AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 21 Mayo  2006
Las cosas por su nombre
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 21 Mayo 2006

Nos roban la democracia
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 21 Mayo 2006

El equívoco de la semana: "Sin violencia valen todas las ideas"
Pascual Tamburri elsemanaldigital 21 Mayo 2006

La liquidación de la derecha
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS. Director de ABC 21 Mayo 2006

La encuesta
Por IGNACIO CAMACHO ABC 21 Mayo 2006

¿Deber de conocer o deber de usar?
José Antonio Portero Molina La Opinión 21 Mayo 2006

El coste del tribalismo
EDITORIAL Libertad Digital 21 Mayo 2006

Confundir Cataluña
Rafael González Rojas elsemanaldigital 21 Mayo 2006

ETA: documentos de «guerra» para un proceso de «paz»
J. M. Zuloaga La Razon 21 Mayo 2006

Juan Pablo Fusi / Historiador: «Conllevarse con el nacionalismo no quiere decir claudicación»
Manuel Calderón La Razon 21 Mayo 2006

La tregua de ETA: mentiras, tópicos, esperanzas y propuestas
C.L.A. elsemanaldigital 21 Mayo 2006

Referéndum en Montenegro
MIRA MILOSEVICH  ABC 21 Mayo 2006

Las cosas por su nombre
Por ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 21 Mayo 2006

El domingo pasado cerré mi columna con la promesa de volver pronto a las palabras que Alejo Vidal-Quadras había pronunciado pocos días antes en Madrid. Me atengo a lo dicho y empiezo por hacerles un resumen de la intervención del eurodiputado. Vidal-Quadras entiende que la Constitución está prescribiendo por la vía de los hechos y que lo que se adivina en el horizonte no es un régimen público alternativo sino el caos. En esencia, un caos territorial. El caos territorial odia la soledad y, con él,vienen el caos político, administrativo y económico. Urge, en consecuencia, meter el arado en el surco abierto por el Consejo de Estado y labrar más hondo. Vidal-Quadras insta una reforma constitucional en toda regla que devuelva al Estado el control sobre el país. Y como piensa que el tiempo es oro, no se reduce a expresar deseos sino que se adentra en el territorio de las recomendaciones ejecutivas. Según Vidal-Quadras, el PP debería renunciar a toda veleidad de reforma estatutaria en las autonomías que gobierna y bloquearla allí donde, no siendo mayoría, es necesario contar con él para que haya quórum. Esto tendría que suceder, por así decirlo, ya mismo. A continuación, los populares deberían concurrir a las generales colocando la reforma constitucional en el centro de su programa. Vidal-Quadras ha expresado varias veces el resto de la estrategia. Una victoria popular daría el control del PSOE a los socialistas que no aprueban la deriva actual de los acontecimientos. Sería este PSOE remudado el que se pondría al habla con el PP a fin de iniciar los cambios constitucionales oportunos.

Simpatizo con las invocaciones de Vidal-Quadras, por una razón sencilla: creo que su diagnóstico es más correcto que el de los conservadores dentro de su propio partido. Los últimos admiten que España ha mutado constitucionalmente y reconocen también que lo ha hecho de forma irregular, esto es, sobre la marcha y sin consenso. Pero opinan que lo mejor es adaptarse y sacar provecho de la situación sobrevenida. ¿Qué significa esto en puridad? Confirmarse en los territorios propios, reclamando todas las franquías que van anejas al proceso confederalizante, y no desdeñar la alianza con los nacionalistas si no existe otro modo de completar mayorías en el parlamento.

La estética democrática de esta actitud es dudosa. Pero éste es sólo uno de los puntos. El otro, es que no se trata de una visión realista. Deténganse a pensar, no más, en el lío de la financiación, la cual parece que se va a regir por criterios estructuralmente distintos según cada región. El lío se contendrá al principio con dinero emanado de la Hacienda común. Pero cuando se acaben los superávits, lo que probablemente se instale sea un forcejeo desesperado sin un árbitro superior que ponga orden. Asistiríamos a raras complicidades transversales e ingresaríamos pronto en un maremagno político y económico de cuidado.

Los conservadores, en fin, se equivocan. ¿Se sigue de aquí que las tesis de Vidal-Quadras triunfarán en el PP? No, o no ahora. El problema, una vez iniciada la explosión estatutaria, ha adquirido un formato nuevo. Quiero decir, un formato que no coincide ya con la disidencia nacionalista. Reparen en la idea, amagada por Rajoy, de transformar la ley electoral con el propósito de reducir la presión de los nacionalistas en el Congreso. Habría resultado tal vez eficaz hace cuatro años. Ahora es tarde, porque el proceso de desorganización se ha extendido al conjunto de la nación. Para cuando se celebren las generales, podríamos tener cerrado, además del Estatuto catalán y el andaluz, el canario y el balear. La rectificación que pide Vidal-Quadras es radical y el PP de hoy carece de instrumentos políticos y morales para acometerla. Sus barones no la quieren, se ha sentado un precedente infeliz en Valencia, y en regiones como Galicia los propios populares están pujando al alza.

El cambio de perspectiva exhortado por Vidal-Quadras implica una revolución de los conceptos que va a contrapelo, no sólo de los lugares comunes dominantes sino de las propias rutinas de la derecha. Recordemos que hace nada Aznar decidió confundir, hipostáticamente, al PP con la Constitución. Y los ciudadanos siguen despistados. Atribuyen la mejora en las prestaciones sociales a las administraciones regionales e identifican -acríticamente- ese medro con el proceso descentralizador. Nadie ha disipado el espejismo, nadie les ha dicho que la madre del cordero está en el aumento del PIB. Al contrario: la clase política ha favorecido la noción boba de que descentralización y progreso material son especies sinónimas. Un intento serio de reforma del sistema, que no consistiría en liquidar las CC.AA. sino en hacer viable el tinglado potenciando al Estado central, tropezará, hasta que no estalle una crisis formidable, con la inercia ciudadana y los intereses de los políticos regionales en no ceder poder, influencia, y capacidad para la compra del voto. Demasiados desafíos para que el PP coja el toro por los cuernos.

¿Qué hará entonces? Invocar España, evitar estridencias, sugerir algunos retoques y ocuparse en ganar las elecciones sin plantear cuestiones verdaderamente importantes. Vidal-Quadras sí las ha planteado. Es mucho.

Nos roban la democracia
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 21 Mayo 2006

El vocablo democracia deriva del griego Demos(pueblo), y Kratos (gobierno). Significa gobierno del pueblo, como forma diferenciada de otras "cracias" basadas en que es una minoría, o una parte del todo –no el todo- la que adopta las decisiones y rige los destinos colectivos.

Sin embargo, en la actualidad, el concepto de democracia no se limita al de una forma determinada de gobierno, sino también a un conjunto de reglas de conducta, una forma vital de orientar la existencia basada en una actitud reverencial hacia la dignidad humana y la libertad de cada uno de los individuos de una sociedad. Otras formas de "democracia", como las democracias orgánicas, las democracias "populares", etc., desprecian el supremo valor de cada persona y el sacrosanto derecho de ésta a tener protegida su individualidad intransferible. La pregunta es: ¿hacia qué modelo de democracia camina España de la mano de la llamada izquierda y de sus aditamentos nacionalistas?

Las manifestaciones del problema son desalentadoras. No voy a poner muchos ejemplos. Sólo dos, sucedidos esta misma semana.

En cualquier sociedad que ame la democracia como forma civilizada de convivir no se admitiría lo que ha sucedido precisamente allí donde se debieran encarnar los atributos definidores del estilo democrático. A principios de esta semana el Congreso de los Diputados, de la mano de socialistas y adiposidades adheridas, rechazó, sin apenas debate ni consideración, la demanda de los cuatro millones de españoles que han exigido que el actual modelo de convivencia entre españoles no se vea alterado por voluntad de una de las partes, de Cataluña. Y que una reforma estatutaria no altere, sin contar con el beneplácito del conjunto de los españoles, las reglas de juego constitucionales que fueron plebiscitadas hace veintiocho años por una soberanía nacional que ahora es hurtada con nocturnidad y alevosía. Es decir, se ha querido poner sordina a una iniciativa que es no sólo legítima, sino justa.

El segundo hecho es la campaña que el partido socialista está desarrollando en Cataluña, definiendo al PP como enemigo de Cataluña y asociando el No a la reforma del Estatuto Catalán como una actitud adversa a esa zona geográfica, tan querida, de España. Este comportamiento tan característico de nacionalistas es un sinécdoque absurdo que sustituye el todo por la parte. O confunde la colectividad con el grupo y convierte en la encarnación del mal a la disidencia; cuando ésta lo que está demandando es que un proceso como el que nos ocupa, no sea decidido por esa parte sino por el todo.

Definir al PP como enemigo de Cataluña por promover el No es, además de perverso, profundamente antidemocrático, y convierte al PSOE en un partido déspota que no respeta el derecho a la discrepancia. ¿O quizás lo que pretenden es que se hable de esto y no del precipicio que se abre tras la aprobación de ese desafortunado Estatuto?

El equívoco de la semana: "Sin violencia valen todas las ideas"
Pascual Tamburri elsemanaldigital 21 Mayo 2006

Reconozco que me ha tentado escribir un artículo jocoso sobre Alfredo Pérez Rubalcaba y su frase "lo vi con mis propios ojos", seguida de las denuncias teledirigidas. Pero no es posible hacer lo que a uno le apetece. Y ya que el centro de la política española está hoy temáticamente en la existencia misma del país, y geográficamente en Navarra, nos toca pedir precisión.

Precisión y claridad. Porque nuestro título de hoy no es una memez. Es algo que puede ser incluso más peligroso: un equívoco, que en algunas bocas suena a intencionado.

¿"Se pueden defender todas las ideas siempre que no se recurra a la violencia", como decía el otro día El Mundo en su editorial? Sí, ya que es uno de los rasgos de la democracia como se entiende hoy. El límite efectivo de esa libertad ideológica es el respeto de la libertad ajena, se entiende. Pero esto, si no se explica bien, puede general equivocaciones graves en los ciudadanos y en los políticos.

Las ideas no son ilegales en una verdadera democracia. Estamos casi todos de acuerdo en esto. Ahora bien, no toda idea es realizable en democracia, y esto es lo que debe precisarse para evitar peligros futuros.

Una idea expresada en el respeto de las demás ideas y de las demás personas, es decir, una idea defendida sin violencia, ha de ser legal. Pero eso no quiere decir que sea realizable. En un país libre la libertad ideológica no implica que todo proyecto defendido sin violencia sea legítimo, aunque sea legal, ni implica que pueda ser realizable, aunque la idea en sí misma sea respetada en las personas que la compartan. En suma: la ausencia de violencia en la defensa de una idea no le da legitimidad ni la convierte en practicable.

Si usted ha llegado hasta este punto sin pensar en la situación generada en el País Vasco y en Navarra es probable que usted no viva en la España de Zapatero. ETA ha anunciado un "alto el fuego". ¿Hay que alegrarse? Por supuesto y sin duda, como han hecho todos los españoles casi sin excepción, por frágiles que sean las esperanzas. Ahora bien, lo que hace imposible el proyecto de ETA no es sólo ni esencialmente su método criminal. Ese proyecto es por definición irrealizable mientras España exista y sea una democracia.

Veamos. España es una comunidad política soberana, que tiene hoy forma de Nación y estructura de Estado. En ese conjunto la soberanía recae en el pueblo español. La legalidad y la legitimidad, incluyendo su defensa –porque para eso el Estado asume el monopolio de la violencia y castiga su uso por los ciudadanos-, son indivisibles. Puede desearse o soñarse su división, por ejemplo mediante la independencia de una región. Pero realizar ese proyecto supone negar la existencia del sujeto soberano, y por lo tanto negar de raíz la validez de la democracia, de las leyes y de los derechos.

En una nación democrática no todas las ideas son legalmente aplicables, y de hecho están fuera de toda aplicación las que, de aplicarse, destruirían el sujeto soberano o sus rasgos esenciales. No todo es aplicable, y por consiguiente no todo es negociable. Salvo que estemos dispuestos a afirmar una nueva soberanía, una nueva legalidad y una nueva legitimidad política. Esto, que los compañeros de viaje intelectuales del nacionalismo y los cipayos culturales de Ternera llaman "esencialismo", es una garantía de convivencia asumida en todos los países democráticos. Así que seamos precisos, si no queremos ser montenegrinos. O sea, yugoslavos.

La liquidación de la derecha
... El lema del Partido Socialista de Cataluña para la campaña del referéndum del Estatuto es una indignidad guerracivilista y exuda, no ya hostilidad, sino un propósito eliminador del adversario político...
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS. Director de ABC 21 Mayo 2006

LA simetría es casi perfecta: a la vez que la izquierda y los nacionalistas reivindican la legitimidad democrática en la II República de 1931 como fuente de la actual del sistema constitucional, se comportan como lo hicieron en aquellos terribles años sus antecesores ideológicos, es decir, con igual sectarismo y con el mismo sentido de apropiación de la democracia. El lema del Partido Socialista de Cataluña para la campaña del referéndum del Estatuto («El PP usará tu no contra Cataluña») es una indignidad guerracivilista y exuda, no ya hostilidad, sino un propósito eliminador del adversario político. Es, además, un eslogan cobarde porque el verdadero protagonista de la negativa al Estatuto catalán es Esquerra Republicana de Cataluña contra la que el partido de Maragall no se atreve a confrontar. Pero el despropósito catalán -que el reclamo sufragista del PSC no hace sino subrayar de manera alarmante- tiene un mismo origen: la negación por parte de la izquierda radical que nos gobierna -que a lo peor no está sólo en el Gobierno sino también en sus aledaños- de la legitimación de la Constitución de 1978 en cuanto su aceptación implique -que lo implica- la superación de determinados episodios históricos en los que la izquierda y los nacionalismos vasco y catalán tuvieron un protagonismo que resulta indeseable a sus sucesores.

La irrupción de la memoria histórica no busca sólo la rehabilitación de los que perdieron la malhadada guerra civil, sino la estigmatización de los que la ganaron y, especialmente, la concienciación colectiva, primero sutil y luego explícita, de que la actual derecha democrática española -representada en el Partido Popular- es la heredera del franquismo. En ese contexto se inscribe también la beligerancia laicista en la que se vincula a la Iglesia con la llamada Cruzada de 1936-39. El espejo de todas las virtudes -«España contempla con orgullo y satisfacción la II República» resultan palabras ya memorables del presidente del Gobierno- estaría en el régimen de 1931 debidamente podado de las adherencias totalitarias que le acompañaron (censura de prensa, detenciones arbitrarias, leyes represivas como la de Defensa de la República) y todas las tropelías serían las perpetradas por los otros que, en versión actualizada, son aquellos que usarán «tu no contra Cataluña».

El desmantelamiento del diseño constitucional del reparto del poder territorial y la alteración de los modelos éticos y cívicos, procesos impulsados desde una visión radical y precipitada, desacompasados de las auténticas necesidades de la sociedad española y sin el grado de consenso necesario para que no generen inestabilidad y enfrentamiento, empiezan a constituir un fracaso. La desagregación de voluntades individuales y colectivas al proyecto -en el supuesto de que lo sea y no consista en una improvisación ideologizada y alentada de un espíritu de exasperada hostilidad- también comienza a ser notorio.

La ruptura de la unidad de mercado distancia a los empresarios de la presente dinámica de decisiones políticas; la desconsideración hacia la sensibilidad moral de una buena parte de la sociedad española, sea en temas de carácter ético, educativo o biogenético, está creando bolsas ciudadanas de resistencia hacia normas legales y reglamentarias que son verdaderas apuestas por las alternativas más radicales y menos ponderadas; la banalidad argumentativa en la justificación de medidas y comportamientos está espantando a los intelectuales liberales de la izquierda española que, o han enmudecido o se muestran -los menos- críticos con el Gobierno; la exhibición libre y sin reproche alguno de la simbología republicana, en unos casos, o independentista en otros, (véanse las imágenes de la final de la Copa de Europa en París, con las gradas repletas de cartelería separatista), se ha convertido en una especie de divertimento sólo aparentemente inocuo pero que va logrando calar en el subconsciente colectivo que comienza a percibir factores de transitoriedad en instituciones permanentes del Estado; en el acaecimiento de grandes estafas o fiascos financieros, como el de los sellos, se trata de responsabilizar a la recurrente herencia recibida; el caciquismo en los medios públicos -y el beneficio que el poder presta a otros privados-, vuelve a generar un discurso férreamente ortodoxo frente al que el discrepante se convierte en carne de eslogan, lema o descalificación.

Todas estas políticas -en general de resultados por el momento desastrosos- convergen en un propósito: deslegitimar el sistema actual para, primero, ir urdiendo otro a la medida de un nuevo eje de poder nacionalista-socialista y, después, establecer las condiciones idóneas para la progresiva eliminación de la alternativa política que representa el Partido Popular. Lo de menos, a los efectos de la tesis que aquí expongo, es que el PP encare esta operación con mayor o menor acierto; tampoco es relevante por lo que se refiere a la cuestión de fondo, el error de incurrir en políticas mediáticas endogámicas y anacrónicas que apelan a las vísceras en vez de hacerlo al intelecto. Lo esencial es concluir que la ultima ratio de las políticas gubernamentales, que el hilo conductor del discurso político del Ejecutivo, de su partido y de los nacionalistas, lo constituyen propósitos de estigmatización histórica de la actual derecha española. La destrucción del lenguaje como un pacto por el que todos entendíamos los mismos conceptos - Nación, matrimonio, familia, legalidad, independencia, Estado, justicia- está en el núcleo duro de una estrategia que se basa mucho más en derruir que en edificar, en eliminar que en acrecer.

El Gobierno no quiere consensos con la derecha española porque el consenso fue el instrumento político e histórico de la transición de 1978. Por eso, no le importa que el Estatuto de Cataluña esté condenado a un respaldo político y popular mucho menor del que dispone el actual; tampoco que las grandes leyes, orgánicas o no, pero de gran alcance social, cuenten con el voto de la derecha española. El consenso es, en estos momentos, un contravalor de la democracia cuando hasta hace muy poco consistió en su gran herramienta de trabajo. Lo que importa al Gobierno y a las políticas que desarrolla no es sólo su resultado, sino sus efectos colaterales que consisten en ir marginando a la derecha por el procedimiento de formular planteamientos estrictamente sectarios.

Si el PSC apuesta por el indigno lema de «El PP usará tu no contra Cataluña» -tan indigno como el pacto del Tinell que conjuraba a los partidos del naufragado tripartito a no colaborar de modo alguno con la organización presidida por Mariano Rajoy- es porque se está intentando matar dos pájaros de un tiro: transferir a ese partido el eventual fracaso del referéndum catalán y concentrar sobre la derecha española la carga de las frustraciones, históricas y actuales, de la izquierda y de los nacionalismos. Y si así son las cosas, si el consenso ya no es una herramienta primordial de la política española, si el sistema constitucional trae causa del pasado más divisor de los españoles -la República de 1931- , si lo que se pretende, y así sucede, es estigmatizar a la derecha democrática, habrán de comprender la izquierda y los nacionalistas que pronto sea un clamor la reclamación de un nuevo periodo constituyente porque el cerrado en 1978 lo están haciendo fracasar ellos y por el mismo procedimiento sectario y excluyente que utilizaron sus ancestros para hundir la II República.

La encuesta
Por IGNACIO CAMACHO ABC 21 Mayo 2006

NO dudó ni un instante en contestar que sí cuando la encuestadora le preguntó si creía en la posibilidad de que el alto el fuego alcance a convertirse en definitivo. La siguiente pregunta estaba relacionada con su estado de ánimo; escuchó la lista de respuestas que le ofrecían, calibró el significado de las palabras allí incluidas y respondió que contemplaba el proceso con profunda desesperanza y gran abatimiento. Algo aturdida, la muchacha le dijo que esa expresión no figuraba en ningún casillero del cuestionario, y sugirió que acaso se estaba confundiendo y quisiera decir que con mucha esperanza. Pero él insistió: mire, entiéndame bien, le he dicho que ponga que estoy muy desesperanzado. La chica le volvió a leer el abanico de alternativas del formulario: escepticismo, dudas, esperanza, optimismo. A través de la relación de opciones comprobó que para los redactores del sondeo era del todo descartable que alguien pudiese sentirse desalentado ante un presunto abandono de ETA.

La entrevistadora, que era versada y pertinaz, tiró de manual. Escuche, le decía, si usted cree que ETA puede realmente dejar las armas, la siguiente respuesta debe ser que se halla optimista o esperanzado. Es lo lógico. Entonces estalló. Se le vino de golpe el torrente de ideas y sentimientos que llevaba dos meses acumulando en las entrañas, y se los espetó sin resuello a aquella voz desconocida que le interpelaba sin otro objetivo que el de ganarse el estipendio por cada cuestionario relleno.

Pues no. Será lo lógico en la lógica de quienes hayan diseñado esa encuesta, pero en la mía, desde luego, no. Y le voy a decir a usted la razón de mi desesperanza: porque creo que en vez de rendirse ETA se va a rendir el Estado. Porque pienso que si los terroristas pueden dejar las armas es porque ya no les van a hacer falta para lograr sus propósitos. Porque me desalienta ver cómo los fiscales se ablandan ante los portavoces del terror. Porque me desespera que se trate como demócratas humanistas a quienes hasta ayer eran cómplices de los asesinos. Porque temo que las víctimas acaben orilladas en un naufragio moral que celebre el advenimiento de una injusticia. Porque me duele que toda esa gente sin escrúpulos que ha celebrado nuestro dolor vaya a sentarse en los ayuntamientos y en las cámaras parlamentarias sin haber pedido siquiera perdón. Porque yo creo que en esta historia hay buenos y malos y siento que esto que algunos llaman paz va a ser más bien una derrota de los buenos. Porque me parece que el fin no justifica los medios y porque me siento engañado por haber creído en que no habría ningún precio político a cambio de que se acabe la violencia.

Cuando acabó se hizo un silencio al otro lado de la línea del teléfono. Después de un titubeo oyó a la encuestadora preguntarle con cierta confusión si debía rellenar la casilla de «no sabe, no contesta». Se sentía desahogado y quiso colgar, pero la chica había sido muy educada. No, señorita, dijo al fin; en todo caso ponga que sé, vaya si sé, pero no contesto.

¿Deber de conocer o deber de usar?
José Antonio Portero Molina La Opinión 21 Mayo 2006

En 1986 el TC declaró inaplicable al gallego el deber de conocer porque la Constitución lo refiere sólo al castellano. Existe, sí, el derecho a usar esta lengua y las lenguas autonómicas oficiales. Desde entonces, las normativas lingüísticas autonómicas han ampliado mucho el campo de estas lenguas sin que el TC haya puesto dificultades. Ahora, el Estatut, salvo opinión contraria del TC, además de allanar a todas las CA, igualdad obliga, el acceso a primera división, ha facilitado el reconocimiento estatutario del deber de conocer el gallego que, por fin, se equiparará jurídicamente al castellano.
La aplicación de las leyes es fácil cuando la ciudadanía percibe que sus ventajas superan a sus inconvenientes. Pero se complica cuando, por los motivos que sean, se tiene la percepción opuesta. Decía hace poco un experto en leyes de tráfico que, si se aplicasen penas de prisión a los conductores ebrios y a los que no tienen seguro ni permiso, pasarían de 58.000 los afectados. Habría que duplicar el número de cárceles españolas, habitadas hoy por 54.000 internos. Esa ley, aún aprobada por unanimidad, sería de imposible aplicación. En cambio, la norma que establezca el deber de conocer el gallego será de fácil aplicación sin recurrir a sanción alguna, porque, según las estadísticas, más del 90% de los residentes en Galicia ya lo conocen. ¿Es eso todo?

No, si el poder, además del deber de conocer el gallego, busca imponer el deber de usarlo. Ocurre con el gallego, dicen las estadísticas, que parte de sus conocedores dejan de usarlo parcial o totalmente. Sin duda importa conocer por qué sucede eso pero, a mi juicio, lo decisivo es aceptar que esa opción, al igual que la contraria, es fruto de la libertad. Es en esa libertad donde radica el quid de la cuestión porque en democracia el voto es libre, como lo es la elección de una emisora o el empleo de la lengua preferida. Esas libertades requieren dos cosas: el poder no puede exigir explicaciones por la decisión y no puede reaccionar ni a favor ni en contra de quien decide. Si el poder no es neutral ante esas decisiones, no hay libertad que valga. Por eso, el deber estatutario de conocer las dos lenguas oficiales no priva al ciudadano del derecho a preferir una, sin dar explicaciones ni esperar premios o castigos.

Sin embargo, cuando en un contexto bilingüe el poder realza a una lengua como propia o nacional, y estigmatiza a la otra como impuesta y ajena, comienza a interferir en la libertad lingüística. Ese poder no acepta que el desuso individual de la lengua nacional, como antes el de la religión nacional, sea el resultado de una libre decisión, y prefiere imputarlo al complejo, la inercia o la traición de los ciudadanos o de los anteriores gobiernos. Sobre esos presupuestos se ha diseñado aquí, por unanimidad partidaria, una política de normalización para la completa instalación de los hablantes en la lengua nacional, pero no como resultado de su libre decisión, sino por la intervención del poder que, así, abandona su neutralidad. La normalización no consiste en garantizar el deber de conocer la lengua nacional, que ya se conoce, ni en equiparar sus espacios de uso con los de la lengua ajena; consiste en ir sustituyendo el uso de la lengua ajena por el de la nacional. Para ello se opera sobre la sociedad civil con incentivos públicos a la lengua nacional y, fundamentalmente, expulsando de los ámbitos públicos el uso de la lengua ajena e impuesta.

El deber de conocer el gallego es una norma de fácil aplicación pero sin juego político; el deber de usarlo es de aplicación imposible, pero es un filón inagotable y multiuso que explota el nacionalismo en régimen de monopolio.

Y termino. Si las Galescolas ofrecen a los padres la libertad de educar a sus hijos sólo en gallego, bienvenidas sean. Sólo dos preguntas: ¿no será el comienzo de una Galicia segmentada, a la belga, en dos mundos ajenos, el gallego y el no gallego?; ¿en la contratación de los novecientos educadores previstos puntuará sólo la aptitud lingüística y pedagógica, o contará también el espíritu nacional?

José Antonio Portero Molina es catedrático de Derecho Constitucional

El coste del tribalismo
EDITORIAL Libertad Digital 21 Mayo 2006

La compañía multinacional Braun ha tomado la decisión de abandonar España. Desmantela su fábrica de Esplugues de Llobregat, en Barcelona, por lo que al menos 640 familias tendrán que buscar trabajo en otro lado. En el último año, son más de 6.500 los empleos que han desaparecido en nuestro país por el abandono de multinacionales, como Mercedes Benz, Lear y varios otros. Es el mal llamado proceso de deslocalización, que más valdría llamar relocalización, dado que los centros de trabajo que dejan de estar en funcionamiento en un lugar pasan a otro; en el caso de estas compañías a la Europa del Este y otros países con costes más bajos.

Pero el proceso de desmantelamiento de las instalaciones de multinacionales no ha afectado a España por igual, sino que está teniendo una especial incidencia en Cataluña, donde se han destruido 4.500 de los 6.500 empleos perdidos en el último año y con diferencia es la región más afectada por la relocalización. Nada nuevo ni casual, pues el abandono de las multinacionales se ha acelerado en los últimos cinco años; en ese mismo período sólo seis comunidades han crecido menos que Cataluña. Esta región, que ha recibido durante décadas gran parte de la inversión industrial en España, resulta cada vez menos atractiva. Compárese con Madrid, que en los últimos cinco años ha superado la media nacional en crecimiento, y cuyo desarrollo industrial y de servicios es más que notable.

Cataluña está aquejada de una enfermedad moral y política, que es también económica, indivisibles como son estos aspectos de la vida ciudadana. Es el nacionalismo, que consiste en la utilización política de los instintos tribalistas que no ha podido borrar la civilización; es un mal atávico, que en España ha sido tolerado y fomentado por nuestro sistema autonómico. El nacionalismo es una ideología de y para el poder. Construye un falso ideal que se identifica con “el pueblo”, con todas las virtudes imaginables y, en última instancia, con los nacionalistas y el poder (plenamente identificados entre sí), y luego lo antepone a cualquier consideración que ponga en peligro el entramado de poder nacionalista. Justifica la desnuda corrupción que aqueja la política catalana, y la cubre con un espeso manto de silencio tejido por los medios de comunicación. Expulsa de la vida pública a quienes no están dispuestos, al menos, a tolerar la discriminación, la imposición y la coacción connaturales al nacionalismo. Es una ideología que ve plenamente justificado que una caja de ahorros le perdone mil millones a un partido político, el PSC, para que, Montilla mediante, el Gobierno se disponga, servicial, a favorecer sus objetivos.

Por fortuna, el mundo en que vivimos no es la misérrima utopía localista de nuestros nacionalistas; es un mundo que se va abriendo e integrando, no sin dificultades, pero con la resolución de las mareas históricas. Es el de la globalización, la integración económica, la ruptura de barreras comerciales; un mundo donde las miserias nacionalistas no tienen cabida, pero sí tienen consecuencias. Además del natural proceso de relocalización, que lleva los centros de producción a lugares con menores costes, lo que vemos en la notable diferencia entre Madrid y Cataluña es que la segunda está bajo un régimen que, gracias al nacionalismo, no necesita atender las necesidades de los ciudadanos para justificarse o mantenerse en el poder, porque ese expediente ya lo cubre el mismo discurso nacionalista. Súmese a ello los costes del tribalismo nacionalista por ejemplo en la imposición de una lengua. O la corrupción. Las multinacionales, los grandes inversores, quieren que el resultado de sus decisiones no dependa de los juegos políticos internos, y que éstas no estén condicionadas por la totalitaria pretensión del gobierno local de intervenir hasta en la vida privada. El nuevo Estatuto va exactamente en esa dirección: en la sociedad y la economía de ordeno y mando, en la intervención, en el fomento del clientelismo y del juego de los mutuos favores. Un entorno que no es el más propicio para la inversión extranjera, especialmente cuando las alternativas son cada vez más y mejores, y la competencia más abierta. El nacionalismo, en un mundo globalizado, está llamado a empobrecer a los ciudadanos.

Confundir Cataluña
Rafael González Rojas elsemanaldigital 21 Mayo 2006

Pascual Maragall suele mostrarse como si le envolviese una nebulosa metal. Su manera de hablar algo estropajosa, en catalán y en castellano, pudiera deberse a una especie de empanada metal permanente o vaya usted a saber qué. Y como es muy locuaz, da la impresión de ser bastante fulero.

En sus últimas divagaciones le ha dado por acusar a Madrid, es decir, a los más altos dirigentes políticos de la nación (ahora, Zapatero, y antes Suárez y Felipe González), de confundir Cataluña con el nacionalismo catalán. "Lo he comprobado, lo he repasado, lo he estudiado, lo he mirado y siempre ha sido así –dijo-: en Madrid se confunde Cataluña con el nacionalismo catalán. Es un error conceptual".

¿Y no será que es él, y los nacionalistas, quienes confunden toda Cataluña con el nacionalismo? ¿No serán esos políticos que niegan a España y tratan de arrancarle a Cataluña, quienes creen que todos los catalanes son, piensan y sienten como ellos? Para Maragall y para los nacionalistas catalanes está claro que quienes no están a favor del Estatuto –exceptuando, supongo, a los saltabancos de ERC- están contra Cataluña, a la que odian y hacia la que siente una aversión histórica. Por eso Cataluña no es España, proclaman las pancartas.

El eslogan elegido por el PSC para su campaña pro referéndum del 18 de junio va en esa línea: El PP usará tu no contra Cataluña. Pretenden con un reclamo tan antidemocrático movilizar a los ciudadanos para que voten sí al Estatuto. No es la primera vez que presentan al PP como una amenaza para Cataluña. En las elecciones de marzo de 2004, el PSC pidió al electorado: Derrotemos al PP. Tuvo éxito. Pero con estos manejos lo que se consigue es confundir toda Cataluña con una determinada opción política. Porque para ellos –y para los de CiU, ERC y demás nacionalistas- parece que un catalán deja de serlo si pertenece al PP.

Así viene siendo desde, por lo menos, diciembre de 2003, cuando las fuerzas impulsoras del Estatuto firmaron el Pacto del Tinell. Y a partir de ahora, con la campaña pro referéndum, será más virulento. El viernes, el propio Zapatero, en Gerona, en el mitin con que se abría la campaña, se despachó con estas insidiosas palabras: "Hay que empezar de nuevo a hacer algo: a que el PP respete a las fuerzas políticas de Cataluña, a sus ciudadanos, y a Cataluña en su identidad y sentimientos".

Miren por donde Maragall va a tener alguna razón. Zapatero confunde Cataluña. No con el nacionalismo precisamente, sino con una determinada política insolidaria, totalitaria y desleal con otras opciones legítimas, sin importarle que esa vergonzosa conducta pisotea los principios democráticos más elementales.

ETA: documentos de «guerra» para un proceso de «paz»
La banda no hace ninguna alusión al fin del terrorismo en sus mensajes
J. M. Zuloaga La Razon 21 Mayo 2006

Madrid- Uno de los argumentos que más se han empleado para tratar de restar importancia a los pronunciamientos que ha hecho ETA en las últimas semanas, en los que deja clara su voluntad de no disolverse, no entregar las armas y no renunciar a sus objetivos de independencia y socialismo, es que son reflexiones y manifestaciones para el «consumo interno». Es decir, que se trata de mensajes dirigidos a los militantes de la banda y de las organizaciones de su entramado. El resto, sobre todo el Gobierno, no debe hacer ningún caso ya que el «proceso de paz» marcha sin freno ni obstáculos.

No hay disolución. A este respecto, fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZON subrayan que tanto el «Zutabe» número 110 como las manifestaciones publicadas en «Gara» el pasado día 14 y el panfleto distribuido con posterioridad en las «herriko tabernas» (sedes de Batasuna), en el que se detallaban los atentados cometidos por la banda en 2004 y 2005, pueden ser considerados, por su contenido total o parcial, como «documentos de guerra». En ninguno de ellos se habla de disolución de la banda sino de su continuidad en el tiempo y, en cualquier caso, se supedita la duración del alto el fuego a la consecución de una serie de objetivos. Llama la atención que, si realmente se trata de documentos de «consumo interno», ETA esté transmitiendo a su militancia una serie de mensajes ajenos por completo al abandono de las actividades terroristas, decisión que -según algunos sectores políticos que apoyan el llamado «proceso de paz»- ya estaría tomada hace tiempo.

Sorprende, asimismo, que la banda haga llamamientos para que su militancia «mantenga tensionadas y activas» sus fuerzas por si el «otro bando» no cede a sus exigencias, en vez de transmitirles -ya que se trata de mensajes de «consumo interno»- que lo del terrorismo está acabado y que hay que irse preparando para vivir en paz y democracia. Sin embargo, y en una frase que parece más destinada al Gobierno que a su militancia, aseguran que «las autoridades españolas saben que el Estado español no conocerá la normalidad ni conseguirá la estabilidad hasta que no se concedan los derechos a Euskal Herria». Y de paso, amenaza a los que se opongan y les advierte que «tendrán que sufrir las consecuencias directas del enfrentamiento».

En las declaraciones publicadas en «Gara», los terroristas avisan que se equivocan los que limiten el «proceso» a «intentar desactivar la lucha armada de ETA».Vuelven a insistir en que no se trata de dejar las armas sino de conseguir unos objetivos (independencia, con la anexión de Navarra y territorios del sur de Francia, amnistía, etcétera).

Cuando aún no se habían apagado los ecos de estas declaraciones, ETA reparte por las sedes de Batasuna un panfleto en el que se vanagloria de los atentados cometidos en 2004 y 2005, como si, subrayan las mencionadas fuentes, quisiera recordar que aún mantiene su capacidad para perpetrar actos terroristas.
Atentados. En el panfleto, en el que se incluyen una serie de gráficos con la distribución de los atentados por provincias, se detallan las armas que se emplearon en los mismos y los objetivos a los que se atacaba: dos, contra las Fuerzas Armadas; uno, contra responsables políticos y económicos de España; uno, contra colaboradores y confidentes; cinco, contra intereses económicos; 13, contra intereses turísticos; cuatro, contra la Administración española; 17, contra infraestructuras; cinco, contra la Justicia; nueve, contra los símbolos de la opresión española; uno, «para defender al pueblo de los problemas sociales»; y 21, contra los que se «niegan a prestar ayuda económica a Euskal Herria». En este documento tampoco se incluyen mensajes de paz, lo que sería lógico si ETA tuviera como objetivo cerrar sus actividades terroristas.

Finalmente, las fuentes consultadas advierten del error de hacer una diferenciación entre lo que ETA dice públicamente y lo que se sabe a través de los «canales propios», y quedarse siempre con lo segundo. La mejor prueba de la banda cumple lo que dice son los ataques de «kale borroka» de este fin de semana.

Juan Pablo Fusi / Historiador: «Conllevarse con el nacionalismo no quiere decir claudicación»
El historiador estudia en su nuevo ensayo, «Identidades proscritas», la fuerte presencia del sentimiento nacionalista
Manuel Calderón La Razon 21 Mayo 2006

El nacionalismo, en contra de las sociedades abiertas, es una máquina de producir propaganda, ensueños y conflictos donde sólo hay la dinámica compleja de sociedades habitadas por ciudadanos que no sólo están marcados por el hecho, digamos que aleatorio, de haber nacido en un territorio determinado. Juan Pablo Fusi repasa en su ensayo «Identidades proscritas» esa realidad «no nacionalista» que, al contrario de lo que difunde el poder nacionalista, o es mayoritaria, o convierte en plurales sociedades donde el sentimentalismo histórico tiene la hegemonía.

-Dice en la introducción de «Identidades proscritas» que ha sido un gran error que los historiadores se hayan olvidado del estudio del no nacionalismo. ¿Estamos pagando esa carencia? -Yo hago una reflexión puramente historiográfica y, a veces ocurre que se descuidan temas que después tienen mucha importancia. Lo que ha sucedido al no prestar atención al no nacionalismo es que se distorsiona la realidad política, social, histórica y la interpretación que podamos hacer de determinadas naciones o regiones donde existen movimientos nacionalistas fuertes. Olvidamos que puede haber identidad sin nacionalismo.

-¿Por qué los nacionalismos producen ese encantamiento casi psicológico? -El nacionalismo es una teoría política, movimientos políticos y una reacción social que se apoya en simbologías y mitos fuertes que tuvieron en los siglos XIX y XX gran apoyo social y político y que provocaron la creación de naciones, conflictos internos en estados establecidos y grandes conflictos internacionales. Esto es suficiente para que prestemos atención al nacionalismo. Si el nacionalismo serbio fue el detonante de la primera guerra mundial, es obvio que le prestemos atención, aunque olvidemos que en Serbia, en 1914, había, además de terroristas, liberales, conservadores, pequeños partidos socialdemócratas y una pluralidad de opciones que no se resolvía sólo en el nacionalismo.
-La desventaja del no nacionalismo, como expresión de una sociedad abierta, es que no hace propaganda política.

-Ésa es una de las tesis que puede estar detrás de este libro. En primer lugar, el no nacionalismo no está articulado políticamente como lo está el nacionalismo, no está representado sólo por una opción política, ni a veces necesariamente se politiza, sino que representa una concepción de la nación como realidad compleja y abierta. El nacionalismo, por contra, tiene un proyecto de construcción nacional, no digo que necesariamente excluyente, pero sí cerrado e identificado con valores culturales e históricos más limitados.

-Habla en el capítulo dedicado al País Vasco de un personaje como José de Orueta al que define como liberal, monárquico, fuerista y autonomista. ¿Entonces se puede ser liberal y defensor de los fueros?

-Por cierto, que Cambó decía de José de Orueta que era un vasco exquisito, y realmente fue un hombre muy culto y vinculado a las grandes empresas industriales de Guipúzcoa y autor de unas memorias estupendas y, efectivamente, era monárquico, muy liberal, fuerista, pero, como muchos otros liberales, pensó que los fueros eran la verdadera constitución del País Vasco. Siempre hubo interpretaciones distintas de los fueros: la liberal, que la veía compatible con las constituciones españolas, y otra muy anterior al nacionalismo, que fue el fuerismo católico como identidad privativa del País Vasco.

-El PNV en los últimos años no ha contribuido a hacer compatible ser vasco y no ser nacionalista. -Hace unos años, la idea de que en el País Vasco había un fuerismo liberal no la hubiera puesto en duda nadie, porque existía, y porque hubo movimientos que se autodefinían así, incluso parte del republicanismo vasco entre 1900 y 1931 también reconocía esta tradición, incluso Indalecio Prieto, líder socialista, tiene unos debates apasionados contra el nacionalismo en los que reivindica la interpretación liberal de los fueros.

-¿Ha sido en los últimos años cuando se ha querido desnaturalizar la presencia de una sociedad no nacionalista en el País Vasco, incluso perseguirla?
-Hay una cierta ambigüedad: por una parte el PNV, que gobierna ininterrumpidamente desde 1980, ha procedido a lo que podemos llamar la construcción de un proyecto nacionalista que se ha manifestado en el esfuerzo por la euskaldunización del País Vasco, la educación en euskera, el cambio del nombre de las calles y señalizaciones, conmemorar determinado tipo de acontecimientos que son inequivocamente nacionalistas, levantar estatuas públicas a Sabino Arana..., por lo tanto el nacionalismo vasco se ha esforzado en la construcción de una sociedad nacionalista. Sin embargo, la idea del pluralismo vasco ha impregnado, por lo menos, la retórica y el discurso público. Prácticamente no hay nadie en la vida pública vasca y española que cuando se refiere al País Vasco no haga alusión a su pluralismo. Podrá no tener una traducción operativa, pero se ha incorporado al lenguaje, de ahí la ambigüedad.

-Defiende que el nacionalismo vasco es una reacción ideologizada a la derrota del carlismo, ¿debemos interpretar que el llamado «conflicto» sigue siendo entre liberalismo y tradicionalismo?
-No, yo creo que se ha ido complicando. La sociedad vasca, desde finales del XIX, ha cambiado considerablemente. Es una sociedad muy industrializada, con una aportación demográfica foránea gigantesca, que no es plenamente euskaldún... Los historiadores hablábamos antes de la triangulación de la política vasca hasta 1939: nacionalismo, derecha española, izquierda republicana-socialista. Pero ahora nuevos historiadores dicen que eso fue mucho más complejo. Yo hablaría de que existe una fuerte pluralismo y fragmentación política e ideológica del País Vasco.

-¿Cualquier solución al terrorismo vasco para ser justa tendría que tener en cuenta esa pluralidad?
-Mejor que la palabra solución, como historiador sólo puedo hablar de respuesta. Lo que llamamos «problema vasco», y no me refiero sólo a ETA desde 1959, tiene para mí dos aspectos. Uno ha sido el conflicto entre el nacionalismo vasco y el Estado español y otro el conflicto interno en la propia sociedad vasca. Por lo tanto, en una respuesta definitiva tiene que existir un equilibrio y una integración entre nacionalismo y no nacionalismo. Me limito a advertir que no será una respuesta satisfactoria plenamente si lo que llamamos País Vasco no se construye sobre la sensibilidad no nacionalista y la nacionalista.

-Se ha referido al conflicto vasco no desde la fundación de ETA, sino desde mediados del siglo XIX, sin embargo, es con la aparición del terrorismo cuando todo se distorsiona.
-Son las dos cosas y añado alguna más. Es evidente que la aparición del terrorismo de la banda ETA introdujo en la naturaleza de lo que podemos llamar «problema vasco» una dimensión que no había existido hasta entonces. El nacionalismo, de Sabino Arana hasta la guerra civil, con Leizaola y Aguirre, era un nacionalismo soberanista, católico, muy moderado y legalista pero en el que no cupo ninguna forma de violencia. El PNV basó su propaganda para las elecciones del 36 en decir que, tras la revolución de octubre de 1934, quien impidió que Euskadi fuese roja eran ellos. Los historiadores debemos matizar el uso recurrente de la palabra «conflicto» o «problema vasco», porque parece que esto es un conflicto interminable desde 1833, desde la primera guerra carlista, como ha dicho alguna vez Ibarretxe, y eso no es así.

-La construcción nacional requiere siempre de literatura, como usted dice que sucede nada más terminar la segunda guerra carlista.
-Sí, pero la historia es otra. Primero, la guerra civil carlista de 1839 no surgió por la abolición de los fueros. Segundo, los fueros fueron modificados, no abolidos. Tercero, hay una absoluta convivencia entre 1844 y 1868 sin conflicto alguno y con esos fueron modificados. Cuarto, la guerra carlista de 1872 al 1876 no tiene nada que ver con los fueros. Quinto, los fueros fueron abolidos en 1876, pero en 1878 se concede el concierto económico, que es una especie de foralidad económica mucho más fuerte que lo que había existido antes. Sexto, el PNV había sido un partido muy minoritario hasta los tiempos de la segunda República y, por lo tanto, el País Vasco, entre 1880 a 1931, está perfectamente representado por liberales, conservadores, carlistas, socialistas y por los republicanos. Y por último, no solamente es que no ha existido ese conflicto permanente, sino que desde el año 1880 lo que se produce es la irrupción de toda la economía e industria vasca en España.

-En Europa, el último hallazgo nacional fue la Padania, en Italia, y parece que tiene que ver más con defender privilegios que con reivindicaciones sentimentales. -El caso padano resulta mucho más artificial. Siguiendo con Cambó, éste decía que quien no entienda que catalanismo y nacionalismo son una reacción emocional, no entiende desde luego a Cataluña. No es el caso de la Padania y la Liga Norte, donde la artificialidad del proyecto es evidente.
-Ortega y Gasset dijo en su célebre discurso sobre el Estatuto de Cataluña del año 1932 que con los llamados nacionalismos periféricos sólo quedaba «conllevarse».

¿Hay solución final o sólo llevarnos bien mejor que mal?
-Yo, que soy muy crítico con el nacionalismo, pero que reconozco que como hecho histórico hay que tenerlo en cuenta, no puedo tener más respuesta que la de conllevarse. Ahora bien, conllevarse no quiere decir entreguismo al nacionalismo, claudicación, no significa abdicar de la crítica al nacionalismo. Pero no sólo la democracia española debe conllevarse con los nacionalismos periféricos, sino que éstos tienen que conllevarse con los no nacionalistas en sus territorios.

UN LIBRO EN TIEMPO RECORD
La tregua de ETA: mentiras, tópicos, esperanzas y propuestas
C.L.A. elsemanaldigital 21 Mayo 2006

CERTERO ANÁLISIS
El CIS acaba de descubrir que los españoles son más escépticos que el Gobierno sobre las intenciones de los criminales. En esa línea van los estudios aquí recogidos.

ESTO LO EXPLICA TODO
¿Es el islam una religión de paz? La cuestión se la han planteado muchos intelectuales en Occidente a raíz de la aparición en nuestro suelo, con el 11-S y luego con los atentados de Madrid y Londres, del terrorismo fundamentalista musulmán. Sin que ello deba hacernos olvidar que ese fanatismo ha costado ya miles de muertos en países musulmanes y con víctimas musulmanas. La cuestión, sin embargo, sigue ahí: ¿es la violencia intrínseca a esta religión, o bien es sólo una malinterpretación del Corán la que conduce a este cáncer? Antonio López Campillo nos ofrece una respuesta en Islam para adultos (Adhara, 185 págs., 16 €), un pequeño volumen prologado por César Vidal. En él encontramos un estudio divulgativo y sistemático del libro santo de los seguidores de Mahoma, y de cómo se ha interpretado a lo largo de los siglos y también hoy. Las conclusiones no son muy optimistas, por cierto.

LA PALABRA MALDITA
Voz de Papel publicó hace pocos meses un precioso estudio del joven benedictino Santiago Cantera, doctor en Historia y especialista en las órdenes religiosas. Su título, "Historia breve de la caridad y de la acción social de la Iglesia" (223 págs., 12 €). El autor explica el concepto cristiano de la caridad (distinto, aunque no opuesto, al moderno de solidaridad), y la forma en que ha moldeado nuestra cultura durante siglos haciendo frente a las cambiantes necesidades de los pueblos.

LA PIEZA QUE FALTA
Al cumplirse este año el 25 aniversario del golpe de Estado del 23-F se publicaron muchos e interesantes libros y reportajes, pero quizá ninguno tan sugerente como éste: 23-F: Las dos caras del golpe, de Ricardo Pardo Zancada (Áltera, 333 págs., 22,90 €) uno de los condenados por la intentona. El entonces comandante aprovechó su condena para doctorarse en Ciencias de la Información, y el relato goza, junto al valor testimonial, de soltura periodística para relatar (en visión muy subjetiva, desde luego) los detalles de lo sucedido. La evidencia (disimulada en la declaración oficial del Congreso, en una incalificable manipulación histórica) dicta que sólo Don Juan Carlos paró el golpe militar; pero queda otra cuestión, la única realmente no resuelta aún: ¿los golpistas creyeron sinceramente que actuaban en su nombre, o fue sólo un ardid legal para alegar obediencia debida? En estas páginas está la opinión de Pardo Zancada, con la sombra del general Alfonso Armada apareciendo a cada paso...

En una obra colectiva, nueve especialistas responden a la gran pregunta de la actualidad: ¿qué persigue la banda con su "alto el fuego"? ¿La paz, o es sólo un nuevo instrumento secesionista?

Grafite Ediciones ha conseguido un incuestionable éxito: lanzar al mercado editorial un volumen de 340 páginas que estudia la denominada tregua de ETA desde diversas perspectivas y disciplinas: la Historia, la Ética, la Doctrina Social de la Iglesia, la Victimología, el análisis político, etc. Y todo ello, en los escasos dos meses transcurridos desde la declaración de "alto el fuego permanente" por parte de la banda terrorista.

Opiniones cualificadas
Estamos, pues, ante un estudio pionero de lo que ha de ser, en los próximos meses, un intenso debate en la sociedad española.

Un equipo de historiadores y periodistas, dirigidos por el profesor navarro José Luis Orella Martínez, han reflexionado conjuntamente con el objetivo de proporcionar luces que iluminen un debate de alcance nacional pero que, no obstante, parece exclusivo de políticos e iniciados. Y han alcanzado un doble mérito: proporcionar un amplio material pluridisciplinar que orbita en torno a la naturaleza del nacionalismo radical y del terrorismo de ETA; y hacerlo con una notable unidad de criterio interna.

Los coautores son nueve reconocidos expertos en los ámbitos desde los que investigan la cuestión: José Basaburua (especialista en análisis político de la actividad terrorista), Antonio Beristain (fundador del Instituto Vasco de Criminología y de la Sociedad Internacional de Victimología), José Ignacio Echaniz (redactor de la revista Arbil), Rafael Ibáñez Hernández (historiador), Jesús Laínz (colaborador de Elsemanaldigital.com), Jaime Larrínaga (ex párroco de Maruri, presidente de Foro El Salvador), Manuel Morillo (del Foro Arbil), Fernando José Vaquero Oroquieta (presidente de la Fundación Leyre), bajo la dirección del mencionado José Luis Orella, profesor de Historia.

Se recogen, en sus anexos, además, las opiniones cualificadas de hasta 13 personalidades relevantes del panorama mediático actual y algunas entidades directamente implicadas en la denuncia del terrorismo. Se incorporan, también, a su amplio anexo, diversos documentos cocidos al calor de la Iglesia católica y cuyo juicio del terrorismo es unívoco e incuestionable; más una amplia bibliografía y varias decenas de direcciones electrónicas relacionadas con la cuestión. Un esfuerzo notable, en cualquier caso.

Más allá del momento presente
No obstante, no se trata de un libro meramente coyuntural: al margen de la oportunidad de su elaboración, las cuestiones aquí tratadas permanecerán vigentes; incluso si el panorama político cambiara abruptamente. Y no podía ser menos: las raíces medievales de las Vasconias; los tópicos del nacionalismo vasco; la historia de los vascos perseguidos durante estas últimas décadas; las actuaciones de la Iglesia católica; las relaciones entre terrorismo nihilismo y totalitarismo; las aportaciones de la Victimología… Perspectivas y análisis, en suma, que seguirán en primera fila de la actualidad por muchos años, tememos.

Pero, aunque se trate más de una obra de contexto y de fondo, no eluden la cuestión que invoca su título y portada; de ahí que se dedique un espacio relevante a la naturaleza de la tregua; la textura de la conciencia ética de la necesaria resistencia a este totalitarismo; los posibles nuevos escenarios políticos; la situación de Navarra. Etc.

¿Qué nos espera con ETA?
Un libro polémico que ha sabido sumar a la actualidad de algunos estudios ya publicados con anterioridad, el rigor de otros inéditos y expresamente elaborados para la ocasión.

La conclusión a la que se llega, acaso, con su lectura es algo preocupante: ETA no ha cambiado. Sus pretensiones siguen siendo las mismas de siempre. E, incluso, está logrando liderar al conjunto del nacionalismo vasco en una vía secesionista acelerada y fatalmente decidida. Así, "su" paz no sería sino un frente más de su línea de combate. Pero, si el Estado abandona los instrumentos que más evidentes éxitos le proporcionó en su lucha contra el terrorismo, es decir, el Pacto por las libertades y contra el terrorismo y la Ley de Partidos, ¿sobre qué bases afrontará el reto al que se enfrenta? ¿Nos encontramos, acaso, a un paso de un salto colectivo al vacío?

Todas las respuestas las dará el tiempo, pero cada uno de nosotros vamos a ser actores de ese tiempo, y por tanto nos hace falta información. Este volumen abunda en ella.

Referéndum en Montenegro
Por MIRA MILOSEVICH Profesora e investigadora del Instituto Universitario Ortega y Gasset ABC 21 Mayo 2006

HOY se celebra un referéndum en Montenegro, una de las repúblicas que actualmente forman parte de Serbia y Montenegro, el último Estado sucesor de la antigua Yugoslavia. A la población se le planteará la siguiente pregunta: «¿Quiere usted que Montenegro sea un Estado independiente con plena soberanía nacional?». De acuerdo con la ley aprobada y a sugerencias de la Unión Europea, el plebiscito será válido si la opción separatista obtiene más del 55 por ciento de los sufragios y si participa al menos la mitad -más uno- de los 484.718 votantes inscritos. De triunfar el «no», la consulta se repetirá en tres años. Las encuestas realizadas hasta ahora dan una victoria del 55,9 por ciento para los separatistas. Si gana el «sí», Montenegro se convertirá en un Estado independiente, con su tamaño de 13.812 kilómetros cuadrados y sus 650.575 habitantes. Esta noche lo sabremos.

El referéndum de Montenegro se celebra en un momento especialmente delicado para Serbia y para la región: la Unión Europea ha interrumpido sus conversaciones sobre el Pacto de Estabilidad y Asociación, por el hecho de que Serbia y Montenegro todavía no ha entregado al criminal de guerra Ratko Mladic al Tribunal Penal de La Haya. Las negociaciones sobre el futuro estatuto de Kosovo están en marcha, y todo apunta a que prevalecerá la solución diplomática que proponen los Estados Unidos: la independencia. Mientras tanto, el Parlamento de la vecina Bosnia-Herzegovina, después de una semana de discusiones, y a pesar de las presiones de las diplomacias norteamericana y europea, ha rechazado las enmiendas para el cambio de la Constitución, que suponían una mayor centralización del Estado.

El principal objetivo de las enmiendas era adaptar la Constitución bosnia a la rectificación de los Acuerdos de Dayton, firmados en noviembre del año pasado en su décimo aniversario. La centralización del Estado bosnio es necesaria porque las dos entidades que lo forman (Federación Croato-Bosnia y República Serbia) funcionan como dos Estados independientes (es el caso de Serbia y Montenegro). El rechazo de las enmiendas significa que la integración de Bosnia-Herzegovina en la Unión Europa está aún más lejos, pero -lo que es más peligroso para la estabilidad de la región- también revela que los apetitos nacionalistas que provocaron la sangrienta guerra en los años noventa aún permanecen intactos. Si Montenegro se independiza de Serbia no nos puede sorprender que la República Serbia de Bosnia exija unirse a ella.

En este caso, los croatas no tardarían en pedir lo mismo con su respectiva república, y los musulmanes de Sandzak (sur de Serbia) intentarían cumplir lo que buscan desde 1992, unirse a los musulmanes de Bosnia. Éste sería el escenario en el peor de los casos. Sin embargo, hay que reconocer que los antiguos yugoslavos han dejado de solucionar sus problemas a través de la guerra. Organizar un referéndum, con el compromiso de ambas partes de que aceptarán el resultado de las urnas, sea cual sea, es toda una novedad. La organización de esta consulta popular perjudica claramente la estabilidad de la zona y refleja que la diplomacia europea es impotente para frenar la balcanización completa de la región. Sin embargo, las consecuencias del referéndum transcienden las fronteras de los Balcanes, pues rompe con el tabú político del derecho de autodeterminación, y esto, obviamente, enardecerá a ciertos líderes de los irredentismos occidentales. Ibarretxe ya había declarado que España debe tomar ejemplo de Serbia y Montenegro y aprender que las pequeñas naciones tienen un inalienable derecho de autodeterminación. Sin embargo, el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, va más allá cuando afirma que el referéndum montenegrino es la prueba de que es «una gran mentira» el argumento de que Europa jamás permitirá un ejercicio dirigido a crear un nuevo Estado dentro de la Unión Europea. Es evidente que los nacionalistas catalanes y vascos son insaciables (como lo son todos los nacionalistas en general), pero se equivocan cuando equiparan el caso de Serbia y Montenegro con el de España.

En primer lugar, Serbia y Montenegro no es un Estado miembro de la UE, y precisamente hasta ahora la Unión condicionaba su integración en Europa a cambio de que Montenegro renunciara a sus apetitos secesionistas. La Constitución de Serbia y Montenegro (2002) establece el derecho de ambas repúblicas a promover un referéndum para cambiar su estatuto (artículo 60). La Constitución española, afortunadamente, carece de un artículo semejante. El referéndum de Montenegro forma parte del proceso de balcanización que comenzó en los años noventa y es la consecuencia «natural» de las guerras que ha padecido la Yugoslavia comunista. Es el ejemplo perfecto de la política entendida como la guerra con otros medios.

Las declaraciones de Otegi reflejan lo que los irredentistas en España siempre han intentado provocar: su desintegración. Si el proceso de balcanización de los últimos quince años en Yugoslavia y la impotencia de la Unión Europea han dado alas a los separatistas montenegrinos, la debilidad del Gobierno socialista y su continua predisposición a negociar con los nacionalistas (y con los terroristas) para mantenerse en el poder pueden crear a largo plazo (y no tan largo) las mismas condiciones que hoy disfrutan los montenegrinos. Se ha demostrado que los yugoslavos no supieron conservar su propio Estado y que nadie pudo hacerlo por ellos. Así que la cuestión clave es saber si los españoles y su actual Gobierno quieren conservar su Estado, y no si la Unión Europea quiere y puede impedir la desintegración de éste.
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