AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 27 Febrero  2006
Contra la Enmienda 6.1, migas para hoy, exterminio para mañana
Nota del Editor 27 Febrero 2006

Enmienda 6.1
Jorge M. Quintas Periodista Digital 27 Febrero 2006

Mentiras, injurias y cintas magnetofónicas
Isabel Durán Libertad Digital 27 Febrero 2006

El pueblo en la calle
Agapito Maestre Libertad Digital 27 Febrero 2006

¿Vencedores y vencidos?
Iñaki Ezkerra El Correo 27 Febrero 2006

Las víctimas no creen a Zapatero
EDUARDO SAN MARTÍN ABC 27 Febrero 2006

Por qué había que estar el sábado en Madrid
José Javier Esparza elsemanaldigital 27 Febrero 2006

Sordos o postmodernos
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 27 Febrero 2006

Montjuic, otro pulso nacionalista
Editorial ABC 27 Febrero 2006

¿No hay quien lo pare?
José Javaloyes Estrella Digital 27 Febrero 2006

ETA demuestra que el PP tenía razón
Editorial Elsemanaldigital.com  27 Febrero 2006

Nueces de Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 27 Febrero 2006

Zapatero, solo ante el peligro
Pablo Sebastián Estrella Digital 27 Febrero 2006

Terror, fútbol y víctimas
JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC  27 Febrero 2006

Lo que faltaba, ahora ETA dice que Zapatero miente.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 27 Febrero 2006

Alerta sobre el nuevo régimen local
Editorial ABC 27 Febrero 2006

Ciutadans de Catalunya
Manuel Molares do Val Periodista Digital 27 Febrero 2006

La mayor manifestación en las calles de Madrid gritó: ¡Zapatero, vete!
Antonio Martín Beaumont elsemanaldigital 27 Febrero 2006

Indignación en el PPC tras confirmarse la tutela de ETA sobre ERC
Elsemanaldigital 27 Febrero 2006

Las autonomías arrebatan al Estado 30 competencias que no defendió ante el TC
C. Morodo La Razón  27 Febrero 2006

Apoyemos La Enmienda 6.1
EDITORIAL El Mundo 27 Febrero 2006

Críticos socialistas impulsan una campaña para que el Estatuto no discrimine el castellano
LEONOR MAYOR El Mundo 27 Febrero 2006

Contra la Enmienda 6.1, migas para hoy, exterminio para mañana
Nota del Editor 27 Febrero 2006

Castellano y catalán en igualdad de condiciones, es decir, se obliga a todos a estudiar catalán, se blinda Cataluña para que sea una región castellano-catalana, no se puede vivir allí si no se es catalán-castellano;  se impone el deber de conocer catalán; el libre establecimiento de empresas y personas tiene una condición, hay que tener el catalán (el castellano se da por supuesto).

Se pierde el derecho que tenemos según la Constitución Española: sólo deber de conocer el catellano, y aquí se obliga a conocer el catalán.

Que utilice o estudie catalán quien quiera, pero no se puede ni debe obligar a nadie a utilizar o estudiar catalán ni cualquier  otra lengua "propia", su imposición es absolutamente anticonstitucional.

El bilingüismo forzado es un disparate. Si necesita más razones, en el comentario sobre el bilingüismo en el último boletín de AGLI hay bastantes.

Enmienda 6.1
Jorge M. Quintas Periodista Digital 27 Febrero 2006

La plataforma “Enmienda 6.1” ha visto la luz este Lunes en Barcelona. Su objetivo principal es la defensa del idioma castellano en territorio catalán, otorgando la misma importancia a ambos ya que la lengua la debe elegir el propio ciudadano y no las instituciones políticas. La legitimidad del castellano es similar a la del catalán, por ello debemos defender la libertad de cada persona a elegir el idioma en el que quiere hablar, trabajar y educarse.

Ambos idiomas han convivido a la perfección a lo largo de la historia en las calles catalanas. Coartar la libertad absoluta del castellano es un insulto a las miles de personas nacidas o residentes en Cataluña que poseen como lengua materna el español. En mi humilde opinión tener la capacidad de utilizar ambos idiomas es provechoso para todo el mundo. No me parece una dificultad insalvable que cohabiten y se use según la ocasión o la capacidad de los hablantes, pero la situación que intentan implantar algunos políticos mediante el Estatut es una locura incoherente sin razonamiento lógico. Será más racional y mejor la posesión de dos idiomas que la sustitución de uno por otro.

La lengua castellana esta soportando una intolerable marginación en la instituciones catalanas y para mi lo más preocupante es la discriminación ejercida en los centros de educación tanto escolares como universitarios. Me parece razonable aprender el catalán y fomentar su importancia pero de esa lógica actuación a impedir a una gran mayoría de los residentes en esos lares a vivir cómodamente por un idioma es el colmo de la absurdez y la egolatría de unos políticos egoístas.

El lema primordial de esta plataforma respaldada por Arcadi Espada, Albert Boadella, Carmelo González (el médico residente en Sitges que se declaró en huelga de hambre para reclamar el derecho a recibir una educación en castellano de su hija ) y demás personas es “ Las lenguas propias de los catalanes son el catalán y el castellano. Como tales, ambas son lenguas de uso normal de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos en Cataluña, y son también las lenguas normalmente empleadas como vehiculares y de aprendizaje en la educación”

En Cataluña es certera la realidad bilingüe, la cual debe ser reconocida respetando y dispensando un trato ecuánime a la lengua castellana. “Discriminar una lengua es discriminar a las personas”.

Esperemos el advenimiento de la cordura llegando a la conclusión de la importancia de ambos idiomas. Asimismo yo espero con impaciencia y esperanza la llegada de ese proyecto de partido que estas en los últimos pasos para convertirse en un partido político dejando atrás el sustantivo plataforma. “Ciutadans de Catalunya” es una iniciativa política, la cual verá la luz dentro de poco y esperemos que en otros lugares de España se hagan proyectos similares donde gente con un poco de cultura y ecuanimidad intente enderezar la política que no para de golpear la puerta del psiquiátrico para pedir asilo.

Recogida de firmas a favor de la plataforma "Enmienda 6.1"  http://www.seispuntouno.org/castellano.htm

Manifestación de la AVT
Mentiras, injurias y cintas magnetofónicas
Isabel Durán Libertad Digital 27 Febrero 2006

A falta de quince días para que se cumpla el segundo aniversario de la masacre de 192 personas y 1.500 heridos por los atentados terroristas que cambiaron los designios de la historia de España, el corazón de Madrid ha retumbado bajo sus gélidos, húmedos, lluviosos y desapacibles aires contra la política antiterrorista del hombre que alcanzó el poder tras la brutal carnicería. Millón y medio de personas, sin un solo incidente, han clamado contra José Luis Rodríguez Zapatero porque al terrorismo hay que vencerlo, no pactar con él.

Los quince días previos a la manifestación de la AVT han sido claves y permanecerán en la retina de la Historia para definir al Gobierno que se rindió ante los asesinos. La secuencia de los hechos comenzó con el anuncio de Zapatero del "inicio del principio del fin de ETA" al tiempo que alegaba " problemas de agenda" para no asistir al Congreso de Víctimas del Terrorismo. Sin embargo, sí encontró tiempo para mantener una nueva reunión secreta en La Moncloa, esta vez con el presidente del PNV, Josu Jon Imaz. Al día siguiente, el Parlamento vasco aprobaba una resolución –con la más que simbólica abstención del PSOE– para que se pongan las bases de una paz "sin vencedores ni vencidos".

Rodríguez obtiene entonces la respuesta de la banda: sin el derecho de autodeterminación "se prolongará el conflicto". Bajo el lema "somos una nación y tenemos derecho a decidir", Esquerra Republicana sacaba a su gente a manifestarse en Barcelona. Eslogan soberanista mimético al objetivo de los terroristas independentistas vascos de ETA. Carod, el socio cornudo del presidente, ha amenazado con hablar. Y es que Zapatero ha dado a los terroristas lo que querían: extender "el conflicto" a Cataluña y politizar sus objetivos. Los etarras se lo han reiterado en un nuevo comunicado, entre bomba y bomba, tras la manifestación de las víctimas.

Al Gobierno sólo le queda la infamia. Su portavoz ha declarado tras la macromanifestación del sábado que Aznar nunca se reunió durante sus ocho años de Gobierno "con ninguna asociación de víctimas, sólo con las del PP". Y su alto comisario, Peces, acusa a José Alcaraz de no representar a la mayoría de las víctimas e incluso de grabar sus conversaciones. Injurias, mentiras y cintas magnetofónicas. ¿Qué será lo siguiente? Ya lo han dicho: si ETA vuelve a matar, la culpa la tiene el PP porque no quiere la paz. Como en el 11-M. ¿Un nuevo 11-M?

Manifestación de la AVT
El pueblo en la calle
Agapito Maestre Libertad Digital 27 Febrero 2006

Millón y medio de personas en la calle silencian cualquier comentario adverso sobre la convocatoria de las víctimas del terrorismo contra la política de Zapatero. Nadie puede manipular esa realidad con éxito. Por eso, sencillamente, resultan ridículos los datos de la Delegación del Gobierno en Madrid, o las cifras de El País, o los eufemismos de otros periódicos al hablar de una "inmensa multitud", etcétera. Todas esas expresiones y cifras suenan a huecas. Mentiras. Son falsificaciones, engaños, que legitiman aún más al pueblo que salió el sábado a la calle.

Hay, además, una realidad tan relevante como la anterior. Una realidad que eleva a las víctimas a una categoría política muy por encima de la media de la política institucional y de la opinión pública. Me refiero a la presencia de las víctimas en el tejido democrático. Las víctimas, la historia de las víctimas, se han convertido definitivamente en la referencia política con mayúscula de esta débil y tambaleante democracia. Sí, las víctimas, como categoría política, han conseguido superar la visión estrecha que tienen de la democracia tanto el Gobierno como los grandes editores de España. Sí, las víctimas han conseguido romper definitivamente el cerco de la compasión y la piedad, que les había sido impuesto por la política institucional y los grandes medios de comunicación. La frialdad de los grandes medios de comunicación ante las víctimas del terrorismo ha sido destrozada por la convocatoria de tres grandes manifestaciones en el último año. Muchos deseaban que el sábado fracasase la manifestación, pero algunos, especialmente los editores, esperaban que las cifras de asistencia fuera menores que las anteriores. Muchos creían que las víctimas, el pueblo, se desinflarían. Erraron.

Ese error se convertirá para algunos en una pesadilla. Se convertirá en la obsesión de la gente que despreció a las víctimas, al pueblo. Nadie pondrá en duda ya las tres manifestaciones de la AVT. Las tres significaron un progreso en la conciencia democrática de España. La segunda manifestación, como recordarán, fue más grande que la primera y la tercera aún más que la segunda. Eso es todo. Eso es lo que retendrán los "cebrianes" y compañía. El dato es innegable. Tampoco podrá ocultarse que Alcaraz, el presidente de la AVT, sin el respaldo de los grandes editores de periódicos y televisiones, ha conseguido dirigirse a más de un millón y medio de personas. Tiene que ser terrible ese dato para los endiosados editores que creen que sólo ellos pueden movilizar.

Quizá, por eso, porque Alcaraz ha sabido distinguir al pueblo del populacho, la gran pregunta democrática del futuro será la siguiente: ¿estuviste en la manifestación del sábado a favor de las víctimas? Esta es la gran pregunta, la cuestión genuinamente democrática, que se hacen ya en toda Europa, en el mundo democrático, para saber cuáles son las tendencias políticas dominantes en España.

Mal, o sea sin legitimidad política, tiene que estar Zapatero y su Gobierno ante la manifestación del sábado, pero peor, muchísimo peor, tienen que estar los editores de grandes medios de comunicación por la frialdad y distancia con que han tratado siempre a las víctimas. Por lo tanto, la desconsideración de las víctimas como agentes políticos claves del desarrollo de la democracia es rectificada con rapidez por la prensa de España o pronto esos medios de comunicación quedarán tan deslegitimados como el Gobierno. ¡Tiene que ser un espectáculo horrible para un periodista de El País, pongamos como ejemplo a su Consejero Delegado, ocultar a un millón y medio de personas! ¡No menos triste tiene que ser para otro director de medio excusar su presencia en la manifestación porque va a recoger un premio!

En fin, el éxito del sábado de la AVT ha puesto en cuestión a los grandes editores. Su fracaso es una prolongación del fracaso del Gobierno. Unos y otro han tratado despóticamente a las víctimas. Jamás creyeron que fueran un agente decisivo de la democracia. Por fortuna, el sábado quedó claro que las víctimas, las historias de las víctimas, son la Política con mayúscula de la frágil democracia española.

¿Vencedores y vencidos?
Iñaki Ezkerra El Correo 27 Febrero 2006

Para responder a la famosa y polémica declaración salida del Parlamento vasco en la que se afirma que el fin del terrorismo en Euskadi debe producirse «sin vencedores ni vencidos» hay quienes, con muy buena intención pero ninguna malicia, están cayendo en la trampa dialéctica de asumir los términos épicos de esa declaración al responder desde el mundo constitucionalista que «sí debe haber vencedores y vencidos», dando por hecho, de este modo y sin pretenderlo, que nos hallamos en una guerra, en efecto, con dos bandos en pugna. Y es que a uno sí le resulta más que obvio que ETA debe ser vencida y bien vencida pero, aun cuando eso suceda, uno no acaba de ver como vencedores a los padres de la niña de Santa Pola ni a las viudas de los concejales asesinados ni a los familiares de las víctimas de Hipercor. ¿Se les puede llamar ‘vencedores' a quienes no han usado un arma en su vida y a quienes sólo han luchado contra su dolor, contra el olvido de los otros, contra la indiferencia, contra el odio...?

En todo caso las víctimas serían vencedoras de sí mismas, vencedoras de la desmemoria social, vencedoras del deseo de venganza... Y de la misma manera que las víctimas, tampoco los ciudadanos amenazados que nunca nos hemos tomado la justicia por nuestra mano y que por esa misma razón hemos necesitado protección policial, nos sentiremos vencedores de nada, como no nos sentimos vencedores cada vez que las fuerzas de seguridad detienen a una banda mafiosa o a un psicópata. En todo caso será vencedor el Estado de Derecho en el cual hemos delegado la administración de la violencia para hacer valer nues­tras leyes.

Presentar a las víctimas como bando de una guerra que no existe supone un grave falseamiento de la realidad similar al que conlleva la expresión ‘proceso de paz’. Aquí hay quienes no se atreven a decir explícitamente -como ETA- ‘estamos en una guerra' pero tratan de sugerirlo sistemáticamente y de darlo por hecho implícitamente al utilizar expresiones que aluden a ella como ‘conflicto armado', 'aparato militar de la banda', 'paz por presos' o ‘vencedores', la última de esas palabras y, sin duda, la más perversa porque, para que resulte verosímil y presentable la foto de la negociación, pone sibilinamente una metralleta en las manos inocentes de quienes cayeron precisamente por no llevar armas y por defender pacíficamente, sólo con la palabra y el voto, los valores de la convivencia. Sepan ustedes, señores parlamentarios, que la gran batalla de las víctimas no es épica, sino lírica. No se produce en el polvo y el fragor del campo de Marte sino en la silenciosa soledad de un hogar en el que hay una mujer que mira a una butaca vacía junto a la suya y contiene las ganas de llorar ante sus hijos.

Las víctimas no creen a Zapatero
EDUARDO SAN MARTÍN ABC 27 Febrero 2006

EN 1989 y en 1998, gobiernos presididos por Felipe González y por José María Aznar entablaron conversaciones, si no negociaciones, con ETA. Y lo hicieron además a tambor batiente: previo anuncio público y sin medias palabras. Ninguna asociación de víctimas, si es que existían, se echó entonces a la calle para denunciar el atropello que suponía, para la memoria de sus muertos, el mero hecho de dialogar con quienes, tampoco en aquellos años, habían dado muestras del menor arrepentimiento. Ahora no existe, lo asegura el Gobierno, ningún tipo de conversación con la banda terrorista. Concedámoslo así, aunque resulte más bien ingenuo explicar las intuiciones del presidente Rodríguez Zapatero sobre el fin de la violencia desde los inasibles presupuestos de la telepatía, la ciencia infusa u otras parapsicologías. Y, sin embargo, una mayoría aplastante de asociaciones de víctimas, no sólo toma la calle, sino que arrastran tras su protesta a decenas de miles de ciudadanos.

¿Por qué? Desde sectores que disculpan habitualmente al Gobierno se echa mano de esa respuesta de todo a cien que les sirve para un roto y un descosido: ha sido el PP, como casi siempre. En su infinita perversidad, los populares habrían manipulado a las víctimas para arrojárselas a la cara a Zapatero. Una explicación que no les reconcilia precisamente con muchas de esas víctimas, o de los ciudadanos que las apoyan, a quienes, con tal argumentación, estarían tratando de cretinos o de fanáticos. Nadie puede negar que el PP ha apoyado las manifestaciones convocadas por asociaciones de víctimas, ni que esté intentado desgastar al Gobierno aprovechando sus titubeos en una materia que exige compromisos fuertes. No sería la primera oposición, ni será la última, que dispara sobre los flancos dejados al descubierto por el enemigo. Es lo que le piden sus votantes. Pero de ahí a concluir que las movilizaciones de víctimas responden a los designios de la oposición política, además de constituir un insulto para aquéllas, atribuye al PP una poder demiúrgico que ya le gustaría.

Para encontrar una respuesta menos mostrenca hay que remontarse a 1997 y al fin de la última tregua de ETA. La liberación de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco fueron dos puñetazos en las conciencias narcotizadas de millones de españoles. Después de tanta muerte anónima y tanto funeral clandestino, la sociedad española visualizó en esos dos episodios la tragedia de las víctimas del terrorismo y decidió no abandonarlas nunca más. Y se echó en masa a la calle. Como este sábado.

La tregua hizo sonar algunas alertas: demasiada gente se abriga con la manta del olvido cuando sueña con la paz. La reanudación de los asesinatos sirvió de despertador: fue su único efecto colateral positivo. Desde entonces, las víctimas han ido amasando con gran esfuerzo un estimable capital de crédito social. Y sucede que ellas no creen al Gobierno, y una parte importante de la sociedad las secunda en esa creencia. Eso es todo.

El presidente Zapatero afirmaba el domingo día 19 en este periódico: «Comprendo lo que dicen algunas víctimas, pero mi responsabilidad es terminar con la violencia». Tiene razón, aunque no se entiende bien la adversativa pero en su frase: se puede terminar con la violencia sin dejar de comprender a las víctimas; o mejor, se debe poner fin a la violencia porque se entiende a las víctimas. Pero lo que reivindicaba el presidente es la autonomía de la política respecto de las emociones, y no se equivocaba. Lo expresaba más gráficamente Fernando Savater días después: el dolor, vino a decir, no garantiza desde luego la lucidez de las mentes.

Las víctimas, pues, no tienen más capacidad de decisión que otros ciudadanos en los asuntos políticos, aunque les afecten de modo especial. Ahora bien, ello no quiere decir que se les arrebate el privilegio, ganado a pulso, de otorgar marchamos morales a según qué maniobras en la oscuridad. Aunque sólo sea por una razón: son ellas quienes más van a sufrir con la paz.

Por qué había que estar el sábado en Madrid
José Javier Esparza elsemanaldigital 27 Febrero 2006

Oído el 25 de febrero de 2006, sábado, en Madrid, bajo la lluvia, entre la multitud que se manifestaba contra cualquier cesión a ETA:

Voz 1: "Pues yo soy pesimista, ¿sabes? Ya, sí, esto es una maravilla: una muchedumbre de ciudadanos conscientes, con principios firmes, esa gente por la que vale la pena vivir en sociedad. Pero en el fondo estoy convencido de que perderemos. Creo que ZP pactará, a las víctimas se las olvidará y ETA tendrá la salida que busca. A la mayoría de los españoles le dará igual, e incluso muchos lo verán bien, porque estamos ya tan encanallados que no distinguimos entre paz y rendición. Y lo que algunos nos llevaremos a la tumba será, simplemente, este recuerdo: toda esta gente apiñada en torno a las víctimas, que son los mártires de nuestra democracia; todos estos españoles firmes junto al dolor. Nadie podrá reprocharnos debilidad o tibieza. Otros tendrán que cargar con esa vergüenza. Aunque para todos será ya demasiado tarde".

Voz 2: "No, mira, yo soy optimista. Tanta gente, con este frío que pela, con esta agua helada, con el Gobierno y sus periódicos y sus televisiones en contra, y a pesar de todo aquí, por tercera vez, para decir que no queremos un rendición, que no queremos la indignidad, que a las víctimas hay que compensarlas y a los verdugos hay que castigarlos. ¿Tú crees que algún gobernante en su sano juicio puede desoír esto? Yo no te digo que ZP vaya a cambiar de criterio, pero estoy seguro de que cada una de estas manifestaciones es un argumento más sobre la mesa: un argumento para decirle a ETA que sin arrepentimiento no hay perdón que valga. Cada vez que salimos a la calle, para ZP es un poco más difícil rendirse. Eso ya es bastante victoria".

Voz 3: "Y en el fondo, ¿qué más da? A estas alturas uno no sale a la calle para ganar ninguna batalla, sino porque hay que dar testimonio. Tenemos razón y eso basta para tomar la decisión de hablar, para intentar que se nos escuche. Queremos una sociedad libre y en paz; ETA nos mata; luego tenemos que defender a las víctimas y exigir que se acabe con ETA. Nadie tiene derecho a rendirse después de tanta muerte. Y nadie tiene derecho a engañar a la sociedad jugueteando con negociaciones fantasma. Hay cosas que están por encima del interés de partido, de la conveniencia electoral, incluso de la ideología: la ética, el honor, la justicia. Alguien tiene que decirlo. Y así señalaremos a la sociedad, a ZP, a Polanco, a quien sea, que hay españoles que no hemos perdido el norte".

Escoja usted la voz que mejor corresponda a su sensibilidad. A las tres voces, mis más profundos respetos por haber acudido, una vez más, a decirle a Zapatero que no.

Sordos o postmodernos
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 27 Febrero 2006

Recién iniciada la tregua de 1998, el dirigente de ETA Josu Ternera, entonces en prisión preventiva, hizo sus primeras declaraciones a un periódico. Al menos las primeras a cara descubierta. En ellas enjuiciaba a quienes se oponen a la autodeterminación en el País Vasco y sostienen que los ciudadanos deciden su futuro en cada elección. «No es más que una burda pataleta, muy usual en sordos, postmodernistas e intelectuales mercenarios, de los que no tienen argumentos -afirmaba Urrutikoetxea-. Aceptan que se pueda aplicar en otros sitios, pero sin profundizar en el porqué, no sea que se les vuelva en contra. El aceptar este derecho aquí les traería como consecuencia impulsar una modificación de su Carta Magna, labor por la que no están».

Sería interesante saber dónde clasifica ahora quien está considerado como el máximo dirigente de ETA al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, si en la categoría de sordos o de postmodernos (lo de intelectual mercenario como que no) por no aceptar negociar la autodeterminación con la banda terrorista. Y dónde clasificará Ternera a Felipe González por sostener que el derecho a decidir se ejerce en el ámbito de las competencias que reconocen a cada uno la Constitución y el Estatuto.

Las afirmaciones del presidente del Gobierno en el Congreso han provocado una reacción en cadena del conjunto del nacionalismo vasco, empezando por el Ejecutivo de Vitoria, que, con toda solemnidad, ha salido a reclamar la autodeterminación como si fuera un derecho que le corresponde. La autodeterminación no se negocia, dijo solemne el Gobierno vasco parafraseando aquel otro eslógan famoso de los setenta: amnistía ez da negoziatzen.

Y ETA ya se sabe: dice lo mismo cada vez que escribe un papel. Lo decía en el comunicado del pasado día 18, lo reitera en la memoria de la tregua catalana que acaba de dar a conocer. Y lo dicen los portavoces de Batasuna cada vez que convocan rueda de prensa, con o sin preguntas.

La autodeterminación (más Navarra, más el País Vasco francés) es el precio de la paz, el precio que tiene que pagar España. Si alguien piensa que la insistencia de ETA en exigir la autodeterminación es pura apariencia para ocultar ante los suyos su propia derrota, se equivoca. Si alguien piensa que es una posición maximalista de partida que puede ser rebajada después en una negociación, se equivoca igualmente.

En todo caso, la exigencia de la autodeterminación es el punto de encuentro del conjunto del nacionalismo al que va a tener que hacer frente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y va a tener que hacerlo en situación de debilidad a no ser que consiga restablecer el entendimiento con el principal partido de la oposición.

Montjuic, otro pulso nacionalista
Editorial ABC 27 Febrero 2006

A pesar de que el Gobierno socialista aprobó el pasado viernes un proyecto de ley para la cesión al Ayuntamiento de Barcelona del Castillo de Montjuic, la reacción del alcalde Clos -del PSC- y de los partidos nacionalistas ha consistido en un rechazo a las condiciones previstas por el texto del Ejecutivo. En definitiva, piden que esta cesión tiene que ser incondicional, que es como suelen plantear los nacionalistas y asociados la satisfacción de su exigencias. El proyecto prevé que el Castillo de Montjuic mantendrá las antenas que el Ministerio de Defensa tiene en la actualidad y contará con una dotación militar para su custodia. También prevé, como exigió el ministro de Defensa, José Bono, que la bandera española ondee de forma permanente, junto con la de Cataluña y la de la ciudad de Barcelona.

A pesar de que el ordenamiento jurídico prevé que la bandera nacional ondeará en todos los edificios públicos y de que la cláusula de reserva de un mínimo uso militar, para la defensa nacional, es absolutamente razonable, el tripartito ha mostrado la veta intolerante que caracteriza, de forma esencial, su relación con el Estado. Y es así, rechazando un uso militar restringido y la presencia de la bandera nacional, como se pretende que el Castillo de Montjuic sea la sede de una centro por la paz en el que se recupere la memoria histórica. A la concordia por la imposición.

Una vez más, el nacionalismo, y la izquierda que se le ha asociado, ejercen un pretendido derecho de dominio sobre la historia, transformando lo que únicamente habría de ser una cesión graciosa del Estado en una especie de reparación de un agravio secular. Que en el Castillo de Montjuic fuera fusilado Lluis Companys, presidente de la Generalitat al estallar la Guerra Civil, por el bando franquista debería merecer en esta polémica la misma eficacia conciliadora que el recuerdo de todos aquellos que fueron fusilados en el mismo sitio por el bando republicano. Nadie puede, por tanto, apropiarse de una parte de la Historia para construir sobre ella un sentimiento patrimonial que, además, sólo se puede satisfacer a costa de mutilar el pasado común.

Pese a todo, no hay margen a la sorpresa. Este es el nacionalismo que el PSOE se ha buscado de socio y al que secunda -e incluso supera- el socialismo catalán. Montjuic resume el método nacionalista: cesión sin condiciones.

¿No hay quien lo pare?
José Javaloyes Estrella Digital 27 Febrero 2006

El clamor de la protesta contra la política de rogado pacto con el terrorismo ponía sordina al eurodisparate del Gobierno con la contraopa alemana sobre Endesa: operación no pactada que había cambiado el escenario. Un tinglado dispuesto a todo gas por el catalanismo a través de La Caixa. ¡Menudo lío! Usar el BOE como un martillo pilón para machacar la contraopa alemana sobre Endesa. Un episodio de arbitrariedad como ése, aparte de traducir una bronca fenomenal en el Consejo de Ministros —de la que se podría haber derivado la dimisión del vicepresidente Solbes, por su choque con el titular de Industria, en funciones de comisario político del tripartito catalán—, tiene proyecciones sombrías sobre Bruselas. Esas maneras de hacer contra la seguridad jurídica, cambiar el reglamento en medio del partido, son maneras bolivianas. Como ésa, conocida el sábado, de querer empapelar al presidente de la filial de Repsol que opera allí, como participada al 50 por ciento, por supuesto “contrabando” de petróleo.

Dirá el presidente Rodríguez que quien manda es él, pero lo más cierto es que el timón que llevó al último despropósito está en las manos del que fue alcalde de Cornellá y ahora entiende que el Gobierno de la Nación es, mutatis mutandi, como el de un ayuntamiento cualquiera de los que mueven a fustazos a los contratistas durante las treguas de la cultura del tres por ciento. Pero en Endesa, ante los accionistas constituidos en Junta General, ha sido su presidente, Manuel Pizarro, quien ha dicho que allí mandan ellos. Y que ellos tienen su propio proyecto, al margen de OPAs.

Era impensable desde la reinstauración de la democracia en España, tanto en los gobiernos de la UCD, como en los del PSOE y los del PP, un despropósito político como el que cursa, en todos los órdenes, con el enloquecido Gobierno de José Luis Rodríguez. Ahora es el mercado lo que, a propósito de la OPA de E.ON, esta Moncloa se pone por montera, llevándose por delante la propia normativa europea. Antes hizo lo mismo con la Ley de Partidos y la propia Constitución, con la aventura estatutaria impuesta por el tripartito de Cataluña —que la modifica de modo implícito—, y con la legitimación política del mundo terrorista, al otorgarle la condición de interlocutor para una negociación en la que los nacionalismos carroñean sobre la sangre y la memoria de las víctimas. De no resultar esto tan evidente, el sábado no habría sido por tercera vez un clamor nacional tan masiva protesta: que no fue sólo la de simpatizantes, votantes y afiliados al Partido Popular, sino la de toda la España marginada por el pacto parlamentario que sostiene a Rodríguez, incluidos, por necesidad estadística, muchos simpatizantes, votantes e incluso militantes del PSOE.

La enormidad de los desafueros ha dejado de ser sólo percepción española para constituirse en anomalía europea. ¿Verdaderamente será incapaz el PSOE de pararle los pies a este desatinado presidente, que está en la Moncloa por un rebote de segundo grado (primero, por causa de una crisis de liderazgo en su partido, y después por el cataclismo preelectoral del 11M), que le dotó de los mínimos necesarios para gobernar, pero no de la mayoría suficiente para hacerlo desde una perspectiva y una ambición nacional? Ha dicho Felipe González, en términos obviamente acusatorios para el PP, que hay que apoyar la política antiterrorista del Gobierno aunque esté equivocada, pero ¿acaso hay una política antiterrorista?, ¿cabe llamarla así a una ejecutoria como la presente?

Lo que no se acaba de decir ni se quiere reconocer es que la naturaleza del terrorismo de ETA es la propia de una guerra civil de baja intensidad y foco variablemente fraccionario, pues no sólo bate en el ámbito vasco —con la sangre, la extorsión y los estragos en las libertades y la propiedad—, sino que, puntualmente, se proyecta sobre el resto de España, exceptuada Cataluña desde los pactos de Carod-Rovira, en Perpiñán, con los etarras. Esos pactos de Carod son el paradigma de Rodríguez.     jose@javaloyes.net

ETA demuestra que el PP tenía razón
Editorial Elsemanaldigital.com  27 Febrero 2006

Así se escribe la historia: el PP acertaba y el PSOE, con sus socios del Tripartito catalán, se equivocaba. ETA acaba de explicar el fiasco de Zapatero.

27 de febrero de 2006. ETA envió ayer un nuevo comunicado, en el que los terroristas celebran los efectos políticos de su tregua limitada a Cataluña. Los terroristas explican que esa tregua tiene una relación directa con el proceso político que tiene lugar en el Principado, y que los avances del independentismo catalán ayudan directamente al brazo político de ETA a conseguir sus objetivos, también independentistas.

Así se escribe la historia: el PP acertaba y el PSOE, con sus socios del Tripartito catalán, se equivocaba. Acertaba el PP cuando, en plena campaña electoral de 2004, denunció la reunión en Perpiñán de Josep Lluís Carod-Rovira, entonces conseller en cap de la Generalitat presidida por el socialista Pasqual Maragall, con los representantes de ETA. Los terroristas anunciaron como consecuencia de aquella reunión una tregua limitada a Cataluña.

Conviene recordar que el PP fue entonces acusado, por lo menos, de exagerado, al relacionar el programa político de Esquerra Republicana y del Gobierno autonómico catalán con los planes de los terroristas de ETA. La izquierda y los nacionalistas no aceptaron más que una posible "torpeza" de Carod-Rovira, pero nunca una relación directa entre la acción de ETA y los programas nacionalistas catalán y vasco.

Ha sido ETA la encargada de dar la razón al PP. Hay una relación directa entre ETA y los promotores del nuevo Estatut catalán, que define Cataluña como nación y crea un espacio político potencialmente soberano. Esa relación existe desde su origen, en Perpiñán; y esa relación prosigue hasta el día de hoy, porque el "caso catalán" es la carta de presentación de José Luis Rodríguez Zapatero ante quienes, desde otros lugares de España, quieran nuevas naciones y nuevas autodeterminaciones.

Ya lo habían dicho muchos, desde el Partido Popular. Lo dijo en su momento el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar. Y lo han reiterado con nuevas pruebas y argumentos Jaime Mayor Oreja y María San Gil, por ejemplo. La llegada de Zapatero a La Moncloa fue una buena noticia para ETA. Para el "popular" Leopoldo Barreda, portavoz del partido en el País Vasco, "el balance de ETA es que van ganando, que recuperan posiciones, que están consiguiendo resquebrajar la arquitectura institucional de España y que han conseguido fortalecer relaciones políticas con quienes desean también la liquidación de la Constitución".

El presidente del Gobierno se muestra firmemente ilusionado con el "inicio del fin" de la violencia, y ha explicado que eso implica el fin de ETA, y que tiene razones serias para creerlo así. Ha dicho también que el principio de autodeterminación no es negociable, que no reconocerá a partes de España el derecho soberano a decidir un futuro separado. Pero a la vez el presidente autonómico Juan José Ibarretxe –un nacionalista, para quien lo innegociable es la autodeterminación- está igualmente ilusionado. O Zapatero se engaña o no se da cuenta de hasta dónde nos lleva su "proceso de paz".

Nueces de Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 27 Febrero 2006

Muchos llegan a minimizar la importancia de ETA y reducen la de las víctimas del terrorismo alegando que, al fin y al cabo, más gente muere en accidente de tráfico o asesinados por la delincuencia común. Olvidan así que la banda condiciona con su actividad criminal la vida política y la libertad. Pese a su reciente reaparición, no sucede lo mismo con el GRAPO, cuya presencia no supone para la ciudadanía mayor perturbación que la de un grupo de delincuentes organizados cualquiera, que ya es bastante. Nadie se preocupa por sus exigencias porque nadie hay detrás de ellos recogiendo nueces y alimentando el odio que nutre sus cuadros.

Sin embargo, la presencia constante del terrorismo nacionalista vasco no ha hecho más que hacer variar la agenda política, haciéndola girar siempre en torno a las exigencias del nacionalismo "moderado", y no sólo del vasco. El miedo dificulta la acción de quienes se atreven a discrepar del nacionalismo obligatorio, condenándolos al silencio o a la escolta, facilitando así que el nacionalismo sea el único discurso posible. Algo que sucede con o sin muertos. Y así, poco a poco, hemos llegado a una situación en la que un presidente del Gobierno de España llega a afirmar que la nación es un concepto discutido y discutible como paso previo al regalo a los nacionalismos por vía estatutaria del control sobre la actividad política, tanto de sus regiones como del resto de España.

El comunicado de ETA, que hemos conocido mientras los asistentes a la manifestación regresaban a sus casas, viene a confirmar lo que el Partido Popular ha mantenido siempre sobre las relaciones entre los terroristas y la reforma del estatuto catalán. Los insultos que llovieron sobre Acebes por indicar esta verdad deberían recordarse ahora que la banda de asesinos ha venido a incidir en lo obvio. No era necesario Perpiñán para que los crímenes de los etarras rindieran dividendos en las cuentas del nacionalismo catalán; tan sólo lo ha explicitado con más claridad. Durante las décadas del pujolismo, éste se presentó como el nacionalismo bueno al que había que favorecer desde el gobierno central frente al malo, que lo era por la presencia de ETA. Las cesiones de esos años no son menos ciertas que las realizadas gracias a los tejemanejes del club de Perpiñán; esas reuniones secretas tan sólo han hecho más rápido e inmoral el proceso. Estamos, como ha indicado Mayor Oreja, ante un intento de romper España, en el que los nacionalistas vascos que empuñan las armas y los catalanes que sostienen el gobierno actúan con los mismos objetivos y en la misma dirección.

La única esperanza en este escenario sombrío es que la necesidad de acabar con España mientras Zapatero esté en el poder lleve a estirar demasiado la cuerda y provoque la reacción de los ciudadanos. Por eso el Gobierno tiene tanto pánico a las manifestaciones y, por eso, intentan minimizar de forma tan ridícula las cifras de asistencia. Confía en que la ayuda abrumadora que recibe de los medios de comunicación le permita concluir este proceso sin desgastarse excesivamente. Cada vez que los ciudadanos protestan de forma masiva en las calles, esa ficción televisiva se desmorona. Zapatero sólo puede concluir este proceso con el silencio cómplice de los españoles. Una vez más, éstos le han demostrado que no están por la labor.

Zapatero, solo ante el peligro
Pablo Sebastián Estrella Digital 27 Febrero 2006

El presidente Zapatero ha labrado de una manera un tanto inconsciente su soledad política —en su partido, su Gobierno y en la diplomacia— y aparece ante el conjunto de los españoles como el protagonista absoluto de las tres grandes iniciativas y debates que tienen en vilo y enfrentados a los ciudadanos. Así ocurre con la negociación con ETA, el Estatuto catalán y la batalla de las OPAs, cuestiones todas ellas relacionadas entre sí porque en ellas subyace el pacto del presidente con el nacionalismo catalán y vasco con el objetivo de alcanzar una alianza estratégica que le permita al presidente permanecer en el poder, dejando a su vez en la soledad al PP.

Un Partido Popular que, en vez de buscar el centro para aproximarse al poder, perece empeñado en salir de su soledad con ayuda de inoportunas compañías, que lo están llevando al polo opuesto de la política en línea con una derecha conservadora y a veces extrema que al final producen la mayor de las soledades: la que le van a proporcionar los ciudadanos con algo de sentido común y firmes valores democráticos que se quedan en la abstención ante la crispación que generan el desgobierno y la rudeza de la oposición.

Aunque el que hace daño a todos los ciudadanos porque detenta el poder es el Gobierno con esos pactos sobre cuestiones que sobrepasan la acción del Ejecutivo y que afectan al interés general del Estado (aquí incluida la reforma del sector energético español). Los que además sitúan al presidente Zapatero en el vértice de una frágil estructura de poder en cuya base están implicados compañeros de viaje poco fiables, como son la dirección de ETA y los dirigentes de Batasuna y del PNV; y los nacionalistas catalanes de CiU y ERC. Los mismos que han socavado los cimientos de la presidencia de la Generalitat que ostenta Maragall, quien empieza a sufrir en el palacio de la Generalitat los rigores de una soledad que le puede apear del primer plano de la política catalana (abandonado incluso por el PSC–PSOE), lo que debería ser entendido por Zapatero como una señal de lo que también podría ocurrirle a él a nivel nacional.

El presidente piensa y sabe que la soledad desde el corazón del poder no es tan mala y siempre es mucho mejor que la de la oposición, en este caso la del PP. En la oposición hace mucho frío, se suele decir desde los fogones del poder. Pero no hay mejor calor, incluso que el que proporciona la fragua del BOE, que el de la ciudadanía. Apoyos que empieza a perder Zapatero, como los perdieron González y Aznar cuando dieron la espalda a los ciudadanos. Y eso les pasó a los predecesores de Zapatero en tiempos de gloria (mayorías absolutas) y no en el despegue de su liderazgo como ocurre al primer inquilino de la Moncloa, que en dos años ha perdido mucho prestigio y credibilidad.

Y que parece desconocer el riesgo que implica toda relación con ETA —González dijo que él era un escarmentado—, y no sólo por la posibilidad de que la banda vuelva matar si el presidente no les hace concesiones políticas —presos y autodeterminación— sino porque los etarras son expertos en desestabilizar. Así lo recordaban en su comunicado del fin de semana a propósito de la reforma autonómica catalana. Desestabilizaron a Suárez en plena amenaza del golpe de Estado, a González y Aznar, y lo harán con Zapatero, que ha cometido el error de ofrecerse a negociar sin que ETA anunciara el final de la violencia. Los de ETA saben que sin el PP no puede haber concesión política alguna, y ya han visto recular a Zapatero sobre la autodeterminación y sobre el Estatuto de Cataluña. Además, la manifestación de las víctimas del terrorismo (donde quizás no debió estar el PP, visto su furioso alegato final) empeora la movilidad política de Zapatero en el País Vasco, a sabiendas de que cualquier chispa en ese territorio al rojo vivo puede provocar un incendio mayor. Por lo que ahora falta saber cuándo desestabilizará ETA a Zapatero, algo que está al caer si las cosas siguen como van.

Mientras tanto, el Estatuto catalán no avanza al ritmo esperado por Moncloa, encuentra escollos en las competencias, tiene la contra de ERC y sufre sacudidas paralelas como la del castillo de Montjuich, sin olvidar que adolece de un gran consenso por la ausencia del PP. Y otro tanto les ocurre con la OPA de Gas Natural, que imaginaban un paseo militar y que se ha complicado con la oferta de E.ON, descubriendo que en todo ello hay un hilo conductor. Porque la caza de Endesa forma parte del pago en especies al nacionalismo catalán prometido por Zapatero, para de paso desmontar empresas que consideraban en la órbita del PP y compensar a la burguesía financiera catalana, próxima a CiU, el nuevo socio del PSOE en el debate del Estatuto. Un hilo conductor que, como se desprende del último comunicado de ETA, une los nacionalismos de Cataluña y Euskadi y conduce a la famosa negociación con ETA. De ahí la interconexión de estos tres desafíos.

Tres retos que dejan a Zapatero solo ante la hidra de tres cabezas que él mismo convocó porque en su partido no queda liderazgo político español posible a su persona (Bono se quemó al aceptar el Estatuto catalán), ni tampoco en su Gabinete se ve un gobernante de primer nivel una vez que el vicepresidente Solbes sucumbió ante los disparates y deudas del ministro Montilla. El mismo ministro que con su guerra de OPAs llevó al presidente a su nueva soledad europea —a “cavar trincheras en los Pirineos”, como le escribía en su editorial el diario El País—, enfrentándose a Alemania y la UE por estos desvaríos que pueden costarle muy caros a España (¿está La Caixa en condiciones de sustituir, si llega el caso, los fondos estructurales y de cohesión, pendientes del Parlamento Europeo?).

Soledad presidencial por causa de la ciega cabalgada del presidente en tres frentes, pero también por la voracidad insaciable de los nacionalistas y sus socios financieros como La Caixa —que está inmersa en la batalla política, al margen de su negocio tradicional—, porque todos ellos han visto en la soledad y debilidad del presidente Zapatero una gran oportunidad para medrar al margen del interés general español, cosa que a todos ellos les importa bien poco o les da igual.

Terror, fútbol y víctimas
JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC  27 Febrero 2006

Las cifras y los argumentos de las víctimas del terrorismo parecen tener más impacto internacional que las cifras y argumentos gubernamentales. En el País Vasco francés, Sud-Ouest escribe: «La AVT ha vuelto a dar prueba de su capacidad de movilización, en un terreno que no deja a ningún español indiferente (...). Mientras tanto, ETA prosigue su campaña de extorsión de fondos contra empresas vascas».

Por su parte, el Washington-Post también presenta en paralelo la manifestación de Madrid y la bomba etarra de Vitoria. Desde Buenos Aires, La Nación habla de «una marcha multitudinaria» y de «rechazo masivo al diálogo con ETA». Clarín insiste: «Marcha masiva contra la negociación». En México, El Universal habla de Madrid «tomado» por los manifestantes denunciando «un proceso inmoral sin vencedores ni vencidos».

Die Welt, en Berlín, la BBC en Londres, La Liberté en Ginebra, valoran la manifestación de Madrid como un acontecimiento político de primera importancia, con cívica participación «masiva».

La protesta popular madrileña se asocia automáticamente a distintos procesos autonómicos. El Universal venezolano publica una larga crónica que comienza afirmando: «Cataluña divide a los españoles». Adolfo Salgueiro comenta el proyecto estatutario catalán de este modo: «Es un problema grave para el PSOE. Si llega muy lejos, puede escapar a su control». A la espera de acontecimientos sobre Endesa, La Tribune publica un comentario agridulce denunciando las «veleidades proteccionistas» de Francia, España, Italia, Luxemburgo y Polonia, comentando: «El Gobierno de Zapatero ha tenido que moderar su discurso para no chocar inmediatamente con la Comisión Europea».

En otro plano, las manifestaciones racistas en las gradas de los campos de fútbol españoles da una imagen internacional inquietante. «Vergüenza», sentencia La Nación bonaerense, comentando el último Zaragoza-Barcelona. «El racismo perdió los tres puntos», insite El Comercio peruano. «Los aficionados españoles, que en otro tiempo eran ejemplares, han caído en una crisis de racismo inhumano», afirma el Herald Tribune. Hablando, al mismo tiempo, de los aficionados franceses, italianos y españoles, Football se pregunta: «¿Vuelve el fútbol gilipollas?». El semanario deportivo francés subraya la multiplicación de actos racistas, imbéciles, peligrosos, jamás sancionados con severidad, y concluye: «Las gradas de los campos de fútbol son el único lugar donde se pueden expresar sentimientos racistas y xenófobos con toda impunidad».

Lo que faltaba, ahora ETA dice que Zapatero miente.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 27 Febrero 2006

ETA, ahora, va y reitera en su último comunicado que “ la llave del conflicto pasa por el derecho de la autodeterminación mediante el diálogo, el acuerdo y la negociación”

ETA nunca ha dejado de decir lo mismo, pero Zapatero nos viene con el cuento de que el fin del terrorismo es algo al alcance de la mano, aunque cada día que pasa nos lo fía a más largo plazo.

El argumento siempre será el mismo, si Zapatero dice que llevamos 3 años sin asesinatos por parte de ETA y eso es muy buena señal, todos debemos creer con él que eso significa que ETA nos está diciendo que va a abandonar su negocio terrorista. Para Zapatero el que una bomba de ETA hiera a dos personas, con graves quemaduras, no es significativo ni merece una condena.

Para Zapatero el que ETA siga poniendo bombas para acojonar a los empresarios que no pagan el chantaje terrorista, no significa nada.

Zapatero insiste en que ETA se va a acabar porque sí, por arte de birlibirloque, porque él se lo va a pedir y asegura que no les dará nada a cambio, no pagará ningún precio político.

Pero Zapatero miente o bien al decir que el fin de ETA está próximo, o bien al decir que no ha hecho ni hará concesiones con la autodeterminación ni en otro tipo de pagos políticos.

1.- Si Zapatero dice que vamos camino de un fin de la “violencia” de ETA, pero que no está negociando con ETA pagos políticos, nos miente porque ETA dice que el fin del conflicto pasa por la autodeterminación, luego no hay tal fin a la vista.

2.- Si es verdad que el fin de ETA (bueno, repito, una tregüita) está a la vista, nos miente porque solo es verdad la premisa si se está negociando con ETA la autodeterminación y otros pagos políticos. O sea nos miente al decir que no está negociando con ETA, ni va a darles nada.

¿Cuál de las dos mentiras es la que realmente nos está endilgando Zapatero?. La respuesta es fácil, con Zapatero es verdad aquello que favorece sus intereses. En su Hoja de Ruta al infierno, Zapatero tiene decidido que ganará las próximas elecciones y muchas más después solo si consigue una tregua de ETA que él logre vender a la ciudadanía, con la palanca de Polanco, como una “Paz” para siempre.

Si como ETA insiste una y otra vez, y recordemos que el propio PSOE se cansó de decir en lo del 14 M que ETA jamás miente, pues bien, si ETA dice tregua a cambio de presos a la calle, poder presentarse a las elecciones y autodeterminación, significa que Zapatero está negociando esas cosas, luego su mentirá es la etiquetada con el número 2.

Como prueba de que por la 2 van los tiros, veamos los anticipos a cuenta que Zapatero ya les ha hecho a los de ETA.

1.- Dejarles tener representación en el parlamento vasco con el PCTV, subsidiarios de ETA

2.- Poner a la fiscalía a trabajar como abogados defensores de sus máximos asesinos.

3.- No investigar ni llevar a los tribunales el tinglado montado en la universidad vasca para que los etarras tengan dos “beneficios”, tiempo de estudio computable para reducir sus condenas y títulos académicos para disponer al salir de buenos puestos de trabajo a cargo del erario público, y lógicamente todo eso sin estudiar, ni examinarse ni nada semejante, solo por la cara.

4.-El lavado de cara de ETA que está haciendo continuamente el PSOE con Zapatero a la cabeza al proclamar lo buenos chicos que ya son los de ETA al estar 3 años sin matar y lo malos chicos que son los del PP por oponerse al proceso de pacificación.

5.- El hecho de que Zapatero ya no condene las bombas ni extorsiones de ETA.

6.- El tener Zapatero de aliado de gobierno a ERC, aliada de ETA. En el mismo comunicado de ETA que comentamos, dice, aunque ya se sabía, que el pacto de Perpignan entre ETA y Carod Rovira tiene como único fin conseguir la independencia de Euskadi y Cataluña además de la desintegración institucional de España. Es aterrador pensar, si es verdad el dicho de que “el amigo de mi amigo es mi amigo”, lo que implica la alianza de Zapatero con Carod.

Hay muchos más de los que no me acuerdo ni,ahora que ya es muy tarde, tengo ganas de documentarme.

Zapatero, desmintiendo a Rubalcaba, nos dice que “España sí se merece un gobierno que le mienta, puesto que votó como presidente del mismo a un pertinaz mentiroso o a alguien asaz fulero ·

Alerta sobre el nuevo régimen local
Editorial ABC 27 Febrero 2006

LAS comunidades autónomas no son el único elemento de la organización territorial del Estado, la cual -de acuerdo con el artículo 137 de la Constitución- incluye también a las provincias y a los municipios. Las diputaciones provinciales cuentan con una larga tradición como garantía para la prestación de servicios públicos. A su vez, los más de 8.000 municipios españoles se debaten entre la actitud exigente de los ciudadanos hacia la autoridad más cercana y la sempiterna carencia de recursos financieros. Resulta por ello más que preocupante el contenido del anteproyecto de ley básica de Gobierno y Administración Local, del que informa hoy ABC. Cediendo a las presiones nacionalistas, el Gobierno parece dispuesto a entregar una nueva presa a la voracidad de determinadas comunidades autónomas. Éstas, por su parte, utilizan sin disimular dos varas diferentes de medir: frente al Estado, la reivindicación permanente y el desplazamiento de los órganos de la administración periférica. Frente a los entes locales, una enérgica política de control jurídico y económico y un amplio despliegue de funcionarios autonómicos sobre el territorio. Parece, pues, que la regla de mayor proximidad al ciudadano, criterio razonable para medir la eficacia administrativa, sólo se aplica cuando conviene, dando lugar así a un curioso fenómeno al que cabe denominar «neocentralismo» autonómico.

Según el anteproyecto, crece en proporciones alarmantes la dependencia de los municipios y provincias respecto de la correspondiente autonomía. El Estado renuncia a ejercer buena parte de su facultades en materia de legislación básica sobre régimen local, abriendo así el paso a 17 modelos heterogéneos, con el peligro evidente de suscitar agravios comparativos. El texto apenas afronta las cuestiones fundamentales, entre ellas las competencias municipales y provinciales y, sobre todo, la financiación. Sin embargo, ahora ni siquiera se menciona el principio de suficiencia financiera y, al convertir en «propios» los servicios que hoy día se califican de «impropios», se coloca en situación de desamparo a una gran cantidad de ayuntamientos, que ya no podrá reclamar las compensaciones correspondientes. Por lo demás, la subordinación a los nuevos centralismos puede abrir las puertas al clientelismo y a ciertas prácticas poco recomendables.

Sustituir a las provincias por las comarcas es una vieja reivindicación de los nacionalistas catalanes. A pesar de los límites impuestos por una temprana sentencia del Constitucional de 1981, que consagró la «garantía institucional» de las provincias, parece que se busca desnaturalizar a una institución casi bicentenaria, a la que se califica de ente local «no básico», lo que permitiría a las comunidades autónomas legislar ampliamente al respecto. De este modo, se confirma la peligrosa tendencia a utilizar fórmulas indirectas para hacer operativas determinadas concesiones que por razones de imagen se excluyen del Estatuto catalán. Cada nivel territorial (Estado, comunidad autónoma, ente local) debe asumir su propia responsabilidad sin pretender ejercer una especie de imperialismo administrativo sobre los demás.

Ciutadans de Catalunya
Manuel Molares do Val Periodista Digital 27 Febrero 2006

Hermosa palabra, la de ciudadano: los primeros hombres que definieron el concepto moderno de ese estatus fueron los norteamericanos que dejaron de ser súbditos al hacer la Revolución que los emancipó de Inglaterra.

Poco después, los franceses alcanzaron igual consideración. “Aux armes, citoyens, formez vos bataillons”, dice una estrofa de La Marsellesa: su Revolución también convirtió en ciudadanos a los que eran súbditos.

“Ciutadans de Catalunya”, es un nuevo partido político que se presentará en Barcelona a principios de marzo. Nombre y espíritu que parecen extraídos de la Constitución estadounidense y de los discursos de los revolucionarios franceses, aunque en este caso no haya más llamadas a las armas que a las de la inteligencia.

“Ciudadanos de Cataluña”, tanto monta en catalán como monta tanto en castellano, es creación de intelectuales de gran nivel, cosmopolitas, abiertos, que rechazan verse sometidos únicamente a su lengua y cultura regionales. Desean ser parte de todas las lenguas, culturas y libertades, incluyendo las españolas.

[Los neonazis persiguen a Boadella y demás Ciutadans] De formación izquierdista mayoritaria, creían que el PSC-PSOE rescataría a los catalanes del vasallaje con el que el nacionalismo de CiU los estaba llevando a la preilustración, a un Ancienne Regime.

Pero el PSC-PSOE, aliado con el radicalismo independentista de ERC, resultó peor. Ha instaurado una red de chivatos anónimos y agentes policiales que vigilan el uso del catalán en escuelas, lugares públicos, tiendas y hasta en los historiales médicos: una intromisión en la intimidad de estado totalitario.

[Demócratas tratando inutilmente de razonar con los boicoteadores neonazis] Ciutadans-Ciudadanos tratarán de rescatar a los catalanes de esa obsesión patológica con una lista encabezada por antiguos y verdaderos antifranquistas, como Albert Boadella, periodistas como Arcadi Espada y catedráticos constitucionalistas como Francesc de Carreras.

El PP se propuso absorberlos, pero la labor parece imposible: siendo mayoritariamente de izquierdas, y los liberales minoría, quizás ellos terminen absorbiendo al PSC-PSOE a través de sus disidentes Socialistas en Positivo.

La mayor manifestación en las calles de Madrid gritó: ¡Zapatero, vete!
Antonio Martín Beaumont elsemanaldigital 27 Febrero 2006

Un 23-F "revisionista"; el presidente, adalid ahora del "patriotismo económico"; y las víctimas claman en la calle divididas por la inmoralidad de algunos dirigentes políticos.

27 de febrero de 2006. De nuevo las víctimas del terrorismo etarra han salido a las calles de Madrid. Y van tres veces. La última, el sábado por la tarde. ¡Menudo aviso al presidente! Un millón cuatrocientas mil personas convocadas por la AVT de José Alcaraz, secundada por sesenta colectivos más entre los que destacan, entre otros, el Foro de Ermua, el Colectivo Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y las fundaciones Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez, Manuel Broseta y Alberto Jiménez Becerril, pidieron "Memoria, Dignidad y Justicia" y exigieron al Gobierno no claudicar ni negociar en su nombre con ETA.

En la segunda cabecera de la marcha, junto a las víctimas, mientras brilló por su ausencia el Gobierno, se dio cita la plana mayor del principal partido de la oposición. El secretario ejecutivo del PP, Ignacio Astarloa, resumía bien las consecuencias más aparentes de la jornada: Zapatero "cada vez está más lejos del sentir de la sociedad española".

Cifras que acusan
El baile de cifras posterior fue llamativo, significativo y… acusador. Si la Comunidad de Madrid, por boca de su vicepresidente segundo y Consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, habló de 1.400.000 personas, la Delegación del Gobierno a través de su titular, Constantino Méndez, rebajó la cifra hasta los 110.000.

Las imágenes de televisión, sin embargo, fueron tajantes para dejar en evidencia las ansias del Gobierno Zapatero por presentar como fracaso quizá la más grande manifestación que ha habido en la capital de España.

Esta vez, por desgracia, pese a la asistencia multitudinaria, la convocatoria no fue tan unánime como en otras ocasiones. Frente a la AVT, la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo, cuyo portavoz, Robert Manrique, denuncia la subordinación de Alcaraz al PP; la Fundación Fernando Buesa, cuya viuda, Natividad Rodríguez, juzga "absurda" la manifestación; la Asociación Dignidad y Justicia; y la plataforma Basta Ya.

¿Quién quiere dividir a las víctimas?
La mayor victoria que puede obtener cualquier terrorismo es la división de sus adversarios, empezando por las víctimas. Porque pierden de vista a su enemigo para entablar debates entre los que por lógica debían estar en el mismo bando frente a los bestiales criminales. Si las personas que "siempre tienen la razón" se enzarzan en disputas, sólo vencen los que con su terror buscan crear fisuras en el cuerpo social al que atacan para debilitarlo.

La separación entre PP y PSOE en materia antiterrorista es una lástima y un error de consecuencias inimaginables para nuestro país. Incluso dando por sentado que ambos partidos están, sin duda, a favor de las víctimas y en contra de los terroristas sin que quepa en este asunto cualquier tipo de inmoral "equidistancia". Y, dando por sentado también -que es mucho dar con la que está cayendo- que la desmembración del pacto para luchar contra ETA se debe sólo a distintas formas de entender cómo mejor acabar con el terrorismo.

Pero la división de las víctimas es una muestra inmoral de cortedad de cualquier dirigente político, y que cae en el debe del Gobierno. Más si vemos cómo desde medios de comunicación progubernamentales se ha fomentado estos días. Y, además, tras la manifestación, se delata el Gobierno por el ansia de presentar como fracaso la millonaria asistencia.

En el PSOE también hay críticos
La frase del ex presidente socialista Felipe González (en el homenaje celebrado el viernes en Vitoria, por el sexto aniversario del asesinato por ETA de su compañero de partido Fernando Buesa) es esclarecedora de que en la familia socialista tampoco hay toda la unanimidad que requeriría un asunto como este: "En materia antiterrorista hay que apoyar al Gobierno aun cuando se equivoca".

¿Aviso a Mariano Rajoy o, más bien, un dedo acusador –"cuando se equivoca"- del ex presidente sobre la política antiterrorista de José Luis Rodríguez Zapatero? Los socialistas consultados lo tienen claro: "bofetada de las que duelen" al líder.

El "revisionismo" del 23-F del Congreso de los Diputados
La semana del 23-F pasó con nueva trifulca política. Minorías nacionalistas vascas y catalanas impusieron en el Congreso de los Diputados un comunicado, conmemorativo del fracaso del golpe del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, diluyendo el papel que jugó el Rey aquel día de 1981 para mantener intacto nuestro sistema constitucional. El PSOE claudicó, otra vez, ante las exigencias de sus socios republicanos catalanes. El "aquí manda Carod" volvió a atronar desde las galerías políticas populares. Pero hete aquí que también el PP claudicó y votó a favor del comunicado "revisionista" de nuestra historia más reciente.

Eduardo Zaplana, portavoz del PP en el Congreso, esta vez equivocó la consigna llegada desde el mismo sitio de siempre –no desde Génova precisamente- y metió la pata; y con él la de todo su grupo con su líder, Mariano Rajoy, a la cabeza, que desde Sevilla, donde estaba asistiendo a la recogida de la firma dos millones de su partido contra el Estatut, tronó contra la "bajada de pantalones" de los socialistas sin acordarse de la propia.

El complejo de la derecha o, más bien, el "autismo" del Grupo Popular en el Congreso, otra vez, y ya van varias en los últimos tiempos, posibilitó que el segundo vocero socialista, Diego López Garrido, hábilmente, sacara los colores al "número uno" del PP por protestar por una iniciativa que –incomprensiblemente- habían apoyado sus diputados.

"La hoguera de las vanidades" en torno a Endesa
Mientras esto ocurría, los españoles nos doctorábamos en Economía para tratar de entrever lo que hay detrás del nuevo capítulo de la OPA de Gas Natural sobre Endesa. El presidente Zapatero, envuelto en la bandera roja y gualda, "cavando trincheras en los Pirineos", desafía a la Unión Europea -¿a estas alturas nacionalismo económico?- con decretos ad hoc para impedir que la eléctrica española caiga en manos de la empresa alemana E.ON. Y el secretario general del PP, Ángel Acebes, denuncia que el Gobierno -por su actuación ante la OPA- "atenta contra los principios del Estado de Derecho consagrados en nuestra Constitución y contra los principios fundacionales de la Unión Europea".

¡Pensar que todo este culebrón se ha armado por meter mano el Gobierno en algo que debería haber quedado restringido al juego empresarial! A Manuel Pizarro lo puso al frente de la compañía eléctrica José María Aznar y lo quiere echar José Luis Rodríguez Zapatero. Así se escribe la cosa en líneas gruesas. La hoguera de la vanidades de Tom Wolf versión piel de toro. Todo lo demás, fuegos artificiales muy rentables, por cierto, para los accionistas de Endesa, que tenían sus acciones a 11 euros y ahora cotizan a más de 28. La tercera opción está en marcha: no acudir a ninguna de las dos OPA y dejar Endesa como está. ¡Chapeau para el "campeón" Pizarro!

ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, MUY DURO
Indignación en el PPC tras confirmarse la tutela de ETA sobre ERC
Elsemanaldigital 27 Febrero 2006

ETA da otro palo a ZP e incluso ERC reconoce que le da la razón al PP
ETA demuestra que el PP tenía razón

Su vicesecretario considera "repugnante" que los terroristas confirmen que "la ausencia de violencia en Cataluña no perseguía el objetivo de la paz".

28 de febrero de 2006. Alberto Fernández Díaz ha afirmado a Elsemanaldigital.com que le causa repugnancia comprobar "el precio político por un derecho de todos como es el de la paz" que persigue ETA tras confirmar, a través del documento interno que ha publicitado este fin de semana, que la tregua parcial anunciada hace dos años en Cataluña ("tras la reunión de Josep Lluís Carod-Rovira con la cúpula etarra en Perpiñán", ha recordado el ex presidente del PPC) ha ayudado a reforzar las relaciones entre la izquierda abertzale y el independentismo catalán.

Para el dirigente de los populares catalanes, el texto (en el que la banda armada se jacta de haber agudizado la crisis estructural del Estado y en el que se reitera la exigencia de la autodeterminación para la resolución del conflicto) evidencia que "ETA pretendía poner su tregua, no al servicio de la paz, sino al de los objetivos de los independentistas catalanes y de ERC". Fernández Díaz califica de "doblemente aberrante" que los terroristas recuerden que la tregua sólo afecta a Cataluña y no a todo el territorio de los Países Catalanes a la vez que puntualicen que no descartan atentar en territorio catalán contra enemigos significativos del pueblo vasco".

El vicesecretario general del PPC considera "repugnante" que "se diferencie a las víctimas en función del lugar donde podrían ser asesinadas y en función de su adscripción ideológica" y exige al resto de las fuerzas políticas que, además de expresar su rechazo a la injerencia de ETA, "también denuncien el contexto en el que fue declarada la tregua para Cataluña. Algunos partidos catalanes han silenciado precisamente –lamenta el presidente del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Barcelona- que el anuncio de los asesinos diferenciaba, por razones ideológicas, a los ciudadanos que, también en Cataluña, podían ser susceptibles de convertirse en objetivos de la banda armada".

Fernández Díaz (que siendo presidente del PPC padeció, junto a la inmensa mayoría de los ciudadanos catalanes y españoles de buena voluntad, las cobardes y viles acciones del comando Barcelona de ETA contra los recordados concejales José Luis Ruiz Casado, de Sant Adrià del Besós y Francisco Cano, de Viladecavalls, en una sangrienta etapa en la que también fueron asesinados Ernest Lluch y el guardia urbano Juan Miguel Gervilla) exige de la banda terrorista que en sus documentos o comunicados certifique su intención de "renunciar a la violencia armada y de entregar las armas sin ningún tipo de condiciones porque la paz no es un precio político sino un derecho de todos los ciudadanos".

El dirigente de los populares catalanes subraya a Elsemanaldigital.com que "en democracia, no se dialoga con los terroristas. Se les vence".

Las autonomías arrebatan al Estado 30 competencias que no defendió ante el TC
El Gobierno renuncia a pelear los recursos de la etapa Aznar por invasión de atribuciones
C. Morodo La Razón  27 Febrero 2006

Madrid- Una de las «líneas rojas» de la política del PP ha sido siempre la defensa del armazón del Estado, especialmente en lo que afecta a las competencias exclusivas que la Constitución le reconoce en el artículo 149. Con la llegada al poder en 1996, José María Aznar aplicó esta máxima sorteando como pudo el margen que le dejaba su necesidad de apoyo parlamentario; y tras la reelección en 2000 por mayoría absoluta, liberado de compromisos, los conflictos entre la Administración central y las comunidades autónomas, por posibles invasiones de competencias, aumentaron considerablemente: en el primer año de su segunda legislatura, por ejemplo, se presentaron 53 recursos ante el Tribunal Constitucional (TC), y en 2001 fueron 47.

Desde la toma de posesión de José Luis Rodríguez Zapatero, según una respuesta escrita del Ministerio de Administraciones Públicas al grupo parlamentario popular, se han acordado en reuniones del Consejo de Ministros hasta 30 «desistimientos», es decir, renuncias por parte del Ejecutivo a seguir adelante con los recursos interpuestos en la etapa de mandato «popular» ante el Alto Tribunal, por considerar afectada la capacidad para dictar legislación básica. Esto coincide con el proceso de reformas estatutarias inaugurado después de las elecciones del 14-M, con el Estatut en el centro de la polémica por establecer una redefinición de las competencias de Cataluña que jibariza las facultades del Gobierno en ese territorio, y con la voz de alarma desde el principal partido de la oposición, pero también desde distintos ámbitos jurídicos, sobre el peligro de propiciar una «desarticulación» del Estado que lo vacíe de autoridad e incluso de recursos para garantizar la eficacia, la solidaridad y la igualdad interterritorial. Una argumentación, que ligada al hecho de que la Administración central controla ya hoy en día sólo el 20 por ciento del gasto público (descontada la Seguridad Social), y a que el autogobierno de las comunidades españolas alcanza, e incluso supera, el que existe en otros países de la Unión Europea, fundamenta al PP para dar por prácticamente cerrado el desarrollo del modelo autonómico.

«Calmar» a las autonomías.
A la treintena de recursos de inconstitucionalidad contra normas invasoras de las facultades del Estado que han sido retirados en estos dos años de legislatura, hay que sumar otros 60 desistimientos por parte de las comunidades sobre reclamaciones suyas ante el TC: en este último caso, el trámite habitual para «calmar» a las autonomías exige de un cambio por parte del Ejecutivo en alguna disposición normativa que para ellas suponía una intromisión en sus potestades, aunque a veces son simplemente motivos políticos, es decir, que en La Moncloa esté el PSOE y no el PP, los que explican la reducción de la conflictividad. El grupo popular, a través de la diputada Ana Torme, requirió el pasado 20 de febrero la última petición de información al Gobierno sobre este asunto, confiando en que en el plazo de un mes pueda por fin disponer de todos los datos que lleva reclamando, al amparo del Reglamento del Congreso, desde el pasado 23 de septiembre. De la relación de litigios ante el TC retirados por el Gobierno destacan, especialmente, los siete que afectan a Cataluña, ya que en varios hay cesiones en facultades exclusivas del Estado, como la justicia o las relaciones internacionales, que luego el nuevo Estatut ha circunscrito al ámbito competencial de la Generalitat.

El recurso contra la Ley de la Carta Municipal de Barcelona, desistido por acuerdo del Consejo de Ministros de mayo de 2005, se interpuso por infringir la competencia exclusiva del Estado en materia de telecomunicaciones (art. 149.1.21 de la Constitución) y, en concreto, la ley 11/1998 General de Telecomunicaciones. Los referidos a la regulación en accesión y ocupación, en derechos reales de garantía y a la Primera Ley del Código Civil de Cataluña tuvieron su origen en una misma causa, la invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia civil (art. 149.1.8 de la Carta Magna): el Estatuto de 1979 atribuye a la Generalitat competencia exclusiva sobre conservación, modificación y desarrollo del derecho civil catalán, pero no la faculta para crearlo, como así hace a través de las tres citadas normas, que responden a la reivindicación nacionalista -recogida en el Estatut- de disponer de un marco jurídico propio.

Con esto enlaza otro de los desistimientos por parte del Gobierno ante el TC, el que afecta al decreto de la Generalitat por el que en su día se crearon las Comisiones de Secretarios Judiciales de Cataluña.

En el caso del Decreto 156/2003, de 10 de junio, de regulación de las oficinas de la Generalitat en el exterior, las potestades exclusivas vulneradas, según se consideró en su día, eran relaciones internacionales e inmigración -precisamente, esta última es una de las grandes políticas en la que la letra del pacto Rodríguez Zapatero-Mas otorgaba a la Generalitat capacidad de codecisión junto con el Estado-.

Dentro del listado de desistimientos reconocidos por el Gobierno destacan otros recursos afectados como, por ejemplo, el planteado contra la Ley de Andalucía 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorro. La iniciativa se adoptó por entender que interfería en la normativa básica que recoge la Ley 31/1985 de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, al restringir de manera indebida los supuestos de incompatibilidades y ampliar la capacidad de acceso del personal de cajas de ahorro a los órganos de gobierno. Entre las competencias exclusivas que, por su invasión, fundamentaron la interposición de los litigios jurídicos retirados en esta legislatura figuran: legislación civil, inmigración, medio ambiente, planificación económica, administración de justicia, legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social... Cataluña y los feudos socialistas han sido los más beneficiados.

Apoyemos La Enmienda 6.1
EDITORIAL El Mundo 27 Febrero 2006

Hoy se presenta oficialmente la iniciativa Enmienda 6.1, cuyo principal objetivo es la defensa del castellano en Cataluña.No en vano, el proyecto ha sido bautizado con el número del artículo del nuevo Estatuto que se refiere al uso de la lengua.
Los argumentos jurídicos que exponen sus promotores son impecables y no ofrecen lugar a discusión. Para Enmienda 6.1 Cataluña no es sujeto específico de Derecho, como tampoco lo es la lengua.Los sujetos son los individuos. Es decir, las leyes deben proteger a las personas, y no a Cataluña o a la lengua catalana. Partiendo de este razonamiento, el derecho a utilizar una u otra lengua pertenece a los ciudadanos, y no a los territorios. En consecuencia, las instituciones deben proteger la libertad de los catalanes para emplear el castellano y el catalán. En este momento, el artículo 6.1, que aparece redactado de manera maniquea, certifica el catalán como «lengua propia de Cataluña» y de uso «normal y preferente en las administraciones y medios de comunicación públicos», además de ser la «lengua vehicular» en la educación.Como ya ha subrayado este periódico, el nuevo texto contribuye a discriminar el castellano en Cataluña.

El proyecto Enmienda 6.1, que ha reunido en su primera mañana de actuación -dado que las primeras inserciones publicitarias aparecieron en la prensa de ayer- más de 5.000 firmas, aboga por equiparar ambas lenguas, de modo que se protejan más eficazmente los derechos de los ciudadanos. Para ello, el citado artículo debería redactarse de la siguiente manera: «Las lenguas propias de los catalanes son el catalán y el castellano», añadiendo que ambas han de ser de uso normal en la Administración y ambas también vehiculares en la educación.

La campaña, concebida y planteada en Barcelona, reúne a varias asociaciones de centroizquierda, entre ellas la plataforma de intelectuales con vocación de constituirse en partido político, Ciutadans de Catalunya; el sector crítico del PSC, Socialistas en Positivo; la Asociación por la Tolerancia y algunos sindicatos.Su actividad incluirá desde conferencias y debates hasta recogida de firmas, conciertos y buzoneo.

EL MUNDO comparte plenamente los presupuestos de esta iniciativa que pretende movilizar a la sociedad civil y pide a sus lectores que se adhieran a través de Internet (www.seispuntouno.org) o llamando al teléfono 902 104 293. Pero además este proyecto presenta una oportunidad singular para los dos grandes partidos nacionales: el PSOE está a tiempo de reconsiderar su posición, y el PP de movilizarse al servicio de este derecho de todos los catalanes.

MODELO DE ESTADO / LA IMPOSICION DEL CATALAN
Críticos socialistas impulsan una campaña para que el Estatuto no discrimine el castellano
Varias plataformas se suman a la iniciativa para que el texto recoja la igualdad del catalán y el español - Enmienda 6.1 logra recoger 5.000 firmas solamente durante una mañana tras anunciarse en la prensa
LEONOR MAYOR El Mundo 27 Febrero 2006

BARCELONA.- Distintas plataformas ciudadanas se han unido y han puesto en marcha una campaña para atajar el proceso «de sustitución del castellano por el catalán» que, a su juicio, se está llevando a cabo en Cataluña.
La iniciativa se denomina Enmienda 6.1 porque sus responsables consideran que, si se aprueba el artículo 6.1 del proyecto de Estatuto tal y como está redactado, se iniciará un camino de no retorno en el intento de erradicar el castellano de esta comunidad autónoma.

La campaña, que se presentará hoy oficialmente, ha sido impulsada por Socialistas en Positivo, un sector del PSC crítico con la deriva nacionalista que ha tomado su partido en los últimos años.A los responsables de esta plataforma no les costó nada convencer a Ciutadans de Catalunya -el grupo de intelectuales no nacionalistas que quiere crear un nuevo partido político- de que se sumase al proyecto.

También la Asociación por la Tolerancia, que defiende la lengua castellana, apoyará la iniciativa Enmienda 6.1. Y, a lo largo de esta semana, se irán sumando otras entidades, algún sindicato y otros ciudadanos a título individual, según explica Pedro Gómez, miembro de Socialistas en Positivo.

«La idea de poner en marcha esta campaña surgió de las muchas peticiones recibidas por parte de empresarios, profesores y universitarios que veían la necesidad de reivindicar la existencia del problema lingüístico y de tratar de lograr que ambas lenguas tengan el mismo tratamiento», asegura Gómez.

Para Arcadi Espada, de Ciutadans de Catalunya -que el próximo miércoles presentará su nuevo partido político tras siete meses de gestación-, es «prehistórico» hablar de que las lenguas pertenecen a los territorios y no a los ciudadanos, como pretende el Estatut».

El vicepresidente de Asociación por la Tolerancia, José Domingo, comparte esta opinión y subraya que «en una Estado democrático el sujeto de los derechos es la persona y no el idioma u otros conceptos abstractos, pues, al fin y al cabo, son los individuos quienes usan las lenguas».

Para los artífices de esta campaña, el artículo 6.1 del Estatuto, al obviar esta idea, «niega al castellano la condición de lengua propia de Cataluña e introduce nuevos deberes respecto al catalán que privarán de derechos a muchos ciudadanos y discriminará al español, lo que, en definitiva, supondrá la discriminación de los castellanohablantes», apunta Gómez.

El polémico artículo del proyecto de texto estatutario -que probablemente verá la luz, pues ya ha sido pactado por todas las fuerzas políticas, excepto por el PP- establece: «La lengua propia de Cataluña es el catalán. Como tal, el catalán es la lengua de uso normal y preferente de todas las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos en Cataluña y es, también, la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».

La plataforma propone una redacción alternativa: «Las lenguas propias de los catalanes son el catalán y el castellano. Como tales, ambas son las lenguas de uso normal de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos en Cataluña y son, también, las lenguas normalmente utilizadas como vehiculares y de aprendizaje en la educación».

Domingo piensa que este planteamiento servirá, al menos, «para abrir el debate e invitar a la intelectualidad catalana a que reflexione sobre lo que está haciendo». Espada añade que no será nada fácil rebatir sus argumentos, pues «nadie con sentido común puede oponerse a esta redacción» que pretende equiparar el catalán y el castellano.

La campaña arrancó ayer por la publicación de un anuncio en diversos periódicos de todo el país. En sólo una mañana Enmienda 6.1 recogió 5.000 firmas a través del teléfono y el correo electrónico, según calculó el propio Pedro Gómez.

A partir de esta semana, los promotores de la campaña en favor del castellano intensificarán su actividad a través de diversas iniciativas como el buzoneo masivo, la publicación de artículos en la prensa extranjera, la celebración de conciertos o la convocatoria de concentraciones. Además, el proyecto, capitalizado por la izquierda y el centroizquierda, se presentará en Madrid.

Recortes de Prensa   Página Inicial