AGLI

Recortes de Prensa     Martes 21 Marzo  2006
El pelele español
Pablo Sebastián Estrella Digital 21 Marzo 2006

De Valencia a Japón, o los disparates que no cesan
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA ABC  21 Marzo 2006

Morir dos veces
* ABC 21 Marzo 2006

El tiempo nuevo de Blanco
Cristina Losada Libertad Digital 21 Marzo 2006

Cataluña ante Cataluña
VALENTÍ PUIG ABC 21 Marzo 2006

Menos Estatuto, más gestión
Editorial ABC 21 Marzo 2006

El inicio del principio... del comienzo
Editorial ABC 21 Marzo 2006

Rosa en galeras
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 21 Marzo 2006

¿Es legítimo coincidir con los objetivos de ETA?
JOSÉ IGNACIO CALLEJA El Correo 21 Marzo 2006

"DEFENDERÉ MI POSICIÓN, QUE ES LA DE LA MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES”
Libertad Digital 21 Marzo 2006

Tres proetarras incendian a plena luz del día el Juzgado de Paz de Oyarzun, en Guipúzcoa
R. N. La Razón 21 Marzo 2006

Atacan con cócteles molotov la casa de un concejal socialista de Rentería
Agencias Libertad Digital 21 Marzo 2006

La Generalitat financia a una asociación aragonesa que rechaza que Lérida devuelva los «bienes de la Franja»
ROBERTO PÉREZ ABC 21 Marzo 2006

Buesa cifra en 9.000 millones el coste por el terror de ETA
S. B. ABC 21 Marzo 2006

Esperanza Aguirre: 'Si Cataluña es una nación no puede serlo España'
EL MUNDO 21 Marzo 2006

El PSOE apoya una vez más a Batasuna-ETA y avala con 100.000 euros la libertad condicional del dirigente abertzale Díez Usabiaga
FORO ERMUA 21 Marzo 2006 

La estructura ausente
Arcadi Espada EL MUNDO 21 Marzo 2006

El pelele español
Pablo Sebastián Estrella Digital 21 Marzo 2006

El consejero de la Generalitat Joan Carretero le ha llamado a Zapatero “españolista demagogo” y ha abierto, por enésima vez, la caja de los truenos y de los disparates. Los españoles no nos merecemos esto. No merecemos el espectáculo de esta clase política catalana que ha convertido el debate nacional en un histriónico patio de colegio donde los traviesos alumnos Maragall, Carod, Mas y Saura mantean alegremente al presidente Zapatero convertido en el pelele español. En un vulgar muñeco de trapo y paja con la cara pintada y el aspecto sonriente que sube y baja sin cesar por los aires, a merced de esta pandilla de irresponsables. Los que al mismo tiempo que se divierten, o se pelean entre sí, están violentando la Constitución, alterando el poder judicial, reformando la financiación de las Autonomías, burlando la soberanía nacional y marginando el idioma español, entre otras muchas cosas.

Y lo peor de este juego del pelele, que Francisco de Goya inmortalizó en sus cuadros, es que el muñeco de Zapatero, mal que nos pese, representa y ridiculiza a España. La nación “discutida y discutible” según nuestro primer gobernante, que está dispuesto a todo con tal de seguir en el palacio de la Moncloa sostenido por esta panda de políticos catalanes que juegan a placer con su persona, la institución que representa y con la propia nación española, que pronto dejará de serlo para ser nación de varias naciones cuando en las próximas semanas el Partido Socialista vote en el Congreso de los Diputados a favor del nuevo Estatuto catalán, con la complicidad de todos sus dirigentes: Guerra, Bono, Ibarra, Vázquez, Chaves y González, incluidos.

El espectáculo catalán con Zapatero de máximo protagonista y promotor del Estatuto no sólo está enfrentando a los españoles y dividiéndolos en nacionalistas y españolistas, o de primer y segundo rango, sino que también ha provocado rupturas en el Gobierno y del Parlamento catalán, donde no hay un solo día en el que no ocurra algo. Ayer, a causa de los insultos del consejero Carretero a Zapatero, estuvo a punto de romperse la coalición del PSC-PSOE y ERC que sostiene a Maragall al frente de la Generalitat.

Como casi roto está el PSC-PSOE una vez que la pareja Montilla y De Madre, que en nada tienen que envidar a sus colegas nacionalistas, impidieron a Maragall reformar su Gobierno y han anunciado que no le dejarán volver a ser candidato a la Generalitat. El propio Maragall le decía a Zapatero hace pocas horas que el Estatuto se pactó demasiado deprisa con CiU y que el resultado es dudoso, mientras Carod y su gente lo calificaron de desastre y anunciaron que votarán en su contra ante las risotadas de los dirigentes de CiU y de su máximo líder, Mas —otro que también se pelea de vez en cuando con su socio de coalición, Durán Lleida—, y a quien Maragall acusó de ser primer responsable de la corrupción de 3 por ciento de comisiones en obras públicas cuando se les hundió el túnel del Carmelo.

Si añadimos a todos estos acontecimientos recientes lo ocurrido en los últimos dos años en torno a semejantes personajes —la negociación de Carod con ETA, el boicot a la Olimpiada de Madrid, las carreras de patines en Macao, la corona de espinas, etc.— o las amenazas y chantajes mutuos y continuados para derribar el Gobierno de Zapatero o el de Maragall, veremos que nunca en la política española y catalana hemos asistido a un espectáculo tan grotesco y tan grave por las consecuencias que tiene para el conjunto de los españoles.

Entonces, ¿de que se ríe el pelele español? Pues imaginamos que sólo de pensar que es el presidente del Gobierno de España, porque da la impresión de que no controla ni su propia situación. Se equivocó abriendo el portón del Estatuto sin saber a dónde iba —y aún no lo sabe—, luego mintió cuando prometió en Cataluña que aprobaría en Madrid lo que se decidiera en el Parlamento catalán, luego cambió —o le obligaron González y Puyol— de aliados y sustituyó a Maragall y Carod por Mas y Durán, rompiendo sus relaciones con ERC, y adornó todo esto con la OPA de Gas Natural. Y a estas alturas no sabemos lo que puede pasar, porque los de CiU también han empezado a amenazar a Zapatero con el debate sobre el aeropuerto de El Prat, mientras que los de ERC advierten que retrasarán el referéndum proyectado.

Pero el pelele español no pierde la sonrisa ni su flexibilidad. Y está deseando que se le acabe el manteo en la senyera catalana para empezar a disfrutar un nuevo divertimento sobre la ikurriña cuyas esquinas agarran entusiasmados los nacionalistas vascos, Otegi, Imaz, Ibarretxe y Mosquera, listos para el segundo gran manteo presidencial. El fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, lo está preparando todo para que este espectáculo no se retrase demasiado. Sólo falta la tregua de ETA y el pelele español volverá a saltar.

De Valencia a Japón, o los disparates que no cesan
MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA ABC  21 Marzo 2006

... Por lo visto, en el siglo XXI los japoneses se han convertido en el modelo a imitar por los ciudadanos de Cataluña que deseen que sus hijos estudien en castellano...

EL 15 de junio del año 2005 advertí en esta misma página, la Tercera de ABC, que era preocupante la proposición de ley orgánica que el PP y el PSOE habían presentado con el fin de reformar el Estatuto de la Comunidad Valenciana. Debíamos mostrarnos satisfechos de la unidad de acción de los dos grandes partidos nacionales. De la conveniencia de un buen entendimiento entre socialistas y populares, en los asuntos de gran importancia, me he ocupado también aquí. Pero en el texto aprobado en «Les Corts» valencianas se incluía una relación de derechos y deberes para los ciudadanos de aquella comunidad autónoma que era una especie de Carta que debía completar la enumeración que figura en la Constitución de 1978.

Se había tomado, a mi entender, un camino peligroso. En los estatutos de las comunidades autónomas no deben aparecer unos derechos ni unos deberes propios de cada una de las zonas de España. «Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado», se afirma en el artículo 139.1 de la Constitución. Y en el artículo 149.1.1ª se atribuye al Estado la competencia exclusiva para «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales».

Acaso se quiso en Valencia frenar a los partidos catalanes oponiendo a sus pretensiones otras de parecido calado. Pero era, insisto, un juego peligroso. Ahora comprobamos que no sólo el proyecto de Estatuto de Cataluña, sino el elaborado en el Parlamento andaluz, contiene derechos y obligaciones para los ciudadanos de las correspondientes comunidades. Si no se detiene el proceso ya en marcha, dentro de poco los españoles disfrutaremos (o padeceremos) de un estatuto jurídico variable en función del territorio en que residamos. Más protección (o menos protección) de los andaluces respecto a los murcianos en el ejercicio de un derecho; más protección (o menos protección) de los catalanes respecto a los aragoneses en el ejercicio de otros derechos; y así hasta el final de la serie, que en este caso sería el caos.

Me referiré hoy al último proyecto que ha llegado a mis manos: el de reforma del Estatuto de Andalucía. Lo he estudiado con el cariño especial que he de tener, y tengo, por las cosas de la tierra donde nací. Todo lo bueno de Andalucía lo considero óptimo, y lo regular, bueno.

Pues bien, sorprende que quieran concedernos a los andaluces unos derechos propios de nosotros. Por ejemplo, el derecho a no padecer discriminación (art. 14), o el derecho de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (art. 15), o el derecho a morir dignamente (art. 20). ¿Es que, acaso, los españoles que no sean andaluces carecen de tales derechos?

La enumeración de la supuesta singularidad jurídica de los andaluces es larga. Como lo es la reseñada para los catalanes en el proyecto de estatuto catalán, o para los valencianos en la proposición de ley para la reforma del Estatuto de Valencia. En todos los documentos se comete el mismo pecado original: olvidarse de que es la Constitución la que tiene que completar la Carta de 1978, si la Nación Española, como titular de la soberanía, lo considera oportuno y necesario. Por el momento, los españoles tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.

Las primeras consecuencias perversas del mal enfoque iniciado en Valencia se registran ya en Cataluña. De forma sorprendente (e inadmisible), alguien que ha asumido la dirección de uno de los partidos allí implantados, apoyándose en lo que el futuro estatuto debe regular sobre la educación, ha declarado que el bilingüismo hay que entenderlo con una marginación absoluta del castellano en la enseñanza pública. Los residentes en Cataluña que deseen que sus hijos estudien en castellano tienen a su alcance la solución: «Que se monte un colegio privado en castellano para quien lo quiera pagar, exactamente igual que se montó uno de japonés en su momento».

He leído y releído varias veces estas declaraciones. No podía creer que nadie, y menos un político en declaraciones públicas, otorgase al idioma castellano y al idioma japonés la misma consideración en Cataluña. ¿Afecta esta posición, tal vez, al honor de alguien?

Formulo esta pregunta porque hace unos tres años, siendo yo presidente del Tribunal Constitucional, el mismo personaje político de las «declaraciones japonesas» movilizó a su partido en una campaña contra mí por haber dicho que la calidad de vida en Granada, diez siglos atrás, era superior a la de otras zonas de España. No mencioné a Cataluña, pero allí algunos se dieron por aludidos. Y no resistieron la invocación de la oda «Oriental» de Zorrilla, aquella que comienza:«Corriendo van por la vega / a las puertas de Granada...», y en la que se recuerdan las fuentes «con más de cien surtidores».

Con la absurda pretensión de que yo había ofendido el honor de Cataluña, llegaron con una demanda ante el Tribunal Supremo. Pero, en los siglos X y XI, ¿dónde estarían nuestros antepasados? ¿Gozarían ellos de la indiscutible calidad superior de vida de Córdoba y Granada, o harían su vida en las malas condiciones higiénicas de otras zonas de España?

La Sala Primera del Tribunal Supremo, el 5 de junio de 2003, rechazó por unanimidad de sus magistrados que yo hubiese ofendido a Cataluña. Ni a Cataluña ni a nadie, salvo a los que son unos ignorantes, esos que no tienen conocimiento de la historia de España.

(Además de ignorancia supina, quienes iniciaron o alentaron aquella campaña contra mí fueron mal orientados en la batalla judicial. El propósito era apartarme de los casos en los que la Generalitat fuese parte, alegando «pleito pendiente». Si el que se presentó voluntario para demandarme hubiese sabido su oficio, una vez que el Juzgado de Primera Instancia, al que inicialmente acudió, se declaró incompetente, dada mi condición de aforado, debió recurrir en apelación, con lo que habría ganado un par de años de abstenciones mías, por tener «pleito pendiente». Cometió el error de ir rápido y directo al Tribunal Supremo, que en unas semanas le dictó la sentencia contraria a sus pretensiones. Malintencionados e ignorantes: una amalgama perniciosa).

Los promotores de los disparates siguen coleando en Cataluña. Una de sus últimas hazañas ha sido equiparar a los castellanoparlantes con los japoneses. Por lo visto, en el siglo XXI los japoneses se han convertido en el modelo a imitar por los ciudadanos de Cataluña que deseen que sus hijos estudien en castellano.

Y ya que hablamos de disparates, hay que anotar que en estos días se está presentando a la opinión pública un simple auto de inadmisión de un amparo ante el Tribunal Constitucional como si fuese una sentencia que se hubiere pronunciado sobre el fondo de un asunto de inconstitucionalidad. Yo sigo considerando anticonstitucional el proyecto de Estatuto de Cataluña. A pesar de los retoques introducidos en su actual tramitación. No sólo es inconstitucional, sino que resulta anticonstitucional. La Nación Española, como titular de la soberanía, se halla en la base del edificio constitucional. Si se destroza uno de los cimientos, el edificio cae.

No hemos de oponernos a una revisión del texto de 1978. En todas las democracias del mundo se reforman ciertas normas para actualizar y mejorar el conjunto del ordenamiento. Pero no hemos de consentir, con el silencio de los tibios, que se destroce la Constitución Española.

MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

Morir dos veces
* ABC 21 Marzo 2006

UN profesor de Humanidades de mi adolescencia estudiantil hizo que sus alumnos detuvieran sus pensamientos en lo que él bautizó como la resaca de la muerte. Decía aquel hombre nacido en Cuenca que ha sido una constante, en la historia del mundo, la sensación de injusticia que sucede a los grandes acuerdos de paz, y añadía que esta acidez en el alma es aún mayor cuando el cese de las armas pone punto final a la guerra sucia y al asesinato. Al terrorismo. Se refería también a los rencores atávicos, a los odios transmitidos generación tras generación como patrimonio de injusticias no resueltas, y se mostraba finalmente escéptico, hasta el punto de recomendarnos que tomáramos la cuestión como uno de los rasgos absurdos de la vida misma contra el que poco, o casi nada, se puede hacer.

Cuando oíamos todo esto, ETA había iniciado ya su errática y sangrienta andadura y comenzaba a crecer una larga lista de políticos, militares, miembros de fuerzas del orden, ediles, empresarios y muchos más que, casi cuarenta años después, ha dejado en el camino más de un millar de muertos e incontables heridas que sólo desaparecerán cuando lo hagan físicamente quienes las sufren. Soplan vientos confusos de paz y se asiste a una sucesión de declaraciones que indican que algo se cuece, si bien pocos saben qué es lo que realmente hierve en la olla. La Paz, con mayúscula, se ha convertido en la gran esperada, en la panacea de quienes, desesperados, se preguntan cuándo llegará el final de ciclo del terrorismo independentista vasco. Es humano, pero incompleto.

Frente a un proceso de cuyos detalles poco o casi nada se conoce -el comunicado etarra es calco de muchos otros difundidos en su larga historia-, se ha alzado la voz de las asociaciones de víctimas del terrorismo en contra de una «claudicación» por una posible excarcelación o reducción de penas de terroristas que cumplen condenas en cárceles españolas.

Estas voces son la expresión legítima en contra de la impunidad y forman parte de la resaca de la muerte a la que se refería aquel profesor que nos abría los ojos para que pudiéramos ver los hilos más finos que tejen la historia de los pueblos. Nadie quiere ver cómo el vacío que crean el dolor y la injusticia es ocupado sin disimulos, y posiblemente con la soberbia del vencedor, por quienes durante cuarenta años han acogotado la vida misma y, sobre todo, la libertad de los vascos. Si así fuera, sería como morir dos veces. Porque los otros hilos, menos sangrantes y dramáticos que los de la muerte, son los del telar de la falta de libertades de la sociedad vasca, en la que existe una línea clara que separa un horizonte euskaldún electrizante y otro muy distinto, casi mudo y pleno de miedo, en el que sus ciudadanos se andan con ojo a la hora de defender sin violencia ni chantajes un españolismo vasco mucho más antiguo en el tiempo, que se sostiene en la historia misma y en la gran potencia intelectual de eminentes pensadores de esa tierra. Por esa razón los vientos de paz que soplan en el País Vasco producen inquietud, en lugar de sosiego y esperanza, en buena parte de la sociedad. Porque no puede haber paz sin libertad, y esta última no ha existido, no existe y puede que no esté garantizada en el futuro si la búsqueda superficial del fin de la violencia terrorista camufla la presión social, el amedrentamiento y el miedo de muchos vascos que no siguen, ni van a seguir, la partitura independentista.

La foto de familia de la actual situación es un tanto estremecedora, especialmente por la sonrisa pública de quienes han sido implacablemente fríos e insolidarios frente al terror y no han dudado en homenajear públicamente, en repetidas ocasiones, a los verdugos de quienes querían ser libres y vivir en paz. Es natural, por ello, que exista desconfianza. «Si Otegui sonríe, malo», es un pensamiento más que razonable entre aquéllos que piensan que la paz que se avecina es, en buena medida, la que destila del espíritu de liberación del nacionalismo.

(*) Periodista y escritor

País Vasco
El tiempo nuevo de Blanco
Cristina Losada Libertad Digital 21 Marzo 2006

Alguna verdad suelta se le tenía que escapar. La flauta suena a veces por casualidad y de lo que dijo Blanco ante la tumba de un concejal socialista asesinado por ETA, una cosa es cierta: estamos en un "tiempo nuevo". Tan radicalmente nuevo es este tiempo que al fiscal general le preocupa que un juez quiera encarcelar a individuos que encabezan distintos negociados del entramado de la banda. Le inquieta a esa alma cándida que se tome una decisión tan drástica con ellos, pobrecillos, y critica al estricto juez. El socialismo gobernante clamaba hace cuatro días por el respeto a la independencia judicial a cuenta del sumario del 11-M. Pero el tiempo nuevo no se fabrica con coherencia ni honestidad. Ni siquiera con elementos reales. Se teje con entelequias como un proceso de paz inexistente, pero que ya merece que se le sacrifique todo aquello por lo que murieron personas como Froilán Elespe. Ante su tumba dijo Blanco que nadie entendería que ETA volviera a matar. Es la nueva forma de combatir el terrorismo: no amenazar con la prisión, sino con la incomprensión.

Y aún así. Pues no todos los socialistas llegan a tanta crueldad con los cómplices de la banda. Gregorio Rojo y los consejeros socialistas de Caja Vital han sido muy comprensivos con uno de los individuos que el juez quiere meter en la trena. Le han dado un aval por 100.000 euros para que pueda librarse de la experiencia. Hombre, y por qué no. El tipo ha puesto como garantía uno de los inmuebles del sindicato que dirige, y así la Caja no corre riesgos. Ya lo dice la web de la entidad financiera: los avales y garantías son un servicio por el que la Caja proporciona a su Empresa una garantía ante Terceros que puede resultar necesaria en múltiples situaciones. El sindicato proetarra es una Empresa, y a las claras se ve que con futuro, el juez un Tercero en discordia, y la cárcel por complicidad con el terrorismo, una situación como cualquier otra.

El hermano del presidente del Senado ha comprendido perfectamente los tiempos nuevos. El primer artículo de los estatutos de la Caja afirma que es una Institución de carácter benéfico-social sin finalidad de lucro, y ello da pie para que Rojo haga el bien sin mirar a quién. Qué obra más benéfica y social puede imaginarse que impedir que quienes obedecen las consignas de una banda terrorista den con sus huesos en chirona. Claro que esto casa mal con el hecho de que la entidad se parapete en criterios técnicos y financieros para conceder el aval, como ya hizo cuando la marca blanca de Batasuna le pidió 54.000 euros. ¿En qué quedamos? ¿Ánimo de lucro o afán de beneficencia? ¿Les preocupa la pasta o les inquieta que el espejismo del proceso de paz que viene anunciando el profeta de La Moncloa se desvanezca del horizonte si esos sujetos pisan la cárcel?

Mikel Buesa, presidente del Foro de Ermua, ha demostrado en informes y artículos que el tinglado etarra recibió, entre 1993 y 2002, un promedio anual de 23,6 millones de euros, del que más de la mitad correspondía a subvenciones públicas. El cierre del grifo del dinero que supuso la ilegalización de Batasuna ha sido uno de los elementos claves para el debilitamiento de la banda. De los nacionalistas vascos no podía esperarse sino que corrieran en ayuda de sus protegidos. La peculiaridad del tiempo nuevo de Blanco radica en que los socialistas también los socorren. Desde las instancias políticas, judiciales y financieras hacen lo que pueden. Mientras los empresarios vascos que se niegan a pagar el chantaje son amenazados por ETA y sus "comandos putaditas", los socialistas abren líneas de crédito a sus cómplices. Pero ya dijo Patxi que la sed de dinero que sufre la banda es señal inequívoca de que está a punto de dejar las armas. Quedaría muy propio en este tiempo nuevo y comprensivo que se aprobara un plan de pensiones para los pistoleros. Será por dinero.

Cataluña ante Cataluña
VALENTÍ PUIG ABC 21 Marzo 2006

QUIZÁS haya llegado la hora de que la Generalitat financie una campaña de relaciones públicas para mejorar la imagen de Cataluña en Cataluña, después de varias campañas propagandísticas para que la imagen de Cataluña mejorase en España. Se repitió hasta la saturación que el proyecto de reforma de «Estatut» llegaba a Madrid propulsado por la inmensa mayoría de los catalanes. Sí, fue avalado por el 90 por ciento del Parlamento autonómico, pero por ahora ni han repicado ni repican las campanas a lo largo y ancho de Cataluña. Muy al contrario: en la sociedad catalana se percibe indiferencia y honda perplejidad a partes proporcionales, desconcierto y una cierta pérdida de autoestima. A lo sumo, se espera que el proceso de ratificación en el Congreso de Diputados sea rápido para no tener que soportar en los titulares de la información las sucesivas chapuzas que está hilvanando la clase política de Cataluña. No estamos hoy ante una euforia melódica del sentimentalismo catalán.

El «Estatut» entrante es lo que han concertado Zapatero y Mas a espaldas del tripartito. Avanza dejando no pocos excesos en la gatera, entre otras cosas gracias a una presión externa del PP -externa en la primera fase- que ha condicionado al PSOE en gran medida, sin que, por otra parte, se vea cómo Rajoy pueda capitalizarlo finalmente. Mientras tanto, el tripartito catalán bombea agua afuera para garantizar su supervivencia, visto ya que su «Estatut» ha sido rectificado casi exclusivamente entre el PSOE y CiU, no sin que queden ahí estragos semánticos de naturaleza inconstitucional, esguinces del Estado y vestigios de intervencionismo finisecular. No es en muchas cosas el «Estatut» que quiso el pacto del Tinell y que no podía ser tocado por nadie; tampoco es la limpia «patena» que anunció Zapatero. Es una suerte de oveja «Dolly» del Estado de las autonomías.

Oliéndose algún pacto entre Zapatero y Artur Mas, Pasqual Maragall prosigue con su tradición unipersonal de misil extraviado y emite mensajes que causan aún más perplejidad en el ciudadano. Políticamente, el «Estatut» ha envejecido enormemente a Maragall: sus relaciones con Zapatero huelen a cuerno quemado. Entre los últimos trances chuscos del «Estatut» tenemos que Esquerra Republicana postula el «no» en la votación del Congreso de Diputados sin que sepamos qué postura tomará en el referéndum estatutario. Un consejero de ERC -de Gobernación, nada menos- ha dicho que supuso de Zapatero que era «un españolista inteligente, y al final sólo ha sido un españolista demagogo». Maragall requiere de ese consejero, Joan Carretero, una rectificación o el cese, como ha requerido otras veces de otros consejeros sin que nadie le hiciera caso.

No se pierda de vista que Carretero es consejero autonómico por un partido que da su apoyo al Gobierno Zapatero y fue capital en la reforma estatutaria. Carretero es, además, hombre de cierto prestigio por contraste con la masa elemental de ERC. Ha tenido menos repercusión que Carretero le reconociera a Maragall un alineamiento con las exigencias de ERC. En realidad, quién sabe si Maragall está defendiendo el «Estatut» tal como salió del Parlamento autonómico o si tan sólo le queda oxígeno para defender la permanencia del tripartito catalán: es decir, su continuidad como presidente de la Generalitat.

No se interpreten las llamas y el pillaje en la noche barcelonesa del megabotellón como una metáfora de la situación catalana. Es estrictamente el fracaso de otro tripartito, también muy descosido, constituido como cartapacio municipal y con su traslación posterior al gobierno autonómico. Todo suma y la creciente inseguridad en Barcelona tampoco añade laureles a ese «Establishment» político que lleva tiempo invocando sus avances a espaldas de los mortales. Se pretende obsequiar con más soberanía a una sociedad que lo que pide es más seguridad. Se postula más autogobierno cuando la gente querría, simplemente, mejor gobierno. Quizás lo más útil sería comenzar una campaña para reconstituir la opinión pública en Cataluña.

vpuig@abc.es

Menos Estatuto, más gestión
Editorial ABC 21 Marzo 2006

CON la votación de hoy en la Comisión Constitucional se cierra un nuevo capítulo de la larga y compleja tramitación del Estatuto catalán en el Congreso de los Diputados. El Grupo Socialista, consciente del desgaste que supone para Rodríguez Zapatero el desguace del modelo territorial, pretende imponer un calendario acelerado, que choca sin embargo contra un procedimiento complejo y reiterativo que deja abiertas las puertas de la negociación hasta el último minuto. De hecho, nadie se toma muy en serio las escaramuzas en torno al control del aeropuerto del Prat y otros flecos pendientes, con la certeza de que se resolverán a última hora según las conveniencias de unos y otros. Tampoco el «no» de ERC puede considerarse firme. Irritados por el giro estratégico del Gobierno, los republicanos intentan un equilibrio imposible entre el deseo de permanecer a toda costa en el tripartito y su obsesión por la imagen de pureza nacionalista frente al supuesto «entreguismo» de CiU. Es una postura de cara a la galería, ya que es muy improbable que se traduzca a la hora de la verdad en un rechazo al texto cuando llegue la hora del referéndum en Cataluña. Es fácil apostar que sólo el PP optará por defender a ultranza el Estatuto vigente.

El presidente del Gobierno afirma una y otra vez que el Estatuto es plenamente congruente con la Constitución, aunque ya no utiliza expresiones tan gráficas como dejarlo «limpio como una patena». Es verdad que se han eliminado algunos elementos inaceptables. Sin embargo, hay múltiples aspectos criticables desde el punto de vista político, que, además, comprometen seriamente la constitucionalidad del proyecto. Cataluña sigue apareciendo como «nación» en el preámbulo, a la vez que en el articulado se proclaman de forma solemne sus símbolos nacionales. La regulación de los derechos de los ciudadanos catalanes no es un simple complemento del Título I de la Constitución, sino una verdadera carta de derechos y libertades que vulnera el principio intangible de la igualdad entre todos los españoles. En particular, el régimen de la lengua catalana desborda las previsiones de los más alarmistas. Muchas de las competencias atribuidas a la Generalitat y otras que se han «desviado» oportunamente hacia otras leyes futuras deberán ser examinadas a fondo por el Tribunal Constitucional. En todo caso, el Gobierno no ha logrado tranquilizar a una opinión pública muy sensibilizada ante las exigencias permanentes del nacionalismo.

Hay otro factor relevante. Ayer informaba ABC de la advertencia de importantes ayuntamientos catalanes gobernados por el PSC respecto del descontento ciudadano ante la pasividad en la gestión del tripartito. Obsesionados por el debate estatutario (cuyo interés para los electores es muy limitado, según encuestas reiteradas) parece que al Gobierno que preside Maragall se le olvida que su tarea principal consiste precisamente en gobernar. La gestión de los asuntos que realmente importan está delegada en los niveles administrativos, mientras los políticos se enzarzan en un debate infinito sobre definiciones identitarias y reparto de poderes futuros. La paradoja resulta llamativa: todos reclaman nuevas competencias y funciones y, en cambio, apenas ejercitan las que les corresponden. El caso del Carmelo ha sido el más llamativo, pero no el único. La clase política catalana se distancia día a día de las exigencias de una sociedad dinámica que reclama, como es lógico, máxima prioridad para los problemas que afectan a su vida cotidiana. No se olvide que las elecciones municipales y autonómicas van a reflejar el grado de satisfacción o descontento de los votantes con sus representantes electos, y no es descartable que se produzcan sorpresas.

Por lo demás, el escenario político catalán se mueve en un contexto poco acorde con las reglas del sentido común. Ningún partido asume en su plenitud la paternidad del Estatuto, ni siquiera el PSC. Las relaciones entre Zapatero y Maragall no pasan por su mejor momento, aunque parece que los socialistas aceptan sin entusiasmo que no hay alternativa a la candidatura del presidente actual de cara a las próximas elecciones autonómicas. Montilla continúa haciendo un difícil ejercicio de equilibrismo entre sus altas responsabilidad en el Ejecutivo nacional y sus prioridades como hombre fuerte del socialismo catalán. En el colmo del despropósito, Esquerra rechaza un Estatuto que constituye el eje del programa del gobierno en el que se integra, mientras que CiU apoya un texto que era, en teoría, la baza principal de sus adversarios. Visto el panorama, resulta lógico el desconcierto de los ciudadanos, incapaces de comprender tantas maniobras de salón.

El inicio del principio... del comienzo
Editorial ABC 21 Marzo 2006

ETA sigue sin mostrar el más mínimo síntoma de cambio. En su último comunicado, enviado ayer al diario «Gara», la banda se responsabiliza de nueve atentados (en Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Burgos, Cantabria y Zaragoza) al tiempo que lamenta la muerte de Igor Angulo y Roberto Sainz, reclusos etarras que fallecieron en prisión. Nada nuevo, por lo tanto; o quizás sí, pues en la parte final del escrito los terroristas afirman que «todas las oportunidades para Euskal Herria llegarán de recorrer los caminos de lucha y de la firmeza de los ciudadanos, así como de las aportaciones de los gudaris que, en la cárcel, en el exilio o en la clandestinidad lo están dando todo por la independencia en su lucha diaria». No es que la banda omita alusiones a una posible tregua, sino que directamente reivindica la vía de la lucha, que al parecer es el único camino que los terroristas están dispuestos a transitar hasta llegar a la independencia. Cada comunicado etarra pone una nueva cautela al famoso «inicio del principio del fin de ETA», anunciado pomposamente a principios de febrero por el presidente del Gobierno, sin que hasta el momento los españoles perciban el más leve síntoma de que el vaticinio de Rodríguez Zapatero vaya a ser algo más que un pleonasmo.

Rosa en galeras
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 21 Marzo 2006

Rosa Díez ha sido apartada de la Comisión de Interior del Parlamento Europeo y adscrita a la Comisión de Asuntos Jurídicos. No la ha salvado ni la paridad. La purga ha sido explicada en términos incompatibles por distintos portavoces de su partido, mi señor Zapatero. José Blanco negó que sea una represalia. Bárbara Dürhkop, dijo que es un cambio «normal» para «optimizar recursos». López Garrido y Elena Valenciano explicaron las razones del castigo: el primero denunció una «disonancia» entre ella y el partido y la segunda opinó que «está trabajando en la posición más bien del Partido Popular que en la nuestra».

¿Es optimizar recursos quitar a alguien de una responsabilidad que está desempeñando con brillantez y enviarla a ejercer otra para la que no tiene especial capacitación jurídica?

Rosa Díez es una política de raza, una socialista de ideas claras y verbo cálido y arrebatado cuando la ocasión lo requiere. El personal que vota entiende su rollo. Por eso la vota. Por eso, en las elecciones europeas que ella encabezó, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta, el PSOE sacó 856.000 votos más que en las siguientes, a pesar de que en éstas usted ya era presidente del Gobierno. Rosa recibe en estos días la solidaridad discreta de centenares de socialistas de a pie que le envían mensajes de aliento a su blog (www.bastaya.org), pero sus viejos compañeros de la dirección, sus antiguos amigos, parecen haber enmudecido. Ya explicó Martin Luther King que lo más grave de nuestro tiempo «no son las fechorías de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas».

La acusan de que no defiende la línea política del partido, sino la de la oposición. Pero ella sostiene lo que todos ustedes sostenían hace tres o cuatro años: Pacto Antiterrorista y Ley de Partidos. Le voy a citar unas palabras del presidente del Senado en octubre de 2002: «Aquel pacto, aquella tregua tramposa que permitiría la reorganización de la banda terrorista, aquella estafa moral, devino en lo que se vino a denominar la socialización del terror, en la generalización del miedo.... Ningún Gobierno de España, bajo ninguna condición, cederá ante su chantaje».

Es legítimo que Rojo y todos ustedes hayan cambiado. Podrían haber convocado un Congreso, explicar las circunstancias que aconsejaban un cambio de política, abrir un debate y votar. Pero ustedes dicen mantener las dos herramientas más eficaces que haya tenido nunca la lucha antiterrorista, al tiempo que quitan a Rosa de la comisión de Interior de Estrasburgo por sostenerlas en la práctica. La herramienta que ustedes manejan, presidente, es ese relativismo léxico que les permite estar en todas las posiciones al mismo tiempo.

Discuta con sus compañeros y compañeras de Ejecutiva el significado de las palabras ubicuidad, hemeroteca y memoria. No la histórica; la de verdad.     s.gonzalez@diario-elcorreo.com

¿Es legítimo coincidir con los objetivos de ETA?
JOSÉ IGNACIO CALLEJA/PROFESOR DE MORAL SOCIAL CRISTIANA El Correo 21 Marzo 2006

Hablar en una democracia de deslegitimación de la violencia es hablar de la violencia política y, de ahí, esta pregunta: Entre nosotros, la sociedad de los vascos, ¿es tan clara y compartida esta deslegitimación de la violencia política? Pues no lo es de manera universal. Ciertamente la conciencia popular de rechazo a la violencia no ha dejado de crecer en los últimos treinta años. Podríamos introducir algún matiz a esta afirmación, pero la línea de fondo es ésa: los vascos nos hemos ido concienciando, lenta pero inexorablemente, de que la violencia política es ilegítima, y no sólo ineficaz. Este caminar lento desde un cierto comprender la violencia política, y en muchos casos desde la simpatía y el aplauso, al rechazo estratégico y, poco a poco, en la inmensa mayoría, a la condena moral sin ambages, es toda una travesía del desierto vivida por todos con más o menos sufrimiento. En el caso de las víctimas, incluso con la muerte, y en el de los suyos, con sufrimiento casi insuperable.

Pero, ¿por qué esta contradicción entre el rechazo de la violencia por parte de la inmensa mayoría de una sociedad y, a la vez, su perenne presencia en nuestras vidas, hasta hoy? Pues porque una parte de nuestra sociedad, minoritaria pero real, no ha asimilado este rechazo de la violencia política de manera cierta y otra parte de la misma sociedad, no tan minoritaria como la anterior, ha pensado que no estaba justificada, pero sí explicada por la Historia. Ésta es una causa muy importante, porque mientras un grupo humano no siente repugnancia moral absoluta hacia la violencia, no está libre de consentirla cerca. Indudablemente hay otras razones de orden táctico y estratégico, es decir, proyectos políticos para el futuro, que ahora no explicaré, y que están en la mente de todos.

Ahora bien, ¿cuál es el problema fundamental que acarrea la deslegitimación de la violencia política en la actualidad? A mi juicio, el nacionalismo vasco democrático está harto, estratégica y moralmente, de la violencia política de ETA. La rechaza total y convencidamente, pero, a la vez, si quiere sobrevivir como mayoría en el poder, tiene que asumir como propios parte de los objetivos políticos por los que ETA ha matado, y puede volver a matar, y por los que las víctimas han sido asesinadas o padecido otras barbaridades. O sea que la deslegitimación de la violencia ya no se juega, sólo, en la revisión de un nacionalismo que interpretado por ETA se ha convertido en un totalitarismo cruel, y que, desaparecida ETA, habría que mostrar con su sentido moral y democrático de 'siempre', sino que la deslegitimación de la violencia está planteando si se puede seguir adelante, y cuándo y cómo, con los principales objetivos de ETA, ahora como propios, o diciendo que ya eran 'nuestros', y hacer políticamente la vista gorda hacia las víctimas que lo fueron, y son, por esa causa, por pensar y ser vascos de otro modo, o no querer serlo en absoluto, y asegurar que en la persecución de tales objetivos no hay precio político alguno, sino voluntad popular que los quiere así y ya. Admitamos, a la vez, que la cuestión del 'cuándo y cómo', y si esos objetivos lo son del nacionalismo democrático en cuanto tal, también compromete a los no nacionalistas o constitucionalistas. Por mi parte, creo que lo son, pero que lo son ya y así por causa de ETA.

Para salvar este escollo de la deslegitimación, no cabe duda de que hay que encontrar el modo de que ETA no saque, ni lo parezca, precio político de su final. Es lo que se llama la derrota política de ETA ante la sociedad civil. Y a la vez, que ETA no pague, ni lo parezca, más precio penal del que las leyes democráticas y su jurisprudencia imponen. Hace tiempo que la dispersión y, ahora, la nueva doctrina del Supremo sobre la aplicación de beneficios penitenciarios a presos con múltiples condenas de larga duración, aparece como un uso de la ley contra la ley. A mucha gente le molesta esta advertencia, pero en realidad nos la debemos, precisamente, porque estamos de lado de la ley democrática, de nuestra ley.

Por tanto, y concluyendo estas palabras sobre la deslegitimación de la violencia política entre nosotros, a mi juicio, hace mucho que pasó el tiempo de los equilibrios morales, los que miran en la Historia al daño del pasado para explicar o justificar el del presente; hace tiempo también que los nacionalismos debieron reconocer su instinto dogmático y excluyente, siquiera como peligro, cosa que no hacen ni por asomo; hace tiempo que la política democrática cotidiana debió sobreponerse al cálculo estratégico de ganar el poder o echar del poder a los otros. Esto sí que sería respetar a las víctimas. Hace menos tiempo que vemos, y cada vez con más claridad, que ETA no se quiere ir de vacío, no sólo para sus presos, sino políticamente, y que esto no deberíamos aceptarlo bajo ningún supuesto. Yo así confío que lo haga la política profesional. Y hace poco tiempo, pero es importante, que se ha planteado la conveniencia de que la política cuide una salida democrática donde se respete, más si cabe, al pueblo vasco y su voluntad; yo estoy de acuerdo, no por convicciones nacionalistas al uso, sino por razones estrictamente 'prácticas', a la hora de favorecer una convivencia entre distintos en paz. Pero añado que el pueblo vasco sepa, a la vez, que su soberanía no es absoluta, es decir, sin límites, sino que tiene compromisos morales y jurídicos que respetar, compromisos con las víctimas, compromisos con los derechos de todas las personas, compromisos con los otros pueblos del Estado y compromisos con la dignidad de su futuro. El franquismo nos hizo a los vascos mucho daño, pero ETA nos ha hecho otro tanto y podemos querer su herencia, tomándola con una venda en los ojos. También puede ocurrir que otros rechacen el sentido común, y hasta la justicia, porque ETA los tocó. Hay mucho que corregir para deslegitimar la violencia, y, sin duda, lo primero, reconocer al otro ciudadano como otro distinto, igual e intangible. Todo lo demás le está subordinado. Es la persona, ¿qué ideología totalitaria nos hace dudarlo?

"DEFENDERÉ MI POSICIÓN, QUE ES LA DE LA MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES”
Rosa Díez: “Si no hubieran dicho que yo estaba con el PP, no hubiera tenido que salir a defenderme”
En el programa "La tarde con Cristina" de la cadena COPE, la eurodiputada socialista Rosa Díez ha acusado de mentir a José Blanco, secretario de Organización del PSOE, y a Diego López Garrido, portavoz socialista en el Congreso, por "empezar a dar explicaciones diciendo que yo estaba con el PP y no con el PSOE"."Además, mienten en deshonor de la posición del Gobierno de España porque todo lo que he hecho allí (en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo) lo he hecho en común acuerdo con mi Gobierno", ha dicho Rosa Díez.
Libertad Digital 21 Marzo 2006

La eurodiputada del PSOE, Rosa Díez, ha defendido su actuación en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de la que fue sustituida el pasado 7 de marzo porque “todo lo que he hecho allí, lo he hecho en común acuerdo con mi Gobierno”. De esta forma, Rosa Díez ha salido al paso de las descalificaciones que tanto José Blanco, secretario de Organización del PSOE, y Diego López Garrido, portavoz socialista en el Congreso, han vertido sobre ella acusándola de estar con el PP y de causar disonancia en el PSOE por sus posiciones en la política antiterrorista que está llevando a cabo el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

“Si no hubieran empezado a dar explicaciones diciendo que yo estaba con el PP y no con el PSOE y que por eso me quitaban, no hubiera tenido que salir a defenderme”, aseguró la eurodiputada socialista. “No puedo consentir que mientan, y además porque mienten en deshonor de la posición del gobierno de España”, dijo.

Sobre la política antiterrorista del Gobierno, Díez ha declarado que "hay muchísima gente, al margen de la ideología, que quiere que nos pongamos de acuerdo en este tema quienes nunca debiéramos dejado de estar". "En fin, yo creo que el pacto (El Pacto por la Libertades y contra el Terrorismo), cabe recordar, es un instrumento muy positivo para la lucha contra el terrorismo", ha dicho la eurodiputada socialista.

Díez también ha puesto de manifiesto las virtudes de la política antiterrorista que se llevó a cabo entre el PSOE y el PP antes de que se impusiera la nueva línea seguida por el Gobierno de Zapatero. "Ha sido clave en Europa, yo lo he vivido directamente, que el PSOE y el PP fueran al Parlamento Europeo juntos uando nosotros estábamos todavía en la oposición y explicaran a los grupos políticos que este era un tema de Estado, que íbamos juntos, que gobernara quien gobernara, no íbamos a cambiar", ha dicho la eurodiputada socialista.

"Eso es lo que yo sigo defendiendo y, por cierto, hasta el momento presente, mi partido, el PSOE, en sus resoluciones congresuales y en todos los sitios, ha defendido. Todo mi discurso crítico en España ha estado siempre basado en cosas que ha estado haciendo el partido socialista de Euskadi", aseguró la eurodiputada.

“No voy a consentir que para hacer una liquidación sin explicaciones, porque no las pueden dar, mientan sobre una realidad, porque al mentir sobre ello mienten sobre mi gobierno y le hacen un flaco favor al propio gobierno que ha sido y es impecable en la defensa de estos intereses (de España) en toda la Unión Europea", ha explicado la eurodiputada del PSOE.

Preguntada por la forma en la que el PSOE le comunicó su cese en la Comisión de Libertades de Bruselas, Rosa Díez explicó que “le mandaron una carta el día 7 en el casillero, no en el despacho sino al casillero, una carta, firmada por el presidente de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, Enrique Barón, en la que me decía que me habían cambiado a la comisión jurídica sin darme ningún tipo de explicación, solo cuál iba a ser mi responsabilidad”.

Tres proetarras incendian a plena luz del día el Juzgado de Paz de Oyarzun, en Guipúzcoa
R. N. La Razón 21 Marzo 2006

Madrid- Poco antes de las once y media de la mañana de ayer, tres encapuchados irrumpieron dentro de las dependencias del Juzgado de Paz de Oyarzun, en Guipúzcoa y, tras desalojar a la única trabajadora que se encontraba en su interior, rociaron el interior del edificio con líquido inflamable y le prendieron fuego. El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana expresó «su más absoluta repulsa» ante los hechos y dijo que actos como este no contribuyen a crear el clima necesario avanzar hacia la paz.

Afortunadamente, sólo hubo que lamentar daños materiales, ya que los encapuchados obligaron a salir a la calle a la única empleada que en esos momentos se encontraba trabajando en el Juzgado, ubicado en el número 2 de la calle Kontzejuerreka. Pese a la intensa humareda que provocó el incendio, no fue necesario desalojar a los vecinos.

Fuentes municipales revelaron que el ataque calcinó «toda la oficina» que alberga el Juzgado de Paz, incluidos los ordenadores. Sin embargo, en lo que se refiere a la documentación, «no han sido tantos los daños», ya que «se han perdido uno o dos libros» y, como eran grandes, sólo se han quemado las tapas.

El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, se desplazó hasta el lugar de los hechos para comprobar la magnitud de los daños provocados y declaró que el silencio de la izquierda abertzale ante ataques como estos es un «silencio cómplice».

Pocas horas después del siniestro, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oyarzun -formado por EA, PNV, Ezker Batua y Aralar- emitió un comunicado expresando su «más absoluta repulsa» al ataque. Además, reclamó a «quienes les dan cobertura política» que condenen estos actos, que «en nada favorecen el clima necesario para que el proceso de paz y normalización avance». Además, desde el consistorio quisieron expresar su solidaridad con la trabajadora del juzgado que «fue desalojada», así como con quienes viven encima del local y «han vivido momentos de tensión e incertidumbre».

JESÚS OFICIALDEGUI Y SU MUJER ESTABAN EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA
Atacan con cócteles molotov la casa de un concejal socialista de Rentería
Un grupo de desconocidos lanzó el lunes por la noche varios cócteles motolov contra la vivienda de un concejal del Partido Socialista en Renteria (Guipúzcoa) que provocaron "daños materiales en la fachada y el balcón" del edificio. Según pública El Diario Vasco, Jesús Oficialdegui, que sustituyó en la concejalía al secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa y ex alcalde, Miguel Buen, se encontraba en ese momento en el interior de la vivienda con su esposa
Agencias Libertad Digital 21 Marzo 2006

Según informaron a Europa Press fuentes del Departamento del Interior vasco, el ataque se perpetró a las 23.30 horas del lunes, unas doce horas después de que en la misma provincia, esta vez en la localidad de Oiartzun, tres encapuchados irrumpieran dentro de las dependencias del Juzgado de Paz y, tras desalojar a la única trabajadora que se encontraba en su interior, rociaran el interior del edificio con líquido inflamable y le prendieran fuego.

Afortunadamente sólo hubo que lamentar daños materiales ya que los encapuchados obligaron a salir a la calle a la única empleada que en esos momentos se encontraba trabajando dentro del Juzgado de Paz de Oiartzun, ubicado en el número 2 de la calle Kontzejuerreka. Pese a la intensa humareda que provocó el incendio no fue necesario desalojar a los vecinos.

La Generalitat financia a una asociación aragonesa que rechaza que Lérida devuelva los «bienes de la Franja»
El año pasado, esta asociación percibió 40.000 euros para abrir un centro encargado de promocionar la lengua y la cultura catalanas en Aragón
ROBERTO PÉREZ ABC 21 Marzo 2006

ZARAGOZA. La Generalitat cuenta entre su nómina de entidades subvencionadas a asociaciones aragonesas. En concreto, a una plataforma que agrupa a entidades catalanistas radicadas en Aragón e integrada por habitantes de comarcas aragonesas limítrofes con Cataluña. Se trata de la «Institució Cultural de la Franja de Ponent», que el año pasado recibió una subvención de 40.000 euros de la Consejería que dirige Josep Bargalló, de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC).

El propio nombre deja claro el sentimiento catalanista de la plataforma. Hablar de Franja de Poniente es mirar estos territorios desde Cataluña, no desde Aragón. Estas comarcas aragonesas son el poniente para Cataluña, porque miradas en el mapa de la Comunidad aragonesa están en su oriente.

Esta plataforma tampoco oculta tales planteamientos. En su página web aparece claramente el mapa de los «Países Catalanes» y, como parte de ellos, estas comarcas aragonesas en las que tienen su campo de acción. Y no son extrañas las fotografías de miembros de la asociación participando en actos en los que ondea la bandera del independentismo catalán.

Campaña en marcha
Entre sus últimas acciones está el rechazo a que los bienes artísticos que pertenecen a parroquias de la Diócesis oscense de Barbastro-Monzón y que retiene el Museo de Lérida salgan de la capital ilerdense. La «Institució Cultural de la Franja de Ponent» tiene su sede central en Calaceite (Teruel), cuenta con instalaciones en esta misma comarca -Matarraña- y en la del Bajo Cinca, y su expansión le llevará este año a abrir otra en la comarca de La Litera, en concreto en la localidad oscense de Tamarite. En estos momentos mantiene viva una campaña en contra de que se cumplan las sentencias vaticanas y el Obispado de Lérida devuelva a Barbastro-Monzón estas 113 obras de arte conocidas como «bienes de la Franja», después de diez años de litigios.

El origen del conflicto está en que, durante siglos, las parroquias aragonesas a las que pertenecen esas obras de arte estaban incluidas en la Diócesis de Lérida. Hace más de diez años el mapa eclesiástico se adaptó al administrativo y esas parroquias pasaron a depender de una diócesis de su propia Comunidad autónoma, de Aragón.

El portavoz de la «Institució Cultural de la Franja de Ponent», Guillem Chacó, explicó ayer a ABC la postura de esta plataforma. «Nuestro primer deseo es que las obras fueran a parar a un municipio de la Franja, como Fraga, Tamarite o Benabarre, de administración aragonesa, pero siempre bajo la tutela del Museo de Lérida para mantener el principio de unidad museística que establece la Unesco. Pero esto no es así, porque el Obispado de Barbastro-Monzón hizo firmar la renuncia de las obras de arte a esas parroquias de origen. Así que, si no están en la Franja, pedimos que estén en nuestra capital natural, que es Lérida».

Parte de los «Países Catalanes»
Guillem Chacón matizó que este es un planteamiento de «Países Catalanes» como «territorio cultural» y que, como tal, defienden que sean consideradas las comarcas aragonesas de la Franja. La cuestión política quedaría al margen, aunque reconoce que en el seno de esta plataforma aragonesa hay una parte «que defendería la integración en Cataluña».

A su juicio, «el Obispado de Barbastro-Monzón es artificial» y subrayó que, «por ejemplo, la gente de Fraga (Aragón) para nada va a Barbastro, va a Lérida» por su proximidad y por lo que esta coordinadora entiende que es la relación natural de las gentes de esta zona de Aragón.

Una perspectiva catalanista que rechazan otras asociaciones de las comarcas orientales de Aragón, caso de la Federación de Asociaciones Culturales del Aragón Oriental, que lleva años denunciando que, tras esta actividad pro-catalanista, se encuentra una voluntad de integrar a esta parte de Aragón en Cataluña, respaldada por la política «exterior» del nacionalismo catalán y sustanciada, por ejemplo, en las subvenciones concedidas desde la Generalitat.

Buesa cifra en 9.000 millones el coste por el terror de ETA
S. B. ABC 21 Marzo 2006

El presidente del Foro de Ermua, Mikel Buesa -hermano del asesinado Fernando Buesa-, aseguró ayer en Logroño que los costes directos e indirectos derivados del terrorismo de ETA suponen anualmente un gasto superior a 9.000 millones de euros, más del 20 por ciento del PIB del País Vasco, por lo que esta Comunidad «sin el terrorismo sería una quinta parte más rica». Buesa (en la imagen) ofreció una conferencia en la Universidad riojana sobre «Las consecuencias económicas del terrorismo nacionalista vasco», basada en un estudio que ha realizado sobre los efectos de los actos terroristas de ETA y de su entorno en el entre 1993 y 2002.

ENTREVISTA EN EL MUNDO
Esperanza Aguirre: 'Si Cataluña es una nación no puede serlo España'
EL MUNDO 21 Marzo 2006

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, asegura en una entrevista concedida a EL MUNDO que "el Estatuto es un disparate, porque si Cataluña es una nación, no puede serlo España".

Además de la reforma del Estatuto de Catalaña, Aguirre también explica su visión dos años después del 11-M, la relación del Partido Popular y el PSOE o el fin de ETA. Estas son sus respuestas:

Dos años después del 11-M
"Tengo una confianza absoluta en las Fuerzas de Seguridad del Estado, en los jueces, en el sistema judicial, en los periodistas que hacen una labor de investigación extraordinaria , pero desconfío de los políticos que ponen freno a las investigaciones".

"Hay que saber la verdad, y lo que me extraña es que los socialistas se pongan de manos cada vez que decimos que queremos saberla".

Estatuto de Cataluña
"El Estatuto catalán es un auténtico disparate (...), porque el presidente del Gobierno de España se ha empeñado en sacar adelante un Estatuto que sólo el 4% de los catalanes considera necesario y que rompe el consenso constitucional. Además, es un disparate en su literalidad, porque si Cataluña es una nación no puede serlo España".

"El reconocimiento de Cataluña como nación lleva implícita la imposibilidad de que exista la nación española tal y como ha sido concebida desde las Cortes de Cádiz".

El fin de ETA
"¿Qué hay que negociar con unos asesinos? A los asesinos hay que detenerlos, juzgarlos y hacerles cumplir las penas".

"De todas formas, mendigar una tregua a una organización terrorista es una barbaridad, un error del que Zapatero se arrepentirá, porque los etarras están absolutamente envalentonados, piensan que les dan la razón y hemos retrocedido en dos años lo que nos costó muchísimo ganar".

Relación PP-PSOE
"El presidente del Gobierno nos considera los herederos del franquismo, o poco menos, y como no tenemos legitimidad, él lo que va a hacer es retomar la legitimidad republicana, la anterior a la Guerra Civil. Y para eso lo primero que necesita es excluirnos, y eso es lo que está haciendo. Zapatero pretende impedir que nunca jamás llegue a gobernar el PP, por el procedimiento de la exclusión".

"Lo que él quiere es situarnos en la extrema derecha cuando somos un partido centrista, reformista, liberal y moderado".

El PSOE apoya una vez más a Batasuna-ETA y avala con 100.000 euros la libertad condicional del dirigente abertzale Díez Usabiaga
COMUNICADO DE PRENSA DEL FORO ERMUA 21 Marzo 2006 

Bilbao. 21 de marzo, 2006.  Se ha sabido que la pasada semana la Comisión Ejecutiva de la Caja de Ahorros de Álava (Caja Vital), que está presidida por el dirigente del PSE en esta provincia Gregorio Rojo -hermano del Presidente del Senado-, decidió conceder el aval por valor de 100.000 euros que el juez de la Audiencia Nacional Grande Marlaska ha impuesto al Secretario General del sindicato abertzale LAB, Rafael Díez Usabiaga. La decisión fue tomada con el voto favorable de los tres consejeros del PSE y el de CCOO, contando con la oposición de los tres consejeros del PP. Este aval impedirá que Usabiaga ingrese en prisión. 

Dicho aval fue fijado por el juez a causa de la participación del sindicato independentista LAB y, concretamente, de su Secretario General en la convocatoria y desarrollo de huelga general en Euskadi y Navarra para el pasado día 9 de marzo, convocatoria que había sido anunciada previamente por la propia ETA. A pesar del total fracaso de este paro general, tuvieron lugar en dicha fecha mas de 100 actuaciones  violentas (entre ellas la colocación de varias bombas por ETA). 

Rafael Díez Usabiaga se encontraba ya procesado desde hace tiempo en la Audiencia Nacional acusado de pertenener a ETA, además de ser considerado actualmente uno de los interlocutores de la banda terrorista en las negociaciones con el Gobierno de Zapatero que, según diversos indicios, parecen estar ya en marcha de manera oculta. 

Este vergonzoso comportamiento del Partido Socialista de Euskadi viene a sumarse a una ya larga serie de actuaciones del PSE, del propio PSOE y de las instituciones dirigidas por ellos en el sentido de intentar proporcionar impunidad judicial a los dirigentes de Batasuna. El Secretario General del PSE, Patxi López, declaró en noviembre que en su opinión los 56 imputados en el macrojuicio en la Audiencia Nacional contra el entramado de ETA (el sumario 18/98) eran inocentes, todos ellos. José Antonio Pastor, portavoz parlamentario del PSE en Vitoria, y el Alcalde de San Sebastián, Odón Elorza,  se expresaron a favor de que Batasuna pudiese celebrar su Congreso Nacional en Baracaldo el pasado mes de enero; Congreso ante el que el Fiscal General Cándido Conde-Pumpido no se sumó hasta el último momento a la petición para su suspensión, cuando ya un juez de la Audiencia Nacional había establecido su ilegalidad. Y así en muchas otras ocasiones. Recientemente, el día 18 de marzo, José Antonio Pastor manifestó que estaba causando “lógica inquietud entre la ciudadanía” vasca que la Justicia esté actuando contra dirigentes de la izquierda abertzale. Y ayer mismo el Presidente del PSE, Jesús Eguiguren, ha transmitido al líder de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, su interés en que sea el interlocutor político de la izquierda abertzale en el llamado proceso de paz en Euskadi. 

Coherentemente con el cambio de estrategia del PSE que comentamos, el PSOE acaba de apartar a Rosa Díez de su función en la Comisión de Libertades Públicas del Parlamento Europeo, precisamente -aunque no lo expliciten- por su discrepancia pública con la nueva política de este partido respecto a ETA y a los presos terroristas.  El Foro Ermua, que el pasado mes de diciembre concedió a Rosa Díez, junto a María San Gil, el V Premio a la Convivencia Cívica le reitera el total apoyo a su persona y a su honradez y valentía al mantener sus opiniones políticas personales aun a costa de arriesgar la marginación que está sufriendo a manos de sus propios compañeros de partido. 

El intento de práctica paralización de la Justicia para los delitos y crímenes de los dirigentes del entramado político, financiero y mediático de ETA supone un precio que el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el PSOE están pagando por adelantado en aras del engañoso y falso “proceso de paz”. Y todo ello antes de que ni ETA ni Batasuna hayan dado ni un solo paso efectivo hacia el abandono del terrorismo. La impunidad de estos terroristas les está envalentonando, al tiempo que desmoraliza a los ciudadanos de bien que, ellos si -como indican todas las encuestas-, no están dispuestos a que se pague ningún precio, ni político ni judicial, para que los asesinos abandonen para siempre las armas, se entreguen a la Justicia y anuncien su disolución como organización. 

El FORO ERMUA declara, nuevamente, que es un proceso de libertad lo que se necesita en nuestra tierra, en el País Vasco; un proceso basado en la persecución cabal y perseverante de los terroristas -en los ámbitos judicial, policial y político- y en  la consecuente aplicación de la Ley de Partidos Políticos, mediante la reedición del Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo, hasta la derrota definitiva de la organización criminal y de todo su entramado.

Para más información: 

Mikel Buesa            650-97-42-04
Iñaki Ezkerra           657-70-07-92

La estructura ausente
Arcadi Espada EL MUNDO 21 Marzo 2006

Antes de incluir en el texto estatutario que los «jueces, magistrados y fiscales» deben acreditar un conocimiento «adecuado y suficiente del catalán», el Gobierno de un Estado digno de tales nombres ha de plantearse cómo hará posible que ese requisito implícito se cumpla, sin quiebra de la igualdad entre españoles.

Señalaba Aurelio Arteta en el diario Basta ya esta evidencia: «Un ciudadano español que desconozca el catalán se halla en inferioridad a la hora del acceso al empleo público en Cataluña. Un ciudadano catalán corriente, puesto que maneja con parecida soltura el idioma español, podría competir en igualdad de condiciones para una plaza en cualquier otro lugar de España». El nuevo Estatuto de Cataluña no ha inventado esta discriminación, aunque la refuerza intensamente. Su más grave consecuencia, desde luego, va a afectar a los catalanes, que en poco tiempo van a ver reducida la calidad de su servicio público. Y lo que prueba la decisión estatutaria es la clamorosa ausencia de una política estatal que dirija la reforma del Estado.

La reforma del Estado tiene hoy tantas políticas como comunidades autónomas decidan emprender su reforma. La diseminación empezó afectando a las políticas de los dos partidos nacionales, incapaces de defender en Murcia lo que propugnaban en Aragón. Ahora el presidente Zapatero ha importado el sistema a su Gobierno. La lengua y el servicio público son un magnífico ejemplo. Antes de incluir en el texto estatutario que los «jueces, magistrados y fiscales» deben acreditar un conocimiento «adecuado y suficiente del catalán», el Gobierno de un Estado digno de tales nombres ha de plantearse cómo hará posible que ese requisito implícito se cumpla, sin quiebra de la igualdad entre españoles. Porque si a partir de una maniobra legislativa particular los españoles no catalanes, o no gallegos, o no vascos, ven reducidas, respecto a cada uno de esos españoles, sus posibilidades de trabajar en la función pública, alguna otra maniobra legislativa habrá que introducir para la corrección del desafuero. Por ejemplo: disponer, como sugieren los nacionalistas, que las otras lenguas españolas se enseñen en todas las escuelas públicas. Una maniobra, a la que se analiza, barata, cargada de razón y sentido y que por fin desplazaría el castellano a su función idónea, esto es, a lengua de las relaciones exteriores.

Es propio de su naturaleza que los nacionalistas no pongan en práctica ningún modo de pensamiento derivado. No les toca a ellos meditar sobre las consecuencias de que los funcionarios estén obligados a conocer el catalán. Ellos sirven, simplemente, a su Señor, y si entre su Señor ni se cuentan los ciudadanos de Cataluña, mucho menos va a contarse el resto de españoles. La pregunta es a quién sirve el Gobierno del Estado. Si sirve, según vayan viniendo, a las míticas entidades Catalunya, Euskadi o Galicia, o a los ciudadanos a los que representa. Cuaja la impresión de que el Petit republicanista se asemeja cada vez más al mayordomo de semana de las antiguas monarquías.

Coda: «La vida de los signos es frágil, sometida a la corrosión de las denotaciones y de las connotaciones, bajo el impulso de circunstancias que debilitan la potencia significativa original».U. Eco, La estructura ausente.

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