AGLI

Recortes de Prensa     Lunes 20 Marzo  2006
Antes pactar con ETA que con el PP
EDITORIAL Libertad Digital 20 Marzo 2006

Estamos acosados
José Javier Esparza elsemanaldigital 20 Marzo 2006

Moderación o contundencia, un falso dilema
Alejo Vidal-Quadras Periodista Digital 20 Marzo 2006

Al margen de la historia
Agapito Maestre Libertad Digital 20 Marzo 2006

Con los terroristas antes que con Rajoy
Sancho Michell de Diego Periodista Digital 20 Marzo 2006

MARLASKA VERSUS PUMPIDO
Editorial minutodigital 20 Marzo 2006

EL TRIUNFO DE LA LIBERTAD
Minuto Digital 20 Marzo 2006

El motorista invisible
Isabel Durán Libertad Digital 20 Marzo 2006

Rosa púrpura
IGNACIO CAMACHO ABC 20 Marzo 2006

La represalia contra Rosa Díez
Jorge Marsá Periodista Digital 20 Marzo 2006

Ahora o nunca
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 20 Marzo 2006

Tercera instancia
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 20 Marzo 2006

¿Estupidez política?
IÑAKI EZKERRA El Correo 20 Marzo 2006

Entre Bruselas y Cornellá
José Javaloyes Estrella Digital 20 Marzo 2006

Irak, a gusto de todos
GEES Libertad Digital 20 Marzo 2006

Savater: «Ni Zapatero ni Blanco saben la mitad que Rosa Díez sobre ETA»
ABC 20 Marzo 2006

ETA refuerza su chantaje con nuevas cartas de amenaza a los empresarios
R. N. La Razón 20 Marzo 2006

No hay deber porque no hay derecho
Aurelio Arteta, BASTAYA.ORG 20 Marzo 2006

Antes pactar con ETA que con el PP
EDITORIAL Libertad Digital 20 Marzo 2006

Las bochornosas declaraciones de este domingo a los diarios ABC y El País de dos cargos destacados de este gobierno son una nueva muestra de que, para el gobierno del 14M, todo vale –incluido el maquillar y satisfacer a ETA– con tal de lograr "como sea" un frente anti PP. Si el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, ha comparado –y dejado en peor lugar– el "ruido" que viene haciendo el principal partido de la oposición con el que viene haciendo una organización terrorista como ETA, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, se ha vuelto a alinear con las tesis de los batasunos, al considerar "grave" y "preocupante" la solicitud de encarcelamiento contra Otegi y compañía, decretada por el juez Grande Marlaska.

Que en el gobierno del 14-M haya más disposición a pactar con una organización terrorista como ETA que hacerlo con el principal partido de la oposición, es algo que se podía detectar desde el mismo momento en que, de la mano de los separatistas, se respaldó el pacto de Tinell –en el que se proscribía cualquier acuerdo con el Partido Popular– y, al tiempo, se impulsaba una propuesta en el Congreso en la que se ofrecía "dialogo" a la organización terrorista a cambio de una tregua. También fue evidente el nihilismo moral y político de este gobierno desde el mismo momento en que –también desde las paginas de El País– los socialistas, además de "dar salida a los presos", también ofrecían a ETA la "inclusión de la izquierda abertzale" –es decir, los representantes políticos de la banda– en la próxima negociación contra el actual Estatuto de Guernica. Y es que el gobierno del 14-M ya no tiene reparos en consensuar un próximo Estatuto vasco con las formaciones separatistas firmantes del Pacto de Estella.

Que el ministro de Justicia ponga ahora sordina al "ruido" de una organización terrorista, limitándolo a los asesinatos que no perpetra, mientras lo compara con la legitima y necesaria labor de crítica del principal partido de la oposición es, por tanto, una muestra más de la degradación moral y política de este gobierno. No menos bochornoso resulta, con todo, que al Fiscal General del Estado le haya resultado "grave" y "preocupante" que el juez Grande Marlaska decrete prisión para los proetarras de Batasuna sin que la Fiscalía lo hubiera solicitado.

Lo "grave y preocupante" es, efectivamente, que la Fiscalía no se haya sumado a la petición de encarcelación de los proetarras que sí solicitó la acusación particular en defensa de las victimas. Lo impresentable de Conde Pumpido es que, en este asunto, haya vuelto a dar las mismas muestras de calculada pasividad de las que ya ha hecho gala, no sólo ante los proetarras del PCTV, sino ante la propia Batasuna con ocasión del ilegal congreso de hace unos meses.

Lo "grave y preocupante" es la pasividad del Fiscal General ante un riesgo –afortunada y finalmente disipado por el Tribunal Supremo–, como era que dos millones de euros de fondos públicos fueran destinados como pago de deuda a Batasuna, y no a las victimas del terrorismo.

Lo "grave y preocupante" es que el Fiscal General, en lugar de respaldar las tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, se alineara con las tesis de los defensores de criminales como Henri Parot; tesis que hubieran conducido –de no haberlo impedido también el Tribunal Supremo– a la pronta excarcelación de etarras con cientos de años de condena a sus espaldas.

Lo "grave y preocupante" es que Conde Pumpido, no contento con cesar al fiscal Fungairiño, haya servido también de ariete en la campaña de acoso y derribo lanzada por el gobierno del 14-M contra el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Hernando, a quien socialistas y separatistas están exigiendo explicaciones en sede parlamentaria por los criterios del Supremo acerca del cumplimiento de las penas por delitos de terrorismo.

Que una organización integrada en ETA como Batasuna, volviera a saltarse la Ley de Partidos y las sentencias de los tribunales convocando una huelga, ya era, por sí solo, motivo más que suficiente para que la Fiscalía –cuyo máximo responsable es Conde Pumpido– hubiera tomado cartas en el asunto. Más aun, cuando esta "huelga", por muy pacíficamente que hubiera transcurrido, estaba dirigida a algo tan inherente a la apología del terrorismo como es reivindicar la figura de dos criminales fallecidos –que no asesinados– en prisión. Si encima, esa "huelga" se ha saldado, tal y como era previsible, con actos de terrorismo callejero –por no recordar las dos bombas de la propia ETA–, lo "grave y preocupante" ha sido la ilimitada e imperturbable pasividad del Fiscal General y la sordera del ministro de Justicia.

En cualquier caso, la ofensiva del mal llamado "proceso de paz" contra el Estado de Derecho no ha más que empezar, y resulta bochornosamente evidente de que lado están, no sólo el ministro de Justicia y el Fiscal General, sino todo el Gobierno del 14-M.

Estamos acosados
José Javier Esparza elsemanaldigital 20 Marzo 2006

Me lo dice una lectora que guarda la virtud de la iluminación: "Lo que quieren es acobardarnos, anularnos, hacernos creer que nuestras ideas no existen sino para que alguien las machaque; quieren que nos achantemos, que nos sintamos como el sparring de un peso pesado". Así se sienten muchos en la orilla derecha del país. Hablamos, claro, de la impresionante avalancha de propaganda que el Gobierno ha derramado sobre los españoles en la última semana. No ha habido día en que no aparecieran cuatro, cinco, seis portavoces del poder –y aledaños- para machacarnos con el discurso maniqueo de la derecha ruin y la izquierda gloriosa, para llamarnos "franquistas" y escupir sobre los disidentes.

Llamativamente, todo eso ha ocurrido mientras pasaban cosas muy importantes: los dimes y diretes sobre el 11-M, los nuevos pasos del Estatut, la avalancha de inmigrantes sobre Canarias… Cuestiones esenciales, todas ellas, que han quedado sumergidas bajo la ola de la demagogia gubernamental. Se ve que el Gobierno ha escarmentado: ya sabe que hay asuntos que deterioran seriamente su imagen. Receta: taparlas con ruido ambiental, desviar el debate, camuflar la realidad. Eso es lo que hemos vivido esta última semana y lo que aún viviremos la semana que entra. Lo más llamativo es que, en esta torva tarea, ZP ha encontrado aliados inesperados.

Acosados: quieren que nos sintamos acosados. Claro que sí, y ésta es la otra parte del problema. No se trata sólo de verter sobre la opinión una caldera de palabrería. Se trata, además, de que esa palabrería sea hiriente, agresiva, aceite hirviendo, para que al efecto disuasorio de la avalancha se sume el efecto atemorizador de las amenazas. La nueva consigna gubernamental parece clara: "Que no levanten cabeza". Las manifestaciones populares de este bienio necio les han escocido, han hecho daño en la coraza socialista, porque demuestran que hay media España viva y dispuesta a resistir. ZP creía que, con sus pactos y componendas, había convertido su minoría mayoritaria en una mayoría absoluta; ZP quería rodillo. Pero enfrente ha encontrado una sustancia muy rebelde, gente que no se resigna a la disolución. Y eso los socialistas no lo pueden tolerar. Por eso, por ejemplo, quieren aplastar a la COPE, que, con todos sus defectos, se ha convertido en la campana de muchas conciencias. Y por eso quieren cerrarnos la boca a todos los demás.

Aquí ya habíamos anunciado que vendrían tiempos bravíos. No hacía falta mucha agudeza para advertirlo: bastaba con ver la animosidad de la izquierda española, su irracional espíritu de venganza, así como su obsesión por modificar la sociedad hasta conseguir una mayoría holgada. Una mayoría que hoy, recordémoslo, está lejos de poseer. Pero ZP tiene a su disposición el BOE y va a golpear la pieza a martillazos hasta que toda España sude sumisión.

A tapar poros.

Moderación o contundencia, un falso dilema
Alejo Vidal-Quadras Periodista Digital 20 Marzo 2006

Ahora que el debate sobre el nuevo Estatuto de Cataluña llega a su fin en el Congreso de los Diputados, surgen voces en el Partido Popular que recomiendan una modulación del discurso para hacerlo más suave, con el propósito de atraer los votos de centro que son los que al final deciden el resultado de las elecciones generales. Estos mismos estrategas aconsejan también recomponer puentes con los nacionalistas de CiU y del PNV por si se les necesitara para gobernar a partir de 2008.

En este tipo de planteamientos se conoce la concepción de la política que tienen unos u otros. Si de lo que se trata es de llegar al poder por encima de cualquier otra consideración, no cabe duda que la estrategia del ablandamiento es una opción a considerar seriamente. Si, en cambio, lo que se pretende es defender una cierta idea de España y un determinado modelo de sociedad, las circunstancias presentes exigen perentoriamente unas actitudes y un lenguaje rebosantes de firmeza, de compromiso e incluso de dureza.

Porque el nuevo Estatuto no ha sido una mera reforma de una norma básica que gustará más o menos, pero que forma parte de la normalidad institucional y democrática. Nada de eso. El marco de relaciones entre el Estado español y la Generalitat de Cataluña que configura el texto acordado por el Presidente del Gobierno y Artur Mas equivale en sus consecuencias prácticas a la liquidación de la Constitución vigente y a la creación de una nación cuasi-soberana en el seno de España, que pierde por consiguiente su propia condición nacional. El Estado confederal que ha surgido de los debates de la Comisión constitucional acaba con la etapa histórica que se inició en la transición y nos adentra en aguas desconocidas con un rumbo incierto, y todo ello a espaldas de la voluntad soberana del conjunto de los españoles, además de en contra del espíritu y la letra del ordenamiento en vigor.

La violencia a la que se ha sometido a la legalidad ha sido extrema, prescindiendo de cualquier escrúpulo y con una capacidad de mentir y falsear sin precedentes en nuestro pasado reciente. Ante semejante panorama, jugar todavía con la idea de un Gobierno del PP con apoyo parlamentario de los nacionalistas en 2008 representa una alarmante falta de perspectiva y una carencia de principios realmente notable. El Partido Popular no puede de ninguna manera volver a establecer un acuerdo de legislatura con CiU y el PNV. La situación de Felipe González en 1993, la de Aznar en 1996 y la de Zapatero en 2004 no guardan el menor paralelismo con la que existirá en 2008 por la sencilla razón de que el nuevo Estatuto de Cataluña ha introducido un cambio cualitativo de tal profundidad y alcance que las reglas de juego son otras.

En 1993, Felipe González comenzó a cortar lonchas de las competencias y de los recursos estatales para ganarse la complicidad de los nacionalistas. Aznar continuó con el mismo método en 1996, dándose la irónica paradoja de que lo que había sido considerado una cesión peligrosísima tres años antes, pasó a ser una muestra de sentido de Estado y de encomiable responsabilidad política. Efectivamente, es muy difícil de explicar que la atribución a las Comunidaes Autónomas del 15% del IRPF es un disparate y que asignarles el 30% es un acierto. Pues bien, Zapatero ya ha cercenado lo que quedaba y el paso siguiente es la independencia pura y dura. Dado que Mariano Rajoy no abriga en absoluto la intención de ser el último Presidente del Gobierno de España por desaparición de la misma, el único camino viable y digno es el siguiente:

El Partido Popular ha de explicar a los españoles sin complejos ni miramientos la gravedad del actual momento y les ha de llamar a las urnas dentro de dos años con un programa que incluya como punto central una reforma constitucional de gran calado que refuerce la cohesión nacional, devuelva al Estado las facultades y el presupuesto que nunca debió entregar y haga imposible en el futuro un proceso de disgregación por etapas como el que hemos sufrido a lo largo del último cuarto de siglo. Por supuesto, un punto central de su oferta ha de ser la promesa de que bajo ningún concepto gobernará con los nacionalistas sobre la base de nuevas renuncias. Si la opinión pública reacciona positivamente, y eso depende de la capacidad de convicción con la que se transmita este dramático mensaje, el PP ganará por mayoría absoluta, Zapatero será inmediatamente defenestrado por los suyos y tomarán las riendas del PSOE dirigentes sensatos y patriotas hoy marginados. Entonces, los dos grandes partidos nacionales dispondrán de suficientes escaños y respaldo popular como para recomponer el sistema desde sus cimientos y retomar la senda de la unidad constitucional.

Esto es lo que hay y el que no lo quiera ver ahora lo comprobará amargamente en la primavera de 2008. No habrá más oportunidades pacíficas de reconducir las cosas porque la historia no se repite, pero suele regresar.

PP y Estatuto
Al margen de la historia
Agapito Maestre Libertad Digital 20 Marzo 2006

Un chiste recorre Madrid: "¿A quién prefieres, a Rajoy o a Gallardón?". No importa lo que respondas, porque quien formula la pregunta ya tiene respuesta: "Ah, entonces, rechazas a Esperanza Aguirre"... No sé si el futuro será de Rajoy o de Ruiz Gallardón. No me importa. De apostar por alguien, por supuesto, lo haría por Esperanza Aguirre. Pero, ahora, hay lo que hay. Sólo me interesa el presente. La política. Dudas y certezas de Rajoy por un lado, y voracidad recaudatoria y ansias de poder de Gallardón por otro. El liderazgo de Rajoy es honrado, serio y decidido, pero tan condescendiente con sus competidores en el interior del partido que, a veces, parece demasiado frágil. Por ejemplo, ¿por qué Rajoy aceptó la línea poco inteligente de su partido de discutir y participar en la Comisión parlamentaria que trataría del mayor problema de España, su desaparición? Esa opción, sin duda alguna, ha contribuido a que millones de españoles queden fuera de juego.

En efecto, el principal problema de la política española es que hay millones de hombres y mujeres al margen de la historia y de la política. No saben lo que está pasando en España. Nadie consigue explicarles que España está al borde del abismo. No se enteran del significado catastrófico del Estatuto de Cataluña para todos los españoles. Nadie, ni siquiera el PP, consigue mostrarles que estamos ante el fin de un régimen político de carácter democrático. Millones de españoles viven aferrados a sus costumbres sin conseguir enterarse de lo que sucede. Sí, por debajo de la rabiosa actualidad, del ruidoso acontecer, que da pasto a los comentarios y columnas de la prensa, siguen millones de seres humanos sin enterarse de que España está al borde de la destrucción como nación.

Los culpables de tal destrucción son conocidos sobradamente, pero ocultan con pericia criminal la operación para que nadie se interponga en su destructivo objetivo. Los socialistas y nacionalistas son los culpables de este cambio de régimen político. Están matando la España constitucional, sin duda alguna, por métodos fraudulentos, pero el PP está lejos de enfrentarse con decisión y determinación a tal asesinato. ¿Por qué? No por indolencia o remisión, sino porque no ha ejercido la oposición con demasiada inteligencia en el tema fundamental de España: el Estatuto de Cataluña y la reforma de la Constitución.

En efecto, ahora, cuando ya está prácticamente aprobado el indigno Estatuto, podemos comprobar que nada ha ganado el PP participando en los debates. Si Aznar con inteligencia y tesón diagnosticó que España estaba en proceso de balcanización, ¿por qué Rajoy participó en una Comisión Constitucional que, por otro lado, quedó deslegitimada con la recogida de firmas para hacer un referéndum contra el Estatuto? ¡No se entiende! Sospecho que tampoco lo entienden millones de españoles.

Con los terroristas antes que con Rajoy
Sancho Michell de Diego Periodista Digital 20 Marzo 2006

Para este Presidente por accidente que es Rodríguez Zapatero y para el Gobierno del 11, del 12, del 13 y del 14-M, todo vale. Y si ello supone darle a la banda terrorista ETA por el gusto, pues nada, eso está hecho. Éste el nuevo talante del socialismo español de nuestros tiempos. Lo único que importa es tener al Partido Popular y a Mariano Rajoy lejos, bien lejos, cuanto más lejos mejor.

Recordemos las bochornosas declaraciones del Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien afirmó este mismo fin de semana que el PP hace más “ruido” que la propia banda terrorista.

Pero es que el Fiscal General del Estado no ha querido ser menos, claudicando nuevamente ante las tesis batasunas; para Cándido Conde Pumpido la solicitud de encarcelamiento contra Otegi y demás gentuza, decretada por el juez Grande Marlaska, supone un hecho “grave y preocupante”. No, Cándido, no, lo grave es que el Gobierno te mantenga en el cargo, y lo preocupante, pues tu incompetencia, tu inactividad y tu pasividad en la lucha contra los asesinos y contra el terrorismo.

Para los socialistas es preferible pactar con ETA que con el principal partido de la oposición. Y es que ya sabíamos que éste era el Gobierno de las minorías, pero la degradación moral alcanzada por el ejecutivo de zETApé ha llegado al punto de ser, cuanto menos, repugnante.

¿Por qué no se ha sumado la Fiscalía General del Estado a la petición de encarcelación de los proetarras solicitada por la acusación particular en defensa de las víctimas, eh, Cándido? ¿Por qué no has respaldado las tesis de la Fiscalía de la Audiencia Nacional? Es preferible optar por alinearse con las tesis de los defensores de etarras como Henri Parot, ¿no? Muy bien, Cándido, muy bien.

Esto por no hablar de la campaña de acoso y derribo lanzada desde el Gobierno contra el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, a quien socialistas y separatistas exigen explicaciones por los criterios mantenidos desde Alto Tribunal en torno al cumplimiento de las penas por delitos de terrorismo.

Pero no crean, que la ofensiva de este denominado “proceso de paz” contra el Estado Social y Democrático de Derecho no ha hecho nada más que empezar. Se imaginarán de qué parte está Zapatero, el Gobierno del 14-M y sus compañeros de viaje, ¿no? El nacional socialismo de este Presidente por accidente tiene como único objetivo un cambio de régimen político en España, y si nadie lo remedia, es lo que hay.

MARLASKA VERSUS PUMPIDO
Editorial minutodigital 20 Marzo 2006

No caben dos formas más diametralmente opuestas de entender la justicia. En un lado un juez que hace bueno el principio de independencia judicial y aplica la legislación vigente sin importarle otra cosa que la Justicia.

En el otro, un Fiscal General del Estado que pliega la ley y la justicia a las conveniencias políticas del gobierno que le ha puesto en el cargo.

La huelga general convocada por Batasuna generó 108 actos violentos. Para un solo día no esta mal la dosis de violencia. Sin embargo los medios de comunicación se encargaron de no airear mucho la cosa. Ya saben, lo que no sale por la tele, no existe. Nuestras autoridades, como es ya habitual, dejaron hacer a los batasunos. Pero miren, por donde, que hay un juez en la Audiencia Nacional que no esta dispuesto a que el entorno etarra se pase por el arco del triunfo la legalidad vigente. Un juez, que a diferencia de lo ocurrido con Fungairiño, esta vacunado contra traslados políticos gracias al principio de inamovilidad. Un juez empeñado en chafar al PSOE su política de brazos abiertos a ETA, no porque quiera favorecer al PP, sino porque cree en el imperio de la ley.

Es triste que sea noticia que un juez aplique la ley al entorno etarra. Porque Marlaska no es una “rara avis”, solo se ha limitado cumplir con su obligación profesional al decretar presión incondicional o eludible mediante fianza contra la cúpula de Batasuna, -solo nos falta un cobarde Otegui escondido detrás de un catarro- lo raro es ver al Fiscal General del Estado intentando lo contrario.

Porque Conde Pumpido ha intentado evitarlo, no pidiendo la prisión contra ninguno de los organizadores de los 108 actos de violencia. La escandalosa postura del Fiscal General de Estado no es ya ninguna novedad, lo mismo defiende al PCTV que evita el procesamiento de Atucha por permitir la subsistencia de un grupo parlamentario terrorista, o se hace el remolón para evitar el congreso de Batasuna y hace la vista gorda respecto a las actividades de la formación ilegalizada, que según parece se ha escindido de tal forma que nos debemos creer que cada uno de sus miembros hace y deshace a título personal.

En definitiva en el caso de Marlaska nos encontramos con el profesional independiente de reconocido prestigio, erigido en última trinchera del Estado de Derecho y en el caso de Pumpido con el de un mayordomo del gobierno con titulo de derecho.

Resistencia cívica
EL TRIUNFO DE LA LIBERTAD

Minuto Digital 20 Marzo 2006

Han sido miles los lectores de Minuto Digital que han ejercido su derecho a la protesta cívica, a la crítica, para impedir que en una preciosa localidad cacereña, en Miajadas, un grupo musical procesado por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo, pudiera transmitir su mensaje contra las víctimas del terrorismo.

Una vez más hemos conseguido nuestro propósito. Al igual que sucedió con la retirada del patrocinio del grupo por parte de Mahou, o la decisión, después de nuestra campaña, por parte de El Corte Inglés de retirar los discos del grupo de sus almacenes, en esta ocasión la Junta de Extremadura ha tenido que poner las cosas en su sitio ante la presión cívica de nuestros lectores.

Recordemos que todo este asunto ha finalizado con la cancelación del concierto de Soziedad Alkoholika, pero que en estos días sucedieron bastantes cosas: denuncia de activistas de Democracia Nacional que fueron amenazados de muerte por los propietarios de la Sala Status, rueda de prensa del alcalde de la localidad reconociendo la avalancha de correos electrónicos pidiendo la cancelación del acto, rueda de prensa del Partido Popular extremeño mostrando su rechazo al concierto, comunicado de la AVT contra el concierto de SA en Miajadas...

Es la fuerza de la sociedad civil, de los ciudadanos, de los españoles. Minuto Digital no cesará en sus campañas en defensa de las víctimas del terrorismo, de la Justicia y de la Libertad.

Gracias a todos. Otra vez lo hemos conseguido.

Rosa Díez
El motorista invisible
Isabel Durán Libertad Digital 20 Marzo 2006

A Fermín Sanz Orrio le llegó el motorista de turno con la destitución de su cargo como ministro de Trabajo de Francisco Franco. Le espetó al mensajero: "dígale a Su Excelencia que se ahorre la carta, hace tres días que no voy por el Ministerio". A Rodríguez Zapatero no se le conocen motoristas salvo para enviar cartas que nunca llegan a la organización del Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, pero se suma al despido a través del motorista invisible, es decir, por vía interpuesta. Incluso va más allá y su círculo próximo practica un mobbing político de primera.

Aunque no ocupa ninguna cartera ministerial, la primera en sufrirlo ha sido Rosa Díez. La socialista vasca ha sido relegada de manera fulminante de su cargo al frente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, sin previo aviso y sin posibilidad de defensa alguna. Formas (aunque importantes) aparte, lo relevante del asunto es que Rodríguez nos lleva de cabeza al proceso de autodeterminación, que no de paz, y que se está quitando de en medio todo aquello que se pueda interponer en su camino.

Díez asegura que "ningún cobarde nos ha echado de Euskadi y ninguna maniobra nos va a echar del PSOE". Ingenua Rosa. El inquilino de la Moncloa quiere expulsarla del partido y de su tierra y, si no, al tiempo. Porque el mayor problema que tiene el presidente son quienes alzan su voz desde sus propias filas contra su política sobre el terrorismo y la desintegración de España. Son tan pocos que se cuentan con la mitad de los dedos de una mano. Como dice una socialista de toda la vida, "el PSOE se ha convertido en el pesebre, no por las alubias (que tendría hasta una justificación) sino por el marisco".

La siguiente es Gotzone Mora, defensora, como Díez de los principios más elementales. Le tiene abierto el PSE un expediente de expulsión que nunca se atreve a culminar. Sufre el mobbing político de la rosa. El motorista invisible del inquilino monclovita le llegará en las próximas municipales. Por cierto, que mientras a Paco Vazquez el puntapié gubernamental le ha instalado en la fastuosa embajada ante la Santa Sede, a la dirigente vasca europea le ha supuesto nada menos que un bocado a la mitad de su sueldo. ¿Nada que decir todas esas mujeres (diputadas) tan presuntas defensoras de las ídem? Quintales de demagogia y rumbo al Nuevo Régimen.

Rosa púrpura
Por IGNACIO CAMACHO ABC 20 Marzo 2006

VAN a por ella como en su momento fueron a por Nico Redondo, los últimos vestigios de un tiempo en el que el PSOE aún apostaba por un frente constitucionalista en el País Vasco. Con Zapatero al frente, por cierto, aunque ya queda claro que el ahora presidente iba a regañadientes en esta estrategia, en la que quizá nunca llegase a creer. Nico dio un paso atrás cuando lo defenestraron, porque se siente socialista desde la gestación y jamás hará nada que pueda perjudicar al partido, pero Rosa Díez, que aún no está liquidada, parece dispuesta a dar la batalla mientras le quede un soplo de aliento político. Y tiene un acta de europarlamentaria que no le pueden quitar. De momento.

Lo que molesta de Díez no es que sus tesis sobre el terrorismo puedan coincidir con las del PP, sino que muestra, como Redondo y algunos otros -cada vez menos, porque la mano del poder es muy larga-, que puede hacerse otro discurso desde el PSOE. Y como no tiene las hipotecas de un Bono o un Ibarra, está dispuesta a pronunciarse en público cada vez que alguien le pone delante un micrófono o una página. Además, su voz resuena bien fuerte en la Eurocámara, donde el Gobierno necesita un altavoz que amplifique sus consignas sobre el «proceso de paz», una rueda de molino con la que Rosa no acaba de tragarse la comunión del optimismo antropológico. Nunca ha sido cómoda, ni tampoco lineal en sus idas y venidas por el interior del partido, pero ya se ha vuelto definitivamente un estorbo. De modo que la han sacado de la comisión en la que se debaten los asuntos de terrorismo. Depuración se llama esa figura.

La disidencia respecto al diálogo con ETA es ya muy espinosa para el zapaterismo, en vista de que el tiempo pasa y no aparecen los esperados signos «del otro lado». En estas condiciones, y con mucha gente preguntándose ya desde dentro hasta cuándo va a dejarse chulear el Gobierno, los Pepitos Grillos resultan demasiado embarazosos. La acusación de compartir las tesis con el PP es significativa de este estado de nervios: precisamente lo que la mayoría de los españoles quisieran es que PP y PSOE unificasen de nuevo sus criterios antiterroristas. Que están por escrito, dicho sea de paso, en ese Pacto ahora convertido en papel dolorosamente mojado, tinta que ha de borrar el agua, que diría Alberti.

Lo que más vale no pensar es que la depuración de Rosa Díez responda al deseo de ofrecer a Batasuna un panorama institucional más despejado. Digo que más vale no pensarlo porque, de ser cierto, supondría nada menos que dejar en manos de los etarras la estrategia socialista en un foro como el Parlamento Europeo. Pero hay precedentes: a Paco Vázquez lo han mandado a Roma para que no entorpezca el pacto con el nacionalismo gallego. Igual a Díez le acaban ofreciendo otra embajada. Me decepcionaría que, llegado el caso, la aceptase.

La represalia contra Rosa Díez
Jorge Marsá Periodista Digital 20 Marzo 2006

Sabido es lo mal que toleran los partidos políticos a los discrepantes; en realidad, ni mal ni bien, no los toleran en absoluto. Sabido es que Rosa Díez no comulga con las ruedas de molino del llamado proceso de paz, y que de procesos en el País Vasco tiene una experiencia más que notable la eurodiputada. Y sabido es que el PSOE ha actuado como suele ser habitual: cargando contra la disidente y apartándola del cargo que ocupaba. En fin, que bien decía Churchill que hay adversarios, enemigos y compañeros de partido, y quien disiente en un partido se transforma automáticamente en el peor enemigo de la congregación.

Las reacciones ante la represalia del aparato socialista contra Rosa Díez se mueven en los parámetros acostumbrados: los acólitos no dudan ni por un momento de la razón y la verdad que asiste a quienes dirigen la secta. La muestra nos la ofrece «la eurodiputada socialista Bárbara Durkhop, viuda del senador Enrique Casas, que opinó que la sustitución de un parlamentario en una comisión de la UE “es un hecho normal” y que ella misma ha cambiado de cometido en varias ocasiones, por lo que adujo que ver represalias en este caso “es una especulación”» (Periodista Digital). Miente. Sabe que miente. Pero lo hace por una buena causa: la del partido. Se siente justificada. Se limita a obedecer a sus superiores.

Quien no debe vasallaje y es libre de pensar por su cuenta reacciona, claro está, de manera bien distinta: «el Partido Socialista trata de articular una unanimidad a la búlgara por si hay que vender una burra a los ciudadanos». Lo dice otro experto en procesos vascos, Fernando Savater, que no tiene dudas de que «ni Zapatero ni Pepe Blanco saben la mitad que Rosa Díez sobre el País Vasco y ETA». Y así van las cosas, porque a Zapatero y a Pepe Blanco ni se les ocurre pedir opinión a quienes saben de ésto mucho más que ellos, no vaya a ser que les digan que si blanco y en botella... y se les derrame el cántaro de leche.

[La respuesta de Rosa Díez la pueden encontrar en la entrada de ayer de su blog en Basta Ya, que no veo que se pueda enlazar directamente]

Informes del tripartito
Ahora o nunca
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 20 Marzo 2006

Artur Mas tiene la oportunidad de introducir un poco de racionalidad y de ética en la política catalana solicitando, junto con el PP de Cataluña, una comisión de investigación sobre la lluvia de millones de euros (ya vamos por ochenta) con que el tripartito ha fumigado las viñas patrias para que no le crezca la discrepancia ni el malestar a las uvas de la ira. ¿O no la tiene?

Salvo la necesidad de taparse mutuamente las vergüenzas –recién apuntada por Josep Piqué– nada explicaría que el principal partido de la oposición en Cataluña renunciara a pilotar la lógica indignación ciudadana ante la merienda de negros de los informes, la orgía de amiguismo y nepotismo, el asalto al erario, el festival de externalizaciones injustificadas que, bajo la excusa de auscultar el estado de hibridación de las codornices japonesas u observar los fulgores de la concha brillante, han organizado a calzón quitado socialistas, independentistas y verdes criptocomunistas.

Montar una red clientelar de dimensiones descomunales untando a profesores, abogados, consultores, antropólogos, sociólogos, lingüistas y ganapanes es algo que sólo se puede hacer si el contribuyente no se entera. Pero, desafortunadamente para los gobernantes catalanes –tan pródigos con lo ajeno–, y afortunadamente para los ciudadanos, en el Parlamento de Cataluña hay un diputado insistente que no se ha conformado con las negativas y opacidades del ejecutivo. Y al final, Daniel Sirera se ha salido con la suya, ha localizado y destapado el escándalo de los informes, ha obtenido datos que arrojan luz y que retratan despiadadamente el asalto de los políticos de la Generalidad al Presupuesto. La apropiación de lo público, ay, siempre acompaña a ciertas formas de hacer política: ¿Cómo mantener callada y dócil a la sociedad civil? Comprándola.

Revelados los hechos, conocidos los sonrojantes contenidos con que se ha maquillado el carnaval de amigos de lo ajeno, nada queda de las declaraciones de intenciones éticas y manos limpias con que el tripartito, y muy especialmente la Esquerra, sustituyeron al partido de Pujol. Si Mas no hace valer sus escaños para exigir una investigación, ninguna, absolutamente ninguna esperanza quedará en Cataluña. Todos sabremos que ese silencio servirá para pagar otro: el que ya cae sobre las encuestas con que CiU controlaba, de forma paranoide, desde las tibiezas ideológicas de los profesionales de TV3 hasta la conveniencia de emitir documentales sobre el nazismo, muy preocupantes porque alguien podría relacionar la Alemania de los treinta con la Cataluña de los noventa. ¿Un paralelismo absolutamente fuera de lugar? Sí, claro, ¡pero eran los comisarios políticos de CiU los que lo trazaban!

Y todos sabremos que urge abandonar el debate ideológico y aplazar la discusión nacional hasta que la administración pública y sus establos privados queden desinfectados. Hercúleo trabajo. Pero si Artur Mas no está por la labor, ¿por qué será?

Tercera instancia
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 20 Marzo 2006

A la Administración de Justicia le han salido dos nuevos órganos para aplicar la ley: el Parlamento vasco de Casación y el Gobierno autónomo de Tercera Instancia e Instrucción. El primero se ocupa de revisar aquellos casos ya sentenciados por los tribunales en los que el fallo ha sido contrario al denunciante, siempre que éste tenga vínculo directo con el 'conflicto' vasco.

El último caso que se debate en el legislativo de Vitoria es el de un denunciante de torturas en el que los forenses han acreditado que unas lesiones no pudieron producirse como asegura el interesado y otras ni siquiera existían cuando éste salió de dependencias policiales. Caso en el que se ha descubierto una falsificación de documentos para simular determinada gravedad de las secuelas y sobre el que ya han fallado un juez de instrucción y una sala de Audiencia contra el denunciante.

El Gobierno de Tercera Instancia, a su vez, se ocupa de corregir las actuación de los juzgados ordinarios, en especial los de la Audiencia Nacional, emitiendo unos dictámenes que suenan como fatwas islámicas: perseguir a Arnaldo Otegi es «una insensatez política y un sinsentido jurídico», dice lo último en jurisprudencia del Ejecutivo vasco.

Las críticas a las actuaciones judiciales contra los miembros de la izquierda abertzale tienen apenas dos líneas argumentales. La primera de ellas la constituyen las descalificaciones ad hóminem de los magistrados que toman les resoluciones cuestionadas: pretenden ser jueces estrella, sólo buscan emular a Garzón o, como afirmaban ayer los presos de ETA, son jueces fascistas. Los que no son de ETA moderan el lenguaje y dicen que se trata de jueces del PP o que le hacen el juego a este partido. Dicho esto ya no hay necesidad de aportar ninguna otra razón, ni siquiera probar los supuestos lazos con el PP. Quedan acreditados por el hecho mismo de lanzar la acusación.

La segunda línea argumental es abiertamente de naturaleza política: no se puede encarcelar a un supuesto interlocutor, perseguir a la izquierda abertzale es boicotear el «proceso» (el judicial no, el otro), los jueces no tienen que impedir el camino a la paz... En resumen, el derecho y la ley deben quedar orillados en función de criterios de oportunidad política establecidos desde fuera de la judicatura. Los jueces no deben actuar contra delitos y presuntos delincuentes porque políticamente no interesa.

Lo grave de este argumento es que, si se admitiera, no habría ninguna defensa intelectual para impedir que se aplicara a la inversa: es decir, que una persona pudiera ser perseguida y encarcelada porque resulta políticamente interesante y oportuno para alguien. Entonces, mejor dejar que los jueces actúen con acuerdo a la ley. Sin más.

¿Estupidez política?
IÑAKI EZKERRA El Correo 20 Marzo 2006

i.ezkerra@diario-elcorreo.com

La errónea utilización de las palabras siempre es síntoma inequívoco de confusión en los conceptos. Un ejemplo nos lo ha brindado generosamente Miren Azkarate esta pasada semana con su calculada aseveración de que «el encarcelamiento de Otegi sería una estupidez política». Aquí no estamos ante un disparate ni ante una mentira siquiera sino ante una formulación improcedente desde el instante en que dicho encarcelamiento no sería una 'medida política' sino una 'medida judicial' y en que exigir, pedir o sugerir siquiera la suspensión del fallo de un tribunal de Justicia en nombre de 'lo político' equivaldría a romper la tan traída y llevada separación de los tres clásicos poderes -el judicial, el legislativo y el ejecutivo- establecida por Montesquieu, cosa que nadie deseamos. ¿O sí deseamos?

Insisto en que la propia confusión de planos que se produce en esa frase desactiva a priori su sentido. Es como si alguien se propusiera paralizar una operación quirúrgica de cambio de nariz con el extraordinario argumento de que se trata de un atentado urbanístico, ecológico o cinematográfico. La propia argumentación se cerraría la puerta a sí misma de antemano. Pero hay algo más en la frase de la portavoz del Gobierno vasco que a uno le desconcierta y no le acaba de sonar pertinente. Me refiero concretamente al mismo apellido -«política»- que ella le añade al vocablo «estupidez». Por definición la estupidez es universal. Es siempre estupidez a secas. Como lo es también la lucidez en contra de lo que pueda pretender esa buena señora al decirnos tácitamente y de manera nada inocente que puede haber 'aciertos judiciales' que sean 'estúpidos' en otro plano de la realidad y el sentido, 'estupideces políticas' en esta ocasión.

Los resultados de semejante lógica -de llegar a aplicarse alguna vez- serían devastadores. Y es que, con la intención de acotar el acierto judicial -la lucidez jurídica-, termina explicítamente -y empieza- acotando la estupidez misma al terreno político, o sea indultándola, relativizándola y abriendo el camino para que sea interpretada como 'lucidez' en determinadas circunstancias. Asistimos así, ni más ni menos, a una apología institucional, gubernamental y vasca de la estupidez sin precedentes. Al poder ser acotada al terreno ideológico, arquitectónico, étnico o gastronónico sin perjuicio de que sea deseable o encomiable en otros ámbitos, la estupidez resulta conceptualmente salvada en esta inolvidable declaración oficial. Dicen por ahí que en el País Vasco lo politizamos todo. Éste sería un grave ejemplo. La politización de la estupidez es lo que nos faltaba. Sería una estupidez sin apellido pero con mayúsculas.

Entre Bruselas y Cornellá
José Javaloyes Estrella Digital 20 Marzo 2006

Este Gobierno de las trapisondas, en el que son las menos las puntadas con hilo —de coherencia—, echa sobre la imagen y la faz de España el desdoro de un expediente de infracción por la sabida causa de la contraopa de E.ON sobre Endesa. José Montilla, que presidió el Consistorio de Cornellá y ahora es ministro de Industria, con atribuciones fácticas que anulan las competencias de organigrama correspondientes al ministro de Economía y Hacienda, el vicepresidente Pedro Solbes, quiso resolver con una alcaldada el contratiempo que le supuso la irrupción de los alemanes en el escenario de la urdida trama política eléctrico-estatutaria.

Toda la faena de aliño que arrancó con los capotazos de la CNMV siguió con la recomposición ad hoc del Consejo Nacional de la Energía —tras el nombramiento de una presidente de carné y absoluta confianza— y remató con la ejecución gubernamental, al dar franquía a la OPA de Gas Natural luego de hacer caso omiso del Tribunal de Defensa de la Competencia, en su denuncia de los daños irreversibles que ocasionaría en el sistema la coyunda de la gasística con la primera eléctrica nacional; todo el proceloso discurrir de la maniobra diseñada al margen del mercado y contra el mercado mismo, celebrada secretamente —con el presidente Rodríguez como invitado de honor— en casa del financiero que sí cenó al parecer con Alfonso Cortina, para que el diseñador de la OPA de Gas Natural se sentara en la presidencia de Repsol-YPF..., tanta danza política en torno al mundo energético español, se vino abajo, rota por el eje, por la entrada en juego de E.ON a ras del Mercado Único. Es decir, el único mercado a considerar, y no el de las conveniencias del nacionalismo económico catalanista.

Lo más curioso, chocante y escandaloso del caso, por si algo faltara, ha sido el franquismo retórico que ahora se esgrime para justificar, con eso de una “gran empresa nacional de la energía”, la maniobra obstruccionista de la concurrencia alemana, necesariamente rechazada por la Comisión Europea. Al que fue alcalde de Cornellá y hoy manda en el PSC y más de lo que corresponde en la Moncloa, le importa un bledo el hecho de que todo país miembro de la UE, por las renuncias de soberanía que implica el Tratado de Adhesión, carece de autonomía normativa en las materias donde está reconocida la supranacionalidad de las competencias comunitarias. Y, por si algo faltara, el concreto asunto de la capacidad regulatoria de los gobiernos nacionales en sectores como el energético, ha de subordinarse al principio —constitutivo de la UE— de la libertad de movimiento de capitales.

Por consecuencia, no hay “acción de oro” que valga para vetar la entrada del oro alemán de E.ON, como base de la contraoferta lanzada sobre Endesa. Tampoco caben maniobras dilatorias ni argucias políticas que llevarán a convalidar parlamentariamente, a través de la representación soberana del pueblo español, esa retroactividad manipuladora que representa el cambio de las reglas de juego cuando el partido está comenzado y pierde de momento, por goleada, el equipo sostenido por quien manipula la legalidad.

El futuro de un decreto que monumentaliza la parcialidad desde el momento mismo de su propia concepción, y cuyo texto es alterado de matute luego de su sanción y camino del Boletín Oficial del Estado, no es materia susceptible de ser aducida como base o razón para hacer caso omiso de la Comisión Europea. Pero quizá no sea lo más preocupante y llamativo el concreto disparate político de darle largas a la Comisión de Bruselas y saltarse sus emplazamientos a la torera, como si se tratara de una bronca más en el seno del tripartito de Cataluña. Lo que pone los pelos como escarpias es advertir el modelo o paradigma políticos a que responde ese comportamiento: es síntoma dentro de un síndrome o sistema y estilo de actuación que se aleja, a la velocidad de la luz, de los contenidos y maneras de las democracias occidentales y de la civilización liberal, esa a la que define la observancia reverente de la ley y el respeto escrupuloso al Estado de Derecho.

Porque es esto, al fin y al cabo, el asunto principal. No resulta lo más importante, con serlo tanto, la cuestión energética. Lo más relevante y decisivo es el respeto del derecho, tanto el comunitario que reclama la Comisión Europea, como el nacional: necesitado en ocasiones como está del comunitario como garante. La UE, de muy diversas maneras, nos blinda contra la arbitrariedad, el nepotismo y las alcaldadas.        jose@javaloyes.net

Tercer aniversario
Irak, a gusto de todos
GEES Libertad Digital 20 Marzo 2006

La verdad es que la guerra sólo fue bien mientras fue guerra. Empezó a ir mal en cuanto dejó de serlo. Desde el punto de vista político, en último término el decisivo, resultó devastador que todos los servicios de inteligencia se tragaran el anzuelo de Sadam, pero con lo que se sabía y con lo que de él sabíamos sólo podía pensarse que las tenía y las ocultaba. Desde el punto de vista operacional hubo errores de inteligencia todavía más graves. El desconocimiento del grado de deterioro de los servicios públicos e infraestructuras básicas ha resultado un fallo garrafal pero todavía fue peor que no se detectaran los planes de resistencia del aparato de fuerza del sadamismo.

Posiblemente una vez más la explicación concierne más a las mentes que a las técnicas de los espías. No se ve aquello en cuya existencia no se cree. En Kuwait la lucha armada se esfumó tras la victoria. Posteriormente en Afganistán, tres cuartos de lo mismo. Numerosos son los ejemplos procedentes de la segunda posguerra mundial. Era problemático imaginar que unos vividores como los sicarios de Sadam fueran capaces de una lucha tan porfiada, si bien nada tiene de sorprendente el grado de inhumanidad con el que la han proseguido. Pero no tenían a donde ir, les sobraban las armas y el dinero y hasta el día de hoy han vivido aterrorizados por la factura que les pasaría el pueblo iraquí, la mayoría de la población, por las atrocidades sin cuento que durante treinta años habían cometido.

Pero si las guerras son indefectiblemente una sucesión de errores, incluidos los que desembocan en el estallido del conflicto, en este caso están multiplicados por dos, porque lo de Irak es en realidad un par de guerras. Por un lado la que allí se libra contra las varias formas de terror, el arabofascista local y el islamofascista internacional y, por el otro, la de los que utilizan la sangre de las víctimas iraquíes como arma arrojadiza contra la posición mundial de los Estados Unidos. O más domésticamente, contra el molesto papel de oposición que le corresponde al PP, o quizás más bien contra su fastidiosa y superflua existencia, que obstaculiza la merecida y más que natural mayoría absoluta perpetua que llevaría al PSOE a impensables cotas de democracia y apropiamiento del pastel; quien sabe si incluso a ajustarles las cuentas a sus insaciables socios comunistas e independentistas.

Así, mientras esto se escribe, don Pepiño Blanco asoma su esférica faz a la rectangular pantalla, para atizarle un bajonazo a los populares, a modo de conmemoración por los tres años de esa bendita guerra que tantas alegrías le ha proporcionado al partido del poder. Los de Génova, en repliegue y a la defensiva, balbucean una disculpa porque nunca se tomaron la molestia, salvo gallardas pero no gallardonas excepciones, de enterarse de qué iba lo de Irak. Por eso el conflicto iraquí va bien, pero que muy bien, para Zapatero y otros beneficiarios, como en su día Schröder, Chirac o Putin. No pudieron más que alarmarse del meteórico y limpio desenlace de las tres semanas propiamente bélicas, y el PSOE hubo de dolerse amargamente de que terminase como lo hizo antes de las municipales. Pero luego, por obra y gracia de quien todos sabemos, la fortuna dio un quiebro, y ahora don Pepiño Blanco lo celebra por todo lo alto hincando el diente en las blandas carnes del PP.        GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Savater: «Ni Zapatero ni Blanco saben la mitad que Rosa Díez sobre ETA»
Sólo la línea oficial del PSOE en Bruselas considera «normal» una medida en la que los grupos cívicos y la oposición ven un castigo al discrepante
ABC 20 Marzo 2006

MADRID. Las reacciones a la sustitución de Rosa Díez en un puesto «sensible» de la política antiterrorista de la UE se suceden, y ayer el filósofo Fernando Savater, compañero de la eurodiputada en la plataforma cívica «Basta ya», manifestó que «ni Zapatero ni Pepe Blanco saben la mitad que Rosa Díez sobre el País Vasco y ETA», por lo que considera que el Partido Socialista trata de articular «una unanimidad a la búlgara por si hay que vender una burra a los ciudadanos», al adoptar una medida «que no se habría tomado si no hubiese querido Madrid». Señaló también Savater que Díez «es un activo muy importante y tiene mucho más peso y popularidad que cualquiera de los otros señores del Grupo Socialista en Europa».

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, opinó ayer en Cádiz sobre la situación de la «represaliada», y acusó al PSOE de «excluir siempre al que discrepa de sus posiciones, da igual que esté dentro o fuera del partido», lo cual provoca «casos grotescos» como que «quien ha arriesgado su vida por la defensa de las libertades», se vea «impedida para ejercer su derecho a opinar en las filas de su partido».

En la misma línea, Antonio Aguirre, ex miembro de la Ejecutiva del PSE y actualmente integrante del Foro de Ermua, aseguró que la eurodiputada ha sido objeto de una «represalia política» por parte de su organización, en una «venganza» por defender que el entendimiento entre socialistas y populares es una condición necesaria para acabar con ETA. Mikel Buesa, presidente del Foro de Ermua, coincidió con estas apreciaciones y añadió que «el Gobierno miente cuando dice que el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo está vigente y que los responsables de todos los males son los políticos del PP. Quieren negociar con ETA y se han quitado a Rosa Díez de en medio, que es una persona muy valiosa y muy firme». Al coro de voces se sumó el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, quien dijo que el arrinconamiento de la europarlamentaria socialista es otro de los «hechos relevantes» que evidencian que hay un proceso de negociación en marcha con la banda etarra. Según Alcaraz, si a alguien le cabía aún alguna duda» de que existe este diálogo con los terroristas, la decisión del PSOE respecto a esta disidencia pone de manifiesto que existen estos contactos.

A un tiempo, la propia Díez ofrecía ayer en su «blog» de la web de «Basta ya» una amplia explicación para desmentir los argumentos de otros eurodiputados socialistas que la han acusado de servir a los intereses del PP. Detalla su afirmación, ya recogida por ABC, de que siempre actuó, en sus funciones en la eurocámara, en absoluta sintonía con «su Gobierno», y en concreto con los Ministerios de Justicia e Interior.

Desde otro flanco, la eurodiputada socialista Bárbara Durkhop, viuda del senador Enrique Casas, opinó que la sustitución de un parlamentario en una comisión de la UE «es un hecho normal» y que ella misma ha cambiado de cometido en varias ocasiones, por lo que adujo que ver represalias en este caso «es una especulación».

ETA refuerza su chantaje con nuevas cartas de amenaza a los empresarios
R. N. La Razón 20 Marzo 2006

Madrid- ETA ha acrecentado su presión sobre los empresarios del País Vasco y Navarra en los últimos meses y, entre los elementos de acoso que ha activado, figuran grupos de jóvenes del entorno de la banda que, de forma organizada, se dirigen a las casas de los chantajeados para dejar mensajes en sus buzones con amenazas referentes al pago del denominado «impuesto revolucionario», informaron a Ep fuentes de la lucha antiterrorista. Los jóvenes evitan dejar constancia de su relación con ETA y no imprimen el sello de la banda en los papeles que introducen en los buzones de los empresarios, pero conocen perfectamente que la banda terrorista se ha dirigido a ellos por carta y la negativa de los amenazados a pagar. De hecho, a los insultos y amenazas que profieren en esas cuartillas se unen los nombres y apellidos de los que intentan extorsionar.

Los destinatarios de este nuevo método de extorsión son algunos empresarios que ya han recibido, al menos, cuatro cartas, por lo que el límite que se auto impone la banda terrorista ETA para atentar contra ellos y sus empresas está a punto de expirar, dependiendo de cada caso. Algunos de los objetivos del continuo chantaje etarra, y especialmente de este nuevo método de extorsión, han reaccionado con cierta ironía ante esta desesperante situación, bautizando a los grupos de jóvenes que acuden en persona a sus domicilios para amedrentarles como «comando putaditas».

No hay deber porque no hay derecho
Aurelio Arteta, BASTAYA.ORG (www.paralalibertad.org) 20 Marzo 2006

Los catalanohablantes son sujetos de derechos lingúísticos. Pero respecto de la Generalitat, no frente a la mitad de conciudadanos hispanohablantes. Aquéllos tienen pleno derecho a que su Administración local les escuche y legisle en favor del catalán; exactamente el mismo derecho al español que ampara a los hispanohablantes ante los poderes públicos.

Me refiero al deber de conocer el catalán en Cataluña. La verdad es que la Generalitat, en un largo ejercicio de prepotencia al que casi nadie se enfrentó, ya se había adelantado a esta norma e imponía por la brava el aprendizaje del catalán como un deber. En la escuela, en la administración, en la televisión, en la rotulación viaria o comercial ya regía de hecho ese deber. Lo que es más: regía como deber para los catalanes y, en el colmo del abuso en una comunidad política oficialmente bilingüe, para los no catalanes. Eso lo saben todos. Tal ha sido también mi experiencia como miembro de tribunales en la Universidad de Barcelona (y en las valencianas) cada vez que he solicitado inútilmente impresos oficiales bilingües. Un amigo barcelonés me cuenta que su ayuntamiento acaba de remitir a los vecinos un aviso municipal escrito en catalán, inglés, francés, árabe y urdu (pero ni las comas van en español). Y mil etcéteras más.

Ahora, por fin, el deber de aprender el catalán se consagra en el Estatut. Mucho antes y mucho peor que inconstitucional, es una norma sin fundamento moral alguno, otra plasmación más de la injusticia lingüística que hace tiempo se viene perpetrando en Cataluña. No la que dictó un régimen franquista represivo y alentado por un espíritu reaccionario, sino la que dicta un gobierno democrático y a impulsos de lo que juzgan razones progresistas. Uno y otro incurren en idéntico autoritarismo y legislan no ya a espaldas de, sino contra la realidad lingüística de Cataluña. El régimen más viejo, contra la numerosa población catalanohablante de entonces; el más reciente, contra la no menos numerosa población de habla española de ahora. Y siempre contra todo derecho -lo diga el señor Rajoy o su porquero-, según me propongo explicar.

Si existe un deber de conocer el catalán, será porque hay un derecho correlativo a exigir semejante deber. ¿Quién será, pues, el sujeto de tal derecho? Siendo un nacionalismo el que lo proclama, es de temer que por aquí se cuelen entes fantasmales invocando con toda solemnidad derechos colectivos. Pongamos Cataluña y su Lengua. Si Cataluña gozara de derechos, entonces serían los catalanes quienes carecerían de ellos y abundarían en deberes hacia Cataluña. Como una Lengua fuera sujeto de derechos (ya sea por tratarse de un patrimonio imperecedero, por la persecución antaño sufrida, por la riqueza de la diversidad o de la creatividad que atesora), sus hablantes e incluso quienes no lo son se volverían súbditos de esa lengua; si se prefiere, meros adjetivos de la Lengua sustantivada.

Los únicos sujetos reales de esos derechos no pueden ser otros que ciudadanos de Cataluña. Ahora bien, si sólo los miembros de una comunidad viva de habla pueden arrogarse derechos lingüísticos, entonces aquellos sujetos que andamos buscando son los hablantes del catalán. Pero lo serán respecto de la Generalitat, no frente a la mitad de conciudadanos que se entienden habitualmente en español. De manera que los deberes lingüísticos destinados a satisfacer esos derechos recaen sobre la Generalitat, esa Generalitat que también ha de atender a aquellos otros conciudadanos en su lengua distinta. Los catalanohablantes cuentan con pleno derecho a que su Administración local, la que les gobierna en su nombre, les escuche y legisle en favor del catalán; exactamente el mismo derecho al español que ampara a los hispanohablantes ante los poderes públicos.

Los derechos respectivos de unos y otros les amparan, para empezar, en sus comunicaciones con la Administración. Les amparan asimismo a la hora de implantar la lengua vehicular de la enseñanza pública, que habrá de ser la materna y cuya elección es por principio derecho exclusivo de los padres. Y les protege a propósito del uso de su lengua en el espacio del trabajo y del mercado. Esas vergonzosas Oficinas de Garantías Lingüísticas (¿), esos siniestros comisarios de la lengua -confesión paladina del fracaso de la política lingüística que los emplea-, deben desaparecer cuanto antes. Vigilar la presencia del catalán en comercios, aulas u hospitales, con fines coactivos, es recortar la libertad individual de tenderos y clientes, profesores y alumnos, médicos y enfermos. En lo tocante a las lenguas el deber ser sigue al ser. Aceptar la cooficialidad de estas lenguas es reconocer que los ciudadanos se expresan de hecho, y por tanto tienen derecho a expresarse, en cualquiera de ellas. Ese bilingüismo oficial, al fundar en el uso ordinario el derecho de los hablantes, prohibe la precedencia civil de una lengua sobre la otra y más todavía la forzada sustitución de una por otra. Lo que aconseja, y tan sólo para facilitar la convivencia civil, es el estudio escolar de una de esas lenguas a quienes tienen la otra como su herramienta básica de aprendizaje.

Y es que ya está bien de sacar partido tramposo a eso de que el catalán es la lengua propia de Cataluña. Si ello significa que es la lengua característica de ella, y no de Valladolid o de las islas Fidji, de tan aséptica constatación no brota ninguna directriz para la política lingüística. En caso de que significara que es la lengua materna de los catalanes, eso sólo puede decirse a lo más de la mitad de ellos. ¿Será entonces la lengua de hecho apropiada o hecha suya por los catalanes, cuando la mayoría tiene por más propia y común el español...?

Pero aún queda en la recámara de los partidarios de esa política el justiciero argumento que más pronto que tarde acaban disparando. Igual que los hablantes del catalán están sometidos por la Constitución al deber de conocer la lengua española, arguyen, será justo que los hispanohablantes acaten otro tanto respecto del catalán si así lo dispone su Estatuto. Ustedes perdonen, pero se trata de deberes no equivalentes, deberes asimétricos nacidos de muy dispares realidades y derechos. El mandato constitucional se limita a reflejar lo que hay, se adecua a la realidad de la lengua común hablada por unos y otros; el Estatuto reformado, en cambio, pretende violentar y hasta invertir el uso habitual del habla en Cataluña. Ya quedó dicho que el mero hecho de legislar contra ese uso resulta un atropello de la igualdad de derechos de los individuos en tanto que hablantes. Ha de añadirse que se comete también un atentado contra sus iguales derechos, desde los políticos hasta los laborales, como ciudadanos. Ahora el fundamento de lo puesto en juego es sencillamente la ciudadanía compartida. Mientras España sea un espacio político común, y puesto que los poderes públicos han de proteger los iguales derechos de todos los españoles, a nuestro Estado le compete dictar el deber de conocer el español en España y a la Generalitat no le compete decretar la obligación de aprender el catalán en Cataluña. En términos positivos, aquél ha de ofrecer sus servicios en español a todos sus ciudadanos, en tanto que ésta ha de atender en sus lenguas respectivas a todos los suyos.

Otra cosa sería instaurar una manifiesta desigualdad civil, en primer lugar, entre los mismos catalanes. Admitamos sin reserva que el conocimiento de esa última lengua debe figurar como requisito o mérito para el acceso a varias parcelas del servicio público. Eso sí, según la clase de función a desempeñar y en razón de los derechos lingüísticos que asisten a los eventuales usuarios. Pero, aun sin saber cómo se mida ese "conocimiento" del catalán, no es preciso pecar de malicioso profeta para saber algo seguro. Por sus muchos precedentes y el principio en que se inspira, desde este mandato estatutario se dará por supuesto que todo ciudadano catalán conoce ese idioma, que todo puesto público lo requiere y que lo requiere con la misma intensidad. De suerte que los concursos convocarán un número desproporcionado de plazas en catalán y asignarán al catalán un peso mayor que el justificable. O se tendrá por correcto en la concesión de ayudas y hasta del derecho al sufragio pasivo para el forastero... exigir el dominio de esa lengua. Y todo ello será clamorosamente ilegítimo, porque tales demandas no se ajustan a la realidad sociolingüística de Cataluña, es decir, a la lengua ordinaria de buena parte de los concursantes, solicitantes o receptores de ese servicio público.

El resultado final será que, según el grado de conocimiento efectivo de la lengua catalana, unos gozarán de mayor presencia pública y de mejores oportunidades laborales que otros. Pero se discrimina también entre los catalanes y los demás españoles. Un ciudadano español que desconozca el catalán se halla en inferioridad a la hora del acceso al empleo público en Cataluña. Un ciudadano catalán corriente, puesto que maneja con parecida soltura el idioma español, podría competir en igualdad de condiciones para una plaza en cualquier otro lugar de España. En suma, el nuevo Estatuto consagraría de hecho, y con la lengua como pretexto, una indebida obligación de unos catalanes hacia los otros, una discriminación injusta de aquéllos frente a éstos. Con esta norma máxima en la mano, la Generalitat seguiría actuando como un poder que gobierna en nombre de los catalanohablantes mucho más que en nombre y beneficio de todos, incluidos los demás españoles.

Y, si no hay tal deber porque tampoco existe ese derecho, ¿a qué viene semejante desafuero en política lingüística? A estas alturas de la arremetida nacionalista, y de su contagiosa infección entre la izquierda, sólo se engañan quienes desean engañarse o engañar. Los verdaderos motivos hace ya mucho que no se ocultan: que sólo con el absoluto predominio social del catalán será indudable nación Cataluña y crecerá así el griterío que reclama su presunto derecho a la soberanía política. Uno, en su ingenuidad, quisiera creer que es tiempo todavía de cruzar argumentos. Dichos los míos, aquí me quedo aguardando los contrarios.

(Aurelio Arteta es catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasco)

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