AGLI

Recortes de Prensa     Jueves 22 Junio  2006
¿Qué compromisos?
Editorial ABC 22 Junio 2006

CON su último comunicado, hecho público ayer, ETA ha puesto definitivamente sus cartas sobre la mesa, colocando al Gobierno en una encrucijada a la que ha llegado por sus propios errores. La banda terrorista se presenta a sí misma con la brutal sinceridad que hizo de este «proceso de paz» un espejismo desde el primer día, proceso al que sólo el empeño del Ejecutivo en negar la realidad le dio una apariencia de verosimilitud que los etarras han disipado de forma implacable. Realmente, ETA no dice nada que no haya dicho antes -por ejemplo, en la entrevista publicada por «Gara»- o que no estuviera resumido en la bocanada criminal de «Txapote» al término del juicio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Esta vez, el Gobierno debe dar su opinión. No vale refugiarse en el tópico de que no comenta los comunicados de ETA. Éste sí tiene que ser valorado por ese Ejecutivo que anuncia todos los días su voluntad de sacar adelante el «proceso de paz», sea lo que esto sea después de conocer las condiciones y los objetivos de los etarras. No hay un paso atrás en los planteamientos de ETA. Al contrario, los terroristas parecen llamar al orden a Rodríguez Zapatero para que no se equivoque con ellos. Por eso, el comunicado recuerda que los etarras «han luchado y luchamos con las armas en la mano» y que «nuevas generaciones se sumarán a la lucha». ETA le recuerda a Zapatero que es una organización terrorista. Por supuesto, el Gobierno tiene que fijar su opinión ante este comunicado y, sobre todo, de cara a futuras decisiones, porque Zapatero se ha quedado sin argumentos, siquiera retóricos, para seguir manteniendo su intención de iniciar el diálogo con ETA. No debería consolarse con que la banda le tiente con pasar a la historia como el pacificador, ni con que reitere que «su voluntad y su deseo» es solucionar el «conflicto». Ya lo ha dicho otras veces, tantas como treguas ha revocado.

El Gobierno tiene ante sí la propuesta definitiva de ETA. El presidente tiene que rechazarla sin paliativos. Lo que la banda le propone es inaceptable, de principio a fin. No hay Estado que sobreviva a una negociación como la que plantean los etarras, que realmente no es una negociación sino un plan de rendición en el que el Estado debe desarmarse y en el que está predeterminado el resultado: la eliminación del Estado de Derecho, la anexión de Navarra y el ejercicio de la autodeterminación. ETA no acepta los límites de la Constitución, desprecia el Estado autonómico y, lo que es todavía más grave, exige al Gobierno que empiece «a adoptar y cumplir sus compromisos de alto el fuego». Si ETA miente al referirse a estos compromisos, Rodríguez Zapatero debe pronunciarse públicamente, porque al líder de la oposición, Mariano Rajoy, y a la opinión pública les dijo que no había asumido ninguno con los terroristas. Ha llegado el momento de que el jefe del Ejecutivo hable sinceramente a la sociedad española, que tiene derecho a ser informada por sus representantes legítimos y no por los terroristas. ¿Qué compromisos son ésos?

Llegado a este punto, la falsedad del «proceso de paz» se ha hecho evidente. Los terroristas se jactan de seguir con las armas en la mano, de augurar la continuidad terrorista con nuevas generaciones, de amenazar a quienes crean que esta tregua concluirá en su derrota y de advertir al Ejecutivo que «las decisiones y pasos de Euskadi Ta Askatasuna serán consecuencia de la actitud que mantenga el Gobierno español ante el proceso abierto en Euskal Herria». Es decir, la voluntad inequívoca de ETA es seguir con el terrorismo si el chantaje no surte efecto.

Es posible que la banda haya emitido este comunicado a raíz de la operación policial contra su red de extorsionadores. Pero más parece destinado a reconvenir a Rodríguez Zapatero para que no disfrace la situación y no confunda a nadie. ETA no quiere que se malinterprete su tregua. El Gobierno, sí. Por eso desacredita el discurso del Ejecutivo y recuerda que la oportunidad de la tregua no es para alcanzar la paz, sino la soberanía, la anexión de Navarra y la impunidad de sus crímenes. Los voceros que despachan estos comunicados como productos de «consumo interno» ya están amortizados. También los que espigan sus párrafos para quedarse con la frase vacua de que ETA reitera su voluntad de negociar. Ayer los terroristas dieron un ultimátum y el Gobierno debe asumir la responsabilidad que exige la situación, rechazando las condiciones de los etarras, sean cuales sean las consecuencias.

ETA recuerda el precio de su "paz"
EDITORIAL Libertad Digital 22 Junio 2006

En un comunicado en el que los terroristas dejan en evidencia la realidad y la fragilidad de su chantajista pacto con el Gobierno del 14-M, una envalentonada ETA acaba de recordar los "compromisos de alto el fuego" por parte del Ejecutivo de Zapatero, y le exige que "pase de las palabras a los hechos, dando los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución sea obstáculo en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el Pueblo Vasco".

ETA deja así de nuevo en evidencia que su objetivo de "alto el fuego" no es otro que la consecución de aquellos delirantes fines nacionalsocialistas por los que ha asesinado a casi un millar de españoles: "Que no le quepa ninguna duda a nadie que de continuar la actual situación de opresión y conculcación de derechos, nuevas generaciones se sumarán a la lucha respondiendo con fuerza a quienes por la fuerza mantengan esta situación de injusticia".

Ni que decir tiene que la "opresión" y la "fuerza" que ETA está dispuesta a repeler por la fuerza no son otras que la legalidad democrática y la soberanía del pueblo español. A este respecto, la típica insaciabilidad de los terroristas apenas es sensible a los intentos de neutralización del Estado de Derecho por parte del Gobierno y su fiscalía, o su visto bueno al "diálogo" con la ilegalizada Batasuna, o su frustrado encubrimiento de la extorsión que sufren los empresarios en toda la llamada fase de "verificación" de este "alto el fuego" que es, en sí mismo, todo un monumental chantaje a los españoles que el PSOE quiere encubrir como electoralista "paz".

Tras tantos requerimientos gubernamentales a los jueces para que den prioridad al llamado –peor que nunca– "proceso de paz", en detrimento de la legalidad vigente, la desencajada y airada expresión de Rubalcaba y Otegi tras la intervención de los jueces Marlaska y Le Vert era perfectamente comprensible. Esta intervención judicial dejaba en evidencia una extorsión que ya había sido denunciada por sus víctimas, justificada por ETA en Gara y publicada en El Mundo, mientras el Gobierno de ZP no quería reconocer públicamente su existencia para poder seguir sosteniendo la farsa del "proceso de paz".

Ahora Rubalcaba ha corrido a poner sordina al voraz y desafiante comunicado de ETA, mientras se ha curado en salud diciendo que los terroristas deben perder "toda esperanza de lograr sus fines políticos". ¿Y quién les ha dado más esperanza a los terroristas que un presidente del Gobierno que les prometió que, con la tregua, "todo tendría cabida, tenga el alcance que tenga"? ¿Quién le ha dado más esperanzas que un presidente del Gobierno que ya ha dado su "visto bueno" a un diálogo político con un partido formalmente ilegalizado en España que está integrado en la Lista de Organizaciones Terroristas de la Unión Europea? ¿Quién le crea más esperanzas a ETA que Zapatero, al dar por descontado que los magistrados del Tribunal Constitucional admitirán como constitucional un estatuto soberanista que, si bien no sacia a los separatistas, es claramente inconstitucional?

Si de verdad el Gobierno del 14-M quiere acabar con toda esperanza de ETA, que se comprometa públicamente a no pactar con ninguna formación separatista firmante del Pacto de Estella la modificación del Estatuto de Guernica, tal y como exige la más elemental fidelidad al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Lo demás es manipulación que sólo sirve para generar cada vez más esperanzas en ETA, con el incipiente temor gubernamental de que nos estallen antes de las próximas elecciones.

Asesinato de Blanco
AL PNV LE ASUSTÓ QUE LA REACCIÓN POPULAR ERRADICASE A ETA
Redacción minutodigital 22 Junio 2006

Cuando Miguel Ángel Blanco acababa de ser enterrado, la preocupación del PNV no era hacerle justicia, sino evitar que ETA desapareciese y que el nacionalismo perdiese así su brazo armado.

Los nacionalistas suelen dividir a la humanidad en ellos y los demás; los primeros son buenos, justos, generosos y amables, mientras que los segundos son malvados, estúpidos, egoístas y traidores. Para los nacionalistas vascos quienes asesinan por Euzkadi son “gente descarriada”, “chicos de la gasolina” y sus víctimas “algo habrán hecho”. Como dijo Javier Arzallus, hoy reducido a nada en su partido, “unos agitan el árbol y otros recogen las nueces”.

¿Qué habría sido de los separatistas en la transición si no hubiese existido ETA?, ¿habrían obtenido el Estado de las Autonomías, que ahora se está hundiendo? Seguramente no. Por eso, los nacionalistas pacíficos siempre protegen a sus matones; desde Labordeta al BNG se opusieron a la ilegalización de Batasuna.

En estos días en que se está desarrollando el juicio contra los asesinos del concejal del PP Miguel Ángel Blanco, hay que recordar que a los peneuvistas les asustó no la crueldad del crimen, sino la reacción popular contra ETA. Temían que si ETA desaparecía ellos perdiesen el monstruo con el que asustar “a los de Madrid”.

El diario nacionalista Deia publicó el 24 de julio de 2001 un artículo de su columnista Koldo San Sebastián en el que aparecía este párrafo estremecedor por su insensibilidad: “Días después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, centenares de militantes del PNV nos reunimos en asamblea para ver cómo afrontábamos la brutal campaña político-mediática que se había desatado contra nosotros. En las asambleas se produjeron momentos muy tensos HABÍA QUIEN PENSABA QUE, EFECTIVAMENTE, SIN ETA, NOS CONVERTIRÍAMOS EN UNA FUERZA VULGAR. Para quien conozca un poco la historia del PNV, se vivieron los momentos más críticos desde 1936 (incluso más críticos que los de la última escisión)”.

De nuevo, se comprueba que el PNV y todos los nacionalistas necesitan a ETA y sus asesinatos para medrar. Pero, ¿por qué la necesita Rodríguez?

Insistencia inquietante
Editorial El Correo 22 Junio 2006

Una vez más, ETA ha demostrado, con el contenido de su último mensaje, que continúa moviéndose en el terreno de la irrealidad, tratando de proyectar hacia sus seguidores expectativas que sólo pueden conducir al marasmo y la frustración de aquéllos que crean que el cese terrorista va a tener como contrapartida la realización de su proyecto totalitario. Cumplidos ya tres años sin víctimas mortales, transcurridos tres meses desde que ETA decretara su alto el fuego y pese a que los hechos vienen a alentar la esperanza de un futuro sin violencia, se mantiene invariable el delirante universo en el que la banda pretende instalar las bases de lo que para ella debe ser una paz 'justa y duradera'.

En su comunicado, ETA se erige en intérprete de la historia del pueblo vasco y de sus derechos y aspiraciones, y traza el relato de las décadas marcadas por su terror, llegando a la jactanciosa y cruel conclusión de que ningún gobierno ha conseguido acabar con ella. Crecida, precisamente, sobre las esperanzas que su alto el fuego ha suscitado en la ciudadanía, ETA ha ido cargando sus comunicados y pronunciamientos desde el 22 de marzo y subiendo sus exigencias en un intento de aprovechar el efecto sobre la sociedad de un tiempo sin violencia, hasta el punto de llegar a demandar nada más y nada menos que la desactivación del Estado de Derecho. Y lo cierto es que allá donde ETA ve represión, chantaje, extorsión y situaciones de excepción, lo único que existe es la ley, su cumplimiento y la persecución de las conductas que violentan el ordenamiento democrático. Pero su exigencia de que el Estado de Derecho entre también en tregua tiene una clara intención: lograr equiparar la banda terrorista con el Estado de Derecho, establecer tal paralelismo entre ambos que, una de dos, o se acaba legitimando a ETA como representante del pueblo vasco o se deslegitima al Estado y sus poderes en tanto que hagan dejación de sus obligaciones. Hipótesis no sólo descartable desde cualquier punto de vista, sino que las instituciones ya han dejado claro que jamás se cumplirá. La única paz justa y duradera es la que la sociedad democrática consiga del desestimiento de ETA y de su disolución.

La banda terrorista trata de eludir su derrota cuando ésta ya es un hecho para una sociedad que no se amedrenta y unas instituciones que han demostrado su entereza en la lucha contra la amenaza y la coacción. La advertencia etarra de que, si se frustra el proceso, habrá generaciones dispuestas a seguir en armas, demuestra hasta qué punto la violencia continúa siendo su ideología dominante. Pero desgraciadamente acredita también que hay todavía un largo trecho que recorrer hasta que la sociedad y las instituciones logren que ETA no sólo cese en su actividad violenta, sino que renuncie de una vez y para siempre a formular amenazas expresas o veladas.

Si no fuera porque el comunicado va firmado por una banda terrorista, sería un sarcasmo el llamamiento de ETA a los poderes públicos para que asuman 'riesgos políticos'. Es indudable que esta reiteración opresiva, unida a las imágenes crueles y despiadadas ofrecidas estos días por los asesinos de Miguel Ángel Blanco, introducen un factor de inquietud que compromete directamente la iniciativa emprendida por el presidente Rodríguez Zapatero y su Gobierno. Es cierto que la severidad y la preocupación con que deben leerse las palabras de ETA no han de hacer olvidar que en el plano de los hechos el cese de la actividad terrorista está siendo una realidad palpable. Pero, de igual manera, la existencia de la banda terrorista constituye mucho más que una sombra sobre la esperanza y el alivio con los que la sociedad anhela el fin del terror. Es muy probable que vuelvan a justificarse los inadmisibles argumentos del sectarismo etarra alegando que son para consumo interno. Una explicación preocupante en sí misma. Porque tanto si es el mundo que rodea a ETA el que requiere saciarse con tan burdo totalitarismo, como si es la propia banda la que necesita mantender la adhesión de su entorno refugiándose en su inconsistente fabulación, hay motivos para la inquietud.

Es comprensible que el Gobierno de Rodríguez Zapatero haya estado realizando un esfuerzo de discreción y cautela, evitando salir al paso de cada comunicado, incidente o insinuación producidos desde el anuncio del alto el fuego. Pero la insistencia etarra obliga a que quien ostenta legítimamente la responsabilidad de conducir las iniciativas que lleven al final del terrorismo replique con la claridad necesaria a estas reiteraciones, por parte de ETA y de los intérpretes de su voluntad, de exigencias inconcebibles, de postulados que no caben en un sistema democrático y de intentos de reducir a cero el Estado constitucional. Este último comunicado se ha producido justo cuando Rodríguez Zapatero se aprestaba a anunciar ante el Congreso la apertura del proceso negociador. Ello invita a pensar que se trata de un pronunciamiento con una intención directa: la de comprometer al presidente del Gobierno. Y es preciso que ante semejante provocación, el Ejecutivo y el conjunto de las instituciones dejen claras, una y otra vez, como ayer hizo el ministro de Interior, cuáles son las condiciones democráticas para el fin del terrorismo: que ETA renuncie al uso del terror y se disuelva y que no espere recibir a cambio ninguna recompensa de orden político.

ETA emplaza a Zapatero y pide que el Estado de Derecho abdique
Editorial Elsemanaldigital 22 Junio 2006

En un comunicado remitido al diario nacionalista Gara y redactado en castellano, la banda terrorista ETA afirmó ayer que "la represión que a día de hoy aún persiste" y no es compatible con el llamado "proceso de paz". ETA se dirige a José Luis Rodríguez Zapatero para señalar que la "oportunidad de paz" depende de los pasos que dé el Gobierno y pide a la opinión pública española que apoye una "solución negociada".

Este comunicado de ETA ha sido emitido a los tres meses exactos del "alto el fuego permanente". Coincide con las fechas de un juicio decisivo en la Audiencia Nacional, el de los asesinos del concejal de Partido Popular en Ermua Miguel Ángel Blanco. Como aquel asesinato en 1997, hoy la actitud digna de los familiares y las víctimas frente a los desafíos de los inculpados ha generado una lógica reacción sentimental contraria a ETA en la sociedad española. ETA es consciente de la importancia de los sentimientos populares, y el comunicado apela directamente a los "deseos de paz" .

Tanto el presidente del Gobierno como el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba se han referido más de una vez al "inmenso anhelo de paz" que vive España. ETA apela a esa misma sensación, y ofrece "la superación del conflicto por la vía del diálogo y la negociación". ETA y el PSOE emplean las mismas expresiones para referirse a la actual situación, en la que ven ambos "una oportunidad histórica". Eso sí, ETA ha elegido este momento para recordar también su precio y sus condiciones.

Si "para avanzar en el camino del diálogo es imprescindible desactivar todas las medidas represivas y de excepción", ETA quiere decir que no pueden continuar los juicios en la Audiencia Nacional a los criminales más peligrosos, porque se corre el riesgo de que el pueblo español reaccione contra ellos. Y ETA está evidentemente molesta por las operaciones antiterroristas del juez Fernando Grande-Marlaska, ya que la detención de doce dirigentes del aparato de extorsión de la banda ha revelado que ETA sigue organizándose, que sigue chantajeando y que cuenta para ello con activistas políticos incluso en partidos nacionalistas que se dicen democráticos como Aralar. ETA sabe lo que quiere, y es ante todo que el Estado de Derecho deje de actuar, como primera contrapartida de su cese parcial de actividades. Zapatero sabe, sin duda desde ayer y probablemente desde antes, que ETA espera ahora un gesto por su parte.

Cuál pueda ser ese gesto sólo puede conjeturarse. Pero es significativo que Batasuna haya elegido el mismo día del comunicado de ETA para escribir una carta pública a los regionalistas de Unión del Pueblo Navarro (UPN) diciendo que la izquierda nacionalista no "le va a permitir que ponga vetos al diálogo político". Para Batasuna, es decir para ETA, ahora mismo UPN es un "tapón" al diálogo, es decir a la negociación política. En esa negociación –que es la misma a la que Zapatero está emplazado por los terroristas- la sumisión de Navarra al nacionalismo es uno de los primeros pasos.

ETA ha dicho a Zapatero, poniendo como testigos a todos los ciudadanos, que, como estamos en "proceso de paz", deben gozar de impunidad y de libertad de acción. Según los etarras, si Zapatero quiere jugar la baza de la paz debe "pasar de las palabras a los hechos". Y en este momento el presidente del Gobierno de España debe elegir si acepta el chantaje de los terroristas y se somete a sus exigencias y a sus plazos –pasando por encima de la libertad, de la justicia y de los navarros- o si cumple con su deber institucional y rechaza tajantemente las exigencias de los criminales. Sólo si hace esto último debe contar con todo el apoyo del Partido Popular de Mariano Rajoy.

UN ESTATUTO QUE SUSCITA MÁS RECURSOS QUE APOYOS
Editorial minutodigital 22 Junio 2006

Que el nuevo estatuto de Cataluña suscita más desacuerdos que consensos, es más que evidente. No solo la escasa participación ciudadana en su aprobación, sino el alubión de recursos que ya se han anunciado contra el polémico texto, nos demuestran que nos encontramos ante la típica alcaldada que desea imponer su visión particular sobre las cosas, en contra de leyes, voluntades y sentido común.

El presidente del Gobierno de La Rioja, el popular Pedro Sanz, ha anunciado que los servicios jurídicos de su ejecutivo regional están estudiando la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, que considera pone en tela de juicio los pilares básicos de la estructura del Estado, y del funcionamiento del propio sistema.

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, también apoyó la decisión del gobierno aragonés, presidido por el socialista Marcelino Iglesias, de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos y disposiciones del nuevo Estatuto de Cataluña relacionadas con el Archivo de la Corona de Aragón. Esperamos que también el PP cumpla su palabra y formalice el recurso contra el estatuto. Y es de esperar que todas las comunidades regidas por el PP también se sumen a esta serie de recursos contra un texto que atenta contra los principios de igualdad entre ciudadanos y de intersolidaridad regional.

En definitiva entramos en una carrera que sin duda nos va a llevar a una serie de conflictos y confrontaciones en torno a la financiación autonómica, de la que tan solo se puede culpar al gobierno Zapatero y a su ansia por reformar a su antojo el actual sistema constitucional.

Y es que aparte de las ya de por sí graves implicaciones que supone para la unidad de España la aplicación de este estatuto y la merma para las libertades lingüísticas que implica, las consecuencias económicas supondrán un duro reajuste del sistema de financiación autonómica y por tanto, que nadie lo dude, una confrontación entre territorios.

En definitiva lo de menos es que el referendum haya resultado un fiasco, lo importante es que el texto del estatuto catalán ha de ser recusado en sí mismo, por atentar contra la Constitución y como contrario a los intereses de todos los españoles, incluidos los catalanes. Un texto que, ya lo comprobamos durante la campaña para su aprobación, solo ha sido capaz de provocar enfrentamientos entre los ciudadanos y violencia política. Algo que hasta ahora nunca había sucedido en España con ninguna norma.

Cataluña en crisis
Editorial ABC 22 Junio 2006

EL balance del mandato socialista en Cataluña se ha traducido en una crisis política sin precedentes en esta Comunidad, culminada con el anuncio de Pasqual Maragall de que no repetirá como candidato a la Generalitat. Se ejecuta así otra parte del acuerdo entre CiU y Rodríguez Zapatero para facilitar al PSOE el desprendimiento del lastre acumulado por la experiencia nefasta del tripartito y la oportunidad fallida del nuevo Estatuto. Con su retirada, Maragall paga la factura de sus errores, pero también de las estrategias de La Moncloa, porque nada de lo que ha sucedido en Cataluña se ha producido sin el estímulo de Zapatero: él apoyó la convergencia del socialismo con el nacionalismo extremista de ERC; él avaló al tripartito, que luego laminó el Estatuto y él exportó el invento a la política nacional, con la conversión de los independentistas de Carod-Rovira en socios preferentes. Aquel experimento de hacer subir al poder político a un partido con resabios antisistema, como es ERC, no podía dar un resultado mínimamente aceptable.

Maragall tampoco es el único responsable del desaguisado del nuevo Estatuto catalán, que Zapatero rescató de su fracaso en dos ocasiones, facilitando su aprobación en Barcelona y en Madrid con sendos pactos con el partido opositor al gobierno de Maragall. Imputar a éste ahora la responsabilidad por la mala gestión del proceso estatutario o las tensiones derivadas de su discusión y aprobación es querer hacer leña del árbol caído. Maragall tiene culpa, sin duda, pero no toda, ni siquiera la principal. Lo que ha hecho fracasar políticamente a Cataluña ha sido la temeridad socialista de creer que podía dar solvencia a la alianza con el extremismo de ERC. Y esto es lo que Zapatero propició, incluso después de que, como publicara ABC en enero de 2004, Carod cometiera la deslealtad de entrevistarse con ETA para sellar una tregua limitada a Cataluña.

El escenario político catalán es desalentador, y nada lo demuestra más que la falta de ilusión por el nuevo Estatuto, y la crisis institucional de una comunidad en la que el nacionalismo, incluido el actual PSC, ha sido incapaz de articular un proyecto político estable para los catalanes, al margen del victimismo y del enfermizo enfrentamiento con Madrid. El Estatuto ha roto el tripartito, ha defenestrado al presidente de la Generalitat y ha provocado elecciones anticipadas. Y el socialismo que iba a regenerar la política catalana, liberándola de las cargas del pasado pujolista, se abraza a CiU para remontar la crisis. Poca regeneración, sin duda.

A pesar de la marcha de Maragall y de la convocatoria anticipada de comicios autonómicos, el mal ya está hecho. Un mal reiterativo que es impune para una clase política acostumbrada a encubrirse recíprocamente, aun a costa de mantener a más de media sociedad metida en su casa el día en que se vota el Estatuto que les «convierte» en nación. Aunque Zapatero se comporte como un espectador de esta crisis -lo mismo que hace en otros episodios no menos graves-, suya es la responsabilidad de haberla propiciado, por acción y por omisión, tomando decisiones incompatibles con los intereses nacionales por los que debía velar.

Se acabó
XAVIER PERICAY ABC 22 Junio 2006

... Maragall ha dicho adiós por una razón muy simple: porque ha perdido el referéndum. No en términos meramente jurídicos: el «sí» ganó y el Estatuto está legalmente aprobado. Pero Maragall no ganó...

EL Palacio de la Generalitat fue ayer de nuevo el escenario de una ficción. Cuando ni siquiera habían transcurrido tres días desde el referéndum del Estatuto, Pasqual Maragall convocaba a los medios para darles cuenta de su renuncia a repetir como candidato socialista a la presidencia del Gobierno autonómico. Así pues, parecía lógico esperar una relación de causa a efecto entre el desenlace del plebiscito y la decisión presidencial. Nada. A juzgar por sus propias palabras, Maragall se retira de la primera línea de la política -y quién sabe si también de todas las demás- porque ha visto cumplidos los cuatro objetivos que se propuso a su vuelta de Roma, en una fecha de la que justamente la próxima semana van a cumplirse ocho años. A saber: conseguir la alternancia en el Gobierno de la Generalitat; llevar a cabo una política de izquierdas; contribuir a impulsar una nueva propuesta de España plural, y convertir a su partido, el de los socialistas catalanes, en el primero de Cataluña. Teniendo en cuenta que tres de estos objetivos -el primero, el segundo y el cuarto- son interdependientes, y que la concreción del tercero no dependía de su estricta voluntad, lo menos que puede decirse de las razones expuestas por el cesante es que suenan a hueco. Es decir, a falso.

Cierto: Maragall también habló ayer del Estatuto. Y se felicitó por la aprobación del texto y por el legado que deja a la nueva generación -vuelven a ser sus palabras- a la que corresponde tomar a partir de ahora el relevo. Pero tampoco ahí dijo la verdad. El todavía presidente no abandona porque considere que su misión está cumplida. Incluso la afirmación de que se trata de una decisión «madurada desde hace tiempo» debe ser puesta en duda. Por descontado, cabe la posibilidad de que a Maragall le hubiera pasado un día por la cabeza presentar su renuncia. Faltaría más: como a cualquier político. Y en su caso con más razón seguramente, dada la presión a que podían someterlo su partido en Cataluña y el PSOE en Madrid. Pero de ahí a considerar que la celebración del referéndum fue un mero trámite y que él ya sabía de antemano el camino que iba a tomar en el futuro, y ello con independencia del resultado de la consulta, media un buen trecho. Sobre todo porque, si así fuera, no se entendería el cúmulo de triquiñuelas, de trapicheos y de amaños a los que se entregó durante la campaña, y con él su partido, a fin de promover la participación y el voto afirmativo.

No, Maragall ha dicho adiós por una razón muy simple: porque ha perdido el referéndum. No en términos meramente jurídicos: el «sí» ganó y el Estatuto está legalmente aprobado. Pero Maragall no ganó. ¿Cómo puede ganar alguien que para sus adentros confía en lograr una participación del 70 por ciento -como confiesan en privado dirigentes de su partido- y se encuentra con que ni siquiera acuden a las urnas un 50 por ciento de los convocados? ¿Cómo puede considerarse vencedor alguien que sólo obtiene el respaldo de un tercio de los ciudadanos con derecho a voto, cuando resulta que la norma institucional precedente, en tiempos muchos más difíciles, logró el de más de la mitad del censo de entonces? Ésa es la realidad, lo único que justificaba que Maragall convocara ayer a la prensa para comunicar las razones de su renuncia. Lo demás, como tantas veces en Cataluña y en especial desde el domingo por la noche a poco que uno atienda a las declaraciones de la gran mayoría de la clase política y a los comentarios vertidos por la casi totalidad de los medios de comunicación radicados en Cataluña, lo demás, digo, es mera ficción.

Pero aún hay otra realidad. La singladura de Maragall al frente del Gobierno autonómico catalán habrá durado algo menos de tres años. Una cantidad de tiempo ridícula, si se compara con los 23 que permaneció en el cargo su antecesor. Y, aun así -y en esto el presidente cesante lleva toda la razón al sostener que su obra de gobierno será recordada-, estoy convencido de que los libros de historia -los libros serios, se entiende- dedicarán mucho más espacio al trío de años tripartitos que a las dos largas décadas monocolores. Es la ventaja de los mecanismos explosivos. Su acción es mucho más intensa, mucho más destructiva. Es cierto, y conviene no olvidarlo, que Maragall no existiría sin Pujol. Cuando menos, como presidente de la Generalitat. El día en que el ex alcalde de Barcelona resolvió imitar al rival -o sea, jugar a ser su heredero, con todas las consecuencias-, ese día empezó a tener alguna «chance» para hacerse con la presidencia autonómica. Y luego, claro, gracias también a Pujol, al llegar al cargo no encontró un terreno yermo, sino nacionalmente abonado durante casi un cuarto de siglo.

Pero, hechas estas precisiones, lo demás es mérito suyo y de esta alianza tripartita en la que ha sustentado su mandato.
En lo que llevamos de democracia, jamás había vivido Cataluña un período tan nefasto. Desde la firma del Pacto del Tinell hasta ayer mismo, una parte ampliamente significativa de la población catalana ha visto, primero con asombro y luego con indiferencia, rabia o pavor, según los casos, cómo sus políticos, apropiándose de la representatividad que les había sido concedida mediante el voto, hacían rancho aparte y se dedicaban a construir un nuevo Estatuto, mientras los problemas se amontonaban, los túneles se hundían, la libertad de expresión se recortaba, se ocultaban impunemente los fraudes y las comisiones, y una lengua se imponía sobre la otra a golpes de decreto, multas y subvenciones. Como consecuencia de todo ello, las tensiones entre catalanes han ido a más, hasta alcanzar niveles harto preocupantes. Lo vimos en la reciente campaña electoral, donde también comprobamos lo difícil que le resultaba a la Generalitat proteger a determinados ciudadanos y garantizar sus derechos.

Por otro lado, estos enfrentamientos intracomunitarios han tenido su traslación al conjunto de España. Por razones afectivas, claro está. O, lo que es lo mismo, aunque algunos se obstinen en negarlo: por razones de Estado, de Estado común, compartido, libremente aceptado desde los tiempos de la Transición. El largo proceso de reforma del Estatuto catalán ha dejado heridas que tardarán mucho tiempo en cerrarse, si es que alguna vez se cierran. Y, en este punto, la responsabilidad del presidente del Gobierno de España permitiendo a Maragall y a sus socios de ocasión llevar las cosas al extremo al que las han llevado es aún mayor, si cabe, que la de su homólogo catalán. Aunque sólo sea porque no es lo mismo un Estado hecho y derecho que una nación de nueva planta que sueña con serlo algún día.

Así pues, se acabó. Al menos, para Maragall. Ahora todo apunta a que será Montilla quien tome el relevo. Es decir, alguien que según el propio Maragall no puede aspirar a la presidencia de la Generalitat porque, simplemente, no ha nacido en Cataluña. Es verdad que Maragall dijo eso durante la campaña, cuando todavía confiaba en el resultado. Y que incluso se desdijo a las primeras de cambio. Pero dicho está. Y lo peor: además de dicho, muy sentido.

Se va Maragall. ¿Llega Montilla?
EDITORIAL Libertad Digital 22 Junio 2006

Ya tenía cara de funeral el otro día, el de la victoria inapelable del 37 por ciento, el del nacimiento de la nación y las playas abarrotadas de nacionales pachorros. Y ayer ofició su propio entierro. Que se sorprendan otros: ni siquiera en el momento de hacerse el haraquiri más patético de los últimos años pudo esconder esa megalomanía desquiciada e insensata, y tan nacional-pujolista, que ha marcado su infausto paso por la presidencia del Gobierno autonómico catalán. "He cumplido mis objetivos –dijo–. Como persona, como partido y como Gobierno".

José Montilla ha afirmado que Pasqual Maragall se ha ganado "un lugar destacado en la historia del PSC y en la de Cataluña". Esta vez, al ministro de Industria se le ha escapado una verdad. Difícilmente podrá olvidarse su legado: ha sido el primero en hacer "nacionalismo con los votos de la Pantoja" (que diría Jiménez Losantos) desde la Plaza de San Jaime; ha hundido a sus aliados (ERC, Carod) y resucitado a sus enemigos (CiU, Mas); ha presidido un Ejecutivo que no ejecutaba y que cuando ejecutaba no dejaba pasar la menor ocasión de exhibir su incompetencia, su irresponsabilidad y su formidable sectarismo; ha degradado la vida política y social del Principado hasta límites insospechados. Ha, en fin, carmelizado a modo la imagen y la realidad de Cataluña. He aquí el legado de Maragall, esa exacta antítesis del rey Midas, esa descomunal empresa de demoliciones.

Los catalanes, sin Maragall, salen de Guatemala. Pero pudiera sustituirle Montilla, con lo que caerían sin remedio en Guatepeor. Montilla el condonado; Montilla el perseguidor; Montilla el sembrador de discordias; Montilla el maniobrero. Montilla. Desde luego, éste también haría historia. Si es que, para entonces, quedara algún medio para contarla.

El porrón cambia de mesa
MIQUEL PORTA PERALES ABC 22 Junio 2006

El heredero de Pujol no se presenta a la reelección. Lo han leído bien: Maragall no ha sido el recambio, sino el sucesor de Pujol. Por sus obras le conocerán. El nacionalismo identitario con vocación política de Pujol tiene su réplica en un Maragall que reivindica el autogobierno de Cataluña de acuerdo con su «tradición histórica nacional». La cultura de la queja de Pujol se refleja en un Maragall que ejercita el victimismo con el déficit fiscal y el no reconocimiento de la plurinacionalidad y pluriculturalidad del Estado. Finalmente, el pragmatismo de Pujol se encarna en un Maragall que se resigna al entendimiento con «el vecino español».

¿Podemos creer a Maragall? Es difícil, pues tiene la mala costumbre de contradecirse a diestro y siniestro. ¿España? Tomen nota. De un lado, dice que España «es un proyecto apasionante». De otro, afirma que «Cataluña es verdad, España es mentira». Respecto al qué y el porqué de España, selecciono unas perlas que brillan por sí solas: se debe llegar a «un consenso sobre la legitimidad de la existencia de España como unidad política aceptada por todos. Hay que reconsiderar el adiós a España. La madre España, también; España será nuestra hija o no será. Esperamos poder decir pronto: bienvenida España nueva. España es un proyecto estimulante, sí, de pueblos autónomos que, finalmente, encuentran un marco que les permite su propia y libre respiración, y que avanzan juntos, no porque se les obligue, sino porque quieren».

¿Qué creen ustedes que se esconde detrás de tan retorcida gramática? Probablemente, un proyecto igual de forzado. Maragall nos había prometido 8 años al frente de la Generalitat. Y ahora abandona. Abandona presionado por su partido, que necesita jubilar al gran responsable del fiasco del nuevo Estatuto. Maragall es una víctima del Estatuto, de las propias contradicciones, y de los fracasos de un tripartito que nunca supo liderar. Al parecer, Montilla será el candidato. Hoy, todos elogian a Maragall. Y sonríen para sus adentros. Zapatero, porque Montilla es su candidato; los ciudadanos, porque se sienten aliviados; los socialistas, porque entienden que Montilla lava su mala imagen y conecta mejor con el voto del cinturón industrial; los convergentes, porque perciben que Mas ganará la partida a ese cordobés hermético; los republicanos, porque creen que la candidatura de Montilla atraerá a los nacionalistas de izquierda a sus filas. Y yo pienso -recordando a Ernest Lluch- que Cataluña puede dejar de ser una sociedad en la que siempre beben los mismos del porrón, pues el abandono de Maragall no supone sólo un relevo, sino la posibilidad de que el porrón cambie de mesa. Aunque uno teme que Montilla -el auténtico urdidor del Pacto del Tinell- pueda hacer bueno a Maragall.

La financiación de los partidos
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 22 Junio 2006

UNA de las muchas fisuras que debilitan y definen nuestro desgraciado sistema representativo, tan renqueante, viene dada por el mecanismo de financiación de los partidos políticos, que, como se sabe, anda ahora en vergonzante revisión parlamentaria. Es la omnipresente teta del Estado la que da de mamar a las distintas formaciones y no, como parecería más sensato, el esfuerzo y las cuotas de sus militantes y devotos. La sociedad, instalada con un pie en la inopia y el otro en el pasmo de lo público, renuncia, también por ese camino, a su propia expresión, y, en una diabólica pirueta, los impuestos que satisfacen los ciudadanos se vuelven contra ellos y alimentan el espíritu y la acción de grupos que, incluso, pueden producirles repugnancia política y moral.

La falta de sentido crítico, no digamos del autocrítico, nos debilita y así nos van las cosas, con un Gobierno que, de espaldas a la demanda social, hace ley de su voluntad y camina en dirección contraria de la que aconsejan el sentido común y el ambiente circundante. De ahí que llame la atención, por creadora y sutil, la pretensión del PNV de que los contenidos de los medios informativos beneficiosos para el interés electoral de un partido sean considerados como «donación en especie». En discreto olvido de la conducta de los medios públicos del País Vasco, que controlan y utilizan, los nacionalistas acreditan finura con una enmienda de esa naturaleza a la ley de Financiación con la que, de consuno, los partidos quieren mejorar sus pródigas finanzas.

En un panorama político tan romo y estéril, en el que las listas cerradas y bloqueadas han roto los supuestos representativos y los parlamentos -muchos, demasiados- sirven para poco más que para el ejercicio litúrgico de las mayorías aritméticas, resulta reconfortante una ironía como la del PNV en el Congreso de los Diputados. Es posible que, vista la entrega de algunos medios, resultara difícil la evaluación de las «donaciones» que, en forma de editoriales, artículos firmados, informaciones sesgadas y silencios ominosos, aportan a las siglas con las que tienden a convivir en clara simbiosis; pero para eso está, se supone, el Tribunal de Cuentas. Lo importante, dado el punto de concupiscencia entre medios informativos y partidos políticos y/o Gobiernos al que hemos llegado, no es recuperar la decencia -una quimera-, sino dejar constancia cuantificada del fervor de unos por otros y, si se pudiera, de cómo los donados consiguen devolverles el favor a los donantes.

Los partidos políticos, incapaces de cumplir el mandato constitucional de ejercer la democracia interna, son también inútiles para vivir sin ser una carga para los ciudadanos, próximos o lejanos a sus ideas. Pase, pero que ojalá triunfe la propuesta del PNV. La evaluación de las servidumbres es el primer paso para su erradicación.

La temeraria pirotecnia de Maragall
Por LUIS IGNACIO PARADA ABC 22 Junio 2006

LOS clásicos nos enseñaron que «son pocos los hombres que se dan cuenta de cuándo dejan de ser necesarios». La Historia nos ha demostrado que ninguno de ellos se dedicó a la política. Por eso dan ganas de pensar que los ciudadanos deberíamos ser más generosos a la hora de aceptar que los gobernantes merecen una jubilación, al menos tan blindada como la de los dirigentes de las grandes empresas: nos saldrían mucho más baratos. Porque algún día terminaremos por saber cómo financiamos a los partidos políticos, incluso de forma legal, a través de los precios de los productos y los servicios. Y veremos lo cara que nos sale la elección de un líder y, no digamos, su reelección.

Nos conformamos con creer que el apego a un cargo político es un simple asunto de erótica del poder. Pero es porque no nos atrevemos a perder la inocencia.

Maragall dijo ayer lo que todo el mundo sabía, especialmente quienes le habían escrito el guión. Anunció que disolverá el Parlamento catalán a finales de agosto y no volverá a ser candidato. Todo le iba bien mientras se dedicaba a los fuegos artificiales de los Juegos Olímpicos. Se empezó a torcer cuando tuvo que pactar con ERC para desalojar del poder al nacionalismo catalán de derechas, que era tanto como quemar las naves. Luego le estalló en las manos la traca del 3 por ciento. Y salió churruscadito cuando Zapatero decidió que ya no le era necesario y le colocó bajo el asiento el obús del pacto con CiU. Ahora se tiene que ir por la puerta de atrás, dejando una herida abierta en el pecho de 40 millones de españoles por haber dado un poco de vaselina a los 1.881.000 que votaron sí a una reforma del Estatuto de Cataluña que él planteó como ambición personal, pero cuyo éxito se han apuntado otros. Y ha abierto el tabú sobre si es el PSOE o el PSC quien consigue el voto en Cataluña. «Todo Madrid lo sabía, todo Madrid menos él», como decía Ventura de la Vega en Jugar con fuego. Que es precisamente lo que ha hecho Maragall.

Cabeza de turco
Daniel Sirera Libertad Digital 22 Junio 2006

Aún no ha entrado en vigor el nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña y ya se ha cobrado su segunda víctima. Estas son las únicas cosas buenas que nos ha traído este texto. Primero se cargó el tripartito y ahora acaba de llevarse por delante a Maragall. Es, sin duda, una gran noticia para Cataluña y para el conjunto de España que Maragall se retire. Segundas partes nunca fueron buenas. Maragall volvió de sus vacaciones en Roma, después de haber abandonado con un portazo la política municipal, para 'liberar' a Cataluña del nacionalismo asfixiante de CiU. Sólo dos años de Maragall al frente de la Generalidad han sido suficientes para ver cómo Cataluña ha perdido fuelle, nuestras instituciones se han debilitado y el nacionalismo se ha convertido en la ideología de culto de los socialistas catalanes.

Todo apunta a que, una vez tomada la decisión de no volverse a presentar, Maragall dará paso a Montilla como cabeza de turco a la presidencia de la Generalidad. Así lo explicitó el Secretario General del PSOE cuando, en el último debate del estado de la Nación, aseguró que sería CiU la que, después de las elecciones, debería desarrollar el nuevo Estatuto. Así pues, Montilla recala en la política catalana con el objetivo de hacer presidente de la Generalidad a Artur Mas.

Mas allá de este encargo, las 'virtudes' de Montilla son suficientemente conocidas: dirigir campañas miserables de acoso a quienes no pensamos como él, aplaudir a quienes agreden al PP, conseguir que la Generalidad 'vendiera' un local al PSC cinco veces por debajo del precio de mercado –el inmueble fue adquirido en julio del año 2004 por 144.897 euros cuando su coste mínimo de mercado era de 661.113– y dedicarse a ayudar políticamente a las entidades financieras que le perdonan las deudas a su partido. No creo, honestamente, que los catalanes merezcamos esta 'nueva generación' a la que Maragall quiere traspasar sus poderes.

Daniel Sirera es portavoz adjunto PP en el Parlamento de Cataluña

Juicio de Miguel Ángel Blanco
Burla cum escarnio
Cristina Losada Libertad Digital 22 Junio 2006

Cada día aparece algún síntoma de la enfermedad moral que el gobierno de Zapatero está inoculando en la sociedad española para que acepte el chantaje que presenta envuelto en la bandera de la paz. Viejos achaques, que parecían superados, reverdecen y aquí lo dicho y después gloria. Ése es el contexto de lo ocurrido en el juicio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Durante dos días, las víctimas de Txapote y Amaia hubieron de soportar que ambos pasaran un rato agradable durante el proceso, que se les permitiera estar juntos y de palique como si estuvieran en el cine viendo un peñazo de película. Digo mal, porque en el cine no les habrían tolerado sus cuchicheos. Ante el tribunal, sin embargo, pudieron charlar a sus anchas. Sin problemas, que para eso comparecían como acusados. Pues cuando uno ha cometido un asesinato tan vil como el que esos dos perpetraron y no se arrepiente lo más mínimo, tiene la ley de su parte para despreciar a la Justicia e infligir nuevos sufrimientos a las víctimas.

Y hete aquí el doble rasero, por el cual se redondeó la burla con el escarnio. Cuando la presidenta del tribunal impuso disciplina no fue para llamar al orden a los acusados, sino para expulsar a quienes habían ido a apoyar a las víctimas en ese calvario de la rememoración, ante las caras chulescas, desdeñosas o impasibles de los verdugos. Y uno se pregunta: si es notorio que en un juicio no puede el público levantarse, aplaudir y gritar, ¿por qué no lo es que los acusados deben guardar las formas? ¿Por qué los procesados tienen carta blanca para cachondearse del juicio y de sus víctimas, y éstas no merecen ni un minuto de gracia si se alborotan? Seguro que Fernández de Prado puede acogerse a ésta o aquella norma para justificar su decisión. Pero los legos en tribunales sólo hemos visto y oído una cosa: que los asesinos tienen derecho incluso a hacer apología de la banda terrorista y a amenazar con proseguir su "lucha"; y que las víctimas y sus amigos no tienen derecho a dejarse llevar un instante por la emoción. Qué revelador sarcasmo que fueran expulsados de la sala por pedir justicia.

Me dirán que la actitud desafiante de los de ETA ante los tribunales es un mal antiguo. Entonces pediré que me expliquen por qué no se ha atajado. Por qué se ha consentido que los juicios se conviertan en ocasiones para humillar a las víctimas y a la propia Justicia. Habrá que preguntarse qué clase de Justicia es ésta que protege más a los verdugos que a las víctimas en el momento crucial en que unos y otras coinciden frente a frente. Y no me digan que el escudo en dicho trance es esa cortinilla para que declaren los testigos. Si tan precario e inútil refugio es todo lo que les ofrecen, mejor no pongan nada.

Pero en los juicios que ahora se celebran contra gente de ETA, al mal antiguo se añade otro nuevo, reciente, ignominioso. Y es que hoy tenemos la sospecha, si no la certeza, de que la pose chulesca de los procesados obedece también a su convicción de que no tardarán en librarse de la cárcel. De que más pronto o más tarde, la negociación del gobierno con la banda terrorista fructificará. A favor de ellos, por supuesto. Mientras que las víctimas de sus crímenes seguirán reclamando la justicia que no se hizo. Y si no las expulsan de los tribunales será sólo porque no han de entrar en ellos. Pues frente al espíritu de Ermua, que marcó el cenit de la repulsa a los crímenes de ETA y el principio del fin de la relegación de sus víctimas a una penumbra teñida de vergüenza y hasta de culpa, ha aparecido, conjurado por el gobierno, el fantasma cada vez más corpóreo del desistimiento.

La palabra dada
Luis del Pino Libertad Digital 22 Junio 2006

Estimado Sr. Del Olmo,

El día 11 de marzo de 2004 se asesinó a 192 personas inocentes con el objetivo (fuera quien fuera quien puso las bombas) de influir en las elecciones que debían celebrarse tres días después.

Ha dispuesto usted de dos años para investigar aquella masacre y, a lo largo de este tiempo, tan sólo hemos conseguido acumular una maraña de informes policiales contradictorios, de los que la única verdad que emerge es que nos han mentido como a chinos y a usted le han llevado por la senda de una versión oficial que ya nadie se cree. Ni siquiera usted. Por la pura y simple razón de que esa versión oficial es autocontradictoria e incompleta y de que todas las pruebas del caso están contaminadas, empezando por los reconocimientos oculares y la mochila de Vallecas, y siguiendo por la cinta coránica, el coche Skoda Fabia o los listados telefónicos.

Ha decidido usted rechazar la práctica totalidad de las pruebas solicitadas por las acusaciones y defensas. Quiere usted cerrar el caso y quitarse de enmedio, aún a sabiendas de que deja a su sucesor una auténtica bazofia que ni aclarará la verdad, ni servirá para condenar a nadie.

Hace algo más de un año, lloró usted delante de una víctima que asistía a su conferencia. Y le prometió usted averiguar la verdad. Lo siento... pero no está cumpliendo su palabra. Como tampoco está cumpliendo con su obligación de defender la Justicia.

Independientemente de lo que usted haga, la verdad terminará saliendo a la luz. No por los periodistas, ni tampoco por los políticos. Al parecer, tampoco por los jueces. La verdad saldrá a la luz porque hay miles de ciudadanos dispuestos a mantener la memoria, dispuestos a exigir la verdad y dispuestos a trabajar cuanto sea preciso porque esa verdad se conozca. Porque las víctimas no se merecen que se las deje en la estacada y que se intente echar el muerto a los muertos de Leganés, que no podrán nunca contradecir la mentira oficial.

Haga usted lo que haga, la verdad saldrá a la luz. Y usted puede elegir cómo quiere que se le recuerde: como el juez que intentó, en la medida de sus escasas fuerzas, que esa verdad se abriera paso y que trató de hacer honor a las palabras que pronunció ante una víctima... o como el juez que no tuvo el valor, antes de quitarse de enmedio, de defender la verdad, ignorando incluso la palabra dada.

Señor juez Del Olmo: tiene usted, antes de irse, una última oportunidad de demostrar que es un hombre de honor. No la deje pasar. Aunque sólo sea porque algunos siempre creimos que es usted un hombre honrado y decente.

Luis del Pino

El 11-M y sus consecuencias políticas (2)
Una investigación que exige ser auditada
Jaime Ignacio del Burgo Libertad Digital 22 Junio 2006

Esta es la segunda parte de un ensayo que Jaime Ignacio del Burgo ha escrito sobre el 11-M, en la que repasa la resistencia gubernamental a esclarecer la masacre. Puede consultar la primera entrega. En la tercera, estudiará las consecuencias políticas del atentado.

El muro infranqueable
Sólo en estos dos extremos –información e imprevisión– tanto la documentación aportada a la Comisión como las comparecencias llevadas a cabo ante ella arrojan luz. Pero nada más. En el momento en que intentamos profundizar en las grandes incógnitas que poco a poco se ofrecían como consecuencia de algunos descubrimientos propios y sobre todo de las revelaciones del equipo de investigación de El Mundo nos encontramos con un muro infranqueable: la mayoría gubernamental.

Es un escándalo que la Comisión se cerrara sin determinar qué pasó en Asturias, cuál fue el comportamiento de ciertos mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por qué incurrieron en graves falsedades y contradicciones. Es una infamia que no se quisiera escuchar a los confidentes policiales y otras personas que hubieran podido proporcionar información muy relevante para conocer la verdad. Sólo el sectarismo de la mayoría impidió que se pudiera averiguar quién organizó la gran mentira contra el Partido Popular, quién promovió el asedio de las sedes, quién intoxicó constantemente con informaciones falsas dirigidas a minar la credibilidad del Gobierno, o si hubo deslealtad por parte de ciertos mandos policiales. Voy a referirme a tres episodios de la Comisión que viví en primera persona y que tuvieron alguna repercusión.

El interrogatorio que acabó en llanto
En primer lugar, me referiré al interrogatorio al jefe de estupefacientes de Avilés, el controlador del asturiano Emilio Suárez Trashorras. Compareció el 27 de julio de 2004 ante la Comisión. Me ocupé de su interrogatorio y al finalizar hice una reflexión en voz alta desde la tristeza que me producía el hecho de que a pesar de la estrecha relación existente entre el policía y el vendedor de los explosivos éstos llegaron a poder de los terroristas. Sentimiento producido también por la comparecencia esa misma tarde de los guardias civiles que controlaban a Rafá Zouhier, cuya denuncia sobre los asturianos no surtió efectos. "Aquí ha habido fallos indudables". Se me echaron encima los comisionados de la mayoría gubernamental. También los sindicatos policiales. "Manolón" fue recibido como un héroe en Asturias después de llorar en la Comisión mientras pedía perdón a las víctimas. Pero si llego a saber lo que ahora sabemos, mi reflexión no hubiera sido de tristeza sino de indignación porque algunos tuvieron en su mano la posibilidad de evitar el atentado y no lo hicieron.

Un cuestionario inquietante
En segundo lugar, está el cuestionario que remití al confidente Rafá Zouhier a la cárcel. Su contenido es inquietante. Decidí llevar a cabo esta actuación, realizado con estricto respeto a la legalidad, porque a todas horas se hablaba en la Comisión del confidente de la Guardia Civil mientras se le negaba, a pesar de su insistencia, el derecho a comparecer para explicar su participación en los hechos. Si dice la verdad, resulta que la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, dirigida por un antiguo colaborador de Rafael Vera) tuvo en su mano la posibilidad de detener a los asturianos por la venta ilegal de dinamita y abortar así el atentado. También aquí la mayoría gubernamental –con la ayuda de los medios afines– puso el grito en el cielo. Lo que menos importaba era analizar el testimonio de quien creía que había colaborado con "la élite de España", que así llamaba a la UCO. Una vez más se hizo realidad la vieja costumbre de "matar al mensajero".

Risas en la sala
El tercer episodio se refiere a la posible conexión entre ETA y el islamismo. Hubo risas en la sala, según cuenta el diario de sesiones, cuando el 7 de julio de 2004 hice algunas preguntas sobre ETA y los islamistas a Mariano Rayón, jefe de la Unidad Central de Información Exterior de la Policía, encargada de la lucha contra el terrorismo islámico. Aquí hubo cerrazón total. Por supuesto, el interpelado dijo no tener ni idea de lo que le estaba preguntando.

El Gobierno negó que existiera ninguna relación y por lo tanto no había que investigar nada de nada. Unos meses más tarde, Rodríguez Zapatero afirmó que todo estaba investigado, que de ETA nada de nada y que así se declararía en la "sentencia" del juez. Y sin embargo, hoy sabemos que en las cárceles españolas se ha tejido una relación muy profunda entre ciertos etarras e islamistas. A pesar de ello, la cerrazón continúa. Los informes que se remitieron a la Comisión elaborados por el comisario socialista Telesforo Rubio, responsable de la Comisaría General de Información, carecen del rigor exigible a una investigación digna de tal nombre. Aquí la opacidad es total y absoluta. Es como si se supiera algo inconfesable o se tuviera el temor de que pudiera aparecer. La tomadura de pelo a la Comisión en este asunto es total. Pero no cejaremos en el empeño.

El conocimiento de la primera treintena de tomos del sumario, desclasificados por el juez del Olmo, evitaron que la Comisión se cerrara a finales de diciembre de 2004, aunque hasta el 30 de junio de 2005 no pudiéramos hacer otra cosa que recabar información, pues no se acordó ni una sola comparecencia. El juez del Olmo esperó al pleno que aprobó las conclusiones elaboradas por la mayoría para abrir otros cien tomos del sumario. De haberlo hecho antes del cierre a buen seguro no se hubiera cerrado la Comisión. Porque aunque el juez no haya querido profundizar en la investigación limitándose a recopilar uno tras otro los informes policiales, el sumario ratifica lo que decíamos al principio: que todos aquellos a quienes se atribuye la autoría material o se les imputa haber colaborado con la célula de Lavapiés o eran confidentes de los cuerpos de seguridad o estaban estrechamente vigilados por la policía, bajo control de la autoridad judicial y muy especialmente del juez Garzón. Y si esto fue así, ¿cómo es posible que no se hubiera evitado la comisión del atentado?

Insólito: la Guardia Civil versus la Guardia Civil
La apertura del sumario pone de manifiesto, además, numerosas cosas insólitas, como por ejemplo que la Guardia Civil de Asturias denunció ante el juez lo que denominaba paladinamente como las "mentiras de la UCO" ante la Comisión del 11-M. El mundo al revés: la Guardia Civil contra la Guardia Civil. El general Laguna, al que según las crónicas hice llorar en la Comisión –lo cual es rigurosamente falso, entre otras razones porque los generales nunca lloran–, había puesto de manifiesto que el coronel Hernando no dijo la verdad ante aquélla.

El jefe de la UCO señaló que tras la denuncia de Rafá Zouhier fueron a Asturias para verificar su posible veracidad. Llegaron a la conclusión de que era cierto y alertaron a la Jefatura de Zona de Asturias que Antonio Toro y Emilio Suárez Trashorras trataban de introducir dinamita robada en el mercado de Madrid al precio de un millón y medio de pesetas por cada dos kilos y medio de explosivos. Admitían también el pago en especie: un kilo de cocaína por la misma cantidad de dinamita. Hernando dijo que con el resultado de sus investigaciones, la UCO envió una nota informativa a la comandancia asturiana y a partir de ese momento se desentendieron del asunto. En su testimonio ante la Comisión, el coronel Hernando admitió que Rafá Zouhier les había facilitado una muestra de la dinamita robada, pero como estaba en mal estado procedieron a su destrucción. El general Laguna rechazó la versión de Hernando. La UCO no sólo no se desentendió del asunto sino que sus agentes formaron un grupo de trabajo con agentes de la Comandancia de Oviedo que funcionó durante todo el año 2003. Como prueba de ello, el general Laguna aludió a una segunda nota informativa donde, al parecer, la UCO señalaba que los asturianos mantenían relación con la banda de Jamal Ahmidam. Pues bien, en el informe sobre las "mentiras de la UCO" remitido al juez del Olmo, la Guardia Civil de Asturias afirma que agentes a las órdenes del coronel Hernando les pidieron que destruyeran esa segunda nota informativa, porque ponía en entredicho su testimonio ante la Comisión. A pesar de la gravedad de estos hechos, no consta en el sumario ninguna actuación judicial dirigida al esclarecimiento de la verdad.

Necesidad de una auditoría de la investigación policial
Y un análisis riguroso de las pruebas aportadas al sumario demuestra la endeblez del sumario para formular una acusación rotunda sobre la autoría material y pone de manifiesto los "agujeros negros" y "enigmas" del 11-M, confirmando que las investigaciones del equipo de El Mundo y las de ese "francotirador" de la investigación que es Luis del Pino están muy lejos de poder ser descalificadas ni consideradas como teorías "extravagantes". Gracias a esa pertinaz tarea investigadora hoy conocemos que la verdad oficial hace aguas por todas partes.

Por eso, aunque sé que predico en el desierto, abogo por la necesidad de proceder a una auditoría de la investigación. En el sumario hay pruebas suficientes como para desconfiar de quien está al frente de la Comisaría General de Información, que es un comisario político designado por el Partido Socialista para dirigir la investigación. Nuestros motivos para la desconfianza tienen su fundamento en que el actual Comisario General de Información no sólo participó en la redacción del programa electoral socialista en materia de seguridad sino que preparó su comparecencia ante la Comisión del 11-M en la sede socialista de Gobelas.

Jaime Ignacio del Burgo es diputado por Navarra. Representa a UPN en el Comité Nacional del PP

Zapatero, solo en el PSOE
Pablo Sebastián Estrella Digital 22 Junio 2006

La trituradora del palacio de la Moncloa que con tanto desparpajo manipula el presidente del Gobierno ha incluido en su larga lista de víctimas la cabeza de Pasqual Maragall, otro de los barones, y ya van unos cuantos, de la etapa felipista que lideraron el PSOE desde el inicio de la transición, dejando al partido sin más liderazgo visible o autonómico que el del propio José Luis Rodríguez Zapatero, a quien apenas acompaña el presidente andaluz y del Partido Socialista, Manuel Chaves, sin influencia nacional, y un desvaído y enfermo Juan Carlos Rodríguez Ibarra en Extremadura. En el camino se han quedado, entre otros, Francisco Vázquez, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo Terreros, Josep Borrell, Joaquín Almunia, Joaquín Leguina, José Bono y ahora Pasqual Maragall, mientras el jefe de todos ellos, Felipe González, permanece orillado del poder del PSOE y haciendo continuas declaraciones de disidente indignado y contenido, amén de un Javier Solana que parece decidido a jubilarse en Europa.

En el PSOE sólo queda, pues, Zapatero como líder supremo y único en torno al cual gira todo el partido y el Gobierno, que en breve sufrirá una nueva remodelación por causa del traslado del ministro Montilla a Cataluña y que seguramente alcanzará a otros miembros de su gabinete para completar la crisis inicial del Ejecutivo que se puso en marcha con la que fue sonada salida de Bono del Gobierno y de la ex ministra de Educación Sansegundo.

Zapatero ha asumido en estas circunstancias un liderazgo personal único, y en el PSOE se ha iniciado un extraño culto a un líder al que temen por su enorme y solitario poder que, en caso de crisis personal o política, dejaría a este partido sumido en una grave situación de la que difícilmente podría salir, sobre todo porque Zapatero ha emprendido en tan sólo dos años de legislatura unas reformas autonómicas y constitucionales encubiertas, amén de una incierta negociación con ETA, con las que el presidente del Gobierno pretende ornar su presidencia de hitos y éxitos históricos, aunque la reforma catalana ha dejado tras de sí un reguero de cadáveres políticos en Cataluña —Carod y Maragall—, de enfrentamientos territoriales, sociales y políticos, y una herida abierta en un PSC-PSOE ahora gobernado por dos políticos de origen andaluz, Montilla y De Madre, que veremos qué resultados van a obtener en las elecciones autonómicas de Cataluña previstas para el otoño.

La soledad de Zapatero se ve acompañada de un escaso capital humano en el Gobierno —sólo tiene a Pedro Solbes, y en franca retirada— y en el PSOE, donde su brazo derecho es José Blanco. Y con esos mimbres, y grandes desafíos a la vista, como la negociación con ETA y el nuevo Estatuto vasco, Zapatero se adentra en la segunda parte de la legislatura convencido de que su buena suerte y el plus de energía que confiere el ejercicio del poder le ayudarán a renovar su mandato en elecciones anticipadas, o en el 2008, porque el PP, con mejores cuadros y dirigentes, está en la dura soledad de la oposición y sin capacidad de pacto con los nacionalistas.

Sin embargo, este caudillismo de Zapatero, de talante, osadía y falta de proyecto nacional y de Estado, está construido sobre débiles pilares políticos, ideológicos y nacionales y está más apoyado por los errores y ruidos de la oposición que por sus propios soportes, equipos de gobierno y de liderazgo. Y esa rimbombante soledad de la que disfruta Zapatero y esa capacidad de liquidar a sus adversarios interiores —como se ha visto con Maragall— o de arrinconar a los exteriores —Rajoy y Carod— es motivo de sesudos análisis de quienes le otorgan una astucia y una capacidad de maquinar dignas de Maquiavelo, mientras que hay observadores que definen la situación como una permanente fuga hacia delante, en la que sobre todo se apoya en las carencias de la oposición y en un gigantesco aparato mediático —¡los seis canales de televisión nacionales en abierto!— del que nunca disfrutó presidente alguno de la transición.

El tiempo dirá si el hábito y la soledad del poder hacen al monje de Zapatero un capitán con aires de astuto estadista, o si por el contrario su improvisado castillo de naipes y de desafíos un día de éstos acaba derrumbándose a sus pies. De momento, aún le funciona la buena suerte dentro y fuera del Gobierno y del PSOE. Pero esperemos a ver, porque eso de los liderazgos personales y solitarios en un mundo comunicado, global, tecnológico y a la vez preñado de incertidumbres, y no digamos en España, incluye un porcentaje de riesgo demasiado alto como para cargarlos sobre las espaldas de una sola persona, como ahora ocurre en el palacio presidencial. La cabeza de Maragall ha rodado a los pies de Zapatero camino del cesto donde ya la esperan las de otros muchos más.

El malabarista
Las pesquisas se Marcello Estrella Digital  22 Junio 2006

Al malabarista chino que habita en la ciudad perdida e imperial de la Moncloa y que juega con los doce platos de la vajilla, bailándolos a la vez sobre esbeltas varas de bambú, se le han caído algunos platos y corre desesperadamente de varilla en varilla agitando el baile de su loza imperial, y a la vez sustituyendo los platos rotos por otros esperanzados, convencido de que su exhibición mágica y portentosa recibirá el aplauso final de ese circo del sol y la sombra que es España, ruedo ibérico, sangre y arena.

El malabarista de la sonrisa letal lleva junto a su quimono la catana de nácar afilada que todavía gotea la sangre de la última cabeza cortada de un tajo, la de Maragall, y no deja de sonreír a diestro y siniestro a pesar de que sus toques malabares, por acumulación e improvisación, podrían tener un catastrófico final. Pensaba el primer habitante de la Moncloa que ésta iba a ser una semana histórica y triunfal. España, clasificada para los octavos del mundial, aprobado el nuevo Estatuto de Cataluña, muerto de éxito Maragall, e inicio y anuncio de la negociación con ETA y Batasuna ante el asombro de propios y extraños por las artes malabares y políticas del mandarín del talante.

Pero he aquí que lo del Estatuto les ha salido muy caro, aunque sigue adelante, que el muerto de Maragall, cuya cabeza mueve los ojos con ansiedad de venganza, es un muerto de los que se aparecen una y otra vez a la espalda de su matador, y que un par de jueces, Marlaska y Le Vert, le han estropeado el guión del anuncio triunfal de la negociación con ETA, que ahora se debe hacer a sabiendas de que ETA sigue activa y cobrando el impuesto revolucionario, y que no hay arrepentimiento en los criminales porque “Txapote” se ríe ante la madre y la hermana de Miguel Ángel Blanco. Y porque Otegi se pregunta sorprendido y escandalizado por qué este Gobierno de tanto talante consiente que se detengan a tan ilustres terroristas, como Madariaga y compañía, cuando se está preparando el armisticio y la negociación del fin de una guerra para que no haya vencedores ni vendidos, salvo la democracia, el Estado de Derecho y las víctimas del terrorismo, que son los perdedores anunciados de la citada negociación.

A Zapatero se le ha escapado Marlaska, el fiscal Pumpido está desconcertado, y el ministro Rubalcaba compungido porque no saben hasta qué punto ETA está dispuesta a encajar este golpe, no vaya a ser que se rompa la tregua o que se estropee la negociación.

Es verdad que al artista monclovita de la sonrisa letal los astros le acompañan en su desbocada cabalgada hacia nadie sabe dónde, entre otras cosas porque la oposición también está desconcertada con semejante desvarío. Pero lo de avanzar con ETA cuando los chulos asesinos se ríen de las víctimas y los jueces de Francia y España prueban que la banda sigue cobrando y actuando, ésa es otra rotunda temeridad. Mucho más grande que lo del Estatuto y la caída de Maragall, que dejará una crisis latente en el PSC y otra abierta en el Gobierno de la nación. Porque la capacidad de asombro de los españoles, ante la estrella del circo nacional, se está agotando por momentos y no parece dispuesta a consentir que los criminales marquen el calendario nacional. Ni aunque gane la selección el campeonato mundial.

Lo que el viento se llevó
Lorenzo Contreras Estrella Digital 22 Junio 2006

El juicio contra los asesinos del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco ha actualizado el caso terrible de aquel joven militante del PP, cuya muerte provocó millonarias oleadas de protesta en toda España, incluidos algunos lugares del País Vasco, y estuvo a punto de situar a ETA al borde de una bancarrota política. Miguel Ángel Blanco era licenciado en Ciencias Empresariales, hijo de un albañil gallego emigrado y asentado en Ermua. Su asesinato fue valorado políticamente como un punto de inflexión en el desarrollo de lo que los etarras llaman conflicto y, a veces, “proceso” en el camino hacia la independencia de Euskadi.

Para la captura de la víctima por los sicarios de la banda terrorista fue necesario el concurso de un concejal de Eibar, localidad donde Blanco trabajaba, llamado Ibon Muñoa, que proporcionó todos los datos que ETA necesitaba y además alojó en su propio domicilio al comando criminal, integrado por Javier García Gaztelu, alias “Txapote”, e Irantzu Gallastegui, alias “Amaia”. Estos dos individuos se declararon en el juicio militantes etarras y anunciaron que continuarían “en la lucha”.

Este último dato es significativo para valorar de manera extremadamente negativa el proceder “negociador” de Zapatero, en la medida en que “descubre” algo más que un talante aislado en el conjunto de ETA, cuyas extorsiones han continuado después de la declaración de “alto el fuego permanente”. Se trata de una mentalidad asesina absolutamente necesaria, junto con las armas, para que la organización mantenga el peso de su presencia y condicione la marcha del “asunto”. El dinero es el combustible para funcionar.

La movilización social contra ETA, también en el País Vasco, asustó al PNV, temeroso de que la rebelión social comprometiera su poder. De ahí que Ardanza, entonces lehendakari formulara una solemne declaración contra cualquier acuerdo o negociación con ETA y su brazo político HB. De este modo logró aquietar a la sociedad alarmada, apagó el espíritu popular movilizador y favoreció a la banda. Luego vino lo que vino, principalmente la tregua trampa de ETA y los pactos de Lizarra. Un respiro, un engaño y más de lo mismo.

Zapatero parte ahora de la base de que toda esa mentalidad está en proceso de cambio o transformación. Han sido tres años sin muertos, pero al mismo tiempo con una vasta operación “financiera” y sobreabastecimiento del arsenal mortífero para cuando haga falta.

El actual presidente del Gobierno ha asumido en la práctica la llamada “vía Ollora”, que se prepara en 1994 con ocasión del centenario de la fundación del PNV. Ese plan nacionalista, que toma su denominación del apellido de uno de los dirigentes del partido en la sombra, pretendía lograr la renuncia de ETA al terrorismo a cambio de la aceptación por el Estado de un proceso político “soberanista”, conducido por las instituciones vascas y culminado por un referéndum de autodeterminación. El croquis perfecto de lo que hoy se está perpetrando o a punto de perpetrar. Ya entonces la autonomía, o su Estatuto de Gernica, se daba por agotada. Esta fórmula servía además para que los nacionalistas catalanes y gallegos aprovecharan los “avances” de sus equivalentes vascos a costa del Estado español y en nombre de la paz; siempre eso, la paz para liquidar una guerra que convencionalmente nunca existió. Un grosero terrorismo llamado pomposamente “guerra”.

Obsérvense las semejanzas. En 1977, Arzalluz, presidente del PNV todavía, hizo saber de manera paladina que los contactos con ETA eran indispensables, por constituir la mejor manera de convencer a los dirigentes de la banda de dejar las armas y convertirse en un partido político pacífico. Naturalmente, ETA “no picó”, como tampoco lo hará con Zapatero, a quien aprovecharán para su propia despensa. Ya en aquel tiempo, los nacionalistas, con la ayuda de la Iglesia vasca y de los medios de comunicación bajo su control, intentaron convencer a la opinión pública de que, para el logro de la “paz”, sería preciso renunciar a la derrota de ETA, negociar con ella sin exigir y menos aún esperar su desarme, y conseguir la máxima aspiración nacionalista —también etarra—: la autodeterminación.

Con tal proyecto en marcha, el Pacto de Ajuria Enea entre todos los partidos se fue al diablo. Los presos vascos fueron movilizados por la banda, con las Gestoras Pro-Amnistía a todo gas. La bandera del victimismo por la dispersión fue ampliamente enarbolada. Al final, del “espíritu de Ermua” no quedó nada, salvo el recuerdo de que hubo una protesta estéril. Ha sonado la hora de Zapatero. El viento se lo llevó todo. Han ganado los que tenían que ganar, dadas las circunstancias propiciadas, entre otros factores, por el voto miope de los ciudadanos. Se propulsa a ZP y las consecuencias van a ser irreversibles.

La verdadera lección del referéndum catalán: la indiferencia ciudadana
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 22 Junio 2006

Más de la mitad de los ciudadanos llamados a pronunciarse sobre el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña no han acudido a votar y los que lo han hecho, se han inclinado abrumadoramente por el sí. No puede decirse que haya sido una sorpresa.

Lo primero que hay que hacer notar, por si alguien intenta escamotear la realidad, es que en la región donde se supone que más alto es el sentimiento nacionalista ha quedado demostrada de manera incuestionable la indiferencia ciudadana hacia el proceso de reforma estatutaria. Se trata de un juego de políticos para políticos que tiene como única finalidad cerrar todavía más el espacio público catalán bajo el dominio de una oligarquía.

De momento, la mayoría de la población catalana no debe de sentirse particularmente oprimida por este régimen, puesto que le sigue otorgando su aquiescencia pasiva. Contra los pocos que se resisten, no muy activamente por lo demás, ya se ha visto durante la campaña del referéndum que se emplea la violencia si es necesario, y con magníficos resultados a la vista de la nula reacción de los agredidos y de su escasa capacidad de movilización social.

Yo no me considero indiferente ante la anormalidad catalana, pero tampoco cabe desconocer que no es un fenómeno de ahora. Por eso me preocupa más el que se intente importar a otras regiones, empezando por la mía.

En Galicia se acaba de conocer un primer compromiso sobre la reforma estatutaria entre los líderes de los dos grupos políticos que gobiernan la Comunidad autónoma, en el que se incluyen todas las líneas rojas que ha traspasado el nuevo Estatuto catalán. Ese compromiso ha venido unido a un redoblamiento de la campaña dirigida a arrastrar al PP gallego para que se una al club.

Es hora de empezar a sacar consecuencias de la lección catalana. Si en Cataluña a más de la mitad de los electores el nuevo Estatuto le importa un bledo, ¿qué no será en Galicia? Así pues, la cantinela sobre las consecuencias electorales que podría sufrir el PP gallego si se opusiese a una reforma estatutaria anticonstitucional cae por su propio peso.

De todos los comparecientes ante la Comisión del Parlamento de Galicia que se ocupa de la reforma estatutaria, sólo el alcalde de Ferrol, Juan Juncal, se ha atrevido a decir claramente que el emperador-estatuto está desnudo. Pues si está desnudo, y a la gente no le interesa, no hay que tener miedo a decir no a la creación de una sociedad cerrada, opresiva e insolidaria. Por principios, porque es mentira que vaya a haber consecuencias electorales negativas y por puro instinto de supervivencia: en un régimen a la catalana, el PP no tiene derecho a existir.

ETA y GRAPO son de izquierdas
Enrique de Diego elsemanaldigital 22 Junio 2006

Sorprende la costumbre en la que la sociedad se ha instalado de no reconocer la verdad, aunque sea obvia. Las agresiones sufridas por Mariano Rajoy y militantes del PP en la campaña del referéndum se insertan dentro de una de las tradiciones más intensas de la izquierda: la utilización de la violencia contra sus adversarios políticos. Los asaltos a sedes del PP, la abrumadora coacción perpetrada el 13 de marzo de 2004, en la violada jornada de reflexión, se mueven en una pulsión según la cual la izquierda se considera legitimada para usar la violencia y el amedrantamiento contra sus adversarios políticos.

Ese criterio se conjuga con una notable doble moral. La comparativa entre lo sucedido contra Rajoy y los incidentes verbales del caso Bono es llamativa. Para restañar la vanidad herida de Bono se detuvo, de manera notoriamente ilegal, como ya se ha sentenciado en los tribunales, a dos militantes del PP. En Granollers, Rajoy tuvo que salir escoltado, sin que los policías autonómicos hicieran nada por disolver a los reventadores nacionalistas. Hemos visto además que políticos como José Montilla, Duran i Lleida y Joan Tardá no sólo han justificado la violencia, en niveles de intensa inmoralidad, sino que han culpado al PP de provocarla.

La fuente original más intensa de la izquierda es el marxismo que, además de una grosera patraña intelectual, es el caudal más fuerte de odio y de legitimación de la violencia que se ha puesto en marcha en el devenir histórico. ETA y GRAPO son de izquierdas. ETA, que surgió del PNV y osciló hacia el marxismo, se presenta como izquierda abertzale y aspira a una república socialista. El GRAPO es una escisión del PCE, del partido de Francisco Frutos y Gaspar Llamazares. Los movimientos terroristas han sido siempre de izquierdas.

La violencia política en España, desde el comienzo de la transición, es básicamente de izquierdas, con añadidos tintes nacionalistas. La derecha se ha mostrado, de manera mucho mayor, educada y civilizada. No ha habido un solo intento de reventar un mitin del PSOE o de IU, tampoco de Esquerra, Convergencia y PNV.

Son los militantes de izquierdas y de partidos nacionalistas que se reivindican de tal posición geométrica los que intentan imponer sus ideas de manera violenta y los que han tenido patente de corso por parte de un Estado de Derecho débil.

La ignorancia, tan atrevida en la izquierda, y su mala conciencia han hecho que la propaganda sitúe al fascismo como un movimiento de derechas, cuando fue una escisión de la izquierda. Benito Mussolini –número tres del PSI, líder de su ala izquierda-, Adolfo Hitler, Pierre Laval, Quisling...siempre se tuvieron por gente de izquierdas que, simplemente, renunciaban al internacionalismo proletario para suplantarlo por el nacionalismo.

Los socialistas entregan Galicia al nacionalismo
Sancho Michell de Diego  Periodista Digital 22 Junio 2006

Como era previsible, la Galicia de socialistas y nacionalistas se ha sumado a la corriente disgregadora de la unidad nacional española. En una escena sainetesca, tras una reunión en intimidad como de mesa camilla y doméstico tufo, el socialista Touriño y el separatista Quintana han decidido que Galicia es una nación.

Ambos aspiran a llevar su trascendental hallazgo a un futuro estatuto de autonomía que arrumbará el hoy vigente. Galicia se suma así a la brecha abierta en Cataluña. Todo esto ya estaba previsto desde aquellos Acuerdos de Barcelona que nacionalistas vascos, catalanes y gallegos suscribieron en 1998. No era previsible, sin embargo, que el socialismo español colaborara de manera tan entregada con el proyecto de descomposición de la unidad de España.

La irresponsabilidad de la actual generación de líderes socialistas merece el juicio más severo. Y quienes deben efectuar tal juicio son, ante todo, los propios socialistas, inmersos en una desquiciada carrera donde los nacionalistas mandan y ellos obedecen. Ha vuelto a demostrarse en Galicia.

FUNDACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA

La tiranía de los partidos políticos
Miguel Torres Galera  Periodista Digital 22 Junio 2006

Los partidos políticos en España son los únicos cauces canalizadores de las inquietudes y preocupaciones públicas de los ciudadanos; así ocurre desde que fueron legalizados en 1977. No existe ninguna otra posibilidad de que la soberanía popular pueda expresar sus opiniones y pareceres sobre los asuntos que les inquietan y conmueven, salvo el recurso individual al pataleo (enviando a los periódicos "cartas al director", tratando de intervenir por teléfono en algunos programas de radio o recurriendo al Defensor del Pueblo).

Por eso, sabedores los dirigentes políticos de que el sistema de partidos constituye una auténtica maquinaria de poder, no hacen nada por restituir a los ciudadanos su derecho a la libertad política: un derecho individual y esencial de la ciudadanía. De esta manera los partidos ejercen su oligopolio de manera implacable, y han restringido la capacidad de acción y decisión de los verdaderos sujetos de derecho político (los ciudadanos) a la tarea de emitir su voto en los plebiscitos. Queda demostrada, pues, la capacidad de estas organizaciones para mantener inermes las voluntades individuales, tanto si es simpatizante como si no, y todo ello con la complicidad y connivencia de la mayoría de los medios de comunicación.

No voy a enumerar aquí a los grandes pensadores y hombres de acción que han contribuido a definir lo que es un sistema democrático liberal (es un error muy común identificar democracia y libertad, cuando es obvio que ambos conceptos no son sinónimos). Por esta razón, para que un Estado pueda gozar de un régimen democrático en libertad, es necesario que se cumplan varias premisas: reconocimiento amplio de derechos individuales (libertad de expresión, religiosa, propiedad privada, igualdad ante la ley, etcétera), sufragio universal y separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial).

Es evidente que en el caso español se incumple de forma flagrante la tercera condición. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que nuestro sistema electoral de listas cerradas está dirigido exclusivamente a fortalecer la estructura de los partidos que consiguen obtener representación parlamentaria, y porque las elecciones legislativas no son puras sino que implican la elección del poder ejecutivo. De esta manera, poder ejecutivo y poder legislativo están indisolublemente unidos, hasta tal punto que el jefe de gobierno elegido asume un poder omnímodo, incluso sobre su propio partido. La única debilidad política se deriva de si la mayoría parlamentaria es o no suficiente para gobernar en solitario.

Este difícil equilibrio para mantenerse durante toda la legislatura, es el principal motivo que lleva a los jefes de gobierno a rubricar acuerdos envenenados con fuerzas políticas exiguas periféricas. Así le ocurrió a Adolfo Suárez y a José María Aznar en su primera legislatura, y también a Felipe González en su cuarto mandato; ahora le está pasando a José Luis Rodríguez Zapatero. Por esa razón las mayorías absolutas tienen tan mala prensa en nuestro país: se las crítica porque hacen a los gobiernos prepotentes y poco dialogantes. En realidad ocultan la frustración que supone para la oposición no tocar bola durante la legislatura, toda vez que se posibilita -con sus errores y sus aciertos- que la fuerza mayoritaria pueda sacar adelante su programa electoral sin concesiones ni chantajes de otros.

En cualquier caso, una vez conseguido el control por el poder ejecutivo del poder legislativo, la tentación del primero para socavar la independencia del tercer poder del Estado, el judicial, no ha cesado desde la creación del Consejo General del Poder Judicial en 1986. Con la prerrogativa que la Constitución otorga al gobierno para designar al Fiscal General del Estado, así como el nombramiento de la mayoría de los vocales del CGPJ a propuesta del Parlamento, pocas posibilidades se han dejado a la Justicia de no ser abducida por la política en general, y por la influencia gubernamental en particular.

La prueba más reciente de cuanto aquí se dice queda reflejado en el resultado del referéndum catalán del pasado domingo. El gran argumento que esgrimieron los líderes del Tripartito -al que se sumaron los de CiU-, de que el proyecto estatutario había sido respaldado por el 87 por ciento de los representantes de la soberanía popular, para refutar las acusaciones de inconstitucionalidad de dicho texto esgrimidas desde las filas del PP y por numerosas personalidades del mundo intelectual y periodístico, ha resultado ser un claro ejemplo de sofisma y de retórica fraudulenta.

Una vez más ha quedado demostrado el abismo que separa a la clase política de la sociedad civil. En el caso de Cataluña es patente que el juego de intereses de los partidos políticos (especialmente del nacionalismo y de la izquierda federalista), no está en sintonía con las preocupaciones y prioridades de los ciudadanos de esta Comunidad. Prueba de ello es que algo más de la mitad de la soberanía popular no ha querido siquiera hacer el esfuerzo de pronunciarse sobre la reforma estatutaria: ni siquiera para expresar con el voto en blanco que no apoya ni el sí ni el no.

La artificiosidad del proyecto territorial de Rodríguez Zapatero -gran impulsor y garante del nuevo estatuto catalán- ha quedado al descubierto, una vez más, al recordar algunas de sus palabras -pronunciadas en el Congreso el 1 de febrero de 2005-, con las que defendió la doctrina de que «las normas políticas con el 51 por ciento para ordenar la convivencia acaban en fracaso», aclarando, aún más que «para construir con legitimidad un orden político, una norma institucional básica, me da igual que sea una constitución o un estatuto político (...) no sirve el 51 por ciento». Esta declaración motivó el rechazo de la Cámara Baja al Plan Ibarretxe, aquel plan soberanista de libre asociación de Euskadi con España.

Como se puede comprobar, los políticos siempre arriman el ascua a su sardina. No se arredran lo más mínimo en defender una cosa y la contraria siempre que puedan obtener réditos electorales. No olvidemos que socialistas, populares y nacionalistas han gobernado en Galicia con un estatuto que apenas tiene el refrendo del 28 por ciento de los electores. Aquí no se salva nadie. Me produce vergüenza ajena comprobar la fruición con que populares y socialistas se congratulan de haber reformado el estatuto de la Comunidad Valenciana, o cuando sacan pecho en los debates sobre las reformas de los de Andalucía, Baleares o Aragón. En ninguna de esas comunidades se ha percibido hasta ahora el menor clamor sobre la necesidad de cambios.

En Cataluña han tenido que pasar veintisiete años desde que se aprobara el Estatuto de Sau, para evidenciar que sus ciudadanos -mayoritariamente- no han conectado con las aspiraciones soberanistas de gran parte de sus representantes políticos. Lo lógico es que el proceso se hubiera gestado justo al revés: que los partidos políticos hubieran sabido recoger las preocupaciones al respecto de los ciudadanos, e incorporarlas a su acción política en función de su prioridad.

¿Cuál hubiera sido el resultado del referéndum del domingo si los promotores del nuevo estatuto no hubieran contado con los inmensos recursos mediáticos a su servicio, incluidos los del Gobierno de la Nación? Resulta paradójico que aquel consenso de casi un 90 por ciento del Parlamento catalán a favor del nuevo estatuto, se haya visto refrendado por tan sólo el 36 por ciento de los ciudadanos. Pobre resultado después de más de 2 años de grandilocuentes discursos, donde se ha exagerado hasta la extenuación el agravio histórico y el victimismo del pueblo catalán respecto del resto de España.

Veintisiete años después del referéndum sobre el estatuto todavía vigente, y cuando se supone que en la actualidad la ciudadanía es mucho más madura políticamente, no han servido para superar las cotas de aquel plebiscito, en el que participó el 59,6 por ciento de los electores, de los cuales el 88,2 lo sancionó afirmativamente. No es difícil colegir el divorcio existente entre ciudadanos y políticos. Pero mucho me temo que nadie está dispuesto a hacer acto de contrición, ni a sacar conclusiones que no sean las de pavonearse de lo bien que lo han hecho. Nuestros políticos propenden a la tiranía porque en ella se sienten poderosos. Jamás sienten remordimientos de sus maldades y su existencia la consideran un regalo de los dioses para los millones de infelices que han tenido la dicha de caer en sus manos. La libertad política es el único arma democrático que nos podría liberar de la tiranía de los partidos y sus secuaces.

ETA acaba de exigir por escrito lo que Zapatero está proyectando desde que tocó poder.
Fernando Gallego  Periodista Digital 22 Junio 2006

Acabo de leer el comunicado que acaba de publicar ETA, y este es esclarecedor de la estremecedora y rupturista política de Zapatero. El comunicado hecho público en el día de hoy, tiene un párrafo revelador por el que se demuestra que ZP lleva más de dos años tratando de cumplir las exigencias a que le emplaza ETA.

El punto donde se especifican sus exigencias políticas, es el siguiente:

Emplazamiento al gobierno Español

El gobierno español debe expresar su compromiso de respetar lo que el Pueblo Vasco decida sobre su futuro.

ETA emplaza al gobierno Español para que pase de las palabras a los hechos, dando los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico, ni Constitución sean obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el Pueblo Vasco.
(...)

En tiempo real, y durante la redacción de este post, oigo al ministro del interior, que sale a la palestra para amortizar el impacto de este comunicado. Habla de dos sencillas premisas, primera que no se pagará ningún precio político, y la segunda, según el Sr. Rubalcaba, es que hay que respetar el estado de derecho. Naturalmente está hablando en términos formales, tratando de aparentar una corrección política que ni sus acérrimos conmilitones se toman en serio, haciendo una vez más, de la necesidad virtud.

Cualquier observador de las políticas de gran calado del ejecutivo socialista, se da cuenta que son tendentes a la satisfacción de ETA. Los terroristas emplazan ahora formalmente al gobierno, pero este no ha hecho otra cosa desde el comienzo de legislatura que satisfacer estas exigencias. Justo el día después de la aprobación del Estatuto Catalán en el Congreso de los Diputados, ETA anunciaba su alto el fuego, puesto que el gobierno había dado el primer paso para allanar el camino de la autodeterminación en el País Vasco, aprobando un estatuto catalán que hacía saltar por los aires el consenso, el ordenamiento jurídico y la propia Constitución.

La eliminación de profesionales molestos en la judicatura, como el fiscal Fungairiño, y el comportamientos servil del Fiscal General del Estado en el tratamiento de los terroristas no hacen sino corroborar lo que ETA pide ahora en negro sobre blanco, con luz y taquígrafos. No obstante, cualquier observador avispado se dará cuenta que este comunicado solo es la escenificación de algo que se lleva haciendo durante mucho tiempo: Unas políticas donde los goznes del sentido común, del estado de derecho y del respeto a las leyes, chirriaban cada vez que se daba un paso para satisfacer el emplazamiento que ahora se hace público.

Hoy, después de la aprobación definitiva del Estatuto que certifica la ruptura de la Constitución, tras el triunfal fracaso del referémdum, la ETA da un paso más, emplazando al gobierno para que no vacile en impulsar públicamente y de forma explícita, cuantas políticas ya ha comenzado por exigencia expresa de los terroristas, con el fin de poner de rodillas al estado de derecho.

El pueblo Español
José María Martín Coronado  Periodista Digital 22 Junio 2006

(Su realidad… la del catalán)

Partamos de la base cruda y real, de que el político, la política, el gobernante; generalmente ve al pueblo como “la res pública” (“vaca lechera”) a la que se tiene y gobierna, para eso mismo, para cuidarla en lo mínimo y sacarle el máximo; y eso, el pueblo lo sabe o lo intuye de forma natural; por tanto la reacción en Cataluña ha sido la real y cruda, de… “para qué votar, si éstos van a seguir haciendo lo que les venga en gana; nosotros somos impotentes y sólo nos quieren para pagar… por tanto comamos y bebamos que mañana moriremos”. Esa es “la molicie” en que terminan los pueblos con los que no se cuenta para nada en absoluto. Puesto que es cierto; si en España se refrenda (por el pueblo en masa) una Constitución, hace ya treinta años y sin casi desarrollar ni la letra ni el espíritu de la misma (han hecho lo que les ha dado la gana los cacareadores de la misma: lo que han aprobado es ilegal) ahora, nos quieren colocar nada menos que diecinueve, constituciones (Ceuta y Melilla incluidas) y convertir lo que sigue siendo una nación, en una “olla de grillos locos”… ¿qué va a hacer el pueblo que piensa y el que no?... pues lo que ha hecho, comer beber, irse a la playa o quedarse durmiendo en casa y a los políticos, pues que les vayan dando… “muchas más prebendas y sinecuras de las que ya se han asignado y que son infinitas”. Toda una lección al fracasado sistema político español, que ha terminado con todas las ilusiones de un pueblo.

¿Qué ha votado menos del cincuenta por ciento y de ellos un treinta por ciento no ha dado el si?... Hagamos lo que los políticos y “juguemos con las cifras”. ¿Si a los que han votado el si, pudiéramos deducir la infinidad de “enchufados o beneficiarios” de lo que esperan recoger… cuantos ciudadanos libres en verdad, han dado el si? ¿Entonces que democracia es ésta que “se lo traga todo”? Recordemos que recientemente e internacionalmente, se fijó en que unas elecciones serían válidas, si el 55 % votaba sí (Montenegro)… ¿Entonces que es esto… una democracia? ¡No se lo creen ni ellos! Lo que ocurre es que viven y viven bien, a costa de tanta mentira y ante la impotencia de un pueblo que sólo lo requieren para pagar y votar.

Significo en este caso, que tengo al pueblo catalán, cómo de los “más avanzados” de los de toda España y por ello mismo, han estado siempre a la cabeza en lo económico, oficios y carreras universitarias, etc. Bueno “pues se han ido a la playa”. ¿Por inútiles?, no, ya lo he dicho antes… “por cuanto en mayoría se sienten impotentes”.

Los pueblos los forman o deforman sus gobernantes y a la vista está lo que cada día nos muestra ese pueblo, que en realidad es “una masa” dócil (ya lo calificó bien el Imperio Romano con la palabra “res”, que como sabemos designa a cantidad de animales). Por ello somos pocos los que pensamos y sabemos, que… “La política es el arte de gobernar bien a los pueblos y que por tanto, es algo tan importante y tan delicado, que es temerario dejarla sólo en manos de los políticos. De ahí la imprescindible necesidad de que existan organizaciones cívicas y fuera de la política, que conformen una fuerza que no deje actuar impunemente a los políticos, puesto que si no es así, se corrompen y a la vista está ello en todo el mundo actual”.

Por ello ocurren las aberraciones que vemos constantemente y ahora mismo se repiten, con esas absurdas manifestaciones por cuanto “el equipo barcelonés” ha ganado una copa, o el “sevillano” otra; o también y lo oigo mientras escribo… “veinte mil españoles se van a desplazar a Alemania, para ver no se qué encuentro entre un par de docenas de individuos que le dan patadas a una pelota”… ¿qué va a reportar esto a la res pública?... nada en absoluto, pero están deformados por unas enseñanzas dirigidas exclusivamente por la política imperante del hoy “pan y deportes”.

Todas las masificaciones son deformantes y enmascaran unas realidades subyacentes muy preocupantes; y ello se demuestra en la verdadera responsabilidad masiva de “la res pública”, o sea las votaciones en las urnas, que afortunadamente hoy tenemos; pero idiótamente (“la res”) y en lo más importante de su misión “de control”, declina su máxima responsabilidad y lo hace en mayoría con la terrible frase de… “la política para los políticos”… ¡No… absolutamente no! Ya lo digo arriba el por qué de ello. Si la mayoría del pueblo no asume sus responsabilidades, esto acabará mal… y en España, tenemos la década de 1930 a 1940 como la mayor tragedia de su historia y que no debiera repetirse, pues si se repitiera… ¡¡Lo mereceremos!! Tomen nota los políticos actuales, puesto que, “tal y como están las cosas”… ¡¡Es su responsabilidad!! ¿Sabrán en realidad lo que tienen sobre sus espaldas hoy?

Antonio García Fuentes
(Escritor y filósofo)
www.jaen.ciudad.org (allí más temas)

Una ETA cansina y matona repite que Zapatero mintió, miente y mentirá.
Antonio Javier Vicente Gil  Periodista Digital 22 Junio 2006

El último comunicado de ETA repite con otra grandilocuencia lo que viene diciendo tiempo ha.

1.- Reitera ETA que Zapatero negoció con ellos previamente el alto el fuego y que pacto con ellos ciertas concesiones previas, a saber, legalización de Batasuna ETA, parón en la actividad policial contra ellos y tratamiento especial a los presos. Luego Zapatero mintió cuando decía que no negoció con ETA

“las autoridades españolas deben adoptar y cumplir sus compromisos de "alto el fuego", garantizando el cese total de la represión, los ataques contra el Colectivo de Presos Políticos Vascos a través de la aplicación de leyes de excepción y la presión, chantaje y extorsión contra las actividades políticas de la izquierda independentista.”

De esos compromisos ETA nos dice que Zapatero debe evitar que los jueces les fastidien porque Zapatero cumplió su parte en eso, hace la tira de meses que no se detenía ni un solo etarra hasta que el juez Marlaska les salió rana, y eso que la policía informó a ETA de las intenciones del juez para evitar las detenciones, que hay que echarle.

La sin igual Gallizo ya dijo hace unos días que iba siendo hora de cumplir el compromiso referente a los presos etarras, y que decir de la legalización bajo otra marca de Batasuna.

2.- Insiste ETA en decir que Zapatero miente cuando insiste en que no hará concesiones políticas, confirmando lo tantas veces dicho por los asesinos, que el alto el fuego depende de que se les conceda la independencia.

3.- Al decir “ETA emplaza al Gobierno español para que pase de las palabras a los hechos, dando los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico, ni Constitución sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el Pueblo Vasco”, simplemente nos avanzan que Zapatero mentirá, pues el proceso que llaman de paz solo seguirá si Zapatero hace más concesiones, y siguiendo la pauta anterior, es casi seguro que Zapatero las concederá, pero mentirá diciendo que no las ha concedido.

¿Quién en su sano juicio iba a decir hace dos años que llegaríamos a esta situación?, ¿quién iba a decir que veríamos a ETA pidiendo el voto para Zapatero?.

¡Vale!: “Cataluña is not Spain”. ¿Y después qué?
Felipe Cantos  Periodista Digital 22 Junio 2006

¿De qué le sirve a un hombre obtener la independencia de su tierra si a cambio pierde la suya?

Pues si. Si alguien no lo remedía, por ejemplo el Tribunal Constitucional, en el supuesto de que el Partido Popular, u otra entidad, estén por la labor de presentar un recurso a tal instancia, se ha iniciado el desgarramiento de España. La aprobación del nuevo texto, una nueva Constitución disfrazada de Estatuto Catalán, por una pírrica mayoría/minoritaria - 35% del censo electoral - ha dado el pistoletazo de salida que, sin duda alguna, la totalidad de los nacionalismos irracionales tratarán de aprovechar en estampida.

Dejando al margen, si finalmente es aplicado, las consecuencias políticas y sociales, a mi entender sumamente negativas, que la aprobación del nuevo estatuto va a provocar en Cataluña, y por extensión a España, en todos los ordenes de nuestra cotidiana vida, he tratado de acercarme a algunos de los más exacerbados defensores, evidentemente votantes del impresentable texto ¿legal?, para conocer de primera mano cómo se sentían después de su aprobación.

He de confesar que durante años he realizado un ejercicio de diálogo permanente con estos defensores de una nacionalidad inventada a golpe de imaginación y fantasía y, siempre, de grandes mentiras. Algunos de ellos, hasta ahora, buenos amigos. Otros, no tanto. Incapaces de concretar en qué fundamentaban sus constantes reivindicaciones, de manera especial el derecho de independencia, todos ellos exponían un sinfín de injustificadas vaguedades que, peligrosamente y a falta de otros argumentos, venían a converger en la “matriz”, en la raíz catalana. En más de una ocasión me he visto obligado a recordarles que cuando anteponemos la “madre” a la razón estamos acercándonos peligrosamente al fascismo.

Entre otros tantos falaces argumentos, a falta de conocer bien su propia historia, he escuchado hasta el hartazgo la falsa cantinela de que mientras Cataluña trabaja para todos los demás, estos duermen plácidamente la siesta. Por lo que los catalanes, naturalmente, tenían todo el derecho del mundo a sentirse perjudicados. Incluso, estafados.

Lo cierto es que, en su fuero interno, y pese a la “encomiable” labor realizada por el sibilino nacionalismo durante los últimos treinta años, todos reconocían no tener la más mínima esperanza de que, jamás, las circunstancias pudieran derivar en una situación tan cercana a sus postulados. Era, y algunos han tenido la valentía de admitirlo, un “bonito” ejercicio de política-ficción.

Lo cierto es que, gracias a un traidor irresponsable en el Gobierno de España, la traición a su juramento de defender la Constitución como Presidente es incontestable, lo que parecía, al decir de los interesados, política-ficción se ha convertido, igualmente, en una incontestable realidad.

Varios acontecimientos de todo lo sucedido en estos días me han dejado un desagradable sabor en lo más profundo. Pero dos destacan de manera excepcional. El primero y más terrible es que, al amparo de la nueva situación, algunos de mis polémicos interlocutores durante años, han tratado de justificar la falta de libertad que se ha vivido, y se vive permanentemente, en ese “nuevo país” y, descorazonadoramente, las agresiones recibidas por miembros de otras formaciones políticas, cuando intentaban exponer sus tesis. Por esa razón me refería más arriba a lo “buenos amigos, hasta ahora”. En eso, lamentablemente, sí debo afirmar que se han producido cambios importantes.

El segundo de los hechos es, por el contrario, una tremenda ironía. Nada parece haber cambiado en la mentalidad de quienes hace mucho tiempo vienen tratando de justificar reivindicaciones independentistas. Ahora, a la luz de la nueva situación, continúan, igualmente, siendo incapaces de exponer las “grandes ventajas” que le reportará a su vida cotidiana, como ciudadano de a pie – otra cosa será para la clase política dominante – la aprobación de un Estatuto/Constitución, terriblemente intervencionista en la vida del ciudadano, intencionado prolegómeno de una independencia que se presenta difícilmente inevitable.

Aún así, dada la forma en que ha sido realizado el trámite para la aprobación del Estatuto de Cataluña, repleto de irregularidades y de ilegalidades inconstitucionales, y probablemente jurídicas, tengo una liguera esperanza de que la situación pueda ser reversible.

Pese a todo, con ratificación del “infumable texto”, o con el rechazo del mismo por el Tribunal Constitucional, seguiré considerando la nula consistencia de sus argumentaciones y la falta de sentido común a quienes, como ciudadanos “independentistas catalanes” de a pie, vienen apoyando tales postulados. Ninguno a sabido, jamás, decirme, salvo vaguedades, en que le beneficiará cambio tan importante en sus vidas. Por eso, continuaré haciéndoles la misma pregunta que, durante años, ninguno ha sabido responderme con claridad: ¿Independencia? ¡Vale! ¿Y después qué?
¿De qué le sirve a un hombre reclamar la independencia de su tierra si a cambio pierde la suya?

Felipe Cantos, escritor.

ETA exige al Gobierno que cumpla los compromisos que adquirió antes de la tregua
- En un comunicado cargado de amenazas, la banda reclama al Ejecutivo que cesen las «medidas represivas» y que la Constitución no impida la independencia del País Vasco - Le advierte de que, de no hacerlo, la «lucha» continuará
J. M. Zuloaga / R. L. Vargas La Razón 22 Junio 2006

Madrid- ETA lanzó ayer una serie de amenazas, 24 horas después de la operación desarrollada contra su «aparato económico» en España y Francia: «la represión que a día de hoy aún persiste es absolutamente incompatible con un proceso de paz», dicen los terroristas en un comunicado.

Cuando faltan pocos días para que el presidente del Gobierno acuda al Parlamento con el fin de comunicar que va a iniciar la negociación con ETA, la banda, con su habitual estilo de chantaje y presión, coloca a Rodríguez Zapatero entre la espada y la pared: o cumple las exigencias o se queda sin el «proceso de paz». Se trata de un desafío en toda regla, según fuentes antiterroristas consultadas por LA RAZÓN, y de la respuesta que se dé ahora dependerá quien lleve la batuta y marque los ritmos en las conversaciones que se van a celebrar: el Gobierno o los pistoleros.

Amenazas. El comunicado se produce, asimismo, poco después de que uno de los presos de la banda con más influencia, Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote», adoptara una actitud agresiva y chulesca en la Audiencia Nacional en lo que se interpretó, tal y como adelantó este periódico, como un mensaje dirigido a los propios cabecillas de la banda. Las amenazas contenidas en el comunicado van más en la línea de lo que representa «Txapote» que la imagen a los Gerry Adams que pretende dar Arnaldo Otegi.

«Que nadie se lleve a engaño. (...) Con la misma determinación afirmamos: ETA nunca aceptará que el Gobierno español intente utilizar tácticamente este proceso para engañar el pueblo vasco o trate simplemente de neutralizar a ETA y opte, finalmente, por insistir en la vía de la negociación». Los terroristas, en el mismo tono de exigencia y amenaza, advierten de que nadie puede tener ninguna duda de que «de continuar la actual situación de opresión y conculcación de derechos, nuevas generaciones se sumarán a la lucha respondiendo con fuerza a quienes por la fuerza mantengan esta situación de injusticia».

La banda terrorista da a entender en el comunicado que el Gobierno alcanzó con ella una serie de compromisos que condujeron al alto el fuego. Exigen, por ello, al Ejecutivo que los cumplan y que -estos deben ser algunos de los acuerdos- garantice «el cese total de la represión, los ataques contra el colectivo que presos políticos vascos a través de la aplicación de leyes de excepción y la presión, chantaje y extorsión contra las actividades políticas de la izquierda independentista».
Los pistoleros emplazan al Gobierno de Rodríguez Zapatero para que «pase de las palabras a los hechos, dando los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución -en el texto con mayúsculas- sea obstáculo o límite en el desarrollo de la decisión que mayoritariamente adopte el pueblo vasco». En este sentido, reclaman que el Ejecutivo exprese su compromiso de respetar dicha decisión.

Aunque ETA reafirma su decisión de alto el fuego, advierte de que las decisiones y pasos que adoptará en el futuro «serán consecuencia de la actitud que mantenga el Gobierno español ante el proceso abierto en Euskal Herria».

Derrota imposible. Las citadas fuentes subrayan el tono amenazador y de prepotencia del comunicado en el que la banda llega a afirmar que la posibilidad de derrotarles «se ha confirmado una y otra vez como un espejismo represivo» y que «por encima de coyunturas y absurdas estadísticas policiales, ETA es la expresión organizada de la dignidad y el compromiso de miles de mujeres y hombres que generación tras generación han luchado y luchamos con las armas en la mano para que el Estado español abandone su posición de fuerza y reconozca a nuestro pueblo sus derechos nacionales».

La banda terrorista se reafirma en sus objetivos tradicionales -independencia, Navarra...- y manifiesta que el camino hacia la paz pasa por alcanzar unos mínimos democráticos con los que Euskal Herria pueda «recuperar su territorialidad y la responsabilidad plena sobre su soberanía». A partir de ese momento, según los terroristas, España podría alcanzar «la estabilidad política necesaria para poder dar soluciones estructurales a su profunda crisis política».

Nota de prensa
ESPAÑA Y LIBERTAD PRESENTARÁ MAÑANA JUEVES UNA AMPLIACIÓN DE LA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA EL PRESIDENTE DEL PNV
España y Libertad  22 Junio 2006

Ante la reunión mantenida por Josu Jon Imaz, este miércoles con una delegación de Batasuna en la sede central del PNV, la Sabin Etxea de Bilbao, Plataforma España y Libertad presentará mañana una ampliación a la denuncia en su día interpuesta contra el presidente del PNV.

Dado que el presidente del PNV no ha hecho públicos los nombres de los miembros de Batasuna, amparando el encumbramiento del delito de quebrantamiento de medida cautelar impuesta por la Audiencia Nacional a los miembros de la organización terrorista, España y Libertad amplia su denuncia contra Imaz, no solo en relación con los nuevos hechos cometidos, sino al entender que nos encontramos con una conducta encuadrable en el tipo penal de colaboración con banda armada previsto y penado en el art. Artículo 576 del C.P., “Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite, cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista”.

España y Libertad lamenta este manifiesto desprecio por el Estado de Derecho por parte del máximo responsable del PNV, que pese a las resoluciones judiciales expresas prohibiendo la actividad política a Batasuna ha facilitado las mismas incluso a sabiendas de la existencia de procesos penales en marcha en contra de tales conductas.

Mas información
Yolanda Morín
GSM 678.61.61.77

info@e-libertad.es
http://www.e-libertad.es

Rosas por la dignidad de las víctimas
La Razón 22 Junio 2006

Unas 300 personas asistieron ayer a la concentración organizada por la Plataforma «Rosas por la Dignidad» a escasos 100 metros del Congreso para exigir a Zapatero que abandone el proceso de «rendición» ante ETA y que «esclarezca» los atentados del 11 de marzo. Entre los asistentes a la cita destacó la presencia del presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz; la profesora de Sociología de la UPV, Gotzone Mora; o de Marimar Blanco (en la imagen), hermana del concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco. Gritos de «Negociación, en mi nombre No!» dieron paso a la lectura de un manifiesto por parte de Alejandro Campo y Osset, el ciudadano anónimo que depositara hace un par de semanas dos rosas blancas manchadas de mercromina en el escaño de Zapatero.

NO HAY DETENCIONES
Terroristas callejeros atentan en Vitoria horas después del último comunicado amenazante de ETA
Un grupo de terroristas callejeros lanzó en la madrugada de este jueves varios artefactos incendiarios contra un concesionario de Renault situado en el casco urbano de Vitoria. El ataque en la calle Arana, que se produjo unos veinte minutos después de la medianoche y provocó daños en los cristales y el ennegrecimiento de la fachada, se produjo sólo cuatro horas después de que ETA reiterara sus amenazas en un nuevo comunicado (léalo AQUÍ íntegramente) y pidiera el cese de las actuaciones de la Policía y los jueces. No se han practicado detenciones.
EFE Libertad Digital 22 Junio 2006

Los terroristas callejeros también se han pronunciado tras el último comunicado de ETA y lo han hecho atentando contra un concesionario de Renault en la capital alavesa. Varios proetarras lanzaron en la madrugada de este jueves cócteles molotov contra el local situado en la calle Arana de Vitoria. El atentado se produjo unos veinte minutos después de la medianoche y provocó daños en los cristales y el ennegrecimiento de la fachada.

Según ha explicado el departamento vasco de Interior, varios viandantes que pasaban por la zona apagaron el fuego provocado por los artefactos incendiarios con un extintor.

Precisamente este martes, la presidenta del PP vasco, María San Gil, recordó al cumplirse tres meses desde que ETA anunció el alto el fuego que en este periodo se han registrado "34 acciones de kale borroka que han supuesto 285.000 euros de daños materiales".

El Gobierno sigue manteniendo que el alto el fuego es completo y real. Lo repitió este martes el ministro del Interior a raíz de la detención de doce etarras que integraban la red de extorisón terrorista. Rubalcaba compareció en la sede de su Ministerio para decir que "no hay ningún dato que impida continuar con el proceso de paz". Posteriormente trascendió que la Policía francesa había intervenido en esa operación, coordinada por Grande Marlaska y Le Vert, un recibo fechado este mes de junio por el pago por parte de dos empresarios de 64.000 euros.

ADMITE LA DEMANDA IMPULSADA POR LUIS HERRERO
El Parlamento Europeo investigará el acoso de la Generalidad de Cataluña a la Cadena COPE
A pesar de las fuertes presiones de eurodiputados socialistas y nacionalistas catalanes, el presidente de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), el polaco Marcin Libicki, ha admitido la demanda para investigar los motivos por los que la Generalidad catalana no renovó en 1998 las frecuencias de la Cadena COPE en Tarragona, Manresa y Barcelona. Fuentes de la Eurocámara informaron a EFE de la decisión de Libicki, que hizo pública mediante una carta a los grupos parlamentarios que integran dicha comisión, con lo que pone fin a cinco meses de tenso debate sobre si la demanda debía o no ser admitida.
Libertad Digital 22 Junio 2006

La demanda fue presentada el pasado 24 de enero por el eurodiputado popular Luis Herrero, acompañado por otros ocho periodistas y el respaldo de 700.000 firmas de ciudadanos en favor de una investigación sobre el caso.

El manifiesto, firmado por más de 700.000 personas que acudieron a las sedes de la emisora o dejaron su firma a través de las páginas web de Libertad Digital, la COPE o Luis Herrero tiene como objetivo denunciar ante la UE la campaña de acoso que mantiene la Generalidad contra la emisora, que podría suponer la no renovación de sus licencias en Cataluña. El conocido como Manifiesto COPE fue presentado en la Comisión de Peticiones por parte de tres de sus firmantes, los periodistas Luis Herrero y Pedro J. Ramírez y la doctora en Historia por la Universidad de Oxford, Cayetana Álvarez de Toledo.

El presidente de la Comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, comunicó este martes que adoptaría en 24 horas una decisión de manera individual, en virtud de la competencia que le atribuye el reglamento en calidad de presidente de la comisión parlamentaria. Finalmente lo ha hecho después de un encendido debate en el que los socialistas europeos han tratado de impedir la admisión de la queja.

Libicki informó por carta a los miembros de la Comisión de Peticiones de su decisión. En la misiva recuerda que "la protección de los derechos fundamentales es una de las principales labores del comité de Peticiones" y reprocha a algunos miembros que hayan cuestionado la admisión de la denuncia avalada por 700.000 firmas.

A partir de ahora se iniciará el procedimiento de trámite que desembocará, como es habitual en estos casos, en la comparecencia de los demandantes ante la Comisión de Peticiones.

Anula un decreto sobre el euskera en Navarra
El Tribunal Supremo ha anulado de manera definitiva un decreto y un acuerdo del Gobierno de Navarra sobre el uso del euskera en la administración pública foral y en la zona mixta al entender el tribunal que limitaban el empleo de este idioma.

Suprema .....
Nota del Editor 22 Junio 2006

He de admitir que no he leído ni el decreto ni la sentencia, pero así, de manera visceral, no puedo quedarme sin saltar y despotricar contra tamaño disparate cuando muchos españoles no tenemos el derechos constitucional de elegir la lengua española para educar a nuestros hijos. A ver cuando sentencian de una vez que la imposición de cualquier lengua regional es anticonstitucional y por tanto ilegal. A ver cuando leen la constitución española, teóricamente ley y norma suprema y la aplican: deber de conocer el idioma español. El segundo párrafo no tiene sentido. Sí, la C.E. es un bodrio, por eso, muchos votamos en contra de la única ley que por imperativo legal, tuvimos que interpretar, como ciudadanos de la generación en la que entró en vigor, por encima del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

ESTARÁ LISTO EN UNOS CINCO AÑOS
El Congreso acuerda encargar al Gobierno un diccionario Inglés-Euskera
EUROPA PRESS El Mundo 22 Junio 2006

MADRID.- La Comisión de Cultura del Congreso ha aprobado una proposición no de ley presentada por el PNV instando al Ministerio de Cultura a impulsar y financiar la elaboración de un diccionario "comprehensivo y de referencia English-Euskera", que tendría un coste total de unos 600.000 euros.

En la iniciativa, los nacionalistas vascos proponen al Gobierno que demuestre su "apuesta por el plurilingüismo y la pluriculturalidad" apoyando "tanto anímica como económicamente" el proyecto que para el diseño de un diccionario inglés-vasco dirige el profesor americano Michael Morris.

Según se explica en el texto, este proyecto cuenta con el respaldo de la autoridades académicas de la lengua vasca y tiene un coste "abordable". En concreto, se calcula que costaría unos 120.000 euros anuales y que podría estar listo en cinco años. Tras apelar a las distintas manifestaciones del Ejecutivo expresando su voluntad de impulsar en todos los ámbitos y desde los diferentes ministerios una visión pluricultural del Estado, se recuerda que el Instituto Cervantes ha anunciado su intención de desarrollar en mayor medida iniciativas en el impulso del catalán, el gallego y el euskera. En este ámbito debe enmarcarse el convenio firmado entre el Instituto Cervantes y la Euskaltzaindia (Academia de la Lengua Vasca).

Igualmente, se añade que una parte importante de la difusión y el conocimiento de los idiomas depende de los materiales existentes para su estudio y que, aunque en los últimos 20 años se han desarrollado con "profusión" manuales para difundir el euskera entre las comunidades castellanohablantes, ahora es necesario abrirse a otras lenguas, como el inglés.

Por todo ello, el Congreso pide al Ministerio de Cultura que ponga en marcha los correspondientes acuerdos administrativos y los pertinentes compromisos presupuestarios para poder financiar el citado diccionario inglés-euskera.

¿ Incompetencia del gobierno o de los votantes ?
Nota del Editor 22 Junio 2006

Cuando leo este tipo de noticias, inmediatemente compruebo la fecha del día, porque temo que sea el de inocentes, pero, que va, estamos al inicio del verano, los problemas del agua siguen aumentando (mayor escasez cuando y donde hace falta, mayor daño cuando y donde desborda porque no se canaliza).

Esto lo querrán vender como I+D+I, y también como fomento y creación de empleo: a Murcia tendrán que llegar más marroquiés para que algunos murcianos puedan dedicarse a la intelectual, lucrativa y funcionarial tarea de hacer y actualizar el diccionario inglés-panocho; lo malo será para los vecinos del grupo que tenga que hacer el diccionario inglés-silbo gomero, no podrán dormir ni echarse la siesta sin tapones en los oídos.

Dicen que cada persona tiene, sufre el gobierno que se merece, yo tengo la culpa por haber sido incapaz de convencer a los
votantes del PRISOE del disparate que iban a cometer. Lo malo que cada día que pasa será más dificil, con la educación en sus manos, piés, y los medios de comunicación de lavadora de cerebros, tendré que irme a otra nación, lástima que las que andan por aquí en la UE, sean casi tan incompetentes como ésta.

Negociación
Cientos de personas se concentran cerca del Congreso contra el diálogo con ETA
Redacción minutodigital 22 Junio 2006

Al grito de '¡En mi nombre, no! o 'España merece otro presidente', los concentraros recibieron y aplaudieron al promotor de esta iniciativa, Alejandro Campoy, que el pasado día 2, en una de las Jornadas de Puertas Abiertas del Congreso, colocó en el escaño del jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una foto del edil asesinado por ETA Miguel Angel Blanco junto a dos rosas blancas manchadas de mercromina.

Campoy leyó un manifiesto, que fue seguido de los testimonios de Ramón Dávila, cuyo hermano fue asesinado por ETA hace hoy 13 años; de Eloy Morán, víctima del 11-M, y finalmente de unas palabras de María del Mar Blanco, hermana de Miguel Angel.

Hubo profusión de pitidos a la mención del nombre del presidente del Gobierno, y de aplausos a las víctimas que ofrecieron sus testimonios, así como de gritos en contra de la negociación.

Los convocantes daban por hecho que el presidente anunciará hoy el 'inicio oficial' de las negociaciones con ETA, que, según Campoy, supondrán 'conceder a los criminales aquello que han buscado mediante el terror' a cambio de una 'falsa paz'.

'¡No estáis solos!', gritaron los convocados a María del Mar Blanco, cuyas palabras cerraron el acto, tras el cual hubo un minuto de silencio y una ofrenda de rosas blancas con pétalos tintados de rojo, como el símbolo de la plataforma convocante.

El presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, destacó también la falta de arrepentimiento demostrada por los presuntos asesinos de Miguel Angel Blanco, y pidió la dimisión de la directora de Prisiones, Mercedes Gallizo, por decir que 'ha confirmado la voluntad de los presos a favor del proceso de paz'.

Campoy pidió a los congregados que reclamaban subir desde la Plaza de Neptuno, donde se celebró la protesta, por la Carrera de San Jerónimo hasta el Congreso que recordaran que la ley prohíbe manifestarse a sus puertas, pero algunas decenas lo intentaron y se toparon con un cordón policial.

Algunos miembros de la plataforma sí llegaron al Congreso por la calle de Zorrilla, donde repartieron sus rosas a los diputados que entraban en él, entre ellos al presidente del PP, Mariano Rajoy.

El español, lengua extranjera en Cataluña
La región votó ayer reforzar su autonomía, mientras su gobierno la toma con el bilingüismo
por François Musseau. Liberation Barcelona, enviado especial www.bastaya.org  22 Junio 2006

En 1996, cuando emigró a España, a Barcelona, Patricia esperaba los sinsabores habituales de los sin-papeles, la precariedad, las chapuzas ingratas y mal pagadas (servicio doméstico, en su caso), la angustia antes de la hipotética regularización. No podía evitar todo eso. Pero lo que esta ecuatoriana de 42 años no se imaginaba es que tendría un conflicto lingüístico con sus propios hijos. “Mi hija adolescente habla catalán y está muy bien. Pero, obedeciendo a su profesora, ¡rehúsa dirigirme la palabra en español, su lengua materna!” Cecilia, siete años, está escolarizada en colegio público del Raval, un barrio popular de Barcelona donde los alumnos son, en una aplastante mayoría, hijos de emigrantes marroquíes, sudamericanos, rumanos. “Todo se hace exclusivamente en catalán, lamenta Patricia. Los profesores se dirigen a los padres de los alumnos en esta lengua y, cuando se le hace una pregunta en castellano, ¡nos mandan a paseo!”

Malestar.
El caso de Patricia, lejos de ser aislado, es sintomático del malestar lingüístico en Cataluña. En la calle, en el trabajo, en familia, no hay nada de esto: el bilingüismo es la cosa más natural del mundo en la vida cotidiana (1). El contencioso es político. En esta región trabajada durante siglos por un fuerte sentimiento nacionalista, catalán y castellano son ambos idiomas oficiales. En la práctica, el catalán es declarado “prioritario”, empleado en exclusiva en la administración, la enseñanza o los medios de comunicación. Pero, apoyado por los independentistas de Esquerra (ERC) y los nacionalistas de Convergencia i Unio (CiU), la coalición de izquierda, en el poder regional, sueña una hegemonía del catalán “en todas las esferas de la actividad”. El nuevo Estatut de autonomía se hace eco de esta pretensión consagrando por primera vez “el deber de conocer el catalán”.

“Se vive bajo la opresión de censores que, so pretexto de defender el catalán, atacan al español. Aquí hay un intervencionismo lingüístico con acento autoritario.” Marita Rodríguez preside desde hace diez años la Asociación por la Tolerancia, que milita por la defensa del castellano en Barcelona. Para este profesora de ciencias físicas, la volunta de “imponer como sea” el catalán ha crecido netamente en los últimos dos años. En 2005, gracias a su iniciativa, 1800 quejas en ese sentido (contra sólo 7 en 2004) han sido depositada ante el “defensor del pueblo”, el mediador: “En los centros sanitarios, en la administración, la enseñanza o los museos, el español es tratado como una lengua extranjera. En numerosos entornos, como mi instituto, el inglés obtiene la misma preferencia.” Miembro de una plataforma de intelectuales antinacionalistas, Ciutadans de Catalunya, el profesor de derecho Francesc de Carreras estima que esta política tiene efectos negativos sobre el mercado de trabajo: “En Cataluña, esta obsesión de las autoridades por la lengua amenaza con perder la chaveta”.

Pero la discriminación positiva en favor del catalán se beneficia del apoyo de la opinión pública. “Tras cuarenta años de represión franquistas contra nuestra lengua, el catalán sigue todavía hoy en posición de inferioridad frente al castellano. Es normal que se recupere el terreno perdido”, resume Albert Rossith, profesor de literatura en la Universidad de Gerona. “Todo ciudadano debe poder vivir en catalán las 24 horas del día”, remacha Xisto Moral, secretario regional de política lingüística. Deplora que el español domine aun en el ocio, el audiovisual, la publicidad. “La gente debe ser consciente del carácter prioritario del catalán. En eso nos esforzamos.” Desde febrero de 2005, el ejecutivo regional ha inaugurado oficinas de garantías lingüísticas en Barcelona, Gerona, Tarragona, Lérida y Tortosa. Todo ciudadano catalanohablante es invitado a denunciar los restaurantes en los que la carta no está traducida, el comercio donde los productos están indicados en español o el funcionario que se expresa en esta lengua…

“Derechos lingüísticos”
Sus detractores los han bautizado “oficinas de delación lingüísticas”. Xisto Moral los considera, por su parte, un “buen instrumento” para asegurar la propagación de la lengua. Según la Generalitat, en 2005 se hicieron 839 reclamaciones de “lesa lengua catalana” y se depositaron 638 quejas. Los infractores tienen tres meses para corregir el tiro, falta por la que pueden ser multados con 1800 euros, según La Razón. La Generalitat calcula que, hasta ahora, se han pagado 169.500 euros por atentados contra los “derechos lingüísticos”. Se han ofrecido 50.000 cursos gratuitos de catalán a restauradores y a camareros. Antoni Puigvert, editorialista en La Vanguardia, se felicita por esta promoción del catalán, pero lamenta sus excesos: “Hay la tendencia a confundir la defensa de la lengua y la de la patria.”

(1) Se estima que el 94% de los catalanes comprenden la dos lenguas; el 50'1% prefiere el catalán, el 44'2% el castellano, el 4'7% se define perfectamente bilingüe.
19/06/2006 - www.liberation.fr, www.bastaya.org
Recortes de Prensa   Página Inicial