AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 30 Abril  2006
Lenguas La España de Babel, única en Europa
BLANCA TORQUEMADA ABC 30 Abril 2006

LOCALISMO JUVENIL
ÁNGEL PUERTA ABC 30 Abril 2006

¿TRAMPAS EN EL SOLITARIO?
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 30 Abril 2006

Nación, Monarquía y ciudadanía
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS. Director ABC 30 Abril 2006

Comunidad de iguales
IGNACIO CAMACHO ABC 30 Abril 2006

Historia
JON JUARISTI ABC 30 Abril 2006

Con ETA no puede haber prisas
Editorial ABC 30 Abril 2006

Senado, en tierra de nadie
Editorial ABC 30 Abril 2006

17 reglamentos taurinos
ANTONIO BURGOS ABC 30 Abril 2006

Reforma constitucional
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 30 Abril 2006

El once eme y sigue
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 30 Abril 2006

¿Quién fomenta el enfrentamiento civil?
Rafael González Rojas elsemanaldigital 30 Abril 2006

La memez de la semana: "Navarra no es el problema, sino la solución"
Pascual Tamburri elsemanaldigital 30 Abril 2006

La Constitución traicionada
 Periodista Digital 30 Abril 2006 30 Abril 2006

Zp busca camorra
José María Martín Coronado Periodista Digital 30 Abril 2006

Zapatero y sus chicos son mentirosos por partida doble según El País y Maragall
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 30 Abril 2006

Navarra: tan cerca y tan lejos del País Vasco
Carmen Gurruchaga La Razón 30 Abril 2006

La interrogante navarra
DAVID GUADILLA BILBAO 30 Abril 2006

Los «Ciutadans» invisibles
Marcos Pardeiro La Razón 30 Abril 2006

Otro gallego Nueve siglos de «fala» extremeña
Por ALFONSO ARMADA ABC 30 Abril 2006

Batasuna «marca» a establecimientos de Guipúzcoa que no aceptan el «DNI vasco»
VIGO/MADRID  ABC 30 Abril 2006

Lenguas La España de Babel, única en Europa
Por BLANCA TORQUEMADA ABC 30 Abril 2006

De la cooficialidad del catalán reconocida por la Constitución de 1978 a su imposición va un amplio trecho no suficientemente acotado por la Carta Magna y desbordado ahora por el nuevo Estatuto de Cataluña, que en materia lingüística ha quedado «como una patena» para los intereses del nacionalismo excluyente. El artículo 143, ya insidiosamente titulado «Lengua propia» (como si el castellano no fuera también «propio» de Cataluña), ha pasado la «criba» del Congreso en su chirriante literalidad de partida: «Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de lengua propia, que incluye, en todo caso, la determinación del alcance, de los usos y de los efectos jurídicos de la doble oficialidad y de la lengua propia, así como la normalización lingüística del catalán».

El Consejo de Europa aprobó en 1992 la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, firmada por España ese mismo año. Se trata de un texto legal que ha suscitado numerosos recelos de otros países comunitarios y que, de hecho, no ha sido aún ratificado por Francia ni Italia. España se inclinó por la versión más exigente de la Carta, por un férreo blindaje de los derechos de los hablantes de las lenguas cooficiales (en la enseñanza, en la Justicia y en el ámbito administrativo), desde una posición considerada como «modélica» por el Consejo de Europa, que en septiembre de 2005 felicitó a nuestro país como «uno de los más comprometidos en la materia». Los derechos lingüísticos son derechos fundamentales y las lenguas minoritarias necesitan protección para no desaparecer, pero una inversión de términos que llegue a vulnerar las libertades de los hablantes de los «idiomas mayoritarios» es un fenómeno inédito que sólo se está esbozando en España.

Francia, sin derecho reconocido
Francia hace valer el legado jacobino a ultranza, centralista en materia lingüística, a pesar de que es una nación diversa, como la nuestra, en la que la lengua mayoritaria no es la única: hay zonas que suman entre 10 y 15 millones de habitantes en las que se habla el bretón, el occitano, el vasco, el catalán, el corso, el alsaciano o el picardo. Según recoge un estudio de la Universidad canadiense de Laval, el pretendido aperturismo lingüístico en el país vecino ha sido aplacado por el Consejo de Estado, que se ha remitido al lacónico enunciado del artículo 3 de la Constitución («La lengua de la República es el francés») para aniquilar cualquier intento de consolidar las lenguas regionales. No es gratuito que Jordi Pujol considerara como uno de sus principales objetivos políticos «lograr que en España no ocurra lo sucedido en Francia con el catalán».

En la enseñanza la cuestión viene determinada y delimitada por la circular 95-086, de abril de 1995. Esa regulación sólo admite una enseñanza bilingüe cuando la demanda de los padres esté contrastada y reconocida. Si no, sólo cabe la posibilidad de «una a tres horas semanales extraescolares de la lengua regional o en la lengua regional». De hecho, en este curso, en toda Francia sólo 41.487 alumnos reciben una enseñanza bilingüe: un 0,35 por ciento del total (doce millones) y un 0,74 por ciento de los que potencialmente tienen derecho a ello por vivir en regiones con dos lenguas (5.625.000).

Hoy en Francia las lenguas regionales continúan siendo una cuestión reservada al ámbito privado. En los Tribunales siguen vigentes los principios de la vetusta Ordenanza de Villers-Cotteret de 1539, por la que se impuso el francés como lengua judicial. Sólo se da una cierta tolerancia cuando a veces se consiente su uso (¡sin traductor!) en el caso concreto de que el juez también la conozca.

En los servicios administrativos, el francés es obligatorio en todos los documentos escritos, aunque los funcionarios pueden utilizar otras lenguas en su relación con los ciudadanos, sin que tampoco en este caso se trate de un derecho, sino de una circunstancia. En la señalización de carreteras, más de lo mismo: la regla general es el monolingüismo, aunque diferentes campañas han conseguido, esporádicamente, la doble rotulación en algunos puntos de Córcega, Alsacia o Bretaña.

Reino Unido, de fachada
En el Reino Unido la reciente política de descentralización (la llamada «devolución» de competencias a Escocia, Gales e Irlanda del Norte) y de subvenciones a sus lenguas sólo ha servido para perpetuarlas como «adorno» de la identidad colectiva, más que para convertirlas en instrumentos de comunicación en una vida cotidiana dominada por el inglés.

Sobre el papel todo está aparentemente sujeto a ambigüedad precisamente porque no hay papel (el Reino Unido no tiene Constitución escrita). En todo caso la lengua oficial es el inglés, y también la de uso generalizado, aunque existan aún pequeñas colectividades que se expresan en galés, gaélico escocés, gaélico irlandés, franco-normando o las hablas de Cornualles o de la isla de Mann. Dado que el 83 por ciento de los 60 millones de ciudadanos británicos residen en Inglaterra, los posibles conflictos lingüísticos quedan muy acotados. Los idiomas minoritarios cuentan con muy pocos hablantes: el galés lo hablan medio millón de personas, el 18 por ciento de los ciudadanos del País de Gales (una proporción parecida a la del euskera en el País Vasco); el escocés está limitado a unas 70.000 personas (1,4 por ciento), y el irlandés, a menos de 150.000 personas (9 por ciento).

En la ley sobre la Nacionalidad Británica se recoge que para acceder al estatus de ciudadano del Reino Unido hay que acreditar el conocimiento del inglés, del galés o del gaélico escocés, en una equiparación más simbólica que real. Teóricamente, las lenguas minoritarias están a punto de convertirse en cooficiales (el galés ya lo es) y han de ser tratadas en pie de igualdad con el inglés, en un acto de aparente valentía de Londres desmentido por una realidad lingüística testimonial nada amenazadora.

En esa apuesta, se ha dado a las lenguas minoritarias cobertura administrativa (las prestaciones sociales cuentan con intérpretes), se imprimen folletos informativos traducidos, y se ha dado vía libre a que los topónimos figuren en otros idiomas distintos del inglés. En la enseñanza, sin embargo, se ha de acordar con las autoridades estatales que se imparta un mínimo de horas en la lengua mayoritaria. Sólo el galés está incluido «a priori» en los programas educativos. En la Justicia la lengua de uso común es el inglés, pero desde 1998 está regulada la posibilidad de pedir un traductor de la lengua materna.

Alemania y la «no intervención»
Dado que una de las bases de la unificación alemana fue la lengua, pocos problemas presenta en la actualidad un estado en el que ni siquiera la Constitución de 1994 se entretiene en fijar un estatuto del alemán ni en recoger su «oficialidad». A las autoridades federales les ha interesado más en los últimos años promover que el alemán se convierta en lengua oficial en la UE que atender a las posibles demandas de sus minorías lingüísticas que, aunque poco numerosas, existen: el danés, con 50.000 hablantes en Schleswig-Holstein; el frisón, también en Schleswig-Holstein y en la Baja Sajonia (12.000 hablantes), y los sórabo de Brandenburgo y de Sajonia (75.000).

Italia «asimétrica»
Italia está actualmente organizada como un estado «asimétrico» dividido en quince regiones de régimen ordinario y cinco con un estatuto diferenciado (Sicilia, Cerdeña, Trentino, Venecia y Valle de Aosta). El italiano estándar es la derivación moderna del toscano, pero existen en el país hasta 33 lenguas diferentes, muchas de las cuales, como el lombardo o el veneciano, son incorrectamente denominadas «dialectos», cuando derivaron directamente del latín. Casi la mitad de la población usa en el ámbito familiar y doméstico una lengua diferente de la oficial, y algunas tienen una acusada personalidad, como el sardo (1.300.000 hablantes) o el friulano (400.000 hablantes).

Actualmente sólo pueden hacer valer determinados derechos lingüísticos las cinco regiones con estatus especial. Pero se trata de una autonomía extraordinariamente limitada que nada tiene que ver con la de las comunidades españolas. En Italia estas «comunidades» no pueden legislar sobre su lengua regional, aunque sí favorecerla con actividades de promoción cultural.

LOCALISMO JUVENIL
Por ÁNGEL PUERTA ABC 30 Abril 2006

Un hecho cada vez más constatado es que la juventud española va perdiendo el sentido de España como unidad y realidad histórica, geográfica y cultural. A ello contribuye, sin duda, el sistema educativo impuesto por el PSOE hace más de 15 años, que dejaba en manos de las autonomías excesivas competencias para adaptar determinadas asignaturas, como la historia y la geografía, a su conveniencia. Una ingenuidad aprovechada por los nacionalistas para convertir estas asignaturas en formación de «su espíritu nacional». Y aquellos polvos trajeron estos lodos, tampoco enmendados por la nueva reforma educativa. Los datos son elocuentes. La última encuesta de la Fundación Santa María, realizada entre 4.000 jóvenes de 14 a 25 años de toda España, revela que uno de cada cuatro de ellos se siente ya más identificado con su comunidad autónoma que con su país, España. Esta tendencia es mucho más acusada en Cataluña, País Vasco y Galicia, donde la presión nacionalista es muy fuerte, pero, sorprendentemente, también se empieza a dar, por ejemplo, en Andalucía.

Contrasta este dato, sin embargo, con una reciente encuesta del CIS sobre los políticos autonómicos. Este sondeo deja patente que casi un 17 por ciento de la población ni siquiera sabe, o falla, al decir el nombre de su presidente autonómico. Tampoco su gestión despierta entusiasmo. Apenas un 35 por ciento considera que su gestión es buena o muy buena, mientras que para el 15 por ciento, es mala o muy mala. Es decir que los consideran más bien regular. Por lo tanto tampoco se puede afirmar que exista una auténtica fiebre autonomista entre nuestros jóvenes. Lo que sí se puede colegir, a partir de estos datos, es que en nuestra juventud existe un gran déficit de conocimientos. La encuesta de la Fundación Santa María revela que los jóvenes, además de un preocupante interés por el «botellón» (31,5 por ciento), muestran su interés por pasar su tiempo libre frente al televisor, el cine, la barra de un «pub» (antes taberna) o escuchando música, en detrimento del deporte, las visitas a museos o la lectura. Algo falla cuando todo su interés se centra casi exclusivamente en el hedonismo. Lo grave es que cuando es tan patente su déficit en lectura, cultura y educación, nuestros jóvenes se convierten en «carne de cañón» para la propaganda nacionalista, para el aislamiento localista o simplemente para retroceder a la tribu.

¿TRAMPAS EN EL SOLITARIO?
Por ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 30 Abril 2006

ETA acaba de dejarlo bien claro: o le dan lo que quiere, o desentierra otra vez el hacha de guerra. Seamos honrados, y también un poco valientes, y miremos las cosas tal cual son. Uno: ETA quiere Navarra. Dos: ETA no ha renunciado a la autodeterminación del País Vasco. Tres: ETA no abdicará formalmente de la violencia mientras el Gobierno no se pliegue a estas dos exigencias. Ello recomienda una lectura sumamente escéptica del alto el fuego del 22 de marzo. Las inflexiones estilísticamente novedosas de la declaración de tregua -el calificativo «permanente», por ejemplo- no constituirían anuncios o anticipaciones de la paz, sino meras coartadas que la banda habría dado al Gobierno para calentar motores y preparar la fase de las concesiones absolutas. Hablando en plata: ETA ha previsto que se rinda el Gobierno, no rendirse ella.

Segundos más tarde de haber enunciado la teoría que arriba queda consignada, uno sufre un ataque de asombro y piensa que hay algo que desafina. No, no es posible que el Gobierno haya medido con tanta ligereza las intenciones de los terroristas. Sin embargo, no disponemos de teorías alternativas que expliquen mejor lo que está ocurriendo. Por increíble que parezca, la teoría pesimista es la menos mala de todas. No hay más remedio que aceptarla como verosímil, y ponerse a sacar conclusiones. Enfilemos la tarea penosa con un poco de perspectiva.

Escandalosamente, el partido socialista abrió una línea de contactos secretos con ETA no mucho después de haber instado un pacto cuyo propósito principal era que ninguno de los dos partidos, ni el socialista ni el popular, desbordara al otro por retaguardia y entrase en negociaciones políticas con los terroristas. Es de suponer que la idea vino de Eguiguren, o alguna otra luminaria por el estilo, y que la dirección socialista, o al menos Zapatero, decidieron adoptar al comienzo una actitud experimental. En lugar de cortar la iniciativa, que es lo que deberían haber hecho, apoyaron los brazos en el burladero y se concedieron un tiempo para ver cómo se desenvolvía la faena. De modo progresivo, y de forma acelerada tras la victoria en las generales del 2004, fue dibujándose un concepto cada vez más definido de la estrategia que convenía adoptar en el País Vasco. El núcleo de la posición socialista era éste: ETA se halla en las últimas, y HB, harta de su papel históricamente subordinado, busca pretextos para asumir el liderazgo e incorporarse a la política normal. Urge por tanto agarrar la ocasión por el rabo, y fortalecer las propensiones pactistas de la organización. ¿Cómo? Ofreciendo a los violentos el equivalente a un plan de pensiones. O sea, una instalación confortable en la Euskadi pacificada del futuro.

Se apeló al modelo catalán para aclarar ideas. Se identificó a HB con ERC, al PNV con CiU, y se entendió que sería inteligentísimo hacer una pinza contra los nacionalistas institucionales y reproducir las combinaciones del Tripartito. De resultas del montaje fantástico, se ingresó, antes incluso de declarada la tregua, en el terreno delicado de las complicidades, de la concurrencia de intereses entre los etarras virtualmente reconvertidos, y los socialistas virtualmente dueños de Ajuria Enea. ¿Hasta dónde se ha llegado en este escarceo frenético?

No lo sabemos. Sencillamente, no lo sabemos. Pero sí parece seguro que se han roto principios prudenciales básicos. Es evidente que se ha hablado de Navarra y de la reforma del Estatuto de Guernica, una reforma que incluiría cláusulas referidas al derecho de los vascos a redefinir su posición dentro de España. Y es probable que se hayan cruzado fórmulas, o esbozos de fórmulas. Lo que seguramente no se ha convenido con un mínimo de precisión, es la manera de interpretar esas fórmulas, o si me permiten el retruécano, de interpretar las interpretaciones. Las cuales resultarán ser distintas según quién las haga: si los terroristas o el Gobierno, como también han sido distintas, en el caso catalán, las lecturas del Estatuto ejecutadas por los socialistas, y las hechas por los nacionalistas, o por no salir de casa, las que aplica el aparato de Ferraz, y las que practica Maragall.

La consecuencia nefanda ha sido una confusión de todos los demonios. Empezamos a no comprender, tan siquiera, lo que significan las cosas más sencillas. Bajo la presión de la casuística, los mensajes se han hecho borrosos, equívocos, infinitamente elásticos. Nos consta ya, por boca del portavoz del Gobierno y del propio presidente, que no se pondrá el acento en la entrega de las armas. El Gobierno se contentará con que ETA dé señales suficientes de desistimiento. Nos consta, igualmente, que Otegi puede ejercer tranquilamente de representante de un partido ilegal. Y nos consta que el futuro de Navarra está en el alero porque si ETA se porta bien -¿cómo determinamos, por cierto, que se ha portado bien?- «todo es posible», por acudir a la expresión usada por Zapatero.

¿Alguna buena noticia? Sí. ETA ha dicho «aquí estoy yo». Eso aclara bastante las ideas. Es posible incluso que el Gobierno se dé por enterado.

Nación, Monarquía y ciudadanía
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS. Director ABC 30 Abril 2006

... Zapatero no es un «bobo solemne», sino un táctico de la política, un oportunista de la semántica y, seguramente, un hombre con sugestiones mesiánicas...

EL pacto de la concordia que suscribimos la inmensa mayoría de los españoles en 1978 se basó en el acuerdo de que España era una Nación «patria común e indivisible de todos los españoles» (artículo 2 de la Constitución); que el Estado adoptaba la forma política de «monarquía parlamentaria» (artículo 1.3 de la Constitución) y que todos los españoles disfrutaban de los mismos derechos, exhaustivamente recogidos en el Título I de la Carta magna y que éstos, con las correspondientes obligaciones, establecían el contenido sustancial del concepto de la ciudadanía. En el artículo 16 de la Constitución, además, se declaraba que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», pero se añadía que «los poderes públicos tendrán en cuenta la creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones», de tal manera que el Estado no era confesional pero tampoco laicista.

Estas tres convenciones no sólo adquirieron fuerza de obligar al incorporarse en la Constitución, sino que se asumieron, también, emocional y racionalmente en un ejercicio colectivo, no de amnesia histórica, sino de superación de las gravísimas divisiones entre españoles que, en su momento, llevaron a un enfrentamiento fratricida. Los sucesivos gobiernos democráticos persistieron en el mantenimiento escrupuloso de estas convenciones desafiando las recurrentes tentaciones de reverdecer el rencor de unos y de otros. De unos, por haber perdido la Guerra Civil, y de otros, por haberla ganado y suponer que, con efectos diferidos, la victoria no les había granjeado los réditos esperados. Ahora, sin embargo, con el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero la nación, la Monarquía y la ciudadanía, como los grandes conceptos del pacto constitucional de 1978, se han deteriorado hasta la provocación de la alarma social. La necesidad del presidente de sostenerse en el apoyo que le ofrecen las fuerzas nacionalistas que nunca creyeron en la Nación española, su propia concepción marquetiniana de la política y una actitud implacablemente maniquea en la consideración de las diferencias ideológicas, son las razones últimas que explican políticas de destrucción sistemática, silente, audaz y taimada del pacto de la concordia de 1978.

El proyecto de Estatuto para Cataluña y sus réplicas -por ejemplo, la andaluza-, la declaración institucional del Congreso de los Diputados con motivo del vigésimo quinto aniversario del intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981 en la que se obvió el papel decisivo que jugó el Rey en defensa de la democracia, las leyes -en particular las educativas, la del matrimonio homosexual, la de reproducción asistida y la proposición aprobada el jueves sobre la llamada memoria histórica- y la admisión de cartas de derechos y obligaciones diferentes según qué comunidad autónoma, están quebrando la vigencia y visibilidad de la nación, de la Monarquía y de la ciudadanía. Todo el conjunto del sistema está siendo empujado hacia un modelo diferente al diseñado en 1978 sin reconocer la necesidad jurídica y política de que tal migración requiere de un nuevo período constituyente que permita a los ciudadanos su derecho a decidir el modelo de convivencia. Por vía indirecta, utilizando subterfugios jurídicos y eufemismos, pervirtiendo el lenguaje y desposeyéndolo de la universalidad de la significación de determinados conceptos, Rodríguez Zapatero está logrando que el pacto de la concordia de 1978 deje de ser la referencia de la democracia española. Así, la legitimidad de ese gran acuerdo nacional se retrotrae a la proclamación de la II República -un régimen que devino odioso por arbitrario y desarticulado-, en la que el presidente del Gobierno supone que España se refleja «satisfecha y orgullosa», lo que es incierto en términos de presente e históricos. La Monarquía, en cuanto institución nacional que cohesiona y supera el sectarismo republicano y el caudillismo totalitario del franquismo, se difumina hasta la práctica desaparición. La Iglesia y los valores que propugna se zahieren mediante la ridiculización, patrocinando, a través de leyes radicales, la alteración del modelo de valores éticos bien arraigados en la sociedad española. Y la nación -«discutida y discutible»- se convierte en un concepto que sólo es respetable y defendible si está referido al que propugnan los nacionalistas vascos y catalanes, e, incluso, el entorno de la banda terrorista ETA con la que se ha iniciado un «proceso» mal llamado de paz en el que el Ejecutivo ofrece síntomas de precipitación y debilidad.

En todo este planteamiento liquidacionista, que extrae su energía del siempre latente sentimiento revanchista tradicional en algunos sectores de la sociedad española, se perfila bien un designio de destrucción de la derecha que Jon Juaristi (ABC 28/04/06) ha descrito con escalofriante claridad: « (...) se llegará a ver en la aniquilación política del PP el requisito indispensable para la paz, o sea, para el acuerdo entre ETA y el PSOE, que simbolizaría la victoria póstuma de las izquierdas y los nacionalismos derrotados en 1939». El filólogo vasco concluye su análisis con una afirmación que conviene sea reiterada: «Sobra decir que el sistema democrático no sobreviviría a ese final feliz». Y este augurio de Juaristi es en el que debe fijarse el presidente del Gobierno. Porque el ejercicio de provocación constante en el que está inmerso, en la instalación despectiva hacia la práctica mitad del electorado español, en la suficiencia maniquea que demuestra en sus palabras y en sus actitudes, se localiza el sectarismo que llevó a España a sus peores momentos.

Por esa razón -por la suerte colectiva-, determinadas políticas del Gobierno no pueden ser juzgadas con la más mínima de las benevolencias. Por el contrario, requieren de contestaciones eficaces, serenas y firmes que sean bien comprendidas por los ciudadanos. Las respuestas a las tácticas sibilinas, reclaman réplicas que sean inteligentes porque, de lo contrario, prestidigitadores de la política como Rodríguez Zapatero tienen perfecta y contrastada capacidad para optimizarlas en su favor.

La militancia en la concordia exige hacerlo simultáneamente en la creencia en la Nación española, en la Monarquía como forma de Estado que se alza en símbolo de unidad y referencia común y en la vigencia de la ciudadanía que incorpora también un sistema de valores éticos y cívicos ampliamente compartidos. Rodríguez Zapatero -aun en el criterio de la izquierda liberal- está rompiendo este esquema en el que se ha sostenido la conciliación nacional.

Es dramático observar como una parte de la derecha española ha caído en el señuelo del radicalismo de Rodríguez Zapatero practicando otro, verbal y político, que a él le excusa y hasta justifica. El presidente soporta el denuesto con galanura; lidia con apostura la embestida visceral; responde con corrección al exabrupto, pero rehuye el debate de las ideas y da la espalda al contraste de los argumentos. Zapatero no es un «bobo solemne», sino un táctico de la política, un oportunista de la semántica y, seguramente, un hombre con sugestiones mesiánicas. O sea, un adversario al que hay que combatir con inteligencia porque mientras se le negaban sus cualidades más básicas, él se ha encargado de demostrarlas, en silencio, segando la hierba bajo los pies de sus enemigos. Tanto, que está haciendo sangrar al pacto de la concordia de 1978. Y, así, desangrado, ese pacto se puede morir.

Comunidad de iguales
Por IGNACIO CAMACHO ABC 30 Abril 2006

EL mono gramático del «Informe para una Academia» soñaba con pertenecer a una «comunidad de iguales», como preconizan los promotores de ese proyecto Gran Simio que tanto ruido ha armado esta semana en la Corte, donde José Luis Gómez vuelve a representar, con lleno hasta la bandera, el célebre monólogo kafkiano. Por un guiño de la casualidad, el patrocinio que los socialistas han prestado en el Congreso a la iniciativa de defensa de los primates ha venido a coincidir, en tiempo y forma, con el desamparo manifiesto a los cuatro millones de firmas entregados por el Partido Popular en defensa de una comunidad de iguales... en sus derechos de ciudadanía.

La «performance» de Rajoy en la puerta del Congreso, rodeado de cajas azules para envolver su manifiesta soledad mientras dentro se escenificaba la tragicomedia de una proposición normativa sobre los derechos de los simios, ejemplifica con asombroso sentido dramático esta especie de desoladora paradoja moral. Era el jefe de la oposición el que, de pie junto a los contenedores de firmas, parecía un mono rebelde ante la contrautopía de la incomprensión, la pesadilla que Pierre Boulle noveló como alegoría inversa de la discriminación y el segregacionismo. Los gorilas de la dictadura de ficción no habrían actuado ante el desafío de la disidencia con mayor frialdad despectiva que el presidente de la Cámara, que ha mandado enviar las cajas a un sótano a dormir el letargo del más absoluto abandono.

Comunidad de iguales: he aquí un hermoso concepto democrático que el Gobierno socialista ha despojado de sentido mediante una rotunda ambivalencia retórica. Lo defiende en el plano de la filosofía y lo arrincona en el de la política con la creación de un marco de diferencialismo en el que los territorios gozan de derechos superpuestos a los de los ciudadanos. Nada hay más lejano de la igualdad de las personas que la asimetría de los territorios; frente al modelo esencialmente homogéneo de la Transición, basado en un principio de cohesión social, económica y jurídica -los mismos servicios, los mismos recursos y las mismas leyes para todos, al margen de donde viva cada cual-, se propone un diseño dispar que adelgaza hasta la evaporación el papel equilibrador y solidario del Estado. Y se silencia con un desdén ofensivo el clamor de los disconformes, acentuándolo mediante el énfasis gestual de una excéntrica preocupación por los derechos de cierta especie de animales, tratados con mayor consideración simbólica en el ágora sagrada de la política democrática.

Los nuevos estatutos no romperán España. Simplemente quebrarán poco a poco, quizá más deprisa que despacio, el marco de la comunidad de iguales que constituye el principio de una nación moderna. Y diluirán la esencia de los derechos de los ciudadanos en un vago paisaje de atávicas prioridades colectivas locales. El suelo, la tierra, antes que las personas. Al menos, esos primates que parecen motivar la realidad de nuestro Parlamento desconocen, creo, el sentido de las realidades nacionales.

Historia
Por JON JUARISTI ABC 30 Abril 2006

OFICIAL. Reinhart Koselleck murió el pasado 3 de febrero. Fue uno de los grandes historiadores europeos del siglo XX. La Revista de libros ha publicado en dos entregas lo que probablemente sea la última entrevista que concedió, un ejercicio que oscila entre la recapitulación del horror de su época y el testamento intelectual. Su interlocutor -el catedrático e historiador español Javier Fernández Sebastián- le plantea en la segunda parte la cuestión de las relaciones entre memoria e historia en países que, como el nuestro, arrastran un pasado de violentas disensiones. Creo que merece la pena transcribir un párrafo de la magistral respuesta de Koselleck: «Mi regla en este tema consiste siempre en mantener las diferencias, debatir sobre las diferencias sin máscaras. De este modo, cada uno tiene la oportunidad de mantener su independencia respecto al otro gracias al reconocimiento mutuo. El reconocimiento de ambas partes supone de entrada una predisposición hacia la paz. Pero si uno niega la independencia de los otros, entonces te ves sometido de inmediato a la presión de suprimirlos. Creo que insistir en las diferencias es la mejor manera de contribuir a la paz y a la memoria común, puesto que la memoria está dividida. Y aceptar esto último, aceptar que la memoria está dividida, es mejor que inventarse una memoria única, de una sola pieza. Me parece que ésta debería ser la norma, la regla general en este tipo de asuntos».

La mayoría parlamentaria ha optado por todo lo contrario. O sea, por la memoria única y la discordia civil. Lo más estúpido de todo este asunto de la canonización apoteósica de la II República no es el trágala que se ha impuesto una vez más a la oposición. Ni siquiera la falsedad histórica evidente que supone elevar la II República a modelo de nuestra Transición democrática. Peor que eso -y con resultados a medio plazo impredecibles pero, en cualquier caso, desastrosos- es la jubilación de lo poco que la izquierda conservaba de razón crítica, porque la memoria invocada para justificar esta desdichada iniciativa no corresponde a la de ningún español que sobreviviera a la Guerra Civil. Ni a la de Indalecio Prieto, que en plena posguerra hacía votos para la restauración de la democracia en España bajo una monarquía constitucional, ni a la de Santiago Carrillo, que muy recientemente admitía que la República fracasó de modo bastante trágico en el terreno de las reformas sociales. Y me limito a citar testimonios procedentes del bando que la defendió.

La visión mítico-idílica que se ha convertido en dogma político, por pura aritmética de escaños, no procede de la experiencia de los españoles que vivieron bajo la República, sino del maoísmo de los sesenta, y fue inventada por gentes de la primera generación que no sufrió la guerra ni el hambre. Habrá quien crea haber reivindicado con la proclama republicana del Congreso el ideal de sus abuelos fusilados o fusilantes. Es una ilusión pueril: el paso de cangrejo de la progresía no le ha permitido retroceder más allá del sesenta y ocho. Su memoria prenatal sólo alcanza la epopeya rica en proteínas de sus hermanos mayores. Su tricolor es la del FRAP, no la de Azaña, y mucho menos la de la fragata Numancia. Nietos quizá de republicanos, pero hijos de franquistas por convicción, abulia o miedo, los niñatos social-nacionalistas del presente están separados de la República de Trabajadores forjados en la miseria por el impenetrable espesor cronológico de una dictadura de y para las clases medias. En realidad, su mito es un híbrido bastante curioso: imaginan la República como un franquismo de gorro frigio que ataba los perros con longaniza.

Esta memoria espuria no es democrática. Ni por su cursilería de película subvencionada ni por su ridícula pretensión justiciera merece respeto. El tan infamado revisionismo histórico de la derecha es incomparablemente más veraz y honesto que el conjunto de sandeces que se ha oído esta semana en el Congreso antes y después de su ascenso a Historia Oficial.

Con ETA no puede haber prisas
Editorial ABC 30 Abril 2006

ESTE verano podría producirse el primer encuentro negociador del Gobierno con ETA, según informa hoy ABC, siempre que para entonces se haya verificado que el abandono de las armas es veraz y total. Al parecer, después de informar al Congreso de los Diputados se celebraría la primera reunión con la banda, en la que una denominada «mesa técnica» trataría el asunto del acercamiento de presos al País Vasco. Da la sensación de que el Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero se está dando más prisa que la misma banda en programar el futuro. Y las prisas, sobre todo con ETA de por medio, son malas consejeras y peores compañeras. De hecho, tras el primer informe que el anterior ministro del Interior, José Antonio Alonso, remitió sobre el cumplimiento del alto el fuego -«total», según aquel documento voluntarista-, se produjeron los ataques de Barañain y Guecho y se supo que los etarras han seguido mandando cartas de chantaje a diversos empresarios de Navarra y del País Vasco. Por tanto, lo mejor es no trasladar ningún calendario, real o virtual, a la opinión pública; ni tan siquiera la sensación de que todo está encarrilado.

Más sensato es ceñirse al mensaje de que el «camino es largo y difícil», como en alguna ocasión han declarado miembros del Gobierno. La palabra de moda es «verificar», incluso dentro de Batasuna (una parte de ETA, según la Justicia). Y lo que allí se ve sigue siendo inquietante, pues, como también informa hoy este periódico, el entramado Udalbiltza, controlado por la formación de Arnaldo Otegi, ha comenzado a «marcar» a los establecimientos comerciales que aceptan el llamado «DNI vasco». Los tintes mafiosos no se van de la noche a la mañana (son muchos años haciendo uso de la extorsión y el matonismo) ni porque uno intente poner cara de bueno. Que un tentáculo de ETA -y Batasuna lo es- se dedique a «señalar» a los «malos vascos» resulta inquietante. Menos prisas, pues.

Senado, en tierra de nadie
Editorial ABC 30 Abril 2006

EL artículo 69 de la Constitución establece que «el Senado es la Cámara de representación territorial». Sin embargo, es notorio que la retórica constitucional no se ajusta a la realidad de una institución incapaz de encontrar sus señas de identidad. Subordinada al Congreso en la dinámica de los partidos políticos, la llamada por razones históricas Cámara Alta se limita a cumplir funciones de segunda lectura en el procedimiento legislativo y a desarrollar un papel secundario en el control del Gobierno. Los múltiples estudios que realiza a través de comisiones y ponencias no justifican (pese al buen nivel de algunos de ellos) la existencia de una cámara indefinida, acostumbrada después de casi treinta años a vivir a la sombra del Congreso. Lo peor es que cuando se sitúa en primer plano suele tratarse de cuestiones casi anecdóticas o con tintes grotescos. Así, esta misma semana se han aprobado múltiples enmiendas que alteran decisivamente el proyecto de ley de Reproducción Asistida. La clave del asunto está en que los senadores del PP aprovecharon la ausencia en el Pleno de muchos colegas socialistas y nacionalistas que estaban ocupados en atender a la retransmisión televisiva de cómo el Barcelona llegaba a la final de la Liga de Campeones desde el Camp Nou. (La víspera no hubo ni quórum para votar a última hora; jugaba en Villarreal). Como ya ocurrió otras veces -incluido un veto senatorial al proyecto de ley de presupuestos-, se anuncia ahora que el Congreso rechazará todas esas enmiendas, volviendo así el texto a su redacción original. Además de afectar a una ley de gran significado por razones éticas y científicas, la dignidad de la Cámara sale mal parada por este nuevo episodio que refleja el desinterés de algunos parlamentarios en el cumplimiento de sus obligaciones y la pérdida de sentido de una institución que, aunque representa al pueblo español, no es capaz de tomar decisiones eficaces.

Los males del Senado actual proceden de un doble origen. En el plano estructural, su composición reproduce el mecanismo de los partidos representados en la otra Cámara, sin que la existencia de senadores designados por las comunidades autónomas (aproximadamente, la quinta parte de los miembros) altere ni mucho ni poco la rigidez de la disciplina partidista. En la práctica, encuentran acomodo en el Senado parlamentarios veteranos o principiantes, así como algunos líderes cuya función principal se desarrolla en la política territorial y que apenas contribuyen, por tanto, a los trabajos de la institución. En el ámbito funcional, el Senado ocupa una posición poco airosa en materia legislativa, aunque suele mejorar el texto que le remiten ya sea por razones técnicas o como consecuencia de pactos de última hora. En todo caso, la palabra definitiva corresponde siempre al Congreso. Puesto que no interviene en la investidura del presidente del Gobierno ni está facultado para presentar mociones de censura, su actividad como órgano de control se limita con frecuencia a preguntas rutinarias, muchas veces de interés estrictamente local, aunque la presencia episódica de Rodríguez Zapatero le otorga en esta legislatura un protagonismo fugaz. En estas condiciones, no sirve como Cámara territorial, ni siquiera como foro de debate entre las diversas instancias, como a veces pretende ser -con éxito discreto-- la Comisión General de las Comunidades Autónomas. El hecho de que la Conferencia de Presidentes se reúna físicamente en la sede de la plaza de la Marina Española contribuye a debilitar más que a reforzar la imagen del Senado en nuestro sistema autonómico.

A corto y medio plazo, las expectativas no pueden ser peores. La tramitación en la Cámara del Estatuto catalán es fiel reflejo de las prisas por terminar que manifiestan algunos de los actores principales del proceso. De este modo, el Senado resulta ninguneado, e incluso molesta que se emitan los preceptivos informes jurídicos que ponen en cuestión decisiones ya adoptadas. Si el Senado no tiene nada que decir en este punto, está claro que su función como supuesta Cámara territorial es sencillamente inexistente. El camino emprendido por el Gobierno socialista hacia un modelo genéricamente confederal a través de las reformas estatutarias hace que el papel de la Cámara de «integración» quede todavía más difuminado. Entre otras razones, porque la tentación de la bilateralidad entre el Estado y la comunidad autónoma correspondiente se convierte en una muestra de poder originario y reduce a la insignificancia a las instituciones concebidas para vertebrar el interés general. En rigor, no tiene sentido promover la reforma del Senado para mejorar el funcionamiento práctico del Estado de las autonomías, cuando, al mismo tiempo, se aprueban estatutos que rompen la lógica política y jurídica del modelo territorial vigente.

17 reglamentos taurinos
Por ANTONIO BURGOS ABC 30 Abril 2006

Ya ni los toros. La Fiesta Nacional tampoco se libra de la estatutitis aguda que padece España. Mucho antes de que se apruebe que Andalucía es una (irreal) realidad nacional, sus plazas de toros ya son territorio exento, califatos independientes: plazas de soberanía andaluza, a efectos de Reglamento Taurino.

Sin petición alguna de pañuelos blancos en los tendidos, Andalucía ha redactado, debatido, aprobado y promulgado su propio Reglamento Taurino. A falta de conciencia nacional, de hechos diferenciales, de lengua autóctona, como se trata de exprimir las diferencias a cualquier precio, en aplicación de los supremos principios zapateristas del Como Sea y del No Passssa Nada, Andalucía ha roto la unidad del ruedo ibérico en sentido estricto, al promulgar su Reglamento Taurino. Esta Andalucía desde la que tanto se dice que catalanes y vascos están rompiendo España con la claudicación del Gobierno. Esta Andalucía que hasta ahora no sólo se sentía España, sino que España era Andalucía, que le prestaba sus pelos y señales. Esta Andalucía aplica su propio Reglamento Taurino caprichoso y sobre todo peligroso. Si el actualmente vigente (que sacó Corcuera, ojú) no sirve, redáctese uno nuevo para toda España. Eso hubiera sido lo lógico. Nanai: Andalucía por sí... y a España que le vayan dando. Ya que no financiación prioritaria, ya que no igualdad de trato, Andalucía saca adelante sola su reglamentismo taurino, y cuando en el resto de España se pide que la Fiesta pase a Cultura y a la autorregulación, la somete aún más al intervencionismo administrativo.

O a lo mejor estoy equivocado. Puede ser. Probablemente un toro de Juan Pedro Domecq no se comporta lo mismo si es lidiado en Jerez de los Caballeros (Badajoz) que en Aracena (Huelva). El juampedro, naturalmente, sabe que no es lo mismo saltar a la arena de Rodríguez Ibarra que al albero de Chaves. La puya de una pica no debe de ser lo mismo en Pozoblanco (Córdoba) que en la centenaria plaza de Almadén (Ciudad Real). Los toros, a lo mejor, se rajan de modo distinto en Las Ventas que en La Malagueta. De ahí la ineludible necesidad del Reglamento Taurino específico para Andalucía. Que es una forma de romper España como otra cualquiera. Lo que faltaba: los 17 nacionalismos de la Fiesta Nacional.

Como nadie querrá ser menos que nadie, por el principio del «café para todos», pronto cada autonomía tendrá su propio reglamento taurino. Habrá 17 reglamentos distintos, con 17 tiempos para los avisos, 17 tipos de puyas de picar, 17 modos de aprobar los toros. Los mozos de espada llevarán el clásico búcaro, el fundón de los estoques, y en el esportón, junto a capotes, muletas y estaquilladores, echarán un tomaco así de gordo del Aranzadi, con la recopilación legislativa de los 17 distintos reglamentos taurinos:

-Maestro, hoy toreamos en Castellón, recuerde usted que aquí el primer aviso es a los 8 minutos...

El hecho me alegra por la cantidad de puestos de trabajo que creará entre los profesionales del Derecho, que irán como asesores jurídicos en las cuadrillas de los matadores, pues en cada plaza habrán de saberse un reglamento distinto. Los del grupo especial, igual que llevan cuadrillas de lujo y arte, incorporarán a figuras de la Jurisprudencia. Dirán los carteles de mano: cuadrilla de Enrique Ponce; banderilleros, Antonio Tejero, Mariano de la Viña y José María Tejero; picadores, Manuel Quinta y Antonio Saavedra; apoderados, Victoriano Valencia y Juan Ruiz Palomares; mozo de espadas, Franklin Gutiérrez; asesor jurídico («road lawyer»), Joaquín Moeckel.

En vez de la Oreja de Oro, Fernández Román dará ahora en RNE el Aranzadi de Oro al diestro que mejor sepa cumplir los 17 reglamentos taurinos distintos.

Reforma constitucional
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 30 Abril 2006

En una de las varias entrevistas que el presidente del Gobierno ha concedido con motivo de su segunda año en el poder, Rodríguez Zapatero se jactaba de haber propiciado una nueva forma de autogobierno «sin tener que emplear ninguna cirugía constitucional». Como el presidente es un maestro en beneficiarse de la equivocidad de las palabras y de sus connotaciones -siempre positivas, nunca negativas- no aclara por qué la cirugía constitucional, como la de verdad, es necesariamente mala. En todo caso, Rodríguez Zapatero deja ver que se siente muy satisfecho de haber evitado a los españoles el supuesto trauma quirúrgico de una reforma de la Constitución y de haber hecho posible, al mismo tiempo, un proceso general de revisión del modelo de Estado mediante reformas estatutarias.

¿Es realmente un mérito de Zapatero promover la proliferación de realidades nacionales, dejar en manos de los estatutos la decisión política sobre las competencias del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, bilateralizar las relaciones Estado-comunidades autónomas, aceptar el blindaje unilateral de competencias -autonómicas, no hay que decirlo- o comprometer a la carta el gasto del Estado en inversión pública según el PIB en unos casos, la población, en otros, o cualquier otra combinación de criterios imaginable? Y si todo esto se considerase un mérito, ¿merece el reconocimiento añadido de haberlo hecho sin 'cirugía constitucional', como dice?

En la jactancia de Zapatero, para empezar, llama la atención que quien promueve una reforma de la Constitución en cuestiones hoy innecesarias exprese semejante complacencia por el vuelco que está sufriendo el modelo de Estado sin que se haya tocado la norma fundamental. Recuérdese que el presidente del Gobierno viene impulsando desde el comienzo de la legislatura una reforma constitucional para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona - en lo que hay acuerdo prácticamente unánime-, incorporar expresamente a la Constitución el proceso de integración europea, mencionar los nombres de las comunidades autónomas y hacer del Senado «una verdadera cámara de representación territorial», según la fórmula retórica que siempre aparece al referirse a este órgano.

El conjunto de estas reformas, heterogéneas y opcionales, exige para su aprobación seguir el procedimiento agravado de revisión constitucional, es decir, la intervención de dos legislaturas, elecciones generales de por medio y referéndum. Es, sin duda, lo que en jerga presidencial se denominaría 'cirugía constitucional'. Y sin embargo Rodríguez Zapatero no sólo no la evita sino que ha hecho de tal cirugía una de las señas de identidad de su programa de gobierno. ¿A qué viene, pues, tanta prevención de Rodríguez Zapatero frente a la reforma constitucional ante lo que él mismo describe como «una nueva forma de autogobierno», mientras ha hecho bandera de otra reforma accesoria pero igualmente costosa en términos de procedimiento? Es como si alguien que necesitara una operación de columna estuviera encantado de que le hagan un 'lifting'.

La prioridad lógica, jurídica y política apuntaría justamente en la dirección contraria a la emprendida por el Gobierno. Primero, reformar la Constitución y luego abordar la revisión de los estatutos. De este modo se habría forzado una negociación seria y real con el Partido Popular, con la vista puesta en un consenso basado en tres componentes que son ya indisociables si queremos mantener un Estado viable.

¿Ampliar competencias de las comunidades autónomas? Sí, en la medida en que la generalización de ese incremento competencial sea sostenible y respete la libertad del Estado para ejercer sus propias competencias y desarrollar políticas de cohesión en todos los terrenos en que está constitucionalmente habilitado para ello. Así pues, incremento competencial, redistribución si fuera precisa, y al mismo tiempo, consolidación definitiva del modelo territorial y mecanismos reales de cooperación de las comunidades autónomas con el Estado.

El nuevo Estatuto de Cataluña ha reproducido un debate que en el País Vasco adquirió el tinte siniestro que el frente nacionalista le dio al declarar solemnemente muerto al Estatuto de Gernika. La cuestión es si resulta sostenible para la viabilidad del Estado esa exitosa estrategia nacionalista de apego al poder autonómico y paralelo desprecio a la legitimidad constitucional.

Hace unos días en el Foro Abc, el líder de Unió Democrática de Catalunya, Josep Antoni Duran Lleida, hacía sobre este particular algunas reflexiones especialmente pertinentes. Afirmó Durán sentir «envidia sana» del País Vasco y Navarra por gozar de un régimen de Concierto para su financiación ajeno al resto de comunidades. Y a continuación, el líder catalán, con ese dolor del preterido que todo buen nacionalista debe saber expresar, se preguntaba: «¿Por qué en España no se alza ninguna voz contra ese Concierto y cuando Cataluña reclama algo así resulta que se rompe España y no somos solidarios?». Dejando a un lado que, en contra de lo que piensa Durán, el Concierto vasco y el Convenio navarro también tienen sus detractores -Maragall, por cierto, es el más declarado-, la respuesta es sencilla: porque está en la Constitución, gracias a la cual -no a la derrota carlista, como se empeñan algunos- los derechos históricos han cobrado vida jurídica.

La pregunta de Duran yerra en la búsqueda de la paradoja. Lo paradójico no es que Cataluña no pueda acceder a un régimen fiscal que la Constitución reserva a los territorios forales, sino que todos los días se niegue la legitimidad del ordenamiento y del Estado que hacen posible eso que tanta envidia provoca.

Pero Duran dijo más, y no es un juego de palabras. Porque, separándose de la sinceridad de sus compañeros de coalición que han presentado el nuevo Estatuto catalán como un primer paso, Durán afirmó que en ningún caso «puede presentarse la reforma estatutaria como algo provisional». Recordando la mutabilidad que parece esencial a la política, ese «en ningún caso» tal vez signifique simplemente «por ahora». Razón de más. Antes de que el tiempo, seguramente no muy largo, depare una nueva decepción a los que de buena fe creen que estamos en puertas de resolver el encaje de Cataluña en España, habría que tomarle la palabra a Duran. Y si el nuevo Estatuto ya no es provisional, si al menos un mínimo rubor le lleva a disimular por una temporada su alegría porque una vez más el nacionalismo gana cuando pacta y no renuncia a nada, entonces habría que tomarle la palabra, invitar a Duran y los suyos a que hicieran buena tan sentida afirmación de responsabilidad y abordar conjuntamente con los partidos de ámbito nacional -español- una reforma constitucional seria que dote de firmeza y estabilidad a un modelo de organización territorial que el nacionalismo, incluido el que hoy se aloja en la izquierda, quiere convertir en un conjunto de claúsulas provisionales, indiferentes a su propia ruptura.

Ciertamente, Duran y otros tendrían que aceptar el filtrado del Estatuto que eventualmente decidiese el Tribunal Constitucional y, además, comprender que en todo aquello en que el Estatuto remite a leyes orgánicas, el Parlamento de la nación mantendrá la misma libertad para legislar en el futuro sobre esas mismas materias, con las mismas mayorías que ahora se consideran políticamente suficientes, es decir, la mitad más uno del Congreso que es la estricta mayoría legal. Así habría de ser en defecto de un consenso mayor que socialistas y nacionalistas insisten día tras día en considerar innecesario.

Alemania se dispone a poner en marcha una reforma del federalismo que redistribuye competencias y reduce sustancialmente las leyes que requerirán la aprobación del Bundesrat o Cámara territorial. Suiza en su última reforma constitucional ha blindado las competencias de la Federación. Salvo que queramos seguir los precedentes de Estados fallidos -Serbia y Montenegro, por ejemplo- lo razonable es fortalecer lo que nos une, garantizar la funcionalidad del Estado, reforzar los instrumentos de cohesión. También en nuestro país, que ha dado lecciones históricas de sentido común, hay ideas practicables, democráticas y prudentes que podrían ser incorporadas al acuerdo de los partidos mayoritarios si el consenso constitucional significa todavía algo. Léase lo que ha propuesto el Consejo de Estado y se comprobará que no es letra lo que falta.

El once eme y sigue
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 30 Abril 2006

Sorprende la ignorancia, o el adormecimiento -¿sensación de impotencia? ¿vacuidad intelectual?-, o la esterilización de las conciencias de la sociedad española en general -¿o habrá que decir de las sociedades existentes en la extinta España?-.

A medida que se leen los reportajes que el diario El Mundo nos traduce en sus páginas todos los días, con cientos de datos y evidencias sobre la trama del 11-M, me indigno más de que la tónica general sea la plácida contemplación pasiva, o la indiferencia.

Si hubiera sido al revés: si aquellos hechos hubieran suscitado sospechas, aunque fuera sin datos referenciales, respecto al Partido Popular, hoy estarían ardiendo las calles. Me remito a los actos de agitación social en el día de la reflexión de aquella cita electoral que dio paso a la volatilización de la soberanía nacional por suplantación de la voluntad de todos los españoles.

Pero como éstos son "progres", y al diario El Mundo se le atribuyen injustamente descalificaciones gratuitas para privarle de credibilidad informativa, una masa social insuficiente se da por enterada.

La Comisión de Investigación se cerró en falso, sin resolver ninguna de las cuestiones que están actualmente en entredicho. El juez Del Olmo ha dejado abiertos grandes agujeros respecto a los elementos más significativos del entramado del atentado y ha desarrollado una instrucción del expediente sin profundizar en los entresijos.

Esta situación es asimilable a un famoso experimento de la rana: cuando se sumerge al batracio en agua hirviendo, éste da un salto escapando del ardiente líquido, pero cuando se le somete, dentro del agua, a una cocción lenta, no percibe el incremento de temperatura y se cuece sin enterarse, muriendo.

Eso es lo que nos está ocurriendo a la sociedad española. Hay una gran mayoría que está disfrutando del "pan para hoy y hambre para mañana", insensibilizada por el "pan y circo". Como en la Roma imperial: sin enterarse de que emperador dejó al Senado sin función ni poder, con Nerón convertido en un tirano de apariencia bonancible. Los ciudadanos romanos hipnotizados mientras Roma arde por los cuatro costados.

Y mientras tanto, desde el Partido Socialista se van extendiendo cortinas de humo para que no se hable de los temas de fondo, convirtiendo a nuestras Cámaras de representantes en escenarios de bufonadas como esa del atribuir a los simios derechos de la especie humana, cuando no escándalos que surgen (casualidades de la vida) en pleno contexto de ruptura de la unidad constitucional española, con unas Cortes Generales que suplantan la soberanía nacional.

Lo realmente preocupante es que entretanto se vislumbra en el horizonte un maremoto económico derivado de una crisis internacional con repercusión sobre los hidrocarburos, que los líderes alemanes están abordando ya con medidas estructurales. Mientras que aquí, estamos a la deriva en todos los términos.

¡Y no passsa na…!

¿Quién fomenta el enfrentamiento civil?
Rafael González Rojas elsemanaldigital 30 Abril 2006

La sorpresa del día me la ha dado el análisis que un viejo amigo hace sobre lo que está ocurriendo en esta España desconcertada. Porque yo soy de los que creen, en contra de lo que cree mi amigo, que Rodríguez Zapatero ha traicionado al pueblo español y a la Constitución de 1978. De momento, esa traición se ha materializado en el Estatuto catalán. Digan lo que digan, la unidad de España se ha roto. Y firme el ademán, Zapatero está dispuesto a seguir troceando y estirando la piel de toro de nuestro país, como el zapatero que dice Sancho "que tira el cuero con los dientes hasta que le hace llegar donde él quiere".

Muchos votantes del PP ven con impotencia cómo no hay una respuesta seria a esta serie de hechos que se van consumando con el aplauso de muchos. Sin embargo, para éstos, incluso lo poco que protesta el PP les resulta una intolerable provocación. Les reproduciré un párrafo del análisis de mi viejo amigo, Dice así:

"A la vista de la ferocidad y la crispación que ha instalado el PP en la vida política y en la convivencia en general, yo también me digo que no era esto lo que soñamos en los tiempos de gloria de la Transición, que duraron tan poco tiempo. Yo creo que el PP ha declarado una nueva guerra civil. Está utilizando las palabras como balas. Y lo que me extraña es que a mis antiguos amigos no se les oye rechistar. Aunque algo me dice que no pueden estar de acuerdo con todas las atrocidades que dice esa santísima trinidad que dirige hoy la derecha de este país. Hay que admitir que España está dividida en dos. La derecha y el poder eclesiástico han descubierto que les resulta más rentable alimentar esa división. Seguramente piensan que si la historia es la maestra de la vida, ellos son unos alumnos aventajados porque llevan más de l50 años siendo fieles a esa historia de división".

Y ésa sólo es una muestra. En el análisis completo de mi viejo amigo he podido ver coincidencias clarísimas con los criterios de otros que no pueden disimular el rencor larvado de la guerra civil, ni el odio de izquierdistas inmaduros, como Zapatero y Llamazares, a todo lo que representa España. Se une a todo esto el deseo de secesión de los nacionalistas de varias autonomías, frente a lo cual mucha gente cree que el PP no adopta una actitud más firme en la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos no nacionalistas que viven en Cataluña, el País vasco y otras regiones españolas.

Y encima dicen que es el PP, instalado en la ferocidad, quien esta propiciando un enfrentamiento civil.

La memez de la semana: "Navarra no es el problema, sino la solución"
Pascual Tamburri elsemanaldigital 30 Abril 2006

Arnaldo Otegi dixit. Y pixit, claro, si aplicamos la LOE socialista. Dejando para otro día la decadencia de la enseñanza, y del latín, la frase de Otegi no es de esta semana pero estos días se ha repetido, reiterado y explicado, y ahora podemos confirmar la conclusión: es una memez.

Al decir esto Otegi quiere decir –lo sabemos gracias a Zapatero también- que Navarra debe ser incluida necesariamente en la solución, en eso que se ha llamado el "proceso de paz". Claro, eso ya lo sabíamos antes de Otegi y de Zapatero, hace cuarenta años que ETA lo pide con las armas y más de un siglo que el nacionalismo vasco lo exige con sus mentiras. La frase de que "no hay solución al conflicto sin Navarra" es la clave del debate, y el anuncio de dónde puede llevarnos esta memez: al chantaje colectivo. Por este camino, veremos pronto cómo los navarros no nacionalistas son acusados de no querer la paz por no querer rendirse; y veremos tal vez cómo PSOE, ETA y aliados menores piden a los navarros un gesto "por la paz". Mal camino, pero por lo menos estamos avisados.

Ahora bien, sacada de su contexto la frase de Otegi no es ninguna tontería. Más aún, puede convertirse en la solución de un par de problemas que se anuncian para la vida en común de España, y también concretamente para la definición de la Derecha del futuro.

Navarra, como forma política, es la demostración práctica de que es posible unir el amor a la comunidad más cercana, el terruño, la gaita, y la lealtad a la gran comunidad, la patria, en términos modernos la nación, en términos clásicos la lira. Los fueros son una concreción particular de unos principios universales. No hay foralidad posible sin España, dado que ese derecho privativo emana de una preexistente "comunidad de comunidades". Y todo esto, el navarrismo, el foralismo, lejos de ser un resto del pasado, puede convertirse en un anticipo del futuro.

Jean Bodin decía que el Estado-Nación se distingue por el monopolio de la soberanía, entendida como indivisible e inalienable. Más recientemente esa soberanía se ha entendido como el monopolio de la violencia legítima, como la capacidad de determinar el estado de excepción o como el poder constituyente. Lo entendamos como lo entendamos, el Estado moderno y la nación liberal están en crisis entre nosotros. No se trata precisamente de la crisis actual de España, sino de la aparición de nuevos desafíos a las viejas formas políticas. A todo esto la izquierda está dando una respuesta nihilista, la negación de las identidades reales, la destrucción de la comunidad y del orden de la que Zapatero es una buena muestra. Y las derechas no saben qué hacer.

Es decir, entienden muy bien el problema, pues el Estado ha perdido su órgano exterior, las fronteras, y con él su capacidad de garantizar una "manera diferenciada de ser, de vivir, de creer, de convivir". La nación ya no es la comunidad con el monopolio de la política, ni el Estado es realmente soberano. Alain de Benoist –a quien el otro día entrevistaba en estas páginas José Javier Esparza, que también es navarro- llama federalismo a lo que en términos castizos llamaríamos foralismo y en rigor intelectual -de matriz católica- debemos llamar subsidiariedad. Ya que se trata de lo mismo, de construir "desde abajo", de pactar la convivencia imbricada de comunidades. Algo complicado, en una Europa y una España donde han desaparecido los absolutos. Ahora bien, precisamente en Navarra nunca llegaron a triunfar los absolutos. Navarra no es una región autónoma de fundamento constitucional, sino una comunidad de comunidades, surgida de una determinada forma de ser español, y basada en el respeto pactado de las diferencias. Una pervivencia medieval, y es que la sociedad feudal estaba organizada sobre la base del bien común, y en ella ni el derecho de propiedad ni ningún otro derecho era absoluto.

¿La solución es volver atrás en el tiempo? Nunca. El pasado es pasado, y nunca vuelve; es más, soñar su vuelta o trabajar para ella es la mejor manera de destruir los principios que se dicen defender. Ahora bien, resulta que la foralidad navarra ha sobrevivido, gracias precisamente a los liberal-conservadores de los siglos XIX y XX, al desafío de lo absoluto. Y ahora, ante la crisis de ese Estado, Navarra puede ser un modelo de convivencia que haga compatible la máxima autonomía con el máximo patriotismo.

Para el PP de Mariano Rajoy hay en Navarra -y en UPN- una respuesta concreta, práctica y no teórica, al desafío centrífugo. Al individualismo absoluto de los nacionalismos, y al nihilismo absoluto del internacionalismo, sería estéril oponer la mera conservación del modelo político actual. Pero si va a haber un nuevo modelo, hay aquí un precioso vestigio, vivo y eficiente, de cómo fueron las cosas y de cómo pueden volver a ser. Y en esa síntesis de contrarios, ese pacto y superación que permita a nuestro pueblo mirar a los desafíos del futuro en vez de anclarse en la división actual, el patriotismo español puede oponer Navarra como solución ejemplar. Gracias a Otegi, podemos atrevernos.

La Constitución traicionada
 Periodista Digital 30 Abril 2006 30 Abril 2006

Alejo Vidal-Quadras.- Nos hallamos en la antesala inmediata de cambios dramáticos en nuestro sistema institucional y jurídico, el que se alumbró con la Transición hace ahora casi treinta años, cuando un grupo de hombres y mujeres imbuidos de buena voluntad y generoso patriotismo creyeron haber hallado la fórmula para derrotar para siempre a nuestros ancestrales demonios.

Así comienza el último libro de Alejo Vidal-Quadras, cuyo vibrante alegato está produciendo una conmoción en filas del PP e incluso en las del PSOE:

Esta ilusión colectiva ha durado un cuarto de siglo y para nuestra desgracia se está desvaneciendo sin remedio a gran velocidad ante los ojos horrorizados e incrédulos de millones de españoles sensatos y decentes. El nuevo Estatuto de Cataluña, en fase de acelerada confección en la Comisión Constitucional del Congreso mientras tecleo estas líneas, marca el principio del fin de la Carta Magna de 1978, y junto a la claudicación deshonrosa del Gobierno frente a ETA y a las reformas estatutarias que seperfilan en el horizonte para el País Vasco y Galicia, anuncia el derrumbe del edificio normativo en el que habitamos al abrigo de los embates del terrorismo, de las amenazas del totalitarismo y de los abusos de la venalidad.

Pronto quedaremos a la intemperie, y al igual que el yerno de Tomás Moro cuando instaba a su santo suegro a traicionar su conciencia para salvar el cuello firmando la declaración exigida por el rey, veremos muy decerca el rostro del Mal sin leyes que nos defiendan de su hálito venenoso.

La política práctica casa mal con las estrategias a largo plazo y con las convicciones morales sin plazo. Se mueve demasiado a menudo arrastrada por la impaciencia por alcanzar el poder, que nubla el paisaje lejano, y por el autoengaño que confunde la carencia de escrúpulos con la ética de la responsabilidad, anulando cualquier asomo de virtud.

No es extraño, en este contexto de desastres, que uno de los libros de cabecera de Pasqual Maragall, según confesó en una de esas entrevistas que intentan ahondaren el personaje, sea "El sabio y la política" de Max Weber. El gran sociólogo alemán jamás pudo llegar a suponer hasta qué punto su célebre ensayo serviría de coartada a una legión de desaprensivos que se aferrarían en el futuro a sus inspiradas páginas para justificar las atrocidades más pavorosas y las miserias más repulsivas.

Dos son las acusaciones que caen como un látigo restallante sobre el diputado, concejal o ministro que intenta conciliar su tarea ejecutiva o legislativa con unas mínimas reglas éticas o con algo de rigor mental, la de fundamentalista y la de intelectual, estigmas despiadados que arrojan al réprobo culpable de tales debilidades a la cuneta de los partidos.

Pese a todo, hay que seguir luchando, inasequibles al desaliento, porque del forcejeo continuo con la idiotez, el oportunismo y la codicia saltan esporádicamente relámpagos de grandeza, de heroísmoo de belleza que compensan el espectáculo deplorable de tanta bajeza y tanta cobardía.

Hemos vivido razonablemente bien durante tres décadas dando por válidas dos hipótesis que el tiempo y la experiencia han revelado falsas: la primera es que los partidos nacionalistas son fuerzas políticas como las demás, que por encima y más allá de sus objetivos concretos y de su particular ideología, comparten con el resto de la sociedad española unos fundamentos morales y un marco constitucional que, abstracción hecha de sus excesos verbales o de sus gestos desafiantes, respetarán en toda circunstancia sin romper la baraja que se reparte civilizadamente sobre el tapete verde de la democracia; la segunda es que los dos grandes partidos nacionales, el centro-derecha y el centro-izquierda moderados e ilustrados, están dispuestos permanentemente a cerrar filas con el fin de defender sin vacilaciones la Constitución y el gran pacto civil de la Transición si falla la primera hipótesis.

Esta construcción ingenua se ha venido abajo sin disimulo posible desde que José Luis Rodríguez Zapatero comenzara su mandato como presidente del Gobierno. Los españoles que deseamos seguir siéndolo, y que aún somos por fortuna una abrumadora mayoría, hemos de entender lo que está sucediendo en este período aciago de nuestra historia común, porque si no sabemos lo que nos pasa, como se lamentaba Ortega, lo que se avecina será muchopeor de lo que imaginamos.

Y lo que pasa es que uno de los dos grandes partidos nacionales ha cedido a la tentación diabólica de un trueque fáustico: ha entregado España a los nacionalistas a cambio del poder eterno. En efecto, el plan del actual inquilino de La Moncloa es ya transparente, por mucho que intente disfrazarlo con seráficas apelaciones al diálogo y a la armonía de las esferas celestes.

El Estado capitulará ante ETA, porque la frase «sin vencedores ni vencidos», cuando la otra parte es el crimen organizado, indica que las instancias democráticas están dispuestas a rendirse a los asesinos, Cataluña y el País Vasco serán segregadas del conjuntode la Nación como micronaciones cuasi-soberanas consagrando el principio de legitimidad étnico-lingüístico como superior al racional-democrático, y el Partido Socialista en justa compensación ocupará durante generaciones el puente de mando de un Estado residual sin alma nacional que paseará por el mundo su irrelevancia y su deshonra.

Pero no hemos alcanzado este punto trágico de la noche a la mañana, sino que la catástrofe presente es el fruto de un dilatado proceso de renuncias, egoísmos, pusilanimidades y vanidades en el que las culpas, si bien no se reparten uniformemente, sí salpican a todos.

Hay quien ha observado, desde una perspectiva indudablemente realista, que sin acuerdos con los nacionalistas Aznar no hubiese sido presidente del Gobierno en 1996. Esa es una gran verdad, como tampoco lo hubiese sido Felipe González en 1993, ni Zapatero en 2004. El problema es que este tipo de maniobras tiene un recorrido de longitud finita - al salchichón ya no le quedan rodajas que cortar — y que hemos llegado a la estación término, en la que nos van a obligar a cambiar de tren y salir hacia un destino desconocido. Volvemos a la cuestión de la mirada larga y los principios frente al regate corto y al pragmatismo demoscópico.

Los errores se pagan y las flaquezas conducen a la derrota. Ahora se trata de salir del hoy o antes de que empiecen a echarnos tierra encima y no creo exagerar si señalo que el margen de tiempo y espacio que nos queda es desoladoramente escaso.

Es muy difícil, por no decir imposible, que un solo partido vertebre a la Nación. Por tanto, es imprescindible que la Nación despierte y se pronuncie, de tal forma que su voluntad inequívoca y masiva abra la salida regeneradora del impasse enfangado en el que nos debatimos. La misión del único partido que persiste en navegar, aunque con elcasco dañado y las velas hechas jirones por la tempestad, por las aguas constitucionales manteniendo su compromiso firme con la sociedad abierta, consiste en esta hora decisiva en exponer sin ambages ni complejos ante la ciudadanía la gravedad de la situación que atravesamos y llamarla a las urnas en las próximas elecciones generales con una propuesta de reforma constitucional que corrija aquellas deficiencias de nuestro presente ordenamiento que nos han colocado, por la desidia de unos y la traición de otros, al borde del abismo.

El miedo a ser acusado de catastrofista ha de ser superado y el ánimo para reforzar la cohesión nacional, devolver al Estado competencias que nunca debió ceder y recuperar el orgullo de pertenecer a una de las democracias más avanzadas y prósperas del planeta, no ha de declinar ni un ápice porque la reserva de energías almacenada en la Constitución de 1978 para mantener unida la Nación se haya agotado.

Si los españoles perciben la magnitud del peligro y se les ofrece un liderazgo valiente, inteligente y honesto que les oriente en la tribulación y el desconcierto que hoy les posee, lo seguirán sin vacilar. La comodidad, la pereza, la inercia o el encogimiento han de ser descartados y el lastre compuesto de tibios,camaleónicos y cínicos echado sin contemplaciones por la borda.

Zp busca camorra
José María Martín Coronado Periodista Digital 30 Abril 2006

Este hombre no escarmienta. No sale de una y se mete en otra. Está buscando camorra continuamente. Haciéndole un favor y juzgándole benévolamente, quiero creer que, además de ser un ignorante, está algo desquiciado, porque si las cosas que hace o inventa surgieran de una mente equilibrada, sería para asustarse.

No contento con alcanzar la Moncloa, al socaire de un montón de muertos en atentado terrorista - como acredita el Juez que instruye las diligencias- ni con permitir, tras haberlo propiciado, el separatismo catalán, ni con pactar con los terroristas y ayudar a la secesión de las Vascongadas con el cuento de que “la paz está más cerca que nunca”, se ha metido en tros dos problemas de la mayor trascendencia:

Primero: Reivindicar la República y tener la desfachatez de decir que la España actual admira el espíritu democrático y el buen gobierno de aquel nefasto régimen, lo que demuestra que es un ignorante sin recuperación posible.

Tal vez le salve el hecho de que no hubo tal República sino un régimen tiránico y caótico en manos de utópicos republicanos y jacobinos comunistas, socialistas y anarquistas.

Segundo: tener el propósito de lograr, en los próximos meses, una “Ley de Memoria Histórica”. Aquí sí que se ha metido en un terreno resbaladizo porque cuantos vivimos aquella República y su secuela, la guerra civil, también tenemos memoria –y bien triste, por cierto,- de aquellos días.

Y, puestos a recordar abuelos asesinados, monjitas violadas, Obispos y Sacerdotes torturados y masacrados, trenes de la muerte, templos incendiados, museos expoliados, bancos asaltados, checas, minas abandonadas convertidas en sepulturas, paredones y zanjas repletas de cadáveres, también podríamos contar muchas cosas. Y las tendremos que contar para que las generaciones futuras conozcan la Historia real y no la manipulada.

Zapatero debe echarle un vistazo a las Memorias de Azaña para aprender lo que fué aquella República y sobre todo,para no olvidar aquel patético discurso en el que suplicaba “paz, piedad y perdón”.

Lejos de ello, Zapatero está atizando el fuego continuamente. Le gusta buscar camorra. Su sectarismo es idéntico al de Azaña. De la República no ha aprendido absolutamente nada.

Con este preludio de cuanto está haciendo y proyectando, nos va a llevar a una nueva estructura de Estado y a un nuevo régimen político por lo que la Corona está en entredicho. Y, aún más, si como los socialistas reiteran, el Rey fué hechura de Franco.

Es obvio que Zapatero está dando jaque al Rey. Y lo más triste es que el Rey sigue sin enrocarse.

José López

Zapatero y sus chicos son mentirosos por partida doble según El País y Maragall
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 30 Abril 2006

Llevo ya no se cuantos de estos comentarios con un titular similar, Zapatero miente según tal o cual de los suyos. Ya no se si calificarlo de cúmulo de mentiras con patas o de mentiroso compulsivo, pero ninguna de sus flagrantes mentiras parece que le repercute lo más mínimo. Eso si, tal vez me gusta más calificarlo de Zapatero, el hombre de talante mendaz y el único con capacidad demostrada de mentir incluso cuando dice la verdad.

Un hombre que el día de la masacre del 11M, estando convencido de que la autoría era de ETA con la que llevaba ya negociando a escondidas más de un año es capaz de asperger al país con varios litros de lágrimas de cocodrilo y lamentos sin cuento es capaz de todo, y cuando digo todo es todo mentir a mansalva incluido.

Hoy para variar le llaman mentiroso el periódico de su Jefe Polanco y su correligionario Maragall.

Comencemos por el diario El País en el que nos informan de que ETA sigue extorsionando mientras Zapatero dice que todos los chicos de ETA se habían convertido en buenos chicos amantes de la paz. La noticia la titulan “ETA moviliza a sus simpatizantes para que aporten dinero y eviten su asfixia económica “ aquí hay que traducir porque la aportación de dinero se refiere a la extorsión al pormenor obligando a pequeños negocios a pagar el impuesto revolucionario bajo la modalidad de bonos. Es en el subtitulo donde al decir “La banda recurre a la venta de bonos por la caída de ingresos por extorsión tras el alto el fuego “ nos confirman que la extorsión no ha desaparecido, solo ha caído la cantidad recaudada.

En el cuerpo del artículo confirma que ETA sigue recaudando el impuesto revolucionario, a pesar de que Zapatero dice que no lo hacen. El País informa “La organización es consciente de que en el actual proceso de fin del terrorismo, en ausencia de atentados y de kale borroka, el miedo se irá diluyendo y cada vez serán menos los extorsionados que paguen el llamado impuesto revolucionario.”

El País insiste en que Zapatero miente al informar que “Miles de pequeños comercios de Euskadi y Navarra pagan o han pagado de forma mensual una contribución a la banda, para evitar problemas en sus establecimientos, tal y como reconocen todos los servicios antiterroristas.”

Y para finalizar, El País dice que Zapatero es mentiroso al calificar los bonos como extorsión y repetir que se están recaudando después de la tregua, hoy mismo. “Este método de extorsión es directo: un conocido miembro de la izquierda radical abertzale deja un sobre en el local, con un recibo y la cantidad a pagar. Días después, se pasa a recoger los sobres. De esta manera recauda ingentes cantidades de dinero en cada localidad”.

Siento tener que decir que no he conseguido hallar un motivo por el que El País llama mentiroso tan repetidamente a Zapatero, pero yo al menos digo “Don Jesús muchas gracias”, porque al fin alguien responde a mi inquietud de saber que más importante que los matasellos de las recientes cartas de extorsión era la respuesta a la pregunta ¿a día de hoy ETA sigue recaudando el impuesto revolucionario?, y que Don Jesús me ha respondido. Repito aquí tiene Don Jesús un agradecido.

Lo de Maragall también es una imputación de mendacidad a Zapatero reiterada, cuando dice que Cataluña es una nación y que España es una nación de naciones, está llamando mentiroso a Zapatero que se hartó de decir, acompañado de Rubalcaba, para variar, y otros que el nuevo estatuto no declara que Cataluña sea una nación.

Me gustaría que Maragall cambiase su discurso y dejase de jodernos a los murcianos.
España no es una nación de naciones, ya que es una nación de naciones de naciones porque cuando hagamos el nuevo estatuto de Murcia y nos declaremos como nación, yo seré el primero que apoye el que Cartagena también sea una nación dentro de la nación murciana y esta a su vez lo sería dentro de la nación española. De ahí se desprende que la definición correcta de España es la de una Nación de naciones de naciones.

Y eso dejando la puerta abierta a la ampliación de la definición, pues si como ya explique hace unos días, La Manga quiere declararse una nación dentro de la nación cartagenera, cosa a la que creo tiene todo el derecho del mundo, eso convertiría a España en una Nación de naciones de naciones de naciones.

Maragall toma nota hombre y no seas tan cruel con el resto de naciones que te rodean.

La hoja de ruta de Zapatero al infierno requiere la mentira, la ocultación, y la falsedad, y este apartado como ven lo está cumpliendo Zapatero con maestría y perseverancia.

Navarra: tan cerca y tan lejos del País Vasco
Pese a la presión que ejercen, los partidos a favor de la anexión con Euskadi sólo representan al 20%. Los que hablan vascuence son menos
Carmen Gurruchaga La Razón 30 Abril 2006

Madrid- El más que posible protagonismo de Navarra en una posible negociación entre ETA y el Gobierno convierte estos días a la comunidad foral, con sólo 600.000 habitantes, en el eje de la política española. Y eso pese a que sólo uno de cada cinco navarros vota nacionalista y una cifra aún menor habla euskera. El resultado de las autonómicas de 2007 será determinante para el devenir de esta comunidad. Una Legislatura en la que si el centro-derecha navarro no revalida la mayoría absoluta, los socialistas tendrán la llave. Dependiendo de hacia dónde dirijan sus apoyos, la comunidad foral se acercará o se alejará de Euskadi. En caso de que opten por trabajar con los nacionalistas, no será la primera vez que lo hagan.

El Viejo Reino está dividido geográfica e ideológicamente en tres partes: los nacionalismos, con un 20 ó 25%; el socialismo, con un 30% y la derecha navarra, con más o menos un 40 por ciento.

La sociedad de ideología nacionalista se ubica en el norte, desde Pamplona hasta Guipúzcoa, una zona en la que el euskera es de uso común y tiene rango de cooficialidad con el español. Los constitucionalistas y castellanohablantes -socialistas y derecha navarra- se sitúan en el suroeste, hacia Logroño, donde se localiza la región vinícola y en el sureste, hacia Zaragoza, donde viven los «navarristas».

Ni oír hablar del euskera.
En esta región se encuentra la famosa comarca de La Ribera, en la que la inmensa mayoría de sus habitantes no quieren ni oír hablar de la comunidad autónoma vasca ni del euskera.

Las bases de La Ribera, bajo amenaza de abandonar el partido, obligaron en 1983 a Gabriel Urralburu a formar el PSN para que dejara de ser una parte del Partido Socialista de Euskadi. Asimismo, le impusieron que cambiara sus postulados políticos y dejara de defender la integración de Navarra. Les hizo caso y su candidatura fue, por primera vez para los socialistas navarros, la lista más votada con el 35,8%. En cualquier caso, UPN y PSN sumarían mayoría absoluta si juntaran sus votos, pero no lo hacen. En la actualidad parece que las iniciativas van a ir en sentido contrario, hacia una coalición no formal del socialismo con el nacionalismo.

En la Legislatura actual, la derecha navarra, con casi el 42 por ciento de los sufragios, tiene mayoría absoluta gracias a su pacto con la CDN, una escisión de la propia Unión del Pueblo Navarro. El apoyo a los socialistas es fluctuante y tiene vasos comunicantes tanto con la derecha como con el nacionalismo, lo que muestra la diversidad de su electorado. Si cualquiera de estos grupos mejora su resultado en los comicios autonómicos, suele ser habitualmente en detrimento del PSN.

Con estos antecedentes parece poco probable que los socialistas se suiciden, políticamente hablando, y se presenten a los próximos comicios de 2007 defendiendo la unidad territorial entre las dos comunidades.

La acción o inacción de ETA contra la sociedad navarra influye, de manera exagerada, en el apoyo de la ciudadanía a los partidos nacionalistas. Así, en la Legislatura en la que obtuvieron un mejor resultado electoral (1987-1991, con un 27 por ciento) se vivía con la esperanza sobre el fin del terrorismo que auspiciaba la preparación de las Conversaciones de Argel.

La peor, con un 13,78 por ciento, la de 1995-1999. Unos años en los que ETA extendió el terror a toda la sociedad con el auge del terrorismo callejero y la amenaza y asesinato del concejal del Partido Popular en San Sebastián Gregorio Ordóñez.
El uso del euskera en Navarra es el otro «caballo de batalla» de los nacionalistas. En noviembre de 1980, el Parlamento Foral aprobó con el voto a favor de todos los grupos políticos, desde PSOE a Herri Batasuna, y con el contrario de UPN y UCD, la cooficialidad del euskera y del castellano y la incorporación de este principio al Amejoramiento del Fuero navarro.

Lengua y nacionalismo.
Pero los dos partidos «españolistas» aprovecharon su mayoría en la comisión negociadora para rebajar esa declaración y confinar la oficialidad del euskera a las zonas vascoparlantes. Los «navarristas» creyeron que evitando la transmisión del euskera en la mayoría de las zonas de Navarra, éstas no podían ser incluidas en «lo vasco» y que «la contención de la lengua vasca es una contención a la expansión del nacionalismo vasco».

Pero el tiempo ha demostrado que se equivocaron en las dos consideraciones porque, desde hace casi 30 años, en toda la geografía navarra existen colegios en los que se estudia en euskera, con un creciente aumento de alumnos, sin que esto haya supuesto el menor crecimiento electoral del nacionalismo vasco. Si los nacionalistas vascos se quejan de la imposición del castellano, los navarristas dicen lo mismo, pero en su caso del euskera.

La interrogante navarra
Las sospechas levantadas por Miguel Sanz sobre el papel que esté jugando la comunidad en el diálogo entre el Gobierno y ETA reabren la polémica sobre su relación con Euskadi
DAVID GUADILLA d.guadilla@diario-elcorreo.com/BILBAO 30 Abril 2006

Fue hace menos de dos semanas.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, visitaba Pamplona y lanzaba una advertencia: «Navarra no será moneda de cambio en el proceso de paz». A su lado, Miguel Sanz, presidente autonómico y de la formación regionalista Unión del Pueblo Navarro, iba un paso más allá y sostenía que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está negociando con ETA el futuro de la comunidad. Se habló de cesiones políticas, de la creación de un órgano de colaboración permanente con el País Vasco... Se abría la caja de Pandora a un año de las próximas elecciones forales, unos comicios que algunos consideran el factor clave para entender esta polémica.

Desde que, el pasado 22 de marzo, la banda terrorista anunciase el alto el fuego permanente, Navarra ha copado titulares: cartas de extorsión a empresarios, atentado en Barañain, palabras de Sanz, respuesta de Batasuna... Regresaba una inquietud permanente que anida en buena parte de la ciudadanía de esta comunidad y que el profesor titular de Sociología de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Josetxo Beriain, explica con una simple frase: «Muchos ciudadanos en Euskadi temen ser invadidos por los 'españoles', pues en Navarra hay muchas personas que tienen el mismo miedo pero respecto a los vascos».

Justificado o no, ese recelo existe. Y el último cruce de declaraciones lo ha intensificado en una comunidad con determinadas especificidades. Sin llegar a los 600.000 habitantes -frente a los más de dos millones de Euskadi-, los escaños del Parlamento foral se los reparten hasta seis grupos; la opción nacionalista es minoritaria -en las últimas generales no alcanzó el 18% de los votos-; y el partido mayoritario desde 1991, UPN, tiene como uno de sus principales objetivos hacer una Navarra «segura en sus instituciones frente a las posturas anexionistas y soberanistas del nacionalismo vasco».

En este escenario, la simple sospecha de que Navarra esté siendo tema de conversación entre el Gobierno y ETA -avivada por algunas noticias en las que se especula sobre un pacto alcanzado entre el PSE-EE y Batasuna para crear un órgano común entre las dos comunidades- ha encendido todas las alarmas. Aunque el Ejecutivo central ha recalcado que «no se pagará precio político por la paz», este mensaje no ha calado en amplios sectores de la sociedad. Y menos en el Gabinete de Miguel Sanz, cuyo portavoz y secretario general de UPN, Alberto Catalán, reclama a Rodríguez Zapatero «menos ambigüedad» y que aclare si, tras las elecciones forales de 2007, va a defender la creación de lo que algunos han llamado 'dieta vasco-navarra' o Parlamento común.

Que este órgano haya estado en una mesa previa de negociación con la banda terrorista o Batasuna es algo que muchos sospechan, pero sobre lo que casi nadie tiene certezas. Sólo hay declaraciones, la mayoría destinadas a satisfacer los oídos de los propios seguidores de quien las pronuncia. Sin embargo, más allá de las manifestaciones públicas, tanto desde el Partido Socialista como desde el nacionalismo se resta trascendencia al papel que haya podido jugar la creación de esta 'dieta' en los contactos con ETA. Los hay, incluso, que van más lejos. «No sólo no es verosímil, si no que no puede ser verdad por una simple razón: ETA siempre ha estado en contra de este tipo de órganos», afirma Patxi Zabaleta, coordinador de Aralar, la formación nacionalista más votada de las que están en el Parlamento foral.

«No toca»
Sin rechazarlo de forma explícita, Batasuna se limita a señalar que esta cuestión «no toca». Su portavoz, Pernando Barrena, recalca que se trata de un «debate adelantado», que podrá ser puesto en su momento encima de la mesa. Pero, primero, insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo sobre el derecho a decidir y achaca a un «gran nerviosismo» las palabras de Sanz. Y añade otro dato: «Nos consta que en el eventual diálogo que puedan establecer Batasuna y el Gobierno, no van a tratar temas políticos. Eso es cuestión de los partidos».

Algunas fuentes llegan a minusvalorar la importancia que, en la actualidad, pueda tener para Batasuna la celebración de un hipotético referéndum en Navarra para decidir su posible incorporación a Euskadi, con un mapa político en el que las opciones abertzales son minoritarias. En palabras del profesor Beriain, la unificación en una sola entidad administrativa de todo 'hegoalde' es para la izquierda abertzale una especie de «objetivo bíblico que sabemos que no se puede conseguir, pero que vamos a reclamar».

La totalidad de formaciones nacionalistas -Batasuna, Aralar, EA y PNV- insisten en recalcar que, aunque la comunidad foral hubiese entrado en esas negociaciones, la última palabra corresponde a la ciudadanía. «Todo esto no son más que mentiras y difamaciones del señor Sanz para sacar rentabilidad», resalta Begoña Errazti, presidenta de EA y portavoz parlamentaria. «Navarra nunca será moneda de cambio porque sólo será lo que quieran los navarros», puntualiza José Ángel Aguirrebengoa, presidente en esta comunidad del PNV, un partido minoritario que no llega a los 200 afiliados y que, desde la escisión de EA, no ha vuelto al Parlamento foral en solitario. En las últimas elecciones, ambas formaciones se presentaron en coalición.

Pero, aunque aún no se hubiese negociado, ¿cabe la posibilidad de que el alto el fuego abra la puerta a una unión entre Navarra y Euskadi? «Nosotros no defendemos integraciones, sino que la sociedad decida su futuro», matiza Errazti. Realmente, casi nadie ve factible esta 'federación', algo que, por otra parte, prohíbe de forma explícita la Constitución.

El catedrático de Derecho Constitucional Alberto Pérez Calvo dibuja los pasos que conducirían a esa anexión, «algo que parece bastante difícil, por no decir casi imposible». «Deberían ganar las elecciones los partidarios de la incorporación, esta mayoría debería aprobar un texto que apoyase la integración y, finalmente, el pueblo de Navarra debería ser llamado a referéndum», desgrana Pérez Calvo.

Desde el Partido Socialista de Navarra, su secretario general también lo descarta. Carlos Chivite cree que los proyectos nacionalistas «más modulados han dejado de hablar de anexión. No son más que palabras irresponsables de Sanz». El PSN es a quien el Ejecutivo foral lanza más críticas, acusándole de ceder en sus posiciones. «El problema de UPN es que son conservadores hasta en el pensamiento», rebate Chivite, un político que defiende con énfasis la navarridad de una formación que durante los primeros años de la democracia estuvo fusionada con el PSE, un pasado que sus adversarios emplean para poner en duda la fortaleza de sus planteamientos.

Disposición Cuarta
Uno de los pocos que salen en defensa del máximo mandatario foral es su socio de Gobierno, Juan Cruz Alli, ex presidente de la comunidad y líder de CDN. A su juicio, «no hay certeza metafísica», pero sí «parece verosímil» que el papel de Navarra esté «encima de la mesa». Y en este juego de «inquietudes y preocupaciones», cobra especial relevancia la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución.

Este epígrafe de la Carta Magna deja abierta la posibilidad de que Navarra se incorpore a Euskadi si así lo decide el Parlamento autónomo y luego es ratificado en referéndum. La Disposición Cuarta se ha convertido en un caballo de batalla para UPN, que reclama su derogación, una petición a la que se suma CDN. Para los socialistas, esta Disposición no es ningún problema, aunque tampoco la defienden con entusiasmo, algo que sí hacen los nacionalistas. El profesor de Sociología Josetxo Beriain es de los que considera que «no constituye un peligro y no la quitaría». Pero también reconoce que, si el debate se produjese en la actualidad, «tendría serias dudas sobre su conveniencia». Unos recelos que quedan plasmados en el Amejoramiento -una norma legal similar al Estatuto, pero con la peculiaridad de que no ha sido sometida a referéndum- que deja claro a través de una Disposición Adicional que el Parlamento foral «ejercerá la iniciativa para la separación de Navarra de la comunidad a la que se hubiese incorporado».

Para muchos, estas susceptibilidades tienen su origen en los planteamientos abertzales, lo que el profesor de Historia del Pensamiento Político de la UPNA Jesús María Osés califica como «ansias anexionistas». Y que, además, se entremezclan con otra peculiaridad: la existencia al norte de Navarra de una zona de marcado carácter euskaldun, diferenciada de la Ribera. «No se trata de crear una relación especial con Euskadi, pero sí hay una realidad y una lengua compartida que no podemos negar», puntualiza Chivite.

Y en el horizonte, las elecciones forales de 2007. «Vamos a trabajar porque haya un cambio de Gobierno en Navarra», afirma Barrena. Serán estos comicios los que aclaren muchas cosas. Si UPN y CDN no alcanzan mayoría absoluta, algunos ya hablan de una alternativa conformada por socialistas y nacionalistas que podría abrir la puerta a un referéndum. Una opción para la que, casi seguro, sería necesario un pacto entre Batasuna -siempre que fuese legal- y el PSN. «Eso es un debate adelantado», repite Barrena.

Los «Ciutadans» invisibles
La plataforma antinacionalista de Boadella sufre una controversia interna que frena su estrategia. «Hemos bajado nuestra intensidad», admiten
Marcos Pardeiro La Razón 30 Abril 2006

Barcelona- La «deriva nacionalista» del PSC al acceder al Gobierno de Cataluña motivó la reflexión de 15 intelectuales que, en junio de 2005, presentaron un manifiesto propugnando la creación de un nuevo partido en Cataluña. La nueva fuerza nacería con el compromiso de borrar de sus preferencias las políticas centradas en la identidad colectiva, después de 25 años de obsesión por la «construcción nacional». Así se gestó Ciutadans de Catalunya, una asociación que, hoy por hoy, apenas ha definido su modelo organizativo de su formación debido a que las ideas que se están cruzando son «demasiado distintas».

No es extraño que así sea, ya que a Ciutadans han ido a parar sectores procedentes de la izquierda más ortodoxa (Izquierda Unida) junto a otros que se consideran de una izquierda más moderada (socialistas). Con el ánimo de no escorarse en el espectro ideológico, rostros visibles de la (des)organización como Francesc de Carreras y Félix Pérez prefieren situarse en un espacio de centro-izquierda. Es decir, que su ánimo es constituir una especie de PSOE en Cataluña que defienda España «sin la boca pequeña» como una «nación de ciudadanos». «Que no tenga el complejo de inferioridad de Manuela de Madre y de Montilla», dijo un «Ciutadà» en un acto. No obstante, el perfil de posibles electores que se dirige al nuevo partido no coincide con lo que habían soñado sus creadores, (pocos votantes del PSOE se interesan por el proyecto) ni tampoco sus promotores consensuan una ideología clara.

Sólo 2.000 socios. Este grupo no cuenta, a día de hoy, on más de 2.000 socios que pagan una cuota mensual de 10 euros. Su número de afiliados no es muy elevado -el Balonmano Granollers tiene los mismos-, y el de simpatizantes es inferior a 15.000.

Los respaldos, además, se limitan a la provincia de Barcelona; de las 40 agrupaciones que han creado en el conjunto de la autonomía, tres cuartas partes se sitúan en la capital catalana y en su ámbito metropolitano. Apenas hay «Ciutadans» en Gerona, Tarragona y Lérida después de casi un año de proceso.

Internet ha sido el mejor aliado, prácticamente el único, de esta plataforma para darse a conocer debido al escaso compromiso humano. Los impulsores de la formación política mantienen su actividad privada y no se conoce la figura del tipo que se echa el día pisando el territorio, haciendo partido. Por eso, se les acusa de ser unos «intelectualoides» que flirtean con la actividad política sin verdadera dedicación. Entre la clase política catalana se habla dels Ciutadans como meros provocadores con ganas de llamar la atención. Y en algunos casos concretos, inclusive se comenta que su ataque a los socialistas y especialmente a Pasqual Maragall se debía al despecho por no ser premiados con algún cargo en el nuevo Gobierno tripartito catalán, después de haber defendido en público y privado Maragall frente a Jordi Pujol o su heredero político, Artur Mas.

Divergencias.
Su único momento de gloria fue el pasado marzo en el Teatro Tívoli, donde reunieron a 1.800 personas y varios centenares se quedaron a las puertas. Aquel 4 de marzo, De Carreras proclamó que la iniciativa no era «puro humo». «Lo del Tívoli fue un esfuerzo impresionante. Después, bajó la intensidad», opina el antropólogo Félix Pérez.

No obstante, el «hartazgo del nacionalismo» mantiene vivo el entusiasmo de los padres de la criatura para constituirse en partido, a pesar de que incluso existen voces que auguran una pronta disgregación. Será en julio cuando se celebre un congreso que escogerá una cúpula directiva y aprobará una base programática de cara a las próximas elecciones autonómicas.

Los dirigentes no serán muy populares, ya que los personajes más conocidos (exceptuando el dramaturgo Albert Boadella), De Carreras y Arcadi Espada, no parecen estar dispuestos a convertirse en cabezas de lista. De hecho, las diferencias entre ambos «líderes» son la mejor muestra del mal momento que atraviesa Ciutadans de Catalunya desde su puesta en escena en el Tívoli. «Nada es irreconciliable, yo creo que habrá consenso», asegura, no obstante, el portavoz de la plataforma, Roger Corcho, a este diario.

Entretanto, Ciutadans de Catalunya continúa con sus presentaciones en barrios de Barcelona y otras localidades. «Nos llaman y vamos», resume el portavoz. Como los cazafantasmas, los Ciutadans acuden a donde se precisa y ahuyentan los espectros nacionalistas sin articular una alternativa mínimamente sólida. «CiU, PSC, ERC e ICV son el PUC (Partido Unificado de Cataluña). Aquí sólo tenemos el PUC y el PP», acertó a decir el profesor De Carreras en una renovada versión de lo que la prensa bautizó como cuatripartito. Y, apocalíptico, remató: «Si fracasamos será muy difícil hacer política en Cataluña». Fue en un reciente acto celebrado en el distrito barcelonés de Horta Guinardó, donde se congregó un centenar de personas. En esta ocasión, los organizadores fracasaron estrepitosamente en su intento de captar a seguidores de la plataforma-partido, al igual que ha ocurrido ya en otras ocasiones. Estos actos, junto a los artículos que publican sus notables en la prensa, son todo el fundamento de la acción de esta asociación.

Próxima función, en el Reina Victoria. Ciutadans se opone al Estatut y piensa llevar a cabo alguna acción política concreta. Hace pocos días, la asociación ha puesto en marcha varios grupos de trabajo, varias comisiones, que deben discurrir cómo proyectar su posicionamiento. Hasta ahora, sólo han emitido el diagnóstico de la enfermedad que padece Cataluña porque no parecen conocer la fórmula magistral que recuperará al paciente. Tan sólo han descubierto el modo de entretenerlo. Próxima función: teatro Reina Victoria, Madrid, el próximo 9 de mayo.

Otro gallego Nueve siglos de «fala» extremeña
Por ALFONSO ARMADA ABC 30 Abril 2006

Fala galego» en Extremadura? La propuesta del Bloque Nacionalista Galego de alentar el uso de la lengua de Rosalía de Castro fuera de los lindes territoriales de la comunidad, «incluso también en tres localidades de Cáceres», despertó la ira del presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, martillo de nacionalistas, que pidió a su correligionario socialista al frente de la Xunta que hiciera caso omiso de «los torpes cantos de sirena de estos aprendices de brujo». Las furias volvieron a su cauce, pero el rifirrafe hizo que se volviera a hablar del insólito fenómeno de «la fala», la lengua que desde hace nueve siglos se habla sólo en San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno, tres pueblos de la comarca de la Sierra de Gata, al noroeste de Cáceres, tierra bien regada, de clima amable, con huertos, robles, pinos y olivos.

La lengua es románica, de matriz gallego-portuguesa, con reminiscencias astur-leonesas, aroma de castellano antiguo e incluso del ladino que los sefardíes se llevaron consigo. «A fala» se habla desde la friolera de nueve siglos, tras la Reconquista. Fernando II y Alfonso IX «trajeron un habla, una orden militar con bienes y poderes hasta la desamortización, unos repobladores, cultivos y vivencias que perduran, como la lengua, aunque ir de aquí a Mérida o Cáceres supusiera la misma distancia que venir de allí a aquí y eso del aislamiento de este valle nos haga sonreír, al menos a mí que he tenido la suerte de pisar con cariño y entrega a Extremadura entera», escribe Domingo Frades, presidente de la asociación Fala i Cultura, miembro correspondiente de la Real Academia Galega, autor de un precioso «Callejeiru mañegu» (de la villa de San Martín) y de «Vamus a falal. Notas pâ coñocel y platical en nosa fala», que va por su segunda edición, y concejal independiente de simpatías socialistas que hace once años ayudó a rotular en bilingüe (castellano y fala) todo el nomeclátor urbano de San Martín.

Comenzó la repoblación de las tierras de la Transierra, hoy frontera de Portugal y noroeste extremeño, en los siglos XI y XII con familias enteras de Galicia, Asturias y León, que milagrosamente han conservado «el habla», un idioma de expresión tan sólo oral hasta bien entrado el siglo XX, cuando se publicaron revistas como «A Furniga», que editaban Frades y otros compañeros universitarios en la Salamanca de 1948, «A Chocolateira» y «Anduriña» (golondrina).

Variedad y unidad
De los casi 6.000 vecinos que suman los tres pueblos alineados como para jugar a tres en raya en la sierra gatuna, el 90 por ciento «falan a fala», si bien con variantes locales: en Sa Marti de Trevellu es más puro y se llama mañegu, en As Ellas se llama lagarteiru y es más arcaico, y en Valverdi du Fresnu, el valverdeiro, pese a hallarse junto a la frontera, es el más castellanizado: por ser aduana eran muchos los guardias y policías que al venir de fuera hablaban sólo castellano. «Pero no varía la unidad sustancial del idioma», apunta Frades.

Salen al umbral («lumbral») de su casa de piedra las tres juntas, tres generaciones de «falantes»: la «güela» Carmen Domínguez, de 80 años; la hija mayor, Teresa, de 52, y la nieta, María, de 5. Se asombran de que el interlocutor entienda su «fala», y se hacen aún más hospitalarias al saber que es y habla gallego. María dice que con sus amigas habla la lengua «du lugal» (del lugar), como su madre, su abuela y su tía. Carmen tuvo siete hijos (viven seis), está «viuva» (viuda) desde hace 16 años, y para contar su vida se pone en pie, gesticula como una actriz, y no se muerde la lengua: «Ibarra es medio macareno». Casi todos los «falantes» consultados parecen más molestos con la furibunda reacción de Ibarra que con la propuesta del Bloque. Es como si la ligazón gallega pesara más. Tanto el marido como la hija mayor, Teresa, encontraron en la emigración el sustento que les negó la tierra. No es extraño que a Eljas la llamen «Suiza la chica», porque a ella emigraron muchos vecinos de la Sierra de Gata. Paradójicamente, allí hicieron buenas migas con muchos gallegos, y hasta surgieron matrimonios con esos españoles «que hablaban casi igual». Aunque hay estudios genealógicos que dan cuenta de apellidos gallegos que se han perpetuado en la zona desde el siglo XII, fue un raro reencuentro lejos de la península.

¿Hablan las piedras? Depende de si se tiene el arte de descifrarlas. Es el caso de Frades, que a sus 69 años gasta una retranca que parece galaica. Destila sus muchos saberes tanto en la «boiga» (bodega) que los maestros Wenceslao (Uves) Carrasco y Marián Domínguez han convertido en museo vivo en su maravillosa casa rual Antolina -el mejor lugar para dormir en San Martín- como en el castillo de Trevejo, que pese a su amenazadora ruina todavía deja ver el escudo del gallego Juan Piñero, comendador que fue del lugar: un pino entre dos torres flanqueado por dos gallardetes con el cáliz (Santo Grial) del antiguo reino de Galicia. El estudioso Antonio Corredera, valverdiano de 48 años, recalca la condición oral de la fala, pero rechaza los intentos de portugueses y gallegos de apropiarse una lengua que tiene carácter propio: «De gallego, nada; es una lengua de transición», y recalca la influencia astur en las terminaciones.

Al igual que fueron campesinos y marineros gallegos los que mantuvieron una lengua despreciada por la burguesía -hasta que Rosalía le dio carta de naturaleza noble-, «a fala» ha sido conservada por el pueblo llano, porque nunca se ha enseñado en la escuela (sólo como actividad extraescolar; en Valverde se han estrenado diálogos teatrales en fala) y la Iglesia tampoco lo empleaba. Pero se escucha por todas partes y a todas horas. Es una lengua útil. Los paisanos emplean el castellano con forasteros y fala entre ellos, aunque se da el caso de que los maestros Uves y Marian, propietarios de Casa Antolina, como se enamoraron en castellano hablan en castellano, mientras que con el resto «falan». En sus colegios los alumnos «falan» y en fala se soplan las preguntas que no saben. Si se preservó nueve centurias, es porque «se fala na fala».

Batasuna «marca» a establecimientos de Guipúzcoa que no aceptan el «DNI vasco»
Blanco reitera que, pese a los últimos episodios de «kale borroka» y a las denuncias de nuevas extorsiones, el final del terror «está más cerca que nunca»
VIGO/MADRID  ABC 30 Abril 2006

Batasuna, a través de su asamblea de ex alcaldes y concejales -Udalbiltza-, está marcando a comercios y establecimientos de determinados municipios del País Vasco, en concreto de Guipúzcoa, que no admiten el «DNI vasco» como documento para que los clientes se identifiquen, ya que en su boletín ha procedido a difundir una lista de los que sí lo aceptan, pese a que es ilegal y no está reconocido ni tan siquiera por las autoridades nacionalistas del País Vasco.

La izquierda abertzale considera este «DNI vasco» como una «declaración de nacionalidad vasca» que contribuye a la «construcción de una futura Euskal Herria independiente y socialista». Forma parte de su estrategia de desobediencia civil, ya que intenta que ese documento ilegal sustituya al auténtico Documento Nacional de Identidad. Lo utiliza también para ir elaborando un «censo» de ciudadanos afines a la izquierda abertzale -son aquellos que lo poseen- y hostiles -aquellos que no lo han solicitado-.

El caso es que en el último número de la revista de Udalbiltza se asegura que en las localidades guipuzcoanas de Urrechu y Zumárraga ya existen «guías de uso» sobre qué «entidades, establecimientos comerciales y agentes políticos, sociales y sindicales» permiten que sus clientes o afiliados utilicen el citado carné ilegal para identificarse.

Al mismo tiempo, se añade que guías similares se están preparando en los también municipios guipuzcoanos de Vergara y Mondragón. Así las cosas, la Udalbiltza de Batasuna destaca que el «DNI vasco» ya puede ser utilizado «con toda normalidad cada vez en más lugares», desde que fue lanzado en 2001. El plan para imponerlo a la sociedad vasca estaba incluido en un documento incautado al entonces dirigente de ETA, José Javier Arizkuren Ruiz, «Kantauri», tras su detención en marzo de 1999.

Sin embargo, Udalbiltza no menciona que ninguna entidad bancaria, ni tan siquiera aquellas más próximas al nacionalismo radical, aceptan ese «DNI vasco» para realizar trámites. Así, los representantes de Batasuna, al final, han tenido que utilizar el DNI auténtico para, por ejemplo, disponer de avales con los que abonar las fianzas de Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y otros dirigentes, exigibles para eludir la prisión.

«El fin del terror, más cerca»
Por otra parte, la forma de afrontar el proceso de negociación en ciernes sigue enfrentando al Gobierno y al PSOE con el primer partido de la oposición. Ayer, un día más, el cruce de reproches y acusaciones lo protagonizaron el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, y el secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes,

En Vigo, José Blanco aseguró que el fin del terrorismo en España «está más cerca que nunca», gracias al esfuerzo de todos los partidos políticos y de la ciudadanía en general, pero, sobre todo, de aquellos que han sufrido «en sus carnes la sinrazón y el mazazo del terrorismo». El dirigente socialista añadió que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su equipo han puesto «la bandera de la paz desde el primer día», en referencia a la retirada de la tropas de Irak.

José Blanco criticó la «herencia» dejada por el PP, que, según dijo, redujo durante los ocho años al frente del Gobierno en unos 8.000 efectivos las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras incrementaba la seguridad privada. Dicho esto, contrapuso que en los dos últimos años el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha incrementado en 7.000 el número de efectivos en la Guardia Civil y en la Policía, con el objeto de avanzar en la seguridad de los españoles.

Por su parte, el secretario general del PP, Ángel Acebes, celebró ayer que el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska haya decidido impedir que el «delincuente habitual» Arnaldo Otegi se desplace a Irlanda para, según el dirigente popular, «hacer propaganda de ETA».


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