AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 6 Abril  2006
¡¡Grita Libertad!!
Federico Quevedo El Confidencial 6 Abril 2006

Gran hermano lingüístico
Daniel Sirera Libertad Digital 6 Abril 2006

La España soviética
GEES Libertad Digital 6 Abril 2006

Obsesiones
Cristina Losada Libertad Digital 6 Abril 2006

Nación en exclusiva
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  6 Abril 2006

Confesión de parte
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 6 Abril 2006

El respeto a la ley
Pío Moa Libertad Digital 6 Abril 2006

República, tregua y circo
Pablo Sebastián Estrella Digital 6 Abril 2006

La III República Constitucional
Antonio García-Trevijano * Estrella Digital 6 Abril 2006

DESARRAIGO NACIONAL
Editorial minutodigital 6 Abril 2006

Derechos humanos y estatutos de autonomía
LORENZO MARTÍN-RETORTILLO ABC 6 Abril 2006

El perfil de los jóvenes españoles
Editorial ABC 6 Abril 2006

Competitividad asimétrica
FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 6 Abril 2006

¿La democracia garantiza la supervivencia de España?
José Manuel Rodríguez Pardo minutodigital 6 Abril 2006

Aún no hemos claudicado
Santiago Casero minutodigital 6 Abril 2006

La Clave: El Ámbito de Decisión
Miguel Barrachina Periodista Digital 6 Abril 2006

¿Pedir perdón o hacer la paz?
DARÍO VALCÁRCEL ABC 6 Abril 2006

LOS DESTERRADOS VASCOS EXIGIMOS EL DERECHO A VOTAR EN NUESTRA TIERRA
Convocatoria de prensa Foro Ermua  6 Abril 2006

El currículum, eleborado por la confederación de ikastolas, va dirigido a la enseñanza obligatoria y pretenden que sea extensivo a Navarra y el País Vasco francés
ANA ANTOLÍN ABC 6 Abril 2006

Desmantelada en Argelia una red internacional que infiltró en España a "decenas de terroristas"
EFE Libertad Digital 6 Abril 2006

BERLUSCONI: "NO PUEDE HABER TANTO GILIPOLLAS QUE VOTE A LA IZQUIERDA"
Minuto Digital 6 Abril 2006

Ibarrola lleva a su obra reciente la lucha por la libertad frente al azote de ETA
ÉRIKA MONTAÑÉS ABC 6 Abril 2006

¿Son todos igualmente responsables?
Anónimo www.inn.org.es 6 Abril 2006

 

¡¡Grita Libertad!!
Federico Quevedo El Confidencial 6 Abril 2006

Pues estamos como siempre. En cuanto uno sube un poquito el tono, la caterva de sectarios saca a pasear el manual de insultos. Que si fascista, que si reaccionario, que si cavernario, que si anti-todo, que si a la cárcel con él, que si mejor no escriba, que si vaya panfleto, que si... los más subidos de tono no los transcribo porque no pienso hacerles publicidad a quienes solo saben utilizar la parte del diccionario de la Real Academia destinada a la ofensa y el oprobio. No se crean que me importa. Hombre, me fastidia porque yo nunca me he metido con la madre de nadie, pero otros que predican ejemplo de progresía, aunque sea a la catalana, sí... Ni he dado en comparar a nadie con el macho cabrío –y no todos los progres pueden decir lo mismo-... Ni siquiera he tenido a bien, ahora que estamos en primavera, en dar rienda suelta a los floridos capullos que otros esgrimen como armas sediciosas. Pero en cuanto uno transgrede los límites de lo políticamente correcto le ponen de vuelta y media, de chupa de dómine, a bajar de un burro... En fin, permítanme un cierto margen de discrecionalidad, un espacio para la crítica, por dura que esta sea... Vamos, un poco de libertad, que nunca viene mal y en estos tiempos comienza a escasear que da gusto. Ya les he dicho otras veces que para mí, la libertad, es una pasión, un fin en sí misma, una necesidad imperiosa, un deseo casi brutal, algo que no estoy dispuesto a que nadie me arrebate.

Porque, fíjense, lo que estamos viviendo desde hace un par de años tiene mucho que ver con la concepción de la libertad y de la democracia que tienen unos y otros. Por alguna desgraciada razón que no alcanzo a comprender, el socialismo patrio no ha sido capaz de adaptarse a los tiempos. En alguna ocasión anterior he afirmado, y lo reitero sin ninguna clase de complejo, que el liberalismo es la única ideología que ha conseguido una victoria moral sobre el colectivismo que tradicionalmente ha sido el hilo conductor de la acción política en Europa después de la II Guerra Mundial. Probablemente influenciada por la cercanía del Telón de Acero, la Vieja Europa no supo reaccionar con valentía al totalitarismo del Este oponiendo una visión liberal y atlantista a la amenaza que en aquel momento suponía el Pacto de Varsovia. La caída del muro de Berlín y el fin de la experiencia del socialismo real en esos países abrió las puertas de la esperanza a una verdadera democracia liberal y, sin embargo, esa lección nos la han dado precisamente los países que emergieron de la autarquía marxista. Una lección que aprendió el laborismo británico de la mano de Tony Blair, adaptando los principios esenciales del liberalismo como única forma de supervivencia en una sociedad que, muchas veces sin saberlo, lo que reclama es mayores cotas de libertad individual.

Hubo un momento, después de que el PSOE perdiera el poder en el 96 y el PP llevara a cabo lo que podríamos llamar una revolución liberal que no logró colmarse, en el que parecía que el socialismo patrio se adaptaba a los tiempos. Pero resultó que no. Primero el Prestige, luego la Guerra de Iraq y, finalmente, los atentados del 11-M y sus consecuencias posteriores nos demostraron que quienes llegaron al poder en el PSOE del post-felipismo no eran, ni mucho menos, quienes decían ser –la Nueva Vía y aquellas cosas que nos esperanzaron de la llegada de un Tony Blair a la española-, sino la expresión más voraz de lo peor que el socialismo dio al Siglo XX: el nacionalismo populista, fácilmente demagógico, con pretensiones autárquicas, de corte peronista. Una pseudo-ideología relativista constituida por una mezcla de elementos muy diversos: militarismo y falso moralismo, vocabulario revolucionario con mezcla de conservadurismo, antiamericanismo, oportunismo y nacionalismo. Rodríguez Zapatero, como le ocurría a Perón, se ve a sí mismo como una especie de síntesis popular entre el capitalismo y el comunismo, un fenómeno muy típico de la América Latina que no sólo no murió con Perón sino que tuvo continuación después de la caída del muro con el régimen de Castro y más recientemente con los experimentos revolucionarios de Venezuela, Bolivia y los que puedan producirse a corto plazo en Perú y Nicaragua.

No podemos llevarnos a engaño de lo que vivimos: un tiempo político marcado por el intervencionismo, la demagogia, el relativismo, la destrucción de los principios éticos que rigen nuestra sociedad y los valores jurídico-políticos que la sostienen, y el funambulismo como marco de actuación. Es lógico, porque una pseudo-ideología cimentada en el colectivismo no puede ser aceptada, sino impuesta desde la sistemática y sutil apropiación de los espacios de libertad. ¿Es posible esto en plena Europa del Siglo XXI? Sí, porque esta es una democracia fundamentada en un sistema de partidos y alejada de los principios de la democracia liberal, imbuida del espíritu colectivista caldo de cultivo para cualquier tentación totalitaria, que es la que tiene Rodríguez Zapatero. Sólo una interpretación desde la ambición autárquica puede explicar que la izquierda moderada española haya abandonado el concepto de nación como el de conjunto de ciudadanos libres e iguales en derechos, permitiendo a la derecha liberal apropiarse de lo que siempre fue fundamento de la sociedad civil de la que nace la democracia burguesa. El PP asume como propia la tradición moderada del liberalismo español del siglo XIX, y los principios que alumbraron la Constitución de 1812 y las Cortes de Cádiz, quizás el periodo político en el que de un modo casi espiritual la libertad fue una enseña por la que valía la pena morir.

El norteamericano Walter Lippman afirmaba que “el autoritarismo divide, el liberalismo une”. No miento si afirmo que este es el periodo de nuestra historia reciente en el que se está produciendo una mayor división y enfrentamiento social. ¿Autoritarismo? Sí, a la manera populista en que la demagogia se convierte en un arma capaz de defenestrar toda capacidad de crítica y de discrepancia. Lippman, vuelvo a traerle a colación, señalaba que “una sociedad libre es una sociedad en la que las desigualdades de la condición de los hombres, de sus retribuciones y de sus posiciones sociales no se deben a causas extrínsecas y artificiales, a la coacción física, a privilegios legales, a prerrogativas particulares, a fraudes, a abusos y a la explotación”. Es cierto que no puede generalizarse en España una situación como la que describe Lippman, pero sí podemos decir que algunas de esas carencias comienzan a ser demasiado clamorosas, y desde luego sí que puede decirse que esa definición encaja como un guante en aquellos países a los que el Gobierno de Rodríguez otorga categoría de amistad preferente, las dictaduras y regímenes personalistas de América Latina.

De ahí que, a mi modo de ver, existe una sustancial diferencia entre el proyecto político de Rodríguez y el que defiende Rajoy. Como liberal, creo y acepto que existe una “ley suprema, superior a la Constitución, a las ordenanzas y a las costumbres, que existe en todos los pueblos civilizados”, una forma de ley natural que permite la asociación “entre hombres libres e iguales”, y que, en el fondo, es lo que permite saber si los seres humanos “serán tratados como personas inviolables, o como cosas de las que cabe disponer”. El proyecto liberal, el sueño de un espacio político reformista que nace del espíritu de reconciliación que puso en marcha Adolfo Suárez y que hace de la persona el eje de su acción política, es decir, la esperanza de un compromiso por la libertad, debe constituir la prioridad de Rajoy si quiere convertirse, no solo en una alternativa de Gobierno, sino en un referente social de futuro, apostando claramente por un proyecto reformista y de regeneración democrática sin complejos. Lo que hay enfrente es el resultado de un enorme engaño que nació el 11-M de 2004, y lo que surge de la trampa y de la traición solo puede aportar a la sociedad dolor y lágrimas. Ante eso, grito: ¡libertad!

Cataluña
Gran hermano lingüístico
Daniel Sirera Libertad Digital 6 Abril 2006

El Gobierno tripartito ha abierto un total de 1.278 expedientes sancionadores a pequeños y medianos comercios, empresas de servicios y grandes superficies por no disponer de rótulos en catalán. En el primer año de tripartito, el Govern abrió expediente sancionador a 246 establecimientos y multó a 22 comercios. En el segundo abrió expediente a 724 establecimientos y sancionó a 119. En lo que llevamos de año, ya son 42. Por utilizar la lengua castellana en Cataluña, por ahora aún oficial en esta Comunidad, la Generalitat recaudó 168.000 euros en concepto de multas lingüísticas. "No existe un problema lingüístico en Cataluña", repiten mientras tanto, como cotorras, Maragall, Zapatero y sus acólitos.

El tripartito ha convertido a la Generalitat en un gran hermano lingüístico. Estudia, inspecciona y sanciona a quienes no utilizan el catalán. Nominan a quienes ejercen su libertad para utilizar la lengua común de todos los españoles y expulsa de la tribu, previo pago de la multa, a quienes no ceden al chantaje. Maragall ha gastado en los dos últimos años más de 3,5 millones de euros (alrededor de 600 millones de pesetas) en estudios e informes sobre la utilización del catalán en diferentes ámbitos. Más de 20.000 euros en conocer las costumbres idiomáticas de los andorranos y 24.593 euros pagados a un miembro de la ejecutiva de ERC en las islas Baleares para conocer el nivel de uso del catalán en el archipiélago. Los clubes deportivos y las pequeñas y medianas empresas tampoco se salvan del control del ejecutivo y de sus comisarios lingüísticos. Estudios por valor de 58.000 euros han servido al gobierno para conocer dónde se utiliza y dónde no el catalán. También los supermercados y restaurantes han sufrido la visita de los inspectores lingüísticos del tripartito, que ha gastado 58.000 euros en un estudio sobre las costumbres lingüísticas de estos establecimientos. En el año 2005, el Departamento de Comercio, Turismo y Consumo que dirige el republicano Huguet (el mismo que dijo que si no se aprobaba el Estatuto tendríamos una Guerra Civil) invirtió más de 21.000 euros para conocer "el comportamiento del mercado español frente a la introducción de la lengua catalana en el etiquetado" y "la lengua en el etiquetado de las marcas de agua".

Los nacionalistas (incluidos los socialistas) llaman radical a Rajoy cuando dice, en relación a la lengua, que en Cataluña pasa hoy lo mismo que pasaba con el franquismo pero al revés, y callan ante la aparición de informes que demuestran la obsesión del tripartito por conocer las preferencias lingüísticas de los ciudadanos o aplauden que se sancione a quién decide poner en castellano el nombre de su tienda.

Daniel Sirera es Portavoz adjunto PP en el Parlamento de Cataluña

Desintegración nacional
La España soviética
GEES Libertad Digital 6 Abril 2006

Algunos prestigiosos sovietólogos reconocían al terrible régimen comunista una única virtud después de 70 años de totalitarismo: haber acabado con las luchas nacionales en el territorio de la antigua URSS. Algo parecido debió pensar algún franquista convencido tras 40 años de dictadura. La realidad, al menos en lo que a la Unión Soviética se refiere, no puede haber sido más distinta.

Ahora Alfonso Guerra ha comparado el proceso de disolución de la Unión Soviética tras la caída del régimen comunista con el proceso de desmembración al que puede estar abocada España con el cambio de régimen que impulsa Zapatero. La reflexión es intelectualmente sugerente, aunque lo primero que hay que decir es que si se cumplen los vaticinios de Alfonso Guerra, él sin duda tendrá su cota de responsabilidad, como diputado y como presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en la historia de ese desastre.

En todo caso, la cuestión a analizar es qué probabilidades tiene España de disgregarse en una sucesión de repúblicas independientes como ocurrió en la década de los 90 en la antigua URSS. Lamentablemente, hay que reconocer que las posibilidades son muchas si Rodríguez Zapatero se mantiene en el poder.

El primer capítulo de este proceso es el proyecto del Estatuto catalán aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados. Este estatuto tendrá al menos cinco efectos.

El reconocimiento de Cataluña como nación rompe conceptualmente la unidad política que había sustentado España en los últimos cinco siglos.

El sistema de financiación diseñado atenta contra la cohesión y la solidaridad entre las distintas partes de España.
La práctica desaparición del Estado de Cataluña y el establecimiento de una relación bilateral en pie de igualdad con el resto de España sitúan de facto a Cataluña como una entidad política semi-independiente.

El intervencionismo que propugna el nuevo texto puede ser un arma poderosa en manos de los nacionalistas catalanes para hacer reingeniería social y crear su propia conciencia nacional.

Finalmente, hay que tener presente que el conjunto de los nacionalistas ven el nuevo Estatuto como un mero tramite para alcanzar su verdadero objetivo, la independencia.

El segundo capítulo en este proceso de disgregación lo constituye la negociación con ETA. Es muy posible que ni los terroristas ni los nacionalistas vascos ni siquiera se conformen con un estatuto como el catalán. Ellos, que ya gozan de total autonomía financiera, aspirarán a ir un paso más allá que los catalanes. La amenaza de una vuelta al terrorismo, que resultaría letal en términos políticos para el actual presidente del Gobierno, actuará además como un poderoso acicate para que Rodríguez Zapatero ablande aún más sus posiciones. Se guardarán las formas, en el sentido de que la negociación política no se hará con ETA, sino con el nacionalismo vasco. Pero no hay que olvidar que los objetivos de independencia y anexión de Navarra son comunes a ambos. Y los terroristas, en todo caso, mantendrán la supervisión del proceso y no dudarán en volver a la actividad criminal si no obtienen los resultados esperados de la negociación política.

El tercer capítulo será la emulación de los procesos seguidos por vascos y catalanes por otras autonomías. En Galicia, los nacionalistas comparten poder con los socialistas y ya han anunciado que ellos no pueden ser menos. El presidente de Canarias, de corte nacionalista, ya ha anunciado su pretensión de convertir el archipiélago en nación. Incluso los socialistas andaluces han reivindicado su carácter nacional, a pesar de que la inmensa mayoría de sus habitantes no comparte ese sentimiento. El proceso será ya imparable.

Comunidades gobernadas por el PP como Baleares o Valencia aspirarán también a la plena autonomía financiera, a su policía autonómica, a más competencias. En definitiva, se trata de un juego de acaparar dinero y poder, que son las dos principales motivaciones políticas. Una vez el proceso está en marcha, nadie querrá ser menos que nadie, ninguna autonomía querrá ser relegada a ser una comunidad de segunda, todo el mundo velará por sus intereses particulares, pero nadie lo hará por los intereses generales.

La mayor parte de los nacionalistas radicales sueñan con un estado independiente. Pero muchos nacionalistas moderados, hoy por hoy mayoritarios en País Vasco y Cataluña, aspiran simplemente a una confederación en la que tengan todas las ventajas de la independencia y todas las ventajas de la confederación, pero sin asumir ningún coste por pertenecer a ella. La pregunta que se hacen cada vez más españoles es si, en esas condiciones, Cataluña o el País Vasco no se terminarán convirtiendo en un lastre para el resto de España que conviene expulsar cuanto antes. Desgraciadamente, ese sentimiento puede acelerar aún más el proceso.

Pero conviene que nadie se llame a engaño. La explosión de la Unión Soviética no fue ni pacífica ni ordenada, sino violenta y sangrienta. Hay muchos potenciales conflictos civiles dentro de cada una de las comunidades que aspiren a independizarse. Las fronteras entre las posibles republicas ibéricas independientes serían otra fuente inagotable de conflictos. Hay también afanes expansionistas en algunas comunidades. Los enemigos externos, en especial la yihad islamista, verán en la disgregación de España una oportunidad para alcanzar sus metas. El desastre que puede suponer el fin de España tendría un altísimo precio para las futuras generaciones. A tiempo estamos de evitarlo.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

El proceso de ZP
Obsesiones
Cristina Losada Libertad Digital 6 Abril 2006

Cada uno tiene sus obsesiones. Y algunas son bien curiosas. Zapatero está dale que dale con la II República, bucólico régimen que condujo a la confrontación entre españoles y a la guerra civil, pero que tuvo la virtud de concederles el voto a las mujeres, pese a la fiera oposición ¿de quién? Del PSOE. Esquerra acaba de revelarnos que no concilia el sueño mientras no le pongan en Madrid una calle a Alcalá Zamora, que era ¿quién? Quien presidía la República contra la que se sublevó su héroe Companys en octubre de 1934. Y De la Vega, que tiene la manía de los modelitos, que aún no sabemos quien paga, se ofusca en el guardarropa y se olvida ¿de qué? De que su correligionario Touriño preside, aunque no lo parezca, el gobierno de Galicia. Y en cuanto al PP, tan obsesionado anda con que no se diga que no quiere "la paz", que se guarda de señalar las sombras que rodean "el proceso".

Y en esa empresa no están solos. Días atrás, un ex de HB y gerifalte de la Fundación Sabino Arana, el abogado Txema Montero, decía en El País que los panfletillos del "alto el fuego" los han compuesto al alimón la ETA y el Estado, léase el gobierno. Decía más: que la banda había puesto el sustantivo y el gobierno el adjetivo para así alumbrar el contradictorio "alto el fuego permanente", y un texto digno de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio. Pues bien, con tal indiferencia ha reaccionado a ello el personal, empezando por el periodístico, que nadie pregunta al gobierno inconveniencias como: ¿es cierto que lo escribieron a medias? o ¿qué más han hecho juntos? Porque escribir a cuatro manos no sugiere el principio de una amistad –más bien puede acabar con ella– sino la existencia de una complicidad. Zapatero le ha contado a Rajoy que no tiene compromisos con ETA, y con eso ya hemos de darnos por contentos, y mirar al futuro. Salvo que toque cantar las glorias republicanas y denostar la barbarie franquista.

Pero, de acuerdo, miremos al futuro.¿Y qué vemos? Que antes del verano piensan dejar solventada la verificación del alto el fuego. Que bastarán tres meses para certificar la buena voluntad de unos terroristas que llevan decenios matando, sembrando el miedo y abduciendo a una sociedad. Qué digo meses. Con tres semanas llega, apuntaba Montero. Y el sin par Ibarretxe pide una verificación ética, que no se sabe qué es, pero que tarda poco, seguro. Apostado queda: "el proceso" va a ir a todo trapo. Ya lo dijo ZP en sus primeros balbuceos: será largo y difícil. O sea, al revés. Las dificultades serán "los accidentes" de los que ha advertido. Y cuando ocurran, está cantado qué va a decir. Se adivina el desplazamiento. De "hay que acabar con la violencia" se pasará a "la violencia no debe acabar con el proceso". Nada nuevo bajo el sol. Acontece desde hace años bajo el brumoso cielo de Irlanda. El IRA no se ha disuelto, coacciona, roba y mata, lo niega, y los implicados enuncian pomposos lo de "no permitiremos que esto quiebre el proceso". Donaldson, último ejemplo.

Dos obsesiones de Zapatero precisan de rápida salida: montar un chiringuito con la bandera de la paz para engordar su base de apoyo ante elecciones venideras, y devolver a la legalidad a Batasuna, sea por cumplir un pacto previo, por instalar a su partido en el gobierno vasco con ayuda de la recua etarra, o por ambas cosas. Veremos que para volver a legalizarla no se le exigirá que condene el terrorismo; lo pasado, pasado está. Intentarán que se cambie el nombre, pero poquito. Se felicitarán de encauzar por la vía política a los batasunos, como si no hubieran medrado en las instituciones hasta hace un cuarto de hora, y no estuvieran ya bajo otro nombre. "El proceso", en fin, requiere hacer la vista gorda, ignorar la conducta probada de los totalitarios, y olvidar el pasado más reciente. Y para amenizar, no faltarán distracciones. Como esa perpetua sesión de película republicana y antifranquista para los que no fueron en su momento ni lo uno ni lo otro.

Nación en exclusiva
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  6 Abril 2006

LA vicepresidenta del Gobierno, con mucho énfasis y en uso de un tópico especialmente manido, ha dicho en el Congreso que el uso en Cataluña del término nacional "es diverso, plural y pacífico", como si alguien lo negase.

Pero no será plural en Cataluña, de cumplirse los deseos de CiU, que quiere reservar la palabra "nacional" en exclusiva a los organismos de la Generalitat, según iniciativa que el nuevo y principal socio parlamentario de la Moncloa ha presentado en el Parlamento autonómico, a fin de que las instituciones del Estado no puedan emplear dicho vocablo en Cataluña.

Lo que pide CiU es, llanamente, que hablar de nación en Cataluña sea hablar únicamente de Cataluña. Es decir, que queda paladinamente sin sustento la hermosa retórica de las pluralidades y las acepciones varias y se revela una consecuencia práctica de las concesiones hechas en un Estatuto de Autonomía que ya las va teniendo, aun sin estar vigente. Porque en política nunca es banal la mención de la nación. La pretensión de los "moderados" Mas y Duran es un desafío. Las juventudes de la coalición, en marzo pasado, repartieron miles de letreros con "Catalonia is not Spain" para exhibirlos durante un partido de fútbol televisado, y contaron con la comprensión expresa de Artur Mas.

Pero la vicepresidenta Fernandez de la Vega señala que no pocas instituciones catalanas se llaman nacionales hace muchos años y, en algunos casos, con la venia de gobiernos del PP, lo cual es cierto. El error está en añadir que no ocurre nada por eso. Sí ocurre, sólo que lentamente. Los gobiernos, cuando le convienen, tienden a confundir el diálogo con la concesión.

El de Zapatero ha decidido contentar a los nacionalismos, en lugar de contenerlos. El camino no es ni la cerrazón de los últimos años de Aznar, ni el afán complaciente que busca pactar a toda costa. La idea de España que nace en la Constitución de 1978 no debe quedar como patrimonio exclusivo de la derecha nacionalista. Esa España es claramente plural, pero a la vez muy unitaria. Y este último aspecto, que el socialismo incluyó en su acervo histórico, es el que descuida Zapatero. La Constitución lo llama Nación española.

Confesión de parte
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 6 Abril 2006

Una mayoría parlamentaria tiene derecho a apoyar a un Gobierno y a legislar, pero no a cambiar el régimen político ni a apropiarse de él. De la misma naturaleza que el separatismo, es este particularismo, para el que la parte se identifica con el todo. Hoy en España vale menos el todo que una de sus partes. La reivindicación de la II República, exhibida por nuestros gobernantes, asume los perfiles de una inadvertida, pero sincera, confesión de parte. Pues muchos de sus errores son los mismos que los de aquella época, sólo atemperados por la diferencia notable en el estado social de los españoles. Estamos ante un ensayo de apropiación de la democracia por parte de la izquierda. El sitio de la derecha sería la oposición permanente, mejor aún, la exclusión del sistema. Y quienes dinamitan desde dentro el sistema, exigen a los proscritos lealtad y moderación.

En este sentido, cabe recordar las razones del alejamiento de Ortega y Gasset de la República que contribuyó a traer. La principal, la más concluyente, fue la apropiación de la República por parte de los republicanos (o, al menos, por los gobernantes). Se reiteraba un error: gobernar no para la Nación sino para una parte de ella y contra el resto. Justo el proceso ante el que estamos. ¿Era inmoderado Ortega al expresar desafecto al rumbo de la República, aunque no a ella misma? ¿O lo fueron más bien los dirigentes de aquella República particularista y radical? Invocar tiempos en los que la concordia vivía sus horas más bajas y que llevaron al enfrentamiento radical entre los españoles es una torpe osadía y un grave error. Una nación se rompe mediante la segregación de alguna de sus partes, pero también cuando se destruye la concordia básica. En este sentido, tan grave como el contenido del Estatuto de Cataluña es la forma mediante la que se ha aprobado. Por primera vez, un Estatuto de Autonomía se aprueba sin el acuerdo de las dos grandes fuerzas políticas nacionales, en flagrante ruptura del consenso constituyente. La invocación de la II República no puede ser más pertinente ni más desafortunada. El desafío para el PP consiste en impedir el desafuero sin romper la baraja de la que el otro jugador se apropia.

Pocas cosas revelan tan fielmente la índole del actual Gobierno como su explícita reivindicación de la II República. Revindican y asumen un error y un fracaso. Quienes hoy se oponen a este estado de cosas, no pecan de inmoderación. Una gran nación es el resultado del equilibrio entre sus fuerzas conservadoras y progresistas, que se oponen bajo un fondo común de concordia. La exclusión de una de ellas es un pecado de leso patriotismo y un atentado contra la Nación. Si la memoria histórica es hemipléjica y sesgada, deja de ser memoria para convertirse en fraude. La moderación no puede entrañar conformidad ante el desafuero. Es un juego que se juega necesariamente a dos bandas. Como la concordia. Como la reconciliación. Como el juego limpio. El modelo no está en 1931, sino en 1978.

Tregua de ETA
El respeto a la ley
Pío Moa Libertad Digital 6 Abril 2006

¿Por qué los países anglosajones han resultado, en general, más estables, o mucho menos convulsos, que los del continente europeo o los latinoamericanos? No erraríamos mucho remitiéndonos a un principio: el respeto a la ley. No vamos a ser ilusos y creer que allí todo el monte es orégano; probablemente los anglosajones manipulan o burlan la ley casi tanto como nosotros; pero, con todo, persiste una diferencia, y esa diferencia basta para determinar una historia también distinta.

Somos poco conscientes del enorme paso histórico que supuso la Constitución de 1978. De las muchas constituciones españolas, es la única nacida de un consenso muy amplio, y por ello supuso la reconciliación de las diversas "Españas" que desde la Guerra de Independencia no lograban avenirse. Con sus evidentes defectos, susceptibles de corrección, garantizaba la unidad y las libertades de los españoles. Sólo grupos menores, la ETA, el PNV y otros separatistas, se opusieron entonces a la reconciliación y a la democracia, y por ello parecían condenados a la marginalidad.

Sin embargo ha ocurrido lo opuesto, y hoy se sienten todos ellos insolentemente triunfadores. El polvo que ha traído este lodo ha sido la tradición de picaresca, cobardía e incumplimiento de la ley, que desde el principio contaminó, en cierto grado, a los mismos partidos que habían traído o facilitado la democracia. El grupo Prisa –tan ligado a lo peor del franquismo, tan antifranquista... después de Franco–-, predicó la "solución política", única posible, aseguraba, para el problema terrorista. Es decir, una "solución" a espaldas de la ley, vulnerando el Estado de Derecho y legalizando el asesinato como instrumento político. Este enfoque se impuso porque dicho grupo mediático se autoatribuyó el papel de oráculo de la democracia e, inexplicablemente, o quizá no tan inexplicablemente, le fue reconocido ese papel por los sucesivos gobiernos. Sólo muy a última hora cambió la orientación con Aznar, Mayor Oreja y sus demás ministros de Interior; y, como muy bien percibieron los cómplices políticos de la ETA –directamente el PNV e indirectamente CiU y compañía–, la aplicación de la ley a los terroristas terminaría afectándoles también a ellos. De ahí su alboroto.

La "solución política" significó para la ETA la seguridad de que antes o después la democracia se rebajaría a negociar sus exigencias. Sólo necesitaba seguir asesinando hasta que los endebles políticos se sintieran incapaces de soportar el desgaste. Así de simple. De paso, la expectativa de semejante "solución" fomentó una carrera entre diversos partidos para "recoger las nueces". No sólo el PNV, también, detrás de ellos, los nacionalistas catalanes y otros. La "solución política" ha convertido a los terroristas en un eje fundamental de la política española desde la Transición, en una humillación permanente de la democracia propiciada por los mismos gobiernos.

Hasta llegar hoy al límite de un gabinete socialista presidido por un majadero y convertido en el más activo y eficaz colaborador político de aquellos partidos y grupos que rechazaron la Constitución o la aceptaron a regañadientes. La clave de todo este proceso, insisto, reside en la parcial, pero persistente falta de respeto a la ley, la plaga que ha hundido una y otra vez las democracias en Latinoamérica y en España. Sin el cumplimiento de la ley ninguna democracia, ninguna libertad puede subsistir.

Cuenta Heródoto una anécdota por la que no pasa el tiempo. Jerjes llegaba a Grecia con un ejército imponente, y preguntó a Demarato, un espartano exiliado en su corte, si los griegos serían capaces de oponerle resistencia. Demarato le dijo que, por supuesto, lucharían contra él en cualquier caso. Y Jerjes se rió: "¿cómo podrían los griegos, que eran hombres libres, combatir contra un ejército superior si no tenían detrás un déspota que les obligara? Simplemente se someterían y adaptarían, para salvar el pellejo". Demarato le contestó: "Son libres, pero no del todo. Tienen un amo, la ley, a la que respetan mucho más, incluso, de lo que tus súbditos te temen a ti. Por eso saldrán a combatirte, tanto si se encuentran mil hombres para poner en línea, o menos, o más".

También habrá suficientes ciudadanos españoles conscientes para frenar y derrotar la arrogante ofensiva en curso contra las libertades y la integridad de nuestra patria. Porque lo grotesco del caso es que no tenemos enfrente a un ejército terrible como el persa, sino a unos osados golfos políticos cuya arma principal consiste en "esa osadía tan parecida a la impudicia". No cabe imaginar mayor ignominia que la de dejarse arrebatar la libertad por tales elementos.

La "solución política" significó para la ETA la seguridad de que antes o después la democracia se rebajaría a negociar sus exigencias. Sólo necesitaba seguir asesinando hasta que los endebles políticos se sintieran incapaces de soportar el desgaste. ¿Por qué los países anglosajones han resultado, en general, más estables, o mucho menos convulsos, que los del continente europeo o los latinoamericanos? No erraríamos mucho remitiéndonos a un principio: el respeto a la ley. No vamos a ser ilusos y creer que allí todo el monte es orégano; probablemente los anglosajones manipulan o burlan la ley casi tanto como nosotros; pero, con todo, persiste una diferencia, y esa diferencia basta para determinar una historia también distinta.

Somos poco conscientes del enorme paso histórico que supuso la Constitución de 1978. De las muchas constituciones españolas, es la única nacida de un consenso muy amplio, y por ello supuso la reconciliación de las diversas "Españas" que desde la Guerra de Independencia no lograban avenirse. Con sus evidentes defectos, susceptibles de corrección, garantizaba la unidad y las libertades de los españoles. Sólo grupos menores, la ETA, el PNV y otros separatistas, se opusieron entonces a la reconciliación y a la democracia, y por ello parecían condenados a la marginalidad.

Sin embargo ha ocurrido lo opuesto, y hoy se sienten todos ellos insolentemente triunfadores. El polvo que ha traído este lodo ha sido la tradición de picaresca, cobardía e incumplimiento de la ley, que desde el principio contaminó, en cierto grado, a los mismos partidos que habían traído o facilitado la democracia. El grupo Prisa –tan ligado a lo peor del franquismo, tan antifranquista... después de Franco–-, predicó la "solución política", única posible, aseguraba, para el problema terrorista. Es decir, una "solución" a espaldas de la ley, vulnerando el Estado de Derecho y legalizando el asesinato como instrumento político. Este enfoque se impuso porque dicho grupo mediático se autoatribuyó el papel de oráculo de la democracia e, inexplicablemente, o quizá no tan inexplicablemente, le fue reconocido ese papel por los sucesivos gobiernos. Sólo muy a última hora cambió la orientación con Aznar, Mayor Oreja y sus demás ministros de Interior; y, como muy bien percibieron los cómplices políticos de la ETA –directamente el PNV e indirectamente CiU y compañía–, la aplicación de la ley a los terroristas terminaría afectándoles también a ellos. De ahí su alboroto.

La "solución política" significó para la ETA la seguridad de que antes o después la democracia se rebajaría a negociar sus exigencias. Sólo necesitaba seguir asesinando hasta que los endebles políticos se sintieran incapaces de soportar el desgaste. Así de simple. De paso, la expectativa de semejante "solución" fomentó una carrera entre diversos partidos para "recoger las nueces". No sólo el PNV, también, detrás de ellos, los nacionalistas catalanes y otros. La "solución política" ha convertido a los terroristas en un eje fundamental de la política española desde la Transición, en una humillación permanente de la democracia propiciada por los mismos gobiernos.

Hasta llegar hoy al límite de un gabinete socialista presidido por un majadero y convertido en el más activo y eficaz colaborador político de aquellos partidos y grupos que rechazaron la Constitución o la aceptaron a regañadientes. La clave de todo este proceso, insisto, reside en la parcial, pero persistente falta de respeto a la ley, la plaga que ha hundido una y otra vez las democracias en Latinoamérica y en España. Sin el cumplimiento de la ley ninguna democracia, ninguna libertad puede subsistir.

Cuenta Heródoto una anécdota por la que no pasa el tiempo. Jerjes llegaba a Grecia con un ejército imponente, y preguntó a Demarato, un espartano exiliado en su corte, si los griegos serían capaces de oponerle resistencia. Demarato le dijo que, por supuesto, lucharían contra él en cualquier caso. Y Jerjes se rió: "¿cómo podrían los griegos, que eran hombres libres, combatir contra un ejército superior si no tenían detrás un déspota que les obligara? Simplemente se someterían y adaptarían, para salvar el pellejo". Demarato le contestó: "Son libres, pero no del todo. Tienen un amo, la ley, a la que respetan mucho más, incluso, de lo que tus súbditos te temen a ti. Por eso saldrán a combatirte, tanto si se encuentran mil hombres para poner en línea, o menos, o más".

También habrá suficientes ciudadanos españoles conscientes para frenar y derrotar la arrogante ofensiva en curso contra las libertades y la integridad de nuestra patria. Porque lo grotesco del caso es que no tenemos enfrente a un ejército terrible como el persa, sino a unos osados golfos políticos cuya arma principal consiste en "esa osadía tan parecida a la impudicia". No cabe imaginar mayor ignominia que la de dejarse arrebatar la libertad por tales elementos.

República, tregua y circo
Pablo Sebastián Estrella Digital 6 Abril 2006

Como no podía ser de otra manera, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha sumado al 75 aniversario de la II República española con guiños a la memoria histórica de aquellos gobiernos. Gestos que completan sus menciones a la Guerra Civil como marco ideológico y sentimental de la reforma soterrada del régimen nacido de la transición de 1978, en pos de una España confederal —más propia de la I República— en la que el pacto político entre el PSOE y los nacionalistas se convierta en una alianza de hierro y de permanencia en el poder, creándose con todo ello un ambiente propicio para que ETA renuncie a la violencia y comience la segunda transición.

Ayer, en el Congreso de los Diputados la sesión de control al Gobierno quedó en poca cosa, en los lamentos continuados del PP sobre el Estatuto catalán, reiterados hasta la saciedad, y en un sonoro silencio sobre la tregua de ETA que es proporcional al vano ruido sobre las corrupciones de Marbella, donde lo único cierto es que sólo el PP está hoy libre de sospecha en esa hermosa ciudad sin ley, de cuyo control se ha apoderado el presidente andaluz Chaves para evitar unas elecciones anticipadas que den la victoria a los populares.

Pero lo de Marbella ha estallado como bomba política de relojería con la intención de ocultar el debate del Estatuto y la tregua de ETA, sobre la que el ministro de Interior, Alonso, dice tener un primer informe favorable, aunque en Francia no piensan igual. Es demasiado pronto para medir el alcance de la tregua, pero todo parece indicar que este Gobierno, que mide muy bien sus tiempos y los efectos mediáticos, pretende utilizar la petición del presidente Zapatero al Congreso del permiso para negociar con ETA en los días más próximos al debate parlamentario sobre el estado de la nación para maniatar a los populares y dejarlos sin discurso original en un segundo plano.

Ayer, en el Congreso se vio un ensayo general de esa situación, mientras que por la mañana en el Senado Zapatero hacía los elogios de la II República y anunciaba una serie de actos de conmemoración, aniversario y debate en el que la derecha volverá a quedar aislada, mientras el PSOE continúa con sus guiños a la segunda transición que se está perpetrando por la puerta de atrás y no mediante la convocatoria abierta y a la vez decidida de un periodo constituyente de reforma constitucional, como merecería el caso.

En el momento actual, el Gobierno de Zapatero tiene, sin embargo, dos problemas de altura: la crisis permanente del Gobierno catalán, donde Maragall ha vuelto a tener problemas con ERC y que veremos si estalla o no antes del referéndum sobre el nuevo Estatuto y la tregua de ETA. Una tregua que no sabemos cómo va, pero que incluye el continuo desafío de Batasuna al Estado de Derecho, como se ve en el activismo de sus dirigentes, empeñados en que su ilegalidad es un problema del Gobierno y no suyo, porque ni están dispuestos a cambiar de siglas, ni parecen muy decididos a acatar la Ley de Partidos condenando la violencia sin contemplaciones de ninguna clase.

El mitin convocado por Batasuna para este fin de semana y declarado ilegal por el juez Grande-Marlaska se ha convertido en otra prueba de fuego —de las muchas que seguirán— tanto para la tregua etarra como para el Gobierno. Veremos en qué acaba y veremos si las cosas caminan por el sendero esperado y deseado por todos o si Batasuna pretende imponer su ley y su liderazgo en el proceso a cambio de que ETA no mate, lo que sería inaceptable. Hay que tener paciencia, es verdad, pero ETA y Batasuna tienen que saber que renunciar a la violencia no tiene premio porque la violencia es un delito criminal.

De manera que atentos a los próximas días y próximos pasos a dar, porque todavía hay muchas incógnitas por desvelar. Tanto en Cataluña como en el País Vasco, que en la política las cosas no son como empiezan sino como acaban, aunque es cierto que en los momentos actuales impera una cierta euforia en el PSOE y desánimo en el PP, así lo han atestiguado las últimas encuestas electorales que se acaban de publicar.

La III República Constitucional
Antonio García-Trevijano * Estrella Digital 6 Abril 2006

En este País de las Maravillas para Partidos, como en el de Alicia, se desconoce por completo no solo el valor sino la existencia de lo auténtico. El lenguaje de la eufemia, al ser universal, designa las cosas sociales y políticas con palabras y frases edulcoradas que llegan a constituir un mundo ficticio en suplantación del mundo real. El triunfo del eufemismo lo garantiza el consenso de partidos y medios de comunicación. Cualquier afirmación contraria al consenso se considera delito social. No se extrañen, pues, de que mi discurso sea un delito continuado.

En esta Monarquía de Partidos estatales, España ha dejado de ser comunidad política. Como idea espiritual, agoniza. Su historia se reduce a geografía. Su materia económica y social, aumenta. Su cultura se consume como mercancía. España pierde su identidad.

La contradicción entre el ser y el querer de los españoles en tránsito, en esta Transición sin destino, crea un conflicto irreconciliable entre el hecho de ser España un Todo y la voluntad política de tratarla como Parte. Un tipo ontológico de conflicto entre la existencia y la esencia de la Nación española.

Si la nación fuera un “Proyecto”, como creyeron Ortega y Jose Antonio, y hoy creen todos los partidos, España dejaría de ser pronto una realidad política. El partido españolista carece de argumento contra los partidos que están realizando, en sus sitios natales, un proyecto sugestivo de vida en común semejante al español. Ningún partido podrá negar que su concepto de nación coincida con el proyecto de vida en común de dos enamorados, y que éste es el más sugestivo de todos. Pero si, como creo, la nación es un hecho objetivo que nos viene dado con independencia de la voluntad, entonces la realidad existencial de España hará sucumbir a un Estado monárquico que está dejando de ser esencialmente nacional.

Poblaciones sin fronteras naturales, étnicas, religiosas o jurídicas, están siendo definidas como naciones con fronteras psicológicas o sentimentales, trazadas por la expansión de apetitos de poder en pequeños partidos nacionalistas, subvencionados por la Transición de la Dictadura de un partido a la Monarquía de varios.

La Monarquía de Partidos parcela la realidad nacional de España. Parangonando a Luis XIV, el Rey Juan Carlos ya puede proclamar que “la Nación no forma cuerpo en España”. Pero no porque “resida toda entera en la persona del rey”, como dijo su pariente, sino porque ahora se encarna en tropeles de agentes nacionalistas en busca de su propio Estado. A diferencia de aquel rey absoluto, a este rey relativo no le cabe ya en la cabeza la nación española. La frivolidad de su Corona tanto sirve para instrumentar un golpe nacionalista de Estado Total, como estatutos nacionalistas de Estado Parcial. Totalitarismo o parcialitarismo de Estado derivan de una misma concepción fascista de la nación. La orteguiana del proyecto sugestivo de vida en común.

Si en este solapado período constituyente, el poder monárquico de constituir no está en la nación entera, sino en partes que pueden convertir regiones en Estados, la defensa del cuerpo de España la deja la monarquía en manos de una República que pueda ser reconstituyente de la Nación y constituyente del Estado. ¿Pero qué República puede lograr esta hazaña política? La República no se define por lo que ella es. Siempre la ha identificado lo que ella no es, la Monarquía. En la Revolución francesa, la República expresó nuevos sentimientos populares de patriotismo y civismo, pero no se definió como modo político de organizar el poder del Estado. La Dictadura jacobina, el Directorio, el Consulado y el Imperio fueron formas igualmente republicanas. La indefinición política de la República permitió a Stalin y Hitler ser tan republicanos como Jefferson o Lincoln. El fraude político trepa por las repúblicas cuando éstas se limitan a ser meras negaciones de las monarquías, o a expresar formas paganas del Estado que no se identifican con la libertad de la democracia.

Frente a lo concreto y personalizado de las monarquías, las repúblicas simbolizan la abstracción de poderes anónimos. Por eso no vienen de algo conocido que las preceda. Llegan por advenimiento. Nos sorprende que ningún movimiento republicano haya conquistado el Estado. Lo ocupa si los reyes lo dejan vacío. No es una metáfora que los pueblos se acuesten monárquicos y se despierten republicanos. Las revoluciones en Norteamérica y Rusia no realizaron un previo ideal republicano, sino la independencia frente a la monarquía inglesa o la alternativa socialista al capitalismo. La República era un instrumento. No un fin. Incluso en la Revolución Francesa, antes del 10 de Agosto del 92, solo era un fantasma faccioso que asustaba a Robespierre y Saint Just.

Como la princesa durmiente en el bosque, la República yace dormida en la sociedad, hasta que la despierta el beso principesco del Estado. No es una larva social que se transforme, por su propia madurez, en mariposa política. La anuncia una negación y nada la prepara. Anida en los corazones y no penetra en las mentes. No despierta como fauno procreador, sino como doncella predispuesta a ser violada por todos los sátiros del situacionismo o del oportunismo. Antes de dar forma al Estado, siempre ha sido una idea virginal. Un sueño.

Sin haberse construido como alternativa a la monarquía, la República adviene de repente como solución a la crisis monárquica. Y cuando se hace real como forma del Estado, no está realizada en el espíritu ni en el cuerpo social. Llega sin republicanos. Esta virtualidad, “per se”, de la República, explica sus repetidos fracasos y sus continuos renacimientos. La incapacidad de la idea republicana para ser alternativa de poder institucional, atrasa su porvenir como forma democrática del Estado. La Monarquía dura como lo malo conocido frente a la República por conocer. Hagamos al menos que la República se conozca de antemano.

La historia de la República en España se asocia a la historia de dos fracasos. El del federalismo de la I República, que nacionalismos periféricos quieren ahora repetir, y el del parlamentarismo, que nostálgicos de la II República desean restaurar. El Pacto de San Sebastián no definió su esencia ni el modo de darle existencia. La República llegó de modo imprevisto y se instaló en un Estado de precariedad. Derrotada en la guerra civil, que no supo evitar, se refugió en la dignidad del sentimiento republicano, hasta que los partidos que antaño la defendieron se aliaron con los epígonos de la Dictadura, para legitimar el fraude político de esta Monarquía de los Partidos, coronada por un Rey nombrado por Franco.

Sin conocer las causas de sus fracasos, sin saber la naturaleza de las instituciones políticas que, a la tercera vez, los vencerían, toda propuesta republicana se traduce en un encanto sentimental para dormir apocadas almas de servidumbre o en un aventurerismo irresponsable para avivar voluntades con activismos personales sin acción colectiva. La República Federal es un contrasentido cuando no hay Estados que federar. Y la Parlamentaria no cambiaría la política de la Monarquía de Partidos. ¿Sería diferente una República de Partidos? No hay que crear otros partidos. Solo que la República los saque del Estado y los ponga en su sitio, o como diría Aristóteles, en su lugar propio, es decir, en el seno de la sociedad política. Por primera vez en la historia europea, la República Constitucional se presenta como alternativa a la Monarquía Parlamentaria y a la Partitocracia. Esta nueva idea republicana es tan atractiva para el supremo interés de la libertad política y de la unidad nacional, que ella misma se basta para proponerse como único método pacífico de alcanzar la democracia formal, que evitaría la corrupción y mediocridad de la clase política, y como única solución al problema secesionista creado por los nacionalismos de partido. La disyuntiva Monarquía Parlamentaria o República Constitucional equivale hoy a la disyuntiva Partición o Unidad de España, es decir, Partitocracia o Democracia. La idea de partir la nación sale de la ambición de repartir el poder territorial entre Partidos estatales. Es paradójico que el Estado monárquico subvencione a los partidos que lo diezman.

Carecería de sentido sustituir esta Monarquía de Partidos por su hermana gemela, la República de Partidos. ¿Para qué cambiar al Rey por el Presidente de una República Parlamentaria con menos poder que el Vicepresidente de los Estados Unidos?

La Monarquía española cumple la misma función oligárquica que todas las Repúblicas parlamentarias. Tan corrompidas como ella, porque no son representativas de la sociedad civil, a causa del sistema electoral, ni sistemas políticos adecuados a la necesidad de un sólido poder ejecutivo en una civilización globalizada por la economía y la técnica.

El obstáculo que se opone a la República Constitucional no está en el ejército, la Iglesia o la burguesía empresarial. Sus enemigos son, como al final de la Dictadura, los medios de comunicación y los grupos políticos sindicados en el poder del Estado. Pero el principal adversario de la III República no es hoy el partido heredero del franquismo, sino el PSOE. Una sigla oportunista que, por su propia idiosincrasia, traicionará la Monarquía, cuando la vea en trance de perecer, para encabezar la República y corromperla. Su esnobismo de nuevo rico se codea y pavonea con la riqueza apátrida, como los lacayos domésticos con los grandes aristócratas del XVIII.

La plutocracia encuentra en las oligocracias políticas el instrumento para la continuidad de su señorío del mundo, mediante guerras, explotación suicida de los recursos, aranceles, armamento, artefactos informáticos, modas extravagantes y pasiones de mirar, oír o leer las costumbres de los famosos o las aberraciones de los instintos. Que vienen a ser casi lo mismo. La política ha devenido otro espectáculo que añadir a los que entretienen el ocio de sociedades políticas pasivas. El pensamiento débil y “prêt a porter” de los intelectuales modernistas ha creado la levedad de la cultura actual, la banalidad de la política y el crecimiento amorfo de las masas urbanas.

En este ambiente social de incultura política y de atonía moral, me sorprendió que un nuevo Club Republicano me invitara a presidir la conmemoración del LXXV aniversario de la II República, bajo un lema, la República Constitucional, a cuyo concepto y teoría he dedicado gran parte de mi vida intelectual.

Si hace 12 años tuve el honor de romper el tabú de la República con la presentación de mi Discurso contra todos los nacionalismos, de signo centralista, federal o secesionista, porque nadie tiene legitimidad para usar la nación como bandera partidista, hoy me enorgullece concretar aquella promesa de verdad y libertad política, proponiendo la acción constructiva de la III República a todos los demócratas que nunca creyeron en la Transición, o que se han desengañado de las ilusiones puestas en el neofranquismo de Partidos republicanos integrados y subvencionados en el Estado monárquico.

No repetiré aquí mi teoría pura de la democracia, que no es la creencia angelical en la democracia pura, sino un sistema institucional donde la libertad política se garantiza, y la corrupción se evita, con la separación de poderes en el Estado. Su síntesis está expresada con fidelidad en el manifiesto del Club Republicano que nos ha convocado, para proponer a todos los demócratas españoles, en este momento de incertidumbre política, la instauración pacífica de una República Constitucional para defensa de la unidad nacional de España y para conquistar de una vez la libertad política.

La oportunidad del momento es evidente. No hay Partido ni medio informativo que no pregone la necesidad de una reforma constitucional. La Constitución ya no es un texto intocable, ni sirve para satisfacer las ambiciones de los propios partidos que la fraguaron. Cada Partido busca su tajada. Desde la ridícula reforma sobre el sexo de la Corona, hasta el tratamiento de Cataluña y País Vasco como naciones estatales, pasando por la eliminación del ejército en tanto que garante de las instituciones políticas.

Pues bien, frente al artificial consenso de que todo es negociable en un teatro de paz, levanto la voz republicana para afirmar, con la certidumbre de las verdades naturales, que ni la unidad nacional de España ni la democracia, por la propia naturaleza histórica o formal de sus respectivas realidades, son susceptibles de negociación. La Nación no puede acordar dejar de serlo. Y democracia, sin adjetivos, solo hay una. O existen elecciones para designar, de modo directo y separado, a los representantes de los ciudadanos y al Presidente de la República, o no existe democracia. Es escandaloso que en Europa el Partido que gobierna, es decir, el que ejecuta las leyes, también las haga en los Parlamentos. La sola existencia de un banco azul produce la subordinación del poder legislativo a los agentes económicos y mediáticos que inspiran la iniciativa legislativa del poder ejecutivo, sea cual sea el partido gobernante. Por eso son todos iguales. Y los Altos Tribunales de la Justicia dejarían de estar corrompidos hasta la médula, salvo excepciones individuales, tan pronto como los partidos no tuvieran el poder de nombrar, por cuotas, a sus Magistrados.

Las Autonomías han disparado el gasto público mucho más allá de lo que demandaba la descentralización de la Administración y la desconcentración del poder estatal. Ahora, se hace necesaria una cesión de gran parte de las competencias y presupuestos autonómicos a favor de los grandes municipios regionales. Llamados a ser, por ello, los grandes beneficiarios de la República y nuestros aliados virtuales.

Por no ser una idea marxista, la República Constitucional en España no sería mal vista por los intereses económicos o ideológicos de Estados Unidos. Y frente a la necesaria federación de los Estados Europeos, el factor republicano español sería un poderoso acicate para su realización. La mal llamada Constitución de la Unión Europea ha fracasado por el temor de los Gobiernos a integrarse en un Poder federal más fuerte, y más patriótico en el sentimiento europeo, que ellos. Una República Constitucional en España tendría un rol protagonista en el proyecto de unidad europea.

Pero donde principalmente se hace necesaria es en el terreno pre-político de la unidad de España como Nación. Ni el ejército ni un partido españolista pueden garantizarla sin atentar a la libertad política, y sin provocar el sentimiento anti-español que alimenta las ambiciones federales o secesionistas de los partidos nacionalistas. Toda persona conocedora de la función social de las instituciones políticas sabe cual es la solución a este grave problema. Pero ni un solo partido tiene la generosidad de proponerla. Pues esa solución es incompatible con el mantenimiento de la Partitocracia.

Se trata de una solución institucional que no necesita reprimir las aspiraciones autonómicas, ni restringir la libertad de asociación en partidos independentistas. Una solución que, sin terrorismo de Estado ni propaganda españolista, dejará transcurrir por cauces pacíficos la libertad de asociación política y de expresión cultural de los sentimientos particularistas, incluso separatistas. Una solución que, sin fórmulas federales, equilibra la tendencia disgregadora de los poderes Autonómicos con la tendencia integradora del poder ejecutivo del Estado. Se trata de corregir el error doctrinario de la Revolución francesa, cuando otorgó a la Convención la facultad de nombrar el poder ejecutivo de la primera República. Se trata de sustituir a Locke por Montesquieu. Rousseau no es hoy el problema. Pero lo sigue siendo el artificio retórico creado por el abate Sieyès. Me refiero, como ya habrán adivinado, a la solución que encontraron los fundadores de Estados Unidos, cuando fracasó su primera Constitución Parlamentaria. A partir de Tocqueville, se sabe que el éxito de la nueva Constitución no se debió a la fórmula federal, casi idéntica a la confederal fracasada, sino a la nueva institución de un Presidente de la República elegido por sufragio universal de los ciudadanos de todos los Estados federados. El patriotismo de la nueva nación no nació en su guerra de Independencia. Lo prueba el hecho de que fuera un inglés, recién llegado, Tom Paine, quien tuvo que definir el patriotismo americano. La idea y el sentimiento de la unidad de la patria en EEUU, contra el fuerte patriotismo en cada Estado federado, nació y creció con el Presidencialismo.

Un Presidente de la República Española, elegido por sufragio directo de todos los españoles, o sea, de catalanes, vascos, gallegos, canarios, andaluces, castellanos y demás comunidades autónomas, produciría en España los mismo efectos integradores y patrióticos que en Estado Unidos. Además de asegurar institucionalmente la democracia formal y de evitar la corrupción de la clase política, mediante la separación de poderes, la institución presidencial daría lugar, en muy poco tiempo, a la preponderancia del sentimiento unitario español, sobre los sentimientos locales. Y el terrorismo separatista se desvanecería en el vacío, al quedar privado de su base sentimental.

Se conoce la solución, sabemos cual es el modo de llegar a la democracia política y a la preponderancia de la unidad nacional, sin necesidad de reprimir los nacionalismos independentistas. Pero esta solución es incompatible con la Monarquía en un Estado de Partidos. Mientras haya monarquismo, parlamentarismo y partidos estatales, habrá oligarquía, corrupción y separatismo. La única solución está en la instauración de una República Constitucional. Prefiguremos la democracia de una República presidencialista, divulgando su función unitaria del sentimiento español y su trascendencia garantista de la libertad política. He de llamar la atención sobre la decisiva importancia que tendrá en la configuración de la República Constitucional, una cuestión de moralidad social previa a la política. Me refiero a la necesidad de regeneración de la lealtad en las relaciones civiles de los españoles. Una lealtad que la Dictadura desarraigó de la sociedad para edificar un primer Estado de vengadores y conversos. Una lealtad en las relaciones personales que la Transición sacrificó al superior valor de la traición en un colectivo de traidores. El fracaso de la Transición, convoca hoy a los leales.

La deslealtad ha sido el motor y el paradigma de la Transición. Paradigmáticas y contagiosas han sido las traiciones del Rey a su padre, a los principios del Movimiento y a sus amigos promotores del 23 F. La de Suárez a la Falange. La de Fraga y tantos otros franquistas a sus juramentos de represores. La de Felipe González a los postulados socialdemócratas que le llevaron al Gobierno. La de Santiago Carrillo a los ideales que le dieron personalidad política. La de los nuevos cargos públicos a sus discretas esposas y antiguos amigos. La de los intelectuales y artistas a sus credos o vocaciones. Y lo peor de todas estas deslealtades no es la crueldad de la ruptura con el mundo de los afectos anteriores. Lo peor es que tan brutal incoherencia moral haya sido enseñada, en los medios informativos y en las universidades, como la principal virtud política de la Transición. La clave del milagro español.

Un verdadero republicano ha de permanecer fiel a la República hasta el final de sus días, cualquiera que sea la ventaja que le ofrezca el consenso monárquico de la deslealtad. Los promotores de la República Constitucional han de ser intransigentes respecto de los principios éticos y políticos que la fundamentan. Solo así podrán superar la oleada de oportunismo que tratará de ahogarlos cuando la Monarquía nos enseñe sus cuartos traseros. Por mi dilatada e intensa experiencia me permitiréis daros este sencillo consejo. Participad en la acción republicana para tener la felicidad de mirar luego al pasado sin arrepentiros de haber sido tan fieles a la República, como a vuestros intereses familiares. Esa será, amigos, vuestra grandeza personal.

En la obra de arte, no es el tamaño sino la expresión estética lo que la hace grande. Igual ocurre con los actos creadores. La reducción de este foro se agranda con la grandeza de su expresión republicana. Pasados los sueños, ha llegado el momento de la acción para las almas nobles y fuertes. Pero solo el artista hace camino al andar. En la realización política solo se avanza si, y solo si, se anda encaminado. Mis iniciativas de acción contra la Dictadura obedecían a la estrategia de la ruptura democrática. Fracasada esta estrategia por la traición de los partidos, el consenso monárquico me desterró al exilio interior. Y gracias a este retraimiento, pude crear la teoría de la democracia formal y de la república constitucional, contra la cultura política dominante en Europa, todavía dependiente de aquel 17 de junio de 1789, que llamó Asamblea Nacional, y no Asamblea Popular como propuso Mirabeau, a la reunión de los tres órdenes, cuando la Nación aún no había sido alumbrada, ni descabezado el Rey que la encarnaba.

Con este armamento intelectual pude romper el tabú republicano en la presentación del Discurso de la República. Ahora vuelvo a la acción para promover, contra la Partitocracia y la Monarquía, la restauración nacional de España y la constitución de la democracia política, mediante la instauración de la República Constitucional.

No puedo terminar este acto de esperanza, sin comprometer mi palabra con un breve diagnóstico sobre el tema que ocupa la atención del mundo, salvo al parque de bomberos que daría alto al fuego en un supuesto incendio vasco. Como lo advirtió Maquiavelo, la clave del progreso no está en la Paz sino en la Libertad. El terrorismo no es esa guerra unilateral que inventan los adversarios de la paz. Los Bush, Blair y Aznar de las Azores. Un final del terror, negociado por los terroristas con el Gobierno, no anuncia el fin de un conflicto bélico inexistente, ni presagia una repetición de la opereta romántica del Estatuto nacional de Cataluña. Lo que se proyecta es una amputación orgánica de la libertad constituyente de todos los españoles.

La suma de dos debilidades, las que ETA y el Estado monárquico se atribuyen mutuamente, solo augura la precariedad de la negociación. Las víctimas del terror deben ser compadecidas y asistidas, pero no seguidas en sus indignadas intromisiones en la política. Decía Juvenal que “en defecto de genio, solo la indignación hace el verso”. Sin genio y sin indignación, la flaqueza española del gobierno no hará verso épico con las muletillas del hacha etarra. Veremos si lo hace elegíaco de la desgracia terrorista o de la muerte agónica del Estado español. En la vivencia de los fundadores del Club Republicano, en la historia cultural del Ateneo, en la biografía de todos los asistentes a este acto, incluso en la de los que discrepen de mis tesis, se integrará el orgullo de haber participado en la creación del punto de orientación y la senda política, por donde podrán discurrir las acciones dispersas del pluralismo ideológico, hasta converger en la instauración de la futura República Constitucional. Aquí solo hemos diseñado su cauce.

Declaro, para terminar, mi eterna gratitud a los vivos que participen en la realización práctica de la República Constitucional. Debemos responder, con inteligencia y carácter, a la crisis de esta Monarquía de Partidos. A la que denuncio como proyección fascista de Estado Parcial. Por mi parte, todos saben que siempre haré un poco más de lo que un hombre consecuente pueda hacer por la República que alborea. Un sistema integrador de la voluntad política nacional en la realidad histórica de España. Y única fórmula política que garantiza la libertad política.

* El texto es un resumen de la intervención de Antonio García-Trevijano en el acto celebrado en el Ateneo por los 'Clubs Republicanos' con ocasión del 75 Aniversario de la II República.

DESARRAIGO NACIONAL
Editorial minutodigital 6 Abril 2006

El reciente informe sobre la juventud española de la Fundación Santa Maria debería preocuparnos, no solo por la crisis de valores que detecta entre nuestra juventud, que se enmarca en la tónica general de las sociedades occidentales dominadas por un materialismo relativista, consumista y hedonista, sino por el dato anómalo, en relación a otros países occidentales, de la falta de identificación de nuestros jóvenes con su nación, con España. Ya no se trata solo de que el escepticismo imperante, la falta de cultura histórica, la influencia de doctrinas internacionalistas y globalizantes, la desconfianza hacía causas colectivas, unido al especial desafecto de la izquierda y progresía española hacía su patria, puedan explicar la ausencia de patriotismo. Es que los jóvenes españoles reconocen que se sienten más parte de sus comunidades autónomas que de la nación. Tal sentimiento de «no pertenencia» a la totalidad es más acentuado en algunas regiones como Canarias, País Vasco y Asturias. Frente a estas comunidades, los jóvenes que se sienten más españoles son los que viven en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón. El porcentaje total de jóvenes que no se identifican con su país rondaría el 25 por ciento.

No se trata solo del rechazo a una clase de patriotismo basado en un nacionalismo español folclórico, de símbolos vacíos, o de rancio y adusto gesto paternalista. Tampoco se trata del rechazo a un patriotismo que evoca glorias de museo, posiblemente hermosas y ejemplarizantes, pero inútiles para vivir en la calle y encarar el provenir; sino que nos encontramos con un claro síntoma de la descomposición de España como nación. Estos estragos han sido provocados por todos aquellos que han abandonado desde sus responsabilidades públicas, culturales o sociales, las funciones unitivas y han creado una atmósfera general que permanece indiferente o expectante, ante el proceso de disolución de la identidad cultural, histórica y social española.

No vienen a la memoria aquellas palabras que un día Unamuno pronunció: “Solo se podrá decir que hay verdadera patria española cuando sea libertad en nosotros la necesidad de ser españoles, cuando todos lo seamos por querer serlo, queriéndolo porque lo seamos”.

El problema es que no se puede posponer por más tiempo la tarea de recuperar la identidad de la sociedad española, para devolver el sentido de patria a las generaciones futuras. Es precisa una reacción como la propugnada por España y Libertad, que ajena a intereses de partidos, propugna la recuperación de la fe en la empresa colectiva que es España. Una tarea que no parece que los poderes públicos, ni económicos, ni partidistas estén muy interesados muy interesados en fomentar. Llegará el día en que sea demasiado tarde, pero entonces los que hoy han supeditado a sus egoísmos la patria y solo disimulan sin actuar, de lo único que podrán lamentarse es de su cobardía y de su mezquindad.

Derechos humanos y estatutos de autonomía
Por LORENZO MARTÍN-RETORTILLO. Director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación ABC 6 Abril 2006

... Es sabia la Constitución, dando una visión unitaria a todas las piezas del sistema de derechos humanos. Se comprenden las aspiraciones del ego de la clase política local, pues todos somos humanos. Pero hay cosas serias que deberían estar por encima de veleidades...

HE aquí una perspectiva imprescindible a analizar en el actual debate sobre los nuevos Estatutos: ¿Son los derechos humanos materia para los Estatutos de Autonomía o se impone una regulación unitaria para todo el Estado? Adelanto mi opinión en el sentido de que lo correcto y progresista es que el estándar de derechos humanos sea común en toda España. Ojalá todos se aúnen para que todos mejoren y no la fórmula engañosa de a ver quién corre más y adelanta a los otros. Históricamente ha sido un gran paso la internacionalización de los derechos humanos. Por eso entre las páginas brillantes de la «Transición Política» hay que situar las que sellaron el compromiso de España con las grandes «Declaraciones de Derechos»: el Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa, los Pactos Internacionales de Nueva York, o los Convenios de la Organización Internacional de Trabajo, en materia de derechos de los trabajadores: sindicación, etc. Muchos recordarán la emoción con que se vivían dichos acontecimientos, fruto del esfuerzo conjunto. Como resultó ejemplar la Constitución de 1978 al incluir un ambicioso Título I, actualizando el vivo caudal de dichas Declaraciones, todo, presidido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y vinculándose a la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo: se buscó la conexión inmediata con las fuentes internacionales, en un modelo unitario aplicable a todo el territorio del Estado, sin distinciones o fisuras. Y es que los derechos humanos claman por la generalidad: que en su aplicación no se introduzcan diferencias por razón del sexo, la raza, etc., pero tampoco por razón del territorio. Así se explican dos preceptos clave de la Constitución, el artículo 139, que dispone: «Todos los españoles tienen los mismos derechos (...) en cualquier parte del territorio del Estado», y el 149.1.1ª, que encomienda en exclusiva al Estado, «la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos (...) constitucionales».

Bien distinto el afán de los redactores de los nuevos Estatutos por incorporar nuevos derechos humanos... aplicables sólo en el ámbito de la correspondiente Comunidad Autónoma. Cada uno tirando de la manta y tratando de arrimar el ascua a su sardina. ¡Insólito, sin duda! Si se quiere incrementar el caudal de derechos, los partidos que se unirán para aprobar cada uno de los Estatutos, tienen peso suficiente para conseguir los instrumentos que garanticen que llegue con carácter general a toda España, pero esto no es materia estatutaria (y no me refiero a lo que sea complementar lo existente, sino a lo que se presenta como innovación; aparte de que lo que sea desarrollo de principios rectores de la política social y económica conviene dejarlo a la libre disposición del legislador). Cuando se apuesta por marcar diferencias, se difuminan los ideales de solidaridad firmemente arraigados en algunas fuerzas políticas. Desde hace años, el mundo está en tensión por potenciar los derechos humanos a través de instrumentos internacionales. Se cuentan por decenas los Convenios elaborados aspirando a comprometer cada vez a más Estados, ya sea para auspiciar la eliminación de discriminaciones contra la mujer, para promover los derechos de los extranjeros, para incrementar las prestaciones sociales o, entre otros, para salvaguardar nuevas exigencias ambientales. Es un proceso incesante y permanente, con vivo debate a la hora de la ratificación de los nuevos instrumentos pues no faltan los reticentes, valga como muestra lo que está sucediendo con el Protocolo de Kioto. En la misma línea, la Unión Europea, apuesta decididamente por los derechos humanos, como lo evidencia la Carta de los Derechos Fundamentales del 2000, cualificado instrumento soporte de novedosas aspiraciones: integridad de la persona, no discriminación a consecuencia de la orientación sexual, derecho a una buena administración, condiciones de trabajo justas, etc., que se ha llevado como Parte Segunda del Proyecto de Constitución Europea.

Pensando en ampliar y mejorar, es paradójico lo que sucede con el Convenio de Roma de Derechos Humanos: causa sonrojo que España no haya ratificado aún varios de los Protocolos Adicionales que pretenden incorporar nuevos derechos. Los partidos que apoyan los Estatutos bien podrían aprobarlos: ¡nuevos derechos, pero para todos!

La Constitución abordó el problema de manera global, en el sentido de que además de proclamar los derechos, importa la vertiente judicial y la vertiente penal. Desde la Declaración Universal de Derechos, aparece la idea del «recurso judicial efectivo»: en la práctica no se podría hablar de un derecho humano si no dispone de una opción jurisdiccional. Regular los derechos implica adecuar también el sistema judicial. Cualquier innovación habrá de hallarse sincronizada con la necesaria adaptación del ordenamiento procesal. Por eso, y porque se parte de un bloque unitario, la Constitución encomienda la ordenación judicial y procesal al Estado y no a las Comunidades Autónomas (artículo 149.1.6ª). No es congruente considerarse habilitado para crear nuevos derechos sin disponer de lo procesal. Es como si se quisiera colocar la locomotora cuando aún no están las vías y ni siquiera se sabe si las habrá.

Algo similar ocurre con lo penal. Un Estado no cumple con sólo declarar un derecho: resulta indispensable movilizar importantes energías penales. En dos direcciones. Aludía a la «Transición». Recuérdese una de las consecuencias de los «Pactos de la Moncloa»: dado que los nuevos aires de libertad legitimaban conductas antes prohibidas, había que expurgar el Código Penal. Si se afirmaba la libertad y la igualdad, suprimido el adulterio de la lista de los delitos; lo mismo con las secuelas propias de la libertad de partidos políticos, libertad sindical, etc. Desaparecieron así de cuajo significativos delitos incompatibles con la democracia: ¡a más derechos, menos delitos!

Pero hay otra perspectiva. No basta con afirmar un derecho, el Estado queda comprometido a garantizarlo. Una de las formas de asegurar la garantía es la protección penal. Nadie dudará de la trascendencia de reconocer el derecho a la vida, pero no basta: de hecho, no se protege el derecho a la vida si no se ponen todos los medios para impedir que haya asesinatos. Penetran así en el Código el delito de homicidio o el de asesinato. Como no somos ángeles, cada nuevo derecho que se proclama sería papel mojado sin el refuerzo de los correspondientes tipos penales. Así, ¡a más derechos, más delitos! Por eso, sabiamente, la Constitución atribuyó al Estado la competencia para la redacción del Código Penal (artículo 149.1.6ª), y no a las Comunidades Autónomas. Opción unitaria que se justifica además habida cuenta de la movilidad de una sociedad tan dinámica y tan viajera como la española.

Es sabia la Constitución, dando una visión unitaria a todas las piezas del sistema de derechos humanos. Se comprenden las aspiraciones del ego de la clase política local, pues todos somos humanos. Pero hay cosas serias que deberían estar por encima de veleidades y caprichos, como los derechos humanos, meta nunca definitivamente alcanzada y en la que nos aguardan -a todos- importantes jornadas por recorrer. No entiendo la falta de solidaridad que el intento representa. Pero es que además no encaja en el modelo constitucional. O se cambia, o habrá que admitir que se está burlando.

El perfil de los jóvenes españoles
Editorial ABC 6 Abril 2006

MERECE una reflexión sosegada el informe presentado por la fundación Santa María con el título «Jóvenes españoles 2005». Es un estudio sociológico riguroso, desarrollado por una institución de máxima solvencia y producto de un amplio trabajo de campo. La abundancia de datos exige un análisis ponderado, más atento a los matices que a las impresiones precipitadas. En materia política, los jóvenes se consideran mayoritariamente próximos al «centro», pero aceptan bastante mejor ser calificados de «izquierdas» que de «derechas». Ahora bien: casi una cuarta parte de los encuestados prefiere no pronunciarse sobre su preferencia ideológica y, en general, la política y las instituciones obtienen índices muy bajos de valoración. Sería exagerado afirmar que se trata de una generación apolítica, pero las cifras reflejan una preocupante tendencia hacia la pasividad o la indiferencia. He aquí un buen motivo para la reflexión de los partidos y de las instancias obligadas a promover la legitimidad del sistema.

Llama la atención negativamente el localismo creciente de nuestros jóvenes, que se identifican cada vez más con su pueblo, ciudad o región y cada vez menos con España en su conjunto, mientras que Europa mantiene para ellos un cierto prestigio. Es una consecuencia evidente del nacionalismo (político o social en sentido amplio) que practican determinadas comunidades autónomas, mientras que la idea de España se sitúa en segundo plano en el sistema educativo o en la referencia identitaria. Los datos concernientes a la vida social ofrecen particular interés. Los jóvenes creen, por encima de todo, en la familia, no sólo con un sentido egoísta y utilitario, sino como fuente sólida de afectividad. Sólo la salud (82 por ciento) es algo más valorado que la familia (80), muy por encima -por ejemplo- de la ambición de ganar dinero (55). Aunque la política atrae muy poco, aflora un valioso espíritu cívico que lleva a rechazar sin paliativos los sobornos, los destrozos en la calle y, por supuesto, el terrorismo. Por fortuna, es notable el rechazo hacia las drogas (en torno al 80 por ciento estima que no son necesarias para divertirse) y las opciones preferidas (música, televisión, locales de ocio, cine, etcétera) muestran un panorama muy razonable de alternativas.

Aumenta el número de jóvenes que se aleja de la Iglesia como institución y de las prácticas religiosas en sentido estricto. Sin embargo, aunque algo más bajo, sigue siendo alto el nivel de creencia: un 55 por ciento afirma creer en Dios y alrededor del 50 por ciento asegura ser católico, con un grado mayor o menor de implicación. Convendría reflexionar con detalle acerca de las causas de la disparidad. A primera vista, parece claro que cualquier percepción de exigencia moral o social resulta incómoda para una generación acostumbrada a pautas de bienestar personal y familiar que no han conocido los españoles de otras épocas. Sin embargo, los jóvenes no son felices: baja autoestima y mala opinión de sí mismos (egoístas, consumistas, poco sacrificados) son puntos de vista, muy repetidos, que dejan un sabor amargo en el análisis de la fría estadística. Algo falla en una sociedad que parece incapaz de transmitir ilusiones y sentimientos positivos en favor de la libertad, la solidaridad o el compromiso.

Competitividad asimétrica
Por FERNANDO FERNÁNDEZ ABC 6 Abril 2006

El ministro Sevilla ha anunciado una reforma de la Administración Pública que pretende introducir prácticas de gestión privada claramente necesarias. Y que harían mucho más por la competitividad de la economía española que las cien medidas del Plan de Dinamización. Pero profesionalizar la función pública, introducir criterios de mérito y productividad, propiciar la movilidad funcional y geográfica, son tareas incompatibles con un discurso simplista e igualitario en un país que se esfuerza en erigir barreras intangibles entre comunidades, y asume con naturalidad que los altos funcionarios deben su cargo al partido y han de pagar peaje por ello. Un país en el que el vicepresidente económico anuncia que no hay necesidad de reforma laboral, supongo que para evitar el contagio del mal francés.

La deriva nacionalista es un elemento crucial de la pérdida de competitividad española. Es más fácil explicar a inversores extranjeros que el Villareal haya podido ganar al Inter que la necesidad de cuatro autorizaciones de otras tantas instituciones públicas. Estamos jugando con fuego. Si no estuviéramos en Europa se diría que se trata de crear rentas de situación que permitan beneficiarse a algunos desaprensivos. La confianza y la reputación son frágiles y mantenerlas tiene un precio.

El cobro del peaje de ERC a los altos cargos del Tripartito no es sólo un escándalo político, sino que nos empobrece como país. Que haya personas sensatas a quienes les parezca normal que se sigan pagando diezmos y primicias a las nuevas Iglesias del Laicismo es un reflejo de la profundidad del pensamiento mercantilista. Que los partidos políticos se conviertan en agencias de empleo temporal no es precisamente lo que necesitamos para cerrar la brecha de competitividad. Y reconozcamos que la tentación ha crecido con el Estado de las Autonomías en la medida en que las élites locales han capturado por amiguismo o afinidad política a las administraciones periféricas.

Prolongar el período de crecimiento debería ser el objetivo central de la política económica. Para ello hace falta un profundo cambio en la cultura laboral. Asumir riesgos, fomentar la movilidad, crear emprendedores, forman parte del discurso oficial. Pero los hechos lo desmienten todos los días. La última ocurrencia del Ministerio de la Vivienda consiste en exigir a los intermediarios título oficial para vender pisos. Si a la ministra le preocupa que sea más fácil vender un piso que una lechuga, que facilite vender lechugas rompiendo el poder de los carteles de la distribución, promoviendo la libertad de establecimiento y horarios comerciales o eliminando ordenanzas laborales absurdas. Pero que no haga como con el mercado energético, que como los europeos no lo han liberalizado, nosotros lo volvemos a intervenir.

¿La democracia garantiza la supervivencia de España?
José Manuel Rodríguez Pardo minutodigital 6 Abril 2006

No pocas veces habremos oído estos días la importancia de defender a la Democracia, a España y a la Libertad, todo resumido en la expresión “una defensa liberal de España”, lo que implica que si España no fuera una democracia no debería ser defendida. Sin embargo, España puede ser destruida democráticamente en el Congreso de los Diputados con reformas estatutarias como el Estatuto Catalán, lo que sería nefasto para España pero no para la democracia, pues verían la luz las democracias de la nación vasca o catalana. Para nuestra desgracia, nuestros parlamentarios e intelectuales, impregnados de fundamentalismo democrático, creen que España nace en 1978 “por consenso”, como así señalan cada 6 de diciembre, época en la que las columnas de opinión de los periódicos se saturan de alabanzas a la Constitución de 1978, considerada como el momento culminante de la Historia de España.

Sin embargo, la existencia de sociedades democráticas es muy reciente, por lo que la democracia dista mucho de ser el destino al que España o cualquier otra sociedad deba llegar. La Atenas de Pericles, considerada como el modelo de democracia y que fue criticada por Sócrates y Platón por conducir a la demagogia, no puede considerarse como una sociedad democrática, pues apenas la cuarta parte de sus habitantes tenían un papel en la política de la ciudad, una vez excluidos las mujeres y los esclavos. Además, el ciudadano se caracterizaba por sus deberes, militares y judiciales ante todo, y no por sus derechos individuales. De hecho, como señala Gustavo Bueno en su Panfleto contra la democracia realmente existente, las modernas democracias no surgen hasta después de 1789, con la revolución francesa que supone el comienzo del fin (por parafrasear a Churchill y Zapatero) del Antiguo Régimen y asienta las bases de una sociedad de ciudadanos iguales ante la ley. Este formalismo se convertirá, al surgir el Estado del Bienestar como freno al avance del comunismo, en una sociedad de ciudadanos consumidores cuya característica común es vender su fuerza de trabajo individual y ejercer su derecho al voto.

Dado este punto tan cercano de la Historia, considerar como deformada una sociedad no democrática implicaría censurar sociedades y personajes tan significativos como el Imperio Romano, Alejandro Magno, Julio César, Carlomagno, etc. Ni siquiera la Iglesia católica y el Papa, tan queridos para muchos de los defensores de la democracia, deberían escapar a la crítica, pues es el cónclave de personas que se dicen iluminadas por el Espíritu Santo, y no los propios católicos, quienes eligen al Papa. En España, todo lo anterior a 1978 debería ser perseguido y censurado, por antidemocrático. Pero tales actitudes no pueden ser sino consideradas como pueriles y totalmente suicidas, sobre todo en lo referente a la supervivencia de España, como ya hemos dicho.

La democracia realmente existente es un producto histórico explicable en función principalmente de la economía de mercado, pero ni es el fin último al que ha de llegar la Humanidad, ni es una forma de gobierno superior a todas las demás. De hecho, la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, a pesar de su neta superioridad militar y tecnológica, tiene enormes problemas para vencer en las guerras que abiertamente plantea (ya sea en Vietnam, Afganistán o Iraq) debido a su condición de sociedad democrática, donde la opinión pública, que incluye a los soldados que mueren en el frente y sus familiares, ejerce un gran poder sobre unos mandatarios cuya principal preocupación es ganar las siguientes elecciones.

Aún no hemos claudicado
Santiago Casero minutodigital 6 Abril 2006

El día 30 de Marzo pasará a la reciente Historia de España como uno de los más nefastos en el devenir futuro de nuestra nación. El día en que los viejos socialistas dijeron un sí, cobarde y avergonzado, hacia el reconocimiento de una tercera nación en lo que, geográficamente, se conoce como Península Ibérica. El día desde el que se les podrá llamar “sin vergüenzas” a esos Guerra, Marugán, Leguina y demás ralea a los que se les había llenado la boca defendiendo la unicidad de España y que, pues eso, se quedaron sin vergüenza para asentir, en aras de la disciplina de partido, a los sueños de esos próceres apellidados Zapatero, Blanco, Carod o Puigcercós. Delenda est Hispania.

Pero, y contra lo que pudiera parecer, eso no iba a ser lo más grave. El pueblo español había asistido a una vuelta más en la tuerca del Estado de Derecho cuando, desde las instituciones, se había recibido con alborozo el “alto el fuego permanente” de la banda terrorista y hasta Rajoy acudió, solícito, a sentarse en el sofá de ZP para fotografiarse en la imagen de la concordia y del futuro. Muerte de la Justicia que claudica solicitando la libertad bajo fianza de Otegui a quien ya apremian para sentarse en una “mesa de diálogo” representando a aquellos a los que hemos hecho ver al resto del mundo que existen motivos para ser ilegalizados. Triste reedición se antoja de aquel famoso Pacto de San Sebastián donde nefastos políticos abandonaron los barrotes carcelarios para ocupar las poltronas del poder en una España que, en cinco escasos años, acabó desangrándose por los cuatro costados.

Se quejaban los de la generación del 98 de que España perdió Cuba, Filipinas y Puerto Rico y ni tan siquiera se había suspendido la corrida de toros dominical. El 30 de Marzo, un 54 % de los diputados certificaban la muerte de España como nación y apenas unos centenares de españoles, sin ser convocados por partido u organización alguna, se desgañitaban ante la sede del PSOE en la calle Ferraz. Resultado: una anciana de noventa años con la cabeza abierta tras la brutal carga policial en defensa de la libertad de expresión de un partido político ahora en el poder. ¿A cuántos abrió la cabeza la policía en defensa de las libertades un no lejano 13 de Marzo?.

Los dirigentes de la derecha han claudicado obviando lo que piensan, desean o anhelan sus bases. Se les llena la cabeza de democracia, de libertad y de talante pero, cuando las reglas del juego no se respetan por todos, la victoria en la partida siempre será de quien se comporta como un tahúr. Y el PSOE maneja esa faceta al estilo de los viejos jugadores que surcaban el Mississipi.

Tras los atentados del 11 de Marzo, los dirigentes socialistas canalizaron, antidemocráticamente tal y como lo entiende Rajoy, la crispación de sus militantes y les sacaron a la calle, a las sedes del PP, a desahogar sus iras y sus miedos. Las fuerzas de orden público, entonces bajo el mandato del PP, se cuidaron mucho de que ningún manifestante se rompiese tan siquiera una uña y así, tras los consabidos epítetos de fascistas y asesinos, acudieron el 14 de Marzo a consumar su venganza en las urnas. El 30 de Marzo no me es difícil imaginar a esa inmensa parte del pueblo español llorando avergonzados en sus casas porque España se ha roto y los líderes de quienes defienden la unidad, la tradición, la familia y todos los valores que han calado a lo largo de siglos en nuestra Patria, no han hecho sino levantar un poquito la voz en un Parlamento donde, como penúltimo desplante, no ha acudido ZP ni tan siquiera a escucharles.

Aún no hemos claudicado porque aunque solo fueran dos centenares de personas a desahogarse el día que se rompió España son suficientes para mantener viva la llama de la esperanza. Cuando de nuevo se echen millones de personas a las calles, convocados por asociaciones cívicas y el PP pretenda monopolizar ese estado de opinión me gustaría que recordasen que para ganar unas elecciones hay que jugar con las reglas que utiliza el contrario. Pero claro, con arriolas y elorriagas, mucho tendría que cambiar esto.

La Clave: El Ámbito de Decisión
Miguel Barrachina Periodista Digital 6 Abril 2006

En España todas las ideas pueden ser defendidas democráticamente, y de hecho lo son, incluso las que pretenden independizar a una parte de la nación.

Es por tanto legítimo que una parte de España decida segregarse o autodeterminarse, sea esta una comunidad autónoma, una provincia, un municipio o un barrio cabreado. Sólo hay una condición para ello, el respeto a las normas que previamente nos hemos dado, en este a la Constitución Española.

La división de España supondría una reforma agravada de nuestra Constitución, prevista en el artículo 168 de la citada norma y que culmina con un referéndum nacional. Es, por tanto, posible y respetable la defensa del independentismo. Lo que no es posible, ni debiera ser respetable, es adulterar este procedimiento legal, aprobado en 1978 por el 87% de los españoles, con mayoría también en Cataluña y País Vasco, para adaptarlos al capricho nacionalista o asegurar los pactos del actual gobierno socialista.

¿Y como se adultera, cómo se prostituye, aquella decisión democrática de todos los españoles? Pues con el inocente “ámbito de decisión”, tratando que ahora no sean todos sino sólo algunos los que decidan ¿Y quién elige cual es el ámbito adecuado para decidir y por tanto independizarse o no? El nacionalismo, claro.

El inventor del nacionalismo vasco Sabino Arana y Goiri, que diseñó la ahora sacralizada ikurriña, estableció la denominación de “euzkadi” y fundó el PNV, de cuyas juventudes –EGI-, por cierto, en mayo de 1962 nació ETA, decía en 1.894 en su periódico Bizkaitarra que “el nacionalismo vizcaino tiende a la construcción de Vizcaya en nación absolutamente libre e independiente de las demás.”

Es decir que el “ámbito de decisión” para el autor de frases como“El bizkaino es laborioso; el español perezoso y vago” era, en principio, la provincia exclusivamente de Vizcaya, después tres provincias, más tarde cuatro, y ahora ya son al menos siete, cuatro españolas y tres francesas. El “ámbito de decisión” varía conforme el interés del nacionalismo, y después idealizan ese ámbito “los vascos decidimos” -Ibarretxe dixit-.

Ese es el gran embuste, el engaño definitivo, la decisión de qué territorio es el que elige. ¿Alguien puede ser contrario a la frase nacionalista de “…los vascos (o catalanes) tenemos derecho a decidir y seremos aquello que decidamos ser”?. La afirmación es tan irresistible como falsa, preguntadle sino a ese mismo nacionalista si puede autodeterminarse la provincia de Alava, el barrio del Carmel o cualquier municipio, no ya de una histórica nación como la española sino simplemente de su comunidad autónoma y veréis la agresividad de su respuesta.

En base al discurso nacionalista de dar libertad a todos los territorios para decidir si se constituyen en nación o no, en este instante, lo lógico sería que el “ámbito de decisión” fuese municipal, pues estas son instituciones preexistentes a las autonomías, que tienen menos de tres décadas, y a las provincias, que datan en la actual configuración de 1.833.

Lo cierto es que el “ámbito de decisión” en España, como en todas las naciones del mundo, viene dado por la normas legales, y estas además tienen fundamento histórico. Aquí dichas normas son las contempladas en la Constitución de 1978 y el sustrato histórico es de los más firmes del mundo.

Así todos los territorios vascos han sido parte de Castilla, el último en incorporarse fue la propia Vizcaya en 1.379, como el condado de Barcelona era Corona de Aragón desde de el siglo XII, y todos ellos una unidad política desde 1.492, con distintos usos, lenguas y normas, pero siempre unidos.

Por eso cuando aparece un racista como Sabino Arana -“El aseo del bizkaino es proverbial; el español apenas se lava una vez en su vida y se muda una vez al año”.- que decide cambiar el “ámbito de decisión” a conveniencia hay recordarle a él o a sus seguidores que todo se puede hacer pero con respeto a la norma.

¿Pedir perdón o hacer la paz?
Por DARÍO VALCÁRCEL ABC 6 Abril 2006

HAY fuerzas constructoras y destructoras. Para desarrollar esta enseñanza, el maestrillo ha necesitado años. Europa ha sido en los últimos seis siglos una gran fuerza constructora. La democracia directa funcionaba en pequeñas comunidades suizas desde el siglo XV; fue ejemplo para la revolución inglesa de 1641, sigue el maestrillo, y para la americana de 1776. Al crear el estado omnipresente, Luis XIV se convirtió, según François Furet, en padre de la Revolución Francesa de 1789 (el maestrillo conoce a Furet). A pesar de la guerra (la guerra total sólo llegará con Bonaparte), Europa no conoció la destrucción hasta 1914-18, sobre todo en 1945. En 1945-55, Norteamérica empujó el formidable esfuerzo reconstructor europeo, llevado a cabo en menos de un decenio, con el apoyo de Eisenhower y Marshall, dos grandes vencedores en 1945.

El maestro siguió su explicación: todo es extremadamente frágil pero también flexible, fuerte, irrompible a veces. Einstein encontró una cantidad prácticamente infinita de energía vibratoria en el espacio subatómico. La tradición había entreabierto la puerta a Einstein: desde los Vedas y los presocráticos hasta Spinoza y Leibniz. Su versión del universo no puede traducirse a lengua vulgar. Pero el maestrillo captó lo esencial: entre los subátomos vive una interminable acumulación de energía. Energía suave, de buen comportamiento. Con otro elemento, indescifrable, Einstein lo llamó inteligencia: capacidad organizativa, infinita racionalidad. Inteligencia y energía impiden que el caos reine. La lucha contra el desorden es un forcejeo incesante. Las grandes religiones, siguió nuestro hombre, son como vastos resúmenes para las mayorías... Henri Bergson, judío de origen, creyente cristiano, replicaba a Arthur Schopenhauer: no son resúmenes sino fragmentos de verdad.

¿Se nos permite saltar a un asunto terreno, en el extremo oeste de Europa, el pacto entre los dos grandes partidos españoles en busca del fin del terrorismo? La necesidad de la paz parece hoy irreversible para quienes han practicado el asesinato. No son, es obvio, delincuentes comunes. Son gentes que han optado por la eliminación física del discrepante, como se hizo en el Gulag o en el partido nacionalsocialista. Un inteligente observador de la derecha plantea una cuestión previa: el posible diálogo con ETA «tiene que comenzar por la petición de perdón a las víctimas y a la sociedad». Lo cual es justo pero inviable. Nuestro comunicante acierta en otros problemas, el referéndum, la kale borroka, el chantaje a las empresas, Navarra... Pero yerra en este punto. Si entregan para siempre las armas y no piden perdón, ¿qué hacer? ¿No aceptar? Los cardenales de la Iglesia Romana no suelen intervenir en conflictos provocados por delincuentes comunes. Pero sí lo hacen en este diálogo con ETA. El mediador es el cardenal vascofrancés Roger Etchegaray, antiguo presidente de Justicia y Paz, hoy octogenario pero muy activo: dirigió la diplomacia de emergencia de Juan Pablo II, al margen de la Secretaría de Estado: en los Balcanes, Chechenia, Irak, Cachemira, China... Con éxito en unos casos, no en otros. La Iglesia trabaja precisamente en defensa de la Justicia y la Paz: intenta lograrlas a toda costa, como compromisos complementarios, no excluyentes. No necesita el público perdón: busca resultados.

Un antiguo líder comunista lo recuerda. El arrepentimiento no puede ser público: es dominio de la conciencia individual. Tiene razón. El proceso abierto por ETA y el desgarramiento que creará en el movimiento terrorista no permiten adivinar el final. Pero el Gobierno y el Partido Popular tienen el deber de correr el riesgo. El trabajo conjunto de los servicios españoles, franceses y alemanes durante diez años ha acabado por dar resultados: 1.600 contactos de ETA, más de dos tercios, han sido infiltrados. Desde la captura de Mikel Antza, el aire en el interior de ETA es irrespirable. Ha sido lento, pero al final está: los tres servicios, coordinados por Europol, han hecho un trabajo metódico.

LOS DESTERRADOS VASCOS EXIGIMOS EL DERECHO A VOTAR EN NUESTRA TIERRA
Convocatoria de prensa Foro Ermua  6 Abril 2006

El Foro Ermua, por medio de “Las Comisiones de la Diáspora Democrática Vasca”, convocan a los medios de comunicación a una rueda de prensa donde se hará pública una iniciativa legislativa que se presentará a los grupos políticos, para que las personas que han abandonado Comunidades Autónomas, especialmente afectadas por el terrorismo, puedan participar en las elecciones autonómicas, municipales o forales y en los referenda que en las mismas pudieran convocarse. Se presentará también un comunicado de las comisiones con una valoración de la situación actual.

RUEDA DE PRENSA
Comisiones de la Diáspora Democrática Vasca
Viernes 7 de Abril, 12,00 horas. Hotel NH La Habana, MADRID

Además de varios miembros de la Junta Directiva de Foro Ermua, se contará con la presencia de:


Nieves Baglietto (Junta Directiva de la UCD) Hermana de Ramón Baglietto, asesinado por ETA. Tuvo que abandonar el País Vasco son sus diez hijos.

Mª Jesús Lejarreta, hija del ex Alcalde de Vitoria y ex Diputado General de Álava, su familia tuvo que abandonar Euskadi siendo niña.

Juan Petit Aguirre, hijo de empresario vasco. Es delegado de las Comisiones de la Diáspora Democrática Vasca en Cataluña.

Joaquín de Paúl Ochotorena, ex decano de Psicología (UPV/EHU). Es delegado de las Comisiones de la Diáspora Democrática Vasca en Madrid.

Joaquín Zulategui, delegado de las Comisiones de la Diáspora Democrática Vasca en Andalucía.

Para más información:
Mikel Buesa 650 974 204
Inma Castilla de Cortázar 686 652 710
Iñaki Ezkerra 657 700 792

INCAUTADOS DOCUMENTOS DE LOS CONSULADOS DE MADRID Y ALICANTE
Desmantelada en Argelia una red internacional que infiltró en España a "decenas de terroristas"
La Policía de Argelia ha desmantelado una importante red terrorista de carácter internacional que se dedicaba a expatriar a miembros dispuestos a cometer atentados en Europa. Varios de ellos, procedentes de grupos salafistas, se habían instalado en España gracias al uso de documentos falsos de residencia, pasaportes y visados. Un periódico argelino, citando fuentes de los servicios de seguridad nacional de su país, afirma que las primeras operaciones de la red tuvieron lugar hace seis años cuando lograron que decenas de criminales ingresaran en territorio español de manera ilegal. Al menos veinte personas han sido detenidas con falsos cuños de los consulados argelinos en Madrid y Alicante.
EFE Libertad Digital 6 Abril 2006

El periódico argelino Liberté informa en su última edición de que la Policía ha desmantelado una red terrorista que tenía como misión la expatriación a Europa de miembros de las bandas integristas, en particular de la rama criminal salafista,. Responsable de la mayoría de los atentados que tienen lugar en esa zona del Magreb.

Citando fuentes de los servicios de seguridad nacional de Argel, el rotativo destacó que la red se había instalado en España gracias al uso de falsos documentos de residencia, pasaportes y visados, una parte de los cuales se ponía a disposición de los terroristas expatriados.

En la operación policial cuya investigación se ha desarrollando desde hace al menos seis años, han sido detenidas veinte personas en Argelia con posesión de armas de guerra y falsos cuños de la Aduana y de los consulados argelinos en Madrid y Alicante. El diario asegura que fueron "varias decenas" de terroristas argelinos los que pudieron pasar clandestinamente a territorio español con la ayuda de la red, cuyas primeras operaciones datarían de hace seis años.

Según el matutino, el desmantelamiento de la red fue posible gracias a la eficaz colaboración de los servicios de seguridad argelinos y españoles, una cooperación "que funciona de manera muy eficaz y regularmente". Las autoridades argelinas han declinado comentar o confirmar las informaciones aparecidas en la prensa.

El consejero defiende una educación nacionalista que garantice «la pervivencia de Euskadi como país»
El currículum, eleborado por la confederación de ikastolas, va dirigido a la enseñanza obligatoria y pretenden que sea extensivo a Navarra y el País Vasco francés

ANA ANTOLÍN ABC 6 Abril 2006

VITORIA. Lejos de dar marcha atrás después de la polémica de los últimos meses, el consejero de Educación, Tonxtu Campos, defendió en el parlamento vasco la propuesta de currículum elaborada «sólo por agentes educativos nacionalistas». Aclaró, no obstante, que ésta no tiene, de momento, «ningún valor normativo» y que su departamento tendrá en cuenta otras aportaciones antes de proceder a su diseño en 2007.

Campos compareció ante la Comisión de Educación del Parlamento vasco para, a petición del PSE y del PP, dar cuenta del polémico documento «Currículum vasco para el periodo de escolaridad obligatoria», elaborado por la confederación de ikastolas, y explicar los planes de su departamento respecto a esta futura normativa que regulará las materias que se impartirán en la red educativa vasca.

El consejero de Educación, que participó el pasado sábado, en la manifestación batasuna de Bilbao, aseguró que si los vascos quieren «seguir siendo un país» necesitan un currículum «propio» y sostuvo que no se trata de «negar valores que ya existen en la sociedad», sino de «defender lo que es nuestro».

Adaptarse a la LOE
Ante las críticas del PSE y el PP, el representante de Eusko Alkartasuna en el ejecutivo vasco reconoció que el proyecto contempla un único marco de referencia, que es «Euskal Herria», y que en su diseño, por valor de 253.046 euros, han colaborado representantes de los siete territorios que, según los nacionalistas, integran el País Vasco.

No obstante, puntualizó que este documento «carece de valor normativo e impositivo» y reconoció que la aplicación del proyecto final deberá limitarse a la Comunidad autónoma, y adaptarse a los marcos normativos, como a la LOE. Informó, al respecto, que el pasado mes de marzo remitió al Ministerio de Educación la documentación recabada.

Las explicaciones del responsable de Educación no convencieron al PSE, ni al PP. Ambas formaciones instaron a romper con ese borrador que «nace agonizante» y «no tiene futuro» al negar la pluralidad del país y pretender «imponer el ideario nacionalista» al conjunto de la sociedad.

La socialista Isabel Celaá arremetió en la comisión contra un proyecto que «ahonda en las diferencias identitarias» entre vascos y equipara el castellano con una «lengua de inmigrantes y de mero contacto»; indica que «una de las características culturales más representativas de la sociedad vasca es la ausencia total de España», e «identifica la identidad vasca con la religión», denunció.

Un proyecto sin futuro
Asimismo, la portavoz socialista en la comisión censuró que mezcle cultura y política al afirmar, por ejemplo, que «Euskal Herria está oprimida entre dos Estados», y también que inculque a niños de menores de 16 años «que tiene que resolverse el conflicto político». A su juicio, se trata de «un proyecto de parte» que «no tiene futuro».

Por su parte, el representante del Partido Popular en la comisión, Iñaki Oyarzabal, preguntó al consejero de Educación qué piensa hacer para «que participe en este proceso la parte del país que no está en la órbita nacionalista», y lamentó el intento de los nacionalistas de «someter permanentemente la educación al ideario político nacionalista». Para Iñaki Oyarzabal, es un proyecto «sesgado ideológicamente» que «no se sostendrá en el tiempo» porque «va contra la razón, no respeta la historia, ni la realidad política actual», y tampco se adapta a la ley.

Sentido común
BERLUSCONI: "NO PUEDE HABER TANTO GILIPOLLAS QUE VOTE A LA IZQUIERDA"
Minuto Digital 6 Abril 2006

"Tengo demasiada confianza sobre la inteligencia de los italianos para creer que pueda haber tantos gilipollas que voten por su propio desinterés", afirmó Berlusconi, disculpándose por utilizar un “lenguaje burdo pero eficaz", ante la Confederación General Italiana del Comercio (Confcommercio) y en referencia a las próximas elecciones que se celebrarán en el país el 9 y 10 de abril.

Y es que las próximas lecciones en Italia se revelan muy reñidas. El segundo, último y decisivo debate entre el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y el líder de la coalición liberal-izquierdista, Romano Prodi, a cinco días de las elecciones generales, se saldó con una sensación de tablas, sin embargo, pese a las noticias publicadas en la prensa española, lo cierto es que predominó la impresión de que Berlusconi se había recuperado de su perdido primer debate con Prodi y volvía a ser el que era. El primer ministro fue más convincente, recuperó su vena cómica con éxito en algunos momentos, con frases punzantes y se fue creciendo con los minutos. En la arenga final, se le vio preparado y batió a un Prodi que no supo aprovechar la ventaja obtenida tras el primer debate. Berlusconi atacó a Prodi en su punto más débil: ser la cara moderada de una izquierda radical, “es un hombre sin partido, elegido como "testaferro" por políticos que no pueden dar la cara por su pasado comunista, y aseguró que en un momento dado "se desharán de él”.

Lo cierto es que en los comicios de 2001, el 25% de los electores decidió el voto en la última semana, de ahí que a estas alturas poco se puede vaticinar sobre el resultado electoral en Italia, Berlusconi ha intentado aglutinar el voto contrario a la izquierda e insuflar aires más frescos y cercanos al ciudadano en su coalición, incluyendo a Alessandra Mussolini y sus seguidores en el paquete electoral, además de incluir en su programa importantes reformas tributarias sobre la tasa de sucesión, el ahorro y el impuesto de la vivienda. Otra de las bazas de Berlusconi fue su apuesta por la integración de la mujer. Prometió que en su próximo Gobierno habrá "ocho mujeres ministras, veinte subsecretarias" y, lo que es más destacable, "la vicepresidenta será una mujer". Se da por seguro que Alessandra Mussolini será una de esas ministras, pero ¿sorprenderá “il Cavaliere’ con un provocador nombramiento de la nieta del Duce como vicepresidenta de Italia?

Las encuestas esta misma semana daban un 23 % de electores que aún no habían decidido su voto, la solución tras el próximo fin de semana.

Ibarrola lleva a su obra reciente la lucha por la libertad frente al azote de ETA
Una selección de las mejores obras de la última década de este pintor y escultor marginado por el nacionalismo vasco se expone en La Coruña hasta el 30 de junio
ÉRIKA MONTAÑÉS ABC 6 Abril 2006

LA CORUÑA. Es de los que dice cuando habla y cuando calla. Como en esta ocasión, en la puesta de largo de una compilación de su obra de la última década, que se expone desde hoy en el Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa (Macuf) de La Coruña, y en la que el pintor y escultor vasco Agustín Ibarrola quiere que su obra hable por él. Y el impacto emocional, aún sin palabras, es sublime. Para abrir bocado, la inmersión en sus «bosquecillos», en madera de avellano pintada, mediante la que recrea grupos de áboles con figuración real o abstracta, pero siempre locuaz; continúa la sala con 23 óleos inéditos y culmina, en la parte central, en la excelencia de la conversación muda: la lectura. Y lo hacemos, leemos: «La Guardia Civil atribuye a la etarra detenida las bombas de Roses y Gandía»; «La sociedad vasca, a pie de calle»; «Basta Ya llama a la rebelión «cívica» para acabar con ETA»... ¡En efecto! Son noticias encerradas en papel de periódico encolado y transformado en diálogo inmediato: trece «cabezones» encapuchados traslucen el compromiso ético y cívico de un artista que se mete en el bolsillo las manifestaciones políticas hasta la convocatoria de «Basta Ya» el próximo día 12, y que hoy anda por Galicia, por fin, sin escolta.

Dice el profesor Carlos Martínez Gorriarán en referencia a esa contundente charla con el rotativo en mano ibarroliana que es «tiempo encolado formando una estructura», un tiempo que, al menos con tregua o incertidumbre «permanente», sí gana la batalla a cualquier pasado peor. Pero el maestro «interdisciplinar» -como se define Ibarrola-, que nunca eligió las medias tintas para criticar la realidad política vasca, se muestra hastiado por las tachaduras que ello le ha deparado y deja que sean esos irreverentes encapuchados, con una mirada de fuerza e ira desbordante, los que pongan a cada uno en su sitio.

Quizá por ello el título de la muestra, «Entre los cepos de la memoria», rebusca en la hemeroteca de aquellos días de imposición de unos pocos para bucear en la memoria colectiva del resto. «Agustín priva al objeto de toda sacralidad, de toda distancia y consigue que sea físicamente familiar», rubrica Martínez Gorriarán.

No cronista, sino «creador decente»
Con el azote enfrente de esas miradas insidiosas, el artista se manifiesta: «No es la crónica de un periodista. Soy un creador y me inspira lo que se mueve bajo mis pies. Pero no busquen el titular», impreca a los informadores que le rodean. «Cualquier persona decente tiene que ser analítica, crítica. Y yo he sido uno de esos hombres, nunca apologético con ningún poder, sino ambicionado en abrir puertas al conocimiento y la investigación y siempre rompedor con los poderes establecidos». Ese poder, en su querida tierra bilbaína, se registra con letras nacionalistas. «Ni quiero exponer en el País Vasco, ni me invitarían a hacerlo», asevera.

En su lugar, reconoce Ibarrola que otros le rinden pleitesía, como la Galicia que «no me pertenece, pero que siempre me trató tan bien», donde ubica su «Bosque animado de Allariz»; y, en especial, la sierra abulense de Gredos. Allí se instala, en estos momentos, «la obra de toda una vida»: el enorme espacio de Gariza, que cobija las últimas creaciones del artista septuagenario, dominadas por la connivencia con la naturaleza y donde se está auspiciando la fundación que llevará su nombre.

La libertad de un bosque
Porque, sin límites, un bosque, como los 25 recreados en el Macuf coruñés, constituye la perfecta expresión de su carácter. Ibarrola bebe los vientos por la libertad -«que es siempre cara, como los peces de Sorolla»- y comenzó pintando, a los 11 años, en la falda de una montaña, «porque era lo único que sabía hacer solo». 65 años después, sigue pintando en rocas o en los troncos de los árboles para trazar su conocido «principio de la interactividad del espacio plástico» y su manejo de la bidimensionalidad en terreno tridimensional. El «atrás» y el «delante» no tienen sentido y configuran un espacio unitario.

A merced de esos axiomas quedan también, en esta exposición, abierta hasta el próximo 30 de junio, tres esculturas en acero cortén y una veintena de nuevos óleos en los que engarza la abstracción geométrica y la realidad. Cuatro soportes plásticos (acero, madera, óleo sobre lienzo y láminas de papel de hasta 10 milímetros de espesor, caso de los encapuchados) y un mismo mensaje; su ética plasmada con estética.

¿Son todos igualmente responsables?
Anónimo www.inn.org.es 6 Abril 2006

Se queja amargamente el Partido Popular de la inclusión del término "nación" en el preámbulo del nuevo Estatuto de Cataluña. En el pleno del día 5 de abril, el señor Acebes se dirigía a la Vicepresidenta del Gobierno para reprocharle los efectos -el último, la intención de los grupos nacionalistas catalanes de prohibir el uso del adjetivo "nacional" a los organismos estatales- de la magnanimidad del gabinete zapaterista en materia estatutaria.

Y le contestaba la Vicepresidenta, señora Fernández de la Vega, con un argumento sorprendente. Primero, porque la vicepresidenta renunció a defender la dinámica alentada, aunque no iniciada, por su gobierno. Ante una situación como la que diagnosticaba Alfonso Guerra, de efervescencia de naciones nuevas, excluyentes y artificiosas en toda España; uno puede desmarcarse claramente, recuperando un discurso cívico y republicano (republicano, no ya de la II República, sino de la primera res publica que unía a los ciudadanos no por la sangre ni el terruño, sino por el concepto inclusivo de la Ley legítima) que languidece entre la indiferencia de la clase política; o puede, por el contrario, considerar que se trata de un
proceso saludable, animarlo y ser consecuente con esa convicción.

Lo que uno no puede es no decir ni que sí, ni que no, ni todo lo contrario.
La señora Fernández de la Vega replicó al señor Acabes con la conocida táctica de matar al mensajero. "Desde hace veintiséis años existen una fiesta nacional, un himno nacional y un archivo nacional en Cataluña, y que yo sepa su Gobierno jamás lo cuestionó; desde hace dieciséis años existen museos nacionales en Cataluña, como el Museu de Arte de Cataluña (...) y su Gobierno jamás lo cuestionó...". Todo lo cual es rigurosa y dolorosamente cierto, a decir verdad. Como lo es también que el señor Acebes puede hoy ahuecar la voz o esconderse en una pose de virgen escandalizada cuando habla del Estatuto; pero la cruda realidad es que el PP es también cómplice y responsable de la crecida nacionalista de los últimos años. Porque, efectivamente, no se oyó ninguna queja en el PP ni el Gobierno españolísimo de Aznar cuando la pureza nacional de España le preocupaba menos que su estabilidad parlamentaria. Tampoco les pareció preocupante cuando, en su
legislatura gloriosa, siguió tolerando no ya el uso del término "nacional" para los organismos autonómicos, que viene a ser, al final, una cuestión terminológica, sólo importante porque frente al nacionalismo, todos los símbolos lo son; sino la misma consolidación de un proyecto nacionalista y excluyente concretado, por ejemplo, en una Ley de Política Lingüística de
1998 que Aznar renunció a recurrir ante el Tribunal Constitucional.

La señora Fernández de la Vega tiene toda la razón. Vivimos en un país que se considera Nación en su Constitución, pero en que tenemos múltiples fiestas nacionales, múltiples himnos nacionales y, dentro de un mismo partido, varios Comités Nacionales que representan, naturalmente, a naciones distintas y que sólo obedecen a una autoridad que, en buena lógica, no puede reclamarse nacional de nada, sino federal. Y el PP no puede escandalizarse a estas alturas, pero la vicepresidenta tampoco puede limitarse a exponer en tono burócrata estos hechos: se le estaba pidiendo una toma de posición, no una descripción. Ni puede escandalizarse el PP, ni resulta creíble su cruzada de hoy por la unidad, la convivencia y el respeto entre españoles, la defensa de los derechos de los castellanohablantes o la impugnación del nacionalismo. Pueden envolverse en la bandera constitucional (aunque la página de su partido en Cataluña sólo esté en catalán), pueden hacer en Madrid hermosas concentraciones contra el Estatut (aunque nadie les haya visto un esfuerzo parecido en Cataluña), pueden alentar los prejuicios contra los catalanes -eficaces aliados de los prejuicios nacionalistas de casa nostra-; pueden hacer todo eso, pero seguirán sin resultar creíbles.

Primero, porque ellos mismos no son ajenos a todo este estado de cosas.

Segundo, porque ya hemos podido comprobar que hoy en el nombre de España, ayer en el nombre del catalán en la intimidad; el Partido Popular -como todos los partidos secuestrados por los - para no tener ni más objetivo ni
más convicciones que la conquista del poder. A costa de la viabilidad o la estabilidad del Estado, a costa de excitar los enfrentamientos entre ciudadanos de distintas regiones, a costa de los derechos de los catalanes castellanohablantes, a costa de lo que sea.

La cuestión, sin embargo, no era esa. El señor Acebes puede no ser el más indicado para lamentarse de la deriva nacionalista. Pero la señora vicepresidenta no debería utilizarle como excusa para esquivar la cuestión.

¿Qué quiere decirnos exactamente cuando toda su respuesta consiste en negar al PP la sinceridad de su actual beligerancia contra la amenaza nacionalista? ¿Qué podemos entender los ciudadanos cuando al Gobierno se le acusa de connivencia con un nacionalismo progresivamente más inicuo para la fortaleza de nuestro sistema democrático; y éste, en vez de rechazar con firmeza la acusación, se limita a hacerla extensiva a su interlocutor? ¿Es que el proyecto cívico que se inspira en el Pacto Constitucional y transita por la defensa de la ciudadanía en democracia y la lucha contra las ideologías identitarias; es que es ese proyecto ha abandonado definitivamente la Carrera de San Jerónimo?

La fundación de inn respondió a la constatación de un espacio silenciado en la escena política catalana, el espacio cívico, laico y progresista, consciente del anacronismo y el peligro totalitario que late bajo cualquier ideología nacionalista. El pleno del Congreso del pasado día, tanto más elocuente por lo que se calló que por lo que se dijo; parece ser la constatación triste y dolorosa de que no es Cataluña la única región huérfana de una voz progresista, capaz de defender sin sonrojarse la
viabilidad y la oportunidad, la necesidad incluso, de una nación cívica, tan vigorosa en la defensa de los derechos de ciudadanía como en la lucha contra otro tipo de naciones estrechas, fantasmales, parasitarias, inquietantes, como las que acechan a cada vez más ciudadanos de este país.
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