AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 17 Marzo  2006
El Estatut y la bomba de relojería
Lorenzo Contreras Estrella Digital  17 Marzo 2006

Rechazado el recurso por el TC: la política devora el derecho
José Javaloyes Estrella Digital 17 Marzo 2006

Mérito, requisito y jueces nacionales
Antonio Robles Libertad Digital 17 Marzo 2006

Asalto a los poderes del Estado
Aurelio Alonso Cortés Libertad Digital 17 Marzo 2006

Mentira, salvajismo y demagogia
Agapito Maestre Libertad Digital 17 Marzo 2006

Compare presidentes
Jorge Vilches Libertad Digital 17 Marzo 2006

Confusión en el País Vasco
Germán Yanke Estrella Digital  17 Marzo 2006

La otra cara de ETA
Editorial ABC 17 Marzo 2006

Ven a españa, Sarkozy
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 17 Marzo 2006

De zascandiles y mequetrefes
Jesús Gómez Ruiz Libertad Digital 17 Marzo 2006

Marlaska frente a Pumpido
EDITORIAL Libertad Digital 17 Marzo 2006

El fiscal general del PSOE, no del Estado
Editorial Elsemanaldigital 17 Marzo 2006

Después de los sofistas siempre llegan los bárbaros
José Javier Esparza elsemanaldigital 17 Marzo 2006

¿Existe una cultura española?
José Manuel Rodríguez Pardo minutodigital 17 Marzo 2006

El españolismo como falta de autoestima
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 17 Marzo 2006

De pájaros catalanes y codornices japonesas
José García Domínguez Libertad Digital 17 Marzo 2006

El Archivo Real
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  17 Marzo 2006

Jamás con Hamas (II)
GEES Libertad Digital 17 Marzo 2006

Batasuna vuelve a la ilegalidad
J. M. Zuloaga / R. L. Vargas La Razón 17 Marzo 2006

El juez encarcela a Petrikorena e impone fianzas a Barrena y Usabiaga
ALFONSO TORICES COLPISA. MADRID El Correo 17 Marzo 2006

Justicia castiga a un empleado que tildó el catalán de «extrañísima y curiosa lengua»
R. N. La Razón 17 Marzo 2006

Ministerio de Injusticia
Nota del Editor 17 Marzo 2006

El Estatut y la bomba de relojería
Lorenzo Contreras Estrella Digital  17 Marzo 2006

Del presidente Zapatero se ha dicho que es de un “optimismo antropológico”. Elemental si se considera que es un ser humano. Preferiblemente sería tal vez hablar de su “optimismo patológico”, ya que todo lo ve a través de la tonalidad más peligrosamente engañosa. Todo o casi todo. Y cuando se trata nada menos que de un Estatuto como el catalán, cabe temer que su irreversibilidad, si llega a ser aprobado en los términos que se presienten, marcará no sólo el futuro de Cataluña sino el de toda España. Y, por espíritu mimético, otras muchas comunidades que quieren “remozar” las reglas de su autonomía se abonarán seguramente al lema de “marica el último”, por más que ahora se diga que el Estatuto valenciano, que acaba de aprobarse con el aval de los dos principales partidos españoles, marcará el paso y el ritmo de los venideros experimentos estatutarios.

En todo caso, delicado siglo reformista el que España, si es que queda una realidad llamada España, ha iniciado con bastante tendencia al tambaleo. Zapatero viene a decir que, bajo su hábil dirección, todo marcha sobre ruedas. Pero esa metáfora no resulta tranquilizadora, porque sobre ruedas también marcha un vehículo al que se le rompen los frenos antes de entrar en una curva cerrada y con precipicio delimitándola.

Para el presidente, el Estatuto catalán y el valenciano son hermanos gemelos, lo cual ya da idea de la patología de su enfoque. Para empezar, ahí está el práctico e incluso formal reconocimiento de Cataluña como nación. En el preámbulo del texto se afirma el principio de la “nación catalana”, y ello equivale a sostener y establecer que Cataluña es una nación. Según Zapatero, el preámbulo carece de esa virtud fundante y sólo describe lo que el Parlamento catalán aprobó, como si un preámbulo de esta naturaleza fuese una especie de gacetilla periodística que se hace eco de un hecho sin asumirlo ni ampararlo.

Habría que aconsejarle a ZP una incursión por los textos de las autoridades doctrinales en relación con el valor de los preámbulos. El Estatuto catalán condiciona la Constitución de 1978 y la contradice. Y además, como tal preámbulo, impregna el resto del artículo estatutario. Nicolás Pérez Serrano, que como profesor fue uno de los comentaristas más cualificados de la Constitución republica de 1931, dedicó alguna lúcidas consideraciones a lo que llama el “valor del preámbulo”. Unas consideraciones que valen igual en relación con una Constitución que con un Estatuto que la desarrolle. Decía este profesor que el preámbulo, incluso si alguien cree que se refiere a hechos históricos, “tiene una alta significación, pues no es sólo una fórmula solemne de introducción, sino enunciación compendiosa del fin a que aspira y del origen de donde procede la obra constitucional”. Aquí Pérez Serrano se apoya en el criterio del autor alemán Anschütz. Y después añade por su cuenta que “el preámbulo debe exponer la tendencia y el espíritu de la Constitución a que precede, y viene a ser algo así como el preludio donde se contienen los motivos capitales de la ley fundamental”. Añade que hoy (en su tiempo de referencia, 1931) se propende a ver en los términos del preámbulo “la encarnación misma de la Constitución” y, en definitiva “el acto de decisión política unitaria y suprema en que la Constitución consiste según modernas opiniones”. Y citando al profesor Iglesias Ambrosio, Pérez Serrano hacía suya la tesis de que el preámbulo es “clave directiva ideal del desarrollo ulterior de la Constitución”.

Probablemente Zapatero ha sido asesorado por doctos constitucionalistas catalanes o filocatalanes para relativizar lo que el preámbulo “nacionalista” del Estatuto significa. Y ya queda establecido en el artículo que Cataluña queda definida como “nacionalidad” que tiene como símbolos “nacionales” la bandera, la fiesta (nacional, por supuesto) y el himno.

Donde Mariano Rajoy, durante la sesión de control parlamentario del pasado miércoles, aseveró que lo hasta ahora aprobado o dictaminado en la comisión constitucional del Congreso de los Diputados es “una bomba de relojería para el futuro”, Zapatero se limitó a sentenciar: “Bienvenidos sean esos nuevos derechos(...)” para todos los españoles. Los que vayan quedando.

Rechazado el recurso por el TC: la política devora el derecho
José Javaloyes Estrella Digital 17 Marzo 2006

Para qué sirve el Tribunal Constitucional? A estas alturas de la película, mientras la negociación de los remates del Estatuto de Cataluña entra en las discusiones sobre los postres aeroportuarios, y cuando el Consejo de Estado emitió su claro y contundente informe sobre esta materia, significando las insuficiencias de concreción y cierre en el texto de 1978, viene el Tribunal Constitucional, partido por gala en dos, y rechaza el recurso del Partido Popular contra la idoneidad jurídica de la fórmula elegida, por el Gobierno y sus socios parlamentarios, para sacar adelante el proyecto del catalanismo; fórmula consistente en llevar al Congreso, como supuesta reforma de un Estatuto Autonómico, algo que no es tal, sino un cambio encubierto de la Carta Magna y una para-Constitución para el soberanismo catalanista.

Si la composición y los internos equilibrios del Tribunal Constitucional se hacen depender del juego de las mayorías y de los pactos parlamentarios, las interpretaciones de la Constitución, por los cambios críticos de esas mayorías derivadas de las elecciones, dejan de ser garantía de constitucionalidad para convertirse en instrumento político de los partidos. La provisión parlamentaria del Tribunal Constitucional se convierte de esa manera en una ocupación partidista de los últimos y más altos reductos del Derecho. Algo que, siendo por sí mismo un problema de la mayor magnitud, se agrava aún más si cabe cuando los partidos evolucionan internamente desde su propia naturaleza, instrumental y para canalizar el sentir de los ciudadanos, hacia su conformación, desde las listas cerradas y bloqueadas, como aparatos de poder hermético.

Si la función primera del Tribunal Constitucional es la de garantizar que la Carta Magna sea observada en su letra y en su espíritu, y esa función resulta imposible porque la independencia se extravía en los vericuetos parlamentarios dominados por los partidos, resultará que éstos, tanto da que sean de configuración oligárquica o democrática, acaban por convertir siempre las elecciones generales a Cortes, de manera indirecta e implícita, en elecciones constituyentes, pues con ellas cambian las interpretaciones constitucionales. Los magistrados del TC propuestos (o impuestos) por ellos desde las mayorías respectivas establecen la “verdad constitucional”. Con ello, tales verdades se vuelven tan turnantes, temporales y relativas como el Gobierno al que acompañan. Y hasta la propia Constitución queda desahuciada del reducto de las verdades estables, que no estrictamente permanentes.

En condiciones así, de incertidumbre constitucional porque no se puede garantizar la interpretación independiente del TC, la política lo invade todo, incluso el derecho que la regula y que es el que contiene la Constitución; con lo cual, los tráficos de la política pierden su referencia obligada al derecho para tenerla sólo en el poder. Y ya sabemos a qué conduce el poder sin norma o a la norma subordinada. Aproximándose al poder absoluto, se acerca a la absoluta desviación.

Viajes así, a través del TC, no se hacen para llevar cualquier tipo de mercancía. Son operaciones para tráficos estratégicos y tesoros de incalculable valor: el tallado diamante del concepto de nación, nítidas sus caras, inconfundibles y nada borrosos los perfiles; el cofre de la solidaridad nacional, el oro de la propia libertad..., todo cuanto ambicionan para sí los nacionalistas: cegados sin remedio por los futuribles; por ese pasado que pudieran haber tenido, para hacerlo un presente que hubiera llegado hasta ahora, de no tener el que tuvieron (precisó Ferrater Mora) y que les ha traído hasta la frustración, el rencor y la melancolía viciosa. Todo eso y muchas cosas más lleva en la bodega el Estatuto que los nacionalistas se trajeron de Cataluña, como un barco mercante, al que le han reducido apenas el calado para escamotear las apariencias y pasarlo por las esclusas del Tribunal Constitucional. Reductos interpretativos de suficiente independencia pero sin capacidad dirimente a efectos constitucionales, como el Consejo de Estado o como el Consejo General del Poder Judicial, han coincidido en un criterio del que ahora disiente el Tribunal Constitucional, anclado en la dependencia de los partidos y las mayorías parlamentarias. Si de esta manera la Política devora el Derecho, ¿de qué sirve el Tribunal Constitucional cuando España más parece necesitarlo y el Gobierno instrumentarlo?     jose@javaloyes.net

Desde la izquierda
Mérito, requisito y jueces nacionales

Antonio Robles Libertad Digital 17 Marzo 2006

Andan los socialistas ufanos por haber conseguido que en el interminable borrador del Estatut la lengua catalana sea "mérito" pero no "requisito" para lograr plaza de jueces y magistrados en Cataluña. No se lleven a engaño; en Cataluña no importan leyes, normas ni reglamentos, cualquier resquicio legal les sirve para dar un paso más hacia la construcción nacional. En este caso, el mérito se convertirá en requisito excluyente al día siguiente de aprobarse el Estatut.

Les diré cómo antes se ha hecho en la enseñanza con eficacia letal. En 1980, nada más tomar posesión como Presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el Departament d’ensenyament otorgó por méritos en el conocimiento de la lengua catalán seis puntos y, un año después, diez. La suma del resto de méritos, incluidos doctorados, publicaciones o especialidades, no llegaban nunca a superar esos diez puntos, con lo cual, el mérito se convertía en requisito excluyente. No duden un instante: ese criterio o sistema será el que se impondrá para excluir a todos los que no tengan el perfil lingüístico nacionalista.

Podrían opositar sin requisito o mérito lingüístico alguno aspirantes a jueces y magistrados del resto de España para evitar que Cataluña se convierta en coto privado, y una vez asentados en Cataluña darles un plazo razonable para que lo aprendiesen. Pero no lo harán, nunca, jamás; no lo duden un instante. A esta casta nacionalista no les interesa la justicia, ni la excelencia de los jueces, sólo la construcción nacional y el requisito o sello más emblemático es la lengua.

Como en todo, juegan con ventaja. Nada más instaurarse la enseñanza del catalán en los finales setenta, la asociación ultra nacionalista Omnium cultural gestionaba la incorporación de maestros especialistas de catalán en la escuela. Como no había titulados suficientes habilitaron a cientos de personas con estudios secundarios mediante promesa, por parte de estos, de sacar el diploma de maestro o de cualquier titulación superior en el plazo de 5 años. Ante la necesidad, el apaño servía al sistema y a nadie perjudicaba. Podría ser un modelo para quienes vinieran a instalarse a Cataluña. Pero no lo harán. Al contrario, agitarán los méritos para espantar o desanimar a los interesados e incomodar y acelerar la marcha de los que ahora tienen plaza en Cataluña. No es profecía, se lo aseguro, sólo experiencia de años en la enseñanza. Así dejaron de venir aspirantes del resto de España, mientras abandonaban Cataluña 14.000 maestros a mediados de los ochenta.

Son evidencias no escritas pero tan reales como el terror difuso que se extendió por Estados Unidos en los años del macartismo tan bien plasmado en la película: "Buenas noches y buena suerte".

Los juzgados son una de las escasas instituciones que aún no tienen como única lengua al catalán. Como en todas las ya "normalizadas", primero reivindican el bilingüismo en nombre de la supuesta minorización a que está sometido el catalán en esos ámbitos y, una vez conseguido, entonces exigen el monolingüismo por ser lengua normal en ellos, y propia de Cataluña. Es tan cutre la mentira para quienes no se han negado a verla...

De la endogamia que traerá semejante cacicada ni les cuento. Si la justicia, antes que ser justicia ha de ser nacional, ¡que Dios nos coja reciclados!

Gobierno Zapatero
Asalto a los poderes del Estado
Aurelio Alonso Cortés Libertad Digital 17 Marzo 2006

1. Asalto al poder judicial
El presidente de los jueces y del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, ha superado el segundo asalto del "frente parlamentario" que monopoliza el Congreso al son que tocan ERC y IU. Es grotesco que citen a la Justicia a dar cuentas quienes, más que parlamentarios representativos, son potenciales justiciables.

Aunque obvio, conviene recordar a quienes lo ignoran que el Estado moderno se basa, desde Montesquieu, en la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, siempre al servicio del ciudadano y no del interés partidario. Francisco Hernando, al no comparecer ante quien carece de legitimidad para convocarle, cumple el principio de la Constitución según el cual "la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley".

Los del "frente" pretenden hacer la vida imposible al magistrado Hernando en los ocho meses que le quedan presidiendo el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Ya han anunciado una iniciativa de reprobación y que seguirán citándole a comparecer, semana tras semana. ¡Uff...! Les va mucho en el empeño. Por algo se ha publicado –sin desmentido oficial– que el fiscal Conde Pumpido aspira a ambos cargos. El Gobierno le premiaría así sus servicios y le aseguraría la impunidad. Para esta gente, si bien laica, "Roma bien vale una misa".

2. Asalto a la Constitución
¿No están pactando sotto voce enmiendas al proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial llegando a donde no se han atrevido "los del Estatut"? Cuando carece de la mayoría reforzada obligada para reformar la Constitución, el susodicho "frente" impone el atajo de las leyes orgánicas para las que basta la mitad de la Cámara, que suman ellos mismos. Mediante tan fraudulento método –invento de Carod Rovira– vacían de funciones al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial traspasándolas a los tribunales superiores autonómicos y a los partidistas consejos de justicia. Se les faculta, además, para crear juzgados y nombrar jueces. ¡Qué horror! Un retroceso a los caciques del siglo XIX que designaban a sus amigos. La igualdad judicial de los españoles se transforma en una "justicia a la carta" que permitirá escoger el territorio judicial más favorable para delinquir.

3. Asalto al funcionariado civil y militar
El propósito de controlar el Estado se extiende –faltaba más– a los funcionarios. Silentemente –o discretamente, como dice ZP– se prepara el Estatuto del Empleado Público del ámbito central, autonómico y local. Su "sistema de evaluación de capacidades" penalizará a quien, a juicio del jefe político, no cumpla con los objetivos fijados. Perderán los complementos salariales e incluso el puesto habitual de trabajo pudiendo ser trasladados de localidad. ¿Qué restará en pie del principio constitucional conforme al cual "la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales"? ¿O pretenden un funcionariado sólo para izquierdas?

Los funcionarios militares que no simpatizan con Bono ya están sujetos a una silente y reiterada sustitución. Primero fue el famoso general Mena sustituido por Pitarch, le siguieron otros generales sin motivo conocido, y el 3 de marzo el Consejo de Ministros nombró sustituto al general de división que mandaba la Comandancia de Melilla. ¿Se hizo con la preceptiva propuesta del Jefe de Estado Mayor? ¿Cuál fue el motivo del cese? ¿O vamos también hacia un ejército de izquierdas?

4. Asalto al poder económico
Ha sido el más visible y por ello más criticado. El Gobierno, en lugar de independientes, ha nombrado a militantes socialistas para presidir el Tribunal de la Competencia y las comisiones de los mercados de valores, de la energía y de las telecomunicaciones. En los dos primeros casos los sustitutos cuentan con un buen historial, pero su carrera es la política no la economía. Lo mismo cabe decir de Miguel Ángel Fernández Ordóñez –MAFO– ahora instalado como consejero del Banco de España con vistas a ser nombrado gobernador.

Termino. El Gobierno que tiene la sartén por el mango quiere el mango también. Deje pues el bachiller Montilla de invocar el octavo mandamiento que prohíbe la mentira y maledicencia. Aparte de recordar, cuando le conviene, preceptos religiosos muestra su obsesión por controlar los medios de comunicación todavía críticos. ¿Por qué no menciona el séptimo mandamiento que impide tomar préstamos bancarios sin devolución, al menos monetaria?

Gobierno Zapatero
Mentira, salvajismo y demagogia
Agapito Maestre Libertad Digital 17 Marzo 2006

Hubo un tiempo en que la mentira del gobernante, como nos enseñara Platón, era lícita cuando era útil para los gobernados. Ese tiempo ya pasó para España. La singularidad básica de la mentira política del Gobierno de Zapatero es de otra naturaleza. No se trata de buscar utilidad, sino de mentir para mantenerse en el poder. No se trata de buscar un bien a través de la mentira, sino de sustituir los hechos, de negar la verdad de la evidencia, de lo fáctico, para perpetuarse en el poder. Es un hecho, o mejor, una "verdad de hecho", por ejemplo, que en una nación no puede haber dos naciones, pero Zapatero dice lo contrario, o sea, sustituye la realidad por la mentira y sigue funcionando como si aquí no pasara nada. ¡Vaya si pasa! Estamos asistiendo a un cambio de régimen político. Estamos asistiendo a la aparición de un régimen autocrático basado en la mentira.

Aparte de las intervenciones de Zapatero en el Congreso negando la evidencia de que el Estatuto de Cataluña reconoce dos naciones, o sea, un atropello a España, hay dos ejemplos recientes de mentira que hacen daño a quien tenga un mínimo de sensibilidad democrática. En efecto, sólo un demagogo, alguien que compara asuntos incomparables, o alguien que sustituye la realidad por la mentira, puede dejar pasar por alto la "protesta circense" de las diputadas socialistas y comunistas. No es anecdótico el número teatral organizado por la señora de la Vega y sus compañeras en las Cortes. Tampoco las declaraciones de Peces Barba son una anécdota, cuando desprecia a quienes levantan acta de la impericia, o peor, el engaño al que está siendo sometido el juez instructor de la causa del 11-M.

He ahí dos conductas que reflejan con exactitud la "política" de un gobierno basado en la mentira. Simular o hacer que parezca lo que no es, por ejemplo, llamarle "machista" a Zaplana por la utilización de una metáfora sobre la vestimenta de la vicepresidenta, o bien disimular, o sea, hacer que no parezca lo que es, por ejemplo, Peces Barba ocultando las irregularidades de un sumario que huele a podrido, son las principales armas del régimen que lentamente está imponiendo Zapatero. La simulación de la señora Fernández de la Vega y sus compañeras es tan grosera que limita con el esperpento. El disimulo de Peces Barba es más propio de un gobernador chavista de Venezuela que del representante de las víctimas del terrorismo. Malo es el número de las diputadas, pero es aún peor la inmoralidad en la que cae Peces Barba al descalificar a quienes se preocupan por la limpieza de la investigación judicial del crimen más horrible de la historia de España.

El cambio de régimen político es, pues, sencillo de sistematizar: la mentira totalitaria empieza a ocupar el puesto de la mentira política de origen clásico.

Gobierno Zapatero
Compare presidentes
Jorge Vilches Libertad Digital 17 Marzo 2006

"La Historia me juzgará", decía Castro, seguramente pensando en algún tribunal internacional. No es el caso, afortunadamente, de los presidentes de la democracia española. No obstante, la recuperación de la "memoria histórica" también se puede aplicar para examinar el trabajo de los Gobiernos.

Los dos primeros años son, para cualquier Ejecutivo recién llegado, el momento para las grandes iniciativas, las históricas, y el paso de la oposición maximalista (o demagógica según el caso) al posibilismo. La ponderación entre el radicalismo y el pragmatismo se levanta sobre la confianza e ilusión que genera la alternancia en el poder. Es ese espíritu general que tolera y permite el atrevimiento y el arrepentimiento gubernamentales sin apenas coste en su popularidad.

Las valoraciones iniciales del presidente y los ministros recién llegados son siempre positivas, hasta ingenuas a la vista del descenso típico que sufren siempre en el tramo final de la legislatura. Hemos visto así, por ejemplo, unas "puntuaciones" altísimas de Zapatero, Bono, Moratinos o Fernández de la Vega, sin que hubiera dado tiempo a juzgar su labor de gobierno.

Pero transcurridos dos años, y desde la Historia, se pueden hacer algunas comparaciones que nos permitan valorar el trabajo y la eficacia del actual Gobierno. Simplemente se trata de considerar los ejes de la política que llevaron a cabo Felipe González y José María Aznar cuando llegaron por primera vez al poder; es decir, en el momento en el que ponderaron su programa electoral con el posibilismo gubernamental. Porque esta combinación, que señala la sensatez de un líder político, nos puede dar la justa medida de la actuación del gobierno Zapatero entre 2004 y 2006.

Tan sólo señalaré las dos principales políticas acometidas por cada uno de ellos. Felipe González llegó al poder con una victoria aplastante, no sólo por la ilusión que generó en el electorado, sino por la desarticulación completa del centro-derecha. En una mala situación socioeconómica y reciente aún el 23-F, aquel Ejecutivo acometió, en sus dos primeros años de gobierno, entre 1983 y 1985, un ajuste gradual de los grandes desequilibrios macroeconómicos, y la aceptación de la integración en la OTAN.

El advenimiento del PP al poder se produjo tras los quebrantos institucionales que supusieron la corrupción y los GAL, y la crisis económica, levemente recuperada poco antes de 1996. El Gobierno de José María Aznar se empeñó en el cumplimiento de las criterios de Maastricht para culminar la fase de la integración económica y monetaria, y emprendió con éxito el debilitamiento de la banda terrorista ETA.

La llegada al poder del PSOE de Zapatero no se hizo a lomos de una indiscutible ilusión popular, como en 1982, ni para paliar la crisis institucional y económica, como en 1996. La gestión de lo público debía haber sido, en consecuencia, mucho más cómoda que en las anteriores etapas presidenciales. Sin embargo, los dos primeros años de gobierno Zapatero podrán recordarse por tres cosas: la retirada de Irak, el matrimonio homosexual y la diferenciación entre nación catalana y española. La sensación, y certeza, es que el Gobierno ha creado problemas y disgustos sin necesidad. Es un bagaje negativo, que no atiende a la diferencia entre un programa de oposición y la gobernabilidad responsable. Y paso por alto el trato a las víctimas del terrorismo, o lo que pueda pasar con ETA, así como a los disfraces vicepresidenciales o a las keli finder. Por cierto, ya puestos, yo preferiría, si es posible, un buga finder, con gasofa gratis, y descapotable, "para buscar mejor", que diría el lobo del cuento.

Confusión en el País Vasco
Germán Yanke Estrella Digital  17 Marzo 2006

Eso de que el río revuelto es bueno para la ganancia de los pescadores es, quizá, cierto, pero también injusto. Porque los beneficiarios de la confusión suelen ser fundamentalmente los aprovechados, cuanto más indocumentados mejor, por encima de los pacientes y sabios pescadores. Vean si no la situación actual del socialismo vasco.

De que hay confusión sobre el futuro de una hipotética negociación con ETA no hay duda. La ha propiciado el Gobierno, ansioso al parecer de conseguir el final del terrorismo más rápidamente que lo que auguraba la eficaz política antiterrorista en la que estaban de acuerdo el Ejecutivo de Aznar y la oposición de Rodríguez Zapatero. Las prisas —imagino que por considerar que un “éxito” en esta materia sería un bálsamo para las controvertidas reformas impulsadas por el PSOE— y la ilusión sorprendente de que todo lo que se haga en política debe tender a que todos —demócratas y totalitarios— se sientan a gusto en una suerte de paraíso controlado por el poder, son causa del modo en que se ha aligerado la presión del Pacto y de la Ley de Partidos (PCTV, Congreso de Batasuna, etc.), de la paradójica oferta de negociación tras el abandono de las armas adelantada en sede parlamentaria, de las manifestaciones reiteradas sobre la proximidad de éste, del temor sorprendente a condenar los atentados con la contundencia debida y tantas otras cosas a las que asistimos con pasmo.

Hay quienes aseguran, sin negar el peligro cierto de un reforzamiento de la banda terrorista y sus cómplices, que los “fallos” son en todo caso de la estrategia, no del fondo, que siempre acatará el cumplimiento de la ley y de los principios constitucionales. Para ese viaje no se necesitan, sin duda, las alforjas de todo este galimatías pero, incluso aceptándolo, la aparición en el escenario, junto a los “pescadores de la paz”, de algunos indocumentados aumenta el peligro y la preocupación hasta límites que, aunque la buena voluntad pueda disimular, la inteligencia no soporta.

Tenemos, así, a los indocumentados del socialismo vasco con su secretario general, Patxi López, a la cabeza. Un político (y sus colaboradores) que quiere dar carta de naturaleza a las “mesas” propuestas por el nacionalismo vasco y, al mismo tiempo, responde a las críticas de Mariano Rajoy diciendo que da “nivel político” a Batasuna. Un político (y sus asesores) que abona aquí y allá, bajo el supuesto biensonante de conseguir que el PNV abandone el Gobierno vasco, la idea de que quizá se pueda hacer con una “nueva Batasuna”. Un político (y sus corifeos) que se empeña en colocar en la misma situación al PP y a ETA y demás bajo la estrafalaria y trágica metáfora del “choque de trenes”. Para qué seguir, si lo que quería dejar claro es que un indocumentado no callado a tiempo es la prueba de que estamos algo más allá de los errores de estrategia o de comunicación. Si puede seguir activo Patxi López no es porque haya confusión, sino porque la confusión es el programa.

Y, mientras, miles de víctimas en estos mil días sin asesinatos. Dicen luego que es compasión y respeto lo que necesitan las víctimas. Pero lo que demandan, diciéndolo o no, es justicia y la seguridad de que el Estado, en vez de buscar el paraíso de “la paz”, se empeña en garantizar la libertad y los derechos, vulnerados cotidianamente. Dice López que confía en Zapatero. Pero el problema es que Zapatero confíe en López.

La otra cara de ETA
Editorial ABC 17 Marzo 2006

EN cuarenta y ocho horas, la justicia ha desmantelado parte del frente político que el entramado ETA-Batasuna había reactivado en los últimos tiempos. El miércoles fue Juan María Olano quien ingresaba en prisión provisional incondicional, imputado como integrante de banda armada, por haber sido inductor de los incidentes producidos en la huelga general del pasado día 9, convocada para protestar por la muerte en la cárcel de dos presos etarras. Y ayer, las medidas cautelares llegaban para históricos de la izquierda abertzale como Rafael Díez Usabiaga, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena. A los dos primeros se les ha impuesto la libertad condicional, con fianzas de cien mil y doscientos mil euros, respectivamente, posibilidad que se les reconoce porque no estaban sujetos a medidas previas. En cambio, la prisión de Petrikorena es incondicional porque, como Olano, su participación en los hechos delictivos ocasionados con motivo del paro implicó la vulneración de la libertad condicional (reiteración delictiva) que se decretó para él en el sumario abierto al Partido Comunista de las Tierras Vascas, también tramitado por Grande Marlaska, también sin apoyo del fiscal. Es muy importante, de cara a futuras nuevas actuaciones delictivas, que el juez considere que Barrena y Petrikorena son integrantes de ETA y Usabiaga (quien queda advertido), colaborador. El contacto con ETA siempre es tóxico.

El balance es clarificador en un momento especialmente afectado por la confusión de los mensajes y los discursos puestos en circulación para difundir la proximidad -sistemáticamente aplazada- del inicio de un proceso calificado como «de paz». El lenguaje se ha pervertido de tal forma que se dice que estas medidas judiciales afectan a «interlocutores» de ese proceso. Quien lea los autos de Grande Marlaska verá que, más bien, Olano, Usabiaga y demás son integrantes o colaboradores de ETA, aun en el escrupuloso grado de «seria probabilidad». El ambiente político puede no ser propicio para análisis sinceros, pero la Justicia tiene hecha ya su definición de ETA y la descripción de su organización. Ni en una ni en otra hay sitio para «interlocutores»; sólo hay terroristas a los que nadie que respete el Estado de Derecho y la propia dignidad de la sociedad española puede premiar con una especie de inmunidad diplomática. Los autos de Grande Marlaska, conectados con todas las resoluciones que, a lo largo de los años, han ido desvelando la compleja naturaleza del entramado de ETA, reflejan que las actuaciones de Olano, Díez Usabiaga, Petrikorena y Barrena se insertan, en grados diferentes, en la estrategia general de la organización terrorista. Es probable que pronto empiecen a oírse lamentos por el proceso «de paz», pero se deberán a que quienes han impulsado a destiempo su publicidad parecían desconocer que un Estado de Derecho se asienta en el principio de legalidad y en la independencia de los jueces, no en el principio de oportunidad ni en el tactismo de los políticos. Peor será -pero no improbable- que alguien caiga en la tentación de endosar a la justicia -y, cómo no, al PP- el fracaso de las esperanzas de paz y el agravamiento de la violencia.

Las valoraciones de Grande Marlaska se ajustan a la realidad de los hechos; a que Batasuna es ETA, según el Tribunal Supremo; a que la huelga del día 9 era un huelga patrocinada por ETA; y a que todo aquel que facilite las estrategias de ETA, o es integrante o es colaborador de esta organización terrorista. No se persiguen ideas legítimas, ni se reprime a «agentes sociales y políticos» del independentismo vasco. Se ha actuado contra presuntos terroristas y, a quienes consideren que estas iniciativas son contraproducentes, cabría preguntar que alternativa tiene el Estado de Derecho. Ni los guiños de una parte del socialismo vasco a Batasuna -como aquel de Patxi López a Usabiaga- ni el tancredismo de Conde-Pumpido pueden rebajar el perfil delictivo de los actos que han provocado las decisiones de Grande Marlaska. ETA sigue siendo una organización terrorista y esto es suficiente para que el Estado no ignore sus responsabilidades políticas, legales y éticas. En este sentido, la posición del fiscal general del Estado ha quedado desautorizada nuevamente. Sus criterios jurídicos sobre ETA son erróneos y un Estado de Derecho comprometido prioritariamente en la lucha antiterrorista no se puede permitir estas carencias. La petición de la Fiscalía de que Otegi ingrese en prisión no fue, como hubiera sido deseable, el primer paso de una rectificación necesaria y urgente, sino un regate a las críticas acumuladas. Por eso hay que valorar en su justa y muy grave medida el hecho de que las principales decisiones antiterroristas de un juez de la Audiencia Nacional carecen del respaldo del fiscal. Tanto como mérito tiene el empuje de los jueces de este Tribunal para preservar la legalidad.

Ven a españa, Sarkozy
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 17 Marzo 2006

Avanza la redacción del Estatuto catalán. Día a día. Como les aburre la historia a los dirigentes del PP y ya han recogido todas las firmas y ya no saben qué decir, se lían con el viaje colorista de María Teresa Fernández de la Vega. Pero entretanto avanza el plan de liquidación de España, que sólo parece conmover a Sarkozy. Para aparentar que se opone Mariano Rajoy le preguntó el miércoles a Zapatero por el preámbulo del Estatuto, y aquel no le pudo responder de forma más clara: ¿acaso no se ha enterado, señor Rajoy, de que el Preámbulo es «impecable»? Y aún podía haber añadido: «Pero, señor Rajoy, ¿acaso no les vengo diciendo a usted y a todos los españoles que el Gobierno socialista se ha propuesto montar un modelo de Estado coherente con la España plurinacional en la que creemos? ¿Por qué le extraña a usted el Preámbulo del Estatuto?

Y es que la dirección del Partido Popular no ha querido creerse los planes de Zapatero. Por eso, mientras José María Aznar habla de la balcanización de España, Rajoy se dedica a recoger firmas, lo cual es escandalosamente contradictorio. Porque, o se equivoca Aznar en su análisis, o la respuesta de la dirección del PP no es precisamente la apropiada. A un proceso de balcanización no se puede responder con actos platónicos, y aún menos con actitudes tan contradictorias como negar la constitucionalidad del proyecto de Estatuto y estar en la Comisión constitucional.

Después del referéndum catalán, España habrá dejado de ser España y muchos, incluso en la dirección del Partido Popular, se empeñarán en negarlo. Así que después entraremos en otro Estatuto y en otro y otro sin que la dirección del PP pierda la discreción y el buen juicio que, por otra parte, no le reconocerán ni el PSOE ni los medios que controla la basca progre. ¿Seguirá la recogida de firmas contra el nuevo Estatuto vasco?

¡Ah! Pero todo esto puede suceder porque la sociedad española está muerta. Porque hay miles y miles de profesionales liberales y funcionarios altos y medios, universitarios, periodistas, historiadores, juristas, publicitarios, empresarios, obreros ilustrados... que tienen hecha la conciencia a tanto relativismo, a tanta cobardía, a tanta miseria moral y que desde hace tantos años están dispuestos a aceptar lo que sea con tal de no jugarse nada.

Así que, cuando se celebre el referéndum en Cataluña, toda esta gente se negará a considerar que España se habrá roto ya por esa parte occidental y mediterránea... Y ya en marcha el nuevo totalitarismo catalán, comenzaremos a hablar del plan Patxi-Ibarretxe.

Y el único conmovido ante el inmenso disparate nacional, Sarkozy.

De zascandiles y mequetrefes
Jesús Gómez Ruiz Libertad Digital 17 Marzo 2006

Socialistas eméritos como Fernando de los Ríos, Julián Besteiro, o incluso Indalecio Prieto, se avergonzarían hasta la desesperación si pudieran ver qué personajes dirigen el partido en que ellos militaron y gobiernan el país en que ellos vivieron. Una caterva de mequetrefes y zascandiles (recomiendo consultar el diccionario de la RAE para comprobar hasta qué punto no son insultos, sino definiciones) sin ninguna idea alta, sin otro horizonte vital que satisfacer, desde el poder, su rencor y su deseo de aniquilar a sus adversarios políticos por el solo hecho de serlo. Y que emplean todas sus fuerzas y sus luces –que no son muchas– en el supremo fin de perpetuarse en el poder y de eliminar cualquier posibilidad de alternancia política, aunque sea a costa de desmembrar España y de dividir a los españoles.

Por eso no es extraño que, para lograr tan ambiciosos fines, no les quede más remedio que suplir su incultura, su falta de preparación técnica y su falta de hábitos democráticos –de las que algunos o algunas incluso se atreven a blasonar– con un torpe sectarismo y una audacia en el empleo de la farsa, de la mentira, del insulto y de la infamia como armas políticas que produce asombro e incredulidad a las personas civilizadas.

De esa nueva generación de zascandiles y mequetrefes rencorosos y ávidos de poder que se ha enseñoreado del PSOE para desgracia de los españoles, quizá el mejor representante es José Blanco. Porque, si alguien se distingue por la rudeza de su sectarismo, lo infantil de sus descalificaciones y lo audaz de sus infamias, ese es José Blanco, especialista en inventar motas de polvo en iris ajenos y en ocultar descaradamente las vigas de hormigón pretensado que sobresalen de los ojos de su tropa.

Pero las descalificaciones y las infamias de José Blanco, comparadas con las del maestro del género, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya ni siquiera causan asombro o indignación. Sólo causan risa y conmiseración, por su tosquedad y su exceso de fingimiento, exactamente igual que sucede cuando el público conoce y se da cuenta de los gastados trucos de un mal prestidigitador.

Por eso, en lugar de exigirle disculpas a Eduardo Zaplana por haber denunciado la frivolidad del show africano que montó el Gobierno y haber calificado correctamente de disfraz la indumentaria de la vicepresidenta Fernández de la Vega, en lugar de exhortar a Zaplana a penitencia y humillación pública por presunto machista e insolidario, debería ser el propio José Blanco quien pidiera disculpas a todos los ciudadanos por insultar nuestra inteligencia. Y también debería pedir perdón Blanco por nombrar en vano a esas mujeres y hombres del continente africano que luchan por su dignidad y por salir de la pobreza y que se juegan la vida en las pateras para encontrar en España la libertad y la prosperidad que no tienen en sus países de origen. Una libertad y prosperidad cuyas bases, por cierto, se obstina en destruir, consciente o inconscientemente, que para el caso es lo mismo, el PSOE de Zapatero y Blanco.

Marlaska frente a Pumpido
EDITORIAL Libertad Digital 17 Marzo 2006

Empieza a notarse el efecto aterrador que, entre los fiscales de la Audiencia Nacional, ha tenido el cese de Eduardo Fungairiño. El juez Grande Marlaska ha tenido que tirar de nuevo, en solitario, del carro de la justicia. Juan María Olano, José Petrikorena, Pernando Barrena y Rafael Díez Usabiaga seguirían en la calle tras la violencia desatada el viernes si de la Fiscalía dependiera.

Quienes tuvieran la ingenua esperanza de que la petición de cárcel para Otegi podía significar un cambio de política de la Fiscalía y, por tanto, del señor al que obedece, ya no podrán seguir llevándose a engaño. Para Conde Pumpido, pedir el encarcelamiento de Olano y los demás batasunos no era "legalmente procedente" porque "las circunstancias son diferentes" a las de su líder. Y desde luego, lo son. Apoyar que Otegi no fuera a la cárcel hubiera sido un escándalo mayúsculo que el Gobierno no hubiera podido resistir incólume; dejar, no obstante, que miembros de Batasuna-ETA que aparecen menos en televisión siguieran en las calles del País Vasco, es algo que se pueden permitir. Esas son las únicas circunstancias que diferencian este caso de los demás, y tienen poco de legales y todo de obediencia política y propaganda.

El fiscal general del gobierno que ha considerado motivo más que suficiente para detener a militantes del PP "su actitud vociferante", no encuentra sin embargo razón alguna para pedir la prisión a los que organizaron una jornada "que ha puesto en entredicho no sólo la paz pública, sino el mismo orden constitucional", según el auto del juez Marlaska, y en la que tuvieron lugar hechos como la "colocación de artefactos explosivos, inutilización de accesos a locales, interrupción de las vías públicas". Cabe suponer que aquellas detenciones fueron "legalmente procedentes" ante la extraordinaria magnitud del delito de agresión imaginaria, en comparación con estas chiquilladas.

Su sabiduría jurídica le ha llevado hoy al extremo de afirmar que hechos como esta "huelga" demuestran que el PCTV nada tiene que ver con Batasuna-ETA y que, por ello, hicieron bien en no pedir su ilegalización al Supremo. En estos días en que han aparecido tantos especialistas en el marxismo-leninismo de ETA, aunque fuera sólo para afirmar que eso les hacía incompatibles con los islamistas del 11-M, convendría recordar la enseñanza de Lenin que más al pie de la letra ha seguido el terrorismo nacionalista vasco a lo largo de su sangrienta historia. Y es que el ruso propugnaba la creación de un frente amplio de organizaciones de diverso tipo, que pudieran actuar en varios frentes. Eso es lo que hay detrás de la existencia de las Gestoras pro Amnistía o la misma Batasuna, todas ellas meras fachadas de ETA. Considerar que las nekanes no forman parte del entramado por el mero hecho de que otra parte del mismo también actúa sería como asegurar que si ETA asesina es una prueba de que la banda terrorista ha "escogido otros caminos para actuar" y, por tanto, Batasuna no está siguiendo sus órdenes.

Zapatero parece encontrar inadmisible que Zaplana asegure que la vicepresidenta se disfrazó en su viaje a África, pero no dice nada sobre las decisiones de su fiscal, tan favorables siempre a los intereses de los batasunos. Habrá que seguir confiando en Grande Marlaska, aunque siempre será menos eficaz la política antiterrorista cuando ha de encabezarla un juez y no el presidente del Gobierno.

El fiscal general del PSOE, no del Estado
Editorial Elsemanaldigital 17 Marzo 2006

Conde-Pumpido actúa como el PSOE desea, tolerando a Batasuna. Pero por encima del criterio de partido debe estar la defensa y aplicación de la Ley de todos los españoles.

17 de marzo de 2006. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska está investigando, dentro de sus actuaciones contra la banda terrorista ETA, la organización de una huelga general por parte de Batasuna. Batasuna es un partido ilegalizado por pertenecer al entramado de ETA, y Grande-Marlaska ha adoptado diversas medidas contra el responsable de Gestoras Pro Amnistía Juan María Olano, los dirigentes de Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena, la abogada Arantxa Zulueta y el secretario general del sindicato LAB Rafael Díez Usabiaga. Todos ellos están acusados de ser responsables de los hechos delictivos derivados de la huelga de los proetarras.

Todo esto no es sino una muestra del funcionamiento de las instituciones democráticas contra los enemigos de la convivencia. La Ley de Partidos y el Código Penal se aplican, y los ciudadanos tienen la sensación de que sus derechos y libertades son defendidos. Sin embargo, la actuación y declaraciones del Fiscal General del Estado han creado inquietud en diversos sectores de la sociedad española.

Cándido Conde-Pumpido no tenía previsto actuar contra los encausados por la Audiencia Nacional. De hecho, el ingreso en prisión de alguno de ellos ha tenido lugar a petición de las acusaciones populares –la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación Dignidad y Justicia- y contra la opinión disciplinadamente expresada por la Fiscalía. Hay que tener en cuenta que se trata de una acusación concreta por más de cien actos violentos durante la huelga convocada por Batasuna. Algunos de los colaboradores de ETA están en libertad provisional y bajo fianza por delitos similares, y ETA ha realizado atentados coordinados con la huelga en cuestión. Razones jurídicas no faltaban.

Pero a Conde-Pumpido le faltaban las razones políticas. Está nombrado por un Gobierno cuya principal meta es la negociación con ETA. Y él mismo se mostró en su momento contrario a la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, a pesar de que el PCTV ha demostrado ampliamente ser una "segunda marca" de Batasuna y de que ha colaborado en la huelga proetarra.

Tampoco debe sorprender esta situación. El Fiscal General depende de un Gobierno cuyo ministro del Interior, José Antonio Alonso, se mostró en su momento contrario a la Ley de Partidos que ilegalizó Batasuna, y cuyo Alto Comisionado para las Víctimas del Terrorismo, Gregorio Peces-Barba, fue en su momento abogado defensor de terroristas. Sobre todo, dejando a un lado la historia, resulta patente el deseo de José Luis Rodríguez Zapatero de evitar un alejamiento de la llamada "izquierda abertzale", de la que espera una tregua. El PSOE quiere que el Fiscal General actúe como actúa, pero por encima del criterio de partido debe estar la defensa y aplicación de la Ley de todos los españoles.

Después de los sofistas siempre llegan los bárbaros
José Javier Esparza elsemanaldigital 17 Marzo 2006

El Estatut habla de la nación catalana, pero la gente se va convenciendo de que no. España no estuvo en la guerra de Irak, pero todo el mundo piensa que Aznar nos llevó a la guerra. El asunto de la mochila del 11-M sigue oscuro, pero el poder insiste en que ya está todo aclarado. La boca térmica de Zaplana es machista cuando reprocha a De la Vega su disfraz, pero apenas nadie pide cuentas al delegado del Gobierno en Madrid cuando se permite un desplante machista a Esperanza Aguirre. La nueva ley de tráfico de embriones autoriza la clonación terapéutica, pero todos los periódicos nos han dicho que prohíbe la clonación. Y así sucesivamente. Son sólo unos pocos ejemplos del aire que respiramos: en el país pasa una cosa, pero se nos dice que pasan otras –y lo que es peor, la gente lo cree.

Los sofistas eran aquellos doctos sujetos de la antigua Hélade que vendían sus saberes como aptitudes prácticas para triunfar en la retórica, sin preocupación alguna por la verdad. Platón los estigmatizó en El Sofista. En cierto modo, el sofista es el antecedente del creativo publicitario: despliega su talento para convencer, seducir, persuadir, al margen de la verdad o contra ella. Los sofistas siempre aparecen en tiempos de decadencia: la Grecia del siglo IV, Bizancio en el XIV, Francia en el XVIII. Tras ellos suele crecer la desolación y la incertidumbre. Después, normalmente, llegan los bárbaros y ruedan cabezas: la plutocracia en Esparta, la demagogia en Atenas, turcos en Constantinopla, jacobinos en París.

Sofística en estado puro es lo que se ha adueñado de la política española. Esto, ciertamente, no es de ahora, pero sólo ahora, con ZP, la técnica del sofisma publicitario ha entrado en la actividad política diaria. Se diría que todos los esfuerzos del Gobierno se concentran no en gobernar, sino en hallar el argumento retórico del día. El absurdo rifirrafe sobre el disfraz africano de la vicepresidenta es un buen ejemplo de esta técnica: una minucia intrascendente es elevada al cubo del eslogan ideológico y convertida en baza política contra el rival. El fondo del debate no tiene importancia. Lo único que importa es el despliegue retórico en torno al incidente. Así el sofista impone su ley.

El PSOE está ganando la "batalla de la verdad", esa liza en la que se dirime el derecho a imponer lo que es cierto y lo que no. Es una batalla típica de nuestro mundo, donde la verdad ya no reposa sobre criterios objetivos, sino sobre sentimientos colectivos. En un mundo así, la constatación de los hechos y su análisis racional ocupan un lugar secundario; todo el acento se pone en la interpretación emocional de las cosas bajo la perspectiva de clisés ideológicos sentados de antemano. Es el mundo ideal para que el sofista despliegue el abanico de sus técnicas –y gane.

Pero después del sofista siempre llega el bruto.

¿Existe una cultura española?
José Manuel Rodríguez Pardo minutodigital 17 Marzo 2006

En estos días en los que se intenta definir a Cataluña como nación no conviene olvidar el paso previo que en 1978 se dio para llegar a esta situación: el reconocimiento constitucional de unos idiomas autonómicos y su uso en la esfera pública, así como otros elementos heterogéneos que presuntamente forman las culturas de Cataluña, Galicia, País Vasco, Valencia, etc. Bailes regionales como la sardana o el aurresku y alimentos como la butifarra, el cava o el chacolí son, según nuestros políticos, las “señas de identidad” de una cultura vasca o catalana opuesta a la española. Sin embargo, un rasgo meramente distintivo como el aurresku o la sardana no puede convertirse en constitutivo de una supuesta cultura vasca o catalana. Sería algo tan absurdo como llamar “el sordomudo” a quien se caracteriza por tener esa disfunción del habla y la audición. Es más, las culturas no permanecen aisladas y uniformes, sino que se desarrollan históricamente y unas influyen y engullen a otras: si hoy existe la presunta cultura catalana es gracias al latín del Imperio Romano y al español, pues sin la Gramática de la lengua castellana o española de Nebrija no habría ningún tipo de academia de la lengua catalana hoy día. De hecho, sin el descubrimiento, conquista e independencia de América desde1492 hasta nuestros días sería imposible la existencia de la Hispanidad y de una cultura española, que es la que nos aporta las claves para entender la identidad de España.

Y es que aun admitiendo los idiomas catalán o vasco como elementos culturales, tales rasgos no definen una identidad cultural, como ya hemos visto, y tampoco dicen nada a la hora de marginar la cultura española o ponerla en pié de igualdad con tales culturas regionales. Porque la cultura española se difunde por todas las culturas regionales o sectoriales existentes en España y la Hispanidad, reduciéndolas a la mínima importancia. De ello podríamos aportar numerosos ejemplos; un caso de lo señalado es el de obras como La Atlántida del clérigo Jacinto Verdaguer, que sólo se entiende en Cataluña, o las poesías de Rosalía de Castro, que sólo se entienden en Galicia. Sin embargo, el Poema de Mío Cid o El Quijote se entienden en Madrid, en Cataluña, Vasconia, Galicia y en las repúblicas hispanoamericanas y parte de Estados Unidos, área de difusión de la cultura española. Situación que define su identidad, desbordando claramente su recinto peninsular y situándose en el contexto de los cuatrocientos millones de personas que hablan en español y que forman parte de la Hispanidad, como señala Gustavo Bueno en España no es un mito.

Esta Hispanidad, que define la identidad de España y las repúblicas hispanoamericanas, supone la realidad de la cultura española y su infinita superioridad sobre las culturas regionales por las que se difunde. Ni siquiera el aymará en Bolivia, el guaraní en Paraguay u otras lenguas indígenas pueden considerarse como rasgos de una supuesta identidad cultural ajena a la hispana, pues sus hablantes son o bien bilingües o núcleos indígenas aislados que tienden a desaparecer por su incorporación a la civilización. De hecho, son terceras potencias quienes están más interesadas en el progreso de esas lenguas minoritarias y marginales: Francia y Alemania apoyan el nacionalismo fraccionario en España, y Estados Unidos financia la predicación de todo tipo de sectas evangélicas y protestantes en Hispanoamérica, quienes predican la Biblia en lenguas indígenas con el objeto de dividir y fomentar el odio en esa región, pues la posibilidad de entendimiento entre quienes hablan esas distintas lenguas es idéntica al cero.

Cataluña
El españolismo como falta de autoestima
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 17 Marzo 2006

Los separatas acusan últimamente de "autoodio" a quienes, siendo catalanes, rechazan su bonita visión "nacional". Astucia singular que desprende un aroma inconfundible de ideíta creativa. La habrá parido un modelno equipo de cafeinómanos o una agencia de publicidad clásica sujeta a mayores adicciones.

Como todos los mensajes publicitarios contemporáneos, el truco persigue atajar la racionalidad e impactar directamente en el lado emocional del receptor (que no es el que parece sino el titubeante españolista del PSC). Formalmente no se insulta al enfermo moral; parece que se le va ayudar a resolver su problema. Muestran aquí los independentistas mucha más imaginación que el partido de sus padres, incluida la joroba democristiana que lo lastra y afea. David Madí, hombre clave de Artur Mas, ha puesto ingenuamente las cartas de su irritación boca arriba tachando de "cretinos" a los Ciudadanos de Cataluña, lo que no parece un análisis muy trabajado.

Más astutos, los de Carod adoptan la expresión del psicoanalista, se ajustan las gafas, se mesan la barba, clavan la mirada en el izquierdista laico y antinacionalista y sueltan, para que lo oiga un tercero: usted se odia a sí mismo, amigo. Ahora también se lo han dicho a Moragas en el Congreso, cuando denunciaba las fantasías diplomáticas del cuatripartito. Estimulante novedad. A los populares catalanes nunca se les había acusado, que yo sepa, de autoodio porque ni siquiera se les consideraba catalanes; lo suyo era odio a secas.

Sea todo para bien si, en vez de insultarnos a diestra y siniestra, los patriotas catalanes nos acarician compasivos y nos dicen cosas como la que Ridao le ha susurrado al oído al portavoz del PP en Exteriores: "Usted vive mal su condición de catalán". Hablan como asistentes sociales. O como asistentas cartománticas: le ha salido la sota de bastos; significa que vive mal su condición de catalán. No será porque el rey de copas y los tres de oros vivan muy bien su condición de españoles.

Tripartito
De pájaros catalanes y codornices japonesas
José García Domínguez Libertad Digital 17 Marzo 2006

Ahora ha quedado claro: los de CiU eran unos pobres aficionados. Torpes membrillos de tercera regional. Panolis sin madera para el oficio. Ni muñeca para trabajar la espada. Ni mano con el buzo. Ni nada de nada. Unos chicos bien, que nunca se graduaron en la universidad de la calle. Que no hubieron de abrirse paso en la vida por el procedimiento del butrón. Simples domingueros de la sirla. Tahúres de tablero de parchís en mesita camilla con brasero y pastas de anís. Barandas de chalet adosado a los que jamás les faltaron un par de añiles en la culata. Juláis de broma. Choros de comedia de Arturo Fernández, incapaces de distinguir una achuri de un baldeo. Quinquis del Todo a Cien. Burlangas de plastelina criados en la jama fácil. Soñarreras de salón. Aprendices.

Aquellos pringaos no se coscaban del bisnes, suerte que se dieron aire y les pasaron la chaluta a los kies del tripartito A los profesionales de verdad, la peña auténtica que antes de salir de la pulguera ya te ha esparramao la caja y tiene repartida la astilla entre la basca. Apenas acaban de arrimarse y llevan levantados setenta y tres millones de euros. Y sin necesidad de pegar un solo buchante ni de armar la pajarraca echando mano del fusco. Lo dicho, profesionales como la copa de un pino. ¿Que cómo se lo han hecho para llevarse el consumao y seguir blancos, sin arruinarse? Pues, muy simple: informes de asesoría externa que no pasen de doce mil euros, que así no hay que convocar concurso público, ni corres el riesgo de que den el agua los boqueras.

Y es que para el trinque fino, hay que chanar; y no todo el mundo vale. Que también en lo de tangar hay clases, chaval. Que sí, tío, que sí. Que hay que haber chupado mucha mili en las cafetas para escalomar la guita con la julana del estudio sin que se te reboten los perlas. Que eso no lo implementa cualquiera. Que hay que saber. "Informe sobre las nuevas expresiones musicales en Cataluña", dos kilos; "Estudio sobre la danza y el baile del cirio en Castellterçol", un kilo; "Dossier sobre las relaciones internacionales en la política de los países nórdicos", dos kilos; "Estudio previo para una Sala de Mapas", otro par de millones; cinco informes acerca de "los usos lingüísticos de los andorranos", 21.000 euros. Y lo que quieras porque te ingenian una ristra cada día.

"Análisis del grado de hibridación entre la codorniz común y la codorniz japonesa", 11.872 euros; "Valoración de las necesidades formativas de las Fuerzas Armadas españolas", 11.950 euros; "Estudio de la organización interna del gabinete del consejero Salvador Milà", 10.000 euros; "Análisis de las relaciones entre Cataluña, España y Europa", 12.000 euros; "Estudio para explorar un nuevo logotipo de la Generalitat" –tras la exploración, decidieron mantener el de toda la vida–, 26.100 euros; "Puesta en escena de un acto del Estatut en el castillo de Miravet", 11.948 euros; "Informes sobre la concha brillante en Cataluña", 21.870 euros; "Estudio sobre el estado actual de la gaviota corsa en la costa mediterránea", 22.000 euros; "Evaluación del uso del idioma catalán en los restaurantes", 58.900 euros. Desde que pisan moqueta, dieciséis millones de pelas diarios en informes de los colegas. Sí, señor, así se abucharan las gambas para casa. ¡Unos profesionales! ¡Chapeau!

El Archivo Real
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  17 Marzo 2006

EL AFÁN posesivo del nacionalismo va parejo de su ignorancia. En este caso, destructiva e incivil. Uno de los patrimonios colectivos de más honda significación histórica, en España y en Europa, es el Archivo de la Corona de Aragón (ACA)
Pero su valor estriba en su unidad: decenas de miles de documentos permiten ver la Corona y su singularísima historia desde un observatorio excepcional: el del rey de Aragón, soberano común. El proyecto de Estatuto de Cataluña, de forma interesadamente confusa, separa el Archivo Real -núcleo del ACA- de un "resto" de la documentación de interés común que, sencillamente, no existe. No sólo Aragón, Valencia y Baleares deben reaccionar ante el intento de desmán, frente al que el presidente Iglesias ha dicho que recurriría al Tribunal Constitucional: la civilidad y sensatez de la sociedad catalana debe oponerse a una iniciativa que, según ahora está formulada, define a quien la apoya y cubrirá de vergüenza a quien la sostenga

Unión Europea
Jamás con Hamas (II)
GEES Libertad Digital 17 Marzo 2006

¿Si usted hubiese vivido en los años 30 del siglo XX habría financiado al gobierno de Hitler para no poner en peligro la situación humanitaria de los alemanes? Hubiera sido absurdo y erróneo. Pues algo parecido es lo que sucede con Hamas y la ayuda internacional que hasta haber ganado las elecciones se destinaba a la Autoridad nacional Palestina. Europa ha estado pagando a la ANP en la esperanza de lograr establecer una fuerza moderada que aceptase la existencia del estado de Israel y se comprometiera activamente en la lucha contra el terrorismo y buscara de verdad la paz. El resultado no ha podido ser más penoso a lo largo de los años. Y ahora, la UE, está a punto de volver a cometer uno de sus más graves errores: mantener la ayuda como si el cambio de Fatah a Hamas no supusiera nada.

Pero Hamas es Hamas y hay que ser plenamente consciente de lo que eso implica. Hamas es una entidad totalitaria islamista radical que recurre al terrorismo como táctica cuando así lo considera necesario. De hecho, está en las listas internacionales de organizaciones terroristas, incluida la de la UE. Y eso no lo cambia estar en el poder.

En segundo lugar, como su propio nombre indica, "reconquista", su objetivo político es el establecimiento de un estado islámico en tierra del Islam, lo que supone la destrucción del estado de Israel y la incorporación de Judea, Samaria, Galilea y otras zonas en tierra del Islam.

En tercer lugar, Hamas no es un movimiento aislado, sino que se enmarca, como una pieza más, en la marea de extremismo islamista que sacude al mundo, desde América y Europa a Indonesia y Filipinas. Hamas arranca de la experiencia de los Hermanos Musulmanes de Egipto, pero a diferencia de éstos, ha sabido aprovecharse del descontento palestino para cambiar el nacionalismo palestino en su causa de progresiva islamización.

Cuarto, los vínculos de Hamas con Irán y Hizbolah hace que su establecimiento vuelva la región en un polvorín en el que, salvando las distancias y las diferencias de cada uno, el mapa islamista no hace sino avanzar.

Eso es lo que la Unión Europea, con el mantenimiento de sus fondos, mantendrá y ayudará a expandir. Y por eso es tan importante que no suceda. En lugar de ayudar a legitimar a Hamas, que sería visto como una clara victoria del islamismo militante, la UE tendría que intentar aislar a los dirigentes palestinos, haciéndoles ver que no basta con una moderación táctica, sino con un cambio de objetivos. Claro que ya sabemos que la paz no se consigue con la condena de la violencia, sino con la desaparición de la organización terrorista. A esa desaparición es a lo que tendría que contribuir Europa.

Batasuna vuelve a la ilegalidad
Las decisiones del juez Marlaska han roto la situación de tolerancia de la que disfrutaban los proetarras, que responden con mensajes en los que mezclan «esperanza» con veladas amenazas
J. M. Zuloaga / R. L. Vargas La Razón 17 Marzo 2006

Madrid- Si se hace caso de lo que, día tras día, transmiten los dirigentes del entorno proetarra y algunos sectores socialistas, los encarcelamientos de Juan María Olano, Juan José Petricorena, Rafael Díez Usabiaga y Pernando Barrena -estos dos últimos pueden eludirla si depositan sendas fianzas de 200.000 y 100.000 euros, respectivamente- no suponen nada porque el llamado «proceso de paz» está blindado y nadie les va a sacar de ese carril.

La realidad, sin embargo, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN, es bien distinta. Las decisiones que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska está tomando, en aplicación de la legislación vigente, han roto por completo la estrategia que, con total impunidad, desarrollaba la «izquierda abertzale» para crear una situación de «paralegalidad» que condujera, finalmente, a que Batasuna pudiera presentarse a las próximas elecciones municipales y forales de la primavera de 2007 pasando así por encima de su ilegalización.

Amparados en los rumores, que no se han confirmado hasta ahora, de inminentes treguas de ETA, y de las informaciones de que dispone el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre el «inicio del principio del fin de la violencia», el brazo político de la banda disfrutaba de una total libertad de movimientos al haber quedado derogado, de hecho, el Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos, que permitió la ilegalización de Batasuna.

Complacencia. Los proetarras contaban con la complacencia de un Gobierno que no les iba a poner pegas al desarrollo de sus actividades, incluso la celebración de un «congreso nacional» en el que tenían la intención de dar a conocer su nueva «mesa nacional». La banda terrorista, en comunicados públicos y publicaciones internas, se ha jactado en el último año de haber conseguido liquidar el «ciclo de ilegalización».

Las decisiones de la Justicia, la firme oposición del Partido Popular y las masivas manifestaciones promovidas por las víctimas del terrorismo, han devuelto a los proetarras a la realidad de una España cuyas principales instituciones funcionan y en la que se aplica la ley al margen de conveniencias políticas.

A este respecto, las fuentes consultadas llaman la atención sobre los últimos mensajes enviados al mundo de ETA, a través del medio de comunicación que dispone de mejor información en el Palacio de la Moncloa, en el sentido de que las últimas decisiones sobre el entorno de la banda han sido tomadas por personas (jueces, fiscales, policías...) que provienen de la época en la que los terroristas cometían asesinatos. Una tregua permitiría adaptar esos «aparatos» a la nueva situación. En una palabra, sacar de escena a los funcionarios que no colaboran en el, como gusta de llamarle la izquierda abertzale, «proceso de paz».

Está por ver, según las mismas fuentes, cuál es la estrategia que va a seguir la banda terrorista y su brazo político en las próximas semanas, aunque, como ocurrió ayer mismo, los mensajes sobre la continuidad del citado «proceso» van acompañados de veladas amenazas por la «gravedad» de las decisiones tomadas por la Justicia.

Lo que parece seguro es que los dirigentes y militantes del entorno etarra van a actuar con mucha más precaución, independientemente de lo que haga la banda, que el miércoles mismo continuó con sus «labores de aprovisionamiento» en Francia mediante el robo de dos máquinas troqueladoras y miles de placas para la falsificación de las matrículas de vehículos.

El juez encarcela a Petrikorena e impone fianzas a Barrena y Usabiaga
Considera a los dirigentes de Batasuna y LAB inductores de los actos violentos de la huelga
ALFONSO TORICES/COLPISA. MADRID El Correo 17 Marzo 2006

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ordenó ayer el ingreso en prisión del dirigente de Batasuna Juan Joxe Petrikorena, al que acusa de promover y organizar en nombre de ETA una huelga general en Euskadi y Navarra, el pasado 9 de marzo, para protestar por la muerte en la cárcel de dos presos vinculados con el entorno etarra. Los informes policiales indican que durante la jornada se produjeron más de cien hechos delictivos, entre ellos la colocación de cuatro bombas, según la resolución judicial que ordena el encarcelamiento.

Grande-Marlaska también ordenó prisión, pero eludible mediante el pago de fianza, para el también dirigente de Batasuna Pernando Barrena, que deberá abonar 200.000 euros, y para el secretario general del sindicato LAB, Rafa Díez Usabiaga, que deberá hacer frente a una caución de 100.000 euros. Ambos tendrán que presentarse a diario en la comisaría más próxima a su domicilio -cada 15 días una vez paguen la fianza- y cuentan con una semana de plazo para depositar el dinero que les permite evitar el encarcelamiento. El juez dejó en libertad provisional sin medidas cautelares a la abogada y dirigente del partido ilegalizado Arantza Zulueta.

Los cuatro quedaron imputados en el sumario de Batasuna, en el que el juez tiene procesados a 41 dirigentes históricos del partido independentista. Grande-Marlaska considera que Petrikorena, al igual que Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan María Olano, «decidió y planificó la huelga» y fue uno de los inductores de los delitos de estragos, desórdenes públicos y coacciones, todas en su modalidad terrorista, que se registraron en la jornada de paro, por lo que le imputa integración en banda armada.

Petrikorena es el segundo dirigente de la izquierda abertzale encarcelado por los mismos hechos, después de que el magistrado enviase el miércoles a prisión al ex líder de Gestoras Pro Amnistía, Juan María Olano. Este dirigente de Batasuna se encontraba en libertad bajo fianza de 100.000 euros desde septiembre pasado, acusado de pertenencia a banda armada en el sumario abierto contra EHAK. El juez ordenó su ingreso en prisión, además de por el riesgo de fuga y la gravedad del delito, por reiteración delictiva.

Grados de imputación
El magistrado entiende que Barrena incurrió en una actuación igual de «activa y preferente» que Petrikorena y le acusa de igual delito, pero es más duro con el segundo sospechoso porque está imputado ya en otras causas.

Respecto a Díez Usabiaga, le imputa un delito de colaboración con banda armada. Entiende que «dio voz principal al 'frente político e institucional', actualmente ilegalizado, ni siquiera comunicó la (convocatoria de) huelga a la autoridad administrativa y cedió sus siglas (LAB) legales para dar la apariencia de legitimidad democrática».

Y sobre la letrada Zulueta el magistrado concluye que sólo estuvo en la rueda de prensa en la que se convocó el acto, y además cabe dudar si lo hizo como abogada de alguno de los dirigentes de Batasuna, no como promotora de la protesta.

Los cuatro imputados llegaron por la mañana a la Audiencia Nacional acompañados por una decena de abogados y se negaron a declarar ante el magistrado. El fiscal no solicitó el ingreso en prisión de ninguno de ellos, pero las dos acusaciones particulares personadas en el sumario -Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia- sí pidieron el encarcelamiento de Barrena, Petrikorena y Díez Usabiaga ante el alto riesgo de fuga, la gravedad de los delitos cometidos y, en alguno de los casos, la reiteración delictiva.

Fuentes judiciales indicaron que el tercer responsable nacional del partido ilegalizado que cruzará la puerta de la cárcel, con casi toda probabilidad, será el portavoz de la formación, Arnaldo Otegi, a la vista de las graves acusaciones que contra él existen en el auto judicial y de que Grande-Marlaska considera que en los días previos a la huelga general y durante la jornada incurrió en una reiteración delictiva.

El magistrado mantiene en el auto de prisión dictado ayer que ETA ordenó a Batasuna, «su frente político e institucional», que diseñase, organizase y promoviese una jornada de actos criminales en Euskadi y Navarra para protestar contra la muerte en la cárcel de dos de sus miembros y para demandar el reagrupamiento de sus presos en cárceles vascas bajo el lema 'Dispersión asesina'.

'Frente de masas'
Sostiene el magistrado que Otegi, Olano, Petrikorena y Barrena, con el apoyo de Díez Usabiaga y Zulueta, fueron los inductores principales de la actividad delictiva que el 9 de marzo ejecutaron en las calles vascas y navarras militantes de Batasuna y componentes del 'frente de masas' -la organización juvenil Jarrai-Haika-Segi-, con el apoyo de piquetes de LAB.

Grande-Marlaska señala que por mucho que los imputados nieguen la organización de la huelga por Batasuna y digan que se trata de hechos espontáneos, los incidentes y hechos delictivos ocurridos «tienen una unidad de dirección, organización y planificación, ajena a los meros hechos vandálicos espontáneamente surgidos».

Los informes policiales detallan que en poblaciones de toda la geografía de Euskadi y Navarra se produjeron hasta 108 actos delictivos. En su mayoría se trata de cortes de calles y carreteras por coches, neumáticos o contenedores incendiados, bloqueos de vías férreas, sellado de cerraduras con palillos y silicona, piquetes que obligaron a cerrar comercios o empresas, manifestaciones ilegales, y la colocación de cuatro pequeños artefactos explosivos.

Justicia castiga a un empleado que tildó el catalán de «extrañísima y curiosa lengua»
R. N. La Razón 17 Marzo 2006

Barcelona- El Ministerio de Justicia ha decidido sancionar con una falta grave al secretario judicial de un juzgado de Badajoz por menospreciar el catalán al calificarlo de «extrañísima y curiosa lengua totalmente ajena al idioma oficial de estos pagos patrios» en una respuesta al juzgado número 23 de Barcelona, que le había remitido una carta en catalán.

Según comunicó el Ministerio al senador de la Entesa Catalana de Progrés Jaume Bosch, el funcionario podría ser suspendido de sueldo y trabajo hasta dos meses y se le podría incorporar la falta al expediente. El mes de enero del pasado año Bosch, también vicepresidente de ICV, denunció el caso de Fernando Barrantes al Senado, ya que consideraba que el secretario judicial mostró «su incompetencia para ejercer su cargo, ya que se declaraba incapaz de reconocer y respetar una de las lenguas reconocidas y protegidas por la Constitución de 1978».

Ministerio de Injusticia
Nota del Editor 17 Marzo 2006

Si, ahora resulta que también los extremeños tienen el deber constitucional de conocer el catalán. Como decía alguien, caminito que vamos al tercer Reich, pero esta vez, no con el idioma alemán, mayoritario en el Unión Europea, sino con el catalán, mangonitario en el (des)gobierno español.

Espero que el Sr. Secretario de un juzgado de Badajoz, se defienda con la Constitución Española y presente los recursos necesarios para combatir la estulticia e inconstitucionalidad de ministerio de (in)Justicia. La Constitución Española establece,

Artículo 3: "1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.", no dice nada de "lenguas propias".

"2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos." por tanto a ver que tiene que hacer el catalán en Badajoz.

"3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección." Aquí no habla de comunidades autónomas, y por tanto incluye también el castellano, machacado por los nacionalistas en Cataluña y otros en más sitios, y el Ministerio de (in)Justicia permanece mudo.

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