AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 25 Junio  2006
Proceso de rendición
La deuda del presidente
Ignacio Cosidó Libertad Digital 25 Junio 2006

Rodriguez Zapatero ya ha pactado con ETA el precio que va a pagar por la paz: restauración de Batasuna en el poder local, reconocimiento de la nación vasca, un estado de semi-independencia para Euskadi, anexión por fases de Navarra y, finalmente, impunidad para todos los asesinos y sus cómplices. A cambio de todo esto ETA se muestra magnánimamente dispuesta a abandonar el terrorismo, pero lo hará sólo una vez que el Gobierno español haya efectuado el pago en su totalidad.

El trato tiene un anticipo por ambas partes. ETA ha otorgado a Rodriguez Zapatero un “alto el fuego indefinido” que da satisfacción momentánea a las expectativas de paz previamente creadas por el propio presidente. El Gobierno debe a cambio permitir a Batasuna presentarse a las próximas elecciones municipales y declarar a su vez en tregua el Estado de Derecho. Zapataro, sin embargo, tiene más problemas de los que había calculado para poder asumir sus compromisos con la banda.

Zapatero ha dado ya un paso trascendente para cumplir su compromiso. Tras un primer ultimátum de los terroristas, hace unas semanas, el partido socialista ha reconocido a Batasuna como un “interlocutor político necesario”. El problema es que Batasuna sigue siendo legalmente, para España y para la Unión Europea, una organización terrorista. Mantener una interlocución con Batasuna acarrea por tanto no sólo un inmenso coste político, empezando por el desmarque absoluto del PP de todo este proceso, sino que puede incluso tener consecuencias penales, como le puede ocurrir también al Lehendakari por recibir a representantes de este partido ilegal en su despacho.

Pero Zapatero prefiere incumplir la Ley a tener que cambiarla. La sociedad española no parece dispuesta por ahora a asumir una modificación de la ley de partidos que permita a Batasuna volver a la vida política sin que ETA haya renunciado al terrorismo y sin que hayan condenado la violencia. Más allá de este primer reconocimiento político, Zapatero necesita por tanto un gesto de los batasunos, aunque fuera menor, para poder justificar ante la opinión pública la legalización de este partido. Batasuna, por el contrario, piensa que ellos ya han hecho bastante declarando el alto el fuego y que ahora es el Gobierno el que tiene que mover ficha.

Esta semana, en un nuevo comunicado de ETA repleto de chantajes, la banda terrorista le reclama al Gobierno el pago inmediato de la segunda parte del anticipo: una tregua por parte de jueces y policías respecto a las actividades criminales de la banda. Por lo que también se ha sabido estos días parece que el Gobierno habría dado ya instrucciones a la policía para que no actúe, pero Zapatero tiene más problemas para que los jueces se inhiban ante actos delictivos. El Gobierno francés, por otra parte, tampoco parece dispuesto a contemplar de brazos cruzados como ETA se rearma en su territorio al tiempo que logra sus objetivos políticos al otro lado de los Pirineos. Hace tiempo que Francia percibe a ETA como una amenaza propia.

Es cierto que el Ministro del Interior ha negado, con excesiva parquedad y ningún entusiasmo, que el Gobierno esté dispuesto a efectuar este pago. Sin embargo, la credibilidad que Rubalcaba ofrece a muchos españoles es menor que cero. Es más, Rodriguez Zapatero, el único que en realidad controla el proceso, se ha limitado a pedir calma. Pero aunque el presidente negara con rotundidad esos compromisos, tampoco tendría mayor credibilidad. Zapatero ya negó con indignación que existieran contactos con ETA antes de que se oficializara el alto el fuego y luego se ha demostrado que esos contactos existieron. Zapatero también defendió con ardor que primero la paz y luego la política y ahora ha accedido a que la mesa de partidos se solape con la negociación con ETA. No habría por tanto ninguna razón para creerle ahora si dice que no ha contraído ningún compromiso con la banda, cosa que ya ni siquiera dice. Por el contrario, la reacción de Zapatero a este nuevo chantaje de la banda será abrir de forma inminente la negociación formal con los terroristas.

Rodríguez Zapatero debería saber que tener a terroristas como acreedores no es un buen negocio. ETA le ha mandado esta semana un segundo aviso, pero no habrá muchos más. El drama es que si Zapatero no puede pagar las deudas que ha contraído, ETA se las cobrará, una vez más, a la sociedad española.

Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular por Palencia.

VARIACIONES
ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 25 Junio 2006

El último comunicado de ETA, más arrogante que nunca, ha confirmado en sus temores a quienes piensan que ETA no va a rendirse. De Zapatero continuamos sabiendo poco, salvo que su optimismo es infinito y que pelará la pava con los señores del pasamontañas a menos que se declare una emergencia nuclear. En vista de que el presidente no racionaliza su esperanza milagrera, no queda más remedio que pedir explicaciones a los adláteres. El jueves, a primera hora, Carlos Herrera y su equipo se pusieron al habla con López Garrido para conocer la posición del Gobierno. La de Garrido fue una disquisición fantástica, en la primera acepción de «fantástico» que registra el diccionario: «Quimérico, fingido, que no tiene realidad, y consiste sólo en la imaginación». Reproduzco algunas perlas del collar que Garrido quiso ahorcar el cuello del radioyente.

Uno: no hay que hacer caso de lo que ETA dice, sino de lo que ETA hace. Réplica: si no vale la pena hacer caso de lo que ETA dice, ¿por qué celebrar su «comunicado» de alto el fuego? Mejor todavía: ¿qué objeto tiene sentarse a hablar con ella? Hablar implica escuchar lo que otro «dice», y lo que ETA diga debería entrarnos, según López Garrido, por una oreja y salirnos por la otra. Dos: el Gobierno ha verificado, en opinión del portavoz, la renuncia de los terroristas a toda acción violenta. Éste es el «hecho» que importa. Los periodistas objetaron que no han cesado de llegar cartas de extorsión. López Garrido dijo que esto no es así. Ni las verificaciones del Gobierno pueden ponerse en duda, ni puede ponerse en duda que no se harán concesiones políticas. Una democracia, agregó, no puede funcionar si no se confía en el Gobierno.

Esto es interesante, muy interesante. Desde cierto punto de vista, la aseveración de López Garrido resulta impecable. La salud de un sistema se tasa en términos fiduciarios. No es normal, no lo es en absoluto, que muchos no crean al Gobierno en extremos de la máxima gravedad. En lo que se equivoca López Garrido, es en la asignación de responsabilidades.

Traspasadas ciertas líneas, ser buen demócrata a lo Garrido empieza a hacerse incompatible con ser racional.No puede inspirar confianza un Gobierno que niega hechos notorios -verbigracia, la pertinacia de la extorsión-. Y tampoco puede inspirar confianza un Gobierno que no admite estar haciendo lo que a todas luces está haciendo -conceder a ETA el status de interlocutor-. El Gobierno, en una palabra, no está autorizado a identificar sus decisiones con la democracia. Si se aceptase esta identificación, nunca sabríamos lo que es democrático hasta haber comprobado lo que ha decidido el Gobierno. El decisionismo gubernamental como vara para medir lo que es justo y bueno, nos remite a modelos de gestión política preconstitucionales. No hago más especulaciones, porque ha entrado la canícula y es mejor no entretenerse frotando cerillas contra el pedernal.

Transitemos al escenario catalán. La caída de Maragall consagra el fin del Tripartito y aboca a Cataluña, salvo sorpresas, a una nueva fase dominada por CiU. La renuncia de Maragall y la convocatoria de elecciones entrañan la admisión de un fracaso, y es fácil, por consiguiente, que la derrota del PSC sea considerable. El hecho de que el Estatut, proyecto original de Maragall y ERC, haya terminado por asociarse a los convergentes, empeora todavía más la situación sobre el terreno del socialismo catalán. ¿Cómo se explica la extraña carambola catalana? Zapatero tenía dos razones para substituir a ERC por CiU. Primero, manumitir a su partido de la tutela escandalosa e insoportable de los republicanos. Segundo, afianzar su posición en el plano nacional. El peso de los convergentes es notable, y permitiría seguir gobernado al PSOE en el caso incluso de que el PP ganara las elecciones por un puñado de escaños. Artur Mas sólo podría cambiar sus apoyos en el Congreso cambiando también -si no obtiene mayoría absoluta- el gobierno autónomo, y esto es siempre complicado. No sería descartable, por tanto, que decidiese mantener un trato de servicios mutuos con los socialistas, con independencia de que éstos fueran o no los más votados en 2008 o cuando corresponda.

¿Costes? Como suele suceder con Zapatero, las consecuencias de sus decisiones son mucho más portentosas que las ganancias a corto plazo.En primer lugar, no sólo ha sacrificado a Maragall. Ha sacrificado al PSC, que seguramente se habrá puesto a pensar si le renta seguir uncido a un socio tan poco abnegado. En segundo lugar, la constitución «a priori» de una alianza que jibariza las oportunidades del PP para ser gobierno, deja sin oxígeno a los elementos más pactistas de la derecha. Esto es, a los que estarían dispuestos a viajar con quien fuera menester con tal de no quedarse en la cuneta. Si el único desenlace prometedor -desde el punto de vista popular- es una mayoría absoluta, a lo mejor resulta que la derecha se olvida de la contabilidad fina y asume actitudes más arriesgadas. De aquí a que volteen las campanas electorales, puede pasar cualquier cosa.

El chantaje a los empresarios
Editorial ABC 25 Junio 2006

EL juez Grande-Marlaska ha ordenado la detención de dos empresarios navarros sobre los que recae la fuerte sospecha de que pagaron a ETA una significativa suma de dinero, eufemísticamente denominada «impuesto revolucionario». Al parecer, documentación incautada a la red de extorsión etarra desmantelada por la acción impulsada por el magistrado español y la francesa Levert demostraría que ambos se plegaron a la extorsión, como, por cierto, han hecho muchos otros.Han sido pocos los industriales (habría que recordar a los fallecidos Olarra y Alcorta, como excepciones a una regla general) que se han resistido públicamente a la extorsión. Algunos, sin proclamarlo, también lo hicieron y abandonaron su tierra para instalarse en otra y eludir así a esa mafia. Pero la realidad es que las finanzas de ETA se han nutrido del chantaje a empresarios y profesionales, de los rescates de secuestros y de las rentas de sus inversiones opacas.

Sin embargo, ni un solo juez ha procesado a ninguno de los extorsionados; ni siquiera lo ha hecho a familiares que han pagado las sumas exigidas para rescatar a sus seres queridos. Tampoco hay precedente de que la Fiscalía haya ejercitado la acción penal con éxito contra ciudadanos que han reconocido, incluso públicamente, haber abonado ese chantaje. Tal impunidad se ha venido entendiendo como exenta de responsabilidad criminal en la medida en que, más que autores de un posible delito, los pagadores eran víctimas de una organización de delincuentes armados capaces de consumar sus amenazas si los extorsionados se negaban a plegarse a su coacción. La eximente de miedo insuperable y, alternativamente, la de estado de necesidad han sido los lógicos argumentos jurídico-penales que han amparado la inacción del fiscal y de los jueces.

Grande-Marlaska, sin embargo, no ha tenido más remedio que actuar como lo ha hecho, al obtener en el registro de los locales de la red de extorsionadores una evidencia documental que exigía la aplicación de la ley. Es previsible que los ahora detenidos -y una vez quede probado que no eran colaboradores voluntarios sino víctimas de la extorsión- se vean libres de acusación penal. Pero la polémica que se ha desatado en torno a este asunto apela directamente al Estado y a su obligación, incumplida, de garantizar la integridad patrimonial de los ciudadanos; apela a las organizaciones empresariales que, colectivamente y en cuanto tales, no han amparado, en la medida de lo necesario, a sus miembros extorsionados, y concierne al sistema político vasco que, por miedo o por complicidad, ha sido condescendiente -a veces hasta extremos moralmente abominables- con esta práctica mafiosa integrándola como una variable inevitable en el País Vasco.

Se abre, pues, un proceso catártico de reconocimiento de las incapacidades, culpas, acciones y omisiones de un Estado ineficaz, de una autonomía regida por un nacionalismo connivente, de un empresariado que no siempre estuvo a la altura de las circunstancias y de una sociedad egoísta e insolidaria. Y si se abre ese melón del debate ético, habrá, sin duda, muchos culpables, y no serán sólo los que por necesidad o por miedo terminaron pagando a la banda.

Estado de decepción
Por IGNACIO CAMACHO ABC 25 Junio 2006

ESTO se está emporcando. El rutilante y esperanzador «proceso de paz» se enfanga con miradas desafiantes de asesinos cavernosos y con tramas pringosas de dinero exaccionado en las que aparecen dirigentes de partidos con apariencia respetable. Ha vuelto la kale borroka entre amenazas diáfanas, los batasunos reciben invitaciones para hablar en foros de izquierda caviar, y las víctimas llevan la preocupación en sus rostros, que son el termómetro de la dignidad nacional. Y el consenso político no sólo está roto, sino que sufre un verdadero shock , un estado de coma. Algo malo pasa cuando ni siquiera los obispos alcanzan a ponerse de acuerdo para hablar de la realidad de España.

Lo que sucede es que es un mal momento para la concordia. La oportunidad de cerrar con un acuerdo el problema terrorista se ha presentado en una circunstancia sumamente difícil porque en el escenario político se vive un intenso drama de conflicto histórico. Ese proceso requiere una estabilidad que hoy por hoy no parece posible, y la responsabilidad principal, aunque no la única, es de quien tiene la iniciativa, es decir, el poder. No se puede requerir la unidad cuando todo el programa de acción política está orientado al disenso, al enfrentamiento, a la ruptura, que se extiende incluso a la interpretación histórica del pasado, convertido en un arma arrojadiza para romper el espíritu reconciliador de la Transición. Cuando se busca bronca, casi siempre se obtiene bronca.

El Gobierno ha transformado su agenda en un demarraje hacia la ruptura, hacia un nuevo modelo político, y en medio de esa querella sistemática se ha cruzado la negociación con ETA como un camión atravesado en una autopista. Todos los llamamientos a la unidad son retóricos; no hay un ápice de concesión en la oferta de Zapatero, decidido a abordar por su cuenta una serie de procesos simultáneos para los que no parece capacitado. Y no se trata de minucias políticas; lo que el presidente ha emprendido es un camino neoconstituyente que no estaba en su oferta electoral, y sin apoyo suficiente a la vista de su precaria victoria en circunstancias más que excepcionales. La conmoción del 11-M requería una legislatura suave, de restañar heridas, una terapia de reconstrucción social, pero en vez de eso el Gobierno ha optado por la cirugía de riesgo y ha abierto al paciente en canal sobre una mesa de operaciones a la que le falta una pata.

El resultado es que la operación política más delicada de los últimos años carece del respaldo necesario, que sólo puede ser el de una mayoría de consenso horizontal, y se ha ensuciado de recelos, desconfianza y zozobra. La gente está inquieta porque empieza a ver que se buscan responsables para delegar un fracaso, mientras el mundo etarra se recrece al observar que en el Estado hay fisuras. Todo se ha vuelto muy complejo, muy espeso, pero hay una evidencia desalentadora: que los que tenían que estar tristes están contentos y los que tenían que sentirse satisfechos andan turbados, contritos, intranquilos. Eso se parece mucho a una decepción.

Dignidad y Justicia
Ernesto Ladrón de Guevara elsemanaldigital 25 Junio 2006

El ser humano tiende a olvidar lo desagradable y recordar lo placentero. Es un mecanismo psicológico inconsciente que nos permite la supervivencia, pues la unidad formada por la psique y el soma nos llevaría a enfermar si las descargas continuas de los activadores del sistema endocrino no permitiesen ese reequilibrio restablecedor entre alma psíquica y organismo. Los mecanismos de subsistencia nos incitan a olvidar lo que nos produce desasosiego.

Sin embargo, desde el punto de vista de la salud moral colectiva el olvido es un riesgo para la conservación del sentido de la justicia y favorece la coexistencia con nuevos atropellos a la dignidad de nuestro desarrollo comunitario.

El asesinato de Miguel Angel Blanco provocó un terremoto de adhesiones y de simpatía colectiva con la víctima y su familia casi inédito en la historia de la psicología de masas.

Probablemente hubiera sido más intensa la reacción, si cabe, si hubieran llegado a la sociedad española los detalles de la crueldad y del sufrimiento generado en la víctima, revelados por los informes forenses y reproducidos en la vista de la Audiencia Nacional del pasado martes.

Estuve allí solidariamente con los familiares de Miguel Ángel Blanco y con las gentes del Partido Popular. Hay pocas cosas tras las vicisitudes de mi vida que me puedan hacer llorar, pero he de reconocer que los sentimientos de rabia, de indignación y, por otra parte, de incapacidad para comprender cómo puede haber seres humanos que inflijan tanto daño innecesario en sus congéneres, me derrumbaron anímicamente; al tiempo que esos engendros humanos capaces de asesinar sin perturbación de ningún género, se mostraban sus afectos como si el juicio no fuera con ellos.

Por eso me resulta imposible comprender que hubiera delante de mí, en la celda de cristal de la sala de la Audiencia, dos seres que comparten mi mismo genoma, mostrándose impasibles, desdeñosos, cínicos, e imperturbables ante los relatos y descripciones de los testigos de la policía científica, forenses, etc., y que mostraran tal grado de indignidad y de desprecio humano, insufribles para quienes tengan un mínimo de sensibilidad y de valores.

Esos especímenes y alguno más entre el público, me produjeron una sensación de malestar indescriptible. No entiendo cómo puede haber gente así.

El fiscal hizo su trabajo de forma rigurosa en un informe acusatorio, irreprochable desde cualquier ángulo que se analice. Por ello, tras su lectura, rompimos a aplaudir y a gritar pidiendo justicia, casi en un gesto autómata y lleno de emocionalidad, lo que obligó a la presidente de la sala a nuestra expulsión.

Reconozco que está mal romper la preceptiva actitud contemplativa, pero éste no es un juicio más. Millones de españoles depositamos nuestras expectativas de justicia, por las especiales circunstancias en las que se produjo aquella muerte aplazada, con saña, con alevosía, con intención de causar sufrimiento. Maligna, calculada, despiadada, inhumana.

Me pregunto cómo el Gobierno puede mirar para otro lado sin darse por enterado, y seguir en su pretensión de negociar con una banda de asesinos que nunca ha mostrado el más mínimo gesto de arrepentimiento, más bien al contrario, persistiendo en la amenaza.

En mi nombre no. Esta paz que nos anuncian teñida de rojo no es mi paz. Que no cuenten conmigo.

La memez de la semana: "Resulta evidente que España no se rompe"
Pascual Tamburri elsemanaldigital 25 Junio 2006

Esta semana la tentación era muy fuerte. ETA, Batasuna y el PSOE no sólo se han lanzado a hablar, sino que parecen haberlo hecho hace mucho tiempo, porque emplean exactamente las mismas palabras. Entre "una nueva oportunidad", la "oportunidad histórica" y la "esperanza", no sólo considero ya verosímiles las chanzas de Federico Jiménez Losantos sobre Cándido Conde Pumpido y Arnaldo Otegi, sino que habría que extender triangularmente la cosa a José Luis Rodríguez Zapatero. Porque la cursilería es la misma en toda la izquierda, sea o no abertzale, y merecería un análisis detenido.

Otro día será. Nuestro inevitable tema de hoy es otro, porque el jueves tuvimos una señal clara del final de los tiempos, las tumbas se abrieron, los muertos empezaron a caminar y Antonio Hernández Mancha escribió un artículo.

Para los menores de 25 años: Antonio Hernández Mancha es un conocido abogado en ejercicio, colegiado en Madrid, abogado del Estado por oposición. Y fue presidente de Alianza Popular, a título de sucesor de Manuel Fraga Iribarne en la oposición contra Felipe González, en la segunda mitad de los años 80 del siglo XX. Fracaso absoluto. En realidad, nadie lo recuerda mucho, porque su paso por la primera fila de la política fue breve, y después llegó de Valladolid un chico con bigote a quien ustedes recordarán más, creo.

Pero Hernández Mancha vuelve a dar señales de vida y, oh sorpresa, ha empezado a escribir. ¿Dónde? En El País. Oh. ¿Y con qué doctrina? La más conveniente para los intereses del medio que lo acoge. Claro. Es interesante, más de lo que parece.

Para Hernández Mancha, aquí no pasa nada. Es decir, no sólo es que España no se rompa, sino que es ridículo pensar que pueda romperse. Desfallezcan y ríndanse batasunos, republicanos, jelkides y convergentes: por fin sabemos la verdad, y es que nada que ellos hagan puede destruir la vertebración del país. Al nuestro autor no le gusta el Estatuto que Zapatero, Carod, Maragall y Mas han parido en corro; pero tampoco le parece tan terrible.

Conste que puedo hasta compartir la idea, es decir la ridícula impotencia de muchas de las cosas del nacionalismo; pero los argumentos que El País publica exhumando esta momia de la derecha son los más notables que veo en mucho tiempo: no hay peligro para España porque, atención, Hernández Mancha ha leído a Blaise Pascal y a Henri Bergson, y se ha dedicado a estudiar lógica desde que don Manuel tuvo que volver de la primera jubilación para quitarlo de en medio.

Lógica. Ya. Y como hemos leído también a Hans Kelsen, y la portada del Estatuto dice eso, que es un Estatuto, damos por seguro que nunca podrá cambiar la Constitución y que, por tanto, el orden impera. La jerarquía normativa y el formalismo jurídico son el desahogo de las malas conciencias de la derecha que pudo ser y no es.

Veamos, don Antonio. Aplicando las cositas estas del pobre Kelsen, y por aplicarlas como usted dice, la democracia se enfrentó en los años 30 del siglo XX a su peor crisis en Europa. Ningún Apocalipsis, desde luego pero ¿sólo porque las leyes lo prohiben? ¿Y si decididamente las incumplimos y nadie puede o quiere actuar como guardián y defensor de la legalidad, de la Constitución y del orden? En su lógica, no pasaría nada; de hecho, todo habría pasado sin que reaccionásemos.

Esto no es inocente, ni es un arranque espontáneo. Si ustedes me apuran sólo hay una persona incapacitada para juzgar a José María Aznar, para intervenir activamente en los tumultos que pueda haber en el PP y desde luego para aconsejar a Mariano Rajoy. Y esa persona – intelectualmente muy capaz y humanamente de gran valía, me lo dicen y no lo dudo en absoluto- es Antonio Hernández Mancha. Porque si insiste en hacerlo, y en hacerlo así, corre el riesgo de convertirse en otro Miguel Herrero de Miñón, que también escribe en ese periódico, y en todos los del PNV, cuando es menester. Vale usted más, don Antonio, no se rebaje.

El desvanecimiento de un proyecto nacionalista
José Antonio Portero Molina La Opinión 25 Junio 2006

Sobre1.880.000 catalanes han votado sí al Nou Estatut, el 74% de los votantes. Noes, nulos y blancos sumaron unos 680.000 votos, el 26% restante. El sí ha vencido abrumadoramente al no y el Estatuto ha satisfecho plenamente la exigencia de legalidad. No será fácil su aplicación y en muchos de sus contenidos, simplemente, será imposible. Le espera una andadura muy problemática y conflictiva porque es una norma, jurídicamente, muy defectuosa. Se ha metido en terrenos que no le corresponden, con previsiones que necesitan el acuerdo de las Cortes, del Gobierno y de las demás comunidades autónomas.

Al Tribunal Constitucional le espera mucha faena. Por lo demás su aplicación correrá pareja a la del resto de los estatutos y, al final, tampoco será muy distinta en modos y ritmo de desarrollo. Ocurre que, como la aplicación de las normas jurídicas a lo largo del tiempo suele convertirse en una actividad que transcurre muy lejos de la atención del gran público, sus defectos y excesos pasarán desapercibidos.

Pero, a mi juicio, lo más importante del referéndum ha sido que nos ha permitido verificar la debilidad del proyecto político del nacionalismo catalán, que era lo que, de verdad, estaba en juego. Es difícil negar que los resultados han sido muy flojos para los partidarios del proyecto nacionalista: de los 5.309.000 catalanes con derecho a voto, la mitad ni siquiera ha querido ir a votar y sólo uno de cada tres lo ha apoyado. El 89% de los parlamentarios catalanes que en Septiembre brindaron por el proyecto aprobado entonces, reflexionarán largo y tendido sobre lo sucedido. Dos de cada tres catalanes de a pie les han demostrado que el Parlament se ha distanciado demasiado de una sociedad satisfecha con su identidad y con su actual ubicación en España, sin ganas de aventuras y que no está por crear conflictos gratuitos ni dentro de su casa, ni con los vecinos de urbanización. Québec se desdibuja en la distancia y no digamos el derecho de autodeterminación o el sueño independentista de ERC. La ciudadanía está en otra cosa. Y no será por falta de llamadas a respaldar el proyecto. Maragall se ha arriesgado, incluso, a una sanción de la Junta Electoral Central, si se estimara que su último mensaje vulneró los límites que la ley impone a las actuaciones institucionales. El mismo día de la votación Maragall y Mas llamaron a los catalanes a participar en una ocasión trascendental e histórica para Cataluña, una llamada que desatendió la mayoría de los votantes.

El Estatut, además, ha provocado los daños colaterales que todos conocen: se acabó el primer gobierno de izquierdas en Cataluña y CIU tiene todas las papeletas para reponer al pujolismo en la Generalitat. Hay mucho que imputar a la contribución entusiasta y determinante de Zapatero.

Aquí en casa, los socios del bipartito, para convencernos de lo mucho que nos va en la reforma del Estatuto, han elaborado un nuevo documento, cuya verdadera razón de ser es darle un respiro a Quintana ante los críticos de su propio partido. El documento lanza un pretencioso mensaxe de tranquilidade e claridade á cidadanía. Intranquilidad no parece que sufra una ciudadanía que ha vuelto a celebrar festivamente a noite de San Xoán. Y claridad tampoco aporta mucha. El Estatuto de Nación deja el sitio al Estatuto de todos, sobre el cual prometen un acuerdo histórico. Para impedir el ultraje de quedarse en nacionalidad compartiendo el estigma con Andalucía, Valencia, Aragón o Canarias, nos proponen los socios subir de categoría y, a tal efecto, gana terreno como definición identitaria nacional lo de Nazón de Breogán. La identidad nacional se reforzará más al pasar el gallego a ser la lengua oficial y el castellano la cooficial: un sinsentido, porque la cooficialidad, por definición, exige, al menos, dos lenguas oficiales. Ya nos lo explicarán. El resto del documento no ha conseguido interesar a la opinión pública ni, en consecuencia, convencerla de que sus redactores pretendían algo distinto a lo señalado: fortalecer a Quintana ante sus electores y frente a los exigentes detractores que le acechan en su propio partido.

José Antonio Portero Molina es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña

Legitimar la ruptura
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 25 Junio 2006

El 20 de noviembre del año pasado se cumplió el trigésimo aniversario de la muerte de Franco. Ese día, un importante diario, que no destaca por su actitud crítica hacia el Gobierno, editorializaba sobre la trayectoria política de nuestro país desde entonces. El análisis no era en absoluto banal. «Los cambios de signo político del Gobierno (1982,1996, 2004) han sido a la vez expresiones de la renovación generacional de la sociedad y en el seno de cada partido, lo que ha determinado percepciones muy diferentes de la realidad. La generación de Aznar -continuaba el editorial- no compartía la mala conciencia (tan fructífera) de los gobernantes de UCD, y Zapatero no comparte los temores de la de González y Guerra a tomar decisiones que puedan dividir a los españoles». Es verdad que no se explica por qué la supuesta «mala conciencia» de UCD se elogia como fructífera mientras que la prudencia atribuida a González y Guerra no merece elogio alguno frente el arrojo de Zapatero para dividir a los españoles. Pero lo relevante no es eso sino el valor del análisis como pronóstico que la izquierda en el Gobierno, bajo la dirección de Rodríguez Zapatero, esta cumpliendo de manera implacable.

Presentar el desarrollo de la democracia en España como una liberación de las inhibiciones heredadas de la transición y del proceso constituyente puede sonar muy bien al narcisismo progresista pero, en el fondo, no es más que reintroducir la vieja pulsión sectaria que tanta veces a lo largo de nuestra historia ha visto en la exclusión del adversario el presupuesto necesario para materializar el proyecto político propio. Después de una trayectoria ininterrumpida de acuerdos de diversa naturaleza en el ámbito autonómico y en el nacional, fue el nacionalismo vasco - ¿quién si no podría ser!- el que abrazó la expresión más acabada y aberrante de exclusión política y social del adversario, al suscribir el pacto de Estella y asumir expresamente las exigencias de ETA que ponía la diana sobre populares y socialistas para promover la muerte civil -cuando no la física- de ambas opciones.

El compromiso común del PP y del PSOE frente a esta descarnada expresión del peor sectarismo y, por contraste, la revalorización del Estatuto y la Constitución como marco de convivencia y garantía de derechos, nos llevó a muchos a pensar que el frente nacionalista urdido en Estella había servido como una útil dosis de recuerdo para una sociedad que había mantenido al día el calendario de vacunación contra sus patologías políticas endémicas. Estábamos equivocados. Mientras crecía la impaciencia en la izquierda ante la perspectiva de una tercera legislatura en el Gobierno del Partido Popular, el sórdido legado de Estella -la negación del adversario- era recogido por los socialistas catalanes como ofrenda a ERC para alumbrar el segundo gobierno autonómico basado expresamente en la exclusión, pero ahora sólo del Partido Popular.

El Pacto del Tinell -verdadera conjura de necios- dio lugar a un tripartito saludado desde el balcón de la Generalidad por Rodríguez Zapatero mientras desde tantos otros balcones y tribunas se atribuían a semejante audacia progresista efectos prodigiosos. El fiasco del nuevo Estatuto, precedido de la ruptura del propio tripartito -¿quién lo iba a decir!- no ha hecho más que confirmar una trayectoria de gobierno en Cataluña que hasta los más entusiastas del invento eluden ya defender ni como proyecto ni como simple gestión. No importa que Carod esté como está en su partido, ni que Maragall , tiempo atrás ungido como precursor de la entrada de Zapatero en Moncloa, haya terminado siendo la víctima de lo que, por otra parte, se insiste en presentar como un éxito. A Maragall le cabe el consuelo de pensar que si esto le ha ocurrido por el éxito inapelable del Estatut, al menos se ha librado de lo que podría esperarle si quienes le han defenestrado lo hubieran considerado un fracaso.

La peripecia catalana completa un ciclo en este proceso de exclusión que une a la izquierda y a los nacionalistas. El ciclo se reiniciará de cara a las próximas elecciones autonómicas. El tripartito ha terminado como empezó, buscando su legitimación en la exclusión del Partido Popular, instando a que se vote por la visceralidad del rechazo, expulsando del espacio catalán no a todos los que se han opuesto al Estatut, sino a los señalados para ser convertidos en el objeto fóbico cuyos candidatos pueden ser intimidados, sus mítines reventados y sus derechos cívicos conculcados en medio de la comprensión autodestructiva de un sector de la sociedad en el que prosperan los políticos del silencio o de la justificación cómplice de los agresores. Ecos de Estella que en Cataluña para no pocos se confunden con las voces que llaman a ponerse en camino hacia el destino nacional.

La conclusión tan mediocre del proceso estatutario en Cataluña no sólo ha sellado la suerte de Maragall. Eso sería lo de menos. Ha legitimado como deseable el abandono del consenso en una norma de contenido más que nunca constitucional porque altera la conformación del Estado. Sí, el nuevo Estatuto catalán -de las leyes orgánicas ya ni hablamos- legitima como deseable el abandono del consenso precisamente porque para los socialistas en el poder esa es un servidumbre de la Transición de la que ha llegado el momento de liberarse y porque la exclusión de la representación de casi diez millones de ciudadanos es la prueba del nueve de la audacia gubernamental que, como decía el comentario trascrito, no teme decisiones que puedan dividir a los españoles.

El Gobierno ha demostrado que el abandono del consenso es para él un principio de actuación política y no sólo una posición doctrinal que le lleva a escamotear la paternidad reformadora, parlamentaria y monárquica de nuestro marco político frente a la reivindicación extemporánea de una filiación que pretende ser republicana pero se queda en gueracivilista. Este principio de actuación, básicamente sectario, parece ser lo único que llena el vacío biográfico de tantos dirigentes de esta nueva izquierda vieja. Tal vez, ese criterio de actuación está tan arraigado precisamente porque es el único. Lo cierto es que reaparece una y otra vez en la vida política porque, una vez emprendido ese camino, lo que queda atrás es tierra quemada sobre la que no se vuelve volver. Y ahora ese camino, después de que el cortejo autocomplaciente ha repuesto fuerzas en el oasis, conduce al País Vasco.

«Salvo en estos 25 años nuestra historia constitucional es un recetario de fracasos, una gran página de fracasos ¿Saben por qué? Todos lo sabemos porque todos la conocemos: porque normalmente se hicieron constituciones de partido, se hicieron normas políticas con el 51% y las normas políticas con el 51% para ordenar la convivencia acaban en el fracaso». Esto lo decía el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005 cuando se rechazó la admisión a trámite del plan Ibarretxe. Un caso peculiar, el de Zapatero, de alguien que no quiere aceptar que tiene razón cuando dice cosas como éstas.

El fin de ETA y los límites de la fe
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 25 Junio 2006

«CREER en lo que no vemos»: así describía la fe el antiguo catecismo. La explicación, aunque tosca, era ajustada, porque la fe es, por definición, un acto irracional. Tener fe consiste en creer en algo, más allá -o incluso en contra- de lo que indican la racionalidad y los sentidos.

Lo que el presidente del Gobierno viene pidiéndonos desde que ETA declaró la tregua ahora vigente es un continuado acto de fe en Rodríguez Zapatero, cuyos supuestos datos, hipotética intuición o pretendida buena suerte deberían llevar a una sociedad entera a poner su ciega confianza en un mal llamado proceso de paz que se viene desarrollando de una forma que contradice semana tras semana todo lo que nos cuentan los portavoces oficiales y oficiosos del Gobierno.

A tal punto ha llegado la situación tras el último comunicado de la banda terrorista, avisando al Gobierno de que achante con lo que venga si no se pliega a todas y cada una de sus intolerables exigencias, que poco a poco ha ido abriéndose una nueva línea de discurso para justificar, pese a las muchas evidencias que lo desaconsejan, la negociación con los encapuchados. Según ella, ETA, convencida ya de su derrota, no aspiraría a nada en términos políticos (autodeterminación y territorialidad), sino sólo a obtener una salida para sus presos y fugados, por lo que la subida del listón de sus exigencias sería únicamente un modo de mejorar su posición negociadora, tranquilizar a su parroquia y asentar, con carácter retroactivo, un mensaje justificador de la utilidad de su trayectoria criminal.

Es posible que sea así, pero dado que al día de hoy todos los datos disponibles indican lo contrario, sólo caben dos hipótesis para explicar el empecinamiento del Gobierno en seguir adelante con sus planes: la primera es que los datos secretos del Gobierno contradicen los que están en el mercado informativo y justifican su convencimiento de que la banda terrorista sólo quiere hablar de «paz por presos».

La segunda hipótesis, menos optimista, es que el Gobierno ha decidido meterse a negociar, aunque nada parezca aconsejarlo, convencido de que la sociedad española aguantará lo que le echen con tal de que acabe el terrorismo. Esa es, de hecho, la argumentación de Zapatero cada vez que los terroristas manifiestan que siguen en sus trece: que los españoles quieren ver el fin de ETA. Es verdad. Aunque lo es también que desde siempre han demostrado no quererlo a cualquier precio: de haber sido de otro modo, podíamos haber visto el fin de ETA hace más de treinta años. Treinta años de espanto y sufrimientos, pero también de dignidad frente al terror.

El «espíritu Txapote»
Por TERESA JIMÉNEZ-BECERRIL ABC 25 Junio 2006

Hermana del concejal del PP Alberto Jiménez-Becerril y cuñada de Ascensión García Ortiz, asesinados por ETA

OTRA vez me encuentro frente a «Txapote». Ya tuve ocasión de hacerlo cuando las autoridades francesas nos lo entregaron. Publiqué entonces, con el título «Huérfanas de hermano», unas palabras de aliento y solidaridad dirigidas a Mari Mar Blanco y a Consuelo Ordóñez, cuyos hermanos habían sido asesinados, por ese miembro de ETA. Jamás olvidaré la mirada del asesino de Miguel Ángel y de Gregorio, bajando del avión, que lo devolvía a España para ser juzgado. Ni siquiera la lejanía logró evitar el escalofrío que recorrió mi cuerpo al ver en sus ojos el mayor de los desprecio por la vida humana. Su odio traspasaba la pantalla y con un gesto entre indiferente y prepotente parecía decirme «Yo no maté a tu hermano, pero podría haberlo hecho. ¿Y qué?» Ese «¿Y que?» me persigue desde entonces. Esa absoluta falta de piedad, esa innegable ausencia de arrepentimiento, esa íntima celebración del dolor ajeno que descubrí en su cara se repite cada vez que me enfrento a cualquiera del entorno de la banda terrorista. Todas sus declaraciones, advertencias, comunicados, con capucha o sin ella, reflejan esa superioridad de quien está convencido de poseer la verdad absoluta. Si ustedes lo piensan, sus palabras son rotundas: autodeterminación, patria vasca... Y sus hechos, aún más: «los soldados vascos», durante su guerra a un bando donde el enemigo no era consciente de serlo, han causado inútiles bajas a un país democrático, que les permitía disfrutar de una autonomía tal que sólo una sociedad enferma es incapaz de apreciar. Es ese «espíritu Txapote» el que no debe triunfar sobre el «espíritu de Ermua».

Porque si así ocurriese, sería no solamente España la que perdería, sino el hombre, como perdió cuando permitió que un demente con delirios de grandeza exterminara a gran parte del pueblo hebreo con la complicidad de quien lo llevó al poder. Al menos, Hitler y quienes le rodearon murieron como criminales. Algunos se suicidaron, otros se escondieron como ratas, la mayoría fueron juzgados y condenados. Lo importante es que la historia les ha reservado el peor de sus papeles, el de asesinos, crueles y sanguinarios.

A veces, cuando me preguntan por qué yo no estoy contenta con el «proceso de paz» que está llevando a cabo el Gobierno de España, me viene a la mente otro proceso, el de Nuremberg, donde la cúpula del poder nazi fue juzgada en 1946, al final de la Segunda Guerra Mundial, acusada de crímenes contra la Humanidad. Los documentos de la época nos muestran un juicio en masa de hombres humillados, acobardados, derrotados, lejos de lo que fueron cuando aterrorizaban con sólo una mirada y un taconazo de botas negras. Quizá yo sea una idealista, una ingenua, seguro que una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero yo, Teresa Jiménez-Becerril, hermana del concejal del Partido Popular asesinado por la banda terrorista ETA, querría ver a quienes mataron a mi hermano y a su mujer y a tantos otros inocentes sentados en un banquillo, temblando, temiendo sus duras condenas y rendidos ante una sociedad que ni ha olvidado ni perdonará sus culpas. Ver a los asesinos como «Txapote» reírse de quien les juzga, y a quienes les ayudaron a cometer sus crímenes absueltos y reprendiendo al presidente del Gobierno por salirse del camino que ellos le están marcando, es salgo que supera lo que cualquier persona honesta, víctima o no, es capaz de soportar. ¿Ustedes se imaginan cuál habría sido el futuro de Alemania si no se hubiera hecho justicia tras el fin de la guerra? ¿Habrían sido los alemanes capaces de convivir bajo el «espíritu nazi» latiendo en su propio país? ¿Y habría sido Europa capaz de aceptarlo? No. El pueblo alemán necesitaba limpiar su conciencia para poder sobrevivir, y la humillación de los culpables era el primer paso del largo camino que les quedaba por recorrer.

La actitud del terrorista que asesinó a Miguel Ángel Blanco sería algo anecdótico si no representara algo mucho más profundo. La tranquilidad con la que los miembros de ETA afrontan sus juicios demuestra que se sienten respaldados, más allá del ámbito de la banda terrorista. El «espíritu Txapote» refleja el sentir de una parte del pueblo vasco, que yo no me atrevo a cuantificar, pero que cualquiera de los vascos que han tenido que abandonar su tierra a causa de la presión del nacionalismo llevado al extremo sabría hacerlo. Es ese mi temor, que ese espíritu injusto, arbitrario, insolidario e ilegítimo triunfe sobre lo que se llamó el «espíritu de Ermua», que nació del ansia de justicia y libertad de una nación y que espero siga en pie, a pesar de todo el empeño que algunos están poniendo en sofocarlo.

El presidente del Gobierno -que sigue menospreciando los comunicados de ETA [desconozco de dónde le viene tanta seguridad]- debería leer con atención cuando los terroristas dicen « todos los mandatarios españoles han quedado en el camino y la lucha del pueblo vasco ha contribuido a su propio fracaso». No le dé usted, señor Zapatero, la llave de la política española a una banda de asesinos, porque le pueden dejar encerrado. Y lo peor es que con usted nos van a aprisionar a todos los españoles. Y por mucho que nuestra vicepresidenta le defienda y desmienta la negociación política que el Gobierno está llevando a cabo, el informe de ETA prueba lo contrario. Si tiene usted tiempo, vuelva a leer el comunicado etarra y subraye la palabra política, verá la sorpresa que se va a llevar. Yo la he visto más veces de lo deseado.
Una cosa más, señor presidente: pruebe en cambio a señalar la palabra víctima en el comunicado etarra. Yo no la he encontrado en todo el escrito.

La República edulcorada
Rafael González Rojas elsemanaldigital  25 Junio 2006

A finales de 1976 creímos que nunca más volveríamos la vista atrás ni evocaríamos ningún avatar de nuestra historia. El 15 de diciembre habíamos aceptado mediante referéndum la Ley para la Reforma Política. El entusiasmo de aquella jornada no fue retórico. La participación electoral alcanzó el 77,4%, y el 94,2% de los votantes aprobaron la reforma. ¡Cuánto hubiera dado Maragall por esos resultados para su Estatut! Y eso que los partidos de izquierda pidieron la abstención y los del búnker votaron lo que creían que hubiese votado Franco: no.

Ahora, a punto de cumplirse 30 años de aquel reencuentro de los españoles con las urnas, nos están diciendo que aquello ya no vale, que hay que volver mucho más atrás, a 1931. Zapatero está empeñado en cargarse la Transición, que tan modélica habíamos creído porque restañó con acierto y generosidad de unos y otros viejas heridas. Pues nada; el Congreso de los Diputados acaba de aprobar una proposición de ley para la declaración de 2006 como año de la "Memoria Histórica", que considera a la Segunda República antecedente del sistema constitucional vigente, a la vez que pide la urgente aprobación de normas que posibiliten rehabilitar a las víctimas del franquismo.

Está visto que Rodríguez Zapatero se ha propuesto mantenernos en vilo permanentemente. Ya ha consumado ese golpe terrible a nuestro ordenamiento constitucional con la aprobación del Estatut y en trance está de consumar esa otra barbaridad del pacto con ETA. Y para distraerse, nos habla de la primavera de 1931, origen genuino del tiempo presente, modelo de dignificación de la vida pública, etc. etc. olvidando todo lo que fue aquel periodo de caos, desgobierno y crímenes, que desembocó en una horrorosa guerra civil.

El historiador Fernando García de Cortázar recordaba recientemente en ABC el testimonio de Gaziel (seudónimo de Agustí Calvet), un periodista de La Vanguardia (fue algunos años su director) que "con el recuerdo de la sanjurjada de 1932 –escribe Cortázar- y las llamaradas de octubre relampagueándole todavía en los ojos, (…) hizo una reflexión que quizá pueda servir para poner en cuarentena la mitología edulcorada que parece haber llegado con la celebración del 75 aniversario de la Segunda República: «Si de la República han de estar ausentes las derechas, cuando mandan las izquierdas, y luego, cuando son las derechas las que gobiernan, las izquierdas han de enloquecer y lanzarse a la revolución, no habrá, no ha habido todavía, verdadera democracia en España. Como tantas otras cosas, la democracia aquí no es más que un nombre de raíces clásicas y de contenido extranjero»".

Esto, escrito en el periodo que las izquierdas de hoy quieren rememorar como ejemplar, nos puede ayudar para valorar qué clase de democracia es la de Zapatero y cuantos trágalas le quedan todavía por imponernos.

¿LIBERTAD? EN LA PRENSA CATALANA
Pedro de Hoyos  Periodista Digital 25 Junio 2006

Cuando la prensa está enferma los primeros en padecerlo son sus lectores. Cuando la prensa no es libre los primeros en padecerlo son sus lectores. Cuando la prensa no informa los primeros en padecerlo son sus lectores. Cuando la prensa desinforma los primeros en padecerlo son sus lectores. Cuando la prensa dice medias verdades los primeros en padecerlo son sus lectores. Cuando la prensa está subvencionada los primeros en padecerlo son sus lectores.

Cuando la prensa está enferma, no es libre, no informa, desinforma, se calla o dice medias verdades está manipulando. En ninguno de estos casos los lectores suelen enterarse, claro. Viven, manipulados, en esa arcadia tan feliz como artificial que le han inventado y viven y votan al servicio del poder que controla esta prensa. Para eso paga.

¿Cómo es posible que ciudadanos catalanes cultos, bienintencionados, lectores habituales, atentos oyentes o espectadores no hubieran oído hablar de “Ciutadans de Catalunya” en plena campaña del referéndum catalán? ¿Cómo es posible que ciudadanos de Cataluña tan significados como Arcadi Espada o Albert Boadella pasen desapercibidos en momento tan relevante? ¿Cómo es posible que las agresiones que sufrieron pasaran con letra pequeña, escondidas en pequeños sueltos, en las esquinas de las páginas menos leídas? ¿Cómo es posible que la prensa catalana pusiera paños calientes ante estos hechos? ¿Pasaría lo mismo si la libertad de expresión de Carod Rovira fuese violentada por unos intolerantes fascistas? ¿Pero los que atacaban al PP o a Ciutadans no eran intolerantes? ¿Tampoco fascistas? ¿Pasaría lo mismo en Madrid, Cáceres o Venta de Baños?

¿Cómo es posible que la prensa catalana pasara de puntillas ante tan destacada catástrofe como la del Carmel? ¿Pasaría lo mismo si a Ruiz Gallardón se le hundiera Vallecas? ¿Cómo es que la prensa catalana no investigó aquellas acusaciones, ¡en pleno Parlament!, de corrupción? ¿Pasaría lo mismo si Esperanza Aguirre acusara de corrupción a la oposición? ¿Pasaría lo mismo en algún lugar del mundo? ¿Cómo es que la prensa catalana no puso sus armas literarias en pie de guerra ante aquella curiosa autofinanciación de ERC a través del “impuesto” obligatorio de aquellos altos cargos a los que controlaba?

La revista Época, citada por Periodistadigital.com daba los siguientes datos sobre subvenciones de la prensa catalana:

ABC: 30.000 € en 2003; 0 en 2004 y 0 en 2005.
El País: 0 en 2003; 250.000 € en 2004 y 146.300 € en 2005.
El Periódico: 1.869.393 € en 2003, 3.454.719 € en 2004 y 2.426.295 € en 2005.
La Vanguardia: 9.140.669 € en 2003, 5.996.492 € en 2004 y 2.748.400 € en 2005.
Avui: 5.080.106 € en 2003, 2.395.101 € en 2004 y 604.823 € en 2005.

Que cada persona, informada, interesada, culta y preocupada, piense. Lo que quiera, no lo que quieran.
http://pedrodeh.blogspot.com

MORIRSE EN GALLEGO, MANDA SUEVOS
Por ÁNGEL PUERTA ABC 25 Junio 2006

Por fin encontramos en esta España variopinta un político con auténtica perspectiva de futuro. No de futuro inmediato, sino de futuro a largo plazo. Digamos de futuro para el cuarto o el quinto milenio, si la humanidad aguanta. El gran ejemplo, como no podía ser menos en esta época de desaforadas identidades de aldea, lo ha dado un político nacionalista, en este caso gallego. Concretamente el diputado del BNG Bieito Lobeira. Se percató el perspicaz futurólogo de que en los cementerios gallegos la inmensa mayoría de las lápidas están escritas en español y no en la lengua de Rosalía de Castro. Y el preclaro nacionalista pensó: «Tate, aquí hay un «conflicto lingüístico» de primera magnitud». Ya se sabe que los gallegos tienen una especial sensibilidad con esto de los espíritus y las meigas. Total que, tras una queimada cargadita de aguardiente, no dudó en discernir que los «patriotas gallegos» fallecidos montan la parda cada noche en el camposanto por tener sus tumbas grabadas en español en lugar de en gallego y, además, en una proporción de mil a uno, según estudios que esgrimió el propio diputado. Y eso es grave porque los muertos se sienten humillados o no se entienden en las tertulias del cementerio, lo que provoca ese grave «conflicto lingüístico».

Claro, Lobeira, que como buen nacionalista que es debe ir con retraso, parece ignorar que en la actualidad, y por ahora, los epitafios son potestad de la voluntad del fallecido y, en último caso, de la familia, y no del régimen. Parece ignorar también el diputado que, además del gallego, sus compatriotas disponen en su patrimonio cultural de otra lengua oficial, que es el español y que comparten -y por el bien de sus hijos deberían seguir compartiendo- con el resto de comunidades autónomas de España y con 400 millones de hispano parlantes en todo el mundo.

Esta lengua, precisamente, ha permitido a lo largo de la historia a cientos de miles de gallegos emprendedores abrirse camino en toda España y, sobre todo, en Iberoamérica. Pero esos argumentos no calan en la mentalidad nacional-socialista. El preclaro Lobeira propone a la Xunta que adoctrine a las jerarquías confesionales, a los ayuntamientos, a las empresas funerarias y hasta a las floristerías, para la utilización del gallego en todo el lenguaje funerario. Y con un argumento de peso para el diputado nacionalista: «Si se produjese alguna catástrofe que implicara la erradicación parcial o total de la vida humana» en Galicia, «el estudio arqueológico de los restos funerarios... no constataría la existencia de la lengua gallega». Vamos, vamos, ¿qué dirían los arqueólogos del futuro? Debe ignorar su señoría que, además de las lápidas, existen en la actualidad innumerables soportes técnicos e informáticos para dejar constancia de la existencia del gallego.

Pero nada, para los nacionalistas, donde esté un buen cincel y un buen pedrusco funerario que se quiten los libros y los cederrón. Ya puestos, Lobeira podría haber tenido un arrebato de libertad y proponer que los gallegos puedan, al menos, elegir para sus inscripciones lapidarias entre el gallego, el celta o el suevo. Manda suevos con el futuro que le espera a Galicia con estos políticos de sílex y tentetieso.

LA UNIDAD ENTRE LOS ESPAÑOLES, UN BIEN A PRESERVAR
Inmaculada Sánchez Ramos  Periodista Digital 25 Junio 2006

Copio Nota de prensa de Profesionales por la Ética

Ante la polémica que viene suscitándose estos días a propósito de las consecuencias de una eventual ruptura de la unidad territorial y política de España, Profesionales por la Ética, plataforma civil para la promoción de los valores morales en la vida pública, desea manifestar ante la opinión pública lo siguiente:

1. La unidad de España es, como consecuencia de una historia secular de convivencia, un bien comunitario para todos los españoles. Su cuestionamiento equivale a la renuncia irresponsable a una herencia de solidaridad y encuentro entre pueblos diversos y a una cultura que, asentada en una común tradición moral, ha hecho posible nuestro progreso colectivo, tanto en el orden material como en el espiritual, así como la presencia de los españoles en el mundo.

2. Este bien moral que llamamos España es patrimonio de todos los españoles, pasados, presentes y futuros. Por tanto, no es legítimo que una minoría del conjunto, con la complacencia de quien tiene a su cargo la custodia del bien común, deshaga lo que las anteriores generaciones construyeron y lo que la inmensa mayoría de los españoles seguimos sintiendo como propio e irrenunciable.

El Estatuto catalán disgrega el Archivo de la Corona de Aragón con la apropiación de parte de los fondos
YOLANDA CARDO ABC 25 Junio 2006

Con los papeles del Archivo de la Guerra Civil, ya a buen recaudo en territorio catalán, el nuevo Estatuto ha abierto un nuevo frente: el Archivo de la Corona de Aragón (ACA). Este centro, con sede en Barcelona por razones históricas, pero de carácter estatal como los de Indias y Simancas, alberga miles de documentos generados por la antigua institución monárquica, que afectan, por tanto, no sólo a las actuales Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, sino incluso a los otros territorios mediterráneos donde alcanzó su dominio. La disposición adicional decimotercera del texto votado el pasado domingo establece que «los fondos propios de Cataluña» en el Archivo de la Corona de Aragón y en el Archivo Real de Barcelona «se integran en el sistema de archivos de Cataluña». Para gestionar «el resto de fondos comunes», indica que la Generalitat debe «colaborar» con el Patronato del Archivo, pendiente desde hace décadas de constituirse y sin fecha prevista, según fuentes de Cultura.

El Gobierno aragonés del socialista Marcelino Iglesias ya ha encargado a sus servicios jurídicos presentar un recurso de inconstitucionalidad por entender que pretende la «gestión unilateral» de parte de un Archivo que es común a varias Comunidades.

Supuesta «confederación»
La polémica se ha trasladado a los expertos, como se puso de manifiesto en una reciente mesa redonda organizada en Zaragoza por la Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (Anabad). En ella, la coordinadora de Archivos de la Generalitat catalana, Mariona Corominas, se quedó sola frente a especialistas de Mallorca, Valencia y Huesca y al ex director del Archivo de la Corona, Pedro López, que cesó en 1997 tras ser reprobado por el Parlamento catalán por defender la unidad del centro. Según dijo Corominas, en el Archivo hay «muchos fondos documentales» y la «confederación» de la antigua Corona funcionaba «de manera independiente en cada sitio y por eso había distintos archivos».

El director del Archivo del Reino de Mallorca, Ricard Urgell, y la profesora de Archivística de la Universidad Politécnica de Valencia, Luisa Tolosa, negaron ese concepto de la Corona como confederación de territorios independientes, que da pie al Estatuto a reclamar los supuestos «fondos propios de Cataluña». La presidenta de Anabad-Aragón, Margarita Torrejón, también lo rechaza: «El Rey de todos ejerce las funciones de Rey», de modo que «la Cancillería Real -la Corte- genera en el ejercicio de sus funciones una serie de documentos». Al principio, se trasladaba con «todo el armario», hasta que Jaime II decide dejar el Archivo Real en Barcelona. En otras palabras, lo que se conoce como Archivo Real no es de Barcelona, sino que el Rey decide que su Archivo esté en esa ciudad. «No ha lugar a decir que un documento te pertenece por haberse generado en Cataluña -explica-, porque corresponde a la actividad del Rey», que lo es de todos los territorios bajo su dominio. En todo caso, Torrejón cree «muy conveniente» dar la voz a archiveros e historiadores y que los políticos «lo dejen en manos de los que entienden».

El ex director del Archivo señaló a ABC que el texto del Estatuto responde a «la voluntad del ACA por la Generalitat» y expresó su oposición a la disgregación entre el Archivo Real y las incorporaciones de documentos posteriores. Pedro López aboga por la unidad, pues, «como todos los archivos generales, está compuesto por muchos fondos». El actual director no fue autorizado por Cultura para realizar declaraciones.

Los independentistas radicales gallegos reaparecen con tres explosivos en autovías
R. N. La Razón 25 Junio 2006

Madrid. Los vecinos de Teo (Santiago) se despertaron sobresaltados la noche de ayer al escuchar una fuerte explosión en las obras de la autovía que enlaza la ciudad de Cacheiras con Santiago de Compostela (AG-69), provocada por independentistas radicales gallegos. En previsión de que pudiera haber más artefactos explosivos, los bomberos revisaron la zona y encontraron una nueva bomba que fue desactivada antes de su detonación. Horas más tarde, las obras de la autovía que une la capital gallega con la ciudad de Brión se libraban también de una explosión después de que se encontrara otro artefacto bajo una perforadora.

En cuanto al artefacto que sí explosionó, que tenía lugar a las tres y veinte de la madrugada, estaba en uno de los camiones de destierro de las obras, valorado en 400.000 euros, que ardió violentamente. Los vecinos y responsables de la empresa constructora Arins-Diosdiante lograron sofocar el fuego con extintores, aunque ya habían avisado a los bomberos de Santiago y a la Guardia Civil.

Al sospechar que se trataba de un acto de sabotaje, procedieron a revisar el resto de la maquinaria que trabaja en las obras. En la búsqueda, localizaron bajo una retroexcavadora otro artefacto incendiario, que estaba compuesto por una garrafa de plástico de cinco litros de gasolina, dos bombonas de camping-gas, una botella de vidrio con líquido inflamable, ácido sulfúrico, una bomba de palenque de unos 200 gramos, de las que se utilizan en las fiestas, y un dispositivo de iniciación por retardo de relojería. Los Tedax estuvieron varias horas hasta conseguir desactivar la bomba. Los dueños de la empresa, que descartan la implicación de los vecinos de la zona en el sabotaje, valoran en 200.000 euros los daños.

Tercer artefacto. A las siete de la mañana, se conocía que había sido localizado otro artefacto similar en las obras de la autovía de Brión, también en las cercanías de Santiago. Este tercer aparato tampoco llegó a explotar al ser desactivado por los Tedax. La Guardia Civil enmarca estas acciones en campañas de los «independentistas radicales», contra la construcción de estas dos autovías, según indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

Estas sospechas están basadas en las propias bombas, que según Diego Fidalgo, propietario de la empresas de transportes, habían sido elaboradas «con cierto conocimiento de lo que se hacía».

Rajoy dice que los socialistas «son una pandilla de irresponsables»
CRISTINA DE LA HOZ ABC 25 Junio 2006

Afirma que el principal eje de su actuación política es guiarse por la defensa de los intereses generales, lo que proporciona «tranquilidad de conciencia y, sobre todo, equilibrio». Así aborda un fin de curso político marcado por el «proceso» de paz y el debate estatutario.

—Parece que la salida de Maragall confirma un proceso de afianzamiento interno de Zapatero.
—Es evidente que Zapatero ha hecho todo lo posible para que Maragall dejara de ser el candidato a la presidencia de la Generalitat. Primero fue el acuerdo con CiU; después la ruptura del tripartito, y ahora la presión a Maragall para que no sea candidato. Una gente que presume tanto de independencia respecto a supuestos poderes centrales, como es el PSC, resulta que ahora la decisión más importante que tienen que tomar no la toman ellos sino que se la toman desde Madrid.

—Eso confirma que cada vez maneja más poder, incluso en el PSC.
—No lo sé. En cualquier caso, no me importa mucho. Lo que me importa no es lo que pueda mandar o dejar de mandar, cambiar, quitar o echar de la vida política dentro de su partido. Lo que me importa es qué hace en defensa de los intereses generales de los españoles y eso no es algo de lo que pueda enorgullecerse.

—¿Cree que la salida de Pasqual Maragall es una consecuencia del referéndum del Estatuto, o estaba todo preparado?
—Con el Estatuto ha pasado algo similar a lo que pasó con la ley de Educación. Se aprueba un Estatuto rematadamente malo y al día siguiente se le pide a quien en teoría era su mayor promotor que se vaya. Lo mismo pasó con la ley de Educación. Se aprueba una ley rematadamente mala y al día siguiente se destituye a a la ministra. Yo casi hubiera preferido que siguieran la ministra y el señor Maragall y que no hubiera nuevo Estatuto ni ney de Educación. El tripartito ha sido un fracaso, su único fruto ha sido el Estatuto, y éste acaba cargándose al tripartito y al propio presidente de la Generalitat. Es una etapa, sin duda, para olvidar, lo que pasa es que nos deja una norma muy negativa para los intereses de todos.

—Han anunciado un recurso ante el TC. ¿Cuáles serán sus ejes?
—Fundamentalmente, lo que hay es un cambio en el modelo de Estado. Aquí se constituye una especie de pseudoconfederación. Se alude en el preámbulo a la existencia d e una nación, lo que contradice a la Constitución; se alude a que la soberanía viene del conjunto del pueblo de Cataluña; se atribuyen competencias exclusivas del Estado; se establece en qué consiste la legislación básica del Estado, que es en nada; se establece un modelo de relación bilateral propio de un estado confederal y un título de derechos y deberes que es distinto al que tiene el conjunto de los españoles, y diseñan un modelo de financiación que no es aceptable porque quien tiene que decidir cómo gasta e invierte su dinero es el Estado, no las Comunidades. Esos son los argumentos más importantes, que yo resumiría en uno: la liquidación del modelo constitucional, vía reforma de estatutos, sin que a los españoles nos dejen opinar.

—¿Pero hasta qué punto se pueden sentir ustedes satisfechos cuando en el referéndum el «no» ha cosechado sólo un 20 por ciento?
—Bueno, nosotros hemos tenido un 11,9 por ciento de votos en las últimas autonómicas en Cataluña. No lo olvidemos. El PP ha sido el partido al que más han seguido sus electores a la hora de dar su opinión sobre el Estatuto. El que más, con una diferencia sustancial, y luego, probablemente CiU. La desafección de los electores de ERC y del PSC ha sido notable. No me sorprende en ninguno de los dos casos, sobre todo en el del PSOE; porque sabemos que el votante socialista siempre ha apostado por la España constitucional, hasta que Zapatero decidió que aquello de la Transición era una cosa que no se había hecho bien.

—Usted ha pedido que se paralice cualquier reforma que no cuente con el suficiente consenso. ¿Eso afecta a los Estatutos de Andalucía y Galicia?
—Eso afectaría a cualquiera de esos dos. Es una cuestión de puro sentido común. Un país cuyas reglas de juego no las fija la mayoría y no son producto de un acuerdo está condenado a convulsiones constantemente, porque el que llega, como no se siente identificado con las reglas de juego, intentará cambiarlas otra vez. Esta es una de las responsabilidades más importantes de Zapatero ante la opinión pública.

—No obstante, ¿existe la posibilidad de que en la reforma del Estatuto andaluz opten, finalmente, por la abstención en lugar de por el voto negativo?
—De momento, lo único que hemos hecho es un voto negativo y pedir que no se tomara en consideración, porque entendemos que esto trae sin cuidado a los ciudadanos andaluces y no les aporta absolutamente nada. Han hecho una copia del Estatuto catalán para transmitir que el catalán no era tan malo. El ridículo y la estafa a los ciudadanos son descomunales.

—Ha anunciado que para después del verano presentará una serie de propuestas de reforma constitucional. ¿Las tienen ya preparadas?
—Cuando me presenté a las elecciones dije que no creía que fuera necesario hacer ninguna reforma constitucional ni estatutaria. Aquí se han contrapuesto dos principios: el gran objetivo de Zapatero ha sido debilitar al Estado; el mío hubiera sido mejorar la competitividad. Si el presidente del Gobierno anuncia la presentación de una reforma constitucional le diré que hay tres que son mucho más importantes: la primera, suprimir la disposición sobre Navarra para que no viva con una espada de Damocles sobre su cabeza. Es evidente que los navarros no quieren formar parte del País Vasco. Segundo: que los estatutos se aprueben por dos tercios de las Cortes Generales. Es absurdo que para elegir consejeros de RTVE se precise un quórum reforzado y para algo tan importante como un Estatuto baste una mayoría absoluta. En tercer lugar, si alguna reforma es necesaria en España es que queden fijadas claramente las competencias del Estado para que no las fijen los estatutos de autonomía.

—También van a a plantear en el programa-marco medidas de regeneración ética y política. ¿Eso pasará por la reforma de la ley Electoral...?
—Todo lo que son reglas de juego deben ser producto del acuerdo, al menos de los dos grandes partidos nacionales. No me gustaría que nadie aprobara una ley Electoral por mayoría. En este momento plantearía una reforma de la misma si hay posibilidad de acordarla con el PSOE.

—La segunda gran cuestión de actualidad es el «alto el fuego» de ETA. ¿A qué atribuye su último comunicado?
—No lo sé. Entrar al análisis de por qué ETA hace las cosas es difícil. Lo que me importa de ese comunicado es fijar posición. No dice nada nuevo, distinto, de lo que haya dicho ETA en los últimos treinta años. Sigue reclamando lo mismo, y luego, hay un asunto preocupante y es que alude a la existencia de unos compromisos por parte del Gobierno, que dice debe cumplir...

—Pero a usted le dijo Zapatero que no existían.
—Me dijo que no los había, por eso me gustaría que el Gobierno lo aclarara. Pero aquí lo importante es qué es lo que hay que hacer. El Gobierno debe hablar con meridiana claridad a la opinión pública, condenar las extorsiones, los actos de «kale borroka», de gamberrismo, como lo acontecido en el del Ayuntamiento de San Sebastián... En lugar de estar diciendo que no pasa nada, decir lo que pasa y condenarlo. Hay que afirmar con claridad que la negociación política no se va a producir nunca y hay que repetirlo todos los días; que Batasuna no se puede legalizar hasta que ETA no se disuelva; y, por último, que no se pueden reunir con Batasuna porque con Batasuna lo único para lo que pueden reunirse es para negociar políticamente.

—Pero ¿por qué es posible reunirse con ETA y no con Batasuna?
—No hay ninguna necesidad de reunirse con Batasuna porque con Batasuna sólo se va a hablar de política. Con Batasuna sólo se va a un proceso de negociación política del que ya se habló en Anoeta con la propuesta de las dos mesas. Negociar políticamente con una organización terrorista implica empezar perdiendo porque algo vas a tener que ceder. Implica también consagrar al terrorismo como un instrumento para conseguir objetivos políticos, y eso es el mayor error que se puede cometer. Si el Gobierno quiere negociar con Batasuna o legalizarla, sólo puede hacerlo de una manera: derogando la ley de Partidos; y si quiere, que lo haga. Yo no le voy a apoyar.

—¿Cree que Rodríguez Zapatero ha tenido voluntad real de negociar con ustedes?
—No lo sé. Tengo una información muy similar a la que tienen el resto de los ciudadanos. Aquí el problema es que Zapatero firmó un pacto tremendamente útil, el antiterrorista, que debilitó a ETA muchísimo. Y luego, sin que nadie sepa por qué, el señor Rodríguez Zapatero lo rompió y estamos en el lío en el que estamos. Seguiré defendiendo el Pacto, entre otras cosas, porque nadie me ha explicado una alternativa mejor.

—Cambio el signo de la pregunta: ¿el PP ha tenido voluntad real de apoyar al Gobierno para alcanzar el fin de ETA?
—Hemos tenido voluntad real de apoyar al Gobierno dentro de los límites fijados en el Pacto Antiterrorista, y buena prueba de ello es mi afirmación del 22 de marzo y después de mi reunión con Zapatero. Voluntad real de apoyar al Gobierno para derrotar a ETA, pero no de que se pague ningún precio político.

—¿Qué tiene que decir a aquellos que le acusan de que el PP no quiere la paz?
—Después de lo que hemos vivido en el PP y yo como ministro del Interior y como vicepresidente, después de lo que han sufrido tantas personas del partido, afirmar que el PP no quiere la paz no requiere ningún comentario. Hay cosas que no merece la pena ni comentarlas.

—¿Qué van a hacer política y judicialmente si Batasuna y el PSE se reúnen?
—Manifestaré mi oposición radical porque creo que es ilegal. Reunirse con una organización terrorista es una actividad delictiva. ¿O es que hay un solo ciudadano que pueda sostener una tesis contraria a esta? El drama es que aquí en España mucha gente, encabezada por responsables del Gobierno, es incapaz de hacer pedagogía de una cosa tan clara como es que en la democracia no hay nada por encima de la ley. Es una de las cosas que más me asustan de lo que está ocurriendo en España, que se está perdiendo el respeto a la ley. Esa es la mayor bofetada que se les puede dar a las reglas de juego, mayor aún que la de los estatutos. Y espero que no se llegue a producir esa reunión.

—¿Irían a los tribunales en el caso de que se produjera?
—De momento, ya han admitido a trámite una denuncia contra el lendakari Ibarretxe que presentó el Foro de Ermua. Un tribunal no puede decir que sea legal reunirse con una organización terrorista. Es metafísicamente imposible.

—¿Hasta qué punto pueden tenerse en cuenta el criterio, la opinión y el sentir de las víctimas?
—Se deben tener muy en cuenta porque son las personas que más han sufrido, las que más han dado la batalla y las más perjudicadas. Creo que su papel debe ser muy importante. Estuvieron siempre a favor del Pacto Antiterrorista y no se mueven, como dicen algunos de manera malévola, por un mero deseo de venganza o por razones personales.

—¿El PP aceptaría medidas destinadas a los presos, como acercamientos a cárceles del País Vasco, indultos selectivos, inserción laboral...?
—En estos momentos el PP, y mientras ETA no anuncie su disolución, no acepta nada. Nada. Es que no se les puede dar nada a los terroristas ni prometerles nada. Este es el error, y, desde luego, quien no lo puede hacer es un dirigente político. A ETA lo único que hay que exigirle es que diga que va a dejar de matar. No se pueden hacer concesiones a una organización terrorista que sigue existiendo. Mientras ETA exista, aunque esté en tregua, nuestra libertad y seguridad están hipotecadas. El solo hecho de su existencia hace que nuestra libertad y seguridad estén hipotecadas, y eso no es aceptable. Si fuera presidente del Gobierno, lo que estaría haciendo es lo contrario de lo que dice el comunicado de ETA. Les estaría dando un mensaje claro a los españoles de que están actuando los instrumentos del Estado de Derecho.

—Y si ETA desaparece como producto de este «alto el fuego», ¿no temería el PP quedarse fuera de uno de los procesos más importantes de nuestra democracia?
—No. Si ETA desaparece, yo estaré encantado. Pero si desaparece porque consigue sus objetivos políticos, yo, desde luego, me opondré, porque después de más de treinta años y de lo que ha pasado, no puede ser que, al final, se le diera la razón. Esto es lo que estamos debatiendo. Negociar políticamente con ellos es decir que tenían razón.Hay un dato que me preocupa, y es que los señores de Batasuna están envalentonados, ya están otra vez en la calle.

—Parece que es complicado suscitar otras cuestiones que no sean debate estatutario o «proceso de paz».
—El drama de esta legislatura es que en lugar de dedicarnos y de decirles a los españoles adónde vamos, les hemos dicho: «Vamos a dedicarnos a averiguar quiénes somos y de dónde venimos». Ese es el terrible error, la equivocación de las prioridades.

—¿Y venimos de la II República?
—España tiene una historia absolutamente amplia. Yo creo que la II República no fue ni mucho menos una de las páginas más brillantes de nuestra historia; más bien muchos coinciden en que fue todo lo contrario. De donde venimos ahora es de la Constitución del 78, que, consciente de la historia próxima española, de lo que pasó en el siglo XIX y en el XX con la II República, que terminó en una Guerra Civil y en 40 años de régimen autoritario, y con voluntad de mirar hacia adelante y hacer un país europeo y democrático, dijo: vamos a mirar hacia el futuro. Y ahora esta pandilla de irresponsables están haciendo exactamente lo contrario y generando problemas que nadie les había pedido que lo generasen, además de tensiones ridículas. Son una pandilla de irresponsables. Me siento cada vez más identificado con el espíritu de la Transición. Por lo menos, aquella era una gente educada y normal que intentó construir.

—¿A qué cree que se debe ese afán de revisar y de mirar por el retrovisor que tiene el presidente del Gobierno, en contra, muchas veces, de las grandes figuras de su partido?
—Eso es darles una bofetada a muchos dirigentes socialistas que colaboraron de manera importante en la Transición democrática. No lo sé, pero al presidente del Gobierno la responsabilidad mayor que le imputo es haber equivocado las prioridades. Hay que tener unos objetivos políticos y saber qué quieres hacer con tu país, y, a partir de ahí, construyes un proyecto político y un programa de Gobierno con unas medidas concretas. A lo mejor es que su objetivo es revisar la historia o que se haga justicia ante supuestas injusticias... Es un problema de decisión personal que creo que es letal para España. Es un gravísimo error y equivocación.

El juez imputa a un dirigente del PNV como intermediario de la red de extorsión
Nieves Colli ABC 25 Junio 2006

Las ramificaciones de la red de extorsión de ETA desarticulada esta semana alcanzan también al PNV. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, que ayer terminó de tomar declaración a los cinco etarras detenidos en España (otros siete lo fueron en Francia), ha citado en calidad de imputado a Gorka Aguirre, miembro de la ejecutiva del PNV, el partido mayoritario de la coalición que gobierna el País Vasco.

Fuentes jurídicas han explicado que los datos de la investigación apuntan a que el político, al que el juez atribuye un presunto delito de colaboración con banda terrorista, podría haber actuado como intermediario en los pagos efectuados por empresarios e industriales vascos y navarros chantajeados por los terroristas. Gorka Aguirre, encargado de relaciones exteriores en el PNV, actuó como interlocutor ante ETA en las negociaciones que condujeron a la tregua de 1998.

Cuatro en prisión
Aguirre tiene que acudir a la Audiencia Nacional el próximo martes a las diez de la mañana. Una hora más tarde, el juez tiene previsto tomar declaración, esta vez como testigo, al ex presidente del PNV, Xabier Arzalluz, con el fin de preguntarle sobre el conocimiento que la ejecutiva del partido podría tener en relación con el pago del llamado «impuesto revolucionario» efectuado por empresarios a ETA.

Antes de dictar la citación de los dos políticos nacionalistas, Grande-Marlaska tomó declaración a tres de los cinco etarras detenidos en España. El aparato de extorsión desarticulado llevaba 20 años actuando.

Dos de ellos fueron enviados a la cárcel, con lo que suman cuatro los que están privados de libertad. Sólo uno ha quedado sin medida cautelar alguna. En la tarde de ayer, el juez ordenó prisión provisional incondicional para Joseba Imanol Elosúa Urbieta, propietario del bar «El Faisán» de Irún, utilizado por los etarras como centro de operaciones. Este local, así como otros inmuebles presuntamente adquiridos con los beneficios obtenidos del chantaje a los empresarios, han sido ya clausurados por orden de Grande-Marlaska.

El juez imputa a Elosúa delitos de integración o colaboración con organización terrorista, los mismos que también han llevado a la cárcel a Ramón Sagarzazu Olazaguirre, el último de los cinco detenidos en prestar declaración ante el juez.
En ambos casos, la medida fue acordada por el magistrado a instancias del fiscal Juan Antonio García Jabaloy, al igual que ocurrió en días pasados con José Carmelo Luquín (yerno de Elosúa) y con el periodista Jean Pierre Harocarene.
La de Elosúa fue, según fuentes judiciales, una «exhaustiva» declaración, que se prolongó durante más de cuatro horas. Ante la Policía, ya había reconocido su relación con el fundador de ETA Julen Madariaga, detenido en Francia en el curso de la misma operación.

Más breves fueron las comparecencias de los últimos dos miembros de la red etarra de extorsión detenidos. Instado por el Ministerio Público, el juez acordó dejar en libertad provisional sin medidas cautelares a Ignacio Aristizabal Iriarte. El juez levantó la situación de incomunicación de los arrestados, lo que supone que a partir de ahora podrán entrevistarse con abogados de su confianza. El auto de prisión se conocerá previsiblemente el lunes, el mismo día que declararán los dos empresarios detenidos el viernes.

En Francia, ayer pasó a disposición judicial Julen Madariaga, quien quedó en libertad controlada aunque fue procesado por los delitos de asociación de malhechores con fines terroristas, financiación del terrorismo y complicidad en actividades de extorsión económica al servicio de una banda organizada, según informa Efe. Madariaga, de 73 años, es uno de los fundadores de ETA, banda de la que se desvinculó en 1989 por su oposición al empleo del terrorismo. En 2002, participó en el nacimiento de Aralar, movimiento en el que actualmente milita.

José Ramón Badiola, otro de los siete detenidos en Francia en la operación realizada por un equipo conjunto hispano-francés y dirigida por Grande-Marlaska y la juez gala Laurence Le Vert, ha quedado libre y sin procesamiento. Fuentes citadas por la agencia señalan que los demás detenidos cuya captura fue solicitada por la fiscalía francesa están a la espera de comparecer ante los jueces antiterroristas.

El PP pide explicaciones
Por otra parte, el portavoz para asuntos de Justicia e Interior del PP, Ignacio Astarloa, anunció ayer que su partido pedirá la comparecencia del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba para que aclare «con todas sus consecuencias» las supuestas discrepancias surgidas entre el juez Grande-Marlaska y el comisario general de Información, Telesforo Rubio, con motivo de la operación contra la red de extorsión de ETA.

PESE A LA "VERIFICACIÓN" DE RUBALCABA
ETA siguió enviando cartas de extorsión en junio para "colaborar con el proceso de liberación de Euskadi"
La Policía ha constatado que el cese de la actividad de ETA, tan publicitado por el Gobierno, es falso. Según El Mundo la organización terrorista ha enviado cartas de extorsión a empresarios vascos y navarros en los primeros días de este mes en las que recuerda que "la lucha en defensa de Euskal Herria supone un sinfín de necesidades". La Policía cree que ETA ha enviando unas 30 cartas de extorsión desde que en marzo declaró el "alto el fuego permanente". Por otro lado el juez Marlaska, que ya ha decretado ingreso en prisión para cuatro de los detenidos en la operación contra el aparto de extorsión etarra, ha llamado a declarar a los dirgentes del PNV, Gorka Aguirre y Xabier Arzalluz. El PP exige explicaciones a Rubalcaba, tras la posible implicación de varios dirgentes del PSE en la trama. Mientras ETA reactiva el terrorismo callejero.
Libertad Digital 25 Junio 2006

La noticia del diario madrileño da cuenta con todo detalle de las cartas recibidas por empresarios vascos y navarros, con matasellos de los primeros diez días de este mes de junio y fechadas en los últimos días mayo. Se trata, pues, de una confirmación más de que el "alto el fuego permanente" anunciado por ETA no ha supuesto un cese de su actividad terrorista pese a los esfuerzos del Gobierno por trasladar a la opinión pública lo contrario.

La banda en su ya clásico estilo mafioso "invita" a los empresarios a "participar en la construcción del futuro de nuestro pueblo". Según relata El Mundo los terroristas señalan en las misivas que "Euskal Herria se encuentra en un momento de cambio político y los vascos estamos dando los pasos necesarios para llegar a una situación democrática nueva". ETA añade que "la lucha en defensa de Euskal Herria supone un sinfín de necesidades y gracias a la ayuda de la ciudadanía podemos hacer frente a la opresión de los estados español y francés". Pero por si no quedase claro las intenciones de la banda, recuerda a los extorsionados que "tendrá en cuenta los que hayan participado con su aportación en el proceso de liberación de este pueblo".

En cuanto a las cantidades exigidas estas oscilan desde los 30.000 y 60.000 euros, y la banda incluso detalla que "por motivos de seguridad la ayuda económica se realice en billetes de 20, 50 y 100 euros". Las cartas contiene un código de identificación para saber a quien van dirigidas y en qué fecha fueron enviadas. De esta forma la Policía ha podido cifrar en unas 30 las cartas enviadas por ETA después de declarar el "alto el fuego permanente" en marzo.

Aunque desde el entorno del Gobierno, empeñado en hacer creer que la banda terrorista está comprometida con lo que llaman "proceso de paz", se manejan hipótesis como que "células" de extorsión estaría actuando por su cuenta. Sin embargo los expertos antiterroristas consultados por El Mundo no dan credibilidad a esta posibilidad. Y, en concreto, citan varios datos que no dejan lugar a dudas. El tampón con el anagrama de ETA, la tinta y la numeración de las cartas son las mismas que los que utiliza el aparato de extorsión de la organización y terrorista y consideran que es prácticamente imposible que haya sido falsificado.

Los mediadores ciegos
ENRIQUE SERBETO. ENVIADO ESPECIAL ABC 25 Junio 2006

GINEBRA. Un chalé camuflado en un conocido parque de Ginebra. Frente al lago Leman, tras los cristales se reconoce la silueta de dos africanos sentados en lo que parece una sala de reuniones. ¿Quiénes pueden ser esas personas? La información oficial se acaba ahí. «Nuestra política es no comentar ningún detalle sobre los asuntos en los que estamos trabajando». Es decir, pueden ser sudaneses, chadianos, genocidas o representantes de un gobierno reconocido. En el Centro para el Diálogo Humanitario se dedican a intentar poner de acuerdo a aquellos que están en conflicto, pero no se preguntan cuál es la parte que tiene razón ni quién es el «bueno» o el «malo».

El centro ha aparecido señalado como un posible mediador en el proceso de negociaciones entre el Gobierno y ETA: «Nuestra política es no comentar ningún caso en el que estemos implicados» responde al teléfono Andrew Andrea, el portavoz oficial, confirmando que, en efecto, el proceso de negociaciones entre la banda terrorista ETA y el Ejecutivo circula en los despachos de esta organización que dirige el británico Michael Aaronson, un veterano del trabajo internacional humanitario.

¿Qué clase de ONG es esta que elude las grandes dosis de publicidad que otras cultivan? El centro fue creado en el año 1990 a partir de una célula de la Cruz Roja y ahora es un organismo independiente que vive de los subsidios de varios gobiernos, principalmente de los de Suiza, Noruega y el británico, con los que reconocen que no tienen «frecuentes relaciones». Con las iniciales de Henry Dunandt, el fundador de la Cruz Roja, se creó este concepto de «Humanitarian Dialog», una fórmula que se proclama aséptica, neutral, pero también ciega ante los detalles del conflicto.

Requeridos por una de las partes
Sin mencionar en ningún momento la cuestión que ha hecho aparecer en España el nombre de la organización, David Petrasek, un canadiense que es su responsable político, sugiere que en toda su experiencia casi siempre han sido contactados por una de las partes. «Normalmente somos requeridos para implicarnos en un determinado conflicto» a través de un mecanismo en el que «todo se hace muy discretamente». Y el primer paso que dan es «informarnos adecuadamente de la situación sobre el terreno, con varios viajes a la zona» para estudiar las maneras de intervenir.

Ellos empezaron en el conflicto de Ache, que después sería mundialmente conocido por ser la región más devastada por el tsunami, han trabajado en Darfur (Sudán), lo han intentado en Oriente Medio y, además del proceso que ha emprendido en España el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, analizan los conflictos en más de una docena de puntos del planeta para los gobiernos que les financian. Y su diagnóstico sobre el resultado del camino de la negociación de este tipo es absolutamente implacable: «Puede que haya ejemplos en los que haya una parte que ceda y la otra no, pero, en general, se entiende que cuando se empieza una negociación las dos partes saben que tendrán que ceder».

Los analistas del centro no entran en los aspectos morales de los detalles del problema que se pretende resolver. «Si quieres ser un mediador debes ser imparcial. Naturalmente, hay que tener en cuenta también las circunstancias concretas, si se producen abusos, violaciones de los derechos humanos, etcétera. Pero no es nuestra misión hacer un juicio público sobre las partes. Podemos tener ideas propias, pero no salen de aquí».

Parecería que sólo se ocupan de guerras perdidas en África, pero su abanico de intereses abarca también el Cáucaso o los Balcanes. Y tal vez de todos los temas que circulan en los archivos del centro (aunque no intervinieron directamente) el que creen que más se puede parecer al del País Vasco es el de Irlanda del Norte. «En el caso irlandés se prueba claramente que los procesos de paz requieren mucho tiempo. Desde 1993 o 1994, cuando empezó, al alto el fuego de 1998, y aún sigue habiendo problemas para formar las instituciones autónomas». ¿Cuáles son sus recomendaciones? «En estos casos lo más importante -responde Petrasek-_es mantener a las dos partes firmemente comprometidas con el proceso», porque durante este tiempo «ha habido varios puntos de crisis que no se habrían superado de otro modo».

El caso norirlandés, por seguir con las similitudes, «no ha sido en absoluto un proceso autóctono. Hubo claras intervenciones internacionales»; y de confirmarse la intervención del CHD en el proceso vasco, con todas sus ramificaciones, sería el paso más importante dado hasta ahora en la internacionalización de un conflicto en el que ningún Gobierno español había permitido la menor injerencia extranjera, a no ser por vía policial.

CON AGRESIONES AL PP Y CIUDADANOS DE CATALUÑA
Rosa Díez lamenta que la campaña del Estatuto pase a la historia por su "violencia e intolerancia"
La eurodiputada Rosa Díez ha recibido el XII Premio a la Tolerancia que entrega anualmente la Asociación por la Tolerancia en Barcelona. Durante el acto, la socialista vasca ha aprovechado para denunciar que "el lenguaje nacionalista lo ha pervertido todo". También ha advertido que la campaña del Estatuto de Cataluña pasará a la historia por "la violencia y la intolerancia" que la han caracterizado, con ataques al PP y a Ciudadanos de Cataluña, y por la abstención en su referéndum.
EFE Libertad Digital 25 Junio 2006

El discurso de Rosa Díez al recoger el premio ha estado plagado de referencias al mal llamado proceso de paz y al Estatuto de Cataluña. En Barcelona, la eurodiputada socialista ha criticado que el final del terrorismo pase por el "proceso de paz" emprendido por el Gobierno de Zapatero. "No es lo mismo derrotar a los terroristas que pactar con ellos". Además, se ha preguntado si esto supone "la perversión de la política" o "es que hemos caído en el error del nacionalismo".

Tras subrayar que "la paz sin libertad no vale nada", Rosa Díez ha hecho especial hincapié durante su discurso en lo que considera la "perversión del lenguaje", que "ha llevado a que algunas personas vean a los terroristas como independentistas".

"El lenguaje nacionalista lo ha pervertido todo", ha denunciado mientras lamentaba que la campaña del Estatuto de Cataluña pasará a la historia por "la violencia y la intolerancia" que la han caracterizado y por la abstención en su referéndum.

En el acto, celebrado en la noche de este jueves, también intervino la presidenta de la Asociación por la Tolerancia, Marita Rodríguez, que destacó "la valentía, la claridad de las ideas y la lucha por la libertad" de la galardonada, así como "su honestidad intelectual, que le han hecho dirigir sus críticas hacia el nacionalismo".

El jurado del premio está integrado por Albert Boadella, Francesc de Carreras, Juan Antonio Cordero, José Domingo, Arcadi Espada, José García Domínguez, Miquel Porta Perales, Antonio Robles, Marita Rodríguez, Rafael Sorni, Luís María Todó y Javier Toledano.
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