AGLI

Recortes de Prensa     Miércoles 22 Marzo  2006
La violencia del Estatuto
Agapito Maestre Libertad Digital 22 Marzo 2006

La grave confusión del PSOE
Editorial ABC 22 Marzo 2006

Galimatías en el oasis
IGNACIO CAMACHO ABC 22 Marzo 2006

De necias nociones nacen naciones
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 22 Marzo 2006

La nación de la Señorita Pepys
José García Domínguez Libertad Digital 22 Marzo 2006

Nada que celebrar
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  22 Marzo 2006

Todo pasa por Cataluña
Pablo Sebastián Estrella Digital 22 Marzo 2006

El PSOE es más fuerte que España
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 22 Marzo 2006

El Gobierno espasmódico
Germán Yanke Estrella Digital 22 Marzo 2006

ETA HACIA LA VICTORIA
Editorial minutodigital 22 Marzo 2006

¿Una web donde no se hable del País Vasco ni de Cataluña?
Javier Orrico Periodista Digital 22 Marzo 2006

Discurso íntegro de EDUARDO ZAPLANA
Libertad Digital 22 Marzo 2006

«Si hoy no aceptan Cataluña como nación, tal vez mañana deban reconocerla como Estado»
M. Pardeiro / E. Fuentes La Razón 22 Marzo 2006

El PP denuncia que el terrorismo callejero ha elevado "el grado de intimidación" tras el ataque en Rentería
Agencias Libertad Digital 22 Marzo 2006

La Xunta condiciona al uso del gallego sus ayudas al Concello para el turismo
Sonia Vizoso. A Coruña La Opinión 22 Marzo 2006

La industria de la toponimia
Nota del Editor 22 Marzo 2006

El PP exige explicaciones a Iglesias por las ayudas a asociaciones que rechazan los bienes de la Franja
ROBERTO PÉREZ ABC 22 Marzo 2006

La Asociación por la Tolerancia denuncia que la Generalidad "impide" la educación en castellano en Primaria
Europa Press Libertad Digital 22 Marzo 2006

Aragón prepara ya el recurso contra el Estatuto valenciano y prevé otro contra el catalán
JAVIER BENITO. Zaragoza Heraldo de Aragón 22 Marzo 2006

CERCA DE 50 ASOCIACIONES IMPULSAN PLATAFORMA ESPAÑA Y LIBERTAD
Minuto Digital 22 Marzo 2006

El “alto el fuego permanente” de ETA es un nuevo engaño. Sólo cabe que ETA anuncie su disolución y los terroristas se entreguen a la Justicia
FORO ERMUA 22 Marzo 2006

La Asociación por la Tolerancia asegura que la Generalitat «burla, una vez más, las sentencias de los tribunales»
DANIEL G. SASTRE  El Mundo 22 Marzo 2006

Una idea
Xavier Pericay* 22 Marzo 2006

Cataluña
La violencia del Estatuto
Agapito Maestre Libertad Digital 22 Marzo 2006

Mañana, dice Carod Rovira, Cataluña será un Estado, pero que no tomemos sus palabras como una amenaza. Por supuesto, sus declaraciones no son amenazadoras, sino que levantan acta de una sociedad perversa, sin respeto por sí misma, y sobre todo vulgar, porque hace tiempo abandonó el placer de los matices. El nacionalismo separatista oculta la maldad, la principal violencia, contra la nación española. El Estatuto de Cataluña, o sea, el malentendido y el menosprecio, lo oscuro y lo funesto, en fin, el engaño y la corrupción, son intercambiables con la norma y la bondad que pudiera albergar el texto de la Constitución. En Cataluña no hay ninguna fórmula común que no pase por la alianza del cinismo y la corrupción. Horriblemente anudados en las declaraciones de Carod, la voz serena de los asesinos de la nación española, sólo tienen un objetivo: negar que existe violencia en Cataluña. He ahí la principal preocupación de las elites políticas nacionalistas y socialistas en Cataluña: negar que violentan, incluso hasta la muerte, a la Constitución de 1978.

Por eso, dice Carod Rovira, el mediocre incurable, que en Cataluña no hay violencia. Falso. Su partido, él mismo y sus relaciones con ETA reflejan lo contrario. Dice Carod Rovira que no hay el mínimo atisbo de violencia en la lucha de ERC y sus aliados por separarse de España. Mentira. No pasa un día sin que sus palabras no impliquen una amenaza a los españoles. Dice Carod Rovira que quiere romper España sin violencia. Imposible. Sí, su partido político, ERC, es incomprensible sin la violencia. Violencia física y verbal, violencia amenazadora y real, violencia, sí, en todas sus maneras es lo que define a los dirigentes de este partido.

La participación formal de ERC en el sistema político español sólo tiene un objetivo: dinamitar el orden constitucional y democrático, ofreciéndose incluso a ETA, a los criminales, para que no maten en Cataluña, aunque lo hagan en el resto de España. ¡Puede haber más violencia, más horror, que aceptar el asesinato, mientras no nos toquen a nosotros! Miserables. Por lo tanto, nadie en su sano juicio puede reconocer en las palabras de Carod Rovira otra cosa que falsificaciones, mentiras y quimeras. Desde su fundación hasta hoy, pasando por los diferentes golpes de Estado que dieron a la nación española, ERC es un partido con un único objetivo: matar España.

Si eso, si eliminar la idea de ciudadanos españoles, de ciudadanos nacionales, no es violencia, entonces no podemos hablar de política ni de nada con un poco de sentido. Todo estaría justificado. Pero como eso sería una inmoralidad, una indignidad, reitero que Carod es un individuo que basa toda su acción en una decisión violenta: matar a España. Más aún, sólo reconoce que España es una nación al margen de la nación catalana. Violencia ideológica, violencia histórica, violencia, en fin, es todo para Carod Rovira y ERC. De ahí su obsesión por ocultarla. Carod, como los peores verdugos de la historia del crimen político, está obsesionado por no dejar pistas.

Así las cosas, nadie olvide que el Estado confederal, que ayer se inició con la aprobación del preámbulo del Estatuto de Cataluña, llegó con violencia, con mucha violencia, con la peor de las violencias... con la violencia simulada. Lo grave es que, en este proceso, ERC no está aislada. Tan perversa como la violencia de ERC es la de sus aliados socialistas y convergentes.

La grave confusión del PSOE
Editorial ABC 22 Marzo 2006

LA dinámica de especulaciones y expectativas, por ahora fallidas, sobre el llamado proceso de paz está provocando un deterioro político creciente en el Gobierno, en el PSOE y en algunas instituciones que, como la Fiscalía General del Estado, deberían permanecer al margen de la contienda partidista. La ausencia de «gestos» o treguas por parte de ETA se está traduciendo en una evidente ansiedad en el Ejecutivo y en ciertos sectores del PSOE, cuyo discurso sobre «el principio del fin» no se ve acompañado por hechos confirmatorios. El último comunicado de ETA, difundido a través del diario «Gara», es un nuevo enfriamiento de los ánimos socialistas, que están asimilando mal el control de tiempos que imponen los terroristas. Sin embargo, el problema no es que ETA esté frustrando las previsiones del Gobierno, sino que el Gobierno y el PSOE parecen desconocer qué es ETA y qué papeles juegan en su estrategia la izquierda abertzale (Batasuna) y la concesión de treguas o altos el fuego. Lo que resulta muy peligroso es que la confusión socialista se traduzca no en una rectificación, cada día más urgente, sino en una campaña contra el PP y el juez Grande-Marlaska, campaña que en las últimas veinticuatro horas ha alcanzado una virulencia insólita, suficiente no sólo para que Peces-Barba reafirmara su especial sensibilidad en la defensa de la independencia judicial, tal y como hizo en relación al sumario del 11-M, sino también para que el CGPJ respalde sin dilación al juez de la Audiencia Nacional con toda la fuerza institucional que le permitan las leyes. Aun así, más grave sería que semejante acumulación de descalificaciones esté preparando el mensaje de que serán los populares y los jueces los culpables de que la «paz» no llegue a culminar.

Resulta lamentable que, después de que el Tribunal Supremo haya ilegalizado a Batasuna y de que la Audiencia Nacional haya procesado e imputado por varios delitos a Arnaldo Otegi, el socialismo vasco salga en defensa de este personaje que no hace mucho calificaba como «politiquería» la petición de tregua a ETA o reconocía en noviembre de 2001 que «la izquierda abertzale colaborará para superar el conflicto, pero nunca irá contra ETA». El desorden ético que revelan las palabras de ciertos dirigentes del socialismo vasco al proteger a Otegi como interlocutor -algo que ni ETA ha hecho- en un proceso que no existe es aún más grave al poner en la picota al juez Grande-Marlaska, vanguardia, por lo que se deduce de las críticas de Rodríguez Ibarra o Patxi López -contradictorias con lo expresado ayer por José Bono o José Blanco-, de la enésima conspiración político-judicial contra el PSOE.

Sin embargo, son los hechos los que vuelven a desmentir tanto al Ejecutivo como al PSOE o al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Mientras, ETA sigue a lo suyo: poniendo bombas, extorsionando en masa a la clase empresarial, atacando sedes judiciales y coaccionando de forma creciente a los no nacionalistas. El último, un edil socialista de Rentería, cuyo domicilio fue atacado ayer mismo con cócteles molotov.

Arnaldo Otegi, para quien el fiscal pide la prisión provisional que tanto criticaba ayer el presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, no representa en ETA nada que no quiera la cúpula terrorista. Y para ETA una tregua es «un recurso político y militar» de su estrategia, según declararon dos encapuchados etarras en la entrevista concedida a la televisión pública vasca en mayo de 2003.

Por esto, la versión que está trasladando el PSOE sobre la supuesta evolución de la izquierda abertzale hacia posiciones democráticas es una pura fabulación de algunos de sus dirigentes vascos para justificar sus contactos con Batasuna y eludir la responsabilidad histórica que les incumbe por estar negociando con un partido judicialmente disuelto por ser parte de una organización terrorista. Ni la declaración de Anoeta, ni los comunicados -menos aún los hechos- de ETA avalan el espejismo de la reconversión democrática de la izquierda proetarra que el socialismo vasco opone a las acciones de la Justicia contra quienes, como Arnaldo Otegi, Rafael Díez-Usabiaga o Pernando Barrena, han dedicado su actividad política a legitimar el asesinato, la extorsión y la segregación de la sociedad vasca.

Galimatías en el oasis
Por IGNACIO CAMACHO ABC 22 Marzo 2006

EL Partido Socialista se alió con Esquerra Republicana de Catalunya en un gobierno tripartito cuyo principal objetivo era aprobar un nuevo Estatuto de Autonomía. Dicho proyecto ha sido aprobado en las Cortes españolas con el voto en contra de ERC, que sigue en el Gobierno, y el voto favorable de Convergencia i Unió, que sigue en la oposición. Para conseguir una mayoría que respaldase el texto, el líder del PSOE y presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, pactó con los dirigentes de CiU sin que se enterase su correligionario el presidente de la Generalitat catalana, Pasqual Maragall, que también continúa en su sillón pese al manifiesto ninguneo. Del mismo modo, se mantiene en su cargo de consejero autonómico el dirigente de ERC que, al comentar dicho pacto, llamó a Zapatero «demagogo españolista», y con posterioridad se reafirmó en sus expresiones pese a la orden de excusarse que le formuló el propio Maragall, que tiene la teórica capacidad de destituirlo, y que ha recibido la amenaza de que, en caso de hacerlo, se podría ver él mismo fuera del cargo como consecuencia de una moción de censura.

El Partido Socialista ha dirigido la redacción del Estatuto bajo la premisa de reconducir y eliminar algunos excesos propuestos por el Parlamento catalán, entre ellos, y muy significadamente, la consideración de Cataluña como nación distinta de la española. Ayer, el socialista Maragall celebró la aprobación felicitándose, al igual que el líder de CiU, de que el texto reconozca la nación catalana. Los diputados de ERC han votado en contra insatisfechos porque, a su criterio, dicha nación no queda reconocida en el texto, tal como en efecto consideran los dirigentes del PSOE, empezando por Rodríguez Zapatero. Y el texto final habrá de ser aprobado en un referéndum popular cuya campaña electoral estará a cargo de la Consejería de Gobernación de la Generalitat, dirigida por... sí, por el consejero que llamó a Zapatero demagogo y que está en contra del Estatuto.

El secretario general de los socialistas catalanes, que en teoría conforman una fuerza distinta a la de los socialistas españoles -como gusta de recordar Maragall, quien se jacta de no pertenecer al PSOE, sino al PSC-, el señor José Montilla, ministro del Gobierno de España, no parece en condiciones de lograr que el Gobierno (autonómico, por ahora) catalán que preside un miembro de su partido (el PSC) expulse a quien insulta a su jefe (del PSOE y del Gobierno de España). El propio presidente de la Generalitat, que tiene la competencia de nombrar a su equipo, intentó remodelarlo hace unos meses y hubo de desistir porque se oponían sus socios de Esquerra... ¡y su propio partido!

¿Que ustedes no entienden nada de este galimatías? Yo tampoco, pero no se preocupen: son cosas del oasis catalán, ese célebre ámbito de alta política cuya finura, delicadeza y complejidad se nos escapan a los agrios, crispados y groseros ciudadanos españoles. Simplemente, no están a nuestro alcance. Como las virtudes del Estatuto.

Cataluña
De necias nociones nacen naciones
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 22 Marzo 2006

En palabras de Maragall, se acaba de establecer “por primera vez en la historia de España que Cataluña es una nación”. El preámbulo estatutario tendrá consecuencias demoledoras, pues informará y dará sentido al articulado, cuya interpretación será siempre maximalista por pura coherencia normativa. En caso de duda, la hermenéutica jurídica irá a buscar –pues esa es la razón de ser de los preámbulos– el significado profundo, la intención conjunta e integral que los legisladores quisieron darle al estatuto. Y cada uno de sus preceptos quedará supeditado a la noción de nación. Si algún organismo, cámara, tribunal o gobierno olvidara lo anterior, ya se ocuparán los nacionalistas de recordarle en voz alta las implicaciones de la inclusión semántica que el día 21 de marzo de 2006 ha penetrado en la Troya de Guerra (Alfonso) agazapada en el caballito del buen entendimiento, los derechos históricos y la España plural.

Pero España ya era plural. Y diversa, que es lo que en su confusión quieren decir. Es a partir de ahora, tras la deprimente inauguración parlamentaria de la primavera, cuando van a empezar a desaparecer en serio la pluralidad y la diversidad en una parte de España. En otra, pues al País Vasco todavía está por llegar el espíritu del 78.

Quienes atemperan la importancia del preámbulo sin ser analfabetos jurídicos, simplemente mienten. El único nacionalista interesado en que se reconozca la enormidad de lo perpetrado es Artur Mas, aunque se trate de un interés personal y electoral. Por eso Mas no engaña ni se engaña. ¿Fuerza jurídica? Por supuesto. Y mucho más que eso: fuerza política. Un estatuto es parte del bloque de constitucionalidad, por si no se habían enterado los agraces y agrarios portavoces empeñados en vendernos un prólogo.

Este estatuto acelera los acontecimientos hacia lo desconocido, es un lazarillo ciego, nos mete de cabeza en la camisa de once varas de las naciones sin estado, de los estados con naciones, de las temerarias soberanías emergentes y de las lamentables soberanías declinantes. Pone una historia tergiversada, parcial, finalista e inventada por delante de los intereses de los individuos, de los derechos y libertades de ciudadanos hasta ahora iguales ante la ley.

En el desarrollo y aplicación de los artículos del estatuto, en el insensato calco que ya preparan en sus comunidades castas políticas de todos los pelajes, en el laberinto de los años que vienen, el desguace nacional conllevará el borrado de memorables experiencias, retos y logros. Y de toda expectativa de honrarnos y dignificarnos como quisieron los liberales de Cádiz. Salvo que el único partido que no se avergüenza de ser español en ningún punto de España haga lo que no va a hacer: comprometerse públicamente a volver atrás cuando gobierne. Pero nunca admitirán que a veces retroceder es ir hacia delante. Y así les va.

Cataluña
La nación de la Señorita Pepys
José García Domínguez Libertad Digital 22 Marzo 2006

Al igual que los niños, los locos y los borrachos, Maragall y Carod siempre dicen la verdad; algo bueno había de tener esa pareja de hecho. Ayer, para desesperación de tertulianos de renting y columnistas de todo a cien, volvieron a demostrar que en esta comedia bufa del Estatut son los únicos que no engañan a nadie. Así el uno: "El nuevo Estatuto establece que Cataluña es una nación"; tal como sigue, el otro: "Va a ser el preámbulo para otros horizontes". Nada que objetar. Las parteras del nasciturus levantan acta pública de un secreto a voces que en Barcelona conoce hasta la viuda inconsolable de Copito de Nieve: Cataluña se encamina hacia la independencia plena en vida de esta generación.

Por lo demás, permanezcan atentos a la pantalla. Pues si en el Desastre del 98 el honrado pueblo se fue directo a los toros a celebrarlo, en éste, Antena 3 ofrece una gran exclusiva mundial al distinguido público: el difunto bailarín Antonio parece que "entendía", según han descubierto sus sagaces reporteros. Relájense pues y apréstense a disfrutar del espectáculo. Que lo que hayan de saber del otro asunto, ya se lo explicará Pepiño Blanco llegado el momento procesal oportuno.

Pero, mientras tanto, recréense en esa evidencia inaudita: Maragall y Carod se empeñan en repetir la verdad. Aunque sólo ellos. Porque todo lo demás es mentira. Todo, hasta las letras de los tangos. Veinte años no es nada, nos juró Gardel. Pues, ni eso: también era falso. Veinte años es una eternidad. Es tiempo de sobra para fabricar una nación de la Señorita Pepys. Los que hemos padecido la construcción nacional desde el primer día, lo sabemos: inventar naciones es menos complicado que resolver un sudoku para principiantes. Si fuese de otro modo, a España no la iban a descoyuntar –como ya lo han hecho– entre cuatro filólogos de capital de comarca, un ministro sin el bachiller y el señor ex presidente del Fútbol Club Puigcerdà, de Tercera B, que no otro es el tal Carretero.

Y es que construir nacioncitas resulta muy, muy sencillo. Basta con establecer un sistema de precios claro, diáfano, transparente, que entienda todo el mundo. En Cataluña, se implantó uno hace veinte años. Y funciona de maravilla. Vaya si funciona; de hecho, es casi lo único que funciona aquí. En estos cuatro lustros, hasta el último gato del Oasis ha comprendido sus dos indicadores básicos: a cuánto se vende el kilo de perdiz japonesa en el mercado de las conciencias, y cuál es la tarifa a pagar para los locos que repudien tan rico manjar. Moldear a placer naciones de juguete, es tan fácil como eso. En realidad, sólo existiría algo más sencillo aún que construir nacioncitas: deshacerlas. Y ya iría siendo hora de explicárselo a los nacionalistas. De hacer pedagogía para que aprendan cómo operan los grandes sistema de precios al por mayor. De ayudarles a descubrir, también a ellos, cómo se vive fuera del mundo del gratis total.

Nada que celebrar
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  22 Marzo 2006

EL proyecto de Estatuto de Autonomía de Cataluña, como era previsible tras los pactos a los que habían llegado Zapatero y Artur Mas, ha sido aprobado en la Comisión Constitucional. Tras su reforma, que ha suprimido renglones enteros descaradamente contrarios a la Constitución, tiene menos apoyos que antes, pues no ha ganado ninguno que no tuviera, habiendo perdido -y acaso sea ésa su mayor virtud- el de Esquerra Republicana. Pero la poda de sus muchas pretensiones incompatibles con el Estado autonómico no ha bastado para obtener el visto bueno del Partido Popular, que lo encuentra inaceptable y le reprocha deficiencias de varia índole, algunas de las cuales son compartidas por diputados de otras formaciones -un secreto a voces- y por ciudadanos de muy diversa adscripción electoral, que aprecian excesos en algunas atribuciones catalanas que lindan o alcanzan lo propiamente soberano, como los nacionalistas de CiU se encargan de subrayar con alborozo.

Que ERC rechace el proyecto será para algunos signo de que las cosas no han ido demasiado lejos. Pero nadie debe engañarse por la actitud de los independentistas, pues el texto avanza en la dirección de sus reivindicaciones. La mención preambular de la nación catalana es un triunfo de la imprudencia y contiene un germen de contradicción, construido, además, sobre la falsa sugerencia de que la sociedad catalana se ha expresado en tales términos. El socialismo español ha acabado por dar su anuencia a la ecuación entre nación y nacionalidad, que da la razón a cuantos -con Pasqual Maragall en cabeza- aseguran que Cataluña no puede tener el mismo trato constitucional que otras Comunidades españolas y exigen un cambio cualitativo que ahora empiezan a obtener. Ése es el quid de la cuestión. El afán de erigirse en parte especial, con derechos y deberes diferenciados de los del resto, recorre el texto, más propio de una federación que nadie ha decidido para España y que no es una mera modalidad del Estado de las Autonomías. Como muestra de las muchas expresiones de la nueva "realidad nacional", figura el futuro, reveladoramente troceado, que algunos quieren deparar al secular Archivo de los Reyes Aragón. No es extraño que nadie, ni aun sus autores, celebrase ayer este momento que no parece haber deparado a nadie motivo de especial regocijo.

Todo pasa por Cataluña
Pablo Sebastián Estrella Digital 22 Marzo 2006

Ayer, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Estatuto catalán en el que se reconoce a Cataluña como nación, amén de incluir otras cuestiones inconstitucionales. Un día histórico para olvidar, aunque será inolvidable si no ocurre un milagro que permita en los trámites parlamentarios que quedan una rectificación. Y por cierto, en un día tan sonado, ¿dónde estaba Mariano Rajoy, líder del PP y de la oposición? Todo pasa por Cataluña y a veces Rajoy pasa un poco de todo.

El fiscal general del Estado, Conde-Pumpido, gana y busca tiempo para Otegi a base de presionar a los jueces en contra de su independencia porque él ya está inmerso en la dialéctica de la negociación con ETA esperando el comunicado de la tregua de la banda. Mientras, desde el País Vasco y sin el menor rubor, el presidente del PSE-PSOE, Eguiguren, intercede por Otegi aduciendo que es un necesario interlocutor sin que en el palacio de la Moncloa nadie diga nada, ni haga nada porque sueñan, se desesperan y esperan una señal de ETA, a ver si en el Aberri Eguna de abril llega la tregua.

A ver si por fin hacen coincidir en pocos días, el extraño sueño de Zapatero, tregua y Estatuto catalán, que ya pasó el corte de la Comisión Constitucional y que viaja hacia el pleno del Congreso de los Diputados del próximo 30 de marzo, con una Esquerra renqueante que se resiste a apoyarlo por causa de sus guerras partidarias en Barcelona, y un PP que, solo y desconcertado, acompaña como plañidera oficial al cortejo fúnebre de la nación.

La montaña rusa de la política española sigue lanzando por sus vertiginosas pendientes el debate nacional. El lunes otro comunicado de ETA pasaba por alto la tregua, mientras en la Audiencia Nacional se esperaba el parte médico tras el que se esconde Otegi, que no quiere, por nada del mundo y menos en tiempos de posible negociación, entrar en la prisión, donde le esperan decenas de los suyos.

Y ayer nuevos desencuentros y desafíos del Estatuto. Carod afirmando que si no se dice y se reconoce en el articulado —el preámbulo le sabe a poco— lo de la nación catalana él y su partido pedirán inmediatamente el Estado, como era de esperar. Mientras Maragall, haciendo un descanso en su permanente crisis de Gobierno, se vanagloriaba ayer de que por primera vez en España, ¡ni en la República!, las Cortes Españolas reconocían a Cataluña como nación, lo que es verdad gracias a la flagrante traición constitucional del PSOE que se acaba de iniciar en la Comisión del Congreso.

Y para que no falte de nada, otra polémica, estremecedora, acaba de estallar al saberse la noticia de que el Gobierno de Zapatero ha ocultado a los ciudadanos que sabía que más de 1.200 emigrantes procedentes de Mauritania murieron ahogados en las aguas que separan las islas Canarias del continente de África en las pasadas navidades. Algo de lo que informó el CNI y la Guardia Civil y que decía desconocer el ministro de Interior. ¿Qué se puede hacer? La regularización masiva de emigrantes por la iniciativa del ministro Caldera y decisión del Gobierno provocaron el “efecto llamada” y facilitaron la concentración de emigrantes en las costas de Mauritania. Y desde ahí pasan a Canarias y desde Canarias
—como ocurrió ayer— con rumbo misterioso a la Península.

Acaso hacia la que pronto será nueva nación catalana? Seguramente no, porque bueno se iba a poner el Gobierno solidario y de izquierdas de Maragall. El mismo que apoya otro cambio estatutario en Euskadi, la negociación con ETA y la OPA de Gas Natural, que ayer también sufrió en los tribunales otro revolcón. Todo pasa, como se ve, por Cataluña, porque desde el inicio de la legislatura allí pernocta y vivaquea el Gobierno español.

El PSOE es más fuerte que España
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 22 Marzo 2006

LO recuerdan bien ustedes. Hace tan sólo dos meses nos aseguraban que el PSOE se rompería si el Estatuto catalán reconocía a Cataluña como nación. Los tontos -y tontas- útiles decían que Juan Carlos Rodríguez Ibarra, tan español él, no podría soportarlo y que Pepe Bono se iría al destierro, como el Cid, con cuarenta de los suyos. En cuanto a Guerra... Ese sí que no pasaría por el aro. Para él, España no había más que una.

Por supuesto, el PSOE no solamente no ha saltado por los aires sino que ni siquiera ha conocido ese tipo de movimientos de contestación habituales en todos los partidos del mundo cuando hay algún tipo de problemas que pueden llegar a afectar a su identidad.

Ni uno solo de los dirigentes socialistas se ha salido de la foto. Guerra ha entrado incluso en la que se ha hecho hace unos días la dirección del partido. Esto es un partido disciplinado. Posiblemente sin principio alguno pero decididamente leninista.

La verdad es que lo que ha sucedido durante estas últimas semanas es la mejor prueba del desprecio del PSOE por la nación española en el que vengo insistiendo desde siempre. Con escaso resultado.

Ahora bien, del mismo modo que no me equivoqué al asegurar que no pasaría nada en el PSOE cuando se aprobara el nuevo Estatuto catalán, digo, aquí y ahora, que su aplicación tendrá consecuencias gravísimas. Para todos y en todos los órdenes.

Por supuesto lo pagará la propia Cataluña, que es hoy lo que es por ser parte de la sociedad española, por haberse hecho no sólo en este Estado que va a desaparecer como tal sino en la Nación española.

Incluso en la guerra civil del 36 Cataluña fue parte de España y no sólo de la republicana sino de la franquista e imperial como preconizaban Martín de Riquer, D´Ors o Vicens Vives... En esta ocasión Cataluña no sacará tantas ventajas como las que consiguió con Franco.

El partido socialista no se ha conmovido ante el reconocimiento de Cataluña como nación. Ni tampoco se conmoverá cuando se reconozca la vasca. O la gallega.

¿Acaso no están en contra de la detención de los dirigentes de Batasuna y a favor de la excarcelación de etarras?

¿Acaso no arreglan el pago de la fianza de Díaz Usabiaga para impedir que vaya a prisión y reclaman a Arnaldo Otegui como el interlocutor ideal en las negociaciones sobre el «proceso de paz»?

¿Hasta dónde llegarán los socialistas en su entreguismo? Lo diré una vez más: hasta donde se lo exija el interés de su partido, que, para ellos, es más importante que España.

El Gobierno espasmódico
Germán Yanke Estrella Digital 22 Marzo 2006

Está sentado todavía en los escaños del Congreso un ingenuo diputado del PP que, para criticar al Gobierno de Rodríguez Zapatero en el ecuador de la legislatura dijo que lo peor es que este Ejecutivo no había hecho nada. ¿Nada? Más bien ha hecho demasiadas cosas en muy poco tiempo y la desordenada acumulación de reformas, algunas sobre asuntos fundamentales del orden jurídico, es parte señalada de la confusión actual.

Si el diputado no se ha enterado, o si sus muchas luces no dan, por circunstancias que se me escapan, para una crítica más relevante a la andadura del PSOE en estos dos últimos años, ciudadanos y jueces si parecen conscientes del afán reformista de Rodríguez Zapatero, que se comporta como un malabarista que añade platillos, uno tras otro, al juego de hacerlos girar sobre la cabeza, a veces hasta un tanto espasmódicamente. El juego malabar tiene la peculiaridad de fijar la atención en una mano para que el espectador deje de mirar la otra, con la que se lleva adelante el truco. Podría el diputado comentar que se había dado cuenta de la trampa, pero nunca negar el espectáculo febril de las actividades del Gobierno.

Pero volvamos a los ciudadanos que no gustan de tanto movimiento y a los jueces que han actuado en temas capitales de oficio o a instancia de parte. En los últimos días, el juez Grande-Marlaska, con las órdenes de prisión y las citaciones a dirigentes del entorno de ETA, algunos representantes públicos de organizaciones ilegalizadas con la banda, parece haber puesto en peligro, según advierten diligentes socialistas, los planes “pacificadores” del presidente. Algo similar ocurrió, por cierto, con la prohibición del Congreso que Batasuna pretendía llevar a cabo en Barakaldo. Ahora, una jueza de Madrid suspende cautelarmente la OPA de Gas Natural sobre Endesa, bendecida e impulsada por el Gobierno en plena polémica sobre la normativa española de la competencia y las requisitorias europeas, a las que Rodríguez Zapatero se resiste a responder por el momento. El Supremo varió el modo de computar los beneficios fiscales de algunos presos de ETA y hubo también socialistas —los más lanzados, los que se usan como portavoces de lo que a otros avergonzaría— que vieron en ello un inconveniente más.

El Gobierno, además, puede sentirse muy contento por el hecho de que el Tribunal Constitucional no haya aceptado el recurso del PP con el que pretendía que la reforma del Estatuto de Cataluña se tramitase como una reforma constitucional y no estatutaria. Pero a nadie se le oculta que la división entre los magistrados, fuertemente impulsados por la política (y en este caso más controlados por el poder que controladores del mismo), fue llamativa en este asunto formal. Pronto le tocará al Constitucional entrar en el fondo.

Viene todo esto a cuento de que, por muy legítimo que sea pretender estas y muchas otras reformas, por muy loable que resulte querer —como se insiste— cumplir el programa electoral, un Gobierno serio no puede estar, si no vulnerando la legalidad, viajando constantemente por el filo de la navaja de la ilegalidad, al albur de que los jueces deban pararle los pies al no poder ellos zafarse de la Ley. Si el Gobierno quiere sacar adelante sus planes debería modificar previamente el marco legal y llamar a cada cosa por su nombre, por muy difícil que sea, por ejemplo, en el caso del Estatuto de Cataluña, en el que no hay grupo que interprete del mismo modo cada artículo del texto de la reforma.

Los cambios, es cierto, serían más lentos pero, en todo caso, más seguros. Porque serían posibles, en su caso, por el respeto al procedimiento y a la ley y por las mayorías adecuadas. Y, por otro lado, si no son posibles sería, sin duda, porque el procedimiento, la ley y las mayorías pertinentes no lo permitirían. Lo que tenemos ahora, haciendo una cosa tras otra, sobreponiéndolas, forzándolas, es la confusión y el aventurerismo. Lo único que lo justifica, si se puede hablar así, es el convencimiento de que nada, salvo el poder, importa.

ETA HACIA LA VICTORIA
Editorial minutodigital 22 Marzo 2006

ETA ha dicho que las oportunidades para Euskal Herria vendrán de trabajar "los caminos de la lucha", de la "firmeza" de los ciudadanos, así como de la "aportación de los 'gudaris' que están dándolo todo desde la cárcel, el extranjero o en la clandestinidad en la lucha diaria por la independencia".

El su último mensaje ETA nos dice bien claro que sus muchos años de asesinar a personas, sus muchos años de coaccionar al pueblo mediante la violencia, van acabar dando su fruto.

Y no es erróneo el análisis de los etarras. Cualquier observador imparcial bien puede comprobar cual era la situación previa de la izquierda aberzale durante el gobierno Aznar, y cuales son las expectativas que se han abierto para ellos gracias al gobierno Zapatero.

El entorno etarra cercado, Batasuna fuera de la arena política, sus fuentes de financiación colapsadas, los presos desmoralizados, la organización asesina teniendo que tirar de imberbes radicales con tan solo al experiencia de la “kale borroka”. Un negro futuro se cernía sobre el separatismo vasco violento, leyes penitenciarias más duras, implacable persecución judicial y policial, expulsión de la vida pública de sus aparatos políticos, juveniles, culturales y sociales. Pero con el gobierno del PSOE todos aquellos presagios sobre comienzo de la agonía de ETA se han convertido en un luminoso futuro para los violentos aberzales. Batasuna tolerada y al borde de la legalización, permisividad del Ministerio Fiscal y relajación absoluta en la persecución del entorno etarra, perspectivas de excarcelación de los presos, recuperación paulatina de las fuentes de financiación y un protagonismo indudable en la vida pública vasca del aparato político de ETA, que ha conseguido introducir sus posiciones independentistas en la agenda de la negociación política que el gobierno ah aceptado a través de la formula de las dos mesas para lograr que ETA deje las armas.

A la vista de este panorama ¿alguien en su sano juicio es capaz de sostener que no estamos ante un triunfo de ETA? Desde luego que la banda terrorista tiene razón al hablar de oportunidades, oportunidad para que la izquierda aberzale logre buena parte de sus propósitos y se afiance dentro de la sociedad vasca, oportunidad de avanzar en el proceso de construcción nacional de Euskal Herria, oportunidad para que los asesinos no paguen por sus crímenes, oportunidad para, si no vencer, evitar la derrota y salir fortalecidos. Unas oportunidades para ETA, que han venido de la mano del PSOE.

¿Una web donde no se hable del País Vasco ni de Cataluña?
Javier Orrico Periodista Digital 22 Marzo 2006

Alguna vez habrá que hacer una web en la que no se hable ni del País Vasco ni de Cataluña. El efecto perverso de las Autonomías asimétricas que vivimos –falso federalismo que ZP va a aumentar con la confederalización de los estados vasco y catalán-es que no sabemos nada de nosotros mismos, que la información española ha sido ocupada militarmente por las políticas vasca y catalana, de modo que los españoles no sabemos absolutamente nada de lo que pasa en la provincia de al lado, pero podemos recitar de memoria el nombre de los principales cretinos plurinacionales.

En fin, que de lo que nuestros separatistas llaman España lo desconocemos todo. ¿Alguien puede enumerar cuáles son los principales problemas de la política andaluza, más allá de una somera idea sobre la cautividad socialista en que viven? Y digo Andalucía, por ser la mayor comunidad y la más poblada. Nos llega algún escándalo, alguna autovía hundida por falta de hormigón y exceso de convolutos, pero ignoramos los nombres de sus consejeros, por ejemplo, y mira que hay joyas. ¿Quién sabe lo que pasa en Castilla, en Asturias y sus reconversiones, qué problemas tienen los cántabros con sus comunicaciones, los valencianos y la asfixia a que los están sometiendo desde el Gobierno central –el centralismo resurge por barrios-, los murcianos y su sed, los aragoneses y su arte esquilmado por Cataluña (se lo merecen, por hacerles el juego)?

Nada, no sabemos nada, no nos llega nada, no existimos. Nunca como ahora habíamos asistido a un triunfo tan evidente del chantaje como arma política. Nunca la estructura antiigualitaria heredada del franquismo, Madrid-Bilbao-Barcelona, había llegado a tal extremo. Eso es, sin duda, lo que los nacionalistas buscaban: el mantenimiento de los privilegios simbolizados en la deformada, amputada, estructura informativa española. ¿Se imaginan lo que sería una España donde a vascos y catalanes nacionalistas no se les hiciera el más puñetero caso? Como con los niños mimados, ese sería el mejor antídoto, ahí se acabarían el capricho y el expolio. (Continuará.)

Lo que ayer afirmaba, la necesidad de reconducir el mapa de la información española, ocupada casi al completo por quienes no quieren serlo -y ayer mismo dieron un paso trascendental para ello-, no era sino un intento de explicarme y explicarnos a todos por qué tenemos que contextualizar cualquier cosa que no provenga de Cataluña o País Vasco, ante el absoluto desconocimiento que tenemos de la realidad española. Hemos creado un auténtico sistema de incomunicación entre regiones que es hora de empezar a deshacer. No nos va a quedar otro remedio, dado que dentro de poco las páginas de Nacional serán sólo de una nación que nada sabe de sí misma, mientras para las noticias vasco-catalano-galaicas habrá que inventar las páginas de Plurinacional o Espainya zarapatera (y triste).

Viene todo esto a cuento de lo que voy a colgar a continuación, el políticamente apasionante enfrentamiento entre el alcalde socialista de Lorca, Miguel Navarro, y la actual dirección regional de su partido en Murcia, y, por elevación, con la política de Zapatero. Navarro se ha enfrentado al PSOE desde que ZP eliminó del Plan Hidrológico Nacional, a traición y con alevosía, el trasvase del Ebro hacia el Sur. Ahora ha acentuado su enfrentamiento, al imponer una política urbanística (la que defienden todos los alcaldes socialistas) contraria a la que, con la intención de desgastar al PP, sostiene el joven líder zapaterista murciano, Pedro Saura. Para quienes no lo sepan, el municipio de Lorca, con 80.000 habitantes, tiene la misma extensión que la provincia de Guipúzcoa. A eso se acoge Navarro. Y desde luego, aunque personalmente estoy en contra del modelo resort, no creo que sean los mismos socialistas que han construido ferozmente en Cataluña o Andalucía, o que apoyan los intereses de alguna Caixa que está invirtiendo en ladrillo por doquier, los más autorizados para exigirle a Navarro el cambio de política. Máxime cuando la falta de agua para la agricultura en que han sumido a Lorca la deja sin otra salida que el turismo, único sector capaz de pagar el precio del agua desalada. (He aquí el artículo.)

EN EL DEBATE SOBRE EL ESTATUTO
Discurso íntegro de EDUARDO ZAPLANA
Libertad Digital 22 Marzo 2006

Señor Presidente, Representantes de la Delegación Catalana, Señorías, Me corresponde a mí esta mañana cerrar las intervenciones de la Oposición en esta Comisión Constitucional, seguro de participar en un momento clave para todos los españoles. Señorías, han tenido en sus manos el debate más trascendente de ésta legislatura y posiblemente, y creo no exagerar, el de los últimos 25 años.

Sin embargo, el texto que entró en la Ponencia elaborado a espaldas del principal partido de la oposición va a salir de la Comisión dando incluso la espalda a varios de sus promotores iniciales más destacados: el Presidente de la Generalitat de Cataluña y ERC. Sin embargo, en este debate, a pesar de ello, han primado las prisas, las ganas de terminar cuanto antes; pensando ya únicamente en la fecha menos inoportuna para celebrar el referéndum.

Todo ha ido en detrimento de una discusión profunda realizada ante los españoles que, dicho sea de paso, ni nos han mandatado para esto ni han sido consultados. No es muy digno para este Parlamento que, cuando el Parlamento catalán había tardado más de dos años en llegar a un acuerdo, se pretenda cerrar aquí el trámite en apenas dos semanas, señor Presidente.

¿Por qué se ha hurtado el debate a los españoles? ¿Por qué se ha negado a mi grupo el debate que solicitamos artículo por artículo?

Porque hasta el propio Presidente de la Generalitat de Cataluña considera “dudoso y precipitado” el texto que hoy se terminará de aprobar en esta Comisión. Porque termina en medio de acusaciones mutuas de demagogia, con votos de rechazo anunciado por alguno de los autores del proyecto, y hasta en medio de ofertas de carteras ministeriales no desmentidas, que, digo yo, poco tendrán que ver con la bondad o no del Estatuto.

Señorías, estos reproches no han sido más que el broche a un trágala parlamentario. Esta Comisión ha sido una mera puesta en escena de un Estatuto que siempre estuvo y, sigue estando, al margen de la Comisión. Realmente, la Ponencia y la Comisión han estado a la espera de negociaciones siempre lejos de esta sala y de esta casa, en un papel pasivo y secundario, inocultable, para todo aquel que haya querido verlo. Ustedes lo saben. Por eso, les incomoda y hasta les parece subversivo que más de tres millones de ciudadanos estampen su firma en un papel reclamando simplemente ser escuchados. Y el resultado ha sido el único posible. La patena no sólo no se ha limpiado, sino que se ha convertido en una bandeja de plata para grabar en ella la ruptura del consenso constitucional y la desigualdad en el modelo de Estado, tal y como quieren los nacionalistas.

Señorías, este no es el Estatuto de una generación, éste es el Estatuto de una coyuntura determinada, si se prefiere, de una mayoría pírrica. De un modo obcecado, sectario e irreflexivo ustedes han renunciado a la regla de oro de nuestra transición democrática. El propio Rodríguez Zapatero lo declaraba en el debate sobre el Plan Ibarretxe. Decía literalmente: “las normas políticas con el 51% para ordenar la convivencia acaban en fracaso”. Con pocos votos más, ustedes van a aprobar este Estatuto. Y además nace con el rechazo generalizado del resto de España, entre otros motivos, porque se les está imponiendo sin consultarles.

Ustedes saben que este es un Estatuto para una sociedad que no existe porque Cataluña no es excluyente, y ni siquiera es nacionalista en buena parte de sus ciudadanos. Este es un Estatuto elaborado a espaldas de muchos, de demasiados catalanes. A espaldas del 53% de catalanes que tienen como primera lengua el castellano. A espaldas del 71% de catalanes que no considera a Cataluña como la nación que se consagra en este Estatuto. A partir de ahora serán ellos los que deberán amoldar sus opiniones a la nueva Cataluña oficial. Este Estatuto es la consagración de una Cataluña cerrada a todo lo que no sea nacionalista y de izquierdas. Y todo lo dicho queda meridianamente claro en el Preámbulo, cuyo debate en el momento final indica, mejor que nada el valor decisivo que posee para el conjunto del Estatuto. Una importancia inocultable que solo el representante de la mayoría hoy en el gobierno se empeña inútilmente en minusvalorar.

Señorías, según algunos, no deberíamos preocuparnos porque los preámbulos no sirven para nada. “Todo es discutido y discutible”, como se dijo de la Nación. Pero, a pesar de lo que se diga o pueda decir el Sr. Rodríguez Zapatero los preámbulos, saben sus señorías, son esenciales. Los preámbulos de las leyes son la parte que justifica la razón de ser de una ley. Por eso, un mal artículo es mejor que un mal preámbulo, porque este último puede dejar sin efectos al primero.

Estamos, o ante una broma, o ante una tomadura de pelo al votante del Referéndum futuro. ¿Qué es eso de que los preámbulos en Derecho son como los prólogos en Literatura? Siempre se ha considerado que siendo las leyes una norma coactiva, es decir, de obligado cumplimiento, el legislador tiene que justificarse y justificarla. Ese es el papel que cumple el preámbulo del Estatuto. Negar la validez jurídica de los preámbulos es desconocer la propia doctrina del Tribunal Constitucional y lo que dice la inmensa mayoría de los profesionales del derecho.

Lo digo con palabras de uno de ellos: el valor del preámbulo es "el de ofrecer al intérprete un material de primera mano a la hora de aclarar el sentido de las normas… y, al mismo tiempo, trazar unas líneas de referencia a los poderes públicos en su labor de actuación y desarrollo de los contenidos …”. Esto lo escribía Raúl Morodo, me imagino que les resultará familiar. Es decir, el preámbulo no sólo sirve para interpretar el sentido de las normas, sino obliga también a los poderes públicos a seguir una acción política determinada. Por eso el Preámbulo de la Constitución es la máxima expresión del consenso de todos los españoles. Y por eso el preámbulo que hoy nos ocupa es una expresión de una Cataluña oficial en la que la mitad de sus ciudadanos no pueden sentirse cómodos al no ser ni nacionalistas, ni de izquierdas.

¿Podrá negar alguien en esta sala que el preámbulo tiene un valor interpretativo determinante? Si el preámbulo no tiene apenas valor, como se ha dicho, ¿por qué ha cambiado el que propuso el Parlamento de Cataluña en el texto original? Si no sirve para nada ¿Por qué no mantenemos el que aprobó más del 90% de catalanes en 1979?. Si no sirve para nada, ¿por qué y para qué tanta discusión? Señorías, seamos serios. En la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional encontramos decenas de sentencias fundamentadas en preámbulos de textos legislativos, estatutarios, directivas europeas y en la propia Constitución.

En la Comisión Constitucional, señor Presidente, no debería ser necesario perder ni un solo minuto en demostrar que los preámbulos tienen un evidente valor jurídico interpretativo reconocido amplísimamente en la jurisprudencia y por la doctrina. Y por eso sí importa y mucho lo que dice este preámbulo. Por eso, la legitimidad futura de este Estatuto está en cuestión. Por eso es tan grave lo que se va a aprobar dentro de un rato hoy aquí.

En este Preámbulo que hoy debatimos, se ha reconocido un acto de soberanía del Parlamento de Cataluña al margen de nuestra Constitución. Se dice textualmente: “El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido, de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación”. Se reconoce un acto de soberanía paralela a la que constitucionalmente representa esta Casa. Y yo me pregunto, señorías, a propósito de esta soberanía reconocida al Parlamento Catalán, ¿qué hay de esencialmente diferente entre este acto de soberanía paralela y el que, por ejemplo, nos planteaba la norma del Parlamento Vasco conocida como Plan Ibarretxe?

¿Quien puede decir, sin violentar la verdad, que la propia Constitución “reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad”?

¿Dónde se declara eso en la Constitución? ¿Por qué se manipula la realidad de nuestra Ley de Leyes, de nuestra Constitución?

Que nadie se engañe. A partir de ahí, es lógico y coherente también que, de un preámbulo que reconoce la nación catalana, luego en el articulado se detallen los símbolos nacionales de dicha nación. Como es lógico y coherente que también tenga una relación bilateral con el Estado, unas competencias exclusivas insumisas a la legislación básica, y unas relaciones exteriores propias. A partir del Preámbulo es consecuente violentar la Constitución que era nuestro modelo de convivencia política. Y es lógico y coherente que, como nueva nación, realice su aportación a la solidaridad común una vez que tenga garantizada por ley la gestión tributaria y su cuota de inversiones del Estado.

En definitiva, un status tal que hace inviable la acción del Estado. Por eso el Sr. Mas, coautor del Estatuto, no se cansa de repetir que el Parlamento español va a reconocer que Cataluña es una nación, que eso es lo que vamos a votar dentro de un rato en esta Comisión. Y que diga esto el Sr. Mas es, con todos los respetos, un anticipo de lo que nos espera. Porque será desde el nacionalismo catalán, desde donde se hará valer lo aquí acordado. Son ustedes, los socialistas, los únicos en esta sala que no quieren admitir que este Estatuto reconoce a Cataluña como una nación.

No perdamos el tiempo. No nos hagan perder el tiempo con quién va a gestionar el aeropuerto del Prat. Salvo que sea un incentivo para que algunos se sumen a última hora al acuerdo, o la excusa para intentar demostrar que no se entrega todo. Una vez que la izquierda de este país ha renunciado a defender la idea de España que está presente en nuestra Constitución, todo lo demás, cualquier pretensión que tengan, es sencillamente cuestión de tiempo.

Podrán seguir refugiándose, y sin duda lo harán, en el “No Pasa Nada” e incluso, como sueña el Presidente Rodríguez Zapatero, que no se note demasiado antes de las próximas elecciones, pero es evidente que esta reforma se plantea para que pasen cosas y las que nos esperan no son nada buenas.

Señorías, no es el término nación el único punto de ruptura del eje de nuestra constitución. No quiero dejar de hacer un breve comentario sobre los tan traídos y llevados derechos históricos. Fundamentar el autogobierno en una legitimidad distinta a la de la Constitución de 1978 no es sólo una vulneración de la misma, es una falsificación de la historia. Todo el constitucionalismo español, desde la Constitución de Cádiz de 1812, ha confirmado la falta de vigencia de esos derechos históricos. Esa es una opción histórica del Estado español contemporáneo, por una voluntad sostenida y general de moderados y progresistas, desde 1812 a 1978, pasando por la Constitución de 1931, que a veces a algunos tanto les gusta recordar.

La reaparición de los derechos históricos en el estatuto catalán es una vuelta atrás, hacia el privilegio fiscal, los jueces propios -más próximos siempre al gobierno que al justiciable-, la lengua impuesta desde las instancias educativas oficiales y la cultura monolingüe. Es el federalismo asimétrico a favor de una supuesta nación en la que según las encuestas solo cree uno de cada 4 catalanes. Los otros tres, sin duda, son malos catalanes. Solo los catalanes que colaboran ahora en este presunto destino histórico, son para ustedes buenos catalanes.

Señorías, desde mi Grupo afirmamos una vez más que el único objetivo que inspira el Estatuto es el cambio del modelo de Estado. En este Estatuto, el Estado Autonómico se liquida. Aunque debemos reconocer que no sabemos en qué: un Estado federal asimétrico, un Estado confederal, un Estado plurinacional, … Aquí se ha oído de todo en los últimos días. Pero es igual. Hasta el Sr. Rubalcaba nos ha confesado que votará lo que no le gusta, y el Sr. Mas dice que el Título de derechos y deberes sobra. Lo quitaría, ha dicho en ésta Comisión. ¿Y si no le gusta, por qué lo votó a favor? No es un Título cualquiera. Son temas que afectan directamente a los valores y a los principios.

Desde mi punto de vista y desde el más profundo respeto, esos principios y valores que hacen referencia a derecho fundamentales de los individuos son un precio demasiado alto, en aras de un consenso parlamentario tan escasamente representativo como el que va a obtener este Estatuto.

Señorías, hay dos conclusiones meditadas que me corresponde hacer como último ponente de mi Grupo Parlamentario. En primer lugar, la aprobación parlamentaria viene a ser como un anticipo de lo que le espera a la política española, a partir del día que se marquen los señores negociadores para la eventual ratificación popular en el Referéndum. Con este Estatuto, los gobernantes de Cataluña aspiran a dejar las instituciones comunes españolas en un segundo plano y, como quien dice, a expensas de lo que las de Cataluña tengan a bien hacer y decidir. De aprobarse el Estatut, se establecerá en la política española la facultad de veto a las leyes comunes del Estado desde unos órganos autonómicos y el reconocimiento de una cuota de control, más otra de insolidaridad financiera. Esto se lo debemos al otro gran partido español, al Partido Socialista Obrero Español.

Y en segundo lugar, creo que con este Estatuto el catalanismo ha dejado de ser una fuerza modernizadora española para apuntar su fuerza de influencia y convicción en la otra dirección, en la contraria: la de restar su esfuerzo en la tarea común para ocuparse casi por entero de sí misma.

Señor Presidente, me gustaría concluir mi intervención con las palabras del primer Presidente de Gobierno de la España constitucional. Verdadero y reconocido impulsor del Estatuto de 1979, junto con el Presidente Tarradellas, y del modelo autonómico que tanto éxito nos ha traído y al que ustedes quieren poner punto y final.

“El diálogo es el instrumento del acuerdo. Pero hay una regla de oro inviolable en toda negociación: no pedir lo que no se puede entregar. Respetándola todo es posible”. Saben sus señorías que me estoy refiriendo a Adolfo Suárez. Hace más de siete años, el 30 de octubre de 1998, tuve la fortuna de coincidir en la Universidad de Valencia, donde pronunció estas palabras. Me vienen con fuerza hoy estas palabras, como colofón a cuánto aquí hemos oído y expresado. Pues bien, en éste Estatuto se ha pedido lo que no se podía dar y se ha entregado lo que no se podía ceder. Esta regla de oro ha sido entendida hasta la fecha por todas las Cámaras en las anteriores 7 legislaturas, y por todos los Presidentes de Gobierno. Suárez, Calvo-Sotelo, González y Aznar supieron encauzar las pretensiones rupturistas que siempre nos han acompañado. A éstos, la historia les agradecerá haber mantenido embridadas esas presiones con las que convivimos, porque quisimos que así fuera, al diseñar un sistema electoral que, bajo la responsabilidad de todos los partidos implicados, determinara un razonable equilibrio entre las sensibilidades políticas y territoriales.

Un sistema electoral que deja de ser útil cuando se permite que se utilice en defensa de intereses particulares y partidistas y en detrimento del interés de la Nación española. Aquí se ha pedido lo que no se podía constitucionalmente entregar y el Sr. Rodríguez Zapatero ha concedido lo que no tenía el mandato de ceder. Engrosará la lista de gobernantes que mal interpretaron su papel, faltando a su deber de velar por el interés general. Gobernantes mal preparados, incapaces de ver mas allá de la duración de su mandato electoral.       Muchas Gracias

«Si hoy no aceptan Cataluña como nación, tal vez mañana deban reconocerla como Estado»
El PP denuncia que el texto aprobado ayer es como el «Plan Ibarretxe»
Al líder de ERC le pesaba el ánimo. Con todo el dolor de su corazón, dijo, votó «no» al Estatut que recoge en su preámbulo la definición de Cataluña como nación. Para los socios de Gobierno de Maragall y parlamentarios de Zapatero, ese reconocimiento aún no es suficiente. El «no» provocó otro cisma en el tripartito, mientras el convergente Artur Mas exhibía su satisfacción por este penúltimo paso adelante del Estatut que pactó con Zapatero.
M. Pardeiro / E. Fuentes La Razón 22 Marzo 2006

Barcelona/Madrid- Después de semanas de guiños y guiños a ERC, el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, se alineó ayer con los postulados del Gobierno y subrayó que no cree «justificado el anuncio de votación negativa de ningún partido» a la reforma estatutaria, en alusión a la decisión de sus socios republicanos de rechazar el texto en las Cortes. Maragall, en un comunicado, admitió que ve «rota» la unidad del tripartito y, por eso, pidió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que convoque a los líderes del cuatripartito (CiU, PSC, ERC e ICV) con el fin de recomponer un consenso en horas bajas tras la última crisis en la Generalitat.

En su foro interno, Maragall está convencido de que Esquerra virará hacia el «sí». Así lo asegura el círculo más íntimo de asesores del presidente. En este sentido, el titular de la Generalitat recordó en su alocución que Francesc Macià -presidente catalán de los años 30- aceptó la contrarreforma estatutaria del Estado, pese a que se recortaron sustancialmente las ambiciones catalanas. Fue una referencia inequívoca a ERC, ya que Macià era presidente del partido republicano. Por fortuna, las convicciones de Maragall coinciden con los requisitos del Gobierno, ya que en Moncloa juzgan «incompatible» la supervivencia del tripartito sin un «sí» de Esquerra al Estatut. El PSOE no aceptará votos nulos ni abstenciones por parte de sus todavía aliados independentistas.

Mientras el «divorcio» se ventilaba en Barcelona, a eso de las tres y media de la tarde los leones de la puerta principal del Congreso asistieron impertérritos a la foto oficial que cerró el trámite del Estatut en el Congreso. La instantánea fue consecuente con la realidad por la ausencia de los diputados del PP, fiel reflejo del rechazo de los populares al texto. Pero también dejó la insólita imagen del apretón de manos entre Artur Mas y Josep Lluís Carod-Rovira, sólo unos minutos después de que ERC confirmara su anunciado «no» al proyecto revisado por la Cámara Baja y capitalizado como un éxito propio por CiU. Gestos fotográficos aparte, la Comisión Constitucional aprobó la versión definitiva del texto gracias a los votos de todos los partidos salvo los mencionados y EA. El presidente de la Comisión, Alfonso Guerra, no se guardó ninguna sorpresa final y eliminó los textos discordantes entre ambas delegaciones, por lo que el documento que debatirá el Pleno del Congreso el próximo jueves no incluirá los artículos referentes a las selecciones deportivas catalanas, la circunscripción electoral de Cataluña en el Parlamento europeo y el ya famoso traspaso de El Prat a la Generalitat. El PSOE confirmó que el hipotético reparto de la gestión del aeropuerto se discutirá en un foro diferente, aunque los partidos catalanes todavía pueden intentar forzar el escenario con enmiendas en el Senado.

La de ayer era la última oportunidad para la mayoría de los ponentes de hacerse un hueco en los telediarios y crónicas periodísticas, así que todos intentaron colocar sus «frases-resumen» aprovechando la excusa del debate sobre el preámbulo. Así, Carod-Rovira justificó el rechazo «con todo el dolor del alma» de ERC al Estatut en el 15% del texto que su partido no respaldó en las votaciones parciales y que considera «fundamental». «Se daban las mejores condiciones, pero España no quiere ser plurinacional. Hoy no se reconoce a Cataluña como nación; quizá mañana tengan que reconocerla como estado» sostuvo el líder de ERC, que quiso anticiparse a las consecuencias de su postura para el tripartito -«que nadie nos castigue por defender lo mismo que el 30 de septiembre»- y exigió a Artur Mas «un poco menos de arrogancia». El interpelado utilizó la mayoría de su tiempo para destacar -otra vez- la importancia del reconocimiento expreso de las Cortes a la «nación» catalana, y además retó al PP a «subirse al tren que hoy se pone en marcha o quedarse en la estación». El símil ferroviario hizo fortuna entre el resto de portavoces: Eduardo Zaplana (PP) lo consideró «de vía estrecha y corto recorrido», mientras Joan Saura (ICV) se felicitó de que los populares lo compararan con un convoy de Cercanías, «el que usa el 80% de los catalanes». También hubo tiempo para la visión poética de Gaspar Llamazares (IU) -«este Estatut está construido con el material imperfecto del que se hacen los sueños»- y la más pragmática de Diego López Garrido (PSOE), convencido de que el texto cuadra el círculo: «Es constitucional y no lesiona las pretensiones del Parlament».

LANZAN CÓCTELES MOLOTOV CONTRA LA CASA DE UN CONCEJAL
El PP denuncia que el terrorismo callejero ha elevado "el grado de intimidación" tras el ataque en Rentería
El PSOE ha expulsado a Rosa Díez de la Comisión de Libertades Civiles por discrepar de la política antiterrorista del Gobierno. El PSE ha conseguido que Caja Vital avale al batasuno Díez Usabiaga para evitar que entre en la cárcel. El socialista José Antonio Pastor dice que la actuación contra Batasuna genera "lógica inquietud". Hace unas horas, un grupo de terroristas callejeros ha atacado la casa de un concejal del PSE en Rentería. El matrimonio se encontraba en el interior de la vivienda. Desde el PP, el atentado se interpreta como una elevación en el grado de intimidación de los terroristas callejeros.
Agencias Libertad Digital 22 Marzo 2006

Un grupo de desconocidos lanzó el lunes por la noche varios cócteles motolov contra la vivienda de un concejal del Partido Socialista en Renteria (Guipúzcoa) que provocaron "daños materiales en la fachada y el balcón" del edificio.

Según pública El Diario Vasco, Jesús Oficialdegui, que sustituyó en la concejalía al secretario general del PSE-EE de Guipúzcoa y ex alcalde, Miguel Buen, se encontraba en ese momento en el interior de la vivienda con su esposa. El fuego fue sofocado por el mismo edil con un extintor, por lo que no fue necesaria la presencia de los Bomberos.

Según informaron a Europa Press fuentes del Departamento del Interior vasco, el ataque se perpetró a las 23.30 horas del lunes, unas doce horas después de que en la misma provincia, esta vez en la localidad de Oiartzun, tres encapuchados irrumpieran dentro de las dependencias del Juzgado de Paz y, tras desalojar a la única trabajadora que se encontraba en su interior, rociaran el interior del edificio con líquido inflamable y le prendieran fuego.

Afortunadamente sólo hubo que lamentar daños materiales ya que los encapuchados obligaron a salir a la calle a la única empleada que en esos momentos se encontraba trabajando dentro del Juzgado de Paz de Oiartzun, ubicado en el número 2 de la calle Kontzejuerreka. Pese a la intensa humareda que provocó el incendio no fue necesario desalojar a los vecinos.

San Gil denuncia que "ETA no ha cambiado un ápice"
El Partido Popular ve en este ataque una prueba de que "terrorismo callejero está recuperando métodos de presión que la eficacia en la lucha contra la violencia había conseguido erradicar". Según explica la presidenta del PP de Guipúzcoa, María José Usandizaga, en un comunicado, "este retorno al ataque de domicilios deja claro que el mundo radical no está precisamente pensando en renunciar a la violencia sino que, por el contrario, eleva el grado de intimidación contra la sociedad vasca y sigue con su estrategia de imponer sus objetivos por medio de la violencia".

"Ya es hora de que quienes hablan de nuevos tiempos y escenarios, e incluso de no se sabe muy bien qué proceso de paz, abran los ojos y se den cuenta de que nada ha cambiado y de que ETA y su entorno continúan amenazando a los vascos", enfatizó la representante popular. En unos términos muy similares se ha pronunciado también María San Gil, la presidenta del PP vasco, que se refirió, en concreto, a los últimos comunicados de la banda terrorista, que siguen sin aludir a la posibilidad de una tregua.

A juicio de San Gil, esta "incontinencia" de comunicados "vuelve a humillar continuamente" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. La razón es que, con ellos, se "demuestra" que ETA no ha cambiado "un ápice", que sigue siendo "la misma", puesto que dice que la lucha "va a seguir" y siguen teniendo la "exigencia" del derecho de autodeterminación y la territorialidad. "ETA sigue luchando por conseguir una Euskal Herria independiente y esa es la realidad con la que tenemos que vivir día a día", indicó.

EL AYUNTAMIENTO EMPLEA SÓLO EL CASTELLANO EN UNA CAMPAÑA EN LA QUE COLABORA LA CONSELLERÍA DE INDUSTRIA
La Xunta condiciona al uso del gallego sus ayudas al Concello para el turismo
Industria amenaza con romper su colaboración con el Gobierno local en la promoción de la ciudad. Exige al equipo de Javier Losada que "cumpla la legalidad vigente" y utilice el topónimo oficial.
Sonia Vizoso. A Coruña La Opinión 22 Marzo 2006

La falta de uso del gallego por parte del Ayuntamiento de A Coruña ha puesto en peligro las ayudas que recibe la ciudad de la Consellería de Industria para mejorar la promoción turística. El departamento autonómico que dirige el nacionalista Fernando Blanco amenaza con poner fin a estas subvenciones si el Gobierno local no deja de emplear sólo el castellano en señalizaciones de monumentos financiadas en colaboración con la Xunta. Industria exige además al Concello que "cumpla la legalidad vigente" y utilice en los carteles "el único topónimo legal", es decir, el de A Coruña.

La advertencia de la Xunta al equipo de Javier Losada se produce después de que LA OPINIÓN informase de que las señalizaciones colocadas en el entorno de la Torre de Hércules sólo estaban escritas en castellano. En estos carteles aparece además el topónimo La Coruña dentro del nombre del Consorcio de Turismo, una entidad dependiente del Concello. Según la Consellería de Industria, eliminar el gallego de los indicadores fue una decisión unilateral del Ayuntamiento coruñés que "se debe corregir".

Tres lenguas
Los carteles de la polémica fueron instalados dentro de una campaña promovida conjuntamente por la Consellería y el Ayuntamiento. Industria explicó ayer en un comunicado que en el resto de indicadores colocados en la Ciudad Vieja o en la zona del Ensanche para guiar a los turistas "el criterio para diseñar las señales fue el de utilizar tres lenguas: el gallego, el castellano y el inglés". Sin embargo, señala el departamento autonómico, en el entorno de la Torre de Hércules el Consorcio de Turismo del Concello decidió por su cuenta emplear únicamente el idioma castellano.

El uso del gallego en las señalizaciones turísticas no es la única condición que deberá cumplir el Ayuntamiento coruñés si quiere seguir percibiendo ayudas de la Xunta en materia de turismo. La Consellería de Industria, de la que depende la Dirección Xeral de Turismo, advierte de que en las actuaciones que nazcan de la colaboración entre ambas administraciones el Gobierno local "debe respetar la normativa vigente" y utilizar siempre el topónimo A Coruña.

La Consellería de Innovación e Industria explica que no es la primera vez que reclama al Ayuntamiento "que respete el uso del gallego y la toponimia oficial" en todas las actuaciones incluidas en su acuerdo de colaboración. La Dirección Xeral de Turismo, "por su propio criterio y siguiendo también sugerencias de asociaciones normalizadoras de nuestra lengua", ya demandó anteriormente al Concello que cumpla la legislación que establece A Coruña como único topónimo oficial y que utilice el gallego.

El acuerdo de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y la Xunta en materia turística pretende promocionar la ciudad y mejorar también la señalización de los principales atractivos de A Coruña para guiar a los turistas en sus desplazamientos por el ayuntamiento.

La industria de la toponimia
Nota del Editor 22 Marzo 2006

Luego nos quejamos de que no hay recursos para investigación y desarrollo. La Junta de Galicia, Consejería de Innovación e Industria se dedica a forzar al ayuntamiento de La Coruña a incumplir la constitución española: los topónimos oficiales no pueden ser en la "lengua propia" puesto que la constitución española, establece, por el momento, que sólo se tiene deber de conocer el idioma español. Poco a poco, sólo la industria de la señalización sigue aumentando su negocio.

El PP exige explicaciones a Iglesias por las ayudas a asociaciones que rechazan los bienes de la Franja
La Generalitat subvenciona a una plataforma radicada en Teruel que defiende la idea de «Países Catalanes» y que también recibe ayudas del Gobierno aragonés
ROBERTO PÉREZ ABC 22 Marzo 2006

ZARAGOZA. El PP ha pedido al presidente aragonés, al socialista Marcelino Iglesias, que actúe ante la política de subvenciones que aplica la Generalitat y que se sustancia, en el caso de Aragón, en ayudas a una plataforma que defiende el concepto de «Países Catalanes», que considera las comarcas orientales como «Franja de Poniente» de Cataluña y que, en este momento, está desarrollando una campaña en contra de que la Diócesis de Lérida cumpla la sentencia del Vaticano que le obliga a entregar a la Diócesis oscense de Barbastro-Monzón 113 obras de arte que pertenecen a parroquias aragonesas.

ABC reveló ayer que la Consejería de la Generalitat ocupada por Josep Bargalló, de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), subvencionó el año pasado con 40.000 euros a esta plataforma aragonesa, la «Institució Cultural de la Franja de Ponent». Tiene su sede en la localidad turolense de Calaceite, en la comarca del Matarraña, y cuya actividad se extiende también a otras comarcas orientales de Aragón. El propio portavoz de esta entidad, Guillem Chacón, indicó que en estos momentos, el gobierno catalán también les ayuda para la proyección de cine en catalán en estas localidades aragonesas.

Tras la información revelada por este diario, el presidente del PP aragonés, Gustavo Alcalde, anunció ayer que va a plantear el asunto ante las Cortes regionales para pedir explicaciones al Gobierno de Iglesias.

«Intento de colonización»
Alcalde considera que debe haber «una reacción institucional clara» y que debe existir en varios frentes. De una parte, exige que Marcelino Iglesias traslade una «protesta formal» al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, porque esta política de subvenciones «no es más que el intento de colonización que llevan a cabo los partidos nacionalistas continuamente para promover su idea de Países Catalanes». A juicio de Alcalde, «es una abuso en la utilización de dinero público para entremeterse en otras comunidades autónomas y lo que debe hacer es respetar los ámbitos territoriales definidos en la Constitución».

El Gobierno aragonés guarda silencio
Pero el PP quiere saber también si el Gobierno aragonés o las diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca o Teruel han subvencionado o están subvencionando a esta misma entidad, algo que consideraría «muy grave». Para ello, anunció que van a plantear preguntas ante las Cortes de Aragón y ante las respectivas diputaciones. Que el Gobierno aragonés sí que ayuda económicamente a la «Institució Cultural de la Franja de Ponent» es algo que confirmó el propio Guillem Chacón, si bien matizó que se trata de subvenciones que esta plataforma ha percibido «esporádicamente».

Entre tanto, el Gobierno aragonés guarda silencio. ABC se puso ayer en contacto con el gabinete de Marcelino Iglesias, desde donde se indicó que no tenían nada que comentar al respecto.

Los servicios jurídicos preparan el recurso ante el Constitucional contra el Estatuto valenciano
MANUEL TRILLO ABC 22 Marzo 2006

ZARAGOZA. El Gobierno aragonés encargó ayer a sus servicios jurídicos la elaboración de un informe acerca de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el proyecto de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, pactado por el PP y el PSOE aunque todavía en trámite parlamentario.

El equipo PSOE-PAR que preside Marcelino Iglesias considera que el texto acordado para la región levantina invade competencias de Aragón y que su artículo 17, que hace referencia al derecho de la Comunidad Valenciana a reclamar la gestión de aguas excedentarias de otras cuencas, deja una puerta abierta a un futuro trasvase de las aguas del Ebro.

El vicepresidente del Ejecutivo aragonés, José Ángel Biel (PAR), señaló tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que no le parece «serio» que una Comunidad «intente aprovechar las aguas sobrantes de otras cuencas en su beneficio sin tener en cuenta a la otra Comunidad».

El Gobierno aragonés pretende hacer valer su derecho a opinar en la gestión de la cuenca del Ebro y, en este sentido, en su propio proyecto estatutario prevé reservarse el derecho a emitir informes vinculantes al respecto.

Los servicios jurídicos han recibido el encargo de estudiar el caso y preparar el recurso contra el Estatuto valenciano, que se presentaría ante el Constitucional en caso de que se mantenga la actual redacción tras su aprobación definitiva, ya que, por el momento, aún es un proyecto de ley en trámite, aclararon fuentes del Gobierno de Aragón.

Además del valenciano, la Comunidad tiene también sus ojos puestos en el Estatuto de Cataluña, que ayer superó el trámite en la Comisión Constitucional del Congreso.

Posible recurso contra el catalán
En este caso, Biel indicó ayer que si el articulado del proyecto de reforma mantiene la intención de disgregar la colección del Archivo Real de la Corona de Aragón para integrarlo como fondos propios de la Generalitat, los servicios jurídicos del Gobierno aragonés también lo recurrirían ante el Tribunal Constitucional.

Meses atrás, se planteó también la posibilidad de recurrir el Estatuto catalán porque el proyecto dejaba en manos de la Generalitat el control del caudal ecológico del Delta del Ebro, lo que podría afectar al uso del río aguas arriba. Diversas Comunidades gobernadas ya han presentado acciones en esta línea. Sin embargo, por ahora no se ha vuelto a saber en Aragón sobre este frente.

DICEN QUE LOS PADRES SON "DISUADIDOS"
La Asociación por la Tolerancia denuncia que la Generalidad "impide" la educación en castellano en Primaria
La Asociación por la Tolerancia ha denunciado que "una vez más" la Consejería de Educación de la Generalidad no incluye en las hojas de preinscripción escolar una casilla para que la familia elija la lengua en la que quiere que se imparta la educación de sus hijos. La Asociación ha denunciado que el Gobierno catalán incumple la Ley que defiende el derecho de los niños a recibir la educación Infantil y Primaria en su lengua habitual e "impedir" la educación en castellano de las familias que lo solicitan.
Europa Press Libertad Digital 22 Marzo 2006

La organización denunció que en la hoja de preinscripción se propone a los padres que deseen educar a sus hijos en castellano que lo soliciten en la dirección del centro donde les admitan, después de matricularles. En la práctica, según dice la Asociación, los padres que piden enseñanza bilingüe o en castellano para sus hijos "son disuadidos, cuando no coaccionados" por los directores de los centros.
Además recordó que varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenan a la Generalidad que incluya estas casillas de elección para preservar el derecho de los niños más pequeños a ser educados en su lengua materna, por lo que la asociación volvió a pedir ayer al TSJC que obligue a la Consejería a acatar la Ley.

AUTONOMÍAS
Aragón prepara ya el recurso contra el Estatuto valenciano y prevé otro contra el catalán
Los servicios jurídicos estudian la impugnación del precepto trasvasista. Biel dice que con el Archivo Real "va a pasar igual".
JAVIER BENITO. Zaragoza Heraldo de Aragón 22 Marzo 2006


Las primeras reformas estatutarias de esta etapa política van camino de acabar en los tribunales. Salvo sorpresas de última hora, las impugnará el Gobierno aragonés.

Ayer mismo encargó ya a los servicios jurídicos que estudien un recurso de inconstitucionalidad contra el precepto del recién aprobado Estatuto valenciano .

-pendiente sólo de ser refrendado en el Parlamento autonómico antes de su publicación- por el que esta Comunidad se arroga supuestos derechos a aguas sobrantes de otras cuencas, en clara referencia al Ebro dado el precedente del anterior Plan Hidrológico Nacional.

"No nos parece de recibo que una Comunidad Autónoma intente aprovecharse de los recursos de otra sin contar para nada con ella", dijo ayer el vicepresidente aragonés, José Ángel Biel, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Eso no se puede poner en un estatuto -agregó-, porque asume "competencias que no le corresponden" .

Ese será uno de los argumentos que, según Biel, está previsto esgrimir en el próximo recurso, que también recuperará las razones que ya figuraban en el que se interpuso en su día contra el PHN del Ejecutivo de Aznar, que preveía distribuir 1.050 hm3 del Ebro por todo el arco mediterráneo.

El vicepresidente recordó asimismo la previsión de que el futuro Estatuto aragonés incorpore alguna cláusula de salvaguarda como un informe vinculante en todo lo que pueda afectar a las necesidades hidrológicas de Aragón.

El portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Antonio Suárez, achacó el anuncio de este recurso a "la estrategia electoral del resto de partidos de atacarnos para contrarrestar nuestras expectativas de crecimiento". Reconoció que "lo ideal sería que ningún estatuto incluyera expectativas sobre agua cuya gestión es competencia estatal". Pero recordó que el polémico precepto del Estatuto valenciano se supedita al final a la Carta Magna y la legislación estatal, por lo que -a su juicio- "difícilmente se puede considerar inconstitucional".

Por otra parte, la misma suerte que el Estatuto valenciano con el trasvase puede seguir el catalán en lo referente al Archivo Real de Barcelona, principal fondo documental del Archivo de la Corona de Aragón.

Después de que HERALDO pusiera de relieve que los expertos consideran indivisible el Archivo Real y que por tanto no se puede disgregar una supuesta "parte catalana" del mismo, Biel afirmó ayer que con ese precepto "va a pasar igual" que con el valenciano. Puntualizó, eso sí, que, a diferencia de éste, el Estatuto catalán todavía tiene que pasar por el Senado. "Y puede ocurrir de todo".

Movimiento Cívico
CERCA DE 50 ASOCIACIONES IMPULSAN PLATAFORMA ESPAÑA Y LIBERTAD
Minuto Digital 22 Marzo 2006

Son cerca de 50 asociaciones de otras tantas provincias españolas las que se han unido para impulsar PLATAFORMA ESPAÑA Y LIBERTAD, una entidad cívica que nace para proclamar la absoluta vigencia del art. 2 de la Constitución cuando dice que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.    http://www.e-libertad.es/

La Plataforma, que se ha venido gestando durante los últimos meses, entiende que "valores patrióticos y el interés nacional están por encima de partidos y de cualquier división política entre izquierdas y derechas, cuyas diferencias siempre han de ceder ante esos valores superiores de carácter esencial para la comunidad española".

PLATAFORMA ESPAÑA Y LIBERTAD fomenta el "asociacionismo cívico plural reforzando el papel del ciudadano en la toma de decisiones de los asuntos públicos, a través del referéndum y de un sistema electoral de listas abiertas".

La Plataforma, impulsada únicamente por entidades cívicas, ya tiene su web en www.e-libertad.es, donde se puede leer el Manifiesto y los objetivos de la misma.

ADHESIÓN LIBRE
A la Plataforma puede adherirse "cualquier asociación que comparta los fines de la Plataforma, cualquier grupo o asociación organizado en España, sindicatos, grupos de internet, comunidades virtuales, empresas, editoriales, publicaciones, medios de comunicación y cualquier persona que actue a título particular . En la Plataforma no están admitidos los grupos políticos."

ESPAÑA Y LIBERTAD "desde la responsabilidad que todos los ciudadanos tenemos en democracia, invita a todos aquellos que deseen el fortalecimiento de la unidad de España y la Libertad a colaborar con nosotros."

MINUTO DIGITAL FORMARÁ PARTE DE LA PLATAFORMA ESPAÑA Y LIBERTAD
Han sido numerosos los contactos entre los impulsores de ESPAÑA Y LIBERTAD con MINUTO DIGITAL. Minuto Digital, como periódico ciudadano, siempre ha querido colaborar con todas las plataformas cívicas que vienen trabajando en España. La idea de ESPAÑA Y LIBERTAD es colaborar con todas las plataformas existentes, por lo que Minuto Digital entiende que es una aportación positiva a la resistencia civil y ha decidido formar parte de ella.

ELECCIÓN DEL COORDINADOR GENERAL
Este fin de semana se elegirá al coordinador general de la Plataforma. La persona elegida será la máxima responsable de la organización durante los próximos años.
 

El “alto el fuego permanente” de ETA es un nuevo engaño. Sólo cabe que ETA anuncie su disolución y los terroristas se entreguen a la Justicia
COMUNICADO DE PRENSA DEL FORO ERMUA 22 Marzo 2006

 

Bilbao. 22 de marzo, 2006.  Hace unas pocas horas la organización terrorista ETA ha distribuido un Comunicado anunciando que a partir de pasado mañana, viernes,  declarará un “alto el fuego permanente”.

 

Cabe destacar del comunicado de ETA los siguientes elementos:

 

1º-    En ningún momento se anuncia el abandono de las armas, ni la renuncia al terrorismo como instrumento de acción política, ni la disolución de la banda terrorista.

 

2º-    No se renuncia, ni siquiera temporalmente, a la extorsión, al aprovisionamiento para futuras acciones terroristas, ni al terrorismo callejero.

 

3º.-   ETA sigue exigiendo concesiones políticas que resultan absolutamente inasumibles para una democracia y que, en particular, no tienen encaje alguno en la Constitución española. El comunicado está redactado en términos imperativos a los cuales, con calculada ambigüedad, supedita la permanencia del alto el fuego.

 

Esta es la quinta “tregua” de cierta duración que ETA ha anunciado desde 1988, cuando  lo hizo  “con objeto de negociar una salida pactada al conflicto vasco”.  El último alto el fuego, hecho público en septiembre de 1998, le denominó ETA “tregua indefinida y sin condiciones”, tras la revuelta popular de Ermua en el País Vasco y en toda España contra el asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio del año anterior, lo que les colocó en una situación de enorme debilidad y aislamiento. Esta tregua, como las anteriores, terminó con una nueva brutal campaña de asesinatos, que comenzó por el teniente coronel Blanco, siguió por Fernando Buesa y su escolta y continuó con decenas de muertos más.

 

ETA no es y no puede ser un interlocutor político legítimo. No hay nada que negociar con la banda terrorista más allá de su entrega a los tribunales y su disolución. No puede haber premio ni recompensa por dejar de matar.

 

Por otra parte, la experiencia y los términos del comunicado, nos obligan a desconfiar de las intenciones de ETA. La banda terrorista pretende debilitar la acción del Estado, hacer desistir de las convicciones democráticas a la sociedad y aprovechar para rearmarse y recomponer su entramado tanto en el ámbito institucional, como en su capacidad asesina, tratando así de superar su actual debilidad. Un mero “alto el fuego permanente” no cambia sustancialmente nada, es una mera declaración sin carácter definitivo que hay que interpretar como una acción táctica de la banda, la cual mantiene el chantaje terrorista condicionando su tregua a la asunción de sus objetivos políticos, igual que hizo en las anteriores cinco treguas.

 

Los términos del comunicado, después de casi 40 años de actividad criminal, de la concesión -en octubre de 1977- de una amnistía general a absolutamente todos los presos de ETA, incluidos los condenados por delitos de sangre y de encontrarse en un momento de máxima debilidad, son inaceptables y deben ser rechazados por la democracia española. Los españoles ya hicimos un gran esfuerzo de generosidad en el nacimiento de nuestro Estado de Derecho, que ETA no respetó en lo más mínimo.

 

Por ello, para que se pueda entrar en una negociación con ETA, deben cumplirse cuatro condiciones:

 

--    Que ETA proclame su intención de disolverse de manera inmediata y definitiva como organización,

 

--    Que anuncie que los terroristas huidos ya condenados o con causas pendientes, procesados o imputados, se entregarán a corto plazo a la Justicia del Estado,

 

--    Que ETA se comprometa a hacer entrega verificable de las armas y explosivos, y

 

--    Que ETA declare que pone fin de manera inmediata a la extorsión, al terrorismo callejero y a cualquier uso de la violencia en todas sus facetas.

  

Cuarenta años de sufrir la brutalidad y los reiterados engaños de ETA han enseñado a los ciudadanos vascos y a los del resto de España a no confiar en las medias palabras de estos criminales, a no dar crédito a sus vagos compromisos y promesas, que romperán nuevamente en cuanto les convenga hacerlo. No debemos repetir el ciclo de las anteriores cinco treguas-trampa de las cuales ETA salió reforzada tanto en su estructura, como en su legitimidad como interlocutor.

 

Desde el FORO ERMUA pedimos al Gobierno y a todas las fuerzas políticas que no se dejen engañar, actúen con firmeza, responsabilidad y confianza en la derrota de ETA sin concesiones ni negociaciones, a través de los instrumentos del Estado de Derecho.

Para más información:

Mikel Buesa     (650) 97-42-04

Iñaki Ezkerra    (657) 70-07-92

 

Nuevo recurso contra la hoja de preinscripción escolar del Govern
La Asociación por la Tolerancia asegura que la Generalitat «burla, una vez más, las sentencias de los tribunales»
DANIEL G. SASTRE  El Mundo 22 Marzo 2006

BARCELONA.- Había expectación por conocer el formato de la hoja de preinscripción que la Generalitat entregó ayer a los padres catalanes. De nuevo, se publica sin una casilla preguntando por la lengua habitual de los alumnos, y las reacciones no se hicieron esperar. La Asociación por la Tolerancia acusó al Departamento de Educación del Govern de «burlar, una vez más, las sentencias de los tribunales», y presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) pidiendo que «ordene» a la Consejería «que incluya un nuevo apartado» en el que los padres puedan especificar en qué idioma desean que sus hijos reciban la primera enseñanza.

Los impresos para el curso 2006/2007 incluyen una concesión a los defensores del bilingüismo en las aulas con respecto a los de años anteriores. La Generalitat, con una nota en una hoja anexa a los folletos de preinscripción, recuerda: «De acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística, los niños tienen derecho a recibir la Educación Infantil y el primer ciclo de Educación Primaria en su lengua habitual. A estos efectos, los padres [...] que deseen que sus hijos reciban la primera enseñanza en lengua castellana deberán solicitarlo a la dirección del centro [...] una vez formalizada la matrícula».

Sin embargo, la Asociación por la Tolerancia no se da por satisfecha, y considera que «la no inclusión de la casilla impide que la Administración pueda programar adecuadamente» las plazas necesarias para los padres que soliciten el castellano para sus hijos. Además de calificar de «torticero» el modelo empleado por la Generalitat, porque «permite entonar nuevamente la cantinela oficial de que la enseñanza en castellano o bilingüe es demandada por unos pocos padres en Cataluña», este colectivo manifestó que «cada vez son más los padres que rechazan el modelo de inmersión, que está produciendo unos resultados nefastos en el rendimiento de los escolares catalanes».

El departamento de Educación, sin embargo, da por satisfechos los requerimientos de la Justicia. «Consideramos que con este mecanismo [el de la nota adjunta] quedan garantizados los derechos de las familias a recibir la primera enseñanza en castellano», apuntaron fuentes de Educación. En su opinión, «se da cumplimiento a la sentencia», que obliga a la Generalitat a ofrecer los primeros años de clases también en ese idioma, «de acuerdo con los servicios jurídicos» del Departamento.

Las mismas fuentes justifican su negativa a incluir una casilla preguntando por el idioma habitual de los alumnos explicando que «un juez puede decir que se ha de cumplir la ley, pero no cómo cumplirla». Sin embargo, Educación es pesimista acerca de la respuesta que recibirá el recurso de la Asociación por la Tolerancia: cree que para la Generalitat es «una batalla perdida», porque «el juez se ha metido mucho en explicar cómo se ha de cumplir la ley».

Una idea
Xavier Pericay* 22 Marzo 2006

El ejercicio de mirar hacia atrás, aunque sea sin ira, encierra siempre algún peligro. Y más si uno forma parte de lo que intenta describir. Aun así, voy a tratar de explicar por qué Ciutadans de Catalunya ha sido y está siendo un éxito. Yo creo que todo se debe a la feliz concurrencia de una idea y de un estado de ánimo. Empezaré por lo segundo. Quienes a lo largo de un año nos fuimos reuniendo una vez al mes alrededor de una mesa para cenar y, sobre todo, para hablar de lo que se podía hacer en Cataluña -es decir, para hablar de lo que se podía hacer para que Cataluña dejara de ser lo que había sido hasta entonces-, éramos, antes que nada, ciudadanos cansados. En esta coyuntura, tan importante era el sustantivo como el adjetivo. Quiero decir que nuestra desafección se debía por igual a la imposibilidad de ejercer con normalidad nuestros derechos ciudadanos como al cansancio acumulado tras fracasar repetidamente en el empeño.

Pero nada o bien poco habríamos sacado de nuestras cenas, aparte de la oportunidad de reunirnos con los amigos, de no haber mediado una idea. Una idea tan simple como insólita. La de constituir un partido —mejor dicho, la de llamar a la sociedad catalana a constituirlo—. No fue fácil convencernos a nosotros mismos de que aquello tenía sentido. De que era, al cabo, lo único que tenía sentido. Entre los quince, había quien seguía creyendo que lo que había que hacer era influir en los partidos ya existentes. O sea, en el PSC y en el PPC. O sea, lo de siempre, lo que llevábamos años haciendo o tratando de hacer sin resultado ninguno. Yo diría que lo que inclinó definitivamente la balanza fueron, una vez más, los hechos, la tozudez de los hechos. El ir constatando, mes a mes, con inaudito asombro, en qué ocupaban sus horas nuestros políticos. Por un lado estaba la interminable gestación del Estatuto; por otro, el Carmelo, el 3% y la delación del vecino por razones de lengua. De ahí que acabáramos dando el paso. A ver qué.

Y lo que vimos nos dejó boquiabiertos. Nadie esperaba una respuesta semejante. Ni los más optimistas. De golpe, pareció que en Cataluña todos los descontentos, todos los hastiados, todos los marginados de la cosa pública, andaban buscando lo mismo: un partido, un nuevo partido, al que poder votar. En este sentido, nuestra aparición como plataforma cívica certificó dos cosas fundamentales: por un lado, que no estábamos solos, ni mucho menos; por otro, que la clase política catalana ya no daba más de sí. Desde entonces -y han transcurrido cerca de diez meses-, la apreciación inaugural no ha hecho sino fortalecerse. Son muchos los ciudadanos de Cataluña que reclaman la existencia de un nuevo partido «que contribuya -como rezaba nuestro primer manifiesto- al restablecimiento de la realidad». De un partido, pues, posnacionalista, interclasista, laico, moderno, centrado -o sea, sensato-, superador en alguna medida de todo lo existente en Cataluña y en España, y de forma especial de la vieja división entre derecha e izquierda. ¿Un partido liberal? ¿Un partido radical? Tal vez, pero no necesariamente. Es curioso, pero la mejor definición sigue siendo sin duda la inicial: un partido de ciudadanos, cuyo principal cometido sea, precisamente y por encima de todo, construir una Cataluña de los ciudadanos.

Con todo, la experiencia también nos ha demostrado que esa carencia, esa falta de representatividad, no sólo afecta al Principado. En otras palabras: que hay otras partes de España donde también suspiran por la existencia de una nueva formación política, con un perfil muy parecido al del partido que nos proponemos crear. Si esas partes fueran los territorios donde el nacionalismo ha sido siempre hegemónico -el País Vasco- o donde posee, desde hace poco, la llave del gobierno -Galicia-, nadie se sorprendería demasiado; al fin y al cabo nuestro proyecto se postula como un proyecto "posnacionalista". Ocurre, sin embargo, que esa demanda es mucho más amplia. Y se da lo mismo en Cantabria, que en la Comunidad Valenciana, en Aragón o en la propia Comunidad de Madrid. Como si el nacionalismo no estuviera únicamente allí donde se le reconoce, sino esparcido por toda la Península, ya en forma de regionalismo, ya en forma de simple peaje que todo Gobierno del Estado deberá pagar un día u otro si no dispone de mayoría absoluta en las Cortes.

Pero hay más. Esa necesidad tan extendida de ampliar la oferta política española obedece asimismo a una grave crisis de los dos grandes partidos mayoritarios. Su incapacidad para renovarse es notoria. Su ideario sigue fuertemente varado. Sus propuestas responden demasiado a menudo a falsos equilibrios, a trueques entre sectores. Por no hablar de sus estructuras, tan anquilosadas. Seguramente hay otras formas de hacer política. Más ágiles, más próximas a la gente, más vinculadas a los medios de que disponen los ciudadanos a estas alturas del siglo XXI y a las necesidades que estas nuevas realidades conllevan. La aparición de Ciutadans tiene que ver también con todo esto. Pongamos que se trata de la misma idea.

* Xavier Pericay es escritor, y uno de los promotores de Ciutadans de Catalunya


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