AGLI

Recortes de Prensa     Martes 14  Marzo  2006
El segundo harakiri de las Cortes españolas
José Javier Esparza elsemanaldigital 14 Marzo 2006

EL PSOE, CÓMPLICE DE LOS SEPARATISMOS
Editorial minutodigital 14 Marzo 2006

LA TRIBU COMO GUÍA
ROBERTO PÉREZ ABC 14 Marzo 2006

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA CATALANA
Luís Garrido email  14 Marzo 2006

El verdadero principio del fin
Ignacio Villa Libertad Digital 14 Marzo 2006

El «disparate» de la paz
Editorial ABC 14 Marzo 2006

¿Qué oculta del 11-M el gobierno del 14-M?
EDITORIAL Libertad Digital 14 Marzo 2006

Quien quiera saber, está loco
José García Domínguez Libertad Digital 14 Marzo 2006

El «disparate» de la paz.
Por EDURNE URIARTE ABC 14 Marzo 2006

El PSOE y la justicia de taifas
Editorial ABC 14 Marzo 2006

ETA y sus emisarios imputados
Lorenzo Contreras Estrella Digital 14 Marzo 2006

Dos años con Zapatero
Editorial Elsemanaldigital 14 Marzo 2006

Ciudadanos de Cataluña y de España
Javier Ruiz Portella elsemanaldigital 14 Marzo 2006

Ha nacido una estrella
SANTIAGO GONZÁLEZ EL Correo 14 Marzo 2006

Los verdaderos problemas
JUAN JOSÉ R. CALAZA  La Voz  14 Marzo 2006

El PSOE camufla la obligación de que los jueces sepan catalán
Enrique Fuentes La Razón 14 Marzo 2006

La Xunta ve «legal y legítimo» usar sólo el gallego en las oposiciones
redacción La Voz 14 Marzo 2006

Las gafas de la Junta de Galicia
Nota del Editor 14 Marzo 2006

El segundo harakiri de las Cortes españolas
José Javier Esparza elsemanaldigital 14 Marzo 2006

Estamos asistiendo al segundo harakiri de las Cortes españolas. El primero fue, hace treinta años, la votación de la Ley de Reforma Política en unas Cortes que venían de Franco. El segundo está siendo la subrepticia modificación del sistema constitucional por el nuevo Estatuto de Cataluña. Por más humo que echen encima el partido socialista, los poderes fácticos y la prensa adicta, basta leer el texto del Estatuto para ver lo que ha pasado: se han puesto las bases para una redefinición confederal de España. Eso significa, lisa y llanamente, un cambio de régimen. Como hace treinta años.

Hace treinta años, las voces del régimen trataron de presentar la "apertura" como un proceso inocuo para el viejo Estado. Era un autoengaño, porque la reforma terminó siendo letal. Hoy contemplamos un autoengaño semejante. El afamado preámbulo del Estatut, que tanto ha dado que hablar, contiene tres falsedades: dos en el texto y una en el contexto. Primera, que el texto expresa la "voluntad de la ciudadanía"; pero ni los catalanes se han expresado nunca sobre este punto, ni el actual parlamento catalán fue elegido para hacer un nuevo Estatut. Segunda, que el término constitucional "nacionalidad" reconoce la "realidad nacional" de Cataluña; pero eso ha salido del magín socialista para hacer compatible lo incompatible, para fabricar dos naciones en el seno de una sola nación. Y tercera falsedad, en el contexto: que esto es inocuo, que España "sale fortalecida"; engaño de la acreditada factoría Rubalcaba que ni siquiera irritaría si no hubiera tanta gente dispuesta a engañarse. En conjunto, el autoengaño certifica la defunción de la Constitución española. El harakiri.

Harakiri. También puede decirse seppuku, según el orden en que se escriban los caracteres en japonés. Como se sabe, es un suicidio ritual que consiste en abrirse el vientre. Originalmente era un rito de caballeros: permitía, en trances delicados, salvar el honor y también las posesiones. El seppuku consta de dos movimientos. En el primero, el suicida se abre el vientre. En el segundo, un asistente lo decapita; de lo contrario, la agonía duraría horas, como le ocurrió al jefe kamikaze Takijiro Onishi.

La decapitación de las Cortes orgánicas fue el referéndum del 15 de diciembre de 1976. Su correlato en este nuevo harakiri sería un referéndum como el que proponen Rajoy y la plataforma Todosdecidimos.com, pero todos sabemos que el resultado sería contrario al Estatut; por eso los poderes actuales del Estado harán cuanto puedan para que no salga adelante. La decapitación vendrá, más bien, por dos vías posibles: unas nuevas elecciones que confirmen la mayoría de ZP o nuevos estatutos homólogos en otras comunidades.

- ¿Y si esas elecciones las gana el PP?

Entonces no habrá decapitación. Pero si alguien no interviene a fondo, con bisturí y aguja, en este cuerpo abierto, la España así eventrada se desangrará lentamente. Tal vez, es verdad, sin dolor. También sin honor.

EL PSOE, CÓMPLICE DE LOS SEPARATISMOS
Editorial minutodigital 14 Marzo 2006

Lo que el PSOE ha abierto realmente en España es un proceso de reforma institucional y de sistema de gobierno encaminado a implantar un estado federal previo a la autodeterminación de ciertas regiones españolas.
El “estatut” y el mal llamado proceso de paz en Vascongadas, no son más que fases dentro del verdadero proceso político que esta viviendo España. Y ese proceso no es otro que el de construcción nacional de Cataluña y Vascongadas. Construcción que forzosamente va asociado a otro de destrucción, el de España.

Decía San Gil que "quien ha cambiado es el PSOE", que se ha puesto a “jugar a ser nacionalista". Pero hay que decir, que quizás lo que mejor defina la nueva postura del PSOE es el adjetivo retrógrado. Y es que este PSOE de Zapatero parece que lo que desea es regresar a los tiempos del PSOE de Largo Caballero. Su alianza con los separatismos es idéntica a la que mantuvo en la Guerra Civil. Primero su connivencia con el separatismo de ERC en el intento de golpe de 1934, para después acabar aliado al nacionalismo vasco. Las tesis federalistas de hoy solo precisan de la palabrería referente a la libertad de los pueblos que se gastaba allá por los años 30, para ser prácticamente idénticas a las de entonces. Hoy como ayer el PSOE ha empezado por aliarse con ERC, para acabar de la mano del separatismo vasco.

No sabríamos decir que es lo que le ha sucedido al PSOE. Si se trata de una locura pasajera debida al efecto ZP, un apego sin límites al poder y a la prebenda o lo que sería peor, un deseo irrefrenable de revancha, que pondría en duda la sinceridad del partido durante el proceso de reforma política y de instauración de la democracia en nuestro país.

En todo caso lo que es indudable es que el sectarismo socialista nos está llevando a la insólita situación en la que el gobierno de España escoge como aliados a aquellos que precisamente quieren terminar con España como nación.

LA TRIBU COMO GUÍA
ROBERTO PÉREZ ABC 14 Marzo 2006

CATALUÑA, empujada por el afán del poder transitorio de unos pocos, corre el riesgo de convertirse en una isla tribal. Al final, los devaneos de poder suelen encontrar freno por la sensatez espontánea de la sociedad. Confío en esa sustancia que la Historia ha ido dejando escrita una y otra vez, no siempre pacíficamente, por otra parte. Volver a la tribu como concepto no es algo que suene extraño. Siempre ha estado en el trasfondo del nacionalismo, empeñado en definir a bisturí y en fabricar con esmero las diferencias, en aplicar el milímetro de lo propio. Hay algo que siempre me ha hecho recelar del nacionalismo: por esencia, construye su ideología por la negación de un otro. El riesgo que eso conlleva parece claro para cualquier observador poco apasionado, conocido -hasta en lo trágico- en España.

Por eso, lo ocurrido este fin de semana en Almacelles (Lérida) merece un minuto de reflexión, aunque seguramente unos segundos sean suficientes. El alcalde de este pequeño municipio catalán, Josep Ibarz, de CiU, no tuvo reparos en suspender la presentación de un libro editado por una asociación aragonesa porque no se reconocía en él que fuera escrito en el catalán normalizado, en el del Estatuto, en el del nacionalismo, en el del imperio.

El coordinador del libro, aragonés de esas comarcas en las que la influencia del catalán es cotidiana desde hace siglos, habló con el alcalde. En las explicaciones que recibió hubo de todo: que había temor a que radicales catalanes boicotearan el acto; o que el libro no iba en catalán. Iba, por cierto. Iba en esa lengua que se habla en las comarcas aragonesas limítrofes con Cataluña, pero -osadía de la asociación autora del mismo- quieren considerar esa lengua como «aragonés antiguo» y no reconocerla como catalán normalizado.

Es la vuelta a la tribu, la exclusión absurda. El libro cuenta la historia del Canal de Aragón y Cataluña. Nada sospechoso. Pero la cultura, aquí, si no es oficial y oficializada, no es. Eso sí, el Ayuntamiento de Almacelles subvenciona un ciclo de cine infantil en catalán en la aragonesa localidad de Tamarite de Litera. Debe formar parte de la «política exterior» de Almacelles, las relaciones internacionales, la cancillería de Ibarz.

Triste, pero no extraño. Ahí reside la pena. A estas alturas, hechos así pueden escandalizar, pero ¿a cuántos extraña?

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA CATALANA
Luís Garrido email  14 Marzo 2006

En el régimen autonómico de la España de hoy, Cataluña es Estado para ciertas materias, aunque también parte del Estado Español para otras. Leyes propias de Cataluña, promulgadas por su Parlamento, son las Leyes de Normalización y Política Lingüística, las cuales, en absoluto, conciernen al resto de España. Por consiguiente para estudiar estas leyes lingüísticas catalanas y sus efectos hemos de circunscribirnos totalmente a Cataluña, entonces Estado del cual dimanan: para este fin en ningún momento podemos introducir al resto de España. Además, en toda la amplitud de Cataluña, es fácil de observar que los catalanoparlantes no constituyen, de hecho, una minoría lingüística. Esta ultima observación tiene consecuencias inmediatas de gran importancia, como vamos a ver.

Por normalización lingüística catalana entendemos el sistema lingüístico escolar vigente en Cataluña cuyo fin es compensar la posible desventaja en su identidad cultural que los catalanoparlantes tuvieron como consecuencia de su interacción con los castellanoparlantes. Pero si inicialmente normalizar quería decir equiparar el castellano y el catalán, en estos momentos normalizar quiere decir hacer del catalán la lengua predominante porque el catalán es considerada la lengua propia de Cataluña, y se presenta hoy en día abiertamente como un proyecto general de catalanización permanente de la enseñanza.

La pregunta que nos hacemos ahora es si es necesario en absoluto normalizar las leyes lingüísticas catalanas ya que, de hecho, los catalanoparlantes no forman una minoría lingüística, según expusimos antes. La respuesta es evidente: no hay que hacerlo nunca; nunca si en verdad pretendemos movernos dentro de los principios morales de igualdad, solidaridad y libertad de la Ilustración sobre los que se sustenta la Civilización Occidental en la que vivimos todos. Entonces, el motor de toda normalización lingüística en Cataluña debe ser la protección de los derechos individuales de todo catalán cualquiera que sea su lengua. En este caso ningún mecanismo especial de normalización es necesario. Entonces toda la vida de las lenguas es moralmente aceptable.

Pero hemos de aceptar la realidad. De todas formas existen de hecho las Leyes de Normalización y de Política Lingüística promulgadas por el Parlamento Catalán. Y tenemos que preguntarnos: Son las mismas moralmente aceptables?. Discriminan estas leyes contra los catalanes castellanoparlantes?. Veamos.

El Prof Brancadell en su libro /Liberalisme i Normalitzacio Linguistica/ (Empuries 1997) pretende que las medidas de normalización lingüística catalana lejos de amenazar el postulado moral de igualdad entre los individuos, son necesarias para tratar a todos los catalanes como iguales. Pretende, pero no consigue demostrar esta tesis.

La hipótesis de la que parte es que los catalanoparlantes en España forman una minoría lingüística: entonces los mismos se encuentran en desventaja en relación a los miembros de la mayoría castellanoparlantes en España si, en verdad consideramos su identidad cultural. Consecuentemente las leyes lingüísticas catalanas podrían así contener una rectificación de esta desventaja, rectificación que, según este autor, debe revestir el carácter de permanente. Pero, observemos, para que esta conclusión sea cierta, y la consiguiente normalización aceptable, es necesario manejar una minoría lingüística adecuada de catalanoparlantes, y la anterior no lo es. A conclusiones todavía mas peregrinas llegaría si afirmase que los catalanoparlantes en Eurasia forman una minoría lingüística.

Para aclarar lo anterior, recordemos ahora que, tanto en el ámbito de la ONU como en el del Consejo de Europa, toda minoría cultural es definida en relación a sus Estados; son los Estados los marcos respecto a los cuales hemos de preguntarnos si los mismos contienen minorías adecuadas a nuestros fines o si no los contienen. Cataluña como Estado promulga sus leyes lingüísticas en las que para nada interviene el resto de España. Por consiguiente para determinar las minorías adecuadas al fin de estudiar las leyes lingüísticas catalanas y sus efectos hemos de mantenernos totalmente y siempre dentro de Cataluña. La acepción de la palabra minoría valida para este fin nunca puede contener la palabra España. aquí esta el error del Dr Branchadell, error que invalida totalmente la tesis de su libro, pues usa una minoría de catalanohablantes relacionada con España entera, lo cual nunca es valido en relación a las leyes lingüísticas catalanas. Su tesis, por consiguiente, es falsa.

La política de normalización lingüística catalana, entendida como un conjunto de medidas de protección de los catalano hablantes, no puede, pues, alcanzar su justificación moral, continúa siendo inaceptable según los principios de la Ilustración, no es apta para la civilización nuestra.

Uno de los principios más conspicuos de la Ilustración es el de la igualdad entre los individuos que, muy probablemente, no se da en Cataluña: los castellanoparlantes se encuentran en inferioridad de condiciones. Las leyes lingüísticas catalanas al ser moralmente inaceptables dañan seriamente el señorío natural y la dignidad del pueblo catalán al que sus parlamentarios no sirven adecuadamente. Si estas leyes no son derogadas, poco podemos hacer. Nos queda el recurso de proclamar que para defender la igualdad, la solidaridad y la libertad en Cataluña basta con atacar su Ley de Normalización Lingüística.

Luís Garrido, Catedrático de la Universidad de Barcelona.

11-M
El verdadero principio del fin
Ignacio Villa Libertad Digital 14 Marzo 2006

En vísperas del segundo aniversario de la victoria electoral de Zapatero, las novedades no pueden ser más tristes y lamentables para los socialistas. Dos años después de que el PSOE ganara las elecciones generales seguimos hablando de lo mismo; seguimos hablando de los atentados del 11 de marzo. Hay quién puede pensar que estamos ante fantasmas del pasado. Pero lo cierto es que Rodríguez Zapatero, dos años después, ha sido incapaz de quitarse de encima la única verdad contante y sonante de su mandato: el triunfo electoral que cosechó vino determinado por la tremenda matanza del 11 de marzo y seguimos sin saber quién cometió esos atentados y cual era la verdadera trama que estuvo detrás de los trenes de la muerte.

Dos años después de la victoria electoral –¿quién se lo iba a decir a Rubalcaba, Blanco y compañía?– seguimos hablando de la mochila de Vallecas, de la furgoneta de Alcalá o de las huellas del Skoda Fabia. Dos años después, todo el andamiaje preparado para despistar sobre la autoría de los atentados, sobre el diseño de las matanzas y sobre el motivo de las fechas se ha venido abajo. A día de hoy, la teoría oficial no se mantiene. Nadie la puede sostener. Desde el PSOE, Pepín Blanco ha desaparecido, Pérez Rubalcaba se esconde en la reforma del Estatuto catalán y Zapatero habla de flores, de justicia y de paz como sí estuviera contando un cuento de hadas. El único que ha hablado –y ese es el síntoma más evidente del derrumbe– es el siempre patético López Garrido. El portavoz adjunto del Congreso, al que siempre utilizan en los malos momentos, ha tenido que afrontar la situación muy nervioso; y es que López Garrido no ha sabido como rebatir la información que ha publicado El Mundo este lunes sobre la famosa mochila de Vallecas.

Los socialistas vuelven a las andadas. No les bastó con Filesa, ni tampoco con los GAL. No les valió con los años de la corrupción y del pelotazo. Ahora estamos en la época de las mentiras y de la ocultación de la verdad. Dos años después de ganar las elecciones, seguimos sin saber lo que pasó el 11 de marzo. Pero lo que ya sabemos es que la historia oficial es imposible de mantener. Ya no hay furgoneta, ya no hay Skoda y ya no hay mochila que valgan. ¿En que estamos? Pues en que el Gobierno se ha visto sorprendido, con la misma intensidad con que ocurrió con el terrorismo de Estado o con la financiación ilegal del PSOE.

Ya no hay tiempo para más demoras, ni para más versos de Zapatero, ni para más juegos de palabras de Pepín Blanco. Nos tienen que explicar lo que pasó el 11 de marzo. Y como con toda seguridad no lo van a hacer, que nadie dude que cuando esto salte va a ser el principio del fin para el actual presidente del Gobierno. El de verdad.

El «disparate» de la paz
Editorial ABC 14 Marzo 2006

Rodríguez Zapatero es un presidente que acompaña su acusado desconocimiento del terrorismo con una autosuficiencia y una vanidad que le están llevando a lo que es y será sin duda el peor error de su Gobierno, el de la política antiterrorista. En contra de la imagen dialogante que cultiva de cara a los medios de comunicación, es más que evidente a estas alturas que ni ha escuchado ni atendido a ningún experto en terrorismo etarra y País Vasco y que ha arrastrado al PSOE a un imprudente y desorientado «plan de paz» fruto de su propia cosecha y en el que no creen nadie más que él y un reducido grupo dentro de su partido.

Los intelectuales afines esperan algún milagro para prolongar un silencio incómodo y sofocante y los afiliados socialistas se esfuerzan cada día en creer que un líder que han elegido ellos mismos, todo un presidente del Gobierno de la nación, no puede ser capaz de pergeñar lo que a todas luces parece un disparate. El disparate de la paz. En realidad, la inmensa mayoría de ellos no tiene un solo argumento consistente para estar en desacuerdo con lo que dijo hace unos días José María Cuevas sobre el «disparate del proceso de paz». Porque saben perfectamente lo que quiso decir con esa expresión brutal y poco sofisticada, que esto no es un proceso de reconciliación entre dos grupos violentos ni un diálogo entre legitimidades comparables. Y que el presidente, por el momento, lo único que ha logrado con su lenguaje y estrategia equivocadas es que así lo parezca.

Entre otras cosas, porque ha puesto de nuevo el discurso y la iniciativa sobre terrorismo en manos de los nacionalistas, y, lo que es peor, de los propios terroristas. En manos de las fanfarronerías de Otegi, sea la bronquitis, la huelga general o su reivindicación desafiante de la representación de ETA, en manos de Ibarretxe y su enésimo cuestionamiento de la acción judicial contra el terrorismo, o en manos de nacionalistas como Josu Erkoreka, Iñigo Urkullu o José Elorrieta para los que la decisión de Grande-Marlaska es la reacción de la extrema derecha para impedir la paz.

En su osado desconocimiento, Zapatero pensaba que hay un punto intermedio entre los firmantes del Pacto de Lizarra y el juez Grande-Marlaska. Que, en contra de toda la evidencia acumulada en los últimos treinta años, él sería capaz de descubrirlo. Y con lo que se ha topado es con lo mismo que se encontraron sus antecesores, González o Aznar, con un terrorismo desafiante que ni está dispuesto a rendirse ni a renunciar al precio político. La gran diferencia es que aquellos tantearon a ETA en circunstancias históricas completamente diferentes o con iniciativas previas de los etarras que hicieron de sus intentos de negociación acciones legítimas, aunque fracasadas, del Estado. Lo de Zapatero jamás alcanzará esa categoría. Pasará a la historia, simplemente, como un incomprensible error. Y no del Estado. Tan sólo de él mismo.

¿Qué oculta del 11-M el gobierno del 14-M?
EDITORIAL Libertad Digital 14 Marzo 2006

Hoy se cumplen dos años de la inesperada victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, tres días después de la mayor masacre terrorista de nuestra historia y tras tres días en los que el PSOE y sus medios de comunicación protagonizaron, con luz y taquígrafos, la más indigna campaña electoral que hayan conocido unos comicios electorales en la reciente historia de la democracia occidental.

Aunque no lo olvidaremos nunca, no pretendemos ahora recordar exclusivamente cómo el entonces principal partido de la oposición, en lugar de mostrar su solidaridad y apoyo al gobierno legitimo de la nación, se dedicó a desviar la atención y la lógica ira ciudadana contra el destinatario político de aquella masacre: el Partido Popular. A pesar de que el gobierno del PP no había mostrado en ningún momento ni debilidad ni condescendencia ante el terrorismo –fuera de índole islamista o nacionalista–, el PSOE no dudó en arremeter contra el Ejecutivo de Aznar, sin importar hacerle el juego político a los autores de la masacre, fueran éstos galgos o podencos.

Aunque terroristas islámicos como "El Egipcio", así como etarras como Otegi o Josu Ternera se pudieron vanagloriar en conversaciones telefónicas –o en declaraciones y comunicados de la banda– del acoso a las sedes del PP, lo cierto es que, sin la activa participación política y mediática del PSOE, orientada a ese mismo fin, los autores del 11-M no hubieran podido deleitarse viendo ese acoso a las sedes de un partido democrático como el PP, en lo que sería el preludio de su bien calculado vuelco electoral.

El PSOE jamás estuvo interesado en saber quienes fueron los autores del 11-M, cosa que ningún gobierno hubiera podido saber con certeza 24, 48 o 72 horas después de la masacre. A diferencia de Rajoy, que dio por concluida su campaña electoral, lo único que los socialistas querían saber y explotar en esos momentos preelectorales era el "ideario" político de los terroristas. Su exigencia y su inmediatez por saber "quien ha sido", no estaba destinada a evitar que los autores de la masacre quedaran impunes, sino a algo tan repugnante como saber si tenían margen político y tiempo para poder culpar, sin coste electoral, al gobierno del PP de lo que, en realidad, había sido una criminal obra de sus más radicales enemigos: los terroristas. Fueran estos galgos o podencos.

Hoy, dos años después del 14-M, seguimos sin saber con certeza los nombres y apellidos de los autores intelectuales y materiales de la masacre del 11-M. Lo único que sabemos son los deliberados afanes del gobierno de Zapatero por dar carpetazo al caso y dejar como definitiva una versión oficial de los hechos, que ha sido cuestionada por innumerables hallazgos, que van desde los contactos entre etarras e islamistas a la posible implicación de algunos responsables de las fuerzas y seguridad del Estado, tanto en el conocimiento previo de lo que se estaba preparando, como en la posible elaboración de pruebas falsas.

El hallazgo informativo que hacía este lunes el diario El Mundo, cuestionando la mochila de explosivos que "permitió" conocer la supuesta autoría islamista del atentado antes del 14-M es, simplemente, escalofriante. No porque de esta noticia dependa –para nosotros– el juicio del, en cualquier caso, infame comportamiento político del PSOE y de sus medios de comunicación durante la violada jornada de reflexión, sino porque es un hallazgo informativo que, de confirmarse, supone que la "prueba" que permitió realizar de forma tan inmediata las primeras detenciones de terroristas islamistas habría sido colocada y no hallada por los responsables de custodiar las pruebas.

Aunque el gobierno del 14-M ya ha puesto a funcionar como una cortina de humo tanto a la Dirección General de Policía como a los medios de comunicación de Prisa, lo que tiene que hacer Zapatero o su ministro del Interior es comparecer de forma inmediata ante el Parlamento para esclarecer todos estos hechos. Son hechos que ya no nos conducen a una mera miseria moral, sino a un tipo de responsabilidades de índole penal que podrían alcanzar a quienes no son ni etarras ni islamistas.

Una cosa es que desde la oposición se perpetre la indignidad de apremiar a un gobierno reclamándole certezas por la autoría de una masacre, tal y como hizo el partido de ZP dos días después del 11-M, y otra, todavía peor, que este partido, una vez en el gobierno, se convierta en un obstáculo para que no se sepa toda la verdad, ni siquiera dos años después y ante hechos de esta envergadura.

Ciertamente, una cosa es que un medio de comunicación como la SER se inventara lo de los "terroristas suicidas" para ganar tiempo antes del 14-M; otra todavía más infame, y muchísimo más grave, es que la mochila de explosivos de Vallecas fuera también un invento, introducida como prueba en un sumario y destinada también a colaborar con los terroristas en su objetivo de traducir, en tres días, una histórica masacre en un no menos histórico vuelco electoral.

Quien quiera saber, está loco
José García Domínguez Libertad Digital 14 Marzo 2006

Hasta que, a media tarde del 11 de marzo de 2004, alguien olvidó una bolsa cargada de explosivos en la comisaría de Vallecas, la única patria de todos nuestros presidentes del Gobierno había sido España. De todos. Sin una sola excepción; ni una. Y sin la menor sombra de duda o vacilación; ni la más nimia. Siempre fue así desde que, en 1812, Agustín Argüelles, al presentar ante las Cortes el texto de la Constitución de Cádiz, gritara: "Españoles, ya tenéis patria". Siempre. Hasta que, cuarenta y ocho horas después de que los perros de la Policía no detectasen el menor rastro de dinamita en la furgoneta de Atocha, súbitamente, dejó de serlo.

Diecisiete meses antes de que la Dirección General de la Policía ocultara a un juez que el inspector Álvarez no vio aquella mochila a media mañana del 11 de marzo de 2004, entre Francia y Portugal existía una sola nación. Diecisiete meses después, ya no. Pasados únicamente dos años desde que tampoco ningún Tedax hubiese observado mochila explosiva alguna aquel 11 de marzo de 2004 en la estación del Pozo, entre Portugal y Francia, formalmente, coexisten un par de naciones: Cataluña y España. Y sólo es el principio.

Hoy hace justo un bienio y tres días, cuando el inspector Álvarez identificó otra bolsa, una desgastada, baja, alargada, descolorida y con las asas cortas, Carod Rovira no podía decir de un presidente del Gobierno que hubiese "avalado moralmente" su pacto con Josu Ternera en Perpiñán. Dos años y tres días después, al tiempo que el inspector ojea por primera vez esa bolsa impecablemente nueva, impoluta, diferente que le acaba de mostrar el juez Del Olmo, ERC se permite salpicar a Zapatero en sus cónclaves secesionistas con la ETA.

Justo al cumplirse 192 años desde que fray Luciano Román, aquel fernandino servil, sentenciase sobre la patria que "todo hombre de bien, honrado y virtuoso debe en conciencia jurarle odio eterno" –que por algo es sinónimo de la nación única depositaria de la soberanía–, un Skoda Fabia aparece abandonado en Madrid. Es objeto de cinco inspecciones policiales que no logran descubrir en su interior nada relevante. Nada. Absolutamente nada.

Poco después, cuando los legítimos herederos de fray Luciano y del cura Santa Cruz rozan con las yemas de los dedos su viejo sueño de volver al orden jurídico de la Edad Media, el Skoda Fabia sufre un sexto registro. Resultado pericial del nuevo vistazo: ocultaba un bazar persa en su interior. Salvo la cayada de Ben Laden y el caballo blanco de Lawrence de Arabia, allí aparecen desde los decorados completos de Casablanca y Las cuatro plumas, hasta el turbante que usó Anthony Quinn en Mahoma, el mensajero de Dios. Pero, eso sí, que quede claro que el loco es Rajoy, por preguntar. Aunque de sus labios ni siquiera haya salido un simple ¿qui prodest?

El «disparate» de la paz.
Por EDURNE URIARTE ABC 14 Marzo 2006

Rodríguez Zapatero es un presidente que acompaña su acusado desconocimiento del terrorismo con una autosuficiencia y una vanidad que le están llevando a lo que es y será sin duda el peor error de su Gobierno, el de la política antiterrorista. En contra de la imagen dialogante que cultiva de cara a los medios de comunicación, es más que evidente a estas alturas que ni ha escuchado ni atendido a ningún experto en terrorismo etarra y País Vasco y que ha arrastrado al PSOE a un imprudente y desorientado «plan de paz» fruto de su propia cosecha y en el que no creen nadie más que él y un reducido grupo dentro de su partido.

Los intelectuales afines esperan algún milagro para prolongar un silencio incómodo y sofocante y los afiliados socialistas se esfuerzan cada día en creer que un líder que han elegido ellos mismos, todo un presidente del Gobierno de la nación, no puede ser capaz de pergeñar lo que a todas luces parece un disparate. El disparate de la paz. En realidad, la inmensa mayoría de ellos no tiene un solo argumento consistente para estar en desacuerdo con lo que dijo hace unos días José María Cuevas sobre el «disparate del proceso de paz». Porque saben perfectamente lo que quiso decir con esa expresión brutal y poco sofisticada, que esto no es un proceso de reconciliación entre dos grupos violentos ni un diálogo entre legitimidades comparables. Y que el presidente, por el momento, lo único que ha logrado con su lenguaje y estrategia equivocadas es que así lo parezca.

Entre otras cosas, porque ha puesto de nuevo el discurso y la iniciativa sobre terrorismo en manos de los nacionalistas, y, lo que es peor, de los propios terroristas. En manos de las fanfarronerías de Otegi, sea la bronquitis, la huelga general o su reivindicación desafiante de la representación de ETA, en manos de Ibarretxe y su enésimo cuestionamiento de la acción judicial contra el terrorismo, o en manos de nacionalistas como Josu Erkoreka, Iñigo Urkullu o José Elorrieta para los que la decisión de Grande-Marlaska es la reacción de la extrema derecha para impedir la paz.

En su osado desconocimiento, Zapatero pensaba que hay un punto intermedio entre los firmantes del Pacto de Lizarra y el juez Grande-Marlaska. Que, en contra de toda la evidencia acumulada en los últimos treinta años, él sería capaz de descubrirlo. Y con lo que se ha topado es con lo mismo que se encontraron sus antecesores, González o Aznar, con un terrorismo desafiante que ni está dispuesto a rendirse ni a renunciar al precio político. La gran diferencia es que aquellos tantearon a ETA en circunstancias históricas completamente diferentes o con iniciativas previas de los etarras que hicieron de sus intentos de negociación acciones legítimas, aunque fracasadas, del Estado. Lo de Zapatero jamás alcanzará esa categoría. Pasará a la historia, simplemente, como un incomprensible error. Y no del Estado. Tan sólo de él mismo.

El PSOE y la justicia de taifas
Editorial ABC 14 Marzo 2006

LA Comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer el título que dedica el proyecto de Estatuto catalán al Poder Judicial, previa introducción de una serie de enmiendas cuyo efecto político y normativo es trasladar el modelo nacionalista de Justicia a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esta revisión ha obedecido únicamente a que la reserva constitucional a favor de ambas leyes hacía inviable lo aprobado por el Parlamento catalán, pero lo decidido ayer en la Congreso representa principalmente un cambio de táctica del socialismo. Quien ha cambiado de criterio ha sido el PSOE, no los nacionalistas, que ayer celebraron la aprobación del título estatutario sobre Poder Judicial como el reconocimiento de sus pretensiones históricas sobre la Justicia. Sin embargo, también en este apartado la reacción socialista ha vuelto a consistir en reducir la importancia de lo que es un cambio sustancial del sistema judicial previsto en la Constitución. Ésta fue la tesis defendida por el PP, que subrayó la trascendencia que tiene para el proyecto nacionalista haber abierto brecha en el Poder Judicial.

Que la regulación estatutaria sobre Justicia introduzca remisiones a las Leyes del Poder Judicial o del Ministerio Fiscal no supone ninguna garantía de continuidad para los principios de unidad de la jurisdicción y de la Fiscalía. Por el contrario, tales reformas vienen adoctrinadas por el propósito del cuatripartito más el PSOE de establecer un nuevo modelo de Justicia, al endosar a las leyes estatales la cobertura de un sistema de organización judicial de carácter fragmentado. Así, lo que querían los promotores estatutarios para Cataluña se convertirá en la regla general para todas las autonomías, dando carta de naturaleza al diseño federal (o confederal, si se desarrolla en todo su extensión) que se ha previsto para el Poder Judicial. En todo caso, los nacionalistas catalanes reconocen su éxito. Y no es para menos: tendrán un Consejo de Justicia desvinculado en buena parte del CGPJ, configuran su Tribunal Superior de Justicia como una alternativa al Supremo, imponen el conocimiento del catalán como condición para trabajar en Cataluña como juez o fiscal... Esto no es descentralizar lo que ya era el poder público más descentralizado de todos, sino cambiar el modelo constitucional de Justicia por el modelo nacionalista.

ETA y sus emisarios imputados
Lorenzo Contreras Estrella Digital 14 Marzo 2006

Han decidido darle un escarmiento temporal de Arnaldo Otegi, portavoz de Batasuna, como inspirador de los desórdenes callejeros y actos de violencia registrados en Euskadi el jueves de la semana pasada. El juez Grande-Marlaska le ha citado, a tal efecto, en la Audiencia Nacional, donde ayer el dirigente abertzale habría tenido que comparecer junto con cinco “de los suyos”, entre ellos, cómo no, el “sindicalista” Rafael Díez Usabiaga, uno de los más caracterizados personajes de las trastiendas decisorias del brazo político de ETA, el hombre que, junto al abogado Iruin, llevó la gestión del fracaso de las conversaciones de Argel con los delegados de Felipe González.

Si no estuviéramos ya curados de sorpresas, podría llamar la atención el hecho de que Otegi haya manifestado, tras la citación del juez que puede meterle en la cárcel, cuando decida que su salud se ha recuperado, nada menos que esto: “Se está tratando de encarcelar a quienes son interlocutores necesarios e imprescindibles para abrir un proceso de soluciones políticas”, es decir, lo que allí llaman la “solución del conflicto”. Vasco, por supuesto.

Otegi fue quien en una anterior citación judicial, que le tuvo retenido unos días en los calabozos de la Audiencia Nacional hasta que satisfizo una fianza de unos cuatrocientos mil euros, preguntó todo asombrado si el fiscal general del Estado, el famoso Cándido Conde-Pumpido, conocía esta determinación contra su sacrosanta libertad. Ahora este “interlocutor necesario e imprescindible” advierte del riesgo de que los diálogos en curso con el mundo etarra puedan naufragar, aunque asegura, acompañado de las voces de sus colegas, que el propósito pacificador no será abandonado por su parte.

Autotitularse ellos mismos, los abertzales citados por el juez, “interlocutores” refleja la realidad de que la negociación, que tanto niega el Gobierno, existe y va a continuar. Asistimos, por consiguiente, a una comedia consistente en dar la sensación de que el poder no transige con los autores de las extorsiones, los desórdenes y las explosiones intimidatorios, hasta el punto de que el fiscal general anuncia que pedirá prisión incondicional para el mismo personaje que, como queda dicho, se asombraba de que se procediera contra él cuando sus contactos con Conde-Pumpido parecían una garantía de incolumidad judicial. Y cuando se dice que el poder da sensación de intransigencia frente a los proetarras no se manifiesta nada que no esté en el lenguaje de los propios activistas. Rafael Díez Usabiaga lo ha expresado con toda claridad. Según él, la decisión del juez responde a “un neto impulso político”. O sea, que no acaba de creer en la autonomía del juez Grande-Marlaska.

Para colmo, María San Gil, presidenta del PP vasco, aparte de manifestar su estupor ante la desfachatez de Otegi respecto a lo que llama éste “interlocutores imprescindibles”, pretende ingenuamente, o irónicamente, que Otegi “pida perdón, ayude a ETA a entregar las armas, se arrepienta y proporcione los nombres de toda esa gente que está fuera de Euskadi y tiene delitos de sangre”.

Podrían haber dicho simplemente que más que atacar judicialmente a un honorable interlocutor, poniendo en peligro un “proceso” pacificador, lo que deberían hacer los interlocutores pacificadores es no atacar ellos mismos el proceso cuya conducción se atribuyen. La verdad es que resulta difícil imaginar a María San Gil mediando con Otegi para que el “mahaikide” convenza a ETA sobre la procedencia de desprenderse del arsenal destructor, cuya financiación procura la banda reforzar con el llamado impuesto revolucionario.

Desde Luego, a lo que ETA no va a renunciar es a protagonizar la organización de la tregua que prepara. Todo lo tramposa que se quiera, pero tregua a más o menos plazo. Porque de esa gestión, que tanto anhela llevar adelante el señor Zapatero con la ayuda impagable de su “socio” eventual Carod-Rovira, depende una buena parte del éxito electoral futuro. Pero además, a ETA y a sus aláteres les resulta vital ganarle al PNV la carrera hacia la paz chantajista con Madrid. Está en juego el control del Euskadi “liberado”. Una historiadora, o lo que sea, del mundo abertzale, ha escrito en Gara estas líneas elocuentes: “Quienes hemos seguido la trayectoria histórica del PNV y su práctica política de estos últimos treinta años de ‘democracia’, sólo encontramos una explicación (se refiere la historiadora a ciertas actitudes contradictorias nacionalistas): el PNV está nervioso. Acostumbrado a ser el eje de la política institucional autonómica, y a apropiarse cínicamente, por su ‘centralidad’, de los resultados de la valiente lucha política de la izquierda abertzale, la posibilidad de que se pueda ir generando un nuevo escenario en el que tenga que ceder protagonismo a otros sectores le ha puesto en alerta”.

Dos años con Zapatero
Editorial Elsemanaldigital 14 Marzo 2006

En el ecuador de la legislatura, arrecia la polémica sobre los atentados que condicionaron las elecciones del 14-M, y el Gobierno está nervioso en un país cada vez más crispado.

14 de marzo de 2006. El 14 de marzo de 2004 los españoles votaron, con mayoría relativa de los votos y de los escaños en el Congreso de los Diputados, al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Dos años después siguen sin aclararse las dudas sobre el atentado terrorista de tres días antes, que condicionó el resultado de las elecciones. Nadie discute la legalidad y legitimidad de éstas, pero el Gobierno actual muestra excesivo nerviosismo en este aniversario.

José Luis Rodríguez Zapatero llego a aquellas elecciones con un programa "de máximos" y una serie de promesas electorales y preelectorales a cuestas. Todas las previsiones descartaban la posibilidad de que ganase en las urnas, y su meta estaba puesta en perder dignamente ante el PP de Mariano Rajoy, arrebatándole de ser posible la mayoría absoluta. Luego las cosas fueron de otra manera, y Zapatero se encontró gobernando en una situación insospechada.

El balance de estos dos años no gusta a una mayoría de los españoles. Al margen de preferencias políticas, incluso los más encendidos partidarios del PSOE admiten que el país vive ahora un momento de crispación en muchos aspectos. Además del giro en política exterior, el primer bienio de Zapatero se salda provisionalmente con enfrentamientos abiertos con la Iglesia, con las familias, con la escuela libre y con las víctimas del terrorismo, y con dos procesos mal explicados y probablemente mal controlados, como son la reforma estatutaria en Cataluña y el intento de negociación con ETA.

El Gobierno debe serenarse. Y para hacerlo nada mejor que eliminar cualquier sombra sobre su origen. Por eso, ante las investigaciones periodísticas sobre el 11-M, el PSOE debe mostrarse más tranquilo; no es de recibo que el secretario general del grupo parlamentario socialista, Diego López Garrido, dude si Mariano Rajoy "se ha vuelto loco al pedir la nulidad del sumario", cuando el líder de los populares se limitaba ayer a pedir luz y taquígrafos sobre un sumario que sigue abierto.

Probablemente la decisión más sensata ha sido la del juez Juan del Olmo al desclasificar la declaración del inspector jefe Miguel Ángel Álvarez en el sumario del 11-M, para aportar algo de luz a la cuestión. Lo único seguro es que esa investigación debe llevarse hasta el final, por el bien de la justicia y del país; y que el Gobierno debería entre tanto facilitar la acción de los jueces y gobernar, como no puede ser menos, para todos los españoles desde la prudencia. La legislatura, en cualquier caso, ha pasado su ecuador.

Ciudadanos de Cataluña y de España
Javier Ruiz Portella elsemanaldigital 14 Marzo 2006

El lanzamiento del partido Ciudadanos de Cataluña constituye, sin duda, el hecho político más crucial ocurrido en Cataluña en los últimos tiempos. Por primera vez en treinta años, el separatismo siente en su nuca el aliento gélido de quienes pueden un día acabar con él. ¿Se quedará este aliento en un soplo? ¿O se convertirá en un victorioso vendaval? Nadie lo sabe ni puede saberlo. Pero desde el acto del Tívoli del pasado 4 de marzo, es lícito por primera vez formular la pregunta; es lícito por primera vez albergar una cosa parecida a la esperanza.

Una esperanza jamás encarnada -salvo durante el período Vidal-Quadras- por el Partido Popular. Si la política de éste en las Vascongadas es irreprochable, un único sentimiento hacia dicho partido llena, en cambio, el corazón de los catalanes que combatimos el delirio separatista: abandono, dejación… ¿Por qué? ¿Por el reguero de tibiezas, componendas y claudicaciones que marcan la política "popular" en Cataluña? Desde luego, pero aún más por el "lenguaje bobo" y las "ideas que sumen en la indefensión" de que hablaba yo aquí recientemente. Lo hacía pensando en el planteamiento adoptado por casi todo el mundo desde el comienzo mismo de la Transición: ese planteamiento según el cual, frente al ataque contra nuestra personalidad colectiva como tal, no han encontrado mejor cosa nuestras "élites" (¿?) que enfrentársele como si de una simple agresión contra los "derechos humanos" y los intereses individuales se tratara.

Este afán suicida por evitar hasta la mera mención de la nación española está incluso más arraigado -es cierto- entre los dirigentes de Ciudadanos de Cataluña que entre los del Partido Popular de Cataluña. Y pese a ello… ¡oh, sorpresa!, la cosa funciona, el milagro se produce y empieza a fraguarse en Cataluña el primer movimiento social de oposición seria al separatismo. ¡Si seremos raros los catalanes! Frente a la destrucción de nuestra personalidad colectiva como catalanes y españoles, resulta que somos el único pueblo capaz de movilizarse… negando que es un pueblo; el único pueblo capaz de vibrar defendiendo… no su identidad, sino abstracciones tales como el "espacio de decisión ciudadana" y otras lindezas parecidas.

¿Es realmente así? No, por supuesto. No son ni las abstracciones ni las utilidades lo que mueve a los pueblos. Son los sentimientos: el de defender sobre todo una identidad, una cultura, una tradición, una lengua… o, como en este caso, dos. Y no porque tener dos lenguas sea más útil o provechoso que tener una sola (que lo es), sino porque así somos, porque así es nuestro ser, y privarnos de cualquiera de ambas lenguas es mutilarnos.

Frente a ello, nada pueden los discursos que intentan ponerle puertas al campo, reducirlo todo al provecho y al interés individual. Frente a ello, nada pueden quienes, pese a lanzar semejante iniciativa, pese a ser los hombres más valiosos y valerosos de toda Cataluña, tiemblan ante la posibilidad de que el aliento de lo identitario, lo comunitario, lo patriótico… pudiera mancillar la empresa.

Cuentan las crónicas que un solo grito resonó en el acto del Tívoli: "¡Viva la Constitución!". Grito magnífico, pero al que nadie acompañó aclamando lo que ahí se jugaba, como mínimo, con igual intensidad. Nadie se atrevió (todavía) a gritar "¡Viva España! ¡Visca Catalunya!". Es una lástima por lo que al fervor del acto se refiere, pero en el fondo da absolutamente igual. ¿Le cabe a alguien la menor duda de que es exactamente por esto: por la vida misma de España y Cataluña, por lo que un pueblo -su avanzadilla, en todo caso- se ha puesto en marcha?

Ha nacido una estrella
SANTIAGO GONZÁLEZ EL Correo 14 Marzo 2006

No es improbable, amable lector, que si usted se encontrase en un crucigrama con una definición que explicara, un suponer: «lo que sirve para unir» y se encontrara un espacio de siete letras, escribiera en él «loctite». Todos debemos parte de nuestro lenguaje a lo que en su día se llamó el realismo sucio y llamamos minipimer a la batidora y loctite al pegamento.

Pero ya no. Desde este fin de semana y gracias a Bernardo Atxaga, que es el Matías Martí de esta colmena, un incansable inventor de palabras que regala a sus conmilitones apenas sacadas del horno, tiernas y calientes como panes, loctite quiere decir Lokarri. El propio Atxaga había impuesto el nombre de Elkarri al invento que capitaneaba el correoso Jonan Fernández y ahora ha obrado el milagro de la transustanciación: la asamblea de liquidación de Elkarri, Movimiento Social por el Diálogo y el Acuerdo, es, al mismo tiempo, la asamblea fundacional de Lokarri, Red Ciudadana para el Acuerdo y la Consulta. Entraron en el Euskalduna siendo Elkarri y salieron como Lokarri. Habrá quien opine que Bernardo Atxaga es hombre poco amante de las variaciones en el uso de los sufijos. Se equivocará. Es cuestión de coherencia y de facilitar el trabajo a los bertsolaris. El único cambio que se observa es la llegada de Paul Ríos, que sustituye como coordinador al gran Jonan, a quien parece haberle llegado la hora de ir de su corazón a los asuntos.

Atxaga llevará la fama, pero es Jonan Fernández quien se ha cardado la lana a lo largo de estos 13 años durante los cuales ha realizado una impresionante renovación terminológica de la política vasca y aún de la española. Si no hubiera sido por Jonan Fernández al «proceso de paz» todavía le estaríamos llamando «negociación», fíjense qué antiguos. Blas de Otero había reivindicado la paz y la palabra. Jonan definió la paz y el proceso. ¿Qué es paz? «Un objetivo prioritario hacia el que hay que avanzar con pragmatismo». El proceso consiste en «sustituir las expresiones de violencia por mecanismos de diálogo» mediante «estrategias de firmeza flexible» que tienen como objetivo superar «la situación de violencia y conflicto que vive Euskal Herria».

El nuevo coordinador apunta maneras: «Lokarri tiene que servir para unir, sin exclusiones y sin vencedores ni vencidos, en el proceso de solución». Lástima que anuncie su producto como una marca de pegamento. Lo que se nos ha roto aquí es la convivencia y recuperarla no es como pegar el asa del botijo. Lokarri nace enmendándole la plana a Max Weber: «Estado y terrorismo integran la comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama (con éxito) para sí el duopolio de la violencia física legítima en proporciones repartibles y negociables». Ni vencedores ni vencidos. Estado de derecho-Banda terrorista, pon una equis.     s.gonzalez@diario-elcorreo.com

Los verdaderos problemas
JUAN JOSÉ R. CALAZA  La Voz  14 Marzo 2006

ES LAMENTABLE que los nacionalistas busquen el embridamiento intelectual y psicológico de la juventud, neutralizándola con quimeras que a fin de cuentas poco tienen que ver con los verdaderos problemas de nuestra época y con los que ya vemos despuntar en el horizonte. Por ejemplo, aunque las reservas probadas de hidrocarburos cubrirán la demanda mundial durante los próximos cincuenta años, dentro de diez o quince el acceso a los yacimientos explotables resultará cada vez más difícil, con el consiguiente encarecimiento del precio relativo del petróleo, y no solamente nominal, por encima de cotas hasta ahora insospechadas. De no tomar urgentemente medidas para paliar la crisis que se avecina, los efectos serán devastadores sobre el entramado económico y social, habida cuenta que, con el nivel técnico actual, la transición hacia otro régimen energético necesitará entre treinta y cincuenta años.

Es cierto que la crisis afectará a todo el planeta, pero el caso español es especialmente peliagudo, toda vez que la eficiencia energética ha caído desde 1990. Además, la dependencia energética aumenta. En 1990, las importaciones netas de energía representaban el 67% del consumo total. En el 2005 se habían incrementado hasta el 82,5%.

El sector industrial, que generó en el 2005 el 18% del valor añadido bruto, absorbió el 33% del consumo energético. Cuestión aparte merece el análisis de los transportes, que constituyen el mayor desafío: tomado el conjunto mundial, no existe ningún sustitutivo natural al carburante utilizado actualmente en nueve de cada diez desplazamientos motorizados. Evidentemente, se podría sustituir la gasolina y el gasóleo por carbón o gas licuado, incluso teniendo en cuenta que la producción de ambos combustibles es a su vez muy energetívora. Sin embargo, por una parte, las reservas de gas son poco más importantes que las del petróleo, con fecha de extinción asimismo anunciada; por otra, ambos combustibles son muy nocivos en tanto fuentes de emisión de gases con efecto invernadero. Tampoco los vehículos a propulsión eléctrica pueden ser la panacea ni gozar de difusión masiva, sabedores de que las baterías tienen muy poca autonomía, su recarga es lenta y el rendimiento malo. El hidrógeno se ha puesto de moda en la prensa, especialmente en EE.?UU., pero, de momento, sus perspectivas no son demasiado halagüeñas. A la par que la electricidad acumulada en las baterías, el hidrógeno es un vector y no una fuente de energía: hay que producirlo. Pero sólo se domina su técnica de producción a partir... de hidrocarburos, precisamente. La Unión Europea ha puesto grandes esperanzas en los biocarburantes obtenidos a partir de trigo, remolacha, colza. Teóricamente, el balance medioambiental es neutro: su combustión sólo emite el dióxido de carbono almacenado por la planta en la fase de crecimiento. No obstante, su producción es muy energetívora y, además, tropezaríamos rápidamente con la falta de superficie cultivable si quisiéramos generalizar su utilización.

He tratado el problema energético como botón de muestra, pero hay una docena igualmente cruciales, desde el cambio climático hasta el parón demográfico europeo. Aquí, los únicos que no parecen darse cuenta son los nacionalistas, que caminan ciegos con su obsesión de si la lengua oficial debe ser el gallego o el portuñol, cuando lo que habría que mostrar a la juventud no es tanto el retorno al pasado -y sobra decir que el gallego, el euskera y el catalán son lenguas del pasado- como el sendero hacia nuevos yacimientos de ideas.

El PSOE camufla la obligación de que los jueces sepan catalán
No será «requisito» pero sí «mérito determinante» para lograr la plaza
Enrique Fuentes La Razón 14 Marzo 2006

Madrid- Si es usted juez o fiscal y tiene intención de ejercer próximamente en Cataluña, más vale que se apunte a clases de catalán. La Comisión Constitucional que negocia el Estatut en el Congreso aprobó ayer la necesidad de acreditar «un conocimiento adecuado y suficiente» de esa lengua para obtener plaza en esa comunidad, aunque rebajó esta condición de «requisito» a «mérito determinante». Por lo demás, el Título III, relativo al Poder Judicial en Cataluña, apenas registró cambios respecto al texto que salió de la ponencia: consagra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como última instancia de recurso en todos los procesos, la creación de un Consejo de Justicia Catalán desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial y, como novedad, la competencia de la Generalitat para crear nuevos juzgados por delegación del Gobierno. ¿Resultado? Un Poder Judicial propio que rompe la unidad del sistema, según el PP, y una simple adaptación «sin ruptura» de la Justicia al Estado de las autonomías para el PSOE.

En cuanto al voluminoso título IV, el de las competencias, sus señorías apenas sí rascaron en la «superficie» de su tipología y aplazaron la discusión sobre los artículos, lo que concede algo más de tiempo a socialistas y convergentes para alcanzar un acuerdo en el traspaso de El Prat o la gestión de los paradores. Este margen ya se ha agotado en el artículo 134, el de las selecciones deportivas, que desaparecerá definitivamente del texto. Los socialistas no han renunciado a eliminar del texto la referencia a las competiciones «oficiales» y al calificativo de «nacionales» pese al rechazo frontal de CiU, ERC e ICV. Ante este bloqueo, las fuentes consultadas señalaron que el PSOE retirará su enmienda para votar con PSC y PP en contra de este punto, que por tanto será rechazado por la Comisión y eliminado del Estatut. En cualquier caso, eso será otro día. Así quedan los artículos más polémicos del Título III tras la votación de ayer:

Lengua. El artículo 102 cambia de título y elimina el término «requisitos». El conocimiento «adecuado y suficiente del catalán» se valorará «específica y singularmente» para obtener plaza, aunque el PSOE se compromete a que la LOPJ lo considerará «mérito determinante».

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se convierte en la última instancia para todos los procesos que se inicien en Cataluña, salvo la unificación de doctrina que queda reservada al Supremo (art. 95). Su composición la decide el CGPJ.
Fiscal Superior de Cataluña. No será elegido por el Gobierno, sino que saldrá de una terna propuesta por la Generalitat «en los términos que establezca» el Ministerio Fiscal (art. 96). Este organismo decide sus funciones.

Consejo de Justicia de Cataluña. Actuará como órgano desconcentrado del CGPJ en Cataluña y su composición y funciones estarán reguladas por la LOPJ (art 97). Ayer mismo, PSOE, CiU e ICV introdujeron una enmienda al artículo 101. 3 por la que este Consejo no podrá convocar concursos para cubrir plazas vacantes de fiscales.

Medios personales. Se abre la puerta a la creación de un cuerpo de funcionarios propio y dependiente de la Generalitat.
Medios materiales. La Generalitat podrá «crear secciones y juzgados, por delegación del Gobierno del Estado», según el artículo 103. 3.

La Xunta ve «legal y legítimo» usar sólo el gallego en las oposiciones
redacción La Voz 14 Marzo 2006

El director general de la Función Pública, José Rodríguez González, dijo ayer en la Comisión Institucional del Parlamento que es «legal y legítimo» utilizar sólo el gallego en las oposiciones que se realizan por parte de la Xunta.

«Cuando una persona se presenta a una oposición deja de ser un ciudadano simple y se convierte en un ciudadano cualificado» y subrayó que el conocimiento de su idioma «debe ser un deber y no una carga», para adquirir «un beneficio jurídico, en este caso, ser admitido como empleado publico».

Entiende el director general que no se están vulnerando los derechos «de nadie» por el hecho de que se les exija mostrar un determinado conocimiento, salvo que se le quiera dar un tinte político que no debería tener». Rodríguez contestó de esa forma al diputado del PPdeG Antonio Rodríguez Miranda, que presentó una iniciativa referida a la utilización del gallego en las oposiciones para el ingreso en los cuerpos superior, auxiliar y subalterno de la Xunta.

Las gafas de la Junta de Galicia
Nota del Editor 14 Marzo 2006

Eso de que la Junta de Galicia ve, suena muy bien, es todo un indicador de la imprecisión del lenguaje y los ópticos estarán frotándose las manos, porque ponerle gafas a la Junta de Galicia para que vean bien, será un negocio estupendo.

A mí lo que me parece anticonstitucional es que asuma que el idioma del ciudadano cualificado no sea precisamente el castellano, y que la admisión que no selección como empleado público sea la adquisición de un beneficio jurídico.

Como nosotros estamos aquí para dejar constancia, seguiremos esperando: "el Tribunal Superior no ha practicado diligencia alguna sobre el recurso, por lo que cabe temer que no acordará la suspensión de las bases que impugnamos, aunque habrá que ver cómo resuelve sobre el fondo" (nuestro experto legal dixit).


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