AGLI

Recortes de Prensa     Martes 9 Mayo  2006
Unos disidentes en la nación de Breogán
Cristina Losada Libertad Digital 9 Mayo 2006

Todos a chupar del Estado
JOSÉ Mª GARCÍA-HOZ ABC 9 Mayo 2006

El fracaso de una legislatura
Editorial ABC 9 Mayo 2006

Siempre nos quedará el cinismo
Teo Uriarte email 9 Mayo 2006

Ahora, responsabilidades políticas
Editorial ABC 9 Mayo 2006

La responsabilidad ministerial
GEES Libertad Digital 9 Mayo 2006

El gobierno del 14-M y sus subordinados delincuentes
EDITORIAL Libertad Digital 9 Mayo 2006

Palos a las libertades
Pablo Sebastián Estrella Digital 9 Mayo 2006

165. El referéndum del Estatuto: ¿más ruido y aún menos nueces?
Ramón Tamames Periodista Digital 9 Mayo 2006

Los príncipes de la paz tienen prisa
Fernando Gallego Periodista Digital 9 Mayo 2006

ETA aplaude a Zapatero.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 9 Mayo 2006

Y ahora, la dimisión de Alonso
Ignacio Villa Libertad Digital 9 Mayo 2006

Arnaldo, arrepentido
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 9 Mayo 2006

Otegi y sus amigos
EDITORIAL Libertad Digital 9 Mayo 2006

La motorizada de Constantino
Pablo Molina Libertad Digital 9 Mayo 2006

POLICÍA POLÍTICA
Editorial minutodigital 9 Mayo 2006

El chandrío catalán
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  9 Mayo 2006

Carod no quiere regalar la bandera
Lorenzo Contreras Estrella Digital 9 Mayo 2006

Teherán gana tiempo
FLORENTINO PORTERO ABC 9 Mayo 2006

La AVT reclama más dimisiones y espera que el presidente pida disculpas
R. N. La Razón 9 Mayo 2006

Lección de Derecho Constitucional
Montserrat Nebrera, Catedrática de Derecho Constitucional La Razón 9 Mayo 2006

Los jueces vascos cuestionan el uso del euskera
ABC 9 Mayo 2006

Un instituto de Ibiza prohíbe la conferencia de una dietista porque iba a ser en castellano
JOSEP MARIA AGUILÓ ABC 9 Mayo 2006

Música y humor por las víctimas del terrorismo
ABC 9 Mayo 2006

España quiere que el castellano sea una optativa en Portugal desde los 10 años
BELÉN RODRIGO. CORRESPONSAL ABC 9 Mayo 2006

El Aula Magna escucha español por segunda vez
ABC 9 Mayo 2006

Los editores advierten de que el préstamo de libros de texto hundirá el mercado en euskera
MARTA FDEZ. VALLLEJO El Correo 9 Mayo 2006

Vigueses por la Libertad
Unos disidentes en la nación de Breogán
Cristina Losada Libertad Digital 9 Mayo 2006

El miércoles, 10 de mayo, celebra su primer acto público la asociación cívica Vigueses por la Libertad. Será, como por su nombre se colige, en Vigo, pero habrá gente de otros lugares, y sobre todo, una delegación de la ciudad rival en lo futbolístico y hermana en las tribulaciones, La Coruña. Los fundadores del tinglado nos hemos aprovechado de la generosidad de Goztone Mora para que sea ella, que encarna como pocos la causa de la libertad frente a sus peores enemigos, quien presente este proyecto. No es una fotocopia de Ciutadans per Catalunya, pero pensamos, en su misma línea, que hay una parte de la sociedad que no tiene voz en el teatro político de nuestra Comunidad, y que asiste cual convidada de piedra a la representación perpetua de la pieza nacionalista. Todos los partidos habitan esa galaxia discursiva y sólo se distinguen por el tono: más bronco o más ligero, más dramático o más bufo. Pero no propugnamos la creación de un partido nuevo. Queremos vertebrar una corriente de opinión.

En Galicia, el sector enmudecido de la sociedad es mayor que en Cataluña. Los dos grandes partidos podrían recuperar la cordura si quienes se ven reducidos a opinar en privado, lo hacen agrupados y en público. Pues hoy todo el espacio público se encuentra colonizado por plantas de la misma especie. Pongamos por caso a los representantes de asociaciones, fundaciones, museos, Colegios profesionales et altri que estos días han desfilado por el parlamento para opinar sobre la reforma del Estatuto, proceso innecesario, pero efecto inevitable de la onda expansiva de la voladura del régimen constitucional con epicentro en ZP. ¿Qué sabios consejos han derramado esas voces de la presunta "sociedad civil"? Con decir que el portavoz de Nunca máis ha sido de los más discretos, se dice todo. La mayoría ha olido la voluntad del amo, y se ha colocado, como los canes, en postura de sumisión. A favor del viento dominante, a lo que diga el poder. Nada extraño en los que viven del erario o buscan el favor del que manda.

Todo un presidente de la Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación declaró que "no tendría inconveniente en aceptar cualquier término para mejorar la situación política y económica de los gallegos". Si el concepto de "nación" trae esa Jauja, que venga. Si es otro, pues otro. A la ley vigente que la zurzan. Los efectos que tendrán la quiebra de la nación y de la igualdad ante la ley, no son asunto suyo. Para el rector de la Universidad de Vigo, "las palabras son lo de menos", lo mismo que para las Asociaciones de Padres de Alumnos, doble prueba de que el declive de la enseñanza viene de arriba. Los ecologistas exigieron la autodeterminación para planear el medio ambiente con los países vecinos (de momento, Portugal). Y la Fundación Rosalía de Castro propuso que Galicia se definiera como "nación de Breogán", que viene a ser como si Renania-Palatinado se constituyera en "la nación de los Nibelungos". Con la tierra mítica celta a la vista, uno se acuerda, no lo puede evitar, del elenco de la mitología germánica que nutrió el imaginario del nazismo.

¿Sociedad civil? Los ejemplares citados sólo representan al establishment, a una casta dirigente amamantada por el poder, incapaz de decir nada que pueda incomodarlo, achantada en la ambigüedad por lo que pueda ocurrir. Pero ellos son los que salen en los periódicos y en la tele. Nadie defiende a los padres que rechazan la "inmersión lingüística" que se hace gracias a las leyes aprobadas con Fraga. Nadie advierte del empobrecimiento cultural y material que viene de mirarse el ombligo identitario. Nadie protesta por los recursos públicos que se destinan a violentar la evolución lingüística de la sociedad. Nadie lamenta el intento de erradicar el español de nuestra tierra. Nadie aclara que todo esto reduce las oportunidades de los gallegos. Nadie osa decir que el membrete de "nación" no es una fórmula mágica y que ningún cuerno de la abundancia verterá dinero y privilegios sobre nosotros si se aplica. Pues bien, para decir estas cosas, para romper con los tabúes de la religión oficial nacionalista, estará a partir de ahora Vigueses por la Libertad. En las últimas décadas, Galicia se había modernizado económica y socialmente. Es hora de que se modernice políticamente. De que aparezcan disidentes.

Todos a chupar del Estado
Por JOSÉ Mª GARCÍA-HOZ ABC 9 Mayo 2006

QUIEN sabe de esto me cuenta que el llamado proceso de paz en Euskadi se trata en realidad de una negociación del Estado con ETA-Batasuna sobre cómo proporcionar un medio de vida a los terroristas encarcelados y a los que todavía están en libertad. Según este diagnóstico, las conversaciones son la primera consecuencia directa de la ilegalización de Batasuna, que sancionó el Tribunal Supremo en marzo de 2003, en virtud a su vez de la aplicación de la ley de Partidos Políticos, consensuada hace cuatro años por el PP y el PSOE.

Como desde entonces Batasuna no ha podido presentarse a ninguna elección de ningún nivel, el entramado terrorista ya no cuenta con el dinero que recibía del Estado desde 1977, al que legalmente tenía derecho de acuerdo con los votos y escaños conseguidos, tanto en el Parlamento nacional como en el vasco, como en los múltiples municipios de Euskadi y Navarra en los que alcanzó escaños de concejales. Pasara lo que pasara y fueran cuales fueran los crímenes de ETA, mensualmente los jefes de Batasuna recibían las subvenciones, que distribuían con impunidad entre su gente, de dentro y de fuera de las cárceles. Adicionalmente, los concejales batasunos se han quedado en la calle y sin derecho al paro. La disciplina paraetarra se queda sin cemento.

Tras la descripción de la situación económico laboral de los terroristas y sus equipos de apoyo, el análisis de mi amigo concluye que toda la retórica sobre Navarra, sobre el derecho de autodeterminación respecto de España y de Francia, es sencillamente eso: necesidad protocolaria de vestir el muñeco con ropajes de negociación política, cuando el tema de las conversaciones se parece mucho más a la resolución de un expediente de regulación de empleo. Dios le oiga. Este de Batasuna-ETA es el ejemplo que mayor escarnio produce, pero en absoluto el único, de que para sobrevivir en la España del siglo XXI se debe andar listo en arrimar el morro a la inagotable ubre del Estado. De los presupuestos generales del Estado viven desde luego los partidos políticos, pero viven también los sindicatos. La mayoría de las fundaciones privadas que en España existen lo hacen con fondos públicos, igual que las organizaciones no gubernamentales, cuya financiación -¡oh paradoja!- sí es abrumadoramente gubernamental.

Como en el popular dilema del huevo y la gallina, no se sabe si esta postración de la sociedad civil se origina en la apatía participativa de los españoles o en la voracidad fiscal del Estado, que deja limpia cualquier cartera antes de que ésta se pueda plantear aportar algún dinero excedente a un fin altruista. Quevedo aconsejó huir de la cólera del español sentado, pero no menos cierto resulta que la América participativa descrita por Alexis de Tocqueville encuentra su pilar económico en el buen trato fiscal que reciben las donaciones del contribuyente norteamericano para organizaciones de interés social. El matrimonio Gates ha recibido el último Premio Príncipe de Asturias a la Cooperación sin duda justamente, porque Bill y su esposa Melisa dedican miles de millones de dólares para justas causas. Nada que objetar a la concesión, pero estoy persuadido de que las grandes fundaciones españolas, como la March o la Ramón Areces, desearían un régimen fiscal equiparable al de la Bill Gates Foundation.

Parece imprescindible reflexionar sobre la esquizofrenia de un Estado que pretende representar simultáneamente su papel y el de la sociedad civil; quizás tal reflexión debería empezar por reconocer que, en una sociedad tan compleja como la española actual, el Estado debería aflojar su presión fiscal para que la ciudadanía pudiera desarrollar acciones específicas en beneficio del conjunto. Porque de no ser así, con la mejor voluntad de todos y el cumplimiento escrupuloso de la ley, ocurre lo que hasta hace sólo tres años estaba ocurriendo: que con el dinero de nuestros impuestos pagábamos el sueldo de los que nos asesinaban.      josemaria@garcia-hoz.com

El fracaso de una legislatura
Editorial ABC 9 Mayo 2006

LAS maniobras de Pasqual Maragall en connivencia con Carod-Rovira, desveladas ayer por ABC, son fiel reflejo del despropósito que se ha instalado en la política catalana. José Montilla, en calidad de primer secretario del PSC, ha salido al paso de las pretensiones del presidente de la Generalitat, alegando que el adelantamiento electoral no está por ahora en la agenda política. Es llamativo, sin embargo, que la vicepresidenta Fernández de la Vega se haya limitado a expresar una obviedad: que la responsabilidad de disolver el Parlamento catalán y convocar a las urnas es competencia de Maragall, de manera que el Gobierno no tiene nada que decir al respecto. La posición de ERC ante el referéndum hace insostenible la continuidad del tripartito. El Estatuto era la gran batalla política de la legislatura y, de hecho, ha servido para tapar sin pudor alguno todas las demás cuestiones. En nombre de la «unión sagrada», el Carmelo o la crisis del 3 por ciento han sido cuidadosamente eliminados del debate público. Esquerra es, además, socio parlamentario de Zapatero en el Congreso. Por tanto, el rechazo de las bases al texto aprobado por las Cortes generales, impuesto a regañadientes a ciertos sectores de la dirección, rompe el vínculo que justificaba tales alianzas y exige su disolución inmediata.

Pero la lógica ha abandonado hace tiempo la escena política en aquella comunidad autónoma. Es natural si consideramos que Zapatero está empeñado en un proceso de ruptura del modelo territorial, que abre un escenario de consecuencias imprevisibles. Después de tantos años en la oposición, los socialistas catalanes han dilapidado su primera legislatura de gobierno. A mayor abundamiento, CiU ha recuperado el aliento gracias a las maniobras de la Moncloa para salvar un texto que se encontraba en estado de coma. Tal vez nadie supo prever la reacción de ERC ante la infidelidad de sus aliados, pero una fuerza política seria tiene que saber que no debe entrar en tratos con un partido asambleario y antisistema, cuyos dirigentes están enfrentados entre sí y no controlan la reacción de las bases. De nada servirá echar en cara a los republicanos que su actitud sólo sirve para dar una alegría al PP, aunque ésta sea una nueva paradoja, propia de la ceremonia de la confusión generalizada. A su vez, los populares pueden rentabilizar su discurso de siempre: que el Estatuto no era bueno ni necesario para Cataluña ni para el conjunto de España. La operación no ha podido salir peor para la estrategia socialista. La frialdad de los ciudadanos ante el proyecto hace pensar en una aprobación bajo mínimos en la consulta popular, de manera que se habrán creado nuevos problemas sin haber resuelto ninguno de los anteriores. Así, la sensación de desconcierto empieza a apoderarse de unos y de otros ante el fracaso de la principal apuesta de Zapatero y de Maragall para esta legislatura.

Siempre nos quedará el cinismo
Teo Uriarte email 9 Mayo 2006

Cuando la suma de muchos disparates, siendo algunos de éstos importantes, sobrepasa una cierta medida podremos ir adivinando el final trágico propio del esperpento. El esperpento, además de embargarnos el alma porque vamos contemplando que tanto sin sentido tiene que acabar mal, nos evita cualquier acercamiento a la comicidad. Por el contrario, el disparate, cuando es liviano, y son pocos, normalmente la favorece. Desde hace bastantes fechas, los énfasis amatorios hacia la República con mucho de nostalgia fanática y poca racionalidad –elemento éste imprescindible para el republicanismo-, la inflación de realidades nacionales, el agradecimiento que le debemos a ETA porque ha decidido momentáneamente no matar, nos lleva a la definitiva exclamación: ¡esto es esperpéntico!.

Me parecía así cuando los dos concejales socialistas de Zumárraga intentaban quitar importancia ante el juez a las amenazas que la procesada les había enviado por carta hace cuatro años contradiciendo el testimonio del ertzaina que les tomara declaración en su día. Es que ahora estamos en pleno proceso de paz y no hay que meter palos en las ruedas, ¿sería mejor que quede impune? O también la misma opinión me ofrecía el exceso de explicaciones desde medios oficiales si las cartas de extorsión a empresarios salieron antes o después de la fecha, quitándole importancia a la extorsión en sí misma. Debieran los socialistas menguar las actitudes comprensivas con ETA no fueran a caer, seducidos por ésta, en comportamientos perversos. Porque el terrorismo es unos de esos abismos, que denunciara Nietzsche, como el nazismo, que nos atrae a poco tiempo que lo tratemos y lo observemos.

Resulta sorprendente la declaración de Andalucía como realidad nacional. Andalucía puede ser la Tierra de María Santísima, tierra del cante y de toreros, la expresión folklórica de toda España, difamando algo a España, que es más variada. Pero lo difama tan bien que luego, a la hora de la verdad, hasta el difunto Jon Idígoras ponía el origen del toreo en Euskadi. Pero Andalucía si es nación por su cuenta deja de ser Andalucía, porque lo que es es la imagen, deformada y romántica, de la nación que es España. Llamar nación a Andalucía, entre chatitos, jamoncito y bulerías, es matarla. Andalucía es un gran producto del resto de España, el que nos queda antes de embarcarnos para América. No es de extrañar que el preclaro Ibarretxe ante la inflación nacional que se nos venía encima declarase a Euskadi Estado Libre Asociado. Esto si es un disparate, lo de Andalucía ya entra en el esperpento.

Lo de la república, el sarampión nostálgico que nos embarga a los de izquierdas, a estas alturas sólo tiene la explicación de envolver en algo, que sea también histórico, como los derechos nacionalistas, la ruptura del consenso surgido en la transición, la que hizo posible una ruptura consensuada. La república para justificar ahora la ruptura con aquella ruptura pactada, donde la derecha tenía su lugar y papel, es un uso bastardo de la memoria. Es la explicación histórica, falsa como un duro de madera, para volver a las andadas del sectarismo tribal que tan malas consecuencias tuvieron en el pasado. Es la falsa ventaja de creer que la solución está en la tribu sin la doble y necesaria fidelidad a la República, a la nación. Error que ha acabado en las más supremas tragedias.

Pero descubierta la ventaja de hacer del partido el centro de la política, tras dispersar política, ideológica, e institucionalmente la nación, todo se pondrá al servicio de esa idea. Al servicio del partido. De hecho la fórmula ya ha sido utilizada en las autonomías. El PNV en su comunidad, tras su estrategia de dispersión institucional convirtió al partido en el necesario crisol de todo desde los político a lo cultural, desde el Athletic al obispado, por encima de las instituciones democráticas. Así parece garantizarse la perpetuidad en el poder y sólo un terremoto electoral tendría posibilidades para la alternancia política.

Todo partido tiende al totalitarismo, y ninguno se salva de esa tendencia. Por eso a estado más articulado mayor dificultad para que tal vocación se produzca. A estado con contrapoderes fuertes, más difícil que se produzca. Un estado débil ha sido siempre una tentación para el totalitarismo. Y eso lo sabe y lo dice también ETA en el último Zutabe hablando del proceso de crisis en el que el nuestro ha entrado. Quizás, además del acoso policial, le haya animado a entrar en el juego político esa evidente crisis del Estado.

El postmodernismo viene muy bien para el camuflaje político. Se sustituyen los conceptos clásicos, liberales y republicanos, de la política, por concepciones éticas e incluso religiosas. La nación y el estado dejan de tener la importancia básica y fundamental que tenían, es la buena voluntad y el diálogo, aparentemente, el que sustituye los espacios comunes, referentes, e incluso coercitivos, de las anteriores convenciones republicanas. Todo es posible, del “¿qué mal hay en ello?” de Ibarretze al “¿por qué no?” de Zapatero. El lenguaje se manipula, nación ya no es lo que era, víctima y victimario tienden a difuminarse en un final sin vencedores ni vencidos, Otegui sólo es ciudadano no representante de Batasuna porque ésta está ilegalizada. Así podemos ver que es más fácil la solidaridad exótica, que el sucedáneo de Batasuna en el Parlamento vasco pacta con el gobierno tripartito la ley de colaboración al desarrollo exterior, que la solidaridad con la víctima, el exiliado o el amenazado por ETA que pudiera ser hasta el vecino. Buenos sentimientos, en ocasiones discriminatorios ante el igualitarismo republicano por mor de favorecer a minorías, de género, étnicas, o de otra naturaleza. Se puede dar así, tirando y tirando de las argumentaciones, hasta derechos humanos a los simios... Bien por los simios pero mal para los humanos. Postmodernismo al albur del capricho partidista.

Ahora la gente, la buena gente, se sorprende porque ETA haya realizado los atentados de Barañain y Getxo en pleno proceso de paz. Me sorprende que se sorprendan. Ni ETA es una organización como para garantizar altos el fuego, no es el almirantazgo británico, por ejemplo, ni está pensada ni concebida desde sus orígenes para eso. No hay más que ver que en la nota de consideración de gravedad leída por Permach ante estos atentados considera en el mismo plano la legítima violencia del Estado persiguiendo a los delincuentes etarras que la terrorista. Quizás ese tipo de interpretaciones vengan favorecidas por las del mismo presidente del Gobierno en el mitin de Vista Alegre que se une a la consideración acrática, en el seno del pensamiento antes comentado, que sobre la violencia tiene el nacionalismo vasco: "Todas las ideas caben" –¿las que promueven el crimen y el genocidio también? “Cabe todo menos la violencia, tenga la manifestación y el alcance que tenga” -¿la del Estado también?

ETA no está concebida para treguas y armisticios. Más bien todo lo contrario, está en su naturaleza agredir, es como la fábula del escorpión y la rana. El escorpión acaba atacando rompiendo su promesa porque está en su naturaleza. Por eso, dignificar desde los representantes del Estado cualquier conexión con ETA siempre irá, se llegue a la paz o no, en beneficio de ésta. De hecho ya se le ha beneficiado con un protagonismo mediático llamativo. Y si no llega a la paz -mejor que no se llegue con estos prolegómenos que permiten la extorsión y el atentado porque entonces la paz admitiría ambos-, como en las treguas anteriores, habrá salido beneficiada. Por lo tanto, mientras menos importancia se de a la negociación con unos delincuentes mucho mejor para la salud democrática de nuestro sistema.

Otra cosa es que aprovechando el proceso de pacificación se vuelva a dar una vuelta de tuerca más a la mutación constitucional que estamos observando, se continúe desarmando el sistema que salió de la transición democrática, se siga debilitando al Estado y se posibilite por ello el fortalecimiento del papel del partido que desde el Gobierno realiza tal operación. Ahí se coincidiría con los terroristas. De hecho tal operación política ya ha sido realizada en el marco de las comunidades autónomas, sólo queda, pues, trasladarla a la generalidad. Y entonces, toda la asfixia por falta de libertad que produce al ciudadano sensible su residencia en una determinada comunidad autónoma se verá también generalizada en lo que quede como España.

Se puede ser consciente o no de lo que está ocurriendo. Puede ser que por juventud haya políticos que no tengan conciencia de todas las transformaciones que se están produciendo y de sus resultados finales, pero los viejos socialistas que si somos conscientes sólo podremos consolarnos con el “siempre nos quedará el cinismo”.

Ahora, responsabilidades políticas
Editorial ABC 9 Mayo 2006

LA dimisión del hasta ayer delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, no agota las responsabilidades políticas a las que debe enfrentarse el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero tras las condenas impuestas a los acusados por detención ilegal de dos militantes del PP. Este episodio, que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid califica como «arbitrario» y «abusivo», es de suma gravedad para una democracia asentada en el reconocimiento de los derechos y libertades individuales. Las afirmaciones de algunos representantes sindicales de la Policía, en el sentido de que irregularidades como las juzgadas son habituales, no hace sino trasladar a todos los cuerpos policiales lo que esta sentencia limita únicamente a tres funcionarios y extender temerariamente una mancha de sospecha sobre el respeto a ley en la actividad policial.

La historia del Estado de Derecho es una lucha continua por equilibrar el poder coactivo del Estado con el derecho de los ciudadanos a su seguridad jurídica. Y este equilibrio saltó por los aires cuando unos concretos funcionarios policiales detuvieron sin motivo a dos militantes del PP que se hallaban cerca del ex ministro de Defensa, José Bono, cuando éste decidió realizar una aparición estelar en una manifestación de las víctimas del terrorismo. Esta es la primera detención ilegal practicada en la democracia española contra militantes de la oposición y el capítulo de responsabilidades políticas no se salda con la dimisión de un amortizado e incompetente delegado del Gobierno en Madrid, a quien los jueces reprochan su conducta (por inveraz y falta de rigor) en párrafos demoledores para un cargo público.

Bien es cierto que la sentencia se limita a sospechar de Méndez como autoridad política relacionada con las detenciones, pero las responsabilidades políticas se rigen por criterios distintos de los judiciales. Aunque esta sentencia sea recurrida ante el Tribunal Supremo, los hechos que declara probados son ya inatacables, y lo que muestran es una confabulación para detener a toda costa a dos militantes del PP, identificados de rebote a través de un medio de comunicación, pese a que ni los vídeos ni las declaraciones de los policías presentes en la manifestación corroboraran su participación en las supuestas agresiones, las cuales son reiteradamente desmentidas por la resolución judicial. Para los jueces, Bono no dijo la verdad.

Por eso, el efecto político de esta sentencia alcanza también al entonces ministro del Interior y actual titular de Defensa, José Antonio Alonso. No se trata de imputarle la inducción material de las detenciones, pero sí de subrayar que, a tenor de la sentencia, su intervención en el Parlamento no se compadeció con la realidad de lo ocurrido, pues Alonso negó categóricamente que se hubiera producido detención ilegal, un hecho ahora probado. Tampoco fueron reales las «amenazas» y el «atentado a la autoridad» contra Bono, que el entonces ministro del Interior exhibió en las Cortes como base para justificar la investigación policial. La sentencia de la Audiencia Provincial echa por tierra toda la línea argumental de Alonso en la Cámara Baja.

No es lícito que se utilice a los jueces o a los policías condenados como cortafuegos de la responsabilidad que impone el ejercicio de un cargo político tan sensible para las libertades y derechos como el de ministro del Interior. Quien en sus tiempos de servicio activo en la jurisdicción fuera, como José Antonio Alonso, un juez especialmente garantista, debería comprender en toda su dimensión la gravedad de lo sucedido y asumir coherentemente su responsabilidad.

El Gobierno debe ser consciente -y el PP debe hacérselo saber firmemente- de que ha hecho fracasar en este triste episodio todos los resortes de defensa de la legalidad democrática que están en sus manos. Primero, con la actuación abusiva de unos concretos funcionarios policiales, porque hubo otros que actuaron de manera ejemplar al negarse a participar en esta trama delictiva. Después, con un fiscal general del Estado predispuesto en todo momento a desamparar a las víctimas de las detenciones ilegales, sólo para no desairar la posición del Gobierno, actuando nuevamente como un abogado de parte y no un defensor del interés general. Unos y otro han vulnerado su deber de amparar a la sociedad y han puesto sus autoridades públicas al servicio de una causa política. Las condenas decididas por la Audiencia de Madrid han puesto fin -por ahora- al juicio penal. Ahora debe empezar el juicio político por unas detenciones escandalosas.

Alonso y Bono
La responsabilidad ministerial
GEES Libertad Digital 9 Mayo 2006

Hay muchos políticos, sobre todo en la izquierda, que piensan que no son responsables de sus decisiones y actos, que están al margen de la ley y la justicia y que gozan de un estatus de impunidad. No es lo que deben estar pensando ahora los tres funcionarios de policía condenados por detención ilegal de varios militantes del PP, acusados falsamente de haber agredido al ministro Bono cuando se incorporó a una manifestación por las víctimas del terrorismo. Es cierto que el comisario jefe actuó seguramente movido por un afán de servilismo y muchas ganas de complacer al de arriba y "si el ministro dijo que le habían agredido, pues le habían agredido". También es cierto que los otros dos policías condenados pecaron de obediencia y por no oponerse a una medida que ya entendían era del todo irregular.

No se trata de discutir lo ajustado de su condena. La discusión debería apuntar ahora a los responsables políticos que incitaron su conducta delictiva. Ya ha dimitido el delegado del Gobierno, tras haber quedado expuesta la presión a la que sometió a la investigación en una dirección equivocada e ilegal. Pero no es de recibo que el entonces supuesto agredido y ministro de Defensa, José Bono, pueda seguir tan tranquilo en su casa. El fue el primero que mintió al hablar de puñetazos y agresiones y magnificar unos abucheos y empellones hasta convertirlo en un brutal linchamiento del que fue salvado por los pelos. Hoy no ha tenido ni siquiera unas palabras para los funcionarios cuyas carreras profesionales han quedado truncadas por sus mentiras. No por haberse retirado de la política en activo puede el señor Bono quedar impune de su responsabilidad en este asunto. Puede que su vida privada requiera un esfuerzo especial en estos momentos, como ha dicho, al haber sido deteriorada por el ejercicio intenso del poder. Pero el hecho es que él mintió para poder presentarse como una victima y seguir ocupando la cuota mediática por la que siempre se ha movido.

Otro que tampoco debe quedar impune fue su entonces compañero de gabinete, ministro de Interior y hoy su sucesor al frente de Defensa, el ministro Alonso, pues sus declaraciones de aquellos días avalaron plenamente la versión de José Bono, hoy comprobada falsa. Es más, como superior de los policías hoy condenados también debería explicar su inacción ante unos hechos punibles jurídicamente. Decir que confió en la palabra de su compañero de gobierno no es una excusa válida.

La condena viene a restablecer una cierta confianza en la judicatura. Pero que se preparen los jueces, porque Rodríguez Zapatero, como está demostrando todos los días, no es ni de los que olvidan ni de los que perdonan.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

El gobierno del 14-M y sus subordinados delincuentes
EDITORIAL Libertad Digital 9 Mayo 2006

Se trata de la primera detención ilegal de militantes del principal partido de la oposición perpetrada por agentes policiales en la historia de nuestra democracia. Algo lo suficientemente grave como para hacer caer un gobierno –tal y como ha apuntado Esperanza Aguirre– y, desde luego, digno de ser denunciado ante el Parlamento Europeo, tal y como Ángel Acebes ha asegurado que va a hacer el PP, tras pedir la dimisión del entonces ministro del Interior, José Antonio Alonso.

Ciertamente, la sentencia por la que los tres policías han sido condenados a penas que oscilan entre tres y cinco años y medio de prisión, por los delitos de detención ilegal, falsedad documental y coacciones, no sólo prueba la responsabilidad penal de los condenados, sino la falsedad de las declaraciones referidas al caso, tanto del delegado del Gobierno, como las de los entonces ministros del Interior y de Defensa.

Efectivamente, Alonso no hizo sino secundar las falsedades de Bono y de Constantino Méndez, en las que el ex ministro aseguraba haber sido agredido, y el delegado del Gobierno afirmaba que había indicios suficientes para proceder a la identificación y detención de los supuestos agresores. Unas declaraciones sobre las que la sentencia afirma que "no se correspondían a la realidad" pero que, por tratar de hacerlas realidad, los condenados manipularon los testimonios y hasta cesaron a un responsable policial por no querer hacerse cómplice de esa detención ilegal.

Al margen de las responsabilidades políticas que el gobierno del 14-M debería asumir por los delitos perpetrados por sus subordinados contra los dos militantes del PP, está el hecho de que la comisión de aquellos delitos no tenía más lógica que la de servir a la estrategia propagandística del gobierno de ZP, un gobierno tan empeñado en neutralizar y desprestigiar al PP y a las víctimas del terrorismo como lo estaba en llegar al pacto-tregua con la organización terrorista ETA.

Si por desbancar al PP, el PSOE de Zapatero no dudó en hacer el juego a los autores del 11-M, y ahora hasta elogia a proetarras como Arnaldo Otegi, ¿hay que sorprenderse de que los policías creyeran que iban "a tener problemas" con sus superiores si no detenían a los dos militantes del PP?

Ciertamente, las detenciones ilegales de militantes de la oposición no tendrán parangón en otras democracias occidentales, pero tampoco lo tienen el origen, las alianzas y el ejercicio del poder de este gobierno.

Palos a las libertades
Pablo Sebastián Estrella Digital 9 Mayo 2006

El talante y la democracia de las que tanto habla y presume el presidente Zapatero han quedado en evidencia tras la condena al comisario y los policías que detuvieron de una manera ilegal a militantes del Partido Popular a los que se acusó sin indicios ni pruebas de haber agredido al entonces ministro de Defensa, José Bono, durante la manifestación de las víctimas del terrorismo celebrada en Madrid.

Hechos que entonces fueron consentidos o puede que inducidos desde el Gobierno y el PSOE con órdenes explícitas o jaleando un incidente que a la postre se ha vuelto contra el propio Gobierno y que además de las citadas condenas ha provocado la dimisión del delegado del Gobierno en la capital a título de responsabilidad política. Y posiblemente de cortafuegos para evitar que este incendio político alcanzara al ex ministro de Interior y hoy de Defensa, José Antonio Alonso, y en cierta manera al de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, por el calculado y partidista comportamiento de la Fiscalía en el proceso, siguiendo instrucciones del inefable Conde-Pumpido a favor de los policías y en contra de los ciudadanos y militantes del PP cuyos derechos fundamentales fueron conculcados de manera explícita e intencionada, como revela la sentencia hecha pública.

Que todo esto ocurra cuando la misma Fiscalía General del Estado y el Gobierno están actuando por acción u omisión a favor de los dirigentes de Batasuna y del entorno de ETA, en contra de la legalidad y del Estado de Derecho en pos del llamado proceso de paz del País Vasco, no deja de ser un agravio porque en los dos casos el poder ejecutivo y su larga mano sobre el poder judicial se alinearon con los delincuentes o los presuntos delincuentes con el argumento de que el fin (la paz) justifica los medios, y en el caso de los militantes del PP con la intención clara de ocultar delitos y una clara violación de la legalidad por parte de representantes del Estado, en contra de los legítimos derechos de ciudadanos del primer partido de la oposición.

Asuntos todos ellos que en una democracia europea habrían tenido, sin esperar a la que era imparable sentencia, graves consecuencias en el Gobierno y en el ámbito policial a las pocas horas de producirse la detención ilegal, producto de una venganza política.

Va ocurrir algo más? Seguramente no, salvo que los condenados decidan denunciar a quienes les dieron las órdenes o los indujeron a vulnerar la ley. Puede incluso que algo de todo esto también estuviera en el origen del traslado del ministro Alonso de Interior a Defensa, porque ya se esperaban lo que iba a pasar. Pero ahora el presidente Zapatero, que será interrogado por estos hechos en el Congreso de los Diputados, se refugiará en los recursos al Supremo y en la dimisión del delegado del Gobierno para decir que el asunto está zanjado.

Pero ello no le quitará a Zapatero su propia responsabilidad y la mancha en su haber en el campo de las libertades de las que tanto presume y que en el ámbito de la información brillan por su ausencia con una política de favores descarados a su entorno mediático: se ha visto en las nuevas concesiones analógicas de televisión, en la reforma legal para así evitar la dispersión de las emisoras de la SER decidida por el Tribunal Supremo, en las condecoraciones a periodistas próximos al PSOE, en la eliminación de publicidad a los medios de Internet, a los que se ha excluido de la Agenda oficial de la Comunicación, en el manejo de información privilegiada a favor de los amigos de siempre, en la aparición en España de nuevos organismos de censura audiovisual y la manipulación de varias de las campañas institucionales, como ocurre ahora con el referéndum catalán.

Si han saltado alegremente por encima de la Constitución en el Estatuto catalán, y no dudan en utilizar la Fiscalía a favor de Batasuna, o en despreciar la legislación europea y española en la OPA gubernamental de Gas Natural, ¿qué se podía esperar entonces ante un caso como el de la presunta agresión al ex ministro Bono? Pues, sencillamente, otro abuso más. Pero una vez más se han vuelto a encontrar con la ley como barrera, y esta vez ni más ni menos que por violentar la libertad.

165. El referéndum del Estatuto: ¿más ruido y aún menos nueces?

Ramón Tamames Periodista Digital 9 Mayo 2006

William Shakespeare escribió una de sus más renombradas obras bajo el título en inglés de“Much ado about nothing”; que se tradujo al español muy original y sabiamente por “Mucho ruido y pocas nueces”. Expresión bien gráfica que se aplica con frecuencia cuando se producen grandes alborotos por una cuestión que luego puede lucir con menor entidad de la que se presumía.

La expresión es aplicable, aunque la hayamos distorsionado un tanto en el epígrafe de nuestra nota de hoy, al caso del Estatuto catalán. Del que llevamos casi un año hablando y discutiendo. Unos elogiando, y otros vituperando, hasta llegar, después de tantos dimes y diretes, de textos reconducidos, interpretaciones constitucionales que rompen todas las semánticas, etc., a la convocatoria de un referéndum con pretensiones cesaristas. En la idea de elevar al Sr. Maragall a un podio que si no lo remedia alguien o algo (y no digo Dios, por respeto a los creyentes), alcanzará por lo menos la altura del monumento de Colón en el puerto de Barcelona.

El referéndum está previsto para el 18 de junio, y a poco más de un mes la Generalidad está calentando motores con una campaña en pro del voto, que recuerda aquel eslogan del Ford T, de “voten Vds. lo que quieran, con la única condición de que sea sí”. Y para mayor inri, sucede que habiéndose interpuesto un recurso de inconstitucionalidad frente al Estatuto, el referéndum va a hacerse antes de que pueda pronunciarse el Tribunal Constitucional. De forma y manera que el máximo órgano interpretativo de nuestra Carta Magna podría encontrarse ante el auténtico hecho consumado.

Esta mañana nos desayunábamos con unas declaraciones de Doña Emilia Casas, Presidenta del TC, manifestando que el Tribunal tendrá coraje suficiente para decidir lo que corresponda respecto del Estatuto, hayan votado o no los catalanes para entonces. Pero esa es una afirmación de la que, con el debido respeto, cabe dudar. Porque si el referéndum sale triunfante (lo cual tampoco está perfectamente asegurado en función de ERC, PP, españolistas de pro, etc.), como se dice en castizo “a ver quién le pone el cascabel al gato”. Porque rectificar un texto como el Estatuto después de un referéndum positivo, nos complicaría la vida todavía más, pues los catalanes más acendradamente nacionalistas se sentirían humillados.

La solución es bien sencilla: que el TC se de un poco de prisa, porque puede dictarse una sentencia en días o semanas. Y que el referéndum se retrase hasta que esa sentencia haya sido conocida. Así, los catalanes ya votarían sobre un texto definitivo en su ajuste a la Constitución, lo hubieren rectificado o no Doña Emilia y sus colegas. Pero no caerá esa breva, y tendremos un buen barullo adicional con más ruido todavía, y tal vez menos nueces.

Los príncipes de la paz tienen prisa
Fernando Gallego Periodista Digital 9 Mayo 2006

Zapatero, presidente salido de las tripas del 11-M, tiene mucha prisa por finiquitar la plasmación de un nuevo régimen. Para ello, los españoles tenemos que interiorizar muchas cosas, entre otras, debemos cristalizar en nuestra consciencia que los que eran unos villanos, ahora son príncipes de la paz. No en vano, con esa relatividad moral que conforma su esencia, ZP invistió no hace mucho a Otegui, con el espaldarazo de su condescendencia y el laurel y la paloma de la paz.

Meliflua y vaporosa condescendencia la de ZP, que lo mismo sirve para investir a un villano con el laurel de la nobleza, que para degradar a los nobles y a los valientes con la ignominia de la calumnia y el olvido. Que se lo pregunten a Rosa Díez, paradigma de la honestidad, cuando el amoral presidente del gobierno dice respecto a una foto de ella con Pilar Elías, que esta pertenece al pasado. El presente de ZP es Otegui, y la foto, la de la antítesis de Rosa, la de una tal Zabaleta con otra individua del tinglado de ETA cuyo nombre no me digno ni a buscar, pero con la sangre de 1000 asesinatos cubriéndoles hasta la comisura de los labios. Por cierto, Zabaleta pedía una futura coalición con los de las manos rojas, que para obtener el poder, que es lo único que interesa a cualquier precio, hay que olvidarse para siempre de los de las manos blancas.

Este es el diabólico proceso de paz al que nos enfrentamos, donde la amoralidad rampante de los actores que detentan el poder, pretende cambiar el signo de la moralidad y de la ética. Para ello ETA, que ahora forma parte de los que lo detentan, no ha dudado en hacer un repugnante acto de contrición en boca de su portavoz político Arnaldo Otegui, el victimario que ahora se acuerda del sufrimiento de sus víctimas. Más repugnante todavía resulta la interesada y apresurada interpretación de José Blanco, cuando dice que Otegui muestra arrepentimiento. Abyecta composición de lugar y burdo montaje el de este disminuido personaje, que no repara en gastos, porque tienen mucha prisa..., demasiada...

La prisa la ponía hace unos días el propio Otegui, que al parecer ha hecho cuentas y le sale que en Agosto tiene que estar terminado esto de la paz en el País Vasco; o sea, la independencia. Todo muy rápido, y a sentarse con él para rendirse sin condiciones. Si para ello tiene que reconocer con una abominable hipocresía el sufrimiento de sus víctimas, se hace. Si para ello, un personajito como Blanco tiene que proclamar el arrepentimiento de los asesinos, se hace. Para ellos la moralidad y la decencia son como de chicle, moldeables como su propio sentido del servicio a la sociedad y del buen gobierno.

Maldita prisa.., porca prisa..., ¿por qué tanta...?. Nunca en democracia cosas tan importantes y transcendentes se hicieron con tanta premura y tan poco consenso. Claro que ningún gobierno hasta ahora había salido de las entrañas del 11-M.

ETA aplaude a Zapatero.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 9 Mayo 2006

Una de dos, o bien yo soy un fuera de serie, un genio anticipando las jugadas de ETA y de Zapatero, o bien las jugadas son tan evidentes que hasta un zopenco como yo es capaz de verlas con antelación y con total claridad.

Aunque ayer dijese en mi comentario que “Dentro de poco empezarán a ablandarnos acerca de la intranscendencia de incluir en el próximo estatuto vasco el derecho de autodeterminación, eso si, con otras palabras que lo camuflen” solo me equivoque en lo de “dentro de poco” porque justo un día después de escribir eso han empezado el proceso de ablandamiento mencionado y con un buen camuflaje de palabras que dicen lo que parece que no dicen. Así pues de las dos opciones debemos quedarnos con la segunda, yo soy un zopenco y ETA Batasuna y Zapatero son semitransparentes.

Otegi, en una entrevista en Avui nos dice que “aplaude que Zapatero relativice el término nación e insiste en que sin autodeterminación no hay solución"

Ya sabemos pues que todo se basará en la relativización del término nación. Genial. Todos a estudiar relatividad, igual es beneficioso por impelernos a mejorar nuestros conocimientos científicos. Quien le iba a decir a Einstein del uso de su teoría para pacificar.

No obstante, a pesar de relativizaciones, Otegi no se olvidó de afirmar que “que somos una nación y tenemos derecho a decidir”

En la misma entrevista, que como vemos es multipropósito, envía un mensaje a Zapatero intentando aparentar el famoso rechazo de la violencia tan necesario para que los legalicen, y lo hace el siguiente modo:

1.- Declaran haber cometido un error evidente.
2.- Declaran “Hemos dado a entender que el sufrimiento de los otros nos era igual y que el fin lo justificaba todo”

El PSOE ha recibido el mensaje y no ha tardado mucho para traducir eso del siguiente modo: El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha asegurado que de las palabras de Otegi "se deduce un arrepentimiento de una forma de actuar a lo largo de estos tiempos" de esta formación y de su entorno.

O sea, pueden releer y recrearse en el arrepentimiento de ETA por haber dado a entender que el sufrimiento de los otros les era igual, pero Zapatero vía Blanco nos dicen que ellos de esos palabros de ETA deducen un arrepentimiento de una forma de actuar a lo largo de los tiempos. No se arrepienten de haber matado, extorsionado, herido, obligado a salir de su tierra a muchas gentes, no, solo dicen que ha sido un error dar a entender que cuando mataban lo hacían dando a entender que el sufrimiento de otros, vayan ustedes a saber que otros, a los asesinos les daba igual.

La hoja de ruta de Zapatero al infierno supone una continua tomadura de pelo, pero ocultándolo bajo un piélago de palabras que dicen lo que no dicen y no dicen lo que dicen.

Caso Bono
Y ahora, la dimisión de Alonso
Ignacio Villa Libertad Digital 9 Mayo 2006

El caso Bono no ha terminado. En todo caso, acaba de comenzar. La sentencia condenatoria a los tres policías nacionales que ejecutaron las detenciones ilegales y la dimisión del Delegado del Gobierno en Madrid sólo marcan el inicio del largo camino de las responsabilidades políticas del recorte de libertades más importante de la historia reciente de España.

Constantino Méndez, convertido en el comisario político de Zapatero, ha intentado, supongo que por orden de arriba, erigirse en dique de contención. Pero este asunto es demasiado grave como para que aquí no pase nada más. La dimisión de Méndez es lo mínimo que cabe esperar en una situación como ésta, pero la responsabilidad política directa deberá llegar al entonces ministro de Interior y, antes que él, al director general de la Policía Nacional. Es evidente que José Antonio Alonso estaba detrás de esas detenciones, como demuestran las repetidas mentiras en sus comparecencias en el Congreso de los Diputados.

Ante una detención ilegal y política de dos militantes del Partido Popular, con una sentencia judicial concluyente, las responsabilidades políticas no se pueden reducir a una dimisión del delegado del Gobierno. Zapatero también tiene mucho que decir. Primero porque estaba al corriente de lo que estaba pasando esos días y segundo porque ante un recorte de la libertad sin precedentes en nuestra democracia no se puede eximir al presidente del Gobierno. Es cierto que en el PSOE saben aferrarse bien a la "poltrona monclovita" –experiencia tienen ya con Felipe González–, pero en este caso Zapatero debe ser al menos consciente de que su ministro Alonso –ahora en Defensa– también tiene toda la responsabilidad como responsable que era de la Policía Nacional. Alonso tiene la obligación política de dimitir.

En Moncloa intentan parar el golpe soltando lastre, pero no es suficiente. La situación es mucho más grave. Estamos ante el primer caso de persecución política en la democracia, estamos ante las primeras detenciones ilegales y políticas en una situación que no tiene precedentes. Por cierto, de ésta quedan en el más solemne de los ridículos el Fiscal General del Estado, que justificaba las detenciones ilegales por una actitud vociferante; Pepín Blanco, que anunciaba que se iban a producir detenciones antes de que se realizaran; y Pérez Rubalcaba –actual ministro del Interior– que exigía al Partido Popular que pidiera perdón.

Este escándalo no puede acabar aquí. Está en juego el respeto a las libertades básicas de la convivencia, a la pluralidad de pensamiento, a la convivencia ciudadana. Están en juego las reglas elementales, e intocables, de una sociedad democrática. El gobierno ha demostrado con este caso el verdadero talante de Zapatero: detenciones ilegales, mentiras en el parlamento y persecución de la oposición. Y para rematar la faena, el portavoz socialista López Garrido ha dicho que la sentencia descalifica al Partido Popular. Lo de esta gente comienza a ser enfermizo. Esto ya no es mentir; es desvariar. En todo caso, el Gobierno busca distraer. Si Alonso tiene un mínimo de decencia, este martes deberá anunciar su dimisión. Veremos.

Arnaldo, arrepentido
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 9 Mayo 2006

Observo con alguna preocupación, mi señor Zapatero, la extraña relación que mantienen ustedes con la conjugación de los verbos y el significado de las palabras. Permítame señalarle a título de ejemplo que, cuando le preguntaron el otro día por el expediente de Bruselas a cuenta del decreto de su Gobierno para vetar la OPA de E.on, fue usted y respondió: «Entra dentro de lo previsible». No es posible. Los hechos dejan de ser previsibles en el momento de consumarse. Decir que «el asesinato de Kennedy entra dentro de lo previsible» es un dislate, presidente, no sé si me explico.

Ahora resulta que Arnaldo Otegi ha sido entrevistado en el periódico 'Avui' y ha dicho: «Hemos dado a entender que el sufrimiento de los otros nos era igual y que el fin lo justificaba todo. Ha sido un error evidente».

El secretario de los socialistas vascos, Patxi López, ha destacado que no es la primera vez que Otegi se expresa así y que las declaraciones van «en la buena dirección». El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, opina que de estas palabras «se deduce un arrepentimiento».

Hagamos un poquito de hermenéutica, presidente. «Hemos dado a entender», dice Arnaldo. No es que en su fuero interno hayan sido inmunes al dolor ajeno. Es sólo que no han sabido exteriorizar su pena. El problema con Batasuna, no es su falta de empatía ante la desgracia de terceros. El Tribunal Supremo no la ilegalizó hace tres años por no haber incorporado a sus estatutos los conocidos versos de John Donne: «La muerte de cualquier hombre me disminuye/porque formo parte de la humanidad./ Por eso, no preguntes por quién doblan las campanas./ Doblan por ti», sino por haber mantenido una estrategia cómplice con la organización terrorista que ha asesinado a tanta gente. No es un error evidente, como dice Otegi, sino más de 800 crímenes.

¿Por qué deducen ustedes arrepentimiento de esas palabras? ¿Por qué ponen ustedes más empeño que la propia Batasuna en proclamar su inocencia y a la menor se lanzan a gritar «ellos no han sido»? Si hay empresarios que reciben cartas de extorsión, salen el Gobierno y el partido a decir que fueron enviadas antes del 22 de marzo; si hay atentados como en Barañain y Getxo, son ustedes los que explican que la dirección de ETA no había ordenado esos atentados o que los han perpetrado grupos antisistema, antiglobalizadores y así. Cuando la autoría de sus interlocutores en el proceso sea innegable, aún quedan dos posibilidades: decir que la orden era anterior al 22 de marzo, pero que le ha tocado ejecutarla al legendario 'comando Karakol', o, más sencillamente, que ha sido sin querer.

Si no se ponen ustedes exigentes, presidente, es porque ETA es sólo su interlocutor. Su verdadero antagonista en la mesa de la negociación, su adversario en lo que ustedes llaman tan impropiamente 'proceso de paz', es el partido de la oposición.

s.gonzalez@diario-elcorreo.com

Otegi y sus amigos
EDITORIAL Libertad Digital 9 Mayo 2006

Una vieja estrategia abertzale, grabada a fuego en la conducta de cualquier activista, consiste en celebrar los crímenes de ETA al tiempo que se regodean del dolor de la víctima. Siempre ha sido así, desde que el primer pistolero etarra perpetrase su primer asesinato hace casi cuatro décadas. A Consuelo Ordóñez, por ejemplo, le pedían a gritos por la calle que les devolviese la bala que acabó con la vida de su hermano. De Juana Chaos, ese infame asesino en serie con 25 muertos a sus espaldas, dejó por escrito que le encantaba "ver las caras desencajadas de los familiares en los funerales".

Con estos antecedentes choca que ahora Otegi le confiese al diario Avui que quizá "el error de Batasuna fue dar a entender que el dolor de los otros nos era igual". El dolor de los otros, de las víctimas, nunca les fue indiferente a Otegi y sus amigos. Todo lo contrario, les produjo una gran satisfacción. José Blanco, ejerciendo de sí mismo, cree que eso es sinónimo de arrepentimiento y que debe seguir por ese camino. Blanco, obviamente, no tiene o no quiere tener memoria. Las víctimas sí.

Caso Bono
La motorizada de Constantino
Pablo Molina Libertad Digital 9 Mayo 2006

Vivimos en un país en que si llaman a tu puerta a las cinco de la mañana, es el preadolescente del piso de al lado, que vuelve de beberse medio tonel de whisky barato con refresco de cola a granel. Salvo que seas afiliado al PP madrileño, en cuyo caso existe el riesgo de que sea la motorizada de Constantino (la versión cateta de los Hombres de Harrelson), empeñada en darte un paseo gratis hasta la comisaría.

Lo que sorprende de todo este asunto, saldado con tres policías condenados judicialmente, es que nadie se haya sentido obligado a presentar una mísera dimisión. En cualquier país homologable a los sistemas clásicos demoliberales, un episodio de abuso estatal con detención ilegal incluida se hubiera saldado con la sanción inmediata de los culpables en vía administrativa, petición de públicas disculpas y el cese añadido de un par de responsables políticos. No es descartable que Constantino Méndez presente su dimisión, pues hasta el granito que forma la estructura de su jeta tiene un aguante limitado. Sin embargo, casi es preferible que siga en su puesto, como símbolo de lo que la democracia avanzada de ZP es capaz de dar de sí.

Es de esperar también que el ex ministro "me-voy-porque-quiero-no-porque-ZP-me-haya-dado-una-patada-en-el-trasero", haciendo gala de su natural campechanía, pida algún tipo de disculpa a quienes fueron acusados injustamente del único episodio mundial en el que un ministro es torturado en medio de miles de personas y nadie es capaz de demostrar el más mínimo indicio del delito ni de su autoría.

En España, en materia de defensa, hemos pasado de Gutiérrez Mellado enfrentándose a un golpista pistola en mano, a Bono comportándose como una famosa histérica, despechada por el abucheo de "su público". Una prueba más de la velocidad con que degenera la democracia cuando gobiernan los socialistas.

Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana

POLICÍA POLÍTICA
Editorial minutodigital 9 Mayo 2006

Nunca en nuestra reciente historia se había utilizado a la policía de forma tan sectaria al servicio de los intereses propagandísticos de un partido.

Los cimientos del Estado de Derecho y la propia Democracia tiemblan ante un caso de abuso tan grave como el de la detención de unos militantes del PP para que sirvieran de carnaza al aparato propagandístico del PSOE. La Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a penas que suman trece años y medio de prisión a tres policías por los delitos de detención ilegal, falsedad de documento público y coacciones, que cometieron a raíz de la detención de dos militantes del PP que acudieron a la manifestación convocada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, el 22 de enero de 2005.

El delegado del gobierno en Madrid, Constantino Méndez, ha sido desmentido por los Tribunales, ya que según la sentencia judicial la investigación policial en la tarde del día 24-1-05 no reflejaba ni agresiones al señor ministro, ni identificaciones de clase alguna de participantes en los incidentes. Pese a ello el Sr. Méndez hizo gala del servilismo más absoluto a los intereses de su partido, abandonando en sus declaraciones cualquier tipo de neutralidad que su puesto público exige e incluso la prudencia que la más mínima responsabilidad aconsejan. No vamos a aventurarnos a especular con el origen de las instrucciones que recibieron los policías hoy condenados, pero sin duda alguna la dimisión del Sr. Méndez era obligada por higiene democrática.

Pero es que además el ex ministro Bono debe comparecer ante la opinión pública y explicar por qué exageró un incidente en el que solo fue abucheado y sus escoltas zarandeados, hasta degenerar en estas gravísimas consecuencias para la credibilidad de la policía y la confianza ciudadana en el sistema democrático. Y por supuesto debe comparecer Alonso para explicarnos por qué mintió en el Congreso asegurando que la Policía tomó declaración a los militantes del PP, porque había "motivos racionales y suficientes" para pensar que podían haber cometido algún delito, cuando hoy los tribunales aseguran que nos encontramos ante una detención ilegal y el único delito fue el cometido por los policías políticos. Sin duda las mismas razones que han hecho que el delegado del gobierno en Madrid dimita, deberían hacer presentar su dimisión al ministro Alonso, juez en excendecia, no olvidemos, que ha permitido que en su departamento sucediese un episodio de uso político de la fuerza pública como nunca se había dado en la España constitucional.

¿Veremos a los bocazas de la izquierda mediática, sus hooligans callejeros y a esos intelectuales comprometidos, tan prontos a usar la palabra libertad y represión, exigiendo responsabilidades a Bono y Alonso? Mucho nos tememos que no. Su verdadera intención nunca ha sido defender la libertad, sino defender sus intereses del partido o ideología.

El chandrío catalán
Editorial HERALDO DE ARAGÓN  9 Mayo 2006

La madeja se ha enredado tanto que Madrid prefiere dejar el embrollo a Maragall. En la acera opuesta, el PP pide elecciones urgentes y que los ciudadanos deshagan el entuerto. Pero ello presupone creer que la lección está aprendida y que no volverá a surgir otro tripartito con Maragall en la presidencia. Una apuesta similar a la de CiU, gran fiscal del resultado de las pasadas elecciones y máximo fustigador del "vodevil esperpéntico" -según Artur Mas- en que se ha convertido la política catalana. Ni Maragall ni el PSC, realidades interdependientes, pero distintas, quieren arriesgarse ahora en las urnas, porque para perder siempre hay tiempo. Buscan ganar semanas y aplazar al máximo la decisión de declarar desahuciado el tripartito. Los resultados del referéndum estatutario preludiarán el perfil del próximo gabinete autónomo. La abstención marcará la temperatura general, que puede ser de escepticismo. Un sí rotundo beneficiará a CiU y un no destacado, a ERC. El PSC no se vislumbra como gran ganador porque, con o sin Estatuto, ha dirigido el chandrío que ha tenido en vilo a Cataluña y boquiabierta a España durante meses, con episodios bochornosos, desde la charla de Carod-Rovira con ETA hasta la imposición a Maragall de un consejero que cobra para el partido independentista a empleados públicos. No es, pues, raro que Zapatero lo remita todo al honorable presidente, que no le ha hecho falta para llegar a acuerdos con Mas.

Carod no quiere regalar la bandera
Lorenzo Contreras Estrella Digital 9 Mayo 2006

Para el 21 de mayo se espera una intervención pública del presidente Zapatero en Bilbao. Pero, ¿una más o una distinta que aporte elementos reveladores para deshacer el embrollo de la política que reina en el Estado de las Autonomías? Ahora mismo, el lío principal, como es lógico, está localizado en el País Vasco y Cataluña. En Euskadi, por ejemplo, ha quedado instalada la paradoja que los propios abertzales reconocen. ¿Cómo es posible, si las cosas marchan como actualmente van, que el Gobierno, obsesionado por “la paz” como solución de todas las complejidades de la situación, se siente a dialogar con ETA y al mismo tiempo repudie todo contacto con Batasuna porque es un partido ilegal? ¿Es que el brazo político de una organización terrorista merece más rechazo que quienes han determinado a tiros y bombazos todo lo que suele llamarse “el conflicto”?

Por otra parte, en Cataluña, con el anuncio confirmatorio de que ERC, el partido de Carod-Rovira, va a rechazar con su voto y su actitud asamblearia el famoso Estatut, lo normal sería que los republicanos de la Esquerra abandonaran el Govern, el de Maragall; pero lo que plantean es que se deben marchar los que se sientan incómodos, y parece ser que no son ellos los que experimentan esa sensación.

El señor Zapatero tendría, entre otras cuestiones, que abordar en alguna de sus comparecencias, y señaladamente la del 21 de mayo, si se celebra, el enorme jaleo que su administración contempla como algo que debería afectarle. El hombre que viró hacia Artur Mas y CiU da la impresión de haber situado a Carod-Rovira en el pozo del fracaso, pero la verdad, según todos los indicios, es que ha dejado a Maragall en la estacada, sin rumbos claros que emprender. El referéndum estatutario huele ya a fracaso, pero unas elecciones anticipadas, con disolución del Govern tripartito, representan de antemano una incógnita. Es casi cómico, o por lo menos grotesco, que el dilema que se plantea en Cataluña sea si se debe aplazar la consulta popular para el otoño o si, como Durán Lleida propone, la discusión sobre la disolución del tripartito y la consiguiente celebración de elecciones anticipadas se debe simplemente aparcar. Como es fácil apreciar, todo es confuso. Entre “aparcar” y “aplazar”, ya tienen los responsables de los partidos un tema terminológico en el que entretenerse.

A ERC no le importa que el referéndum se celebre, o esa es al menos la conjetura que se desprende de la doble posición que asume: por una parte anuncia su voto negativo en el referéndum estatutario, pero por otra avisa de su mera abstención en el Senado para que el texto de discusión no quede encallado en los arrecifes parlamentarios de Madrid. Si hay que liquidarlo o hacerlo naufragar, que sea en Cataluña, faltaría más.

Una consideración elemental que surge es si este espectáculo y esta suma de contradicciones o confusiones serán rentables para el PP o se desaprovechará la ocasión de hacer llegar a la opinión ciudadana y el electorado en general, siempre con vistas a las elecciones del 2007 y el 2008, un mensaje descalificador y escandalizado. El líder del PP, entregado un poco a la ironía como arma de combate, sugiere que, como Estatut casi no convence a nadie, ni en Cataluña ni fuera de ella, lo que procede es reiniciar todo el proceso de su elaboración. Lo que Mariano Rajoy recela es que se apruebe al final, en este tramo ahora en curso, un texto estatutario con el objetivo de “quitárselo de encima” posteriormente.

El PSC de Maragall, con Maragall en primer término, prefiere referéndum primero y elecciones catalanas después. Eso es fácil de comprender, Maragall no quiere ir a las urnas con un referéndum fracasado por omisión bajo aspecto de simple demora. Hoy por hoy el Estatut es su estandarte o su bandera: la ilusión de haber proporcionado a Cataluña, bajo la apariencia de reforma estatutaria, nada menos que una Constitución soberanista limada en alguno de sus aspectos, pero intacta en su espíritu. En otras palabras, ninguna propaganda mejor que haber dado el paso histórico contra viento y marea. No puede extrañar que Carod-Rovira quiera arrebatar a su hasta ahora socio el privilegio de ondear la bandera de la victoria política de sabor constantiniano: In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. Por supuesto que Carod-Rovira no se resigna al papel de Majencio.

Teherán gana tiempo
Por FLORENTINO PORTERO ABC 9 Mayo 2006

El secretario general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica cumplió con su cometido y envió el preceptivo informe sobre Irán al Consejo de Seguridad. Ya no caben más demoras. Los miembros del Consejo, en particular los cinco grandes, tienen que «hacer algo» que justifique su papel como garantes del orden internacional, además de la propia existencia del Consejo. Las conversaciones están avanzadas, el borrador europeo se encuentra sobre la mesa... pero, en realidad, nadie espera nada.

Dos de los grandes no están dispuestos a poner en peligro sus intereses sancionando a Irán. Otros dos no están en condiciones de hacerlo, aunque quisieran. El quinto quiere y puede, pero prefiere esperar a un momento más oportuno. Todos están de acuerdo en lo fundamental: hay que ganar tiempo, aunque sólo sea para marear la perdiz de una opinión pública que se empeña obstinadamente en creer que el Consejo de Seguridad es la clave de nuestra seguridad.

Los cinco saben que el Consejo no va a hacer nada relevante, a menos que Irán cambie de opinión, lo que hoy por hoy resulta una posibilidad remota. Pero son también conscientes de que no pueden comunicar al mundo obviedades como que el régimen de no-proliferación está muerto o que el Consejo de Seguridad ni ha cumplido ni va a cumplir en el futuro las elevadas funciones que se le asignaron en la Carta de San Francisco. Hay que guardar las formas.

Sin embargo, el paso del tiempo beneficia a Irán, casi tanto como la falta de una política común. En un mismo día nos enteramos de que el presidente Ahmadineyad ha enviado una carta a su homólogo norteamericano planteándole un marco global de diálogo, mientras que Samuel Berger, el que fuera consejero de Seguridad Nacional de Clinton, propone una negociación bilateral entre Estados Unidos e Irán afrontando abiertamente el conjunto de temas que afectan a su relación, desde el programa nuclear hasta Irak, pasando por Hizbolá o Hamás.

Hasta la fecha Washington se ha negado a negociar con Irán, salvo aspectos concretos en Irak. La razón es evitar dar más reconocimiento del aconsejable a un régimen fundamentalista que difunde el odio entre los pueblos y apoya el terrorismo. Sin embargo, la falta de perspectivas se vuelve en su contra y la opinión reclama nuevas iniciativas. Paradójicamente, los multilateralistas exigen bilateralismo, descargando en Estados Unidos la responsabilidad del resultado. El gesto no es inocente. De lo que se trata es de «resolver» la crisis aceptando que Irán se convierta en una potencia nuclear. Para ello, el primer paso es enfangar a Washington en una negociación sin solución que evite el uso de la fuerza. Repetir la experiencia que se vivió con Corea del Norte y con el mismo resultado.

La AVT reclama más dimisiones y espera que el presidente pida disculpas
R. N. La Razón 9 Mayo 2006

Madrid- La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) celebró ayer la dimisión de Constantino Méndez al considerar que es «lo mínimo que se podía esperar» y reclamó al ahora ministro de Defensa, José Antonio Alonso, que siga sus pasos y dimita también. El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, aseguró a Servimedia que Alonso debería estudiar esta renuncia por «la defensa a ultranza que hizo de una situación que, como se ha demostrado en la sentencia, fue una detención ilegal y política».

Según Alcaraz, la postura que adoptó Alonso y el Ejecutivo perjudicó «no sólo a estos dos militantes, sino a los propios colectivos de víctimas y a la propia AVT». «No olvidaremos», afirmó, «esos días en el que el Gobierno, su portavoces, sus ministros criminalizaron y atacaron constantemente a la AVT por unos hechos que no ocurrieron, y achacaron a la ultraderecha una agresión que no existió».

Al mismo tiempo, el representante del principal colectivo de víctimas estimó que la salida de Méndez es «muy correcta» y «lo mínimo que se podía esperar». Por este motivo, dijo esperar que, al igual que ha hecho el delegado del Gobierno en Madrid, el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, debe pedir disculpas públicamente por «cómo criminizalizaron a los dos militantes del PP, a la propia manifestación y a la propia AVT por hechos que allí acontecieron».

Lección de Derecho Constitucional
Montserrat Nebrera, Catedrática de Derecho Constitucional La Razón 9 Mayo 2006

Consciente de la trascendencia mediática de su decisión, la Sala de la Audiencia Provincial que ha dictado sentencia en relación con los hechos producidos en la marcha de la AVT en la que participó a título personal el entonces ministro Bono, hace un repaso pormenorizado de la doctrina del Tribunal Supremo y de la del Tribunal Constitucional en materia de libertad personal y del procedimiento legítimo para condicionarla, convirtiéndose así en la mejor lección magistral sobre la materia.

Pero han sido tantas las veces en que se han puesto en tela de juicio las decisiones del poder judicial en temas controvertidos desde la perspectiva política, que el tribunal va más allá, reflexionando alarmado sobre la contaminación «de altura» que pudieran tener las decisiones tomadas por el inspector y el comisario condenados. Así, afirma explícitamente que el delegado del Gobierno mintió en sus declaraciones a la prensa al afirmar que ya entonces tenía los datos para encausar a los que luego han resultado ser las víctimas de un proceso en el que se pretendía forzar la realidad. Frases que han sido declaradas probadas, como la advertencia del inspector al agente que se negaba a detener a los militantes del PP («hazlo o vamos a tener problemas»), la del comisario («si el ministro dice que le han pegado, le han pegado»), o el hecho de que se destruyera la copia del atestado originario de los hechos, nos remiten a tiempos sombríos; como los del «caso Marey», ya remota demostración de que el sistema funciona, aunque sea para decir cuándo no lo hace.

Frente a todo esto, las coloraciones de ciertas sentencias del Tribunal Supremo, no siempre del agrado de todos, se vuelven triviales. Demuestran casos como éste que la politización del poder judicial es nimia, si se compara con la que sufre un cuerpo que debiendo estar a su servicio y en definitiva al de todo el Estado, fuga de vez en cuando por la sencilla razón de lo mucho que lo condiciona el depender de un ministerio.

¿Para cuándo una verdadera policía judicial, que evite a una enorme cantidad de efectivos que son, para honra del colectivo, insobornables, el bochorno de ver cómo algunos se dejan instrumentar por intereses propios o impuestos? Los que yo alguna vez he descrito como «los dedos del Estado», las fuerzas y cuerpos de seguridad, trabajan con material sensible. La intimidad, la libertad y tantos otros derechos ciudadanos están en juego.

Los jueces vascos cuestionan el uso del euskera
ABC 9 Mayo 2006

El Consejo General del Poder Judicial difundió ayer una encuesta en la que el el 39,4 por ciento de los jueces que ejercen en el País Vasco consideran que el euskera dificulta su trabajo. Este porcentaje es el mayor de todas las autonomías, sólo seguido por el 32,5 por ciento de los jueces de Aragón, que también reconoce dificultades con las lenguas cooficiales. La encuesta también revela que el euskera es el idioma nacional menos conocido por los jueces, que, sin embargo, se muestran más desenvueltos en el uso del catalán y del valenciano.

Un instituto de Ibiza prohíbe la conferencia de una dietista porque iba a ser en castellano
JOSEP MARIA AGUILÓ ABC 9 Mayo 2006

PALMA DE MALLORCA. Una dietista que tenía previsto dar ayer por la mañana unas charlas sobre nutrición en el Instituto de Educación Secundaria de Sant Llorenç de Balàcia, en la isla de Ibiza, no pudo hacerlo porque la conferencia iba a ser en castellano y no en lengua catalana, que es la vehicular en dicho centro, según se le comunicó desde la dirección del citado instituto.

En declaraciones a Ep, la dietista se preguntó si «éste es el bilingüismo que existe en las Islas Baleares», y añadió: «¿Qué es más importante, el idioma que emplee en mis charlas o los consejos que pueda dar a estos jóvenes en una edad tan importante para la nutrición?».

Esta especialista había llevado ya a cabo diversas charlas en otros centros de Ibiza y también de Mallorca sin que nunca se le hubiera impedido expresarse en castellano, si bien en alguna ocasión se le recomendó que diese las charlas en catalán. Este mismo fin de semana pasado, dicha nutricionista impartió en el hospital ibicenco de Can Misses un seminario a más de veinte profesionales sanitarios sobre la importancia de la nutrición en las personas que sufren alguna dolencia renal.

Por su parte, el portavoz de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos en Ibiza, Antoni Pomar, se mostró ayer sorprendido por la decisión tomada por el Instituto de Educación Secundaria de Sant Llorenç de Balàcia, y añadió que nunca había ocurrido un caso así en la Isla. También en declaraciones a Ep, indicó que desde su federación se defiende que la lengua vehícular que se utilice en la enseñanza sea normalmente el catalán, si bien matizó que «si un profesional acude a un centro a impartir unas charlas y habla sólo en castellano, se debe permitir que pronuncie la conferencia a los alumnos». Asimismo, mostró su preocupación por lo ocurrido.

Música y humor por las víctimas del terrorismo
ABC 9 Mayo 2006

ABC. En el teatro Alcázar de Madrid se dieron cita ayer el humor, la danza, la música y la interpretación. El motivo era la gala benéfica en favor de las víctimas de ETA, organizada por la Asociación Dignidad y Justicia junto con la Asociación Artistas en solidaridad. Un espectáculo «familiar y muy dinámico» en palabras de la actriz Mía Patterson, encargada de la dirección y el guión del evento. En el espectáculo intervinieron Víctor Ullate Roche, Eva Diego, Gema Castani; el humorista Toni Antonio, así como bailarines, pianistas o un joven violinista.

España quiere que el castellano sea una optativa en Portugal desde los 10 años
En los últimos años, las peticiones para estudiar la lengua española han aumentado un 50% y para el próximo curso se espera superar el número de solicitudes
BELÉN RODRIGO. CORRESPONSAL ABC 9 Mayo 2006

LISBOA. La Consejería de Educación de la Embajada de España en Portugal tiene como objetivo lograr que en el próximo curso lectivo las escuelas portuguesas ofrezcan la enseñanza del español como lengua optativa desde los diez años, bajando así dos años la edad ahora vigente.

Según ha explicado ha ABC el consejero de Educación, Francisco España Fuentes, «queremos que el español reciba el mismo tratamiento que tienen otros idiomas optativos como puede ser el inglés o el francés», de tal forma que se dé respuesta a la demanda creciente del español en el país vecino.

Segundo congreso
El segundo congreso sobre la enseñanza del español en Portugal celebrado los días 4, 5 y 6 de mayo en la ciudad lusa de Braga ha servido para definir los obstáculos que impiden que el español se implante atendiendo a la necesidad que existe en Portugal de aprender castellano.

Cerca de 140 profesores (españoles y portugueses) que ejercen su profesión en Portugal, ya sea en las Universidades o en la enseñanza Secundaria y de bachiller, analizaron la enseñanza del español en los centros portugueses al mismo tiempo que realizaron una radiografía de la realidad concreta de Portugal. «El castellano es una lengua útil para el presente y para el futuro», subraya Francisco España, quien cree que, una vez superados los recelos históricos entre los dos países, «los portugueses ya no se sienten traidores al estudiar español». Es decir, que gracias a las buenas relaciones bilaterales desde el campo político y económico se puede conseguir una mayor implantación de nuestro idioma.

Si bien es cierto que los profesores de español en Portugal están muy satisfechos con el destacado papel que nuestro idioma ha conseguido en la tierra de Camoes y su evolución en los último años, se quejan de no tener mayor visibilidad a la hora de realizar las matrículas. En los impresos que los padres rellenan cuando inscriben a sus hijos en idiomas optativos aparece el recuadro del inglés, francés y otros. «Para nosotros sería un gran logro conseguir que apareciese también el español de forma independiente y no estar englobado con los «otros»», especifica el consejero de Educación. Además pretenden que los propios profesores aconsejen a sus alumnos el estudio de otros idiomas como el español sin que se beneficie tan sólo el inglés o el francés.

Respuesta a la demanda
Todas estas pretensiones se deben a la intención de querer dar una respuesta a la creciente demanda del estudio del español registrado. De un año para otro, dichas solicitudes crecieron un 50 por ciento y los responsables de educación esperan una subida aún mayor para el próximo curso.

Durante los tres días de congreso se han realizado ponencias y conferencias con profesionales procedentes de Portugal, España, Brasil, Francia y Argelia. En total ha habido diez talleres y treinta comunicaciones llevadas a cabo gracias a la colaboración de APPELE (Asociación Portuguesa de Profesores de Español como Lengua Extranjera), ASPHI (Asociación Portuguesa de Hispanistas) y GIEP (Grupo Interuniversitario de Español en Portugal). Se ha contado con la presencia y participación de todas las universidades públicas portuguesas y diez universidades españolas, además de cuatro Editoriales especializadas en ELE. En este congreso se ha decidido además realizar la próxima edición, en el 2007, en la capital portuguesa.

El Aula Magna escucha español por segunda vez
ABC 9 Mayo 2006

El pasado jueves Mario Vargas Llosa, «uno de los más interesantes y admirados del mundo» según el Svenska Dagbladet, ocupó la escena del Aula Magna de la Universidad de Estocolmo. Con lentitud y gran fuerza pronunció una conferencia en clave literaria íntegramente en español, para deleite de los hispanohablantes allí reunidos, en la que disertó sobre la benéfica influencia de la buena literatura sobre nosotros, los seres humanos. Sus palabras fueron mucho más allá de una simple plática sobre el tema.

Cabe recordar que el novelista Mario Vargas Llosa fue el segundo conferenciante que ha utilizado la lengua de Cervantes en el Aula Magna de la Universidad. El primero fue Miguel Aguirre, Duque de Alba, a mediados de los noventa.

Los editores advierten de que el préstamo de libros de texto hundirá el mercado en euskera
Dicen que subvencionar con 100 euros a cada alumno es más barato que el sistema que Educación llevará a las aulas
Los técnicos del Departamento han ultimado ya el proyecto
MARTA FDEZ. VALLLEJO m.f.vallejo@diario-elcorreo.com/VITORIA El Correo 9 Mayo 2006

Libreros y editores vaticinaron ayer en el Parlamento vasco un futuro dramático para su negocio y para la enseñanza y la cultura vasca con el sistema de préstamo de libros a los alumnos que pondrá en marcha Educación el próximo curso. Avanzaron que desaparecerán pequeñas librerías y se hundirán editoriales autóctonas, aumentará el gasto en Educación, los libros de texto en euskera tendrán peores contenidos, los estudiantes se desmotivarán y la industria de la cultura vasca en general se tambaleará. Sólo encontraron el respaldo del PP.

El gremio de editores y las asociaciones de libreros habían solicitado comparecer ante la comisión de Educación para transmitir a los parlamentarios la inquietud del sector desde que el Gobierno vasco anunciara a final del pasado año su propósito de lograr la gratuidad de los libros de texto mediante un sistema de préstamo gestionado por las escuelas. Un proyecto que ya han ultimado los técnicos, según confirmó ayer el Departamento. «Las consecuencias van a ser nefastas, nos conduce a una situación crítica», dijeron ayer libreros y editores.

7 de cada 10 ventas
Los afectados se apoyaron en cifras. «El 70% de la facturación que se obtiene con la venta de publicaciones en euskera se logra con los textos escolares», señaló Jorge Jiménez, responsable de los editores en lengua vasca. En un sistema de préstamo los libros se reponen cada cuatro años, con lo que las ventas caerán en picado. Son el motor de la industria de la cultura en euskera. El préstamo sería un ataque a su viabiliadad», subrayó. Los editores en euskera no entienden por qué el Gobierno vasco va a «poner en riesgo» el «impulso» que ha dado durante años a la publicación en esa lengua. «Peligra la política de apoyo a la producción literaria en euskera, se hipoteca todo el trabajo hecho con las instituciones», alertó Olatz Osa, vicepresidenta de la asociación.

A su vez, la caída de la ventas acabará con las pequeñas librerías. «El 40% de lo que venden los negocios pequeños son libros escolares. En Andalucía comenzó a funcionar en septiembre y se han cerrado 37. En Galicia han desparecido más de 40», señaló Kepa Torrealday, presidente de la asociación de libreros de Vizcaya. Y como los materiales en euskera ya no serán rentables tendrá que bajar la calidad, argumentaron. «Los textos estarán menos trabajados, habrá menos renovación y actualización de los contenidos, se reducirán las ilustraciones y tendremos que quitar hasta el color de sus páginas», auguró Osa.

La utilización de libros de segunda mano también traerá consecuencias para alumnos y profesores. «Trabajar con un libro viejo reduce el gusto por estudiar. Además los escolares no podrán subrayar ni hacer anotaciones en ellos, técnicas habituales de estudio. Y será necesario dedicar a docentes a gestionar el servicio de préstamos lo que aumentará los gastos del centro», completó Javier Gojeaskoetxea, presidente del gremio de editores de Euskadi. Cada escuela debería, según sus cálculos, dedicar 8.000 euros a estas tareas de gestión al año.

70 millones cada 4 años
Los representantes del sector presentaron a los grupos parlamentarios un estudio económico en el que concluyen que el sistema de préstamo exige una inversión mayor -cerca de 70 millones de euros en 4 años con la reposición del 10% de los libros-, que dar ayudas directas a las familias con rentas menores de 20.000 euros al año -supondría gastar 52 millones de euros en ese mismo período-. Entregar un cheque de 100 euros a todos los alumnos también sería más barato que el préstamo -68 millones-, según su informe.

La parlamentaria de EA, partido al frente de Educación, se indignó con el «diagnóstico catastrofista» de libreros y editores y argumentó que «la financiación de la cultura vasca» no debe recaer sobre el libro de texto. «Lo que les preocupa es su problema económico, las cuentas de explotación de cinco o seis editoriales», les echó en cara Idoia Cuadra. Les emplazó a que entreguen las «cifras reales de su negocio» al Gobierno para «buscar soluciones concretas».

El PSE recordó que su partido debe buscar «el interés general», en este caso reducir el gasto a las familias y dar un valor añadido al libro de texto: enseñar a los alumnos a que los cuiden y respeten, dijo Isabel Celáa. Sólo el PP coincidió con los representantes del sector en que la entrega de cheques a las familias para pagar los libros es la mejor opción.

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