AGLI

Recortes de Prensa     Viernes 31 Marzo  2006
La espantada de Zapatero
Ignacio Villa Libertad Digital 31 Marzo 2006

Acabar con España como sea
EDITORIAL Libertad Digital 31 Marzo 2006

El Estatuto de Cataluña, la reducción del Estado y la implosión nacional
Editorial ABC 31 Marzo 2006

España, herida
Pablo Sebastián Estrella Digital 31 Marzo 2006

Gobierno teratólogico
Agapito Maestre Libertad Digital 31 Marzo 2006

Los trileros
Aurelio Alonso Cortés Libertad Digital 31 Marzo 2006

Ante un gobierno ilegal
Pío Moa Libertad Digital 31 Marzo 2006

«L´ elixir nazionalista»
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO ABC 31 Marzo 2006

Narices tapadas
IGNACIO CAMACHO ABC 31 Marzo 2006

Días negros
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 31 Marzo 2006

EL PRESIDENTE MUDO
MIQUEL PORTA PERALES ABC 31 Marzo 2006

FUTURO INCÓGNITO
ÁLVARO DELGADO GAL ABC 31 Marzo 2006

Cuesta abajo en la rodada
Lorenzo Contreras Estrella Digital 31 Marzo 2006

¿Y ahora qué?
Jorge Vilches Libertad Digital 31 Marzo 2006

RACA RACA CON LA CANCIÓN DE AUTOR
Víctor Gago Libertad Digital 31 Marzo 2006

LUCTUOSA JORNADA PARA ESPAÑA
Editorial minutodigital 31 Marzo 2006

En justicia, no es «impecable»
JULIO BANACLOCHE PALAO ABC 31 Marzo 2006

"Estatut", un paso más
Editorial HERALDO DE ARAGÓN 31 Marzo 2006

El deber y el derecho de conocer el catalán y el castellano
ABC 31 Marzo 2006

La violencia etarra es rentable
Antonio Robles Libertad Digital 31 Marzo 2006

Que principio de qué fin
José Javaloyes Estrella Digital 31 Marzo 2006

El Congreso dijo sí
CARLOS HERRERA ABC 31 Marzo 2006

El silencio de los corderos
José García Domínguez Libertad Digital 31 Marzo 2006

El Estatuto abre una segunda Transición
Editorial Elsemanaldigital 31 Marzo 2006

ETA y el Estatuto de Zapatero avanzan hacia el cambio de régimen; Rajoy afila la espada de la censura
Federico Quevedo  El Confidencial 31 Marzo 2006

Los españoles sólo quieren la disolución de ETA y la entrega de las armas
Rafael López-Dieguez Gamoneda minutodigital 31 Marzo 2006

El PSOE Fractura España
Miguel Barrachina Periodista Digital 31 Marzo 2006

El Estado de Derecho no puede estar en “tregua”
COMUNICADO DE PRENSA DEL FORO ERMUA 31 Marzo 2006

José María Calleja afirma que «ETA ha fracasado en todos sus objetivos»
MANU RUEDA El Correo 31 Marzo 2006

144. Hacia un mayor policentrismo idiomático mundial
Ramón Tamames Periodista Digital 31 Marzo 2006

ZAPATERO SE LAVA LAS MANOS ANTE El «PRINCIPIO DEL FIN DEL ESTADO»
Editorial EL MUNDO  31 Marzo 2006

EL PRI CATALÁN
MIQUEL PORTA PERALES ABC Cataluña  31 Marzo 2006

Estatuto
La espantada de Zapatero
Ignacio Villa Libertad Digital 31 Marzo 2006

¡A Zapatero le ha fallado el despertador! Eso es lo que muchos diputados –incluidos los socialistas– han pensando cuando, este jueves por la mañana, han visto que el presidente del Gobierno no se encontraba en su escaño en el inicio del debate sobre la reforma del Estatuto de Cataluña. Pero no era así. Ante la pregunta sobre el paradero del presidente, la respuesta era lacónica, huidiza y patética: "Ahora viene, está trabajando en Moncloa".

El presidente del Gobierno ha consumado, este jueves, el mayor de los despropósitos. Nos ha embarcado en la turbulencia institucional más complicada de la democracia contemporánea española. Ha promovido como algo personal un Estatuto que rompe la nación española, que hace trizas la Constitución y dinamita el concepto básico en democracia como es la soberanía. Todo esto lo ha hecho Zapatero, con la ayuda de Artur Mas, en unos acuerdos secretos y nocturnos que han colocado a España en el precipicio del desastre. Y es que el presidente del Gobierno, poca política de Estado hace cuando todo lo fundamenta en el conchaveo personal.

El presidente, no contento con habernos conducido a esta situación límite, encima, en el momento clave, desaparece del mapa. Es una actitud miedosa, vergonzante y rastrera la demostrada por Zapatero que, además de no defender la reforma del Estatuto, tampoco ha estado presente en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. En un gesto de desprecio hacía la soberanía popular, con un actitud que escenifica la culpabilidad del gobernante y con un punto de soberbia, Zapatero ha decidido no dar la cara. Es la demostración palpable de su forma de entender la política.

Con una irresponsabilidad que sobrecoge, el jefe del Gobierno se ha quitado de en medio. Por miedo a ser identificado con el desaguisado, por el reparo de pasar a la historia como el destructor de la nación española o por la simple vergüenza de quién está sobrepasado por su propio desastre; Zapatero se ha puesto de perfil en la foto. Pero que nadie se engañe el culpable, el verdadero culpable de todo lo ocurrido es el presidente del Gobierno. Zapatero ha alentado, ha trabajado y ha impulsado la reforma del Estatuto; lo demás son milongas. Una vez conseguida la nación catalana, ahora le toca el turno al País Vasco y en este caso, además, con el apoyo de los terroristas.

Acabar con España como sea
EDITORIAL Libertad Digital 31 Marzo 2006

Hace poco más de un año, el presidente del Gobierno aseguraba que el fracaso de antiguas constituciones se debía a que "se hicieron constituciones de partido, se hicieron normas políticas con el 51%, y las normas políticas con el 51% para ordenar la convivencia acaban en el fracaso". Y acertadamente indicó que ese porcentaje era suficiente para gobernar, pero que las "normas institucionales básicas" debían buscar un porcentaje "del 70, el 80, el 100". Sin embargo, aquello era el Plan Ibarretxe, y Zapatero no tenía pacto alguno con el PNV para destruir la soberanía española. Ahora, en cambio, sí lo tiene con el nacionalismo catalán. De modo que se ha aprobado con el 54% del Congreso, y se aprobará con un porcentaje aún menor –como mucho, un 52%– en el Senado.

La defensa socialista de su texto ha sido todo menos contundente. Aun los magos de la propaganda necesitan, en ocasiones, algo de material sobre el que trabajar, y tienen dificultades cuando carecen de él. De modo que la vicepresidenta sólo ha acertado a balbucear naderías solemnes como que "sólo integrando la diversidad en la unidad, es posible crear una España sin exclusiones ni excluidos", palabrería hueca que carece de significado real alguno. Tan mal quedaba la cosa en los telediarios, que el mismo Zapatero que aseguró que "devolvería" al parlamento la importancia que supuestamente le había quitado el PP, y que no ha tenido "la valentía ni la vergüenza torera" de comparecer ante él para defender su Estatuto, ha otorgado a Telecinco la exclusiva de una próxima convocatoria del Pacto Antiterrorista. Los mismos periódicos que silenciaban lo que iba a ocurrir en el Congreso, ocultarán bajo esa promesa lo que ha aprobado en él.

En cambio, Mariano Rajoy, en su excelente intervención parlamentaria, ha aportado razones, centrándose en dos argumentos principales. El primero es que "se acaba de establecer por primera vez en la historia de España que Cataluña es una nación", tal y como afirmó Mas. Una realidad que no se limita al preámbulo ni a la sacralización en el articulado de himno y bandera como símbolos "nacionales", sino que se explicita en muchos otros artículos. Por ejemplo, en los derechos de veto que la Generalidad se reserva para muchos de los asuntos que se aprueben en el Parlamento español, sin que el Gobierno pueda en cambio entrometerse en las competencias que el Estatuto blinda para Cataluña. Es éste un Estatuto que transforma al resto de España en una mera colonia de la clase política catalana.

El segundo argumento de Rajoy es que la redacción final está plagada de "supuestos derechos colectivos" colocados "por encima de los individuales", en nombre del "rígido ideario nacionalista". El más llamativo, la imposición del catalán, que implica que "la lengua no se pone al servicio de las personas como un factor de entendimiento, sino al servicio de una construcción nacional". Poco respeto por la libertad puede tener una norma básica de convivencia que incluye la instauración de un órgano censor como el CAC. Un Estatuto que impone un modelo de sociedad, es un Estatuto que no cumple su función como campo de juego en el que los jugadores puedan participar, pues ya está marcado que las instituciones habrán de ser nacionalistas y socialistas.

En definitiva, este Estatuto acaba con el concepto de ciudadanía en nuestro país. En Cataluña, la bendecida intromisión de la política en la vida privada de los catalanes será tal que no cabrá para ellos otro calificativo distinto al de súbditos; sólo pueden existir ciudadanos en sociedades libres. Y en el resto de España, porque sin nación a la que pertenecer, tampoco se puede ser ciudadano de nada. Este es el engendro que ha aprobado, como sea, un magro 54% del Congreso. Tan sólo resta averiguar en qué régimen sobreviviremos los españoles, una vez demolido el de 1978.

El Estatuto de Cataluña, la reducción del Estado y la implosión nacional
Editorial ABC 31 Marzo 2006

EL penoso tránsito del nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña por el Congreso -culminado ayer con su aprobación en la Cámara- no ha hecho bueno un texto que, procedente del Parlamento catalán, incorporaba una genética incompatible, en su espíritu y en su letra, con el régimen constitucional de 1978. Los Estatutos de autonomía de las nacionalidades y regiones españolas forman parte del llamado bloque de constitucionalidad, expresión que remite al carácter básico de sus contenidos para la convivencia nacional y a la correlativa necesidad de respetarlos y de, en su caso, modificarlos por el procedimiento establecido y con el máximo consenso. El Estatuto de autonomía de Cataluña aprobado ayer por el Congreso con el voto en contra, aunque por motivos bien diversos, del PP, ERC y EA, atenta frontalmente contra el núcleo duro de la constitucionalidad de 1978 porque se permite -y no importa que sea en el preámbulo- definir a Cataluña como nación mediante la descripción que de esa comunidad hace su parlamento; y comete la impertinencia jurídica y política de entender que el artículo segundo de la Constitución «reconoce la realidad de Catalunya como una nacionalidad», de tal modo que interpreta ese artículo sin título para hacerlo y, además, de modo arbitrario. Ni una ni otra declaración son compatibles con el precepto segundo de la Carta Magna que sanciona la «unidad indivisible de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Esta incompatibilidad propicia, como consecuencia ineludible, que se haya producido una auténtica implosión del principio constitucional según el cual el Estado autonómico se basa en la unicidad de la nación española.

QUEBRADO el basamento histórico, político y jurídico de España como Nación única, la reducción del Estado en Cataluña es un corolario inevitable. Y así se comprueba en el texto aprobado que se blinda frente a las competencias del Estado, depreda las que le son propias y eleva el nivel de interlocución de la Generalitat hasta situarlo a la altura del Gobierno central. Esta bilateralidad que atraviesa de principio a fin el texto autonómico, se corresponde también con el troceamiento del Poder Judicial, que siendo único por su propia naturaleza como expresión de la soberanía cuya titularidad corresponde a todos los españoles, queda en manos de los poderes autónomos mediante eufemismos que aluden a procesos de desconcentración y descentralización. El carácter privativo del catálogo de derechos exclusivos -algunos de los recogidos en el Estatuto no figuran en la Constitución- para los ciudadanos catalanes, y la imposición de deberes adicionales a los generalmente establecidos para el resto de los españoles, quiebra también el principio democrático de la ciudadanía que se fundamenta en un estricto principio de igualdad.

El carácter intervencionista que este texto otorga a los poderes de la autonomía catalana, no sólo desmiente la naturaleza liberal con el que se define la democracia en las sociedades occidentales, sino que colisiona con criterios constitucionales que preservan derechos individuales y colectivos de la injerencia de las Administraciones. En el futuro, los ciudadanos de Cataluña tendrán un régimen de intervención de los poderes públicos que retrotraerá su espontaneidad social al siglo pasado.

El nuevo Estatuto catalán, elaborado con una muy deficiente técnica jurídica, largo y farragoso, reiterativo y sobreabundante, prolijo y agresivo, es el resultado de un estado de ánimo de la clase política nacionalista y socialista de Cataluña en el que predomina una concepción caciquil del poder y una suprema desconfianza hacia el Estado, a la vez que una inútil resistencia a los grandes vectores que marcan el futuro de las sociedades contemporáneas: la globalización, las soluciones de totalidad a los problemas generales, la unificación de las lenguas, las nuevas tecnologías y el renovado papel de los Estados como factores de la gran interlocución internacional en la Unión Europea y fuera de ella. Este virus anacrónico que incorpora el texto aprobado ayer, conducirá a que sus mandatos devengan no sólo inaplicables sino disfuncionales e inútiles para el progreso de Cataluña.

Lo más grave del paso normativo dado ayer en el Congreso es que, al provocar la implosión de la nación y propiciar la reducción del Estado, el Estatuto de Cataluña se comporta como un caballo de Troya en el sistema constitucional español de 1978. De hecho, implica una derogación de elementos básicos de la Constitución y permite que ésta sea subvertida desde el carácter orgánico de un Estatuto autonómico. Por ello, resulta imprescindible que el PP interponga en su momento recurso de inconstitucionalidad para conocer si el TC avala esta operación político-jurídica o la desautoriza. Y en función del fallo del máximo intérprete de la Constitución nos situaríamos en escenarios muy diferentes.

La afirmación de Mariano Rajoy según la cual este Estatuto es «el principio del fin del Estado» no es hiperbólica ni exagerada. Responde a una mera compulsa entre el texto constitucional y el autonómico. La responsabilidad contraída por el Gobierno, el PSOE y el PSC al amparar y alentar esta iniciativa es histórica y grave. Y además, completamente inútil para saciar los apetitos soberanistas -independentistas- de buena parte del nacionalismo catalán. Tanto ERC como CiU ya han advertido que el nuevo texto no satisface sus expectativas; en modo alguno lo asumen como definitivo. No estamos ante una cláusula de cierre del Estado autonómico, sino ante la apertura de un proceso encubierto de transformación del modelo de Estado que si ahora es unitario autonómico irá migrando, mediante los Estatutos y demás leyes orgánicas, a una suerte de confederación en la que jugarán unos titulares de alta capacidad económica y demográfica -es decir, los más ricos- con otro conjunto homogeneizado por su menor desarrollo y la ausencia de determinadas características lingüísticas y culturales. Y si así sucede, como es probable, la afirmación de Rajoy se hará visible a los que ahora la tildan de catastrofista.

LA creencia, asentada en sólidos argumentos y datos objetivos, de que España es una Nación, informa la Constitución y la precede; no es, por tanto, una expresión meramente sentimental, sino un hecho histórico que se ha consolidado por el devenir constante de nuestro país. España es una Nación plural, pero es una, sobre la que se estructura un Estado unitario que reconoce y ampara el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Esta fórmula plasmada en 1978 al máximo nivel legal, solemne y democráticamente asumida, no puede ser alterada por una iniciativa de cortas miras y ambiciones pequeñas. Tarde o temprano -en el TC, en la propia sociedad catalana, en las urnas- está llamada a encallar y a diluirse como una ensoñación minoritaria alentada por el temor de los nacionalismos al tiempo actual y la prevención de los socialistas a no poder continuar en el poder.

España, herida
Pablo Sebastián Estrella Digital 31 Marzo 2006

El presidente Zapatero ha clavado, como Bruto en Julio César, la daga catalana en el cuerpo de España por la sola ambición de permanecer en el poder con notoriedad, y ha llegado al tercer acto del drama escoltado de una guardia pretoriana que había preparado cuidadosamente el escenario para que no se viera el rostro ni la mano que empuñaba el cuchillo plateado y presidencial, traidor a su país y a sus ciudadanos (pero Zapatero es un hombre honorable).

Primero pactaron con ETA el día y la hora del comunicado de la tregua para convertir el pesimismo imperante en alas de esperanza y cantos de paz. Luego invitaron con falsas palabras y ligeros halagos al líder de la oposición, Rajoy, a participar en la Moncloa en la manida escena del sofá, adonde no debió acudir antes de la votación del Estatuto para no ser rehén de semejante fotografía. Después, y en la víspera del drama, soltaron los perros policías sobre la inmundicia de Marbella para ofrecer carnaza al jolgorio nacional de la prensa rosa y los sucesos tan de moda en nuestro país. Y, finalmente, cuando se alzó el telón del Congreso de los Diputados apareció la calculada y cobarde ausencia del presidente (pero Zapatero es un hombre honorable), que, escondido en su despacho, dejó solo al tribuno Rajoy para que llorara, y lo hizo muy bien, pletórico de razones, la herida abierta en el Estado español.

El pueblo soberano debía quedarse al margen de la felonía del Estatuto catalán, y por eso se montaron toda clase de fuegos de artificios y espectáculos paralelos, como lo de la trama marbellí o el comunicado de ETA que, en coincidencia con el Estatuto, dibuja en el horizonte del País Vasco una segunda y más profunda herida en el cuerpo español, a manos de un presidente que arremete y se esconde entre las bambalinas del escenario, para dar rienda suelta a una España confederal, extraña e inédita en nuestra Historia, y nadie —y seguramente él tampoco— sabe bien el porqué. Aunque imaginamos que este Bruto de opereta creerá que lo democrático y progresista es promocionar en Cataluña un Estatuto que recorta las libertades y los derechos democráticos de los españoles, y que le entrega el poder político y económico a la burguesía catalana nacionalista, que considera que éste es el primer escalón de su futura independencia nacional (pero Zapatero es un hombre honorable).

Y el PSOE? Pues este partido de profesionales del poder y en la actualidad de escasa altura política y cultural se allanó. Alfonso Guerra, cual felón, huyó del hemiciclo tras la votación para no ser interrogado por la prensa, mientras el ministro José Bono, patriota de cartón, se ausentó del banco azul pero sigue escondido en el Gobierno. ¿Y el entorno mediático, empresarial, intelectual y cultural del Gobierno y del PSOE? Pues a lo hecho, pecho; porque si las cosas salen bien, aunque sólo sea desde el interesado punto de vista del disfrute del poder, habrá mucho para repartir y para disfrutar.

En realidad, los gobernantes y sus cómplices en la agresión sólo temen a los españoles, y por eso las prisas por apagar la luz del Estatuto, y por eso el presidente Zapatero no se atrevió a dar la cara, careció de la vergüenza torera que le imputó Rajoy para subir al estrado a parlamentar y a decir a los cuatro vientos: “Sí, he sido yo”. Ni siquiera quiso Zapatero escuchar en el hemiciclo la opinión de los demás —nos dijo en el pasillo: “El debate está hecho, hoy sólo venimos a votar”— en un acto sin gallardía y de descortesía parlamentaria y para con sus invitados en la tribuna, los Maragall, Saura, Mas y Pujol que, enfrentados entre sí y en ausencia de Carod, andaban dispersos por los bancos del público sin comprender bien la ausencia en el hemiciclo del promotor del Estatuto.

El ex presidente Pujol, que dice ser una estatua que no habla, nos explicó que con esta inusual fuga Zapatero pretendía evitar tensiones con Rajoy. Así es, pero no para dañar el espíritu de cordialidad que se visualizó en pasado martes en la Moncloa ante la tregua de ETA, sino para que el espectáculo del Estatuto volviera a los primeros planos de la actualidad. Porque sabe que los españoles, incluso sus votantes, repudian esta entrega de la soberanía nacional a la clase política catalana que, con guante blanco, no está tan lejos de los líos de Marbella con los que ahora se oculta el desvarío catalán: por ahí están el 3 por ciento de comisiones, informes corruptos, cobros mafiosos a funcionarios, censura a los medios, chantajes mutuos, etc. (pero Zapatero es un hombre honorable).

Que el Estatuto catalán es inconstitucional, insolidario, recorta las libertades y abre el portón del principio del fin del Estado pactado en 1978, como dijo Rajoy, eso y mucho más es cierto, pero como le decía con cinismo Rubalcaba al líder de la oposición: el día que gobierne el PP lo tendrá que hacer con ese mismo Estatuto. Lo que es verdad, salvo que lo reforme el Tribunal Constitucional a contrapelo del referéndum catalán. O salvo que la escalada de disparates que permite su interpretación abra una crisis de un calado mayor, lo que tampoco habría que descartar.

De momento, el Estatuto de Zapatero (que es un hombre honorable) sólo alcanzó el 54 por ciento de los votos del Congreso, y aún le queda el trámite del Senado y la consulta catalana popular. Ayer pasó el trámite del Congreso de los Diputados, mientras Bruto, dándoles la razón a los “idus de marzo”, repartía sus sonrisas convencido de que los ciudadanos no darán importancia a esta jornada histórica y crucial. Pero la Historia es tozuda e inagotable, y esos mismos ciudadanos un día no muy lejano, posiblemente en los Llanos de Filipos, habilitados de campo de Marte electoral, le harán justicia por todo esto y por lo que viene por detrás.

Zapatero
Gobierno teratólogico
Agapito Maestre Libertad Digital 31 Marzo 2006

Extraño me siento en este medio político. Es tan inhóspito como el socialismo-nacionalista que lo ha creado. ¿Qué podemos hacer cuando el Gobierno no atiende razones? Poco. Quizá buscar palabras, pues hasta el lenguaje empieza a dar muestras de agotamiento. El Gobierno ya no escucha. La cultura suicida de la izquierda está cumpliéndose: ¡Que se haga la "razón" y perezca el mundo! Zapatero es la prueba de ese suicidio: no necesita asistir a la sesión del Parlamento. Él se conforma con tener la "razón", o sea, los votos. He ahí la quintaesencia del asesinato político: quien esgrime retóricamente el diálogo lo ha hecho imposible.

Se aprueba un Estatuto que niega mi nacionalidad, pero el Gobierno se ríe como si aquí no pasara nada. Y encima los muy indecentes hacen una fiesta para celebrarlo. Tomémoslo con humor para no perder la dignidad. Busquemos un remedio contra tanta miseria. Quizá una palabra baste. Dicen que siempre hay una palabra para explicar el mundo. Me afano en el asunto y busco una para describir lo que está sucediendo en España. Los sucesos de los últimos días son para sentir miedo. Se me agolpan en la mente hechos y declaraciones, golpes de efecto y decisiones del Gobierno, desde el 14-M hasta aquí, y no puedo dejar de reconocer que todo parece fuera de sitio.

Estamos al margen de lo que sucede en países normales. Parece el mundo del revés. Otra monstruosidad: Un partido nacional satisfaciendo las exigencias criminales de unos partidillos nacionalistas. Es como si fuéramos contra la historia. El 30 de marzo se aprobaba en el Parlamento nacional el fin de la nación española y apenas un par de radios y periódicos hacían mención del asunto. Las elites periodísticas e intelectuales son tan inexistentes como las políticas. Todo parece pueblo en barbecho. Gentío. Lo decía muy bien una señora de Marbella: "No confunda a quienes están en la cárcel con la buena gente de Marbella". Era como oír a Ortega hablando por boca de una paisana malagueña.

Parecía inaudito comenzar una sesión parlamentaria, donde se decidía el fin de la nación española, sin la presencia del presidente del Gobierno. Pero era tan real como que Rajoy le llamaba cobarde. Un tipo sin vergüenza torera estaba escondido, mientras se debatía el fin de la nación española. Pero el silencio cínico de los socialistas lo cubría todo. Nuestros políticos de izquierda se revolcaban en sus propias heces. Todo era miseria en un parlamento presidido por un cursi sin una sola idea. Al final de la sesión se aprobó, como estaba previsto, la destrucción de España como nación. El escaso margen por el que fue aprobado define la tragedia que nos espera. Nadie se irá de rositas. Mientras llega el enfrentamiento, hacen una fiesta para terminar de comerse las vísceras del cadáver. Y sin embargo... la cosa sigue. Quizá sería mejor decir que el Gobierno está terminando con la democracia a través del "uso alternativo", o sea, salvaje de la democracia, pero mucho me temo que seamos los ciudadanos de a pie quienes tengamos que justificar que aún merece la pena intentarlo.

Sí, aún es posible decir a los votantes socialistas, especialmente a los que el partido no les da de comer, que sus representantes nos llevan al enfrentamiento entre los españoles. Ponga pie en pared, por favor, y hagan algo. Lo dudo. No harán caso. Cerrarán los ojos y no creerán que España está fracturada. La gente piensa que este problema no va con ella. Lo ven como una cosa lejana. Sin embargo, intentémoslo de nuevo. Gritemos: la sesión del Congreso de los Diputados fue una monstruosidad. Se aprobó un engendro anticonstitucional y, sobre todo, criminal, políticamente hablando, porque imposibilita el diálogo en condiciones de igualdad entre los ciudadanos de España. O peor, ser ciudadano español es imposible en España con este Estatuto, si previamente no se reconoce que Cataluña es otra nación como España. Una contradicción en los términos.

Y, sin embargo, nos dirán que exageramos, cuando mostramos que la "política" del Gobierno es absolutamente anómala. Está llena de monstruosidades. Se diría que no hay comportamiento del Gobierno que se sustraiga al análisis teratológico. (Al final he dado con la palabra que describe al gobierno socialista, o sea, teratológico). Sólo un tratado de las monstruosidades podría dar alguna luz, quizá hacer un diagnóstico, sobre el bestiario político que está completando el Gobierno a los dos años de llegar al poder.

Gobierno contra PP
Los trileros
Aurelio Alonso Cortés Libertad Digital 31 Marzo 2006

Se ha aprobado el Estatuto de Cataluña por el frente nazionalsocialista con el voto en contra del PP acompañado, paradójicamente, de ERC y EA. Voto coherente el del partido de la oposición aunque inexplicable en los separatistas republicanos. Les sabe a poco la declaración de nación en el preámbulo, prólogo por cierto de la escisión de España. ¿Pues que esperaban? ¿La entronización de la III República? Camino vamos.

Cuando algunos españoles pronosticábamos una moción de censura –al menos testimonial pero digna, y estratégicamente rentable– comparece Rajoy a la llamada de Rodriguez el martes 28, martes negropara la historia. Se ha dejado seducir por la Moncloa. No espere haberlo compensado con su brillante intervención en el debate parlamentario del Estatut. Está ya uncido al carro de Rodríguez, y perdónenme quienes llevan tan honesto apellido. Es la séptima vez que le engañan. Esta vez con elogios y al socaire de una supuesta tregua o paz, en una guerra que no existe pero que los trileros monclovitas pasan de un cubilete a otro con sus alargados dedos. ¿Es la paz de la indulgencia o más bien merecen cárcel los asesinos, según el Código penal del Estado de Derecho?

¿Quién o quienes fuerzan a Don Mariano en la calle Génova a esta postura acomodaticia, nada coincidente con las sufridoras bases de votantes sumidos, por ello, en la angustia? ¿Creen los genovistas que así recuperarán el centro del "espectro político"? Espectro en la acepción del diccionario es "un fantasma, por lo común horrible, que se representa a los ojos o en la fantasía". Y para que no extrañe le han trazado unas "líneas rojas" por las que no pasarán y que recuerdan al Madrid sitiado. ¿No las trazó también el PP cuando empezó lo del Estatut? ¿Y qué ha pasado?

Rodríguez ya le ha pagado a don Mariano la letra que vencía a los dos días del encierro del martes monclovita. Le ha pagado con su más que descortés ausencia y la de la mayor parte de ministros y diputados socialistas coincidiendo con su primera y rutilante discurso en el pleno del Congreso que ha aprobado el Estatut. Una alocución tempranera a las nueve de la mañana que no ha podido siquiera escuchar la juventud que estaba trabajando; la que sin embargo se enterará por este periódico digital en el PC de la empresa. Más que bofetada a don Mariano ha sido un escarnio a los españoles el que en el debate parlamentario más trascendental desde 1978, el banco del Gobierno en lugar de por Rodríguez estuviera presidido por la modelo de Carolina Herrera y algún otro modisto mencionado en el show room de este digital. Lo que importaba a Rodríguez era desagraviar con una foto a Maragall, tomada con él, a escondidas, tras el escenario.

Don Mariano –quizá por no ser político profesional– no parece todavía darse cuenta de que desde el 11-M todas las operaciones de Rodríguez tienen como finalidad destruir al PP para implantar el pensamiento único en lo que quede de España. ¿No percibe que sus votantes sintonizan otra onda? La de creer que están íntimamente unidos y programados un paquete de hechos: la matanza de Atocha, ETA, Perpiñán, el Estatut, y lo del próximo "estatuto-plan Ibarreche". ¿Qué votos espera ganar Rajoy con su llamémoslo despiste? ¿Los viscerales de quienes votan "socialista de toda la vida"? ¿O los de los diez grandes capitalistas y mil rentistas que han estado siempre al sol que más calienta? Le aconsejo que dirija sus esfuerzos a la clase media que percibe sueldo –algunos alto, pero sueldo–, a los pensionistas cuyas pensiones no se podrán pagar el 2010 según los expertos, y a los jóvenes pendientes de empleo o con empleo precario. Que nadie siga calificando ni de derechas ni conservadores a quienes siendo multitud bien poco tienen que conservar como no sea su sueldo o pensión.

El pueblo soberano está abrumado por tan extraña situación política, con apariencia de inevitable. Y no se olvide que está por encima de la Constitución y del Rey en cuanto tiene el poder de cambiarla. Juan Español –un mote que antes honraba– se pregunta invariablemente "qué va a pasar" y coincide en que los políticos son una calamidad, sean del partido que sean. Mientras, algún militar pudiera estar deshojando la margarita del artículo octavo.

Una parte de ciudadanos sufre el síndrome de Estocolmo, o del prisionero, y llega encariñarse con verdugos y dinamiteros. Y otra, la más importante, es ese Juan Español que sigue los acontecimientos por radio como si estuviera en un 23-F permanente. Hoy estas radios "se la juegan" con sentido de Estado. Como la 95,1 FM en su programa "Más se perdió en Cuba", que cuenta con humor las verdades del barquero. O las radios de los diales 999, 954 y 918 de Onda Media. También Juan Español lee ávidamente un conjunto de periódicos digitales que, como éste de Libertad Digital, nunca podrán cerrar porque Internet es inabordable. ¡Buen trabajo tiene por delante la censura zapateril!

En la mesa del trilero lo que se ve, nunca es lo que se cree ver ni lo que parece. Y el ambiente contribuye al engaño. Alrededor hay un coro que participa en las "ganancias" del coche oficial. Y a veces algo alejados, personas de alto copete, o al menos encorbatadas, actúan de gancho para que se trague "lo de la tregua". Pudieran ser el Fiscal del Reino o aquel que dijo lo de "hablando se entiende la gente".

Aléjese Rajoy de los trileros. Y pida –como se comprometió al recoger firmas– la reforma de la Constitución para a continuación ajustar a ella, retroactivamente, los estatutos que como el catalán se hayan salido de madre. Ya.

Ante un gobierno ilegal
Pío Moa Libertad Digital 31 Marzo 2006

Al aprobar un estatuto manifiesta, flagrantemente anticonstitucional, el gobierno y los diputados que lo han hecho no han destruido la Constitución, como a veces se dice, sino que se han puesto fuera de la ley. Pues solo faltaría que reconociéramos a un grupo de políticos corrompidos o irresponsables la facultad de situarse por encima de la ley.

Tenemos, pues, un gobierno ilegal. Esta es la realidad, y a ella debemos atenernos: se trata de un golpe a la Constitución, de un golpe de estado, el reto más grave, con mucho, que hayan sufrido la paz y la libertad de los españoles desde la Transición, harto más grave que el 23-F.

Las sociedades, señaló Toynbee, evolucionan o se hunden afrontando los retos que la historia les presenta, y esta es la ocasión en que, o vuelve a imponerse el espíritu y la letra de la ley, y con ella la convivencia en democracia, o se impondrá una caterva de políticos de cuya deleznable calidad moral e intelectual hemos tenido sobradas pruebas a lo largo de bastantes años, y de los que sólo podemos esperar una rápida descomposición de la sociedad española. Y, en el segundo caso, ni la paz ni la libertad serán ya posibles, porque es el respeto a la ley, precisamente, lo que las garantiza.

Muchos se dejarán engañar pensando que la ciudadanía se someterá a su propio envilecimiento, aceptará sustituir la Constitución por el chanchullo entre políticos indignos, y que eso sería preferible a cualquier crispación o enfrentamiento. Vana e ilusión, además de necia. La caída de la ley significa la entrada en el reino del despotismo y la arbitrariedad, y, con ambos, de la violencia. Es indispensable reaccionar, es preciso articular un amplio movimiento cívico que frene el deterioro y exija, a su debido tiempo, responsabilidades a los golpistas, antes de que el estado y la sociedad entren en un proceso irreversible de ruina.

Qué hacer. Según un típico argumento demagógico, la democracia es falsa porque consiste en votar cada cuatro años y dejar luego la política en manos de los partidos. Pero eso no es malo. Si todo el mundo estuviera preocupado de decidir en política cada día, la sociedad se volvería un caos. Sin embargo, en situación de crisis, cuando “los ministros, criados que saquean la casa, esperan la hora sombría en que la España agonizante muera”, como hizo decir Víctor Hugo a su Ruy Blas; cuando unos políticos indeseables, en asociación con los separatistas y terroristas, preparan la disgregación de España en un amasijo de seudonaciones… cada ciudadano debe plantearse qué hacer.

De una crisis la sociedad sale fortalecida o hundida, depende de cómo la afronte. Por lo tanto, dejémonos de perder tiempo y energía en lamentaciones. Los enemigos de España y de la libertad no son tan fuertes; en rigor, su aparente fortaleza procede de nuestra desunión y de nuestra absurda sensación de debilidad. Las quejas han de dejar paso a una resuelta acción cívica, sin derrotismos pueriles. De esta crisis, la España democrática tiene que salir fortalecida, y ello depende de todos nosotros, de los ciudadanos de a pie dispuestos a no aceptar lo inaceptable. Ya hablaremos de los medios, pero no olvidemos que la actitud es lo fundamental. Los mejores medios sirven de poco en manos de los claudicantes, y quien tiene claro su deber encontrará los medios precisos.

Piense cada cual, como aconsejaba Julián Marías, no en lo que “va a pasar”, sino en “lo que puedo hacer”. Lo que puede hacer cada uno por su cuenta, y lo que puede hacer de forma organizada. En cuanto lo pensemos fríamente, veremos muchas perspectivas. Por lo pronto, cada uno ha de tomar clara posición frente un gobierno manifiestamente ilegítimo e ilegal. Seguiremos tratando estas cuestiones.

«L´ elixir nazionalista»
Por PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO. Rector de la Universidad Rey Juan Carlos ABC 31 Marzo 2006

... Estamos ante un «Estatut» de un reglamentismo patológico, que va a hacer problemático el ejercicio de políticas liberalizadoras y flexibles. Un enfermizo intervencionismo que complicará no sólo el gobierno de «Catalunya», sino su deseado desarrollo económico...

EL Estatut de Catalunya lleva mucho tiempo monopolizando la vida nacional. Primero, en el Parlament y, ahora, en el Congreso, donde la discusión intensa y acalorada de sus líneas programáticas y rasgos principales ha centrado la refriega política. Un debate, por lo demás, que no se ha circunscrito a las instituciones políticas y al ámbito público, sino que ha llegado a la ciudadanía. A ésta me gustaría dirigirme, más que a la pléyade de actores políticos e integrantes varios de la circunspecta Academia.

De entrada, una aclaración: no soy un detractor de nuestro modelo de descentralización política -el Estado autonómico o Estado de las Autonomías-. Nada más lejos que la rancia defensa de un desfasado marco jacobino y asfixiantemente centralizador. Por el contrario, creo en las ventajas de un sistema descentralizado, respetuoso y cercano a las ricas singularidades y pueblos de España, tanto por lo que tiene de protección de nuestra pluralidad territorial, como de una mayor eficacia en la prestación de los servicios públicos. Si bien, no pueden ignorarse algunas innecesarias duplicidades en el obrar de las Administraciones Públicas y sus consecuentes costes económicos.

Pero aclarado esto, no puedo ir en contra de mis convicciones. ¡Este no es el modelo de Estatuto que necesita Catalunya, y por ende España!, toda vez que se ampliará inexorablemente -¡y vuelta a empezar!- al resto de Comunidades Autónomas. ¿Qué otro significado tiene entonces la cláusula Camps de la Comunidad Valenciana?

La primera de las razones, por sensibilidad social. Me resisto a pensar que la reclamación autonomista, por lo menos en su tenor excluyente, responda a los deseos reales de la población. A los ciudadanos de la España constitucional, como acontece con el resto de los europeos, nos preocupa -así lo dice el Informe del Centro de Investigaciones Sociológicas de este mes de marzo- otras cuestiones: la inmigración, el empleo, la sanidad, el medio ambiente, la vivienda o la educación. Las reclamaciones estatutarias se han vertebrado mayoritariamente, ¡no nos engañemos!, para satisfacer las ansias partidistas de una endogámica clase política y de un exacerbado clientelismo, al tiempo que para lograr el indefectible respaldo parlamentario para poder gobernar.

La segunda razón, por lógica y metodología. Si desde el Gobierno se auspicia una reforma constitucional, incidiendo alguna de ellas -la denominación de las Comunidades Autónomas y el papel del Senado- en nuestro modelo autonómico, lo razonable sería impulsar, de entrada, la revisión constitucional, para desde ésta encauzar los cambios estatutarios. Construyamos los cimientos y, luego, instalemos el tejado. Pero no al revés. No deben ser los Estatutos los que arrastren, de facto, a una reforma no prevista y tácita de la Constitución: las denominadas modificaciones constitucionales encubiertas o mutaciones constitucionales. Pero hay más. En el Dictamen del Consejo de Estado, del mes de febrero, se postula algo diferente al sentido de la reforma estatutaria aprobada: la conveniencia de cerrar el modelo, poniendo pues coto a sus rasgos centrífugos y fortaleciendo los elementos comunes e integradores.

La tercera razón, por fáctica operatividad, toda vez que la descentralización ha sido de tal intensidad y extensión, que poco destacado queda razonablemente susceptible de delegarse a las Comunidades Autónomas, si no queremos deconstruir el Estado o transformarlo en una imposible Confederación. Lo que habría que hacer en este momento, por contra, sería reforzar -en la línea del federalismo cooperativo- los mecanismos de colaboración/coparticipación multilaterales entre Estado y Comunidades Autónomas para mejorar la coordinación, la eficiencia y la cohesión nacional.

La cuarta razón, por la ruptura del consenso constitucional, la piedra angular en que descansa el éxito del vigente régimen político de 1978 desde la Transición. Un consenso que no afecta sólo al texto de la Constitución, sino que hay que extender también -hasta ahora se había respetado- a los Estatutos de Autonomía, cuya aprobación no es únicamente cuestión de mayorías cualificadas. Sancionar una reforma estatutaria sin el acuerdo de las dos grandes formaciones políticas nacionales, es un desafortunado error.

La quinta razón, por causas de inconstitucionalidad / inoportunidad. Es cierto que el texto del Estatut ha mejorado en el Congreso (Ponencia y Comisión Constitucional), habiéndose eliminado flagrantes violaciones constitucionales, como la conformación de España como Estado plurinacional; la competencia de la Generalitat para convocar referéndum; la excluyente apelación a derechos históricos; y, aunque aquí las reservas son mayores, en la financiación, pues si bien desaparece el pseudo concierto/convenio, su diseño final incidirá lamentablemente en la solidaridad interterritorial.

Aunque, en este punto, lo que no se ha podido subsanar -seguramente porque, a pesar de los esfuerzos, era imposible- es su música soberanista. Basta con leer su pretencioso Preámbulo, acercarse a su disparatada extensión -227 artículos frente a los 57 del Estatut de 1979 o los 169 de la Constitución- para concluir, como ha señalado el profesor Meilán, que éste disfruta de «alma de Constitución y cuerpo de reglamento». Y aquí es donde se justifica la pugna por explicitar la nación catalana, aunque sea sólo en su Preámbulo, como si éste careciera de relevancia jurídica interpretativa y, sobre todo, de dimensión simbólica, histórica y política (soberanía, poder constituyente y autodeterminación). ¡Y si no que se lo digan a los Preámbulos de la Constitución americana de 1787 y de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789! Un reconocimiento que rompe la unidad de la Nación española desde la Constitución de Cádiz -«La Nación Española es la reunión de todos los Españoles de ambos Hemisferios»--, en beneficio de una irreal relación cuasi paritaria y bilateral.

Desde tales parámetros, no extrañan ya otras materias. Es el caso de un fútil Título dedicado a los derechos. Una competencia reservada a los Estados (Título I y artículos 139. 1 y 149. 1. 1ª de la Constitución) que, aunque no sea inconstitucional, si su aplicación futura no violenta la igualdad práctica en el territorio nacional, no se entiende qué consecuencias jurídicas pueda tener. Una regulación que extiende una sensación discriminatoria en las demás Comunidades, que se apresurarán pronto (Comunidades Valenciana y Andaluza) a mimetizar tan megalómana normativa. Ni tampoco, pese a todas las salvaguardias -con remisiones continuas a las leyes orgánicas del Estado-, la brecha en la unidad del Poder Judicial: la constitución de un innecesario Consejo de Justicia de Catalunya, injustificados requisitos del personal de justicia o presentación de complejas ternas para la designación del Fiscal Superior de Catalunya. Así como la formalización de unos derechos lingüísticos, que desconocen -frente al deber de conocer el catalán- el castellano como «lengua oficial del Estado». Y más cosas: el blindaje de las competencias autonómicas, la limitación del alcance de la legislación básica del Estado, la creación de una Agencia Tributaria independiente, etc.

Pero hay otra razón añadida para su crítica: la apelación al seny catalán. Estamos ante un Estatut de un reglamentismo patológico, que va a hacer problemático el ejercicio de políticas liberalizadoras y flexibles. Un enfermizo intervencionismo que, junto a la fragmentación del orden jurídico y económico, complicará no sólo el gobierno de Catalunya, sino su deseado desarrollo económico.

Así las cosas, ¿diluye definitivamente el Estatut la unidad de la Nación española, mientras dinamita su correlativo marco constitucional? Seguramente, no. Hoy es exagerada tal conclusión, pues, aún admitiendo la práctica irreversibilidad de muchas de sus medidas, las espaldas de la España constitucional son firmes y anchas. Sin embargo, éste no es el camino. Y es que, como en la ópera de L ´elisir d´amore de Gaetano Donizetti, representada hace semanas en el Teatro Real de Madrid, la tisana d´amore de Nemorino para conquistar a Adina, se ha visto sustituida por l ´elisir nazionalista.

Narices tapadas
Por IGNACIO CAMACHO ABC 31 Marzo 2006

ESAS caritas. Las de Leguina, Txiki Benegas, Marugán, las de los herederos del «alma jacobina» del PSOE. La de Alfonso Guerra, sobre todo, que ha dicho tantas cosas y se las ha tragado todas. González, que las dice aún peores y más duras -«claro que estoy preocupado, cómo no voy a estarlo si...»- , tiene la suerte de no ser ya diputado y poderse ahorrar este papelón, este sapo, esta rueda de molino. Como Bono. Pero ellos, los que durante meses han proclamado a quienes lo querían oír su rotundo desacuerdo, su radical desavenencia con este Estatuto y lo que significa, tuvieron que hocicar ayer de mala manera, de pie sobre su escaño, al pronunciar un «sí» que les humilla. Por mucho que el errático texto inicial haya sufrido un notable afeitado, ellos saben que los demás sabemos que les repugna.

Y es muy especial el caso de Alfonso Guerra. Porque se puso chulo durante mucho tiempo, porque hizo de gallito en las conferencias del Escorial y en la entrevista con Sotillos en «Sistema», porque se presentó, en público y en privado, como el dique que iba a contener la marea nacionalista. Porque repetía lo de la reforma encubierta de la Constitución, porque se cachondeaba del concepto de nación, porque cuestionaba la bilateralidad desde una impecable lógica igualitaria, porque parecía resucitar del ostracismo para encabezar una revuelta de la razón frente al disparate. Porque se reunía discretamente con Zaplana y Soraya Sáenz de Santamaría. Y porque es el presidente de la Comisión Constitucional. Al final, ha acabado como siempre, en una decepción, un gatillazo político, un amagar y no dar, una promesa escurrida, una demagogia de salón, una pirueta... y un silencio. Si al menos hubiese pillado una oportuna bronquitis salvadora, como Otegi. Ay, Alfonso, qué lástima. Qué mutis tan gris, qué desencanto tan triste, qué manera de perder este hombre una oportunidad de hacerse un poco de justicia a sí mismo.

Y a los demás, a los ciudadanos, a su país. Porque es verdad que España no se va a romper mañana, ni cuando entre en vigor el Estatuto, pero sí va a empezar a quebrarse la cohesión socioeconómica y se van a abrir grietas en la unidad política. Porque dentro de unos años habrá una España de dos velocidades. Porque las transferencias de renta disminuirán para los territorios más pobres en beneficio de los más ricos. Porque los derechos históricos colectivos van a empezar a sustituir a los derechos políticos individuales. Porque la nación de ciudadanos se va a convertir en nación de naciones. Y porque todo eso va a ocurrir sin el consenso que, como se han hartado de proclamar Alfonso Guerra y otros que ayer votaron tapándose la nariz, era la condición mínima para emprender un camino tan arriesgado.

Porque llevaban razón, en una palabra. Y se la han tenido que negar a sí mismos y envainársela con todo su jacobino orgullo.

Días negros
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 31 Marzo 2006

El hecho de que la aprobación del Estatuto catalán sea para Mariano Rajoy una página negra de la Historia de España mientras para Artur Mas ha sido una ocasión históricamente memorable nos da una perfecta idea de los valores de los dos políticos: los de Artur Mas son los propios de un nacionalista para quien el Estatuto supone el reconocimiento de Cataluña como Nación, y los de Mariano Rajoy son los que corresponden a quien cree que la Nación española ha sido negada y su unidad, rota.

Las diferencias entre populares y nacionalistas están dentro de lo normal. ¿Quién no ha contado con ellas? No es España, por otra parte, el único país del mundo donde se dan movimientos nacionalistas.

Más aún: es raro el caso de aquel en el que no se conocen Bretañas, Padanias o Quebecs... pero lo que nos convierte en un hecho excepcional, políticamente extravagante; lo que determina que nuestra situación pueda resultar en el futuro realmente peligrosa para la convivencia y, en definitiva, para la paz, es la identificación de un partido nacional, como es el Partido Socialista Obrero Español, con los objetivos de los movimientos separatistas. Gracias a Zapatero y su partido, ayer se pudo aprobar en el Congreso un texto en el que se reconoce la Nación catalana y, de ese modo, se niega la unidad de la Nación española.

El crimen estaba cantado. Lo habría sido aún con los votos de los populares pero, al menos, se habrían respetado las exigencias formales de la Constitución. Se ha matado la unidad de la nación con el 54 por ciento de los votos. Los «Mikel Antza» deben estar sorprendidos de tanta desvergüenza.

Si hubieran sido capaces de imaginar la capacidad de los socialistas para despreciar la legalidad nunca habrían ido por el camino del terror. Han asesinado para conseguir resultados menores que los que garantiza Zapatero.

«Antza» debe confiar en el PSOE. Tendrán un Estatuto a la altura de sus ambiciones independentistas. Será otra página negra. Y después llegará la gallega y aún la andaluza. Todo un capítulo... negro. ¿Y la sociedad? Cuando el sistema de partidos está viciado de raíz es muy difícil que la llamada sociedad civil pueda articular respuestas eficaces.

Una vez más, hay que recordar con Ortega la incapacidad de nuestras minorías y, una vez más, es de temer que, tras el período negro que hoy se ha abierto en la Historia de España, podamos conocer uno de esos pendulazos tan propios de ella. Algunos lo habremos dicho.

EL PRESIDENTE MUDO
MIQUEL PORTA PERALES ABC 31 Marzo 2006

Rodríguez Zapatero no tiene ideología, sino olfato. Y como tiene olfato sabe cómo actuar en cada momento. Ayer, su silencio fue elocuente. Y transparente. Rodríguez Zapatero no engaña. Ni cuando lo pretende. Ayer supimos qué esconde esa máscara de diálogo y talante, esa sonrisa de anuncio, esa mirada circunfleja. Pero no desvelemos todavía el misterio. Sabemos que tiene olfato. Lo ha demostrado al apostar por causas previamente ganadas como la paz y el matrimonio homosexual; también, tras un cálculo de coste y beneficio, impulsando y aprobando, «como sea», un Estatuto de Cataluña que le reportará réditos políticos y electorales.

¿Que el Estatuto reconoce el carácter nacional de Cataluña y apela a los derechos históricos de Cataluña? ¿Que el Estatuto amenaza la solidaridad interregional? ¿Que el Estatuto establece derechos propios para los catalanes, contempla la existencia de competencias exclusivas de Cataluña, impone el uso de la denominada lengua propia de Cataluña, y sienta las bases de un poder judicial catalán? ¿Que el Estatuto implica un cambio de modelo de Estado en que Cataluña y España mantienen relaciones bilaterales? ¿Que el Estatuto hace de España una nación desglosada con un Estado ausente sin competencias en parte de su territorio? Todo eso tanto da. Lo importante son las alianzas políticas que Rodríguez Zapatero se asegura al aprobar el Estatuto. Y, sobre todo, el mantenimiento del poder. Llega el momento de desenmascarar al presidente mudo. No hay misterio. Zapatero -que aparece con casi cuatro horas de retraso en el Congreso: ¿sería sancionado por absentismo según la futura ley del funcionariado?- no interviene en el debate, porque su olfato le dice que no debe arriesgarse en un cuerpo a cuerpo con la oposición, que el vigilante jurado de la legalidad democrática debe observar calladamente. Pero ese silencio estudiado y circunspecto resulta previsible y provoca la sonrisa. Recuerda el de Groucho Marx en «Sopa de ganso», que después de pensar durante unos instantes con el puro en la boca, desde su trono de jefe de Estado de ese país de jauja llamado Freedonia, nombra a Chico secretario de Estado. Un despropósito. Como el Estatuto.

FUTURO INCÓGNITO
ÁLVARO DELGADO GAL ABC 31 Marzo 2006

Ayer el Congreso aprobó, con la oposición de ERC, Eusko Alkartasuna y el PP, el nuevo Estatuto catalán. Según una opinión muy extendida entre los expertos, el Estatut no es constitucional. Los más próximos a las posiciones gubernamentales admiten que se trata de un documento extraordinariamente confuso. A demostrarlo, basta el preámbulo. En él no se dice que Cataluña sea una nación. Se asevera sólo que ha sido entronizada como tal por una representación mayoritaria del pueblo catalán. Todavía peor: se vincula la condición nacional de Cataluña, al hecho previo de que la Carta Magna la reconoce como nacionalidad. La pretensión es materialmente falsa. En efecto, la Constitución no enumera qué CCAA disfrutan del rango o distinción de nacionalidades .Además de ser materialmente falso, el prolegómenos estatutario introduce un equívoco letal en la Ley de leyes. Si resulta que Cataluña es nación en la medida en que es nacionalidad, tendremos que aceptar que todas las nacionalidades son en potencia naciones. La Constitución estaría manifestando que España se compone de tantas naciones como nacionalidades quieran sujetarse a la nueva descripción. El camino hacia el caos está expedito.

Por supuesto los nacionalistas, y tal vez el PSC, defenderán la lectura que más convenga a sus aspiraciones. El Estatut será confirmado en referéndum, lo que desactiva o debilita la capacidad formal del Alto Tribunal para enmendar seriamente el texto. Esto nos proyecta hacia un futuro en que será muy complicado fijar las reglas de juego. El Estatut acentúa enormemente la bilateralidad, tiende a territorializar la fiscalidad, y revienta en la práctica el sistema LOFCA. Que España va a ser difícil de administrar, es cosa que no se le escapa a nadie. Que la organización, o desorganización incoada por el proceso catalán, resulte compatible en el largo plazo con la supervivencia del Estado, es un extremo que comprobaremos sobre la marcha. Aflige pensar que todas estas turbulencia habrían sido evitables. Pero carece de sentido llorar sobre la leche derramada. No sabemos cómo será España. Lo único que nos consta, es que guardará una relación tenue con la que se previó en el 78.

Cuesta abajo en la rodada
Lorenzo Contreras Estrella Digital 31 Marzo 2006

Para España, y no sólo para la parlamentaria, la jornada de ayer representó un día histórico. El Congreso de los Diputados ha dejado en suerte el toro más difícil de nuestro futuro como país moderno. Un toro —por seguir con la metáfora— de muy difícil lidia, de esos que se saltan la barrera y convierten la fiesta en un drama, dicho sea en términos moderados: el Estatuto de Cataluña. El discurso que pronunció el líder de la oposición popular, Mariano Rajoy, va a tener el privilegio, en este caso triste, de pasar a los anales de la Patria. ¿Se puede decir de la Patria? ¿No se tratará ya de un concepto en desuso?

Ha sido una sesión de connotaciones taurinas. Rajoy, aludiendo a la ausencia de Zapatero, manifestó que el presidente no había tenido la “vergüenza torera” de afrontar la esencial fase del debate, cuyo compromiso dejó a cargo de la vicepresidenta Fernández de la Vega. Un compromiso que ella despachó en términos pobres, impregnados de lugares comunes y optimismos retóricos. Parecía Zapatero.

De nuevo el debate o el trámite discursivo giró en torno al concepto de nación, clave para entender la idea de unidad de España. A estas alturas se comprende la peligrosidad que desde el primer momento revistió el contenido del artículo segundo de la Constitución de 1978. La palabra “nacionalidades”, veinticinco años después, ha pasado factura.

Aquel término, más aún que el artículo que lo contiene, fue fruto inicial, luego perdurable en las fases sucesivas del parto constitucional, del acuerdo laborioso de los ponentes, llamados indebidamente “padres de la Patria”, cuando en realidad deberían haber sido llamados “padres putativos”.

Todos ellos, menos Fraga, aceptaron la llamada “transacción”, conducidos o, mejor dicho, pervertidos por la conjura que encabezaron Miquel Roca Junyent, portavoz de las minorías calatana y vasca, y Miguel Herrero, representante centrista. Entre los dos Migueles se redondea la faena. Herrero, en declaraciones periodísticas que reflejan su criterio interno en la ponencia, razonó así la operación: “Personalmente defiendo la necesidad de introducir el término ‘nacionalidad’, expresivo de la personalidad y organización de ciertos pueblos que no son más que regiones naturales”. Ahí queda eso. Herrero dijo creer, en esas declaraciones, que la expresión “derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” integrantes de España (pronto sólo se hablaría del Estado) no atentaría contra la unidad y solidaridad de toda ella. Añadió que es característica diferencial de España ser “nación de naciones”, un “fenómeno fecundo” que se debe expresamente a la gran monarquía de los siglos XVI y XVII. Se trataría, pues, de las “nacionalidades y regiones bajo una sola Corona”.

Otros ponentes de UCD fueron menos entusiastas. Pedro Pérez Llorca, por ejemplo, se declaró sinceramente inquieto por la palabra “nacionalidades”, porque —dijo— “aunque tratemos de trivializarla y desdramatizarla, su recepción en el texto constitucional es una decisión importante y arriesgada”. No obstante, la calificó como “un riesgo calculado”.

Pues si fue además “calculado”, peor que peor. Más pecado todavía. Lo estamos viendo. Y más que se verá.

Rafael Arias Salgado, entonces secretario general de UCD, hizo la defensa parlamentaria de la fórmula que el Gobierno de Adolfo Suárez adoptaría. Según Arias Salgado, el precepto era necesario para encauzar la “presión anticentralista” que, a su entender, se habría extendido por todo el país. El secretario general de UCD admitiría, no obstante, que la redacción última de la ponencia, que fue la que prosperó y se incorporó al texto definitivo constitucional, era suficiente como fórmula de compromiso. Y tan suficiente y tan compromiso, como puede constatarse a la luz de lo que acabamos de presenciar.

Quien anticipó entonces el desenlace hoy a la vista fue el nacionalista catalán, sin trabas y sin disimulos, Heribert Barrera: “Si España comprende todo el actual territorio del Estado, España no es una nación, sino un Estado formado por un conjunto de naciones, ya que el concepto de nación, de nacionalidad, me parece puro artificio verbal”.

Y lo era. Exactamente. Barrera supo hallar la conclusión más hiriente para los españoles: “Si España no es una nación, tampoco es una Patria. Para nosotros, catalanes, nuestra única Patria es Cataluña”.

Habría que recordar aquí la premonición de Ortega y Gasset: el problema catalán es un problema perpetuo que sólo se puede conllevar y seguirá siendo un problema mientras España subsista. Lo que Ortega no previó es que habría que conllevar también, y de qué manera, el problema vasco. Claro que eso ocurrirá “mientras España subsista”.

Ahora ya estamos cuesta abajo en la rodada.

Estatuto
¿Y ahora qué?
Jorge Vilches Libertad Digital 31 Marzo 2006

El discurso de Mariano Rajoy ha sido impecable, en forma y contenido. Un alegato a favor de la España constitucional, liberal y democrática que es difícil identificar, como pretende el nacionalcomunista Joan Herrera, con la "derecha recalcitrante". El Estatuto de Zapatero ha quedado, en boca del líder del PP, como un texto inconstitucional, que rompe la nación, cambia el modelo de Estado, termina con la solidaridad entre regiones y que, además, disgusta a la mayoría de los españoles. La definición de España como nación de naciones está en marcha. Los nuevos estatutos de autonomía recogerán su condición de nación particular dentro de la general –sí, esa etérea y circunstancial, casi molesta, nación española–, asumiendo, además, la práctica totalidad de las competencias antes en manos del Estado.

Uno vive la zozobra, ya, a dos años vista, como parte del paisaje propio. Incluso cuando el presidente se encoge de hombros al oír a Rajoy preguntarle que si conoce algún país en el mundo que esté formado por varias naciones. Pero no dejo de preguntarme qué hará ahora el PP. La estrategia que a partir de ahora va a adoptar el PP es de suma importancia, pues encierra las claves del porvenir de lo que quede de España.

Los caminos que pueden recorrer los populares no son muchos. El primero de ellos es subirse al tren de la España plurinacional. Esto algunos lo verían como una modernización, pero la mayoría de los votantes del PP tendrían el sentimiento de que se les ha traicionado renunciado a las ideas fundamentales, y convirtiendo en inútiles las acciones emprendidas hasta ahora.

Descartado lo anterior –creo–, sólo quedan las variantes del enfrentamiento. La vía judicial supone esperar a que el Tribunal Constitucional entre en el fondo del asunto, y acepte el recurso previo de inconstitucionalidad. Esto sólo sería ganar tiempo para volver a proponer que el gobierno socialista rectifique, lo que no va a suceder.

La vía parlamentaría, por otro lado, sería una moción de censura que, en el caso constitucional español, viene a ser más un examen del candidato que del presidente. De esta manera, sería casi una repetición de otros debates que hemos visto en la Cámara: Rajoy lee un discurso perfectamente construido, con un argumento histórico y constitucional impecable, aprovechando sus dotes de parlamentario para dejarlo redondo. ¿Y? Más de 180 diputados le dirían que se quedara en su banco, los medios de comunicación afines al Gobierno y a los nacionalistas resaltarían su soledad política, una situación que le va a hacer difícil al PP gobernar en España, en las autonomías y en los ayuntamientos. Los populares solamente lograrían mantener esperanzada a su grey, que se está mostrando muy resistente. Y aquí entraría la última vía posible, compatible con las otras dos, pero con un uso limitado: la movilización social. La recogida de firmas para pedir un referéndum sobre el Estatuto no ha sido precisamente un éxito. Y las manifestaciones acaban agotando a la militancia porque se ven empequeñecidos por los delegados del gobierno y sus medios adictos.

¿Y ahora qué? Estamos viviendo tiempos para la Historia con mayúsculas, en los que se aceleran los cambios, y todo parece quedar en manos de un grupo de políticos. La concatenación de acontecimientos es tan rápida que no hay tiempo para el análisis sosegado; sólo para la incertidumbre más justificada.

EL CONGRESO APRUEBA EL ESTATUTO
RACA RACA CON LA CANCIÓN DE AUTOR
Víctor Gago Libertad Digital 31 Marzo 2006

Dale que te pego con Serrat. “Como diría Serrat, hoy puede ser un gran día”, citó Manuel Marín al comenzar la sesión. Vuelve el PSOE y vuelve la nostalgia de la canción de autor. La cara al vent y todo ese rollo tan conservador, de puro progre. Todos puestísimos y con un fondo de armario que ya quisiera Paris Hilton para bajar a comprar el pan, pero comprometidos con la guitarra de palo como hace treinta años. Como diría Serrat, o el portero de su finca rústica: “Hoy puede ser un gran día”.

El debate no hizo otra cosa que confirmar el prestigio de Marín como erudito. Un gran día para el poder, un mal día para la libertad, aunque ésta brillara como nunca en las intervenciones de Mariano Rajoy. Desde este jueves 30 de marzo de 2006, España ya es otra cosa distinta de lo que quisieron los españoles en 1978. Lo han decidido unos cuantos políticos nacionalistas y de izquierdas, animados por un presidente del Gobierno que pasará a la Historia por haber recibido un país en hora con el mundo y dejar, en cambio, una “España de autor”, triste, plúmbea, acomplejada y rencorosa, como el Estatuto de Cataluña o como las canciones que escucha esta generación de antiguos que hoy gobierna en las instituciones.

La fatalidad de Rajoy es ésa: sus mejores días como parlamentario acostumbran a ser los peores para España. Cuanto más hace brillar la razón, cuanta más convicción e ideas pone en la defensa de la libertad frente al poder, más machacones se ponen los de la canción asamblearia. “Porque creemos que sólo integrando la diversidad en la unidad, es posible crear una España sin exclusiones ni excluidos”, resumió María Teresa Fernández de La Vega el valor del nuevo Estatuto de Cataluña. Pocas cosas son tan solemnes como el poder buscando coartadas. Si la Historia es la lucha de la libertad contra el poder, como afirma Rothbard, está claro que es una lucha muy desigual, en la que el poder necesita menos talento que la libertad para imponerse. A veces, como se ha demostrado en esta sesión, le basta con echar mano de la cursilería: “El Estatuto dejará huella en nuestra historia. En la historia de Cataluña y en la de España”, proclamó María Teresa Fernández.

Frente a la eficacia aplastante del “territorio” y los “derechos colectivos” en la canción del poder popular, ¿qué podía hacer un parlamentario como Rajoy, liberal, racionalista, consciente de su responsabilidad, guiado por los principios, coherente con lo que dice defender, y bastante más ilustrado que quienes han redactado el Estatuto y quienes lo han defendido en el Congreso?

Con un cambio de régimen ya decidido y en marcha, la Fiscalía persiguiendo según a qué políticos, y la aplastante mayoría de la Prensa mirando para otro lado, el margen de maniobra del PP es escaso: o se suma a la corriente, como invitan, desde dentro, Piqué y Gallardón, y desde fuera, todo el cartel de cantautores producidos, grabados y distribuidos en el mismo sello discográfico y editorial; o hace lo que tiene que hacer, que es lo que Rajoy ha hecho este jueves: un inventario de lo que se pierde con el Estatuto de Zapatero, el PSOE y los nacionalistas, que no es otra cosa que el derecho de todos los españoles a vivir como personas libres y a que el poder no se entrometa en sus vidas. Su discurso ha sido lo único “grande” de un mal día. Directo a la inteligencia, a la libertad, el corazón y la cartera de españoles y catalanes, sin dejarse ninguna verdad por el camino.

Este Estatuto, señaló Rajoy en uno de los mejores pasajes de un discurso que estuvo plagado de esos raros momentos en el pensamiento de un político en el que se confabulan la razón, el bien y la belleza, “no puede ser bueno para los ciudadanos porque lo prioritario para sus autores no es ni la libertad de la gente ni su bienestar sino imponerle el rígido ideario nacionalista y el corsé de su construcción nacional. Eso es lo principal, aunque tengan que pagar un precio en bienestar, aunque tengan que renunciar a una parte de su libertad. Lo primero es lo primero. Lo primero es la nación. El individuo es siempre secundario. No envidio a nadie de los que tengan que soportarlo y como no lo quisiera para mí, tampoco se lo deseo a los demás”.

Difícilmente, se puede expresar con mayor economía y eficacia el ideal de libertad que sale derrotado frente al poder, en este Estatuto que, si algún derecho colectivo protege, es el de la casta política a la que entroniza y refuerza en su carta blanca sobre la vida de las personas.

El debate sobre el Estatuto ha confirmado lo que Max Webber dijo de la política, y Mario Vargas Llosa recuerda en el frontispicio de sus memorias, Como pez en el agua: que no siempre, en política, el bien hace el bien. Rajoy ha dicho lo que tenía que decir y ha hecho lo que tenía que hacer, pero el resultado de este debate tan democrático es que hoy hay menos democracia que ayer en España. La política no ha servido esta vez para limitar a los políticos ante las personas, sino para que vuelvan a dominarlas. Un uso tan anacrónico de la democracia como las carpetas que Alfonso Guerra utiliza para llevar los papeles de la Comisión Constitucional, o como la canción de autor que ayuda al presidente del Congreso a interpretar a Serrat como si fuera Manuel Azaña.

Está claro que en el Ipod de Manuel Marín no suena El Canto del Loco. Si lo hiciera, habría entendido que hay vida comprometida más allá de Raimón.

“Quiero entrar en tu garito[léase territorio o nación] con zapatillas [léase Kelly Finder], que no me miren mal al pasar [léase CAC o policía lingüística] / estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, quiero cambiar [atención, Piqué: un claro compromiso con el partido de Albert Boadella y Arcadi Espada] / me da pena tanta tontería quiero un poquito de normalidad [justo lo que dijo Rajoy en la tribuna del Congreso] / pero a ver, mírame y dime tronco, no veo mi sitio y no puedo aparcar [mensaje interno al alcalde de Madrid]”.

Es cuestión de aprender a escuchar a los jóvenes. El compromiso con los territorios y los derechos colectivos es cosa del pasado, como los cantautores, pero el PSOE sigue raca raca con la gramola asamblearia –que diría Rubalcaba–. Menos mal que Carmen Calvo sigue la gira de Metallica, que también es un grupo deprimente, sectario y con tendencia a la manía persecutoria, pero al menos, en sus videoclips salen unas señoras muy bien disfrazadas – vale, también aparecen hombres disfrazados, no vayamos a tener otro motín del Grupo Socialista Paritario con Montilla como no adscrito–.

LUCTUOSA JORNADA PARA ESPAÑA
Editorial minutodigital 31 Marzo 2006

Un día las cortes españolas proclamaron que querían cerrar el sepulcro del Cid, renegando del pasado de un pueblo. Ayer el parlamento empezó a cavar la fosa en la que, si no lo remediamos, quieren sepultar a España.

Son horas tristes para aquellos que amamos a España. Y como parte de España a Cataluña. Es deleznable ver como unos políticos ávidos de poder se dedican a sembrar la discordia entre las regiones de España con el único propósito de servir a sus egoístas propósitos, en vez de alentar los vínculos que nos unen para lograr la prosperidad que todo esfuerzo colectivo en concordia y unión trae.

Una nación, no es una realidad geográfica, ni lingüística, ni siquiera étnica y mucho menos un armazón sostenido tan solo por una corona y un gobierno simbólico. Un agregado de hombres en un trozo de terreno disputándose la mayor tajada posible puede ser una tribu, pero no una nación. Y en esto es en lo que el PSOE y los separatistas están convirtiendo España. El continúo acoso separatista, las autonomías cada día más egoístas, esquilmando al estado de todos, luchando por llevarse la mayor porción de competencias y fondos, han convertido la escena política en España en un repugnante campo de lucha tribal. Pero lo peor de todo es todos estos políticos que ayer votaron el estatuto catalán –algunos socialistas, que se habían opuesto al engendro, demostrando cuanto valen sus convicciones frente al cargo- han tenido el envanecimiento de decirle al pueblo español lo que es y debe ser. "España reconoce lo que somos y lo que queremos ser", ha sentenciado Maragall.

Pero es el pueblo español quien debe decidir lo que es y quiere ser, no una parte de ese pueblo español y mucho menos una caterva de políticos engreídos y parasitarios.

Ayer, amigos, empezó a desandarse la historia. Cataluña va por el camino de su libertad nos dirán muchos. Pero lo que olvidan es que Cataluña, al igual que Vascongadas o Galicia, no prosperaron sino cuanto, junto al resto de reinos de España, junto a todos los demás españoles, emprendieron una empresa común de construcción nacional, que con sus más y sus menos, nos ha traído hasta aquí. Ni antes ni después, con siglos de hablar lengua propia, fueron nación, solo en España encontraron el arraigo para su ser. La senda de la falsa libertad que ayer inició Cataluña supone deshacer lo realizado, renegar de lo construido en los siglos pasados, para traer un futuro de desgracia para los catalanes y para los españoles.

En justicia, no es «impecable»
Por JULIO BANACLOCHE PALAO. Profesor de Derecho Procesal. Universidad Complutense ABC 31 Marzo 2006

EN determinados medios políticos y periodísticos no cesa de reiterarse la tesis de que el Estatuto catalán tal y como ha salido del Congreso es «impecablemente constitucional». Confiado en la veracidad de tal afirmación, he decidido asomarme a los artículos de dicho texto que tratan del «Poder Judicial en Cataluña», con el fin de comprobar si, efectivamente, durante la tramitación parlamentaria se han corregido los excesos que se contenían en el documento original. Y he de decir que, desafortunadamente, no se puede sostener que haya sido así en absoluto.

La primera discordancia con la Constitución se encuentra en el primero de los preceptos dedicados a esa materia: el art. 95.2 proclama que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el órgano judicial en que culminan los procesos iniciados en dicha Comunidad, «de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial y sin perjuicio de la competencia reservada al Tribunal Supremo para la unificación de doctrina». Con esa referencia se está interfiriendo en las competencias propias del Supremo, que sólo puede fijarlas la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 122.1 y 149.1.6ª de la Constitución). Ello es así porque con ese inciso se está limitando la supremacía del Supremo respecto del Tribunal Superior de Cataluña a esa única materia, cuando perfectamente las leyes procesales pueden atribuir a aquél otros recursos extraordinarios o incluso procesos en primera instancia, lo que, de seguir siendo así, colisionaría con la afirmación estatutaria. La referencia previa a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial que se contiene en el Estatuto hubiera podido evitar la inconstitucionalidad si no se concretara después la competencia concreta del Supremo que se excepciona: pero como no es así, existe una evidente extralimitación de la norma autonómica en relación con lo previsto en la Constitución.

En segundo lugar, también resulta de dudosa constitucionalidad la preceptiva intervención del «Consejo de Justicia de Cataluña» en los nombramientos del presidente del Tribunal Superior de Cataluña y de los de cada una de sus salas (art. 95.5 y 6), por cuanto supone una limitación a la facultad de nombramiento de los miembros del poder judicial que la Constitución atribuye al CGPJ (art. 122.2 de la Constitución).

Pero quizá la mayor colisión con el texto constitucional se produce en relación con el nuevo órgano que se crea en el Estatuto denominado «Consejo de Justicia de Cataluña». Dicho órgano se afirma que «es el órgano de gobierno del Poder Judicial en Cataluña» (art. 97). Esta afirmación es indiscutiblemente contraria a la Constitución, pues el art. 122.2 de dicho texto proclama con absoluta claridad que el órgano de gobierno del Poder Judicial es el CGPJ, por lo que no cabe dividir territorial ni funcionalmente esa competencia, que viene directamente atribuida por la Constitución. El poder judicial es único (art. 122.1 de la Constitución), y su órgano de gobierno también ha de serlo. Las matizaciones que el Estatuto incorpora a continuación de la tajante afirmación arriba señalada (que el Consejo autonómico actúa como órgano desconcentrado del CGPJ y que su creación se hace sin perjuicio de las competencias de éste último) no sirven para evitar la clara vulneración constitucional.

Sentado lo anterior, toda la regulación que se contiene en el Estatuto en relación con el citado Consejo de Justicia de Cataluña resulta inconstitucional, incluso cuando se admitiera que se pueden crear órganos «desconcentrados» de gobierno del poder judicial. Porque el Estatuto se lanza a atribuirle competencias, cuando el gobierno de los Juzgados y Tribunales, por un lado, y el del poder judicial en su conjunto, deben regularse por medio de la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 122.1 y 2 de la Constitución). Tan es así que el propio Estatuto fija las atribuciones del citado Consejo «conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial», cuando en la actualidad no existen ni ese órgano ni esas atribuciones. Aun cuando se creara en un futuro, siempre podría suprimirse con una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (con lo que en los Estatutos se contemplaría un órgano que no existe, porque, y esto es la clave, no puede ni debe ser creado ni regulado por una norma estatutaria, al tratarse de una regulación de carácter estatal).

En los preceptos siguientes, de nuevo aparecen regulaciones de difícil -más bien imposible- encaje con el texto constitucional: así, la propuesta o convocatoria directa de oposiciones y concursos para cubrir plazas de jueces en Cataluña por parte de la Generalitat o el Consejo de Justicia catalán puede vulnerar la reserva que el art. 122.2 de la Constitución establece en relación con la ley orgánica y con las competencias del CGPJ; o la competencia normativa en relación con el personal no judicial de la Administración de Justicia -que alcanza, ni más ni menos, al proceso de selección, promoción, provisión de puestos y formación de sus integrantes-, lo que choca con el art. 122.1 de la Constitución; o unas etéreas competencias en materia de Justicia de Paz y Proximidad, que se oponen al principio de unidad jurisdiccional (art. 117.5) y a la reserva legal a favor de la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 122.1) que prevé el texto constitucional.

Da la impresión de que el Estatuto catalán no se ha limitado a mencionar y desarrollar las competencias de Cataluña en materia de Administración de Justicia, sino que ha pretendido regular un verdadero poder judicial propio, con su tribunal supremo (el Tribunal Superior de Justicia), su fiscal general (el de dicho Tribunal), sus órganos judiciales específicos (de Paz y de Proximidad), su órgano de gobierno de los jueces que allí desempeñan su función (el Consejo de Justicia) y el control próximo y último tanto del personal jurisdicente (a través de dicho Consejo y del dominio de los concursos y oposiciones) como del no jurisdicente (reservándose la determinación legal de su estatuto jurídico). Leyendo los preceptos del Estatuto, y comparándolos con los de la Constitución, resulta evidente que el modelo plasmado por aquél no se ajusta en absoluto a lo que pretendió el constituyente cuando configuró un poder judicial único e idéntico para todo el Estado, algo que, por cierto, no hizo movido por una posición centralista o antiautonómica, sino por salvaguardar los derechos y libertades de todos los españoles.

"Estatut", un paso más
Editorial HERALDO DE ARAGÓN 31 Marzo 2006

EL Estatuto de Autonomía de Cataluña, que ha quedado casi visto para sentencia, dista mucho de ser el texto "excelente" que, con notable desenvoltura, celebró ayer la vicepresidenta del Gobierno. Ya no es, desde luego, la criatura imposible que parieron los legisladores catalanes, ni tampoco la suma de todo mal sin mezcla de bien alguno, especie de infierno jurídico según la oposición popular. Pero contiene visibles defectos graves y un notable potencial nocivo de cara al futuro, pues -a título de ejemplo- alberga esquinadamente un concepto de nación jurídica distinto de la española, asienta una soberanía de origen no constitucional y -algo con gran carga simbólica- niega al castellano la calidad de lengua propia de los catalanes, reservada sólo al catalán, que será de uso preferente en la Administración y prácticamente exclusivo en la enseñanza. Cuestiones que, entre otras y partidismos aparte, lo alejan mucho de la excelencia que ayer le adjudicó Fernández de la Vega, que usó el turno del Gobierno en la ausencia, inesperada y poco cortés, del presidente Rodríguez Zapatero.

Según se previó tras los acuerdos suscritos por Zapatero y Mas, el texto tiene menos apoyos que en ningún momento anterior, pues ha perdido el de Esquerra Republicana -víctima de la pinza PSOE-CiU- , que ha sumado sus votos negativos a los del Partido Popular, cuyo rechazo es absoluto, no sólo por causas de técnica jurídica, sino por cuestiones de principio que, previsiblemente, acabarán sometidas al Tribunal Constitucional. La sesión, nada memorable, mostró el carácter agrio de la legislatura: apenas nadie evitó las pullas y volvieron a oírse argumentos "ad personam". Anecdóticamente, el debate sirvió al aragonés Labordeta para un ejercicio singular: mientras negaba su apoyo -se abstuvo-, pidió a los diputados catalanes que "también nos apoyen a nosotros" cuando se vote el Estatuto de Aragón.

El deber y el derecho de conocer el catalán y el castellano
ABC 31 Marzo 2006

En materia lingüística, la principal novedad del tercer Estatuto de Autonomía de Cataluña es la incorporación del derecho y el deber de conocer el catalán y el castellano por todos los ciudadanos que residan en territorio catalán. «Todas las personas tienen el derecho a utilizar las dos lenguas oficiales, y los ciudadanos de Cataluña el derecho y el deber de conocerlas», dice el artículo 6.2 , donde se afirma que «no puede haber discriminación por el uso de una u otra lengua». El nuevo texto establece, igual que en el Estatuto de 1979, que el catalán es «la lengua propia» de Cataluña, y añade que, como tal, su uso es «normal y preferente» en las administraciones públicas y es también «la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».

El artículo 6, sobre «la lengua propia y las lenguas oficiales», consolida la política de normalización lingüística impulsada desde 1980 por la Generalitat, antes por los Ejecutivos nacionalistas de Jordi Pujol y ahora por el tripartito de Pasqual Maragall.

El conocimiento del catalán por los empleados de la Administración de Justicia -pese a que la norma también afecta al resto de funcionarios del Estado que trabajan en la comunidad catalana- es uno de los requisitos lingüísticos más polémicos del nuevo Estatuto. «Para garantizar el derecho de opción lingüística, los Jueces y los magistrados, los fiscales, los notarios, los registradores de la propiedad y mercantiles, los encargados del Registro Civil y el personal al servicio de la Administración de Justicia, para prestar sus servicios en Cataluña, deben acreditar, en la forma establecida en las leyes, que tienen un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales, que los hace aptos para ejercer las funciones propias de su cargo o puesto de trabajo», dice el artículo 33.3 del capítulo III, sobre «Derechos lingüísticos ante las administraciones públicas y las instituciones estatales».

Desde la izquierda
La violencia etarra es rentable
Antonio Robles Libertad Digital 31 Marzo 2006

"Con la violencia no se consigue nada", nos solemos decir para acobardar a los violentos y convencerles de su inútil empresa. Pero nos mentimos, necesitamos engañarnos para sentirnos seguros. Sólo es un conjuro que vemos hecho trizas cada vez que un bárbaro apaliza a su mujer o una banda mafiosa reduce al silencio a sus colaboradores, de por vida.

Se confunde aquí el ser de las cosas, con lo que podrían ser o deseamos que fueran. Todos querríamos creer que la violencia de ETA es un callejón sin salida, pero su persistente agresividad ha conseguido sentar en una mesa de negociación al mismísimo presidente del Gobierno español y ha obligado a millones de ciudadanos a gritar paz donde querrían decir justicia. A la fuerza ahorcan. ¿Quién se rebajaría a negociar con un enemigo del Estado si no tuviera capacidad para infringirle daño? O denle la vuelta a la pregunta: ¿Qué político estaría dispuesto a perder el rédito electoral de acabar con ETA? ¿Acaso creen que si ese volkgeist vasco no hubiera tenido credibilidad terrorista, la asimétrica cesión de los derechos forales hubiera sido aceptada? ¿Creen de verdad que el ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa hubiera podido desobedecer al Tribunal Supremo si el nacionalismo etarra no hubiera creado las condiciones adecuadas para obligar al Gobierno a guardar prudencia? Y puestos a dudar, ¿creen en serio que el primer Estado Moderno de Europa se mostraría tan pusilámine ante un Parlament de Cataluña dispuesto a sobrepasar los límites de la Constitución con un Estatut predemocrático? ¿Quién temería los desvaríos de un parlamento autonómico sin la amenaza directa o indirecta, propia o ajena de la violencia?

Explíquenme sino por qué Zapatero se pliega al violento integrismo islámico y chulea al cristianismo pacífico de casa. Ese es el poder de la violencia y el alma de los cobardes; abusan del débil, se pliegan al fuerte.

No son los lirios verbales de ZP, sino la violencia legítima de Estado la que ha doblegado a ETA durante el anterior mandato de Aznar. Si ésta tuviera y pudiera, querría seguir hasta conseguir sus fines, pero la sangre del 11-M le mojó la pólvora.

Me resulta fascinante comprobar cómo los defensores de los principios democráticos son tildados hoy de carcas y antiguos por el mero hecho de pedir lo obvio: justicia antes que paz. Seguramente esos ciudadanos que se sienten hoy moralmente superiores a estos por el mero hecho de pronunciar la palabra paz, ayer exigían la derogación de la "Ley de Punto Final" que había amnistiado a los militares de la última dictadura argentina. ¿Es que ya no se acuerdan de cuando exigían por los 30.000 desaparecidos argentinos "Verdad y Justicia"? ¿Acaso olvidaron ya su lucha "Contra el Olvido y la Memoria"? ¡Cuánta soberbia para defender los principios democráticos a miles de kilómetros, cuánta indignidad aquí!

El sectarismo y el control de la información explican en buena medida estas reconversiones súbitas, pero es posible que sea el cansancio de la violencia misma el que haya desarmado a la sociedad civil y ablandado al Gobierno de la Nación. ETA ha conseguido hacerse insoportable para una sociedad acomodada y cobarde, cada vez menos resistente a la frustración y al sacrificio ético. La violencia asusta y cansa.

Sí, la violencia tiene consecuencias, pero comprender este problema no es compartirlo; comprender la fuerza de la violencia es no infantilizar las respuestas contra ella. Por ello, los ciudadanos y, sobre todo, el Gobierno que nos representa, no deberíamos olvidar que si en una sola ocasión la violencia de ETA consigue arrodillar al Estado de Derecho, a partir de ese momento todos se podrían sentir legitimados a hacer lo propio.

Que principio de qué fin
José Javaloyes Estrella Digital 31 Marzo 2006

No “el principio del fin de ETA”, que dijo el presidente Rodríguez, sino el “principio del fin del Estado”, que decía ayer Mariano Rajoy en el Pleno del Congreso, a propósito de la aprobada modificación del Estatuto catalán, tras de saludar la ausencia de su interlocutor del martes, en el Palacio de la Moncloa, para hablar del alto el fuego de los terroristas. ¿Pero es posible hablar sólo de eso, desligarlo, haciendo abstracción de todo lo demás ya pactado por este Gobierno con sus aliados nacionalistas? Imposible hacer la tortilla sin romper los huevos.

Aprobada por mayoría absoluta la modificación del Estatuto de Cataluña, y luego de escuchar nuevamente, de boca del portavoz socialista en el Congreso, la vieja milonga de los separadores que un día se inventaron los separatistas (genuina medida áurea del victimismo nacionalista), es obligado insistir en el imposible dialéctico de que el principio del fin del terrorismo no sea el principio del fin del Estado si, materialmente aunque no formalmente, se paga por aquello un precio político. ¿O es que no se ha pagado ya tirándose a la piscina del diálogo en un debate poco menos que entre iguales? ¿Acaso la mesa de Oslo, donde se negoció la declaración de alto el fuego, no remedaba los acuerdos del mismo nombre que un día suscribieron allí Israel y la OLP? ¿Acaso no legitima internacionalmente tal cosa a los etarras? ¿Acaso no se ha negociado que Otegi volviera a la calle en 24 horas?

Todo eso en lo que concierne a ETA en sí misma. Pero ahí está la “condición procesal” para la declaración del alto el fuego: el acabado del pastel estatutario en la Comisión Constitucional. Pegada va una cosa a la otra, ETA y los nacionalismos, como va pegada la sombra al cuerpo.

Por otra parte, en lo que toca al Pleno de ayer y su proyección electoral, ni el insulto a la inteligencia de los españoles de la vicepresidenta del Gobierno, con eso de que el texto catalanista aprobado fortalece la Constitución, puede costarle tanto electoralmente al presidente Rodríguez como su ausencia del debate en la mañana de ayer. No ha querido enfrentarse a otro repaso como aquel a que fue sometido por su interlocutor del martes cuando fue presentado el texto nacionalista catalán en el Congreso. Ello ha tenido su lógica impecable, pero tendrá también, electoralmente, un coste implacable y severo.

El bote de humo en que consiste ese alto el fuego de los etarras, que no han matado por su propia mano porque las fuerzas de seguridad del Estado y la colaboración del Estado francés se lo han puesto cada vez más difícil, es logro que puede traducirse en rentas inmediatas de imagen para el Gobierno, aunque será más difícil que en sus rendimientos electorales cubra las expectativas que han diseñado los estrategas de Ferraz y la Moncloa, entre los que parece haberse esfumado toda noción de patriotismo, igual que entre los dos Viriatos del Tajo.

La probabilidad de un adelanto electoral podría cobrar fuerza si se combinan adecuadamente dos presentaciones: la de que se ha terminado una guerra real, por parte de los criminales de la boina, puesto que sus representantes no hablan de otra cosa que de “proceso de paz”, y la de que lo aprobado ayer en el Congreso resuelve el problema de Cataluña. Rodríguez, en el desiderátum de la ensoñación, se presentaría como el nuevo Príncipe de la Paz. Pero eso tiene a estas alturas más de sueño de una noche de primavera que de cálculo basado en la áspera disciplina de la realidad. La espantada de ayer del debate en el Congreso no le saldrá gratis al huésped de la Moncloa.      jose@javaloyes.net

El Congreso dijo sí
Por CARLOS HERRERA ABC 31 Marzo 2006

NO lo dijo de forma unánime, ni siquiera de forma aplastantemente mayoritaria, pero dijo sí de forma legítima y suficiente: el nuevo Estatut ya tiene el plácet para ser refrendado por el electorado catalán y para ser aplicado al segundo siguiente. Al estar dedicada una no despreciable parte del mismo a glosar la intensidad sentimental de la identidad catalana, ya puede ser puesto en circulación por las autoridades todo aquello a lo que hace referencia: siendo Cataluña una Nación, cualquier catalán está legitimado para derivar las conclusiones que de ello se desprenden, valiendo como primer ejemplo el exigir que el apelativo «nacional» sólo haga referencia a lo que se enmarque en el exclusivo marco catalán, es decir, que los organismos estatales no utilicen ese término, dando a entender que en un territorio una sola nación es posible, no dos. Habrá muchas más, es evidente, pero ese primer ejemplo es indicativo del camino que le espera a la Administración Central del Estado; todo aquello que no quepa exclusivamente en el trasteo catalán pasará a ser, simplemente, «estatal», que es como los locutores de las fincas televisivas y radiofónicas catalanas -y vascas- llaman a las entidades españolas y a las convocatorias sociales concordantes. Será Estatal la selección nacional de fútbol, será Estatal la Miss España -algún ruborizante ejemplo hemos vivido recientemente a cuenta de los concursos de belleza, resorte clave para asentar las bases del sentimiento nacional-, será Estatal la Lotería Nacional incluso cuando el gordo caiga en Cataluña, y será Estatal el Ballet Nacional de Arte Flamenco cuando actúe en Tarragona. Si quieres, bien, y si no, también. Se hará legítimo aquello que me decía hace años el mánager de una cantante catalana -extraordinaria, por otra parte- acerca de la gira que tenían programada para los meses inmediatos:

-Estamos encantados: hemos firmado un recorrido que nos va a llevar a cantar por Francia, por Italia, por Grecia y por el Estado Español.

A lo que no tuve más remedio que contestarle:

-No me digas, ¿habéis firmado un contrato que os obliga a cantar en la Comisaría de Policía de León, en la sede de la Delegación del Gobierno en Logroño, en las oficinas de Hacienda en Cádiz y en las oficinas del INEM de Cuevas del Almanzora?

Es lógico que ahora, con la redacción del nuevo Estatut, en lugar de balbucear dos excusas bobas, como si perteneciera a una promoción cualquiera de la Logse, me contestara muy ufano:

-Perdona, «maco», según el Estatut votado por las Cortes Españolas, Cataluña es una Nación y, una vez aclarado eso, España tiene que ser para los catalanes una realidad estatal.

La España plural, pues, queda instaurada desde la premisa de que España es desajustable como un puzle en la que algunas de sus piezas tienen existencia propia y no así el conjunto de todas ellas. Joaquín Leguina, sensato y brillante -aunque desconcertante- prócer socialista por todos conocido, desarrolló una interesante conferencia en la Fundación para La Libertad -la que encabeza Nicolás Redondo Terreros- en la que exhibió un demoledor sentido crítico con aquellos que han hecho posible este disparate. Se remontó al conocido encuentro socialista de Santillana del Mar, génesis de este dislate, y acabó citando a Renan cuando éste definía el concepto de nación como «un conjunto de personas que se jalean, mintiéndose sobre su pasado común». Bueno, pues Leguina ha votado que sí. Y como Leguina, otros tantos que razonan de forma semejante.

Si los catalanes se desentienden masivamente del refrendo de este estatuto se podrá argumentar que ha sido un manejo de políticos de pequeño alcance, pero si vence la corrección política del catalanismo obligatorio nos encontraremos con un panorama manejado por mánagers de cantantes educados en una única verdad escrita por políticos bobos de solemnidad. Y malos de solemnidad.

Eso es lo que nos espera.

Cataluña
El silencio de los corderos
José García Domínguez Libertad Digital 31 Marzo 2006

El nacionalismo ha moldeado un paisaje en el que los estudiantes de Filología Catalana terminan sus carreras sin haber oído ni una sola vez el nombre de Josep Pla en las aulas. "Leer a ese autor de Gerona no es fundamental", confiesa una tal Margarida Aritzeta, catedrática de la Universidad Rovira i Virgili. Además, los escritos de Pla son "pesados y aburridos", según certifica su cuate Montserrat Palau, también profesora de literatura catalana en la misma universidad. La prosa de cierto Artur Bladé Desumbila –al parecer, un escritor de la comarca de Tarragona– es "infinitamente superior" a la del autor del Cuaderno gris, concluye Palau. Por su parte, el erudito Magí Sunyer, otro académico de ese centro del saber en el que imparten su ciencia la Marga y la Montse, acaba de revelar que la obra de Rovira i Virgili da sopas con onda a la de Pla (Rovira i Virgili, el padre ideológico de Carod Rovira, fue un racista de la Esquerra que a principios del siglo pasado marcó una impronta imborrable en los círculos literarios de Reus y parroquias adyacentes).

Ahora mismo, mientras escribo, las Cortes españolas deben estar ratificando el derecho inalienable de los catalanes a contemplar eternamente ese paisaje. Qué gran momento para releer a Cesare Pavese. Para recordar, otra vez, cómo retrató el instante preciso en el que los camisas negras comenzaron a tener ganada definitivamente la partida. Cuenta Pavese que, en un trayecto en tren a través de la Italia profunda, de repente, un hombrecillo se puso en pie y comenzó a arengar a los pasajeros. Aquel charlatán, que se iba excitando cada vez más, no paraba de gritar sandeces y falacias sobre la patria y la nación que muchos de los que viajaban a su lado podrían haber refutado fácilmente, dejándolo en ridículo. Pero nadie, absolutamente nadie, lo hizo. Todos callaron. Y el tipo continuó con su necio parloteo hasta que el tren llegó al destino. Justo seis meses después de aquel viaje, comenzaría otro: la Marcha sobre Roma.

Mañana, cuando vuelva a sentarme ante la pantalla para teclear el artículo, seguramente tendré que hablar de Arcadi Espada y de Jon Juaristi. La camada negra del catalanismo ya ha anunciado que va a reventarles otra conferencia. Sucederá el viernes, en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Y Monserrat Tura, la Consejera de la Policía, lo consentirá, lo amparará y les aplaudirá. Porque el derecho a tapar la boca a los disidentes también forma parte del paisaje en esta Cataluña soberana que hoy acabamos de estrenar. Es una prerrogativa de los hijos de aquel otro hombrecillo que un día expulsó a Josep Pla de su revista y comenzó a berrear necedades sobre la nación y la patria, sin que tampoco nadie, absolutamente nadie, le contestase. Para la calavera de Rovira i Virgili, hoy debe ser un gran día. Seguro. Al final, también ha ganado su partida.

El Estatuto abre una segunda Transición
Editorial Elsemanaldigital 31 Marzo 2006

Rajoy, ayer, estuvo en su lugar. El escaño de Zapatero, en cambio, estuvo largo tiempo vacío. Todos los diputados del PSOE sin excepción aceptaron que Cataluña es una nación.

31 de marzo de 2006. El ex vicepresidente del Gobierno y actual presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, dijo hace unos meses que el nuevo Estatut catalán supondría "una segunda Transición". Muchos españoles, incluyendo no pocos socialistas y nacionalistas, y gran parte de los que ayer votaron a favor del proyecto del Gobierno, comparten esa idea. Se inicia un nuevo tiempo político.

Ayer jueves, con 154 votos en contra –el Partido Popular y Esquerra Republicana- y dos significativas abstenciones –José Antonio Labordeta de la Chunta Aragonesista y Uxue Barkos de Nafarroa Bai-, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó en votación nominal y pública el texto que José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall pactaron sucesivamente con Josep Lluís Carod-Rovira y con Artur Mas. Un texto largo, para muchos complejo y que abre el debate sobre los fundamentos del régimen constitucional.

Los peligros de este Estatut habían sido señalados desde tiempo atrás por destacados dirigentes socialistas, y por no pocos diputados del PSOE. Sin embargo, todos sin excepción votaron ayer favorablemente, incluyendo al mismo Guerra, a Alfredo Pérez Rubalcaba, a Francisco Fernández Marugán y a Joaquín Leguina. Sean cuales sean las convicciones privadas de cada uno, ningún diputado socialista votó en contra de una Ley Orgánica que para muchos juristas, y para el Partido Popular, va más allá de lo previsto por la Constitución de 1978.

Esta situación convirtió ayer en protagonista del debate parlamentario al líder de la oposición, Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno no defendió desde la tribuna su propio proyecto, cosa de la que hubo de ocuparse la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega.

Rajoy habló ayer siendo consciente de que las actas del debate parlamentario serán consideradas en el futuro para interpretar la voluntad del legislador al redactar y aprobar el Estatut, y sabiendo que el primer lugar donde tendrá lugar esa interpretación será el Tribunal Constitucional.

Rajoy explicó cómo el nacimiento y la evolución del texto estatutario se debieron a los intereses a corto plazo de algunos políticos y de determinados partidos políticos, que dejaron a un lado el interés y la voluntad de los ciudadanos. Para Rajoy, todo el proceso legislativo ha sido improvisado y carente de seriedad, lo que se refleja en el texto final.

Pero, sobre todo, Rajoy afirmó una vez más que el Estatut "es objetivamente inconstitucional: contradice objetivamente la Constitución", es decir que rompe el consenso constitucional de 1978. No lo ha tenido muy difícil Rajoy para demostrar esto con las mismas declaraciones de sus adversarios: Artur Mas había explicado ya que por primera vez en la historia de España se ha legislado que Cataluña es una nación. Y esto no es compatible ni con la letra ni con el espíritu de la Constitución hasta ahora vigente.

El Estatut no gusta a los españoles. Es difícil decir a cuántos porque Zapatero no desea que se convoque el referéndum pedido por el PP. Y esa petición es plenamente legítima en democracia, ya que el Estatut no sólo va a afectar a la vida de los catalanes –y no es un buen estatuto de Autonomía-, sino que además cambia legalmente la definición nacional de España. Y eso traerá consecuencias. Rajoy, ayer, estuvo en su lugar. El escaño de Zapatero, en cambio, estuvo largo tiempo vacío.

ETA y el Estatuto de Zapatero avanzan hacia el cambio de régimen; Rajoy afila la espada de la censura
Federico Quevedo  El Confidencial 31 Marzo 2006

Mariano Rajoy es plenamente consciente de que el escenario abierto tras la declaración de alto el fuego por parte la pandilla de canallas de ETA la pasada semana no ha hecho variar ni un ápice, no ha influido nada, sino más bien al contrario, en la corrección del esquema antinacional que preside la acción política del presidente Rodríguez. Lo diré de otro modo, Rajoy sabe que Rodríguez ha urdido un embuste con el que pretende atraerle al camastro en el que el presidente es la cortesana sobada por todos los chulos del local para que participe con él en la orgía nocturna de la claudicación. Pero el equilibrio es difícil. Lo explicaba muy acertadamente esta semana Ignacio Camacho en el ABC: “Como depositario de casi un 40 por 100 de la voluntad ciudadana, el PP tiene que vigilar este proceso –Ignacio, el lenguaje, que esto no es ninguna guerra- sin dejarse llevar al huerto, pero sin que su desconfianza parezca un obstáculo. Para eso ha de hilar muy fino porque no controla ni la iniciativa ni la inercia; sólo puede colaborar en el establecimiento de unas fronteras de dignidad colectiva, marcar las líneas que no se pueden traspasar, y hacer de fedatario y de fiscal para que no sean traspasadas”.

Esas líneas Rodríguez ya las ha pactado con la pandilla de canallas y sus secuaces de Batasuna, por eso Rajoy sabe, también, que su promesa de que no hay compromiso alguno con la banda de asesinos es tan falsa como todo lo que rodea a Rodríguez, cuyo relativismo político llega al punto inmoral de mentir sin que eso le provoque ninguna clase de desazón, porque conviene a sus intereses hacerlo así. Pero esta vez el líder del PP ya estaba sobreaviso, y aunque pudiera parecer lo contrario, lo cierto es que su encuentro con Rodríguez del martes pasado tuvo tanto de escepticismo como de desconfianza. Lo que ocurre es que Rajoy hila fino hoy, para evitar que un descosido mañana le arranque un siete en la costura de este complicado traje de oposición que quiere ser alternativa.

De modo que, en el momento en que Rodríguez desnude las vergüenzas de sus pactos con ETA, Mariano Rajoy estará legitimado para acudir al Parlamento y exigirle cuentas ante la soberanía nacional, utilizando la vía parlamentaria que considere oportuna, incluida la de la moción de censura. Y es que lo que está en juego a partir de ahora, sobre todo desde que ayer el Congreso aprobara el Estatuto catalán, es el futuro de España como nación. ETA ha tutelado el proceso soberanista catalán desde el primer momento, desde que pactó en Perpignan con Carod los pasos a dar, y ahora que Cataluña ya es nación reconocida por las Cortes Generales, caminan juntos contra la idea de España cogidos de la mano de Rodríguez Zapatero para provocar la mayor revolución de nuestra reciente historia: el cambio de régimen, el nacimiento de un nuevo absolutismo.

¿Exceso? Ninguno. Échenle un vistazo a lo que ayer aprobaron las Cortes Generales y que supone la mayor traición que pudiéramos imaginar al consenso de la Transición. “Estamos en el principio del fin del Estado”, clamaba un magistral Rajoy, que dejó bien claro que de entente cordiale con el PSOE y el Gobierno, nada. Lo sabía Rodríguez que, cobardemente, eludió ese debate. El PP actúa en su labor fiscalizadora. Por eso Rajoy no va a desprenderse de nadie en su partido. Por eso necesita de todas sus fuerzas: sabe que en algún momento de esta legislatura tendrá que poner a Rodríguez contra la pared.

El centrismo no se predica agachando la cabeza, sino cargándose de razón en la defensa de lo que hemos construido como espacio de convivencia, y de la dignidad de los demócratas y de las víctimas frente al chantaje terrorista. No fue ninguna casualidad que Rajoy utilizara la expresión “principio del fin” para alertar de lo que se nos viene encima. Es la expresión que utilizó Rodríguez para hablar del ‘alto el fuego permanente’. Y aunque ayer Rajoy no vinculó expresamente Estatuto y tregua –es el estrecho margen que le concede a Rodríguez-, estaba implícito en su advertencia que lo que ayer aprobaron las Cortes forma parte del diseño de una nueva configuración del Estado en el que participa activamente la pandilla de canallas y sus secuaces en la medida que quieren para el País Vasco lo mismo que para Cataluña: reconocimiento como nación, fórmula de bilateralidad, soberanía nacional. Lo cual, unido a su ya manifiesta autonomía fiscal, es lo mismo que decir independencia.

El serio trabajo de una de las manos derechas de Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, pone de relieve las incoherencias del Estatuto pero, sobre todo, la filosofía nacional-marxista que empaña todo su discurso intervencionista y antiliberal. Ese es el camino que quiere seguir la muchachada chulesca de la izquierda radical vasca, el que incomprensiblemente han permitido despejar las huestes de Artur Mas traicionando su tradición democristiana en favor de sus expectativas nacionalistas.

Un Estatuto que da cobertura legal a la eutanasia, al laicismo, al intervencionismo económico y social... Un Estatuto que desnuda de competencias al Estado, que se erige en Constitución de derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña, que desarma la estructura institucional para crear una estructura propia y diseña un nuevo centralismo autonómico... Un Estatuto que crea un nuevo poder judicial en Cataluña dependiente del poder ejecutivo y sentencia la muerte de la separación de poderes, cimiento de la democracia moderna... Un Estatuto que blinda las competencias de la Generalitat frente al Estado, que consagra el principio de bilateralidad, rompe la idea de solidaridad y defenestra el principio de igualdad entre los españoles... Un Estatuto que, en definitiva, no es sino un fraude a la democracia y al Estado de Derecho.

ETA y el Estatuto caminan de la mano de Rodríguez hacia la configuración confederal del Estado. Ese es el marco jurídico-político que el presidente ha diseñado para el futuro, y que incluye el pago de peajes a nacionalistas y terroristas por haber facilitado su acceso al poder. Peajes en forma de humillación de la memoria colectiva, de la dignidad social que un país como el nuestro debe tener siempre presente, porque nuestro marco de convivencia ha exigido sacrificios muy superiores a los que en otros lugares ha supuesto la construcción nacional. Lograr sus objetivos va a implicar, de ahora en adelante, concesiones que no deberíamos aceptar en ningún caso, porque suponen regalar a la pandilla de canallas aquellos fines por los que durante cuarenta años han matado, sin que la Justicia actúe sobre ellos.

El encarcelamiento de Otegi era la prueba del algodón de la voluntad de Rodríguez de llevar adelante este nuevo escenario tendiendo la mano a la dignidad nacional o burlándose de ella. Y ha elegido lo segundo. Somos, hoy más que nunca, una nación en peligro de extinción, y ya no lo sufro por razones históricas, sino por el simple hecho de que eso implica, también, extinguir nuestra convivencia en libertad. Rodríguez se merece el juicio de la Historia y de los Tribunales, y espero que la sentencia sea más justa que la de Otegi.

Los españoles sólo quieren la disolución de ETA y la entrega de las armas
Rafael López-Dieguez Gamoneda minutodigital 31 Marzo 2006

Elemento clave para analizar con exactitud el cambio del marco político provocado por el anuncio de la banda terrorista ETA, es el hecho de que el gobierno ha estado negociado, de forma directa o interpuesta, con los terroristas; que, por tanto, al menos el primer comunicado es fruto de ese acuerdo, no siendo descartable que, incluso, la fecha del anuncio hubiera estado en función de los gestos del gobierno para reflotar las decaídas expectativas electorales de José Luis Rodríguez Zapatero.

Importante cambio del marco político, porque el gobierno ha pasado de una situación en la que era ampliamente cuestionado, en la que perdía apoyos importantes en su, hasta ese momento, consolidada base electoral, a un tiempo en el que no sólo recupera la iniciativa política sino que, además, ha obligado a la oposición a subordinarse a sus directrices, por más palabras con que lo intente desdibujar el presidente del Partido Popular, que ha pasado de una prevención tibia a una aceptación plena.

Nadie puede dudar que, a efectos mediático-políticos, el impresionante agit-pro montado el día del anuncio de ETA y continuado al día siguiente ha sido un éxito. Aparentemente ha contribuido, sobre todo, a forzar las reservas del Partido Popular y a difuminar las posibles críticas. El agit-pro ha convertido un indefinible “alto el fuego permanente” (con términos distintos según sea la versión francesa o la eusquera) en la sonrisa de la paz; la intención clara fue transmitir la idea de que había llegado el fin de la violencia y el fin de ETA. El fin, como afirmó el presidente del gobierno en el Congreso, de treinta años de terror. Treinta y no cuarenta porque parece que al Presidente le cuesta contar los asesinados antes de 1975.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, prácticamente desde su llegado al poder ha estado realizando pequeñas concesiones, en forma de anuncio, a ETA para que las negociaciones tuvieran viabilidad. El gobierno, que por esas concesiones sufrió un importante desgaste, del que pretendió ser usufructuario el Partido Popular, traducido en dos grandes manifestaciones, ha conseguido con el anuncio de ETA invertir la situación hasta tal punto que nadie pone objeciones a un proceso de negociación. No sólo eso, es que el anuncio de la tregua, y sobre todo la campaña de agit-pro organizada, han permitido que una cuestión fundamental como la aprobación del Estatuto de Cataluña en la Comisión Constitucional, que estaba erosionando de forma determinante el proyecto republicano-ciudadano de Zapatero, caiga en el olvido.

Aunque existe diversidad de puntos de vista a la hora de contabilizar las treguas de ETA varias de ellas podrían asimilarse a la actual. En todas las ocasiones anteriores las treguas tuvieron como consecuencia la reorganización de la bada; todas se produjeron cuando la banda se encontraba cercada policial y judicialmente, con una capacidad de reacción muy reducida. En esta ocasión la diferencia fundamental estriba en que la situación de ETA es mucho peor que en otros momentos. Sin cobertura política y sin la financiación que de la misma extraía, con sus líneas de control social deterioradas, con terroristas cada vez más jóvenes e inexpertos, con la mayor parte de sus dirigentes y militantes en la cárcel, con la pérdida del santuario francés, el gobierno ha optado por dar un balón de oxígeno político a la banda. La dirección de la banda ha aceptado la oferta porque sus dirigentes históricos, porque sus terroristas históricos, han presionado pues no quieren salir como ancianos de las cárceles. José Luis Rodríguez Zapatero confía en ese grupo histórico para sacar adelante su gran baza electoral para alcanzar la mayoría absoluta en las próximas elecciones: el fin de ETA. El presidente del gobierno estima que el modelo catalán, con mayores concesiones si fuera necesario, podría satisfacer al mundo abertzale. A ello acompañaría la aplicación de medidas de gracia para los presos, y la ley tiene caminos para ello, y la legalización de Batasuna aunque fuera mediante la creación de un nuevo partido. De ese diseño no dista mucho el contenido de los comunicados de la banda.

Lo curioso es que, frente a lo anterior, nadie ha reparado en una serie de datos que, a mi juicio, son altamente reveladores. La sociedad se ha quedado con las palabras, “tregua”, “paz”, pero al mismo tiempo ha subrayado, una vez más, el divorcio existente entre la España real y la España oficial-mediática. Los españoles apoyan el fin de ETA, pero lo que quieren es eso: la disolución de la banda, la entrega de las armas y la puesta a disposición judicial de los criminales. Los españoles, mayoritariamente, se oponen a la excarcelación de los presos, a la moderación de la lucha policial y judicial contra el terrorismo, al acercamiento de los presos, a la legalización de Batasuna, al reconocimiento del derecho de autodeterminación, quieren que Otegui entre en prisión… Si los españoles, mayoritariamente, hasta que sean convenientemente reconducidos por la conjunción mediático-política, se oponen a todos esos puntos que están de forma implícita o explícita, como base para la negociación, en los comunicados de la banda ¿qué va a negociar el gobierno y en qué va a apoyar la oposición al gobierno?

Después de todo lo expuesto son varias las preguntas a las que no es posible responder: ¿Por qué la oposición no ha exigido al gobierno que explique si ha habido o no negociación y qué compromisos ha suscrito ya el gobierno? ¿Por qué el gobierno y la oposición no han establecido con claridad los límites de esa posible negociación amparándose en figuras retóricas que pueden servir para una cosa y la contraria? ¿Por qué el Partido Popular ha ido reduciendo progresivamente sus reservas? ¿Por qué muchos nos tememos que el “alto el fuego permanente” no es más que una máscara que ha servido y va a servir para armar un Nuevo Estatuto Vasco que recoja los planteamientos políticos de ETA contribuyendo al proceso de desintegración de España que persigue Rodríguez Zapatero?

El PSOE Fractura España
Miguel Barrachina Periodista Digital 31 Marzo 2006

Los parlamentos de todo el mundo se dedican a mejorar sus naciones, tratar de engrandecerlas y favorecer la solidaridad entre sus territorios. ¿He dicho todos? No todos no, hay una de las doscientas naciones del mundo en la que su parlamento y su presidente se dedican a lo contrario, esa es España.

Ayer asistí desde mi escaño a como penosamente el 54% de los parlamentarios decidía convertir a España en dos naciones e imponer un modelo nacionalista-intervencionista en la educación, el comercio, las administraciones y en todas las parcelas de la vida corriente que hará de la querida Cataluña una fábrica de nacionalistas, un lugar donde en vez de apreciar lo común, lo rechaces.

¿Tanto ha cambiado España? No, solo ha mutado el PSOE, los demás siempre han querido eliminar a España, con rapidez –ETA, ERC, PNV, EA, BNG- o a plazos – CIU-.

Si el PSOE hubiese estado donde la “E” de español le reclama, el resultado hubiese siso de casi el 90% en contra del aciago Estatut, sólo ha cambiado eso, el PSOE, que en España es uno de los dos partidos nacionales.

Sólo nuestro Congreso de los Diputados es capaz de convertir, como hizo ayer, a nuestra nación originaria en dos distintas, y cuando el pueblo español –en el que antes residía la soberanía nacional- todavía no se ha repuesto de la dolorosa fractura llega la posible negociación con los terroristas.

Tendremos todos que prepararnos, hacer de tripas corazón y soportar que terroristas confesos nos den lecciones a los demócratas sobre derechos y libertades.

Los que nunca se han excusado por asesinar a niños y adultos exhiben hoy una arrogancia que no tenían dos años atrás cuando, sin treguas ni “alto el fuego”, estaban contra las cuerdas, fuera de las instituciones, sin financiación, sin medios de comunicación y aislados internacionalmente.

Ahora el criminal Otegui ya celebra que “la fortaleza de la izquierda abertzale está en haber derrotado la transición española”. Ayer lo denunció Rajoy quién la ha derrotado, o mejos traicionado es Rodríguez Zapatero,

De lo más hiriente es la prostitución terrorista del lenguaje que nos llega a contaminar a todos. De hecho muchos le llaman a este cese del terrorismo “proceso de paz”, cuando no ha habido ninguna guerra. De haberla habido la habrían ganado los demócratas que son aproximadamente cien veces más numerosos.

El Estado de Derecho no puede estar en “tregua”
COMUNICADO DE PRENSA DEL FORO ERMUA 31 Marzo 2006

Madrid, 31 de marzo de 2006. El FORO ERMUA, como organización cívica y junto a las asociaciones de víctimas mayoritarias, ha manifestado recientemente que la situación actual podría dar lugar a un proceso que logre terminar con el terrorismo. Así será si se actúa con unidad y el Gobierno demuestra a ETA que no tiene capacidad alguna para influir, modificar o suspender el Estado de Derecho. Es imprescindible dejar claro que sus llamadas “treguas” no pueden ser utilizadas como parte de la estrategia terrorista para llevar a cabo negociaciones bajo chantaje o para detener la aplicación de las leyes de las que nos hemos dotado para defendernos del terrorismo y de la propia ETA.

BATASUNA, según Sentencia firme del T.S., es un instrumento de ETA. Está calificada como organización terrorista por la U.E., los EE.UU. y, de manera cautelar, por la Audiencia Nacional. Se encuentra ilegalizada y tiene prohibida toda actividad, tanto por el Tribunal Supremo, como por la Audiencia Nacional.

A pesar de ello, ha reunido su autodenominada Asamblea Nacional, ha procedido a elegir un nuevo órgano de dirección (Mesa Nacional) y ha difundido el viernes pasado, 24 de marzo, un comunicado público, leído expresamente en nombre de BATASUNA por tres de sus dirigentes (entre los que se encontraba JOSEBA PERMACH) instando al Gobierno a que pague un precio político por el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad.

El comunicado coincide de manera objetiva con los fines, argumentos y hasta expresiones literales vertidas en el comunicado emitido por ETA en el que anunciaba su “tregua” y viene a completar la estrategia de esta organización terrorista.

Estos hechos presuntamente son constitutivos de:

Un delito de desobediencia a la Sentencia de ilegalización del Tribunal Supremo.
Un delito de quiebra de la medida cautelar de suspensión de actividades dictada por la Audiencia Nacional.
Un delito de reunión ilícita.
Un delito de pertenencia y/o colaboración con banda terrorista.

A día de hoy, no tenemos ninguna noticia de que la Fiscalía haya ejercido acción alguna para la persecución de estos delitos flagrantes. La pasividad de la Fiscalía General del Estado ante el desacato público y expreso al Estado y su cambio de posición el pasado miércoles frente a la solicitud de prisión provisional de Otegi, no permite augurar nada positivo. Mal futuro nos espera si quien tiene, como misión institucional, defender la legalidad renuncia a imponer el cumplimiento de la Ley y mira hacia otro lado porque ETA, en un movimiento estratégico, decide suspender los asesinatos para forzar una negociación política. Si no se persiguen los delitos flagrantes, ¿cómo confiar en que no se ceda ante ETA?, ¿cómo confiar en que no se va a pagar un precio político por el fin del terrorismo? Es obvio que no perseguir los delitos en los tribunales es ya, de por sí, un precio político.

Una gran parte de la sociedad y organizaciones cívicas y de víctimas hemos dado un voto de confianza al Presidente del Gobierno con objeto de que aproveche esta ocasión para conseguir la derrota del terrorismo a manos de la democracia. Insistimos en que para ello es fundamental dejar claro, de manera rotunda y firme, que ETA no tiene ninguna capacidad para alterar el Estado de Derecho, ni la aplicación de la Ley, ni para condicionar en su favor el debate político, ni con treguas permanentes ni instrumentales, ni sin treguas. Cualquier conversación que se pudiera mantener con ETA tendrá que hacerse desde la unidad de los demócratas y única y exclusivamente para cerrar el proceso de su rendición. Por supuesto, dichas conversaciones en ningún caso deberían detener o frenar la actividad de persecución policial y judicial del crimen organizado.

Por ello, y dado que el mantenimiento de la confianza requiere hechos y no sólo intenciones o palabras, desde el FORO ERMUA pedimos al Gobierno que, al amparo del artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que dispone: “El Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público”, proceda a interesar del Fiscal la persecución ante los tribunales de los delitos flagrantes cometidos por los representantes de la ilegalizada BATASUNA al actuar en nombre de ésta, saltándose las prohibiciones de actividad que sobre la misma pesan y completando en el frente político la actividad de ETA, y que interese el apoyo expreso de la Fiscalía a la querella criminal que hoy mismo ha interpuesto el FORO ERMUA ante la Audiencia Nacional.

La pasividad del Gobierno ante un asunto de esta gravedad, sería un pésimo síntoma respecto a la solidez del compromiso del Presidente de no pagar precio político alguno a ETA por dejar de matar y respecto a su voluntad de preservar la democracia frente a cualquier estrategia o táctica de ETA.

Para más información:
Mikel Buesa (650) 97-42-04
Inma Castilla de Cortázar (686) 65-27-10
Iñaki Ezkerra (657) 70-07-92

José María Calleja afirma que «ETA ha fracasado en todos sus objetivos»
El periodista presentó ayer en Bilbao su nuevo libro 'Algo habrá hecho'
MANU RUEDA El Correo 31 Marzo 2006

m.rueda@diario-elcorreo.com/BILBAO

El periodista José María Calleja afirmó ayer que «ETA ha fracasado en todos sus objetivos y ha triunfado el Estado de Derecho». A su juicio, la derrota policial «del terrorismo nacionalista vasco» se inicia con la caída de la cúpula de la banda armada en 1992 en Bidart.

Calleja realizó estas manifestaciones en Bilbao durante la presentación de su nuevo libro titulado 'Algo habrá hecho. Odio, muerte y miedo en Euskadi', promovido por la Fundación para la Libertad. En el acto también tomaron la palabra el presidente de la plataforma ciudadana, Nicolás Redondo Terreros, el columnista Santiago González y el director de EL CORREO, Ángel Arnedo, quien recogió el pasaje del libro en el que Calleja apunta que «'algo habrá hecho' es la expresión que retrataba la indiferencia culpable de una buena parte de la sociedad vasca, que refleja la anestesia moral respecto del atentado que supone asesinar al discrepante».

El autor retomó el título de su obra para abominar de la «duda grasienta y repugnante que sembraba ETA cuando asesinaba a alguien y mucha gente lo justificaba con la expresión 'algo habrá hecho', cuando la víctima ya no podía dar explicaciones porque estaba muerta». «Comprometerse contra ETA ha estado penalizado socialmente en Euskadi», aseguró.

Calleja repasó parte de la historia de ETA, a la que calificó como «una factoría de odio contra lo español dedicada a extender el miedo». En su opinión, «la organización terrorista realizaba una selección concienzuda de las víctimas que quería exterminar».

Tras repasar varios momentos de dolor, José María Calleja, sin embargo, lanzó un mensaje optimista: «¿Cómo no vamos a serlo si ya lo éramos cuando nos mataban?», se cuestionó. «Queremos que esto se resuelva, la crispación no es buena», admitió.

No obstante, alertó de que «la gente no piense que todo está resuelto porque ya no se mata». «El problema ahora es que no tenemos libertad de opinión y no podemos decir lo que nos dé la gana», añadió, al tiempo que recomendó «hacer una labor didáctica, entre otros con los jóvenes de la kale borroka, para desmontar la estructura de odio y miedo».

144. Hacia un mayor policentrismo idiomático mundial
Ramón Tamames Periodista Digital 31 Marzo 2006

“El inglés es el idioma de los negocios, pero pronto no lo será todo en la economía global”. Así se expresa una entidad nada sospechosa de anglofobia, el British Council, un centro del Gobierno británico, equivalente a lo que la Alliance Françaises en nuestro vecino del norte, el Goethe Institute en Alemania, y el Instituto Cervantes en España.

Las cifras de ese informe (Next English) ilustran que continúa la hegemonía mundial del inglés, en especial en el ámbito financiero y tecnológico, pero en un escenario en el que se apreciarían indicios de que el idioma de Dickens y Hardy (por no citar siempre a Shakespeare), irá cediendo posiciones en beneficio de otras lenguas; de peso económico y cultural crecientes, como son el chino mandarín (el habla Han de Pekín que se ha convertido en la oficial para toda la República Popular), y el español, lengua oficial en una veintena de países y con una fuerza creciente en EE.UU., donde hay casi 50 millones de hispanos (incluyendo 10 de sin papeles), la mayoría de los cuales conservan su idioma materno. Entre otras cosas, porque ya no es un lastre como antaño, sino un activo personal, como tienen a gala decir los propios anglos del Imperio, que sitúan el español como primera lengua foránea a estudiar en su país.

¿Tiene la hegemonía del inglés los días contados? “Aún tiene cuerda para rato”, diría un escéptico. Pero lo cierto es que a grandes rasgos el horizonte que se trazaba en el previo informe sobre el futuro del inglés (The future of English?) realizado para el British Council por el investigador David Graddol en 1997, está cumpliéndose; como se subraya, diez años después, en el nuevo informe de idéntico organismo citado al principio de este artículo: “Otras lenguas están desafiando ya el predominio del inglés, especialmente el mandarín y el español, que se han hecho importantes hasta influir en las prioridades políticas y los recursos educacionales de algunos países”. Citándose expresamente la decisión de Brasil de introducir el español como alternativa al inglés en la enseñanza, prácticamente como idioma propio de un país que está rodeado por siete naciones hispanohablantes con los que mantiene relaciones económicas cada vez más estrechas. ¿Cómo puede sonarles lo anterior a algunos catalanes que lanza en ristre se aprestan al monolingüismo a cualquier coste?

“La importancia del inglés en internet baja en tanto que otras lenguas como el chino, el ruso, español y portugués están creciendo más que proporcionalmente a su población. Es otra conclusión del informe English Next, resultando que “lo comenzado como un fenómeno anglófono, se ha convertido con rapidez en un asunto multilingüe".

Numéricamente, según el informe, el chino es la lengua más difundida del planeta con 1.052 millones de personas; seguidas por el inglés (508), hindi (487) y español (417); todo según nuestro gráfico de hoy, que extraemos de La Vanguardia de ayer. Y en cuanto al PIB de los grupos parlantes mencionados, el inglés tendría el 28,2 por 100, el chino el 22,8, el español el 5,2, y el hindi el 2,1. Por lo demás, por su uso en Internet, el inglés, entre 2.000 y 2005 cayó del 51,3 al 32 por 100, el chino subió del 5,4 al 13, el hindi no aparece y el español progresa levemente, del 5,8 al 6 por 100. Las conclusiones, otro día.

ZAPATERO SE LAVA LAS MANOS ANTE El «PRINCIPIO DEL FIN DEL ESTADO»
Editorial EL MUNDO  31 Marzo 2006

Quienes hayan seguido el debate para la aprobación del Estatuto catalán habrán percibido una flagrante contradicción entre los planteamientos solemnes de Marín, que anunció que podía tratarse de «un gran día» -por cierto, tomando partido frente a quienes consideramos que fue una jornada nefasta-, y lo que ocurrió en el hemiciclo. ¿Cómo se concilia la excepcionalidad de la ocasión con los escaños del PSOE y del Gobierno vacíos y especialmente con la clamorosa ausencia y luego el elocuente silencio del propio presidente del Gobierno?

La sesión de ayer no sólo era la más trascendental de la legislatura.Tenía una dimensión verdaderamente histórica, como el tiempo vendrá a demostrar. La ausencia de Zapatero durante la intervención principal de Rajoy y su negativa a recoger el guante que éste le lanzó para que nombrara «un solo país en que haya más de una nación» son mucho más que una descortesía. Son una afrenta a los principios sobre los que Zapatero construyó su alternativa.¿No prometió hacer del Parlamento el centro de la vida política? ¿No se comprometió a hacer de la «democracia deliberativa» el eje de su gestión? Esta falta de respeto a las instituciones y procedimientos democráticos está en sintonía con la forma en que se ha tramitado el Estatuto en el Congreso: a toda prisa, para que pasara lo más inadvertido posible. ¿Por qué? Porque desde Manuela de Madre hasta Alfonso Guerra pasando por los nacionalistas, todos los implicados sabían que cuanta más información tuvieran los ciudadanos sobre el Estatuto, peor para sus intereses y los de Zapatero.

Si los españoles hubieran podido seguir el debate en abierto, juzgando la capacidad de convicción de unos y otros, y tuvieran que decidir sólo en función de este asunto, Rajoy ganaría las próximas elecciones por goleada. Y no porque el líder del PP lo hiciera especialmente bien, que lo hizo -fue una de las intervenciones más potentes y convincentes que se le recuerdan-, sino por la pasmosa falta de argumentos de los defensores del Estatuto. Concretamente de la vicepresidenta, que tuvo que sustituir a Zapatero, y un Rubalcaba ayuno de razones. La primera rozó el ridículo al calificar el texto como «excelente» y destacar su nivel de «consenso» -fue aprobado con tan sólo el 54% de los votos-. El segundo se aferró a la acusación pueril de «catalanofobia» contra el PP y a la comparación insostenible con el Estatuto valenciano. Como bien replicó Rajoy, bastaría con que los socialistas aceptaran para Cataluña la definición de Valencia como una «comunidad autónoma dentro de la unidad de la Nación española».

Lo que han hecho es aceptar la definición de Cataluña como nación y han reconocido un acto de soberanía del Parlamento catalán, quebrando el principio de unidad sobre el que se asienta la existencia de España como una nación de ciudadanos libres e iguales en derechos y obligaciones.Puigcercós podrá alegar que el Estatuto es «pobre» para Cataluña, pero no tiene razón. De hecho, todo sugiere que ERC acabará pidiendo el sí en el referéndum. Por emplear una frase dura pero ajustada de Rajoy, la nueva ley catalana anuncia el «principio del fin del Estado» diseñado en 1978: tanto si sirve de paradigma para otras reformas estatutarias, lo cual convertiría al Estado en un cascarón inviable, como si no lo hace, ya que sustituye el modelo autonómico por uno confederal.

A falta de su paso por el Senado y de la consulta popular, el proceso que empezó como una «broma» -según el propio conseller de Governació- y siguió como una puja al alza entre nacionalistas ha acabado como empezó: en un esperpento, en el que el padre del peor texto legal de la democracia ni siquiera ha dado la cara en su defensa parlamentaria. Al permitir la ruptura del consenso constitucional y colocar lo que Rajoy ha llamado una «bomba de relojería» en la base del Estado, Zapatero se ha hecho acreedor de una moción de censura. La iniciativa posiblemente no prosperaría, pero al menos otorgaría al líder del PP la oportunidad de responder, uno a uno, a todos los grupos que, en otra tergiversación del sistema democrático, se empeñan en hacer oposición a la oposición en lugar de impedir que el Gobierno cometa el error más grave desde la Transición.

EL PRI CATALÁN
MIQUEL PORTA PERALES ABC Cataluña  31 Marzo 2006

PUESTOS a establecer analogías, a mi me parece que -en términos políticos- Cataluña es Méjico. Y lo digo, porque el régimen político instalado en Cataluña después de la Transición -CiU y el tripartito forman parte del mismo régimen- se parece muy mucho al PRI mejicano. Esto es -por expresarlo en pocas palabras-, un conglomerado que se perpetúa en el poder en virtud de determinadas prácticas que no se distinguen precisamente por la transparencia y que, con frecuencia, implican un cierto grado de coacción más o menos sutil. El detalle que tener en cuenta: en el PRI mejicano -como sucede en el PRI catalán- reina un silencio que sólo se rompe o bien cuando algún sector ve peligrar el poder, o bien cuando quiere expulsar del mismo a un compañero de fatigas que le resulta incómodo. Y entonces las miserias se ponen al descubierto para solaz del ciudadano.

La cuota mensual que ERC cobra a sus cargos electos o designados, así como el momento en que el asunto se divulga, y la reacción de los republicanos, probaría la existencia del PRI catalán. Vayamos por partes y empecemos por el hecho en sí. Como ustedes saben, ERC ha implantado un nuevo impuesto: el impuesto republicano o la obligación coactiva de efectuar una transmisión de dinero a favor del partido en virtud de una resolución congresual que se contempla en la llamada Carta Financiera. A diferencia del clásico, el impuesto republicano no es potencialmente universal y tiene contraprestación directa. No es potencialmente universal, porque sólo afecta a los cargos institucionales -sean o no militantes del partido- electos o designados por ERC. Tiene contraprestación directa, porque quien pague el impuesto conservará el lugar de trabajo. Lo han entendido bien: los trabajadores -no hablamos de funcionarios de carrera, sino de cargos nombrados o contratados a instancias de ERC: funcionarios interinos, personal laboral, contratos de obras- que ejercen su función en aquellas consejerías o secretarías comandadas por los republicanos, deben pagar una cierta cantidad de dinero al partido -entre el 4% y el 24% del sueldo- para no perder el empleo. Si bien se mira, ERC es una suerte de ETT (Empresa de Trabajo Temporal) que cobra una cuota por colocar a la gente. O, por decirlo a la mejicana, lo que está en juego es una variante de la mordida que hace que ERC aumente sus ingresos atípicos. Y, por decirlo también a la mejicana, si se quieren aumentar los ingresos no hay más que acrecentar el número de personal contratado con el consiguiente incremento del impuesto o cuota que cobrar. De paso, ERC-ETT -a pesar del impuesto o cuota- consigue -a la manera el PRI auténtico- la fidelidad de unos funcionarios a los que, probablemente, les costaría encontrar empleo. Lo que francamente desconozco es si el PRI auténtico también practica la costumbre de contratar a esposas, hermanos y conocidos.

Del hecho en sí, pasemos -como decíamos unas líneas más arriba- al momento en que se divulga la existencia del impuesto y la reacción de los republicanos. Josep Bargalló tiene razón: con toda probabilidad, alguien miembro del mismo PRI catalán ha filtrado ahora a la prensa amiga -la existencia de prensa amiga es otra característica del PRI- la realidad del impuesto con el objeto de presionar a los republicanos para que voten afirmativamente el proyecto de nuevo Estatuto. Se trata, en suma, de que ningún integrante del PRI ponga en peligro el poder alcanzado. Y la reacción de un Joan Puigcercós al sacar a colación la crisis del tres por ciento, al hablar de «un acto de hipocresía colectiva» y de «sepulcros blanqueados», pone el dedo en la llaga. O lo que es lo mismo, Joan Puigcercós, a la chita callando -al republicano se le entiende todo-, evidencia la realidad de una Cataluña de las maravillas en la que las sombras están muy bien repartidas. ¿La reacción oficial del Govern? Aquí no hay que investigar nada. Aquí no hay que aclarar nada. Aquí no pasa nada. Como es propio de los gobiernos del PRI.

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