AGLI

Recortes de Prensa     Viernes  10 Marzo  2006
El síndrome de Montenegro
MIRA MILOSEVICH
 ABC 10 Marzo 2006

Hacia un nuevo modelo de estado
Editorial ABC 10 Marzo 2006

Nacionalidades y responsabilidad
Jorge Vilches Libertad Digital  10 Marzo 2006

La Cataluña secuestrada
Daniel Sirera Libertad Digital 10 Marzo 2006

Nosotros sí queremos saber
José García Domínguez Libertad Digital 10 Marzo 2006

ETA se rearma en Francia
JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 10 Marzo 2006

Impunidad y vacío
Agapito Maestre Libertad Digital 10 Marzo 2006

El camino de Zapatero hacia el despotismo
José Vilas Nogueira Libertad Digital 10 Marzo 2006

La negociación con ETA continúa
Pablo Sebastián Estrella Digital 10 Marzo 2006

El Estatut nacional
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 10 Marzo 2006

El Estatut del 32 y lo que viene
Lorenzo Contreras Estrella Digital 10 Marzo 2006

Consumada la traición al Estado, el mejor Rajoy pone el dedo en la llaga: Rodríguez tiene una idea ambigua de España
Federico Quevedo El Confidencial 10 Marzo 2006

130. Modelo alemán, versus federalismo asimétrico
Ramón Tamames Periodista Digital 10 Marzo 2006

De autonomías, de naciones y de dineros
Manuel Pimentel Periodista Digital 10 Marzo 2006

ETA DERROTA AL ESTADO DE DERECHO
Editorial minutodigital 10 Marzo 2006

11-M: Once hipótesis para once enigmas
José Javier Esparza elsemanaldigital 10 Marzo 2006

Fracaso anunciado
Editorial EL Correo 10 Marzo 2006

El fraude del buenismo
Santi Lucas elsemanaldigital 10 Marzo 2006

Cuevas acusa a Zapatero de «desmoralizar» a los empresarios con su actuación con ETA
M. VÁZQUEZ DEL RÍO/L. AYLLÓN ABC 10 Marzo 2006

María Jesús González denuncia el "maltrato" de los poderes públicos a las víctimas de ETA y el 11-M
Libertad Digital 10 Marzo 2006

"Cataluña, definida como nacionalidad en el artículo 1, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno"
EFE Libertad Digital 10 Marzo 2006

«Con los alumnos hablad en catalán»
Diana Valdecantos La Razón 10 Marzo 2006

Los nacionalistas «cuelan» en el Estatut que Cataluña tiene símbolos «nacionales»
El PSOE acepta recoger en el texto esta referencia a cambio de incluir el término «nacionalidad» los «símbolos nacionales» de Cataluña
E. L. Palomera / E. Fuentes La Razón 10 Marzo 2006

Aprobados nuevos derechos y deberes para Cataluña que "acaban con la igualdad de los españoles"
Agencias Libertad Digital 10 Marzo 2006

Acebes ve una "aberración" los 'Derechos y Deberes' del Estatut para una Cataluña con "delirios identitarios"
Estrella Digital/Europa Press 10 Marzo 2006

Carmelo González recurrirá a la UE para que se enseñe en castellano
Amenaza con una huelga de hambre junto a otros 50 padres de alumnos
ISABEL MUNERA El Mundo 10 Marzo 2006

Cincuenta puntos por cornear a los no «euskaldunes»
J. Arias Borque La Razón 10 Marzo 2006

El síndrome de Montenegro
Por MIRA MILOSEVICH
Profesora e investigadora del Instituto Universitario Ortega y Gasset ABC 10 Marzo 2006

... Lo que España puede aprender de Yugoslavia es que la descentralización atolondrada del Estado lleva a su desintegración, así como que un Estado no debería incluir en su Constitución los dispositivos legales de su destrucción...

EL próximo 21 de mayo se celebrará un referéndum en Montenegro, una de las dos repúblicas que actualmente forman parte de Serbia y Montenegro, el estado sucesor de la antigua Yugoslavia. La pregunta que se planteará a la población es la siguiente: «¿Quiere usted que Montenegro sea un Estado independiente con plena soberanía nacional?» No parece fácil decidir si lo más sorprendente es el hecho de que el referéndum haya sido aprobado por la Unión Europea o que la Comisión de Venecia de la UE haya impuesto la exigencia de que el «sí» deba ganar con el 55 por ciento de los votos emitidos, sin poner condición alguna respecto al número de los mismos. El actual Gobierno de Montenegro ha propuesto que la participación del 41 por ciento de la población con derecho a voto sea suficiente para que el referéndum sea válido, mientras el Gobierno serbio ya ha anunciado que si no participa un mínimo del 51 por ciento considerará el referéndum como un acto ilegal y no reconocerá sus resultados. El mismo hecho de convocar un referéndum sobre la independencia de un estado miembro significa desestabilización política para Serbia y Montenegro y para los Balcanes en su conjunto. ¿Por qué la UE ha dado su visto bueno? Además de que la convocatoria del referéndum montenegrino puede enardecer a ciertos líderes de los irredentismos occidentales -Ibarretxe se ha apresurado a declarar que España debe tomar ejemplo de Serbia y Montenegro y aprender que las pequeñas naciones tienen un inalienable derecho de autodeterminación-, va en contra de lo que ha sido la política de la UE en los Balcanes después de la caída del régimen de Slobodan Milosevic. Para la UE, el reto principal era evitar mayor fragmentación en la región y promover una política común para la misma, insistiendo en negociaciones «paralelas» y condicionando la integración en Europa de los países balcánicos a la renuncia a sus apetitos secesionistas y a la mejora de sus relaciones. El visto bueno al referéndum supone un retroceso en esta política. Es una vuelta a la actitud que la UE mantuvo en los Balcanes durante la época del régimen de Milosevic.

En los años noventa, mientras Milosevic guerreaba contra las repúblicas vecinas, el líder montenegrino Milo Djukanvic (ex comunista, líder del Partido Democrático Socialista) se presentaba ante los occidentales como la «alternativa democrática», alegando que Montenegro no podría aguantar mucho más el régimen serbio. Los representantes de la UE le apoyaron. Pero después de la caída de Milosevic se demostró que las ayudas recibidas de la UE sólo habían servido para la separación de las instituciones montenegrinas de las serbias correspondientes. Montenegro había conservado el aparato burocrático comunista, y las escasas instituciones de nueva creación mimetizaban el funcionamiento de las comunistas. La UE ya no pudo defender la independencia de Montenegro, porque el pretexto de sus exigencias secesionistas había desaparecido. Europa insistió en la firma de un Acuerdo de unión de ambas repúblicas que se terminó firmando el 14 de marzo de 2002. Desde entonces, Serbia y Montenegro poseen dos Tribunales Supremos, dos bancos centrales, dos sistemas monetarios (euro y dinar), dos sistemas de aduanas. El artículo 60 del acuerdo sobre la creación de Serbia y Montenegro establece el derecho de ambas repúblicas a promover un referéndum, después de tres años, para cambiar su estatuto. Esta paradoja -la de que el mismo día de la constitución del estado común se contemplase la posibilidad de su desintegración- refleja que la UE tenía poca confianza en el futuro de este estado y aún menos en su capacidad de parar el proceso de balcanización. Sin embargo, esto no era una experiencia nueva para los yugoslavos. La Constitución de Yugoslavia de 1974 recogía una cláusula parecida. La crisis que surgió en los países del Bloque Comunista en los cincuenta y sesenta (Hungría, 1956; Checoslovaquia, 1968) fue un toque de atención a los comunistas yugoslavos, que decidieron flexibilizar el sistema. Pero, en lugar de descentralizar el poder del Partido Comunista, descentralizaron la estructura del Estado, otorgando el derecho de autodeterminación a todas las repúblicas. Como el poder real no estaba en las instituciones de las repúblicas sino en el Partido, ninguna de las repúblicas reclamó este derecho hasta la caída de los comunistas. La proclamación unilateral de independencia de Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y su reconocimiento internacional fueron justificados por el hecho de que habían celebrado sus referendos respectivos con la misma pregunta que ahora se plantea a los montenegrinos.

Independientemente del resultado del próximo referéndum, la situación política del Estado común y de las naciones creadas sobre las ruinas de Yugoslavia va hacia una desestabilización progresiva. La independencia de Montenegro podría impulsar la desintegración de Bosnia y Herzegovina, alentar las expectativas de la mayoría musulmana de Sandzak (provincia del sur de Serbia) de anexionarse a ByH y acelerar la independencia de Kosovo, aunque, hasta ahora, la UE estaba contra ésta, a diferencia de la diplomacia norteamericana. Si gana el «sí», Serbia se consolidará como sucesor único del actual estado. Esto significa que abordará en solitario cuestiones como la del futuro estatuto de Kosovo o la entrega de los criminales de guerra al Tribunal de la Haya, dos de los mayores obstáculos en las negociaciones con la UE para el Pacto de Estabilidad y Asociación. Para Serbia, que cuenta con casi diez millones de habitantes, la independencia de Montenegro tendría más importancia simbólica que real, porque no perdería mucho más que su salida al mar. Montenegro saldría mucho más perjudicado. La población del país ya está dividida. Las encuestas realizadas hasta ahora dan un 40 por ciento de partidarios del «sí», un 32 por ciento del «no» y un 25 por ciento de indecisos. Los independentistas culpan ya a la UE de su posible fracaso, alegando que la exigencia del 55 por ciento de los votos favorables es demasiado alta. En el caso de que el resultado fuera negativo, el Gobierno de Djukanovic entraría en crisis, porque el referéndum se ha convertido en el pilar principal de su política.

A pesar de que Ibarretxe ve en el referéndum montenegrino una confirmación práctica del derecho de autodeterminación, lo cierto es que tanta insistencia en aquél, a pesar de sus riesgos evidentes, no radica tanto en un sentimiento nacionalista difícil de cultivar, toda vez que no hay grandes diferencias entre serbios y montenegrinos (hablan el mismo idioma, profesan la misma religión y comparten una historia común), como en el hecho de que el actual Gobierno montenegrino espera integrarse antes en Europa sin Serbia. Aunque la UE insiste en que, para ella, el único interlocutor válido es el Estado común, el hecho de admitir la celebración del referéndum pone en duda la seriedad de su política en los Balcanes. Por otra parte, es obvio que el independentismo montenegrino encubre otra aspiración: la de exonerarse de toda responsabilidad en las guerras yugoslavas (por más que Radovan Karadzic y otros destacados protagonistas de las mismas fuesen naturales de Montenegro).

Lo que España puede aprender de Yugoslavia es que la descentralización atolondrada del Estado lleva a su desintegración, así como que un Estado no debería incluir en su Constitución los dispositivos legales de su destrucción. Una nación es difícil de definir, pero, en todo caso, es algo más complejo que una sociedad mercantil.

Hacia un nuevo modelo de estado
Editorial ABC 10 Marzo 2006

LA Comisión Constitucional comenzó ayer a debatir la propuesta de reforma estatutaria para Cataluña. El texto que debatirán los comisionados en las próximas semanas ya no es el mismo que aprobó el Parlamento catalán el 30 de diciembre del pasado año, aunque las enmiendas introducidas en la ponencia no sólo no han eliminado las principales dudas sobre la constitucionalidad del texto, sino que, en algunos casos, las han agravado. Al margen de este juicio de conformidad o disconformidad con la Constitución, que tarde o temprano acabará emitiendo el Tribunal Constitucional, la novedad política de esta nueva fase de la tramitación parlamentaria de la propuesta estatutaria es que ya recoge los criterios del presidente del Gobierno y del PSOE. No es, por tanto, el Estatuto del tripartito más CiU, sino el Estatuto de éstos más el PSOE. En este sentido, la propuesta estatutaria para Cataluña actúa como foto fija del modelo de Estado por el que opta el socialismo español y, desde esta perspectiva, hay serios motivos para temer por la continuidad constitucional de España en caso de que, finalmente, esa propuesta alcance rango de ley en vigor.

La intervención inicial de Mariano Rajoy identificó acertadamente los conflictos estructurales que va a provocar el probable nuevo Estatuto para Cataluña. Reconoce el carácter de Cataluña como nación y se atreve a reescribir el artículo 2 de la Constitución para dar cabida a ese reconocimiento, todo ello en un preámbulo con clara y trascendente eficacia jurídica. Basa la legitimación política de la Generalitat en la Constitución y, simultáneamente, en los derechos históricos. Crea un catálogo de derechos y deberes propios de la ciudadanía catalana, a partir del Estatuto, puesto en pie de igualdad con la Constitución y los convenios internacionales sobre derechos humanos. Sienta las bases de un poder judicial propio, a partir de la desmembración del Consejo General. E instaura una relación de bilateralidad entre el Estado y la Generalitat, que, por este tratamiento paritario, deja de ser materialmente Estado español para poder blindar sus competencias frente a éste.

El análisis del texto que ayer comenzó a debatirse en la Comisión Constitucional debe trascender las declaraciones superficiales que realizan algunos de sus valedores, porque, como toda norma jurídica estatutaria, recoge facultades públicas y atribuciones de competencias que, una vez vigentes, van a dar paso a un modelo de Estado que no es ni el constitucional ni el que estaba reflejado en el desarrollo estatutario de los últimos veinticinco años. Esta prospección sobre las consecuencias del futuro Estatuto catalán se está mutilando peligrosamente al prescindir de su incidencia en la fortaleza de las instituciones comunes del Estado, que es tanto como preguntarse por quién defenderá los intereses generales de la nación, pues lo que se ofrece es un modelo político en el que priman los intereses particulares de una determinada comunidad.

El debilitamiento seguro de las instituciones del Estado (Cortes, Gobierno, Poder Judicial) y las dificultades previsibles para conservar la homogeneidad de la sociedad española van a hacer que este nuevo Estatuto para Cataluña tenga dos consecuencias muy graves. La primera es que no va a zanjar la reivindicación nacionalista, y será así no sólo porque los propios nacionalistas catalanes lo están avisando, sino principalmente porque este Estatuto va a ser interpretado como un repliegue del Estado y no un acuerdo definitivo. La segunda es que la debilidad del Estado azuzará la presión de otros nacionalistas, como los vascos y los gallegos, pues desde su lógica no habrá razones para no aumentar la intensidad de las reclamaciones a unas instituciones estatales que se desarman política y jurídicamente. El nacionalismo, como señalaba ayer Rajoy, se justifica por la permanencia del conflicto nacionalista, lo que exige no propiciar nunca su solución y alimentar el objetivo separatista, por inviable que sea. La propuesta de Estatuto para Cataluña no resuelve ningún problema, agrava los que ya existían y abre las puertas a procesos políticos aún más agresivos para el Estado y la Constitución.

La responsabilidad de haber llegado hasta aquí y de haber puesto en este trance a España es del PSOE y del presidente del Gobierno. Pero también es suya la oportunidad de evitar que alcance rango de ley la propuesta política más conflictiva y desestabilizadora -junto con el plan Ibarretxe, y a pesar de las diferencias entre una y otro- de cuantas se han debatido desde la instauración de la democracia. La mejor opción es que la propuesta que ayer llegó a la Comisión Constitucional no sea aprobada.

Cambio de régimen
Nacionalidades y responsabilidad

Jorge Vilches Libertad Digital  10 Marzo 2006

Montesquieu trataba en su hoy desatendida obra El espíritu de las leyes de la responsabilidad del político a la hora de procurar mecanismos que aseguren la libertad del individuo. Isaiah Berlin, también, con la ingenuidad que a veces nos persigue, afirmaba con rotundidad que la "libertad implica obviamente responsabilidad".

La democracia articula mecanismos para sustituir y condenar a los políticos por la responsabilidad de sus actos. Sí pero, ¿cómo se cobra una "responsabilidad" cuando ya no hay marcha atrás, cuando no es posible replantearse siquiera las premisas políticas, o su desarrollo? Las complicaciones de este tipo se ciñen a aquellas que afectan, normalmente, a la definición institucional del Estado. Por eso, cuando se emprenden reformas de tal calado, aquí y en el Maputo de Fernández de la Vega, se busca el consenso de las grandes fuerzas políticas.

La redefinición de España en nacionalidades y naciones, a la carta, está protagonizando esta legislatura, en la que quedarán como regiones, parafraseando a Sagasta, "los que no puedan ser otra cosa". Ahora Valencia es una "nacionalidad histórica" dentro de la nación española, un sujeto que al que le va faltando contenido. Y pronto, la pandemia nacionalista pasará al resto de los territorios.

España se está convirtiendo, así, en el Estado de la autodeterminación. Creímos entrar en la historia de los modelos políticos cuando inventamos una transición tranquila de una dictadura a la democracia. Dentro de poco, el "Estado español" será el modelo de transición de una democracia pluralista descentralizada, a una confederación de corralitos nacionalistas basada en la libre autodeterminación. Enseñaremos al mundo un modelo de cambio de régimen forzado por las minorías, que cuenta con el beneplácito de un gobierno débil que ansía, como todos, sostenerse en el poder. La responsabilidad es clara, y el sentido de Estado, o su falta, debería serlo también. Porque es una Segunda Transición que la mayoría de los españoles no creía necesaria hace poco más de dos años. ¿Cómo explicar el cambio de régimen sin que hubiera un movimiento de opinión, general, previo y prolongado?

El camino hacia la independencia de los que en esta legislatura se definan como naciones se comenzó a recorrer en la Primera Transición. La aprobación de la reforma de sus Estatutos de Autonomía se hará, en esta Segunda, de forma legal y legítima, y la responsabilidad del gobierno Zapatero podremos cobrarla en las urnas en 2008. Pero entonces, ¿qué? ¿Cómo desandar la "hoja de ruta" independentista? ¿Lo hará este PP? Es más, ¿merece la pena propiciar una "balcanización", con todos sus conflictos, o decidirse por la vía dulce que tomó Checoslovaquia?

La reforma constitucional y de los Estatutos de Autonomía, emprendida por el gobierno Zapatero con el único ánimo de asentar al PSOE en el poder sine die, es similar a la que tiene lugar –qué casualidad– en Venezuela y Bolivia. La responsabilidad del político, en estos casos, cuando se creen imbuidos de un mandato popular para reconfigurar a su gusto el sistema, se acaba diluyendo. Y es entonces cuando el régimen deja de ser verdaderamente democrático, porque las elecciones ya no consisten en dilucidar la alternancia entre partidos, entre políticas de gestión de lo cotidiano, sino en decidirse por un régimen u otro. Y la democracia no se basa en hacer de cada elección legislativa un referéndum existencial.

Nacionalismo
La Cataluña secuestrada
Daniel Sirera Libertad Digital 10 Marzo 2006

Si existe un hecho diferencial que caracteriza por encima de cualquier otro a la clase política catalana es la irresponsabilidad de sus dirigentes. El discurso del agravio y de la reivindicación permanente necesita identificar un enemigo sobre el que proyectar las frustraciones, los errores y la incompetencia de la izquierda y del nacionalismo catalán. Así, los partidos políticos que gobiernan en Cataluña y sus medios de comunicación afines, se han encargado de culpar al Partido Popular de crispar y atacar a Cataluña. Sólo así puede entenderse que, por poner un ejemplo, la manifestación que hace unas semanas recorrió el centro de Barcelona y que, en un principio, se convocó contra el pacto estatutario entre Mas y Zapatero, acabase siendo, como señalaron partidos políticos y medios de comunicación, una manifestación contra el PP.

En Cataluña es pecado criticar a Maragall, al tripartito o a una ley aprobada en el Parlamento catalán. Si no eres nacionalista te conviertes en un elemento antisistema y eres expulsado de la tribu. Y hoy por hoy, en Cataluña, sólo hay un partido que no comulga con el pensamiento único y que, por tanto, no se define como nacionalista. Sólo el PP no ha definido a Cataluña como una nación. Por eso, quién más está criticando hoy al PP en Cataluña son los socialistas. Tienen mala conciencia. A algunos de ellos les gustaría ser como nosotros, defender sin complejos la idea de España y no tener que renunciar, para llegar a fin de mes, ni a las convicciones ni a los principios. Por eso hacen suyo el discurso nacionalista de identificar al partido con el Gobierno y al Gobierno con Cataluña. Decir que atacar a Maragall es atacar a Cataluña funciona. Pero Maragall no es Cataluña ni el tripartito tampoco. Cataluña es mucho más que el Gobierno de la Generalitat. Transmitir estas ideas en Cataluña es muy difícil. La inmensa mayoría de los medios de comunicación privados se definen como nacionalistas y los medios de comunicación públicos (TV3, Canal 33, 3/24, TVE, La 2, Barcelona Televisión, Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, COM Ràdio, RNE, Ràdio 4 y más) son utilizados para aislar política y socialmente al Partido Popular.

Nunca hasta ahora había sido tan difícil ser no nacionalista en Cataluña. Hoy, cuando el PP critica a Maragall se le acusa de ser anticatalán. Cuando el PP critica que Carod Rovira se reúna con ETA, se le acusa de ser anticatalán. El PP recoge firmas para que Zapatero pregunte a los españoles si creemos que todos debemos ser iguales en derechos y obligaciones, con independencia de que vivamos en Reus o en Jaén y se nos acusa de anticatalanes. Hoy, si el PP se reúne en Madrid para rendir un homenaje a la Constitución, se le acusa de anticatalán. Los nacionalistas aseguran que en España (para mi, en el resto de España) no entienden a Cataluña y culpan al PP, a la COPE, o a El Mundo, de estar detrás de una campaña contra Cataluña. No se sienten responsables de nada. Han enloquecido y se han creído sus propias mentiras. Si en Madrid se recela de los catalanes quizás sea porque uno de los partidos que gobiernan la Generalitat promovió el boicot a la candidatura olímpica de Madrid 2012. Si los valencianos y murcianos recelan de los catalanes quizá sea porque Maragall los ha acusado de malgastar el agua. Si los vascos recelan de los catalanes quizás sea porque Maragall les acusó de ser insolidarios y si los andaluces recelan de los catalanes quizás sea porque Maragall les acusó de vivir a costa de la solidaridad de los catalanes.

Se nos acusa de anticatalanes por denunciar que en Cataluña se persigue el castellano, mientras se aplaude a quien propone que quien quiera educar a su hijo en castellano debe montar un colegio privado. Se nos acusa de anticatalanes por defender que cada ciudadano pueda utilizar libremente cualquiera de las dos lenguas oficiales mientras que la Generalitat multa con 1.200 euros a aquellos comercios rotulados en castellano. Esta es la Cataluña que están construyendo: una Cataluña pequeña, privada de libertad, secuestrada por el poder absoluto de los nacionalistas.

Nosotros sí queremos saber
José García Domínguez Libertad Digital 10 Marzo 2006

Es muy cierto eso de que la cultura es el poso que queda cuando ya se ha olvidado todo. Sin ir más lejos, uno entretuvo cinco años de su juventud estudiando estadística, y lo único que recuerda de todo aquel asunto de derivadas, integrales y modelos econométricos es que Telleyerand llevaba más razón que un santo: "Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible". Luego, vendría Einstein sentenciando que Dios no juega a los dados, aforismo que no dejaba de ser un plagio ingenioso del aserto del francés. Pues la intuición clarividente de que las casualidades no existen, y de que en el álgebra del Universo nada está gobernado por leyes más estrictas e inflexibles que el azar, se la debemos al otro, a nuestro contemporáneo –que por algo traicionó con idéntica y beatífica sonrisita Profident a la República, al Directorio, a Napoleón y a Luis XVIII–.

Telleyrand enunció lo que hay, y, casi al mismo tiempo, el hijo genial de un albañil analfabeto, Carl Gauss, lo demostraría con números. De ahí un problema que no tienen precisamente en Houston, sino en Ferraz. Porque si el tal Gauss no hubiese descubierto la ley Normal, esa campanita mágica que asigna probabilidades a cuanto haya de acontecer bajo su alargada sombra, el once de marzo sólo recordaríamos un crimen político. Pero ocurre que su címbalo impertinente lleva más de cien años sonando. Y, hoy, ahora mismo, retumba con furia atronadora en los oídos de quienes saben leer su partitura.

Porque a José Antonio Alonso, como es de letras, le cupo finiquitar la Comisión del 11-M sentenciando, ufano: "Ni siquiera un indicio conduce a ETA". Sin embargo, pregúntenle al oráculo aleatorio de Gauss qué probabilidad asignaría a que dos camiones atestados de explosivos saliesen por azar, en la misma fecha y casi a la misma hora, de Asturias y Francia, derechitos a reventar Madrid. Hasta el presunto bachiller Montilla sería capaz de adivinar la respuesta correcta: cero.

Luego, dirijan sus miradas a las estrellas, y cuando allá a lo lejos oteen al Chino invitando a copas a las uríes, inquiéranle:

– Oye, Jamal, ¿qué posibilidades de seguir vivo crees que te hubiera concedido el perro infiel de Gauss, tras confesarle a Trashorras que eras amigo de los etarras de la otra caravana?

No esperen su respuesta; para qué si ya la conocen. Mejor, diríjanse sin más dilación al callejón de Avilés que regentaba el ex minero, ése en el que por casualidad la ETA robó el coche que luego explotaría en Santander. Con suerte, puede que allí se topen con el fantasma del gran Telleyrand. E incluso es posible que les recite la otra frase que lo haría inmortal: "Sólo hay algo más terrible que una calumnia: la verdad".

ETA se rearma en Francia
Por JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 10 Marzo 2006

En París, Le Figaro está convencido de que ETA se está reorganizando y rearmando en Francia, y avanza tres tipos de argumentos: 1. La banda terrorista está robando armas y vehículos que más tarde serán utilizados en España. 2. Se han sucedido varios robos a mano armada, con fines terroristas, en Normandía, Charente y el Sur oeste. 3. Se sospecha con fundamento que la banda ha robado en Francia componentes básicos para fabricar explosivos, en sus «talleres» franceses. Tras tales afirmaciones, Le Figaro concluye: «ETA quiere negociar en posición de fuerza o prepara «el día después» de la tregua anunciada».

Le Monde aborda el problema vasco desde un ángulo radicalmente distinto: las «presiones» de Batasuna para intentar imponer sus tesis, en la calle. Le Monde describe con un lenguaje más o menos crudo la brutalidad de los enfrentamientos en curso, para concluir que la evolución de la crisis «es una mala noticia para el Gobierno madrileño».

El rosario de bombas, amenazas y extorsiones etarras es destacado, igualmente, por Liberation, en París, y El Universal, en México, que insiste en la coordinación de las presiones callejeras de Batasuna y las bombas con las que ETA «participa» en el «movimiento». En Berlín, la Deutsche Welle ha emitido un matizado comentario de un especialista, Walter L. Bernecker, que resume la situación de manera simple y brutal: «Estamos muy lejos del fin de ETA».

En otro terreno, más o menos próximo, La Tribune parisina consagra bastante espacio al aniversario del 11-M, cuya actualidad resume con este titular: «El imposible olvido de las víctimas». El Guardian londinense y el Washington Post coinciden en subrayar un fenómeno paralelo: «Los musulmanes españoles o residentes en España tienen que afrontar los nubarrones de las sospechas».

Ante el no sé si muy previsible comportamiento de la Fiscalía boliviana contra los hombres de Repsol, en La Paz, los comentarios periodísticos confirman una situación interior tensa, «volátil», imprevisible. El Deber, por ejemplo, afirma que el encuentro Brufau-Morales terminó con un acuerdo «de momento». La Paz boliviano, por el contrario, parece tener alguna inquietud, que refleja esta frase de un editorial: «Los bolivianos no queremos que el Gobierno de Bolivia tome el camino que tomó Cuba en su tiempo». Veremos.

11-M
Impunidad y vacío
Agapito Maestre Libertad Digital 10 Marzo 2006

Mil rodeos doy para escribir sobre el atentado terrorista del 11-M. Leo y releo los periódicos. Llamo a los amigos para comentar los nuevos "descubrimientos" sobre el suceso. Me devora la inquietud de la historia oficial de este horrible crimen. Para mi desdicha, sin embargo, aún dudo de que la historia oficial, como dijera Camus, haya sido siempre la historia de los grandes criminales. O sea, escribo sobre al asunto con el alma encogida. Siento flaquear mi pensamiento y a punto estoy de abandonar, pero me vengo arriba al percibir que las víctimas se rebelan contra la interpretación oficial del atentado. Las víctimas no quieren ser culpables. Las víctimas han rechazado, definitivamente, la alevosa interpretación oficial. Nadie en su sano juicio político admite, hoy, que el atentado fuera un castigo por la presencia de España en Irak.

¿Conseguirá este imperativo moral, las víctimas jamás son culpables, vencer la impunidad de este crimen? He aquí el drama al que se enfrenta la sociedad española. ¿Cuál es el precio que tiene que pagar un individuo por vivir en una sociedad que deja impune un crimen como el del 11-M? La desaparición de la autenticidad y la entronización del cinismo son ya monedas pagadas a los criminales para instalar la impunidad, la imposibilidad de castigar el crimen del 11-M, como forma de vida. A partir de ahí, nada es imposible. Al contrario; es, trágicamente, plausible que el terror margine a la justicia y acabe con la política. El Estado de Derecho desaparece a manos de la industria criminal organizada. Las buenas palabras y maneras, el buen tono o talante, el cambiar permanentemente de opinión, el no creer demasiado en nada, al fin, el nihilismo barato es la mejor máscara para simular que estamos lejos del tránsito del Estado de Derecho a la Industria del Crimen. El cinismo y la simulación, disfrazados de diálogo, son el decorado de la Gran Industria.

Lo terrorífico de mi diagnóstico es que todo está en el sumario abierto por el juez de la causa, el señor Del Olmo. Han pasado casi dos años, pero aún no se sabe quiénes va a ser juzgados y con qué cargos. No hay nada claro y distinto sobre los imputables reales y posibles. No hay ni sola hipótesis viable para enjuiciar a los culpables. El sumario nos interpela y solivianta hasta conducirnos a la nada. La lectura atenta del sumario del 11-M exige, sí, rigor, crítica y universalidad, porque revela contradicciones por todas partes. Pero el sumario es más que un enigma. Es un vacío. Una enorme oquedad, un precipicio, para la justicia. Para la democracia. El sumario es una apoteosis de la impunidad. Todo parece diluirse en una "lógica de la historia" que escapa al poder de control de los hombres. El peor Hegel viene en ayuda de los intérpretes oficiales, o sea criminales, de la historia para institucionalizar el escepticismo judicial como la principal figura cínica de la Industria Criminal.

Todo es abstracción. Vacío. Los criminales gritan satisfechos: "Nunca se sabrá nada". Terrible.

Ataque al Supremo
El camino de Zapatero hacia el despotismo
José Vilas Nogueira Libertad Digital 10 Marzo 2006

El acelerado camino hacia el despotismo emprendido por Zapatero, sus correligionarios y socios, ha vivido estos días un nuevo episodio. Dominados el poder legislativo y el ejecutivo por partidos de vocación totalitaria, las últimas trincheras de defensa del régimen constitucional son la libertad de prensa y la independencia del poder judicial.

Ya hace años que esta independencia viene siendo objeto de ataques: la habilitación de vías de acceso a la carrera judicial, al margen de las oposiciones (para juristas de "reconocido prestigio") se ha traducido, en demasiados casos, en la conversión en jueces de políticos, en el sentido de "hombres de partido". La legalización, contra la Constitución, de sindicatos de jueces, mediante el simple y cínico expediente de llamarles "asociaciones profesionales" (también los sindicatos son asociaciones profesionales) ha propiciado la constitución de asociaciones partidistas de jueces.

Finalmente, la generalizada ausencia de valores constitucionales y de mera honestidad democrática de nuestra clase política ha derivado en que, cuando se requiere la intervención directa de los legislativos (el nacional, de la indefinida nación, y los autonómicos) para la designación de algunos miembros de las más altas magistraturas, las mayorías reforzadas exigidas se traduzcan en un sistema de cuotas, por el que los partidos se reparten los puestos, cual sayones la capa de Cristo, manchando a los elegidos con el ya indeleble estigma de la etiqueta partidaria ("juez conservador", "juez progresista", etc.).

Cual personaje de tango, fané y descangallada ha quedado la justicia. Pero aún alienta, una percha en el escote, bajo la nuez. Y todavía esto es demasiado para el despotismo zapateril. Se ha propuesto acabar con ella y al efecto ha emprendido un ataque en toda regla contra el Tribunal Supremo. Hace poco tiempo hicieron comparecer en el Congreso de Diputados, al presidente del alto tribunal, al que cuatro oligarcas de partido chulearon con su depurado estilo de "demócratas de toda la vida". En vista del éxito, estos bárbaros han intentado reiterar el abuso, convocándole para que justifique ante ellos los criterios que ha aplicado el Tribunal para el cómputo de los beneficios de reducción de penas.

No ha comparecido esta vez don Francisco Hernando y, en mi opinión, tampoco debió hacerlo en la ocasión anterior. Naturalmente, le han llovido descalificaciones como antidemócrata, rendido o, incluso, vendido al Partido Popular, etc. Se las hubieran proporcionado igual, aunque en mayor cantidad, si hubiera comparecido. Pero no sólo se ha ahorrado algunos insultos y una situación desagradable. Ha evitado hacerse cómplice, siquiera involuntario, de la propaganda gubernamental, que no pierde ocasión de desnaturalizar los fundamentos del régimen constitucional.

Porque la cuestión no se reduce a deficiencias o carencias de nuestra presente situación política. Hay un verdadero propósito orwelliano en los agentes zapateriles. Para combatirlo, quizá no sea suficiente, pero es imprescindible una constante pedagogía de lo que significa el régimen constitucional. Resulta penoso ver como gentes presumiblemente independientes y respetuosas de la Constitución sucumben ante aquella propaganda, compartiendo de buena fe las calificaciones de los déspotas partitocráticos.

No se trata ya sólo de Montesquieu, cuyo enterramiento bajo siete llaves tanto celebran nuestros déspotas partitocráticos. Más allá de una particular filosofía o sistema de gobierno nos sitúa en la línea roja entre el despotismo y un régimen de libertad civil. Pues, dado que el objetivo del político es inducir la adhesión a sus posiciones, su discurso es puramente exhortativo, no está interesado en el establecimiento de la verdad, sino en la consecución del convencimiento. El objetivo del juez es definir la verdad; su discurso es inquisitivo, trata de obtener un juicio de verdad, dirimiendo (normalmente) entre contrarias y parciales argumentaciones. A la luz de esto, juzguen ustedes las declaraciones del fiscal general del Estado, invocando el "sagrado deber" que tendría el presidente del Tribunal Supremo de comparecer ante el Congreso y otros asertos similares. In dubio pro reo, no parece un jurista muy competente.

José Vilas Nogueira es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Compostela

La negociación con ETA continúa
Pablo Sebastián Estrella Digital 10 Marzo 2006

Quién dijo miedo. Las bombas de ETA y sus comunicados amenazantes, la ocupación de la calle por Batasuna, los nuevos y reiterados chantajes de la banda no han detenido al presidente Zapatero en su empeño de abrir una negociación oficial con la banda terrorista. Unas conversaciones que seguramente están precedidas de otra negociación previa y secreta y de unos preparativos por parte del Gobierno, políticos y jurídicos, que den oportunidad y cauce a dos acontecimientos que el Gobierno y el PSOE esperan con ansiedad: el anuncio de una tregua indefinida de ETA y el correspondiente del Gobierno de su disposición a participar en encuentros formales para negociar lo que llaman la paz.

Ansiedad y prisas de un Ejecutivo que pretende hacer coincidir la tregua de ETA con la aprobación del nuevo Estatuto catalán en fechas anteriores al inicio de las vacaciones de verano. De esta forma despejaría ambas incógnitas antes del otoño, en el que, por otra parte, se abrirá un nuevo curso político marcado por las cita electoral de las elecciones municipales del 2007, que serán el preámbulo condicionante de los comicios generales del 2008.

Para cumplir todos estos objetivos, y en especial el de la tregua de ETA —una vez que se considera encauzado el Estatuto catalán—, el presidente Zapatero no cesa de actuar a favor de medidas políticas y jurídicas que permitan a la banda terrorista percibir una clara voluntad del Gobierno de legalizar a Batasuna, de abrir vías para la liberación de los presos etarras y buscar fórmulas de integración social de sus comandos activos. Así como de iniciar, paralelamente, los trabajos de las llamadas mesas de negociación, en las que se incluirá un nuevo proyecto de Estatuto vasco, de corte soberanista y similar al de Cataluña, aunque seguramente con mayores concesiones políticas para satisfacer a ETA en el campo de la definición nacional de Euskadi y de su autodeterminación, sobre la base de documentos ambiguos que den cabida a todo ello, como ocurrió con el Estatuto catalán.

Y todo ello a pesar que el presidente se ha visto en la necesidad de declarar su oposición a la autodeterminación
—oposición, de momento, verbal—, lo que sin duda ha indignado a los jefes de ETA, de ahí la progresión de los llamados atentados de baja intensidad. Y además ha sufrido serios reveses en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en lo que a las pretensiones de Batasuna (congreso de Barakaldo) de actuar en política y al proceso de liberación de presos etarras (que deben cumplir íntegramente sus condenas) se refiere.

Especialmente por causa de la reciente decisión del Supremo de hacer cumplir íntegramente las condenas a los etarras, que seguramente habrá causado desesperación en la cúpula de ETA y en sus presos. Por ello la insistencia del ministro de Justicia, López Aguilar, y del fiscal general, Conde-Pumpido, de oponerse a la decisión del Supremo —no para defender la legalidad, sino para contentar a ETA— que daña mucho sus planes negociadores. De ahí la actitud premeditada de manos caídas de la Fiscalía, que podría estar acompañada de gestos muy similares por parte del Ministerio del Interior y del CNI, de vista gorda y de no persecución de ciertos dirigentes de ETA como Josu Ternera, que estarían inmersos en la presunta negociación en curso, y todo ello al margen del Estado de Derecho.

Las quejas políticamente indecentes y presiones del Gobierno contra el Supremo por haber decidido que los etarras cumplan las condenas —similares a las declaraciones de Zapatero a favor del derecho de reunión de Batasuna— son guiños o mensajes que se mandan a la dirección de ETA y a sus presos para advertirles de que en Moncloa están decididos a buscar todas las fórmulas oportunas —además de los indultos individuales— para garantizar la salida de los terroristas de las cárceles si avanza el proceso de fin de la violencia.

Todo ello hace pensar que el presidente Zapatero ha constituido un núcleo duro para la puesta en marcha del proceso en el que ya están trabajando los ministros de Interior, Justicia y puede que también el de Defensa (por su control del CNI), así como el fiscal general del Estado —al que cita como aliado el propio Otegi cuando declara: “¿Lo sabe Pumpido?”—, además de otros altos funcionarios o ex funcionarios de Moncloa —¿acaso Serrano, Barroso, etc.?—, sin olvidar en todo ello la información privilegiada que parece tener sobre esto la presidencia del grupo Prisa, que ampara editorialmente todas y cada una de las iniciativas del presidente Zapatero, en este y otros campos.

Naturalmente, el riesgo democrático y político que se corre con semejante cabalgada, dejando fuera al primer partido de la oposición, a las víctimas del terrorismo y al resto de medios de comunicación, así como a los jueces independientes, es grave y podría tener serias consecuencias políticas para el Gobierno y el PSOE. Incluso aunque ETA anunciara su tregua, porque a medida que se fuera descubriendo el precio político de la negociación la indignación y la repulsa crecería en la sociedad. Sin perder de vista en este proceso la posibilidad de que ETA, o un sector de la banda, no acepte el modelo que Moncloa pretende utilizar y se produzca un atentado criminal.

En todo caso, el presidente Zapatero no ha dicho la verdad. Él y su Gobierno están al día de hoy conculcando la legalidad convencidos de que el fin justifica estos modos y que vale todo —como ocurrió de manera superlativa con los GAL— con tal de avanzar hacia el principio del fin de ETA que el presidente anunció como inmediato semanas atrás. Aunque las fechas esperadas hasta el momento (finales del 2005 o primeros del 2006) no se han cumplido. Ahora se manejan las del Aberri Eguna del mes de abril, o puede que las de la aprobación de Estatuto catalán, con lo que ETA cumpliría su objetivo de unir los procesos autonómicos con su estrategia del terror. Algo que se ya vio durante las que fueron primeras (no se sabe si hubo otras) conversaciones en Francia entre Carod-Rovira y Josu Ternera, que dieron pie a la tregua de ETA sobre el territorio catalán.

Veremos cómo discurren los acontecimientos aunque, por el momento, tenemos que decir que la iniciativa corresponde a ETA por causa del error esencial de Zapatero de ofrecerles una negociación y de anunciar la paz mientras continúa el terrorismo, lo que le obliga a doblegar día a día el Estado de Derecho, porque sabe que si no hace gestos y concesiones políticas todo el proceso se parará y el terror con sangre regresará.

El Estatut nacional
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 10 Marzo 2006

El PSOE ha vuelto a hacer concesiones al nacionalismo catalán para reforzar la condición y definición de la nación catalana que ya figura en el preámbulo del nuevo Estatuto de Cataluña, y que ahora se ve reforzada por una enmienda de última hora según la cual Cataluña tendrá símbolos nacionales en el himno, la bandera y la fiesta nacional. Por si alguna duda quedara sobre la deriva soberanista del citado Estatuto, ayer en la Comisión Constitucional del Congreso Zapatero y su partido dieron un paso más a favor del nacionalismo catalán.

La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados ha iniciado con prisas el debate sobre el texto del nuevo Estatuto de Cataluña, en un ambiente que ha pasado de una cierta rigidez y tensión inicial al paso de las florituras y las cortesías excesivas, que es, en suma, la estrategia que practican los promotores del Estatut, PSOE y CiU, en un intento claro de, por una parte, situarse en el centro de la cuestión entre las posiciones de ERC y PP, y, por la otra, de legitimar con la presencia de los populares el proceso encubierto de reforma de la Constitución y de recorte de libertades que encierra el texto en discusión.

Operación de indiscutible calado y consecuencias políticas con la que el Gobierno de Zapatero, autor y primer responsable del enredo, pretende asignar al líder de la oposición, Rajoy, el papel de “convidado de piedra” en el festín anunciado del nacionalismo catalán, que es a la vez el preámbulo de otras aventuras que continuarán en el País Vasco, como pronto se verá.

Rajoy y el PP actúan solos ante el resto de los comisionados porque la actitud de ERC y de sus pintorescos portavoces de palos contra todos, incluidos el PSOE y CiU, puede ser, como parece, una actitud temporal a la espera de alcanzar algún acuerdo o una foto que pronto les permita incorporarse al apoyo del Estatut, una vez que se les pase el ataque de celos que les ha producido el pacto hallado entre Zapatero y Mas. Cosa que no les va a ser fácil sin perder la cara en Cataluña, porque como se lo recordó ayer mismo el líder de CiU, Mas, al de ERC, Carod, el debate entre nacionalistas se encuentra entre el radicalismo de ERC y lo que los convergentes llaman su apuesta por el idealismo y la realidad.

Naturalmente, Mas habla de una realidad nacional catalana, que obvia y desprecia la realidad constitucional de la nación española, y todos los principios, normas y deberes que están en la Constitución y que son vulnerados o desbordados por el Estatut, tal y como lo dijo y denunció Rajoy en una intervención más precisa y eficaz que, dicho sea de paso, su discurso en la pasada Convención del PP. Rajoy advirtió sobre la inconstitucionalidad de la presencia de la palabra nación en el preámbulo del Estatut, sobre el blindaje y la definición de competencias, derechos y deberes, intervencionismo, lengua, etcétera. Pero de poco o nada les van a servir sus denuncias y advertencias, salvo que tengan en España una gran proyección ciudadana y electoral, porque el paso del Estatuto por la Comisión, y luego por los plenos del Congreso y del Senado, será para el PSOE y para CiU un paseo militar.

La conclusión a la que se llega, tras la primera jornada del debate en comisión, es que lo del Estatut va a toda velocidad en los tiempos previstos por el Gobierno, sin que nada ni nadie lo pueda frenar. Y sin que el PP consiga imponer su voz y criterio ante lo que, sin lugar a dudas, es una reforma encubierta de la Constitución, a la vez que el inicio de otras reformas estatutarias de carácter soberanista como la que proseguirá en el País Vasco, si es que el Gobierno consigue despejar la tregua de ETA para hacer coincidir ambas cosas, o las tres, porque en ello está.

El Estatut del 32 y lo que viene
Lorenzo Contreras Estrella Digital 10 Marzo 2006

Ha comenzado en el congreso de los Diputados el debate del Estatut de Cataluña. La comisión constitucional que preside Alfonso Guerra ha de entendérselas con el texto o borrador elaborado por la ponencia mixta y con la constante sombra del proyecto aprobado por el Parlamento catalán. Hay muchos aspectos polémicos por referencia a la Constitución, como bien se sabe. Esto significa que se va a poner a prueba la política de Zapatero, la actitud del grupo socialista y todo aquello que se pretende, según el Gobierno, positivo para el futuro de España, para su integridad territorial y para los derechos de los ciudadanos no nacionalistas.

Es cuestión de esperar y ver. La definición de Cataluña como nación, frente a lo establecido en la Constitución de 1978, que sólo reconoce una Nación, la española, común e indivisible para todos los españoles, dotada de unidad indisoluble, ha sido matizada en el texto cuya discusión ahora se inicia. Cataluña se pretende nación en el preámbulo, como si ese pórtico del futuro Estatuto-Constitución (que es lo que resulta ser en la práctica, en el fondo y en la forma) fuera una especie de declaración irrelevante frente a los inconmovibles dictados de la Ley Fundamental española. ¿Inconmovibles? Ya no lo parece. El preámbulo impregna el articulado, quiérase reconocer o no. Una vez más conviene arrojar una mirada a lo que la República hizo posible en el Estatuto catalán de 1932.

En el texto de aquel Estatuto, aprobado por la ley de 15 de septiembre de ese año, el concepto de nación catalana ni se huele. El artículo primero establece que Cataluña “se constituye en región autónoma, dentro del Estado español, con arreglo a la Constitución de la República y el presente Estatuto”. ¿Está claro? Estaba.

Y ¿qué decir de la cuestión lingüística? El artículo segundo dispone que el idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial de Cataluña. Ahora bien, para las relaciones oficiales de Cataluña. Ahora bien, para las relaciones de Cataluña en el resto de España (no se habla de Estado para definir el conjunto territorial), así como para la comunicación entre las autoridades del Estado y las de Cataluña, “la lengua oficial será el castellano”. Y una puntualización que viene al dedo de los problemas que ahora surgen: “toda disposición o resolución oficial dictada dentro de Cataluña deberá ser publicada en ambos idiomas”. Y además “la notificación se hará también en la misma forma, caso de solicitarlo parte interesada”. Se aprecia que los republicanos que entonces gobernaban España ya preveían los humores internos de los nacionalistas, hoy desgraciadamente patentes y expresos, cuando hacían prosperar el siguiente texto: “Dentro del territorio catalán, los ciudadanos, cualquiera que sea su lengua materna, tendrán derecho a elegir el idioma oficial que prefieran en sus relaciones con los tribunales, autoridades y funcionarios de todas clases, tanto de la Generalidad como de la República”.

De rigurosa actualidad, a la vista de lo que viene ocurriendo en Cataluña, es el siguiente precepto del Estatuto del 32: “A todo escrito o documento que se presente ante los tribunales de Justicia redactado en lengua catalana, deberá acompañarse su correspondiente traducción castellana, si así lo solicita alguna de las partes”.

Hay en el artículo tercero un texto que rezuma también actualidad, pero en sentido inverso a lo que ahora se contaba: “Los derechos individuales son los fijados por la Constitución de la República española. La Generalidad de Cataluña no podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y de los demás españoles. Éstos no tendrán nunca en Cataluña menos derechos que los que tengan los catalanes en el resto del territorio de la República”. (¿Les suena esta música?)

He aquí otro eco retrospectivo: “Si la Generalidad lo propone, el Gobierno de la República podrá otorgar a la Universidad un régimen de autonomía; en tal caso, ésta se organizará como Universidad única regida por un patronato que ofrezca a las lenguas y a las culturas castellana y catalana las garantías recíprocas de convivencia, en igualdad de derechos, para profesores y alumnos”. (Sin comentarios.)

Consumada la traición al Estado, el mejor Rajoy pone el dedo en la llaga: Rodríguez tiene una idea ambigua de España
Federico Quevedo El Confidencial 10 Marzo 2006

“Ningún problema se arregla cuando los que tienen que arreglarlo viven de la existencia de ese problema”. La cita corresponde al profesor Roberto Blanco Valdés, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago, un hombre próximo a las posiciones de izquierda, y puede encontrarse en su libro Nacionalidades históricas y naciones sin historia. No sé si le hará gracia a Mariano Rajoy que desvele la procedencia de la cita, porque ayer la empleó él pero no quiso descubrir la fuente. Lo cierto es que la afirmación del profesor Blanco da de lleno en la diana de lo que de verdad ocurre en este país desde que gobierna Rodríguez: los nacionalistas han elevado a categoría de asunto de Estado su victimismo y, por defecto, su independentismo.

¿Por qué ha sido esto posible? Por una razón que el propio Rajoy exponía ayer sin cortapisas en su intervención en la Comisión Constitucional del Congreso: Rodríguez tiene una idea ambigua del Estado. Probablemente, diría yo, lo que tiene es una idea viciada en origen del Estado, viciada porque para el presidente del Gobierno nada de lo edificado durante los treinta años de Transición democrática sirve para continuar en el camino de la construcción nacional y, por lo tanto, hay que volver a levantar el edificio desde los cimientos, y hacerlo a espaldas de más de la mitad de los españoles y sin consultarlo con ellos. Puedo comprender que incluso entre socialistas de bien y probada inteligencia haya quienes para deshacerse de alguna clase de sentimiento de culpabilidad busquen ésta en las filas del centro-derecha, pero nadie puede negar que en la búsqueda del consenso el plus fundamental de responsabilidad lo tiene quien ostenta el ejercicio del poder.

Lo que ayer se empezó a debatir en la Comisión Constitucional, con una intervención de Rajoy que debería estudiarse en las aulas de cualquier curso de Derecho Político, es sin duda la mayor de las afrentas al Estado de Derecho, llevada a cabo precisamente por el Parlamento en el que reside la soberanía nacional, es decir, el primer y único poder del que, en virtud de la más estricta ortodoxia de la democracia liberal, emanan todos los demás, incluida la propia Constitución, como muy acertadamente se encargó de dejar bien claro Mariano Rajoy. ¿Por qué lo es? No por los pactos que le han permitido ver la luz, ni por un sistema de financiación del que nadie ayer era capaz de dar cuenta. Lo es porque el texto del Estatuto es perfectamente equiparable a la Constitución; es, en sí mismo, una forma constitucional de estructurar una Comunidad Autónoma con las prerrogativas de un Estado, al que ya se le da categoría de nación en el preámbulo pactado en la Ponencia del Estatuto.

En cualquier otra situación y en condiciones políticas diferentes, lo que ahora se plantea como un conflicto entre Cataluña y el resto de España se hubiera reducido a la negociación de la mejora de las condiciones económicas y del sistema de financiación. Probablemente sea cierto que una buena parte de la sociedad catalana tenga la sensación de que contribuye a España por encima de lo que España contribuye a Cataluña. Pero, incluso aunque esta percepción se fundamente sobre una falsedad, la política exige tener en cuenta no sólo las realidades, sino también los sentimientos, y eso hubiese sido posible de acotar y negociar sensatamente.

No es el caso. La exigencia se ha excedido hasta el punto de que en virtud de unos pactos inconfesos con el nacionalismo más radical y con el nacionalismo que pervierte la liberalidad del sistema y atenta contra los derechos individuales de las personas, lo que se plantea es la definición de un nuevo Estado con relaciones de bilateralidad con el Estado español. Esto, curiosamente, lo reconoce una parte de los que han pactado el Estatuto –los nacionalistas- y lo niega la otra –los socialistas-. A quien hacemos caso, ¿a los que se lavan las manos como si todo esto formara parte de la más estricta normalidad, o a quienes lo van a gestionar sobre la base de que Cataluña es una nación?

Esto implica la ruptura de todos aquellos principios constitucionales que habían convertido a nuestro país en una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes que ostentan la soberanía nacional, como le gusta decir a Rajoy. Es decir, se pervierten principios de igualdad, solidaridad y libertad. Y digo bien cuando afirmo que se pervierte el principio de libertad, porque si hay algo inconcebible en el Estatuto no es sólo la afrenta al Estado de Derecho en la medida que deslegitima el principio constitucional de unidad nacional, sino que, además, se convierte en un arma devastadora para las libertades individuales en manos de un nacionalismo extremista y autárquico, cuya concepción de la democracia pasa porque todos deben pensar igual que ellos y aceptar sus condiciones, o están fuera del sistema.

De ahí que los llamamientos de ayer por parte de Rajoy a los diputados de CiU, tradicionalmente democristianos y liberales a la par que nacionalistas, tuvieran una especial relevancia, porque lo que Artur Mas ha pactado con Rodríguez es un Estatuto que en su fundamento ideológico abandona cualquier defensa del liberalismo democrático y lo que pretende es subyugar a la sociedad catalana a una forma de autarquía marxista propia del peor de los estalinismos. Escuchando ayer a Joan Tardá –ERC- uno tenía la sensación de que las tropas bolcheviques podían estar esperando a la puerta de la Sala Internacional para llevarse prisioneros a los gulags siberianos a todos los disidentes. Si Tardá, Carod y Puigcercós mandaran de verdad, algunos ya podríamos ir pensando en el exilio. ¿Y este concepto colectivista y socialista de la sociedad lo apoya CiU? ¿Lo apoya el ala más liberal del PSOE, que existe aunque parezca dormida?

Lo que se ha aprobado en la Ponencia y se va a probar, sin duda alguna, en la Comisión Constitucional, implica una perversión de nuestro sistema de valores, su sustitución por otro que acepta la colectividad como principio armonizador frente al individuo como sujeto de derechos y deberes, y que pone en manos de la Generalitat la capacidad de ordenar, influir, intervenir y controlar la actividad privada hasta un punto casi asfixiante. Si hay una norma que implica en sí misma un ataque frontal a la libertad individual, ésta es el Estatuto Catalán, tal y como va a salir del Congreso de los Diputados camino del Senado a finales de este mes. Y lo hará con el impulso del presidente Rodríguez, su máximo valedor y principal inspirador. Ése si es un peligro que los ciudadanos de Cataluña deben tener en cuenta, porque se trata de su libertad.

130. Modelo alemán, versus federalismo asimétrico
Ramón Tamames Periodista Digital 10 Marzo 2006

¿Recuerdan Vds. cuando el Sr. Maragall hablaba de federalismo asimétrico y nos parecía escuchar una voz espectral sin ningún sentido de futuro? Pues bien, entre unas cosas y otras, ese federalismo está a punto de instaurarse en España, por medio del Estatuto de Cataluña, si es que otras fuerzas políticas, o el Tribunal Constitucional (TC) no lo impiden.

Las especificaciones del Estatuto, planteado con clara inconstitucionalidad desde el mismísimo preámbulo hasta las disposiciones finales, y con muchas prisas para llegar al referéndum —de modo que el TC se encuentre ante un hecho consumado—, es el acervo máximo del referido federalismo asimétrico, con toda clase de ribetes de confederalismo, y tal vez la senda, algún día, para desembocar en la secesión.

Y por aquello de aprender en cabeza ajena, sobre todo en España, donde casi siempre vamos a remolque de ideas importadas de allá o acullá, resulta que a los políticos nacionalistas, lo que más les ha servido de inspiración en cuanto federalismo ha sido la estructura constitucional de Alemania. Y bien que la citaban siempre, para destacar que los Länder tenían más competencias que nuestras CC.AA. —lo que no era cierto— y que la Federación de Bonn primero, y de Berlín ahora, estaba más que contenta de la gran descentralización. Lo cual tampoco era verdad.

La realidad es muy otra: ahora, en Alemania se dan cuenta de que su federalismo ha ido demasiado lejos, porque cualquier asunto de interés general para el conjunto se convierte en un ciempiés, a causa de las excesivas competencias de los Länder; que en muchos casos restan toda eficacia (hacer las cosas) y eficiencia (hacerlas bien) a los proyectos de carácter general. Algo, que ya se sabe desde tiempo atrás, pues Helmut Schmidt ya aludió a ello al decir: “Desde el gobierno, no podemos hacer casi nada, pues las potestades de los Länder nos tienen atados de pies y manos”. Así de claro.

Pero la cosa ha ido a más, de modo que en estos días, los dos partidos de la Gran Coalición, tienen en marcha la reforma constitucional. Y ha sido la Ministra de Justicia del gobierno de Ángela Merkel, Brigitte Zypries, quien ha dicho a La Vanguardia del pasado 2 de marzo: “Los ciudadanos ya no distinguen quién decide qué… Es de temer que la descentralización traiga más desigualdades entre los Länder…No se trata de que 16 regiones compitan en el mundo, sino de que lo haga Alemania como país… Los Länder actúan de manera que crean una imagen difusa de Alemania… Desde Alemania diría a España que aprenda de nuestros errores …”.

Frente a tanta ilusión óptica que difunden los nacionalistas en España, lo real es que el poder del Estado va fraccionándose hasta lo intolerable, para entrar en un proceso de nuevas complicaciones. De ahí que el ejemplo alemán de nueva devolución, esta vez de las autonomías al poder nacional, nos resultara verdaderamente útil.

De autonomías, de naciones y de dineros
Manuel Pimentel Periodista Digital 10 Marzo 2006

Con la Constitución de 1978 se inició un proceso de fuerte descentralización política en España. Se crearon Gobiernos, parlamentos y leyes en las respectivas comunidades autónomas, después de un complejo proceso de café con leche para todos originado por el deseo de Andalucía de disfrutar el mismo nivel competencial que las llamadas comunidades históricas mediante la celebración de un referéndum.

Casi 30 años después se vuelve a abrir el melón de las reformas autonómicas, con el consabido y habitual rifirrafe político. No es objetivo de este artículo entrar en ese tipo de debate, pero sí analizar las consecuencias económicas del renovado proceso autonómico.

Como primera valoración podemos afirmar que la descentralización política ha sido positiva para la economía española. La redistribución de centros de poder y el acercamiento al ciudadano han colaborado en el espectacular salto que nuestro país ha dado desde la transición para acá. Ni España se rompió, tal cómo oíamos afirmar en aquellos convulsos años, ni la economía nacional se hundió por el supuesto despilfarro de las autonomías.

Ahora bien, esa descentralización política no vino acompañada de la correspondiente descentralización económica. Al contrario, Madrid salió fortalecida como sede de las grandes compañías que se fueron creando en nuestro país. Basta con ver la evolución de su Bolsa con respecto a las de Barcelona y Valencia para comprender la intensidad de la evolución. Parte de esta concentración de las decisiones empresariales en la capital de España se debe a tendencias naturales y espontáneas, tales como el proceso de fusiones y concentraciones o la ubicación de grandes compañías extranjeras en virtud de la globalización. También podríamos añadir que, en general, las autoridades autonómicas madrileñas han gestionado adecuadamente su política económica. Hasta ahí de acuerdo. Pero la bonanza de Madrid no sólo se debe a eso.

Todas las instituciones de control económico, tales como CNMV, CNE, CMT (trasladada luego a Barcelona), Tribunal de la Competencia y un largo etcétera, se han establecido sin excepción en la capital, con su consiguiente fortalecimiento como centro de decisión. A ello podríamos añadir el proceso de privatización de las grandes compañías públicas, que sin excepción pusieron su sede en la capital, o el establecimiento de un sistema de transporte radial o el aeropuerto internacional que obliga a entrar y salir de España por la metrópoli. En resumen, que el sistema de poder ha favorecido descaradamente a la concentración de la decisión económica en Madrid.

En ese sentido, los de la periferia seguimos siendo de provincias. Estamos creando un modelo tipo DF en México en vez de un modelo descentralizado tipo Alemania o EE UU, donde el poder económico se encuentra en un modelo en red. En este nuevo proceso de reformas autonómicas debería plantearse la redistribución de centros de poder económico, con el objeto de equilibrar el territorio y hacer aún más competitiva nuestra economía.

Otro asunto bien distinto es el de los dineros públicos, en los que el Estado ha ido cediendo sistemáticamente presupuesto y competencias a las autonomías, tendencia que se reforzará aún más en la actual dinámica. Parece lógico ceder fondos si se ceden responsabilidades de gestión. Ahora bien, el Estado tiene una serie de gastos ineludibles, bien conocidos por todos, que deben mantener la financiación adecuada. Y además, debe seguir manteniendo su importantísimo papel de redistribución de renta y garante de la solidaridad.

El reciente acuerdo entre el Gobierno y los nacionalistas catalanes relacionando inversión pública con PIB nos parece una auténtica bofetada al principio de solidaridad. Es como decir que deben recibir más fondos públicos los que más tienen. O poniendo un ejemplo, que Alemania u Holanda deberían ser los que más fondos de cohesión recibieran.

No parece lógico. De continuar por esa senda de negociación, los agraviados se van a multiplicar. Y ya no por vaporosos principios políticos o interpretativos de conceptos de derecho constitucional tales como nación o nacionalidad, sino por la cuestión nada baladí de los dineros.

Si se negocia bilateralmente, pierden los que no están en la mesa. Como suele ocurrir, el asunto presupuestario es el más espinoso. Que el Gobierno no ceda a las negociaciones bilaterales y que lleve estos asuntos económicos que a todos afectan a una mesa donde todos puedan opinar.

ETA DERROTA AL ESTADO DE DERECHO
Editorial minutodigital 10 Marzo 2006

Lo hemos dicho tantas veces que ya suena otra vez como normal. Y ese es el problema, que una organización terrorista como Batasuna haga lo que le venga en gana, mientras las autoridades asisten como espectadores pasivos a sus desmanes sin intención alguna de aplicar la ley con el rigor que exige. ""

La jornada de huelga ha venido jalonada de bombas de ETA actos violentos y coacciones. Lo habitual en el comportamiento de esos facinerosos que son los separatistas vascos. Lo que no es habitual es que un gobierno este dispuesto a claudicar ante esos facinerosos. Por mucho menos Tony Blair ha suspendido la autonomía del Ulster, un ejemplo del que se suelen olvidar los que en España acostumbran proponer como modelo el proceso de paz irlandés.

María San Gil, denunció que la huelga era, desde cualquier punto de vista, "ilegal" máxime por estar convocada por una organización como Batasuna-ETA " . Lo triste del asunto, subrayó, es que el Gobierno vasco no ha hecho nada para impedir la movilización. Lamentó que en el País Vasco, el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero "está cediendo ante los terroristas y que quienes vivimos en el País Vasco y en el resto de España no estamos dispuestos, treinta años después, a ceder y a claudicar".

Asistimos nuevamente con impotencia a la conculcación del Estado de Derecho, nuevamente tenemos que decir y escuchar las mismas palabras de rabia e impotencia ante unos viles asesinos que se burlan de la sociedad española con el consentimiento del que es teoría nuestro gobierno.

Son muchos los analistas que creemos que este rebrote de la violencia es el prolegómeno del anuncio de la tregua de ETA, que así quiere sentarse a negociar desde una posición de fuerza. Ciertamente la pasividad del gobierno con su entorno ha dado la oportunidad a la banda de reorganizarse de sobra y de recobrar fuerzas para conseguir este fin. Además, si encima, según el gobierno, debemos agradecer a los terroristas que sean tan buenos y solo pongan bombas que no matan a nadie para no estropear el proceso de paz, pues no es de extrañar que los violentas actúen con la sensación de que todos estos actos no se les va a tener en cuenta y nunca se van a sentar en un banquillo para pagar por ellos, ya que forman parte de ese peculiar proceso de dialogo que ha abierto ZP.

Tras jornadas como ayer, solo podemos hablar de desanimo y derrota de la sociedad democrática.

11-M: Once hipótesis para once enigmas
José Javier Esparza elsemanaldigital 10 Marzo 2006

Lo proponía el otro día una lectora: "¿Por qué no pregunta nunca al Fumador sobre el 11-M?". Paso al célebre personaje los once enigmas mayores sobre los crímenes de marzo. El Fumador responde:

¿Por qué se levantó la vigilancia a los autores del 11-M?
- Ésta es la clave mayor del problema. No "por qué", sino "quién". Esa orden sólo pudo darla un mando policial. Y a partir de ahí, dos posibilidades: una, la chapuza, un error humano; la otra, una operación consciente.

¿Qué ha sido del policía que "liberó" los teléfonos empleados en las bombas?
- Lo último que se supo es que estaba de baja; por depresión. Todo el aparato policial se ha cerrado como un molusco. Mi impresión: este hombre siguió la operación, dio el aviso a la superioridad y ésta, por lo que fuera, no actuó. De nuevo las dos opciones: o chapuza o crimen.

¿Cuándo supo el Gobierno del PP que estaba siendo engañado por funcionarios de la seguridad del Estado?
- Cuando Acebes compareció para contar lo de la furgoneta. El lenguaje no verbal lo delataba: en ese momento, Aznar empezó a saber que ya no controlaba las cosas, que estaba en manos de otros.

¿Por qué alguien "reconstruyó" pruebas en dependencias policiales con posterioridad a los hechos?
- Parece claro que mandos de la seguridad del Estado trataron a toda prisa de consolidar una "pista islámica". ¿Para qué? Sólo dos posibilidades: a) cerrar la investigación con resultados verosímiles; b) desviar la atención de otras posibles pistas.

El PSOE disponía de información privilegiada sobre los atentados. ¿Quién se la proporcionó? ¿Se la comunicó el PSOE al Gobierno?
- No hubo ninguna comunicación entre el PSOE y el Gobierno Aznar. Mandos de la seguridad del Estado estaban contándole cosas al PSOE desde el primer momento. Es posible que el propio PSOE fuera manipulado a su vez por esas voces.

La seguridad del Estado fue informada sobre los contactos del "Chino" con los etarras. ¿Por qué se ocultó esa información?
- Porque sentada la pista islámica, y tras el vuelco de la situación política, alguien decidió que eso no debía saberse. Quizá porque de buena fe consideraron que era una pista falsa; quizá porque la decisión la tomaron, de mala fe, los mismos que habían mandado reconstruir pistas.

¿Por qué pensaba el PSOE que el Gobierno Aznar mentía?
- Porque alguien se lo había dicho. Y el PSOE se dejó llevar porque vio su única oportunidad para ganar las elecciones.

Marruecos se negó a facilitar la identidad del teléfono que los terroristas marcaron antes de estallar ellos mismos en Leganés.
- Marruecos ha ocultado esa y otras informaciones. Tengo la convicción moral de que órganos de la seguridad marroquí sabían del atentado antes de que se produjera.

Diversos altos cargos policiales han mentido ante la comisión parlamentaria. ¿Por qué?
- Estoy seguro de que quienes mintieron lo hicieron por un erróneo concepto de la obediencia debida. A partir de ahí, hay que tirar del hilo.

Hay suficientes conexiones entre los presuntos autores del 11-M, el tráfico de explosivos en Asturias y las actividades de ETA para pensar en una trama compleja. ¿Por qué el Gobierno insiste en descartar cualquier tipo de vínculo etarra con el 11-M?
- Porque tal vínculo, por indirecto que fuese, demostraría que el PP no mintió. En ese momento sería el PSOE quien tendría que dar explicaciones a la opinión pública. Los socialistas están atrapados en su propia trampa.

¿Por qué el Gobierno y sus aliados cerraron la comisión parlamentaria?
- Porque el Gobierno no tiene interés en que se sepa la verdad sobre el 11-M. Sólo quiere que Aznar pase a la historia como el culpable de los crímenes. Un paso más allá obligaría a hacer una purga en la seguridad del Estado. Y ya hemos visto que los culpables del desaguisado han sido ascendidos. Todos tenemos la convicción moral de que el Gobierno está escondiendo la verdad. Porque la verdad no le interesa.

(O sea que seguimos a oscuras, pero todo va tomando color).

Fracaso anunciado
Editorial EL Correo 10 Marzo 2006

Desde su misma convocatoria, el fracaso de la huelga general propiciada por la ilegalizada Batasuna era una evidencia, tal como se constató ayer, salvo para quienes viven en una realidad distorsionada. La sociedad vasca hace mucho que dio mayoritariamente la espalda a cualquier forma de imposición y más a la que emplea el terror para doblegar su sentir colectivo e intentar resquebrajar un marco jurídico y de convivencia voluntariamente aceptado. El hastío social, el rechazo a todo lo que suponga violencia o extorsión y el deseo de dejar que la política dirima los desencuentros están tan contrastados que la apelación a la movilización era, además de cínica e hiriente en su motivación, tan desproporcionada como inconsistente. Sólo desde el interés por medir las propias fuerzas, por alentar la confusión, por mostrar poder de intimidación y de perturbación se entiende ese afán por llevar la tensión a la calle. Pero ni siquiera en ese pulso Batasuna y ETA, que apoyó con sus bombas la iniciativa, pudieron cumplir su objetivo. La sociedad ignoró mayoritariamente la convocatoria y respondió con normalidad a la llamada del caos. Un mensaje tan diáfano que debería ser entendido como un nuevo plebiscito en contra de cualquier formulación antidemocrática y violenta.

La pretensión de ETA, con la intensificación de su campaña de bombas, con el rebrote de la 'kale borroka' y el recrudecimiento de iniciativas de agitación social, es clara: encarecer el precio de un eventual cese de la actividad terrorista realizando un despliegue de su capacidad operativa. Y ante semejante desafío la respuesta del Estado de Derecho tiene que ser igual de nítida: el potencial destructivo de ETA no puede convertirse en argumento para conceder al terrorismo razón alguna, ni en un factor disuasorio que lleve a las instituciones a ceder un ápice frente a su ofensiva. Todo lo contrario, es la utilización obstinada del terror la que niega toda legitimidad al cambio drástico que intenta imponer en la sociedad y en la política vascas.

Con sus bombas, que en su delirio colocó junto a los límites de su 'gran Euskal Herria', ETA puso ayer su firma a la convocatoria de Batasuna. Es su manera, muchas veces empleada, de realzar su implacable dictadura sobre la izquierda abertzale. Pero, en esa misma medida, el fracaso anunciado de la huelga refleja el extremo aislamiento en que se mueve ETA frente a una sociedad que hace tiempo que empezó a perder el miedo a su acechante presencia. El empleo del terror, la colocación de bombas, la extorsión, no son una muestra de fortaleza, sino de debilidad; el reflejo del pavor que tiene la izquierda abertzale a enfrentarse a su propio destino sin contar con el poder fáctico etarra y la demostración de que la tutela terrorista respecto a Batasuna impide, en contra de las interpretaciones más esperanzadas, la posibilidad de que el independentismo vasco se zafe del marcaje de ETA; una rémora que le aparta de cualquier papel protagonista en el futuro más inmediato. Ayer, ante su provocación, la ciudadanía vasca -con su indiferencia y su ejercicio de normalidad- volvió a expresar su voluntad de que ETA y la violencia desaparezcan.

El fraude del buenismo
Santi Lucas elsemanaldigital 10 Marzo 2006

Acabo de leer con un gozo extraordinario "El fraude del buenismo", libro editado por la FAES y escrito por cinco grandes especialistas en una nueva disciplina de la inanidad, política vapor, que ha visto recientemente la luz en nuestro país y cuyo primer y más genuino representante es el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Recomiendo vivamente la lectura de esta publicación, cuya extensión está al alcance de cualquier efecto perverso de la LOGSE sobre tan saludable hábito. Dicen sus descubridores que la palabra "buenismo", que no reconoce todavía el Diccionario de la Real Academia, hace referencia al sentimentalismo expansivo y vano que ha sustituido el acto político concreto, reflexivo y meditado, por un acabado catálogo de buenas intenciones y propuestas vacías con el que algunos políticos populistas e intelectuales progresistas despachan de un plumazo cualquier grave asunto. El "buenismo" es, dicho de otra forma, el sobeteado talante hecho arte plástico, el nirvana de lo incidental, la beatitud de lo tenue.

Valentí Puig, Andrés Ollero, Xavier Pericay, Miquel Porta y Florentino Portero, cuyo mobiliario intelectual y autoridad para afrontar este oportuno análisis no voy a descubrir ahora, diseccionan el "buenismo" con un bisturí genial, irónico, reflexivo, mordaz, brillante, pertinente, certero y puntilloso. Cinco ponencias debatidas en otros tantos seminarios han perfilado la agudeza de esta fotografía, el estudio descarnado y revelador de la intemperie gubernamental, o de lo que dicen algunos que es un "pensamiento flácido". El "buenismo" es primo hermano del "dialoguismo" y emparenta también con el relativismo, el interculturalismo, el populismo, el oportunismo, la impavidez y el mimo.

Los autores atienden, por especialidades, los principales ejemplos concretos del "buenismo", sin agotar una nómina que incorpora periódicamente nuevos campos y patrones de experimentación. Paz, terrorismo, seguridad, incivismo, diversidad cultural, escuela y educación, alianza de las civilizaciones, derechos, etc... son algunas propuestas sobre las que el "buenismo" ha caído con toda la intención.

"El buenismo lo nivela todo", escribe Valentí Puig, "todo merece la misma compasión, el mismo sentimiento, todo preocupa, inquieta. Ese sentirse preocupado o inquieto exime de la necesidad de hacer algo. La rentabilidad del buenismo tiene sus buenas perspectivas a corto plazo, pero no se divisa que con un horizonte de mayor dimensión pueda ser sostenible, porque la política es el reino turbio de las realidades y no de los deseos píos, ni de la conversión de los píos deseos en estrategia". Y termina Puig su tesis con una frase lapidaria que resume toda la filosofía "buenista" y el peligro de su arraigo: "Si todo el mundo es bueno, el mal desaparece".

Cuevas acusa a Zapatero de «desmoralizar» a los empresarios con su actuación con ETA
El presidente de la CEOE tacha de «disparate» la «búsqueda de la paz» del jefe del Ejecutivo con la banda, que «perjudica a la economía y a los empresarios»
M. VÁZQUEZ DEL RÍO/L. AYLLÓN ABC 10 Marzo 2006

MADRID/GRANADA. Esta vez, las críticas a la política antiterrorista del Gobierno no llegaron del mundo político ni del judicial. En pleno chantaje mafioso de ETA a los empresarios vascos, el presidente de la CEOE, José María Cuevas, abandonó ayer su habitual tono comedido y prudente en asuntos más ajenos y arremetió contra la «esperanza de paz» como política con la que Zapatero actúa frente a ETA. Cuevas quiso expresar el el enfado de los empresarios contra una política que, a su juicio, «es disparatada y crea inseguridad e incertidumbre».

Tres semanas después de su séptima reelección al frente de la patronal española y coincidiendo con la jornada de huelga general convocada por Batasuna en el País Vasco, Cuevas afirmó que la nueva oleada de extorsiones que vive esa comunidad autónoma es un «subproducto» de la actual situación política. En su opinión, el nuevo intento de búsqueda de la paz está teniendo ya «terribles consecuencias: desmoraliza a la sociedad, a los empresarios vascos y a los que no son vascos», y como resultado, reducir la actividad, las inversiones y la economía vasca.

Dos tipos de empresarios
Cuevas, que participó en los Desayunos organizados por la agencia Europa Press, metió el dedo en otra llaga al diferenciar en dos tipos a los empresarios del País Vasco: «Los que se consideran perseguidos por ETA y tienen la valentía de seguir allí con su actividad empresarial», con los que se solidarizó y a los que ofreció el apoyo y respeto de la CEOE y, por otro lado, el empresariado que «está absolutamente convencido de que el mejor camino para conseguir la paz es lo que se está haciendo».

Estos últimos -continuó explicando- son los que creen que «lo mejor que podemos hacer en la CEOE, es decir «los de Madrid, que es como nos llaman», es callarnos la boca y dejarlos solitos». Y concluyó este asunto con un «y ya no digo más».

Horas después, Rodríguez Zapatero, acusando el golpe, reclamó desde Granada al presidente de la CEOE más «ponderación» en sus declaraciones en relación con la lucha contra el terrorismo, para no dificultar el «avance» hacia el llamado proceso de paz en el País Vasco. El jefe del Ejecutivo, que comparecía en rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Polonia, Kazimierz Marcinkiewicz, tras la cumbre hispano-polaca, le replicó así tras un amago de no querer entrar al trapo tendido por el presidente de los empresarios.

Zapatero recordó a Cuevas que la política antiterrorista la dirige el Gobierno y le aconsejó que sea más ponderado al hablar y dedique más tiempo a la reflexión «porque -subrayó- los más interesados en que ese proceso de paz avance y arranque con fuerza son los empresarios vascos».

En cuanto a las últimas bombas colocadas ayer por ETA, Zapatero expresó su «absoluto rechazo» a cualquier manifestación violenta, tanto a través de atentados como si se produce en la calle, algo que, en su opinión, también repudia la inmensa mayoría de los ciudadanos del País Vasco. «La violencia y el terrorismo -insistió- no tienen ningún futuro ni en Euskadi ni en el conjunto de España. Es mi convicción profunda y por eso seguiremos trabajando para poner fin a la violencia».

En el mismo sentido se pronunció poco antes el ministro del Interior, José Antonio Alonso, que también participaba en la cumbre de Granada. En referencia a la huelga general de Batasuna, Alonso señaló que había tenido un seguimiento «escaso e irrelevante», lo que demuestra que «el entorno de ETA no tiene ningún recorrido ni político ni social en el País Vasco».

Las afirmaciones de Cuevas también fueron criticadas por IU, cuyo coordinador de Economía, Javier Alcázar, afirmó que «Cuevas se sube una vez más al carro del PP» y «se suma a la estrategia de boicotear por todos los medios» la búsqueda de la paz.

DOS AÑOS DESPUÉS "NI SE SABE NADA, NI SE QUIERE SABER"
María Jesús González denuncia el "maltrato" de los poderes públicos a las víctimas de ETA y el 11-M
La madre de Irene Villa ha lamentado la "desesperación" que sintieron tras la manifestación contra la política antiterrorista del Gobierno por percibir "que los poderes públicos están contra nosotros". María Jesús González ha denunciado en la Cope que desde el Ejecutivo "quieren desacreditar" a las víctimas "porque estorbamos". Un problema que sufren, según ha explicado, no sólo los afectados por las bombas de ETA sino también quienes padecieron los atentados del 11-M. "Han pasado dos años", ha recordado, y "no se sabe nada ni se quiere saber".
Libertad Digital 10 Marzo 2006

La madre de Irene Villa se refirió, en una entrevista para La Mañana de La COPE, a la manifestación contra la política antiterrorista del Gobierno que recorrió las calles de Madrid el pasado 25 de febrero. La "sensación" de María Jesús González y su hija tras la marcha fue doble. Por un lado, de satisfacción al saber que "la gente buena, de la calle" está con las víctimas, algo que es "importantísimo" porque les da "mucha fuerza". Por otro, la "desesperación" por percibir "que los poderes públicos están contra nosotros".

González denunció que "quieren desacreditar" a su colectivo porque "estorban", según apuntó. "No estamos bien tratados", dijo, y matizó que, en realidad, están "maltratados", pues quieren "prescindir" de ellos y lo notan con "claridad meridiana". Una situación que afecta no sólo a las víctimas del terrorismo etarra sino también a las del 11-M, pues "la responsabilidad" de dichos atentados "ni se sabe ni se quiere saber".

La madre de Irene Villa se refirió también al "desafortunado" comentario de Zapatero que estableció una comparación entre la muerte de su abuelo y el sufrimiento de las víctimas del terrorismo. "A mí me indignó", recordó. Sobre la posible negociación con ETA, González afirmó que "está clarísimo" que el presidente está pactando con ETA. Y eso desde la petición que hizo al Parlamento, que hizo "para negociar". Los acontecimientos, según la víctima, le delatan: "ETA está fortalecida", afirmó.

"Siete voces al cielo"
María Jesús González afirmó que ella y su hija están bien porque cuentan con el "cariño" de la gente. Pero también dijo que se sienten "preocupadas y tristes" por los últimos acontecimientos en relación al terrorismo etarra. Y quiso recordar también el efecto que tuvo en ellas los atentados del 11-M. Aseguró que les "afectó más" que su atentado, porque mientras en el suyo podían "sacar fuerzas" de ellas mismas, en el ocurrido hace dos años sentían la "impotencia" y la "tristeza" de no saber qué hacer. Añadió que están "desalentadas" porque "todavía no se sabe nada".

González concluyó haciendo un llamamiento a los ciudadanos para que se acerquen al homenaje que preparan para las víctimas de los atentados de marzo. El acto tendrá lugar a las 13 horas en el "templete de la música de El Retiro" y lleva el nombre de "Siete voces al cielo" porque serán siete las víctimas que hablarán en nombre de los que murieron en los trenes hace dos años.

FÓRMULA MÁGICA E INCOMPATIBLE EN EL TÍTULO PRELIMINAR
"Cataluña, definida como nacionalidad en el artículo 1, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno"
Ocho horas de debate ha llevado a la comisión constitucional y a la delegación del Parlamento catalán llegar a un apaño: evitar la mención de Cataluña como nación pero asignarle la "bandera, la fiesta y el himno" como "símbolos nacionales". La clara incompatibilidad entre lo primero y lo segundo y que ya aparece en el Título Preliminar parece que es la tónica general del Estatuto que será llevado al Congreso. Además, la nación sigue figurando explícitamente en el Preámbulo, lo que marca el resto del texto pese a que el Gobierno se empeñe en rebajar su importancia y en hacerlo compatible con la Constitución.
EFE Libertad Digital 10 Marzo 2006

La Comisión Constitucional del Congreso y la delegación del Parlamento de Cataluña que debaten la reforma del Estatuto de esa comunidad aprobaron el Título preliminar, del que se han eliminado las referencias a la nación catalana aunque permanecen sus "símbolos nacionales".

Tras más de ocho horas de debate en la primera jornada de trabajo, en los que intervinieron tanto los portavoces de los grupos del Congreso como los del Parlamento de Cataluña, el Título preliminar, que define la identidad, los símbolos, la lengua, la capitalidad y el marco político de Cataluña, entre otras cuestiones, se aprobó gracias a los votos de PSOE, PSC, CiU e IU-ICV. Por el contrario, PP y ERC se manifestaron en contra de la nueva redacción de este Título, aunque por motivos muy diferentes, ya que mientras los populares insistieron en que es "inconstitucional", los representantes del partido independentista alegaron que desnaturaliza el pacto alcanzado en el Parlamento catalán.

Fórmulas mágicas
Por tanto, el texto aprobado es el mismo que salió de la ponencia con la excepción del artículo octavo, uno de los asuntos que quedaban pendientes de acuerdo y que cerraron horas antes de iniciarse los trabajos de la Comisión socialistas, CiU e ICV. El acuerdo consiste en eliminar del título del artículo el término "nacionales" para dejarlo en "Símbolos de Cataluña", aunque ese adjetivo se mantiene en el texto: "Cataluña, definida como nacionalidad en el artículo 1, tiene como símbolos nacionales la bandera, la fiesta y el himno".

ERC mantuvo su anunciada oposición, al igual que el PP, que en una primera intervención de su presidente, Mariano Rajoy, hizo un repaso a los muchos aspectos que hacen que el texto sea, pese a las modificaciones introducidas, claramente inconstitucional para los populares.

Rubalcaba "constitucionaliza"
Rajoy, que abrió la jornada con la defensa de las enmiendas que mantiene su partido, cargó de forma muy dura contra el texto que en su opinión tiene los mismos "vicios y defectos" que el salido del Parlamento de Cataluña, es "ininteligible", "retrógrado" y obedece, a la pretensión de construir un "pseudoestado" a cambio de "debilitar el Estado español".

El portavoz parlamentario del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió que el texto, "lejos de debilitar el Estado y la Constitución, los fortalece", ya que apuesta por pactar cómo delimitar las competencias y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, "y eso -concluyó- fortalece España". Consideró que la ponencia que ha elaborado el informe que se ve desde hoy "ha hecho un buen trabajo" para "constitucionalizar al máximo" el texto, al tiempo que llega "tan lejos como hemos podido" en el respeto al sentimiento de identidad catalán.

El líder de CiU Artur Mas, destacó que, por primera vez, las Cortes "votarán una ley orgánica en donde se habla de la nación de Cataluña, porque el preámbulo también se vota", aunque luego se organice como una nacionalidad y negó que el Estatuto sea un "embrollo", como defendió el PP, ya que se trata de "una gran apuesta de futuro".

«Con los alumnos hablad en catalán»
El promotor de la campaña por el bilingüismo en la escuela denuncia el acoso al castellano y anuncia una huelga de hambre si no atienden su caso
Diana Valdecantos La Razón 10 Marzo 2006

Madrid- Cuando alguien ha recurrido a sus responsables políticos sin recibir respuesta, más tarde a la justicia con idéntico resultado y continúa sin poder escolarizar a su hija de tres años y medio en castellano sólo porque vive en Cataluña, la única medida de presión que le queda es una «muy dura»: comenzar una huelga de hambre. Así explica Carmelo González su amenaza y avisa de que más de cincuenta personas secundarán el ayuno que tiene previsto comenzar. ¿Cómo podría evitarse? La Generalitat sólo tendría que incluir en su formulario de prescripción de la matrícula escolar dos casillas. Una para aquellos padres que quieran que sus hijos estudien en catalán, y una alternativa en castellano. Este detalle burocrático, tan simple a priori, no parece que se vaya a conseguir. Desde la Consejería de Educación aseguran que no se ofrece la posibilidad en castellano porque así lo establece la ley de política lingüística que data de 1982. De hecho explican que nunca desde esa fecha se ha ofrecido esa opción en esos formularios.

Sin embargo, desde el año pasado sí se puede pedir la escolarización en castellano a través de un subíndice presente en la prescripción o dirigiéndose personalmente al centro en cuestión. La razón de que se ofrezca esta posibilidad por primera vez no es otra que el cumplimiento de una sentencia que obligaba a la Generalitat a ofrecer a los ciudadanos la opción de elegir idioma.

Desde Educación señalan que ha sido la administración la que ha decidido que se opte por la educación en castellano a través de un subíndice y no de una casilla y no es un asunto que tengan pensado modificar por el momento.
En cuanto a la amenaza de González prefieren no entrar en un cruce de acusaciones y avisan de que esperarán a que comience el ayuno para reaccionar. La huelga de hambre es para Carmelo casi su última opción ante tanta dejadez gubernamental. Pero no es la única. Este médico de profesión también ha advertido de que llevará su caso y el de otros tantos padres al Parlamento europeo para que se investiguen estas actitudes, a su juicio inauditas por parte de la Administración. Además, ya hay preparadas varias manifestaciones en contra de la política lingüística catalana. Una para el próximo 15 de marzo en Badalona y otra en la capital catalana para finales de abril o principios de mayo a las puertas del Palacio de la Generalitat.

González hizo estas declaraciones en la presentación de la plataforma «Muchos más» que él mismo preside y cuya finalidad no es otra que reivindicar el respeto a la enseñanza en castellano como lengua vehicular. Además, aprovechó para denunciar una serie de circulares internas que varios colegios catalanes distribuyen entre sus maestros. En tales cartas, a los maestros se les da una serie de recomendaciones a la hora de tratar con los alumnos e incluso con los padres. Así, una en concreto una reza «los nombres propios de los niños que lleguen a la escuela se catalanizarán». Otra de las perlas de la circular dice: «La comunicación entre padres y maestros, a poder ser, será en catalán». Y luego recalcan: «Sobre todo si los niños están presentes».

También controlan, según el documento que hizo público ayer González, las conversaciones de los profesores a los que se les recomienda que se dirijan los unos a los otros en catalán, «también de forma muy especial si hay escolares por los pasillos». González explicó que esta circular correspondía al colegio Alexandre Galí de Barcelona, donde ayer por la tarde no cogían el teléfono.

Cumplen la ley, según Educación. En la consejería desconocen la existencia y se desvinculan de estas circulares, que cada centro reparte «motu propio» aunque afirman que hablar en catalán al alumno y que éste se dirija a los profesores en esa lengua está amparado por la ley, y forma parte de la política lingüística catalana.

Otro de los documentos que González mostró explicaba que «la escuela es el es espacio donde el alumno adquiere las señas de identidad nacionales propias de nuestra cultura: la historia, las tradiciones, canciones y juegos catalanes estarán presentes para que los alumnos desarrollen el amor al país y el sentimiento de pertenencia». Ante esta situación, pidió que el presidente del Gobierno lea estas circulares y dé soluciones al respecto. González, que se confesó de izquierdas y votante del Partido Socialista en los últimos comicios, explicó que tanto el PSOE como el PSC le han decepciona do mucho con este asunto por ello, les pidió que recapacitasen.

Los nacionalistas «cuelan» en el Estatut que Cataluña tiene símbolos «nacionales»
El PSOE acepta recoger en el texto esta referencia a cambio de incluir el término «nacionalidad» los «símbolos nacionales» de Cataluña
E. L. Palomera / E. Fuentes La Razón 10 Marzo 2006

Madrid- Otro debate. Esta vez, con luz y taquígrafos. Una novedad: Rajoy toma la batuta de la orquesta popular y Piqué no desentona. Las posturas en liza siguen siendo las mismas. No se mueven. El PP se opone porque el texto no pasa la prueba de la constitucionalidad; el PSOE y CiU sacan pecho ante lo hecho, con mayor o menor gana, y ¿ERC? ERC negocia bajo la mesa a ver si encuentra excusa para incorporarse al acuerdo del Estatut. Todo según lo previsto. El Título Preliminar se aprueba con los votos de PSOE, CiU e ICV. PP vota en contra de todo, incluso de que Cataluña se defina como nacionalidad, igual que en 1979. ERC sólo rechaza cuatro aspectos concretos, también el de la definición. Sólo una novedad: los socialistas aceptan, al final, los «símbolos nacionales» tras introducir una referencia a la definición de Cataluña como «nacionalidad» del artículo 1 del Estatut.

Antes, Alfonso Guerra ha fijado las reglas que marcarán la discusión pública, en la Comisión Constitucional, del texto que ha salido de la ponencia. Las modificaciones afectan a 144 de los 227 artículos. Aún hay siete pendientes de acuerdo. También, hay cambios en ocho de las diez disposiciones adicionales; en una de las tres transitorias; en tres de las cinco finales...y, por supuesto, retoques en el polémico preámbulo.

El que abre el fuego es Mariano Rajoy, que para eso es el «que más se aleja del texto». Así le presenta Guerra.Y así lo confirma él mismo durante una exposición inicial de conjunto un tanto deslabazada, que remata con una réplica contundente y ordenada. «El documento es inconstitucional, ininteligible y malo». Y dicho esto sobra el resto de argumentos. ¡Menudo papelón el del PSOE al aprobar una norma que permite sostener una cosa y la contraria en función de los intereses de cada partido¡, se lamenta Rajoy antes de admitir la coherencia de las reivindicaciones nacionalistas, y no el trágala de los socialistas que «no tienen una idea clara de España». Digan lo que digan y haya los «enjuagues» que haya, el PP sigue viendo numerosos elementos de inconstitucionalidad. Y su presidente enumera algunos, pero se detiene en la definición del término «nación en el preámbulo», porque de ella se derivan todos los demás.«¡Es lo más retrógrado que he visto en mi vida! Uno a uno, desmonta los argumentos del PSOE: si el texto es constitucional, que lo diga el TC antes de que se celebre el referéndum; si la bilateralidad no es nueva en las relaciones Estado-Generalitat, que se quite del texto; si el título de derechos y deberes no tiene consecuencias legales, que se suprima; que hay que cambiar las competencias del Estado, planteemos una reforma de la Constitución, que es quien las debe fijar y no un Estatut; la financiación es un «fraude», no se entiende y vincula a legisladores futuros, «yo propongo una rebaja del IPRF y el Impuesto de Sociedades».

Ni un milímetro del guión oficial se sale, después, Josep Piqué, que hace hincapié en un aspecto que ya había apuntado Rajoy: la incoherencia socialista. Pues todavía hay quien presume de haber introducido en él un modelo de sociedad de izquierdas, ni que un Estatut fuera el sitio para introducir valores no compartidos por toda la sociedad.

En estas llega Rubalcaba, y defiende la tesis contraria. El proyecto, lejos de romper España, fortalece a ésta y a la Constitución. Recuerden las acusaciones de Rajoy y les será fácil adivinar las que emplea el portavoz socialista. ¿Inconstitucionalidad? «Hemos hecho un buen trabajo para constitucionalizar al máximo». ¿Cataluña es una nación? «No votamos eso, sólo describimos lo que sucedió en el Parlament como un ejercicio de respeto máximo de lo que se decidió por mayoría». ¿Se rompe España? «Las siete plagas de Egipto que se cernían sobre España por la definición como nación ya no siguen vivas, pero Rajoy sigue con el mismo discurso». ¿Recurso? «Nada lamento más que la imposibilidad del PP de recurrir el preámbulo. No es materia del Constitucional». Lo dicho. Versiones tan conocidas como opuestas. La conclusión del PSOE es que «el puercoespín» del que un día habló Rajoy acabará pinchando al PP, no a España.

Al líder de CiU, Artur Mas, se le queda pequeña la defensa del título preliminar pactado con el PSOE y se dedica a poner en valor un Estatut que, «independientemente de las matizaciones, verá la luz». ¿Motivos de orgullo del convergente? Los de siempre: que las Cortes «votarán por primera vez una ley orgánica que habla de la nación catalana», la equiparación del catalán con el castellano y mayor autogobierno. Que Mas se siente fuerte después de su foto en La Moncloa queda claro cuando rechaza una oferta de Rajoy para ayudarle a volver al Gobierno catalán y lanza un doble desafío a republicanos y populares. A los primeros, para que pidan la retirada del texto en el Parlament si creen que se avanza poco; a los segundos, les reta a plantear una reforma del Estatut que apruebe el Congreso a través de las Cortes.

El líder de ERC se limita a defender la presencia del término «nación» tal y como llegó del Parlament. Carod está convencido de que «España tiene un problema que debe resolver, pero no es Cataluña». Mantiene el pulso al PSOE, pero también hace guiños a costa del PP: «Nos entran ganas de votar que sí al actual Estatut después de oír a Rajoy».

Y EL REFORZAMIENTO DE SUS INSTITUCIONES FRENTE AL ESTADO
Aprobados nuevos derechos y deberes para Cataluña que "acaban con la igualdad de los españoles"
La Comisión Constitucional del Congreso y la delegación del Parlamento catalán aprobaron este viernes el Título Primero del Estatuto sobre Derechos y Deberes con el rechazo frontal del PP y con reparos puntuales de ERC a los artículos que fueron modificados por la Ponencia relativos a la eutanasia, cuyo nuevo enunciado parece, en opinión de los republicanos, "el título de un bolero". Para Ángel Acebes, se ha acabado con "la igualdad de los españoles". Por la tarde fue aprobado el Título Segundo que refuerza las instituciones catalanas frente a las del Estado, con la única oposición del PP, que lo había apoyado en la Cámara catalana.
Agencias Libertad Digital 10 Marzo 2006

La enmienda de supresión del PP a todo el Titulo Primero fue rechazada por el resto de formaciones políticas sin cosechar ningún apoyo. Los tres votos particulares de ERC contra los artículos que fueron modificados en Ponencia --libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo (41.5), etiquetado en catalán (50.4) y memoria histórica (54.1)-- también fueron desestimados, logrando sólo el respaldo de Eusko Alkartasuna (EA). El único cambio respecto al texto que salió de Ponencia fue la introducción de la enmienda que CiU pactó con PSOE e ICV para cambiar el artículo 20 con el fin de sustituir la rúbrica del "derecho a morir con dignidad" por la de "derecho a vivir con dignidad el proceso de la propia muerte".

Esta modificación no fue apoyada por ERC, cuyo portavoz en el Parlamento catalán, Joan Ridao, cuestionó el "eufemismo" al considerar que se parece más al "título de un bolero" o a una "cita teresiana de 'Vivo sin vivir en mí'". En la votación de la enmienda y de la nueva redacción del artículo 20, los republicanos optaron por abstenerse, junto con EA, mientras que el PP mantuvo su criterio de votar contra todos los artículos.

Aprobado el Título Segundo
Por la tarde fue aprobado el Título Segundo relativo a las Instituciones. El PP se quedó sólo defendiendo sus enmiendas de supresión, al igual que ERC en sus cinco votos particulares reclamando que se mantuviera la literalidad del texto surgido de Cataluña en los artículos referidos a la inmunidad de los parlamentarios (57), protocolo (67.5), administración ordinaria (71.1), competencias locales (84.2) y límites provinciales (91.4).

La derrota de las enmiendas del PP fue acompañada de los reproches del resto de grupos por las "contradicciones" de los populares, que en Cataluña votaron a favor de este Título. Desde el PP catalán, Francesc Vendrell, defendió la "coherencia" de los populares y replicó que el PSC es "especialista" en votar en el Congreso en contra de iniciativas que apoyó en Cataluña. Vendrell justificó el voto a favor del PP en Cataluña alegando que se trataba de una votación de "carácter político que no tiene ningún valor y es simbólica" y que "no es lo mismo que una votación de carácter reglamentario".

Previamente, las enmiendas del PP fueron defendidas por Dolors Nadal, Gabriel Elorriaga y Jorge Fernández Díaz. Nadal eludió la diferencia en el voto del PP en el Parlamento catalán y en el Congreso esgrimiendo la "traición" del pacto CiU-PSOE a la Cámara catalana y al presidente de la Generalidad. Para Joan Ferran, del PSC, los socialistas se "matizan pero no nos traicionamos". La diputada del PP criticó que se introduzca la "paridad" electoral en un Estatuto y demandó que se tenga "la bondad" de dejar de tratar a las mujeres "como menores de edad". Arremetió también contra los socialistas por aceptar que la lengua catalana sea considerada "propia" y, el castellano, "ajeno", y por el "expolio" de competencias del Defensor del Pueblo en favor del Síndic de Greuges.

Por su lado, Elorriaga, que acusó a los socialistas de "hacer el ridículo" y de "arrogancia", pidió la supresión de los artículos referidos a los medios de comunicación públicos y el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), al que acusó de actuaciones "sectarias" y aseguró que por ello ha merecido el "reproche público" de organismos internacionales que velan por la libertad de expresión.

Desde el PSC, Joan Ferran, recordó a los populares que hasta hace unos meses habían buscado "desesperadamente" el amparo del CAC para defenderse de las supuestas "manipulaciones" de los medios de comunicación. También CiU recordó que este tipo de organismo es requisito para los aspirantes a ingresar en la Unión Europea y ERC esgrimió garantías de "independencia" de este organismo, cuya creación por ley apoyó el PP en el Parlament la pasada legislatura.

Desde ERC, Joan Ridao, defendió los cinco votos particulares de su grupo aunque consideró positivo la globalidad del contenido del Título como una "constitución interna" del régimen institucional de Cataluña. Así, celebró el retorno de la denominación republicana para el Consejo de Garantías Estatutarias, que definió como un "pequeño consejo de Estado" catalán. También destacó, al igual que el resto de grupos, a excepción del PP, la consagración de las competencias del Síndic de Greuges, en colaboración con el Defensor del Pueblo, y de organismos como el CAC, que "existe en todos los países serios".

Comisión Constitucional
Acebes ve una "aberración" los 'Derechos y Deberes' del Estatut para una Cataluña con "delirios identitarios"
Cree que el Título I es "inconstitucional, injusto, segregador y una asfixia" y avisa a CiU que abre la puerta al aborto y la eutanasia
Madrid Europa Press Estrella Digital10 Marzo 2006
 
El secretario general del PP, Angel Acebes, rechazó hoy el Título I del Estatut, que recoge 'Derechos y Deberes' para los catalanes, por considerarlo "inconstitucional, injusto y segregador", además de "una asfixia" y recoger aspectos que suponen "una aberración impresentable". Según Acebes, los impulsores de este capítulo buscan dibujar una "Cataluña imaginaria" donde no quepan los "ciudadanos libres" y se marque "a los que no compartan sus delirios identitarios".

Durante su intervención en la Comisión Constitucional del Congreso, subrayó que todo el proyecto estatutario está "trufado de desconfianza" y busca "dirigir, imponer y ordenar", obviando que los derechos de todos los ciudadanos, dijo, ya están garantizados en la Carta Magna.

Y es que, según Acebes, el Título de 'Derechos y Deberes' no busca otra cosa que colocar el Estatuto de Cataluña "al mismo nivel" que la Constitución.

"Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Introducir derechos y deberes privativos para los ciudadanos de Cataluña es una clara vulneración de esos preceptos y supone romper la unidad y la igualdad de derechos de los españoles", avisó.

Referéndum en toda España
Con estos argumentos, recalcó que su partido no va a secundar el "baile de máscaras" que, bajo su punto de vista, oculta el Título de Derechos y Deberes que resulta "inconstitucional, injusto y segregador", que "ignora y desprecia" los derechos apuntados por la Constitución y que levanta una "frontera invisible" entre españoles, "lo que no augura nada bueno para la solidaridad".

"Nada de lo que aparece aquí es inocente o meramente simbólico", expuso, añadiendo que, al menos, deberían dar a todos los españoles el derecho a opinar sobre el Estatut.

A continuación, hizo hincapié en que el Título de 'Derechos y Deberes' está redactado en sentido intervencionista: "El Estatuto quiere que sea la Generalidad lo que lo controle todo. Es una asfixia y un error el elevar a rango estatutario una ideología trasnochada", apostilló.

Acusó además a los responsables de la reforma estatutaria de dar su visto bueno a una propuesta que otorga al poder público la posibilidad de determinar "si una información de un medio de comunicación es o no veraz", algo que, "en un régimen democrático, corresponde a los tribunales".

Deber de saber catalán
Acebes pasó entonces a hablar del derecho y deber de conocer el catalán que incluye el nuevo Estatuto. A su juicio, ese punto es "inconstitucional, intervencionista e innecesario" y conlleva un "viaje al pasado" que olvida el debate que al respecto se produjo en 1978.

Después, esgrimió varias sentencias del Tribunal Constitucional para justificar su posición y advirtió de que se puede intentar "imponer" una "mayoría coyuntural", pero no puede ser impuesta "la razón jurídica, política y moral".

Según Acebes, la lengua catalana es "centenaria" y no necesita de "imposiciones" para que los ciudadanos la empleen con naturalidad. "Pero para el nacionalismo es el mayor instrumento de construcción nacional, cuyo fin es la plena soberanía para un país imaginario en el que no caben ciudadanos libres y marcar a los que no compartan los delirios identitarios".

Aborto y eutanasia
En ese punto de su discurso, Acebes se refirió específicamente a los miembros de Convergencia i Unió para preguntarles si, realmente, van a apoyar un Capítulo del Estatuto en el que se abre la puerta a "aspectos sensibles como el aborto, la eutanasia y la laicidad en Educación".

"Señores de CiU: Este Estatuto está diseñando un modelo de sociedad contrario a principios y valores que hasta ahora decían defender y, desde luego, es contrario a temas como la familia, la libertad en Educación o derecho a la vida. Y no vale decir que no tiene consecuencias jurídicas, porque esos derechos sí pueden ser exigidos en los tribunales y se creará un órgano o consejo para garantizar su eficacia y cumplimiento. Señores de CiU, han tragado, han aceptado ese modelo y será su responsabilidad si no cambian", concluyó.

Carmelo González recurrirá a la UE para que se enseñe en castellano
Amenaza con una huelga de hambre junto a otros 50 padres de alumnos
ISABEL MUNERA El Mundo 10 Marzo 2006

MADRID.- Carmelo González, el padre que exige en Cataluña el derecho de su hija a ser escolarizada en castellano, está dispuesto a llegar incluso al Parlamento Europeo para que se cumpla lo que considera un derecho constitucional.
González afirmó ayer en Madrid que se sumará a las iniciativas que se presenten ante la Comisión de Peticiones de este organismo para que se investigue este asunto, que calificó de «anomalía democrática».

Para mostrar la situación de discriminación en que se encuentra el castellano en Cataluña, González mostró una nota interna del colegio público Alexandre Gali de Badalona con instrucciones que se consideran «básicas» para conseguir la «inmersión» lingüística.Así, entre otras cosas, se dice: «Los nombres propios de los niños que lleguen a la escuela se catalanizarán. Pero, si el alumno prefiere su nombre en castellano, se le respetará».

En su opinión, resulta «inexplicable» la posición de algunos partidos como el PSOE, cuando dicen que en Cataluña «se acatan las sentencias y se cumple la ley, sobre todo, para mí, que en las últimas elecciones voté al PSOE. No sé cómo me pueden acusar de ser una herramienta del PP».

González aprovechó también su visita a Madrid para anunciar la creación de la asociación Muchos Más, que cuenta ya, antes de su constitución, «con más de 200 simpatizantes», y acusó al Gobierno de mentir «de manera radical y a conciencia cuando dicen que no hay ningún problema con el castellano».

El padre que ha liderado esta batalla lingüística en Cataluña insistió en que, si este mes la Generalitat no distribuye los formularios de inscripción en las escuelas con dos casillas para que los padres puedan elegir entre enseñanza en catalán o castellano, iniciará una huelga de hambre junto a otros 50 padres en la plaza de Sant Jaume, frente al Palacio de la Generalitat.

Asimismo, anunció una serie de concentraciones, la primera el próximo día 15 en Badalona, aunque la más importante será la que se celebre delante del Palacio de la Generalitat en la segunda mitad de abril o a principios del mes de mayo.

Cincuenta puntos por cornear a los no «euskaldunes»
J. Arias Borque La Razón 10 Marzo 2006

Vitoria- Eres uno de los toros que participan en los tradicionales encierros de la fiesta de San Fermín. Las instrucciones son claras: «Utiliza los cursores para moverte, intenta no coger al corredor vasco, no tocar el pis y hacer lo mejor posible», se asegura en las instrucciones. Sobre la simulación de las calles más típicas del encierro pamplonica hay cinco tipos diferentes de corredores a los que cornear reportará puntos, y un único tipo de corredor que no puedes cornear, el «euskaldun», porque «penalización de cien puntos no es suficiente castigo», que se distingue del resto de corredores por usar la típica txapela vasca. Eso sí, los corredores encuadrados como no vascos y que son estructurados en normal, novato, ocasional, insensato y lento no deben tener la misma suerte que el euskaldun para ganar.

Este juego sobre los San Fermines es una de las últimas incorporaciones que se ha hecho a la sección juegos y multimedia de la página web de EiTB, el grupo de radiotelevisión pública vasca que está controlado desde la Lendakaritza, y que cuenta entre sus medios con los canales de televisión ETB o la emisora de Radio Euskadi, entre otros.

Crítica del PSE. La incorporación de este juego, cuya fecha exacta se desconoce, por ahora, fue denunciada ayer por el parlamentario socialista Antonio Rivera, quien consideró «inasumible» que un medio público de comunicación promueva juegos que «banalizan las desgracias ajenas y el dolor de los seres humanos e incluso acostumbran al uso de la violencia. Porque este juego no es muy distinto de esos denostados videojuegos consistentes en atropellar con un coche personas ancianas».

Pero, en palabras del electo de los socialistas vascos, «más inasumible aún» es, «en términos democráticos», «que se exalte el uso de la violencia desde criterios basados en la más escandalosa desigualdad política, como es esa, tan conocida en Euskadi, de dividir a la sociedad entre “los vascos” y los que no lo son. A tenor del juego promovido por EiTB, se puede muy fácilmente concluir que únicamente los que se consideran vascos tienen pleno derecho a la vida y a la seguridad».

Y es que para el representante de los socialistas vascos, «este es un mensaje letal para la sociedad vasca, tan convulsionada por el problema del terrorismo y especialmente necesitada de pedagogía democrática, sobre todo entre los niños y jóvenes, que son los destinatarios de este tipo de juegos». A esto, añade que en el juego «no se traslada adecuadamente» la fiesta de San Fermín «ni a través de las manchas de sangre del mozo atropellado ni anticipando el conocimiento de la abundancia de orines o de consumo de kalimotxo que, al parecer y según el juego, se da en esas fiestas». Por estos motivos, el parlamentario socialista registró ayer una iniciativa en el Parlamento vasco en la que pide a la portavoz del Ejecutivo de Vitoria y también consejera de Cultura, Miren Azcarate, que explique si tenía conocimiento de la existencia de este juego y si piensa tomar algún tipo de medida para eliminar su presencia de la página oficial de la radiotelevisión pública vasca.

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