconstitucional, pero además no debería tramitarse como reforma estatutaria. Entonces, ¿por qué tan drástica decisión como la no admisión a trámite, en contra del criterio de la Fiscalía del Constitucional?

Al Gobierno no le basta con una resolución negativa del recurso de amparo, sino que desea que ni siquiera se admita a discusión. Primero, para evitar que pese sobre el proceso la sombra o la incertidumbre de inconstitucionalidad. Segundo, para exhibir de nuevo el aislamiento y la marginación del PP, empeñado, según él, en ejercer una oposición al margen de la ley, fuera del sistema. Uno puede comprender, aunque no compartir, el interés político del Gobierno. Lo más duro es aceptar que esa estrategia sea seguida sumisamente por el Fiscal General del Estado (y el Estado incluye, entre sus instituciones a la oposición), y no sólo del Gobierno. Y más duro aún es comprobar que la mayoría de los Fiscales se avienen a ese designio que conduce a impedir que el Tribunal Constitucional ni siquiera se pronuncie sobre el recurso del PP. Mas acaso sea un intento destinado al fracaso. En primer lugar, porque queda el recurso de inconstitucionalidad. En segundo, porque hay estrategias tan burdas y sectarias que sólo convencen a los ya convencidos. El recurso presentado es discutible. Lo que esta resolución consigue es que sea indiscutido. ¿Por qué impedir que el PP defienda su recurso y decida el Constitucional? No es extraño que siga y aumente la desconfianza ciudadana en la Justicia.

El disparate lingüístico
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 16 Febrero 2006

SI a Gabriel Ferrater le disculpamos el hecho de haber sido el gran introductor de Chomsky en España, debemos reconocerle como un extraordinario lingüista y un magnífico poeta. Ayer estuve releyendo su obra tratando de encontrar un rayo de luz en el absurdo pleito que nos traemos los españoles usando los idiomas como mazas de destrucción. Están sonando diáfanos los timbres que nos alarman del mal de la desunión y, como Ferrater cantaba en «La vida furtiva», «...Sabré qui son. Els obriré de seguida. Tot perdut, que entrin aquest, a qui no hauré de dir tot».

Todos cuantos conocemos y amamos Cataluña, sin estar enredados en sus complejos sentimentales, sus cruzados intereses familiares, sus pequeñeces vestidas de separatismo, su feliz resistencia burguesa, su falsa exhibición moderada y sus izquierdismos de salón, asistimos con temor al nuevo sarpullido de fanatismo idiomático que, no sé si de modo natural o inducido, sacude la región. El bilingüismo es un bien social y cultural si se utiliza con naturalidad y moderación y, al contrario, cualquier exceso en su uso y enseñanza puede tener efectos demoledores. Dos idiomas mejor que uno, y tres mejor que dos; pero para entenderse y comunicarse, no para diferenciarse.

No parece acertada la observación de Mariano Rajoy al comparar la situación actual del castellano en Cataluña con la del catalán en tiempos de Franco. Es un contraste artificial, vicioso en su planteamiento e imposible en sus circunstancias; pero sí sirve para recordar que Cataluña debe parte significativa de su grandeza a su condición abierta para la emigración a lo largo de los tres primeros cuartos del siglo XX. No sólo encontraron allí acomodo trabajadores de mediana o nula cualificación que, huyendo de la miseria de sus lugares de origen, perpetuados hoy en su más acomodada descendencia, integran la «nueva» sociedad catalana. También, en inteligente uso del poderío económico catalán, sus líderes sociales y culturales reclutaron emigrantes de lujo -catedráticos, técnicos, profesionales- para reforzar sus filas y engrandecer la potencialidad de las tres provincias. Ya no es así.

La obsesión del idioma, el signo visible de la acción nacionalista, está consiguiendo que el bilingüismo, real, deseable y existente, se deteriore en lo que afecta al castellano. Sus efectos serán demoledores. Cataluña, que ha podido permitirse el lujo de seleccionar sus cuadros entre el total universo de la población española, ya sólo puede hacerlo entre el 15 por ciento de ese universo. Ha invertido sus valores hasta el punto de que, dicho con exageración didáctica, ser de Tarrasa cualifica tanto como el conocimiento de la materia para enseñar Termodinámica o Derecho Civil. Con la incuestionable buena intención de servir a Cataluña, Jordi Pujol y el trío de Pasqual Maragall vienen debilitándola y recortando su futuro. Tot perdut.

Rajoy formula mal una cuestión decisiva
EDITORIAL Libertad Digital 16 Febrero 2006

Ante uno de los oradores más brillantes de la democracia española, como es, sin duda, Mariano Rajoy, puede resultar pretencioso por nuestra parte, criticar uno de los requerimientos que el líder popular ha dirigido al presidente Zapatero, en su, por lo demás, correctísima intervención parlamentaria de este miércoles. Rajoy ha pedido a ZP que "diga si garantiza que no pagará precio político a ETA, porque si no el terrorismo será un instrumento para hacer política".

La cuestión planteada por el dirigente popular es, sin duda, decisiva. Lo es para dejar claro si Zapatero pretende dirigimos hacia la verdadera paz (la claudicación y el final de ETA), o al pago de un chantaje en forma de tregua –o de terrorismo incruento–, lo cual sería, además de una fractura en la legitimidad en el ejercicio de gobierno, una victoria de ETA que, tras el cobro, animaría a la banda terrorista a plantear, en el futuro, chantajes más ambiciosos.

Lo que reprochamos a Rajoy no es, por tanto, que plantee esta cuestión decisiva, sino el cómo la ha formulado. Rajoy debería haber reparado en el hecho de que quien está dispuesto a efectuar pagos políticos a una organización terrorista –como quien, en realidad, no está en disposición de hacerlo–, siempre se negará a reconocer algo que, a todas luces supone, efectivamente, colaborar con que "el terrorismo se convierta en un instrumento para hacer política". Nadie, por mucho que esté en semejante disposición, va a admitir estarlo, y menos en pro de una "paz" electoral. Y menos que nadie, el gobierno del 14-M. ¿Qué esperaba Rajoy? ¿Que ZP, para variar, le dijera una verdad?

Si ZP no está dispuesto a admitir como tales los pagos políticos que ya ha efectuado a ETA como señal de buena voluntad, tampoco admitirá como tales los que en adelante efectúe. Los siga desembolsando por anticipado, como si lo hace, tras el anuncio de tregua, en mesas de partidos paralelas –tal y como propusieron "fuentes socialistas" desde El País–, la intención de ZP es que los ciudadanos no perciban la conexión política y penitenciaría de lo que cuesta, en términos de legitimidad democrática, el espejismo de su "paz". ZP esta obligado por su nihilista dinámica a tener que desvincular, a los ojos de la ciudadanía, la presión terrorista de la transformación política.

El pago político –al margen del penitenciario– que ZP está dispuesto a pagar al terrorismo nacionalista se sitúa, como no podía ser de otra forma, en el País Vasco, y pasa, inexorablemente, porque el Gobierno de España se sume a los separatistas del Pacto de Estella para acabar con el actual Estatuto de Guernica. ¿Es esto suficiente para que ETA deje definitivamente la violencia? Evidentemente, no. No hay más que oír a Otegi; como mucho, creemos que lo favorecerán con una tregua o manteniendo una actividad terrorista de baja intensidad.

Sin embargo, que ETA no acepte, finalmente, como suficiente el pago de un nuevo estatuto soberanista, no hará menos censurable la disposición y el pago político por parte del Gobierno; pago que, si se efectúa, no tendrá vuelta atrás, por mucho que ETA vuelva a sacudir con energía el árbol. No tendrá vuelta atrás por la sencilla razón de que nadie en el futuro reconocerá, desde el PSOE, que se hizo esa concesión “estatutaria” de la mano de los separatistas, con la contraproducente intención de intentar contentar a quienes, como ETA y sus recolectores, no se van a contentar.

Por eso, lo que debería haber dicho Rajoy es: "Sr. Zapatero, garantice usted que, ni antes ni después de un eventual anuncio de tregua por parte de ETA, va su partido a sumarse a las formaciones separatistas del Pacto de Estella para acabar con el actual Estatuto de Guernica".

En compañía y con el acuerdo de los de Estella, que ZP pretenda hacer creer a los españoles que lo que busca para el País Vasco es un estatuto constitucional, "limpio como una patena", no será tarea nada fácil, por mucho que ETA pueda facilitarles el anestésico de una tan falsa como efímera "paz".

Una pequeña victoria
email 16 Febrero 2006

Estimados compañeros: Este es un asunto que inicié en septiembre de 2005, con quejas al Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad ("DEF"), al Sindic de Greuges y al Defensor del Pueblo. El asunto inicial era la ausencia de modelos 600 (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y 650 (Impuesto de Sucesiones y Donaciones) en castellano.

Ante un inicial erchazo a mis pretensiones por parte del DEF, añadí luego algún otro asunto (los servicios automáticos de contesdor telefónico de los teléfonos del DEF atienden exclusivamente en catalán, la información en castellano en el Portal Tributario (www.e-tributs.com) es sensiblemente inferior a la información en catalán…).

El Defensor del Pueblo cerró el expediente abiertos tras informarle el DEF que dichos modelos se encontraban en castellano en el Portal Tributario y cualquier contribuyente podía obtenerlos en formato pdf editable (por cierto, que si bien los modelos se podían descargar de la web en pdf, las instrucciones de cómo rellenarlos no estaban disponibles en castellano - más adelante, desconozco si a raíz de mis quejas y de los expedientes abiertos por el Síndic y el Defensor, ¡oh casualidad!, apareció una versión en castellano descargable de la web con las instrucciones del modelo 600 -).

El Síndic de Greuges llegó un poco más lejos y me informó de que el contribuyente no sólo podía descargar dichos modelos en pdf editable, sino que además ¡podía solicitar una copia en pdf en papel en las dependencias de cualquier oficina tributaria!

Parecía que todo estaba visto para sentencia, cuando recibí la notificación que a continuación os adjunto.

Una pequeña victoria que ha costado lo suyo. Ahora sólo falta que cumplan su compromiso y que los formularios en castellano no se "agoten" misteriosamente con inusitada frecuencia.

Saludos desde La Resistencia

RECORTA GARANTÍAS, SEGÚN EL PP
La Ponencia del Estatut avala las competencias exclusivas del Defensor del Pueblo catalán
EUROPA PRESS elmundo.es  16 Febrero 2006

MADRID.- La Ponencia de 22 diputados del Congreso y del Parlamento catalán encargada de emitir un informe sobre el Estatuto de Cataluña ha dado su visto bueno a que el Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, tenga competencias exclusivas, por ejemplo, en cuestiones de lengua y educación, aunque deberá trabajar conjuntamente con el Defensor del Pueblo.

La reunión del miércoles, que duró casi tres horas, volvió a poner de manifiesto el nuevo mapa de alianzas, ya que las modificaciones introducidas fueron apoyadas por PSOE, PSC, CiU e ICV, pero fueron rechazadas por ERC, una de las formaciones del Gobierno tripartito catalán, que volvió a quejarse de haberse enterado de algunos cambios poco antes de la sesión y de no ser invitada a las reuniones preparatorias de la Ponencia.

Por otro lado, el PP ratificó su rechazo a todo este título al cuestionar nuevas instituciones como el Consejo Audiovisual, cuya ley autonómica pretende llevar al Tribunal Constitucional; el Consejo de Garantías Estatutarias, que ve como "germen" de un Tribunal Constitucional propio de la comunidad; y el Consejo de Veguerías por ser un sustituto de las Diputaciones Provinciales.

El PP tampoco acepta el papel del Síndic de Greuges, que a su juicio, supone un "recorte de las garantías" para los ciudadanos catalanes porque no podrán recurrir al Defensor del Pueblo para quejarse de la Generalitat y tampoco en cuestiones de política lingüística.

La Ponencia convalida la redacción del Parlament, según la cual el Síndic tendrá como misión supervisar "con carácter exclusivo" la actividad de la Administración catalana, pero añade un segundo punto para recalcar que colaborará con el Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones.

Sobre la Generalitat, se cambió también el rango protocolario del presidente. Si la redacción inicial hablaba de un lugar preeminente "inmediatamente después del Rey", ahora se suprime esa 'coletilla'. Para aclarar las posiciones detrás del Jefe del Estado, el PSOE se comprometió con CiU e ICV a reformar el real decreto de 1981, que es preautonómico.

Los nacionalistas confían en que el president quede en tercer lugar, detrás del jefe del Gobierno, si bien los socialistas sólo dan por sentada la primacía del Ejecutivo central.

ERC acusó a los socialistas de haber dado "marcha atrás" en este punto y rechazó la modificación alegando que no se garantiza un "trato digno" al presidente de la Generalitat. Ridao advirtió de que no puede pedir a su formación "ningún auto de fe más" como el prometido decreto. "Estamos francamente fatigados y queremos que el PSOE transija en algún punto", agregó.

A final de la reunión, el PP se volvió a quejar de haber sido condenado a la "marginalidad" al rechazarse todas sus enmiendas que pretendían suprimir una redacción que, en su opinión, peca de "intervencionismo". Para Soraya Sáenz de Santamaría, este Título II regula un conjunto de instituciones que "excede" de las competencias de una comunidad autónoma.

Por su parte, Joan Ridao defendió la posición de ERC alegando que ha actuado con "coherencia" y destacando que no se puede "exigir" a su formación que "doble la rodilla" ante el acuerdo suscrito por PSOE y CiU, porque no les "vincula".

En concreto, Francesc Homs, de CiU, acusó a los republicanos de haber cambiado de opinión en esos puntos. "ERC estaba en la línea del acuerdo y ahora se está desviando del guión a costa de contradicciones y de renunciar a la palabra dada". dijo.

Por su parte, Joan Herrera, de ICV, cree que ERC está "viendo fantasmas" y se mostró convencido de que la próxima semana los republicanos tendrán una actitud "mucho más constructiva".

SEGUNDA EN TRES DÍAS, SÉPTIMA DEL AÑO
ETA hace estallar otra bomba horas después de las exclusivas sobre la tregua y los mensajes de Ibarretxe
Este jueves a las 11 de la noche estalló otra bomba de ETA, esta vez en el interior de una mochila. Sucedió en un parque industrial entre Baracaldo y Trápaga, en Vizcaya. Se trata de la segunda bomba de ETA esta semana tras los 80 kilos de cloratita colocados en una furgoneta Kangoo que reventaron una discoteca en Urdax. Ibarretxe dice que "hay que estar preparados para cosas buenas" y tres diarios aportaron este jueves exclusivas sobre el fin de ETA. El PP exige al Gobierno que ponga fin a la confusión.
Agencias Libertad Digital 16 Febrero 2006

El artefacto colocado en una empresa de construcción ubicada entre las localidades vizcaínas de Baracaldo y Trápaga hizo explosión a las once de la noche, una hora después de que un comunicante que dijo hablar en nombre de ETA alertara de su colocación, al diario Gara, según informaron a Europa Press fuentes de la Ertzaintza.

Agentes de este cuerpo empezaron pasadas las diez a inspeccionar una zona indeterminada comprendida entre Baracaldo y Trápaga para tratar de localizar el paquete bomba tras la recepción de la llamada.

La autopista A-8 permaneció cortada al tráfico viario, sentido Bilbao, hasta pasadas las once y cuarto de la noche, después de que la bomba explosionara. La Policía vasca también procedió a interrumpir el tránsito de trenes en las inmediaciones del lugar. La empresa objeto del atentado es "Enrique Otaduy S.L." y se dedica a la construcción de vertederos, saneamientos de agua y encauzamientos de ríos.

Se trata de la segunda bomba de ETA en tres días y en la semana en la que el Gobierno trata de convencer a los ciudadanos de que el fin de la banda está más cerca. El pasado lunes, una furgoneta Renault Kangoo cargada con 80 kilos de cloratita reventó delante de una discoteca en la localidad navarra de Urdax provocando serios daños.

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