AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 5 Agosto  2006
Esperanza constitucional
Antonio Pérez Henares  Periodista Digital 5 Agosto 2006

Es probable que la esperanza sea tan solo un producto de la insolación . Una calentura, vamos. Pero si la flauta constitucional sonara creo que los políticos , es profesión con creciente sentimiento de clase, podrían pasarlas muy mal pero los ciudadanos, al menos los que creemos en la igualdad de todos los españoles, tendríamos momentos de regocijo.

El PP ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. El PSOE viene a decir que si le dan la razón eso será como un boomerang porque afectara también a estatutos, como el valenciano, que ellos han teledirigido y que incurren en las mismas causas.

Tienen mucha razón. Pero que bien.. Y al balear, y al andaluz, y al gallego y a todos los disparates de reino de taifas con que el cáncer autonómico (metástasis inflacionaria de presidentes, ministrillos, cargos, asesores y funcionarios dediles) está invadiendo los derechos ciudadanos igualitarios de los españoles.

Si el Tribunal Constitucional , en una mínima expresión de sentido común, pusiera mesura en este trocear la soberanía nacional, la del conjunto del pueblo español, embridara esa siembra a voleo de nacionejas, nacionetas y nacioncillas y restituyera la igualdad de derechos y deberes ciudadanos en todo el territorio del Estado , habria cumplido con su deber y hecho un inmenso favor a la población española. Claro, que les daría el mas tremendo disgustos a nuestra clases política, a todos del PP a PSOE transitando por la pleyade nacionalista. Pero es que eso que están haciendo a quienes les beneficia, a quienes les interesa , con interese de poder y de “clase social” es a lo políticos. Y lo están haciendo de espaldas, con soterramiento y ocultación a la voluntad popular a la que se le entrega un hecho consumado que afectara sus vidas y que nadie en absoluto reclamaba. ¿O es que esta fiebre estatutaria y de crear realidades nacionales desde Vigo a Granada es algo que reclame la sociedad? ¿Es que existe la más mínima demanda sobre el asunto mas alla de las ejecutivas de los partidos políticos? ¿Es que habia algun problema donde ahora se están creando a cerros?.

Será producto de la calorina, me temo, pero que alivio si en otoño nos encontráramos con que por ejemplo el idioma castellano, el común a toda España y que hablan 450 millones de personas en el mundo, nos fuera suficiente para hablar , escribir, hacernos entender y aspirar a un puesto de trabajo al menos en la totalidad nuestro propio territorio. Y que esto nos parezca una insensata ilusión me parece la mejor prueba de la insensatez a que hemos llegado.

La batuta de Verdi
PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO. Rector de la Universidad Rey Juan Carlos ABC 5 Agosto 2006

... El Estado es, se diga lo que se diga, un buen, cuando no el mejor, valedor de las políticas de solidaridad. El Estado fortalece la cohesión interterritorial y el desarrollo de las acciones de coordinación y colaboración...

VIVIMOS un tiempo en que el Estado, ese omnímodo Minotauro del que hablaba Bertrand de Jouvenel, se encuentra en franco retroceso. Hoy queda poco de aquel lo stato todo poderoso y aguerrido de los siglos XVI y XVII; del Minotauro que habilita la propagación de las ideas liberadoras del hombre durante la Aufklärung (la Ilustración); del Minotauro romántico y expansionista que, encabezado por Napoleón Bonaparte, lleva, a golpe de cañón, las ideas revolucionarias francesas a lo largo de un continente europeo transformado en campo de batalla; del Minotauro nacionalista de un Fichte, Madame de Staël, o Manzini -¡nunca quizás tan floreciente!- que hace de los Estados-naciones el más ansiado modelo de convivencia política; en fin, del Minotauro incluso del extinto siglo XX, pues si bien imprime su afán expansionista en la fiebre totalitaria del nacionalsocialismo alemán y el comunismo soviético, éste conoce también ya los gérmenes de su autodestrucción -la disolución del Imperio Austrohúngaro y la balcanización de la desaparecida Yugoslavia-. Un Minotauro, en consecuencia, como el de las obras de Picasso, cansado, viejo y guiado por una niña, que en este caso no nos atrevemos a identificar.

Mala tempora currunt pues para el Estado. En efecto, la Teoría del Estado, aquella disciplina ocupada tradicionalmente del estudio de su naturaleza y elementos, cada vez recibe menos atención. El jacobinismo -como acontece con todo exceso descontrolado- es denostado como la más perversa expresión de lo que no debe ser un modelo de organización política moderna y democrática. Y, por si fuera poco, el centralismo, frecuente en los Estados unitarios, se equipara a toda forma de Estado retrógrada y crepuscular, olvidando que existen importantísimos modelos de organización político estatales descentralizados -Estados Unidos, Alemania y ¡la propia España de las Autonomías!-, así como Estados centralistas inequívocamente democráticos -la actual Francia de la V República.

Una existencia, por tanto, mortecina, que adquiere especiales tintes de desafectación en la España de hoy. Por más que, también hay que reflejarlo, el terreno venía, dados los excesos uniformizadores del franquismo, de alguna manera abonado. Un contexto pues tergiversado, que extiende la idea de que toda política nacionalista, especialmente si es activamente disgregadora, es intrínseca y apropiada para la renovación y mejora de la convivencia política. Habría que poner así término -se nos sermonea- al rancio, encorsetado y esclavizador Estado; una antigualla, la estatal, que asfixiaría y encadenaría las justas ansias de libertad -y hasta de secesión e independencia-, de los territorios de la España constitucional. En este contexto, todo lo que suene, aunque poco, a proceso de conformación nacional, y a elementos comunes, tiene que ser de forma inmediata e inexorable desechado.

Sin embargo, a nuestro juicio, el Estado sigue desplegando una labor insustituible en la satisfacción de la seguridad de los ciudadanos, como atestiguan, cuando se produce su acentuado debilitamiento o fáctica inacción, los procesos de deconstrucción de las Repúblicas de la Unión Soviética y de algunas antiguas democracias populares. El Estado garantiza unos mínimos parámetros de unidad jurídica y económica en todo el territorio. El Estado es, se diga lo que se diga, un buen, cuando no el mejor, valedor de las políticas de solidaridad. El Estado fortalece la cohesión interterritorial y el desarrollo de las acciones de coordinación y colaboración. El Estado sigue presentándose, en la línea del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, como un referente para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas del ciudadano, por encima de peligrosas políticas sectorializadas. El Estado, en fin, garantiza, como nadie, el mantenimiento de una idéntica forma ideológica (la conformación del Estado español como Estado social y democrático de Derecho), de su forma de Estado (la Monarquía parlamentaria) y de un único, aunque pluralista, ordenamiento jurídico. ¡Dicho todo lo cual, soy, desde hace mucho, un convencido asimismo defensor del Estado de las Autonomías!

En suma, es imposible, ahora que se ha puesto en marcha un proceso creciente de asunción de nuevas competencias autonómicas, con ocasión de las reformas de los Estatutos de Autonomía -a los casos de la Comunidad valenciana y Cataluña seguirán pronto Andalucía, Aragón, País Vasco y Baleares-, desconocer su cualidad indefectible de centro de imputación política; siendo difícil argumentar sólidamente frente al mismo una construcción alternativa y superadora. Y si no lo creen, deténganse también a examinar el proceso, aunque de momento fallido, de la Constitución europea, construida básicamente sobre la realidad estatal, en cuyo artículo I-1 se afirma, sin ambages, que «La presente Constitución que nace de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa...»; así como del artículo I-5: «La Unión respetará la identidad nacional de los Estados miembros...».

Una realidad que se encuentra, es cierto, en retroceso en la política nacional, demasiado influenciada por las irredentas y perennes reivindicaciones nacionalistas, pero no así en muchos Estados del entorno. En efecto, Francia ya habría dicho no a un proceso de asunción competencial específico para Córcega en julio de 2003; después vendría la redefinición de la política del Reino Unido en Escocia, Gales y el Ulster; a continuación, el fortalecimiento del Estado federal alemán frente a los Länder, encabezada por la canciller Angela Merkel, en coalición con el Partido Socialdemócrata, hace unos meses; y ahora, recientemente, a finales del pasado junio, Italia ha rechazado el referéndum federalista que pretendía extender mayores cuotas de autonomía (educación, sanidad y orden público).

De aquí que hayamos arrancado estas páginas con el nombre del gran Giuseppe Verdi, nacido en La Roncole, en un caserío del Ducado de Parma en 1813, cuando dicha región se encontraba aún ocupada por las tropas napoleónicas. Pronto nuestro hombre sufriría la influencia de Alejandro Manzini y su obra «I Promesi Sposi» (Los Novios), sin duda, imprescindible para entender la formación de la lengua italiana -desde el toscano de la Florencia de Dante- por encima de los distintos dialectos.

Y qué les voy a decir, de su ópera Aida, donde su Va Pensiero («Vuela sobre las alas doradas del pensamiento...»), himno del coro de Nabucco, se transforma en canción nacional frente al Imperio Austrohúngaro. Sin olvidar, como hasta su nombre era utilizado acrónimamente para referirse a «Vittorio Emanuel, Rey De Italia», el añorado Monarca escogido por Cavour para unificar Italia. Lo que explicaría su elección como diputado en el primer Parlamento del Reino de Italia y después su designación como senador vitalicio.

Así las cosas, ¿dónde está hoy nuestro Verdi? Me temo que es más que problemático encontrarlo, aunque no sea músico.

MÁS QUE INSACIABLES
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 5 Agosto 2006

¿Cómo hemos sido tan tontos como para no sospechar que el motín de los trabajadores de Iberia iba a servir para que la Generalidad reivindicara el aeropuerto de El Prat? Es verdad que podía resultar excesivo ya que el Estatuto acaba de ser aprobado e incluso refrendado popularmente (de forma vergonzante, es cierto).

Cabía esperar, por eso, que los Mas y los Montilla pudieran tener un comportamiento mínimamente normal, mínimamente respetuoso con ellos mismos, con el texto que han defendido y debatido y firmado. Ingenuos. Como si no conociéramos la naturaleza de los nacionalismos, su sed inagotable de poder, su condición enfermiza y totalitaria.

Visitó Pasqual Maragall la Moncloa a los tres días del Referéndum para pedir la pronta aplicación del Estatuto. Ha viajado hace unos días Zapatero a Barcelona para anunciar que el Estatuto deberá entrar en funcionamiento con el nuevo curso escolar y, entretanto, surge el tremendo motín de El Prat, en el que las autoridades de la Generalidad han demostrado la incapacidad que ya es en ella metódica... y la salida es la reclamación contra el Estado, contra lo que queda de este, contra la miseria misma.

¡Que les den el maldito aeropuerto!, se oye decir. ¡Que les den todo!

Creían los socialistas del «resto de España» que con el Estatuto -producto de la glotonería, de la insolidaridad y la irresponsabilidad- terminarían los problemas. Consideraban que a partir de la aplicación de la cripto-constitución los catalanes podrían sentirse al fin «encajados» en el Estado. Pobrecillos. Ahora va a comenzar «la lucha final» y vamos a asistir al mismo juego de posiciones políticas en Madrid (las más comprensivas, las menos optimistas..) y a los mismos mecanismos de chantaje desde Barcelona.

Porque únicamente cambiarán la realidad de la independencia por una situación claramente abusiva. Terminaremos de pagar los demás hasta sus propios errores. Como en este caso de El Prat. ¿Y todavía quedarán por estos pagos gentes que sigan llamándonos «separadores» a los que reclamemos una mínima racionalidad? De septiembre en adelante, «el resto de los españoles» deberemos estar preparados para pagar todos los disparates y disfuncionalidades que va a originar el nuevo Estatuto... pero podrá servirnos de consuelo comprobar que nada de eso resulta relevante al lado de lo que va a suponer «el proceso de paz».

El futuro de los presos etarras
Editorial ABC 5 Agosto 2006

HAY que agradecer al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que haya dado al llamado «proceso de paz» -él prefiere denominarlo «proceso de terminación de la violencia»- una certeza tan necesaria como la de que a los etarras «con las manos manchadas de sangre sólo les quedaría cumplir sus condenas». Lo hizo en la carta dirigida a ABC que este periódico publicó en su edición de ayer, carta en la que López Aguilar calificaba como «versión falsa» un inciso de nuestro editorial del día 3, en el que se le atribuía la distinción entre terroristas «recuperables» y «no recuperables».

Por cortesía, este diario no respondió ayer a la misiva del ministro, bastante más precisa que las declaraciones que hizo a la prensa el pasado 26 de julio, causantes de una polémica debida, tal vez, a lo ambiguo de sus palabras. Habría ahorrado mucho trabajo a la mayoría de medios que las interpretaron en el mismo sentido de que contraponía las actitudes de etarras «irrecuperables» como Javier García Gaztelu y de «algunos etarras con las manos manchadas de sangre con crímenes horrendos» -cita literal de sus palabras-, a las de etarras recuperables. Bien es cierto que nunca se refirió a estos últimos con tales términos, pero la construcción de su planteamiento no dejaba lugar a muchas dudas, pues parecía que sólo consideraba irrecuperables a García Gaztelu y a «algunos» etarras de su pelaje. ¿Y los demás? El ministro afirma ahora que nunca sugirió semejante contraposición y desde estas páginas celebramos que así sea, porque aclara, aunque sólo sea en parte, un asunto que, como él mismo reconoce en su carta, originó que le atribuyeran la distinción entre etarras buenos y etarras malos. Solventadas parcialmente por el ministro las dudas y aclaradas por López Aguilar las palabras que casi todos, en su opinión, interpretamos incorrectamente, hasta el punto de ofrecer una versión «falsa» de las mismas, sólo queda preguntarle por la cuestión fundamental, no aclarada en Santander y no aclarada tampoco en su carta publicada ayer en ABC.

¿Qué tratamiento recibirán los presos etarras distintos a los que son «irrecuperables»? O por ser más precisos: ¿hay presos etarras recuperables?

Sabemos, y nos congratulamos por ello, que «a los etarras con las manos manchadas de sangre sólo les quedaría cumplir sus condenas». Merece la pena repetir esta sentencia de López Aguilar, que supone un inmejorable aviso a ETA y Batasuna, sobre todo en la semana en la que los dirigentes de esta formación ilegal han lanzado, uno tras otro, varapalos seguidos al PSOE y al Gobierno sobre los presos, la ley de Partidos y, anteayer mismo, la inclusión de Navarra en la mesa política, la reversibilidad de la tregua y el mantenimiento de la violencia mientras no se acceda a sus objetivos.

No parece que éstas sean las «bases sólidas» a las que alude el Gobierno para tranquilizar a la opinión pública sobre el rumbo del proceso de negociación con ETA. Más parecen el certificado de que no hay condición ninguna para hablar con los etarras, empezando por la voluntad inequívoca de dejar la violencia, tal y como se exigía en la declaración del Congreso de los Diputados sobre el final dialogado del terrorismo. No sólo no abandonan la violencia, sino que la sacan a pasear en lo que constituye una amenaza en toda regla.

Por eso tiene tanto valor en las actuales circunstancias, vista la reacción de Batasuna/ETA, la carta que el ministro de Justicia envió a ABC aclarando lo que dijo en Santander sobre el futuro de los presos etarras.

Seamos independientes
Por JULIO JOSÉ ORDOVÁS. Escritor ABC 5 Agosto 2006

BAJO el Gobierno de Aznar, España conoció una floración espectacular de intelectuales, un fenómeno digno de figurar en los anales de la Historia Universal del Cinismo, además de en el Libro Guinness de los Récords. Escritores y escritorzuelos, cantautores y cantamañanas, pintores y pintamonas, cineastas y cineostros, cómicos y comicastros salieron en estampida de debajo de las piedras dándose de coces por aferrarse a la pancarta de turno y aparecer en la foto con semblantes fieramente indignados, en plan mártires de la Libertad o apóstoles de la Verdad Revelada. Sin asomo de vergüenza se autoerigieron en abanderados del sentir popular (esa cosa pringosa que desde adolescentes habían despreciado con jactancia) y soltaron cuantas enormidades les vinieron a la boca, enormidades que buena parte de los medios, ávidos de declaraciones basura, propagaron de inmediato ampliando el eco hasta lo bochornoso. Como para pasar por intelectual no es necesario presentar currículum alguno ni exhibir siquiera un doctorado en Sigüenza, aquellos maestros Liendres se enfundaron el traje volteriano o zoliano y con un desparpajo cínico insuperable le bailaron el agua a Rodríguez Zapatero, quien naturalmente los adoptó como palafreneros, explotándolos a conciencia.

Tras las elecciones del 14-M, con el deber cumplido y una vez cobradas las correspondientes prebendas, todos esos gloriosos intelectuales surgidos en su mayoría de la nada televisiva regresaron a sus madrigueras, y ahí siguen, hibernando, hasta que un nuevo vuelco político amenace con cerrar el grifo de las subvenciones y los claros clarines toquen otra vez a rebato y se sientan en la obligación moral, quiero decir, económica, de tomar las calles enarbolando el banderín que toque enarbolar en ese preciso momento.

La función del intelectual es la de vigilar al Poder, sea éste del signo que sea, y con mayor celo cuanto más próximo, ideológicamente, pueda resultarle. El intelectual ha de estar siempre alerta, siempre acechante, con el dedo presto a denunciar todos y cada uno de los desmanes, desbarres y posibles abusos del Gobierno, y también para dar la voz de alarma cuando la carcoma fascistoide amenace con corroer los cimientos democráticos. Su independencia de juicio es su única credencial, y en el instante en que esa independencia se reblandece, su palabra pierde todo valor y su figura deja de tener sentido. El intelectual no es infalible (aun sabiendo que la vista engaña, no hay quien no pueda evitar caer a veces en ese engaño óptico), y por eso le está permitido errar, incluso contradecirse. Lo que no le está permitido, o lo que no le debería estar permitido, es callar. Porque el silencio del intelectual es siempre un silencio cómplice.

Da rubor incidir en algo tan obvio. Pero tras el clamoroso silencio cómplice de la, así llamada, clase intelectual progresista producido durante la campaña del referéndum del Estatuto catalán, marcada por la rastrera estrategia electoral del Partido Socialista Catalán, las agresiones físicas contra miembros y simpatizantes de Ciutadans de Catalunya y el violento hostigamiento padecido por el Partido Popular, me temo que es necesario hacerlo. Y es que los que, hace tan sólo cuatro días, se autoproclamaron ángeles custodios de los valores democráticos no parecen haberse enterado de que la democracia ha sufrido un serio y grave atropello. Estarían mirando para otro lado, seguro. Les ocurre cada vez que sucede algo que puede afectar a sus intereses. Son muy valientes cuando saben que van a sacar provecho de su valentía, y cuando no tienen nada que perder. Y son muy cobardes cuando, por el contrario, no tienen nada que ganar y sí mucho que perder. Por eso optan por el silencio, haciéndose los sordos o los locos o los tontos, papeles que bordan, por cierto. Y les funciona, vaya si les funciona.

Decía Baroja que no todo el mundo puede vivir de su trabajo, y por lo tanto mucha gente tiene que vivir de la adulación. «El oficio de criado es cómodo, pero tiene sus fealdades; el ser hombre independiente es a veces incómodo, pero tiene sus satisfacciones», concluía. Claro que a los aduladores prebendados, a los criados del Sumo Poder Subvencionador, esas satisfacciones de las que hablaba Baroja les traen sin cuidado. Las lecciones de moralidad son para cuando hay una cámara delante y toca justificar el sueldo. Entonces sí que sacan pecho y se les llena la boca de saliva grandilocuente. Pero si no hay cámara delante, para qué quieren ponerse estupendos. Mejor seguir con la cabeza hundida en el pesebre oficial y moviendo el rabo para espantar a las moscas.

Hemos asistido a un silencio borreguil, a un silencio de piedra que, es de prever, tardará mucho en resquebrajarse. La campaña del referéndum del Estatuto catalán ha hecho que se disparen todas las alarmas democráticas de prevención, pero aquí como si no hubiera pasado nada. Con la complicidad silenciosa de toda esa legión de abanderados de las libertades, hombres de mundo, por supuesto, todos ellos, el nacionalismo ha mostrado su rostro más grosero y agresivo, tal vez su verdadero rostro.

La caja de los truenos nacionalistas ya está abierta, y eso que la deriva estatutaria, el disparate nacionalista, no ha hecho más que comenzar. Preparémonos a sufrir un sarpullido monumental de provincianismo, una exaltación identitaria que, en plena globalización, no puede resultar más reaccionaria y más ridícula. El sueño de una España ilustrada vuelve a quedar enterrado, a la espera de mejores tiempos, bajo quién sabe cuántas fronteras idiomáticas, judiciales, educativas y arancelarias. Será el paraíso de los criados, y el infierno de los hombres independientes. Pero a los que, como a Chamfort, la naturaleza no nos ha dicho jamás «no seas pobre», ni tampoco «sé rico», sino que sólo nos ha dicho «sé independiente», no habrá quien nos haga callar.

COMPAÑEROS DE VIAJE
TULIO DEMICHELI ABC 5 Agosto 2006

Estas últimas semanas los historiadores se encargaron de chafarle a Rodríguez Zapatero su cruzada por la recuperación de la memoria histórica argumentando, sencillamente, que «Memoria» no es «Historia». La memoria es individual, la impronta que los hechos vividos dejan en las personas, está teñida de su afectividad y es fabuladora. En cambio, la Historia es una disciplina académica que analiza los hechos ocurridos para aclararlos con rigor y metodología.

Los historiadores también señalaron que el «pacto de silencio» de la Transición nada tuvo que ver con la Historia, como así lo demuestra el ingente ejercicio historiográfico realizado desde la muerte de Franco y aun antes. Hoy podemos decir que ya queda muy poco por saber de la República, la Guerra Civil y la Dictadura. Tampoco la cultura popular padeció tal amnesia: el cine y la televisión han abordado hasta la saciedad la «visión de los vencidos», tanto como la literatura: series, películas, centenares de novelas han compensando la «visión de los vencedores» difundida hasta 1975.

El «pacto de silencio» de la Transición más bien fue un acuerdo para no judicializar el pasado ni enredarse en una estéril campaña de responsabilidades políticas. Es decir, la sociedad le exigió a los partidos que se pusieran de acuerdo en una reforma consensuada para fundar el nuevo marco de convivencia sobre la reconciliación. El pacto constitucional de 1978 reconocía implícitamente que la tragedia de 1936 se debió al estrepitoso fracaso de la clase política. Un fracaso que no se podía repetir.

Tampoco parece que hoy aún estuviera pendiente la reparación de las víctimas republicanas de la Guerra Civil y del franquismo. Nada menos que 16.000 millones de euros reconoce el Gobierno que se han destinado a ese fin. Por su parte, los juristas han considerado que la revisión de los juicios de la guerra y la posguerra crearía «inseguridad jurídica» y la desaconsejan: valdría con una declaración general de que fueron injustos.

En cuanto a la reunión de la memoria documental, el Gobierno ya se ha encargado de descargar el Archivo de Salamanca de los «papeles» catalanes, lo cual es una incongruencia con las aspiraciones centralizadoras de su propia Ley, al dispersar y no reunir esas fuentes de la Historia.

Vaya manteo. Bien parece que ahora al PSOE le falló su propia memoria histórica y le ha vuelto a ir tan mal como en los años 30 con los mismos compañeros de viaje. Como ya le fue con ERC en la Revolución de 1934 cuando Maciá y Companys proclamaron el Estado Catalán. Como ya le fue con el PCE (hoy enmascarado en IU) durante la Guerra Civil.

La lengua viva
El lenguaje de la política
Amando de Miguel Libertad Digital 5 Agosto 2006

Continúa la participación en el concurso para buscar un epíteto a Zapatero. José Antonio Sobrado sugiere mentecato, esto es, tonto, fatuo, falto de juicio, privado de juicio. Añado que el étimo de esa palabra es mente capto, es decir, el que ha perdido la mente.

Sin aludir al citado concurso, Francisco (ingeniero) envía esta máxima: "No hay ningún tonto bueno".

José Mª Navia-Osorio resucita la vieja polémica de establecer una letra apropiada para el himno nacional español. Tarde piache, don José María. Ahora que se va diluyendo la idea de nación española, no es el momento para poner letra a nuestro himno. ¡Qué más quisiera yo, y conmigo unos veinte millones de españoles!

Don José Mª es el testigo permanente de los sucesos políticos vividos por el vecindario. Anoto su testimonio último:

Ayer estuve en la manifestación convocada por la AVT en mi ciudad (Oviedo). Poca gente pero ilusionada. Este tipo de actos no sirve para obtener votos porque todos los que estábamos allí lo teníamos claro y por eso íbamos. Pero está bien para no sentirnos solos. Además te encuentras amigos que hacía tiempo que no veías. La próxima vez seremos más, y si no somos más da igual porque tenemos razón.

No creo que desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco se nos ocurra perdonar a ETA. Tendrían que pedir perdón mil veces y llorar lo que hicieron llorar para que los perdonáramos. ¿Cómo se le ocurre a nadie sentarse a hablar con gente como Otegi? ¿No les da asco ver su cara? ¿Cómo pueden aguantar las ganas de tirarse sobre ellos y estrangularlos? ¿No les humilla ver como se burlan de ellos? ¿No les apetece despintar esa sonrisa burlesca de su cara? ¿no tienen dignidad?. Parece ser que no. ¿Dormirán por las noches? ¿Cruzarán de acera cuando vean venir a algún conocido? ¿Qué dicen a sus hijos? ¿Qué principios les pueden enseñar?. Si no puedes ser un hombre libre que actúa como te dicta tu conciencia, ¿para qué te dedicas a la política? ¿No pudiste encontrar otra forma de ganarte la vida?

De mí sé decir que me tocó leer el manifiestillo de la Fundación en Defensa de la Nación Española (DENAES), junto a otros, en la última concentración de Madrid. Me tocó esa lectura en ausencia de Santiago Abascal, que acababa de ser padre. La misma hoja se leyó al mismo tiempo en otras 21 ciudades, lo que resultaba emocionante. Salvo para la pequeña Historia algunos párrafos del llamado de la DENAES:

Queremos señalar con el dedo y acusar al Gobierno de deslealtad con la Nación española en un momento en el que las conversaciones ETA/Zapatero han puesto en marcha un proceso de autodeterminación del País Vasco que será letal para España. Condenamos esa traición sin precedentes a la realidad histórica, política y cultural de España, y condenamos también la alta traición que se está ejecutando sobre todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Una traición que puede suponer, además, una irresponsable e imperdonable incitación a la venganza.

Manifestamos nuestro rotundo NO sin condiciones, a esa política de desmantelamiento de la Nación española que han puesto en marcha los partidos que forman coalición en el proyecto gubernamental, y queremos hacerles saber que vamos a estar vigilantes y que, llegado el caso, reclamaremos de todos ellos la correspondiente responsabilidad penal.

En el recuerdo de Miguel Ángel Blanco, en el recuerdo de todas las víctimas del terror, sabiendo perfectamente a qué llamamos España, queremos decirles a los españoles de bien que vamos a resistir, que no nos temblará el pulso, que no vamos a callarnos y que la sociedad española pueda contar sin condiciones con todos nosotros.

Por la puerta grande
TONIA ETXARRI El Correo 5 Agosto 2006

Será porque, desde ayer, las fiestas patronales tienen un aroma taurino, el caso es que el ambiente político está plagado de alegorías del coso. Entre la puerta grande por donde quieren volver a la legalidad perdida los de Batasuna y el 'brindis al sol' que hace la popular María San Gil cada vez que exige a los socialistas que rompan relaciones con el entorno de ETA, anda el juego. Savater, por si acaso y para que no le echen de menos los de la conciencia crítica,les da un 'meneíto' a los socialistas de López con el primer aviso de la tarde : él no comulga con ruedas de molino, y por eso cree que la mesa de todos los partidos menos el PP es ya, por definición, una concesión política a Batasuna. Así es que la comparación con el Pacto de Ajuria enea a la que tanto se recurre desde el socialismo oficial para justificar foros extraparlamentarios a él tampoco le convence. Pero..! qué más da!

El guión se escribió en su día por encima y a pesar de San Gil y Savater, así es que el gobierno de Zapatero cambia de tercio y se fuma un puro mientras Batasuna, aprovechando el cambio climático, sigue poniendo notas al equipo del presidente cada vez que nota que existe un cierto relajo en torno a los plazos, al parecer, comprometidos. Y es que, a estas alturas y después de haber sido calificados por todos menos el PP de interlocutores necesarios y títulos de pareja importancia, desde el entorno de Otegi se cree que no están ya para cambiar de siglas a fin de burlar la Ley de partidos.

Y les ven tan 'flojos de manos' a los socialistas que se permiten adornarse diciendo que ahora, de momento , siguen contrarios a la derogación de la Ley de partidos pero que también han llegado a hacer cosas de las que habían abominado con anterioridad. La hemeroteca está llena de actos contradictorios con las promesas anunciadas en la lucha contra el terrorismo.(¿lucha?, qué antiguo suena .). Lo que son las cosas. Ironías del proceso.

El socialista Blanco no puede resistirse a dar pistas a los compañeros de Otegi para que vuelvan a la legalidad proponiendo cambios de siglas, por ejemplo, y el entorno de ETA, que ha transformado sus nombres electorales al menos en siete ocasiones, acaba dando clases de respeto a la ley a los propios socialistas. Sería cómico si no fuera por que las palabras de Barrena insistiendo en que el proceso no es irreversible, han sido interpretadas en muchos círculos vascos como una amenaza en toda la regla.

Mal tiene que estar el ambiente cuando, desde Vitoria, el diputado general alavés Ramón Rabanera ha pedido «más unidad que nunca» en las últimas fiestas de la Blanca que él vivirá desde su cargo. Mientras soñamos con tener, en fin, los 'chupinazos' en paz, hagamos el sudoku del día: ¿cuántos pasos ha dado ya el gobierno de Rodríguez Zapatero desde que ETA anunció su alto el fuego?

t.etxarri@diario-elcorreo.com

López Aguilar, ¿un Ministro “recuperable” o “irrecuperable”?
Sancho Michell de Diego  Periodista Digital 5 Agosto 2006

Pensábamos que no llegaría nunca la rectificación del Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, al aseverar que, al margen de todo “proceso de paz”, los asesinos de la ETA cumplirán íntegramente sus condenas.

Recordemos la desafortunada distinción entre terroristas “recuperables” y “no recuperables”, en el transcurso de su intervención en un curso de verano de la Universidad de Cantabria.

En dichas declaraciones contraponía las actitudes de etarras “irrecuperables”, como Javier García Gaztelu, y de “algunos etarras con las manos manchadas de sangre con crímenes horrendos”, a las de etarras recuperables.

¿Así que sólo serían “irrecuperables” gentuza como García Gaztelu? ¿Y el resto, López? Ahora el Ministro se retracta de sus desafortunadas declaraciones, lo cual es digno de mención, ya que si no pensaríamos que esa desmesurada fascinación que el canario siente hacia Rodríguez Zapatero había alcanzado cotas demasiado elevadas.

Pues nada López, muy bien, aclarada queda la cuestión; ahora sólo falta que te posiciones a cerca del tratamiento que se les dará a los presos etarras que no son “irrecuperables”. Porque este extremo no ha sido clarificado ni explicado. Y antes que nada, Ministro, ¿es que los hay? ¿es que hay presos etarras “recuperables”?

Quedémonos con este aviso del Ministro a la ETA, justo cuando los dirigentes de Batasuna han repartido estopa a diestro y siniestro entre el PSOE y el Gobierno sobre los presos que ellos siguen denominando “políticos”, la ley de Partidos y en torno a la inclusión de Navarra en la mesa política, la reversibilidad de la tregua y el mantenimiento de la violencia mientras no se acceda a sus objetivos.

CUANDO EL PRIMO DE ZUMOSOL ES UN POLICÍA PELOTA
Pedro de Hoyos  Periodista Digital 5 Agosto 2006

A mí me preocupa la policía. Bueno, parte de la policía, quiero decir. Los polis son ese primo de Zumosol que nos hemos dado para protegernos de los matones de este patio de colegio que llamamos España. A la que tenemos problemas con los salvajes que hay en cualquier parte llamamos corriendo al primo para que venga a asustar y meter en cintura a quien se quiera propasar con nosotros. Que vivan los primos de Zumosol.

Naturalmente esos matones buenos, que tienen por misión voluntariamente aceptada poner orden en nuestras vidas, también actúan por cuenta propia, sin que haga falta que les llamemos, para que reine la paz a todas horas y en todos los rincones. No importa quienes sean los malos, van los polis, les cogen por las orejas, les ponen de cara a la pared y se lo dicen al Jefe de Estudios para que los sancione.

Claro que alguna vez algunos de esos primos que pagamos entre todos sienten la tentación de pasarse al otro lado, al lado oscuro, al lado de los matones de playa y servirse de su autoridad para sacar provecho propio. Es lo que ha pasado por ejemplo en aquellos casos en que algunos de ellos han sido encontrados responsables de colaborar con bandas mafiosas o de importadores de drogas. O lo que al parecer ha ocurrido, y todavía está por demostrar, con aquellos polis que se beneficiaban de los favores sexuales de algunas detenidas. Provecho propio, ya digo.

Lo malo es cuando en ocasiones estos primos forzudos se convierten además en los chivatos de la clase, el pelota al que todos rechazan y que busca minuto tras minuto, congraciarse con el director del colegio. La de excesos que se puede llegar a hacer en nombre del pelotillerismo... Qué disparates puede cometer el pelota con tal de caerle bien a su señorito. Qué servilismo más humillante, no en vano el pelota suele ser rastrero.

Eso es lo que me parece a mí que puede haber ocurrido en el caso del chivatazo a un etarra para evitar su detención en el caso de las extorsiones. A mí me da igual si le llamó por teléfono directamente o si otro “primo” entró por la puerta de atrás para no ser identificado y le pasó el teléfono al etarra. Esas maniobras indican a las claras que esos policías son indignos de llamarse servidores públicos, a lo peor simplemente son servidores del partido en el gobierno, que no del Gobierno ni de España. Porque si se confirma tan grave historia habrá que dejar claro que no se hace con el fin de ayudar a España, sino a una política concreta, y circunstancial, del partido que apoya al Gobierno de España.
A una política concreta y partidista.                      http://pedrodeh.blogspot.com

El “fascismo”
Pío Moa Libertad Digital 5 Agosto 2006

Un ataque más en la ofensiva contra la ley y las libertades bautizada como “proceso de paz” por el ilegal gobierno de Zapo: el apagón informativo. Lo ha decretado el periódico fascistoide El País, orientado por un antiguo colaborador de Arias Navarro cuya evolución nunca se ha explicado. El periódico del “sindicato del crimen”, ¿recuerdan?, cuando pretendía otro apagón informativo sobre la corrupción y el terrorismo del PSOE. Y la Vicetiple, obediente, lo anuncia.

Siempre han estado engañando a los ciudadanos sobre todo ello, y no podía ser de otro modo. Los chanchullos entre el partido-GAL y la ETA (¡cuánto tendrán que contarse!) no soportarían el conocimiento del público, no soportarían la democracia. Precisan un régimen fascista, no por la doctrina, obviamente, pues éstos son ultraizquierdistas, pero sí por el estilo. Última novedad: Zapo pide a la ETA un ligero cambio de maquillaje para seguir embaucando a la ciudadanía, y la ETA no parece dispuesta ni a eso, quiere demostrar que ella triunfa en toda la línea.

Es la hora de los ciudadanos. O éstos toman la palabra y la acción, o nos viene la “paz” de los asesinos y los corruptos. Es preciso elegir.
---------
Odiseus:
Comentaba Gotzone que le preguntan por todas partes qué se puede hacer. Tres cosas: organizarse, informar y movilizarse. A menudo se nos ocurren buenas ideas, pero que resultan inviables por falta de organización. Esto es, por tanto, lo primero. Pero las tres cosas han de ir juntas: organizarse para movilizarse e informar; informar y movilizarse, para organizarse.

¿Galicia, Galiza o Galizia?
- Touriño cumple un año al frente de un gobierno embarcado en la fiebre de la «galleguización» - El esperpento es tal que ni siquiera está claro el nombre oficial de la Comunidad - El presidente admite que «fala galego» con acento andaluz
Xabier R. Blanco  La Razón 5 Agosto 2006

La Coruña- En Madrid puede darse la paradoja de que un funcionario reciba documentación oficial de la Xunta de Galicia y de la Xunta de Galiza. ¿Es la misma Xunta?, se preguntará el desconcertado funcionario. «Depende», sería la respuesta a la gallega. Para el PSdeG, la principal pata en la que se apoya el bipartito, es «Galicia»; para el BNG, su socio de Gobierno, no hay discusión: es «Galiza». El debate no se queda ahí: para Emilio Pérez Touriño, el presidente, Galicia tiene que ser nación en el nuevo Estatuto, o incluso «nazón de Breogán»; para Anxo Quintana, el vicepresidente, debe ser, simplemente, «nazón».

El ciudadano de a pie, que es el que alimenta la lengua hablándola a diario, contempla desapasionado un debate estéril, mareado ante el baile de normativas. Hasta hace unos meses daba las gracias cuando le hacían un favor; ahora tiene que decir «grazas».

Este rebumbio lingüístico ha quedado perfectamente resumido en un programa satírico que emite los lunes la Televisión de Galicia. «Decidimos llamarle “Somos una Potenzia”, con zeta, en clave de humor», explica Carlos Blanco, director y presentador del programa.

Gallego con acento andaluz. Lo que resulta evidente es que durante el primer año de mandato del bipartito -Pérez Touriño cumplió el pasado miércoles 365 días desde su toma de posesión como presidente- se ha producido una regalleguización de Galicia. «Se ha pasado del integrador concepto de bilingüismo armónico al actual de doble lengua por las evidentes contradicciones entre las dos almas de este Gobierno. Las mayores críticas de las actuaciones de la secretaría general de Política Lingüística son precisamente las del BNG, sus socios de Gobierno», opina Manuela López Besteiro, portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular.

Pérez Touriño reconoce a micrófono cerrado que no se desenvuelve demasiado bien en la lengua de Rosalía, y cuando lo hace le sale un marcado acento andaluz. Sus «conselleiros» también suelen hablar en castellano cuando no hay prensa delante. Sin embargo, el PSdeG ha aceptado que el gallego se convierta en lengua oficial, como reza en el acuerdo de mínimos para el nuevo Estatuto que apalabró con los nacionalistas.

El partido que dirige Anxo Quintana no ha parado estos meses de presentar iniciativas de lo más variopintas para fomentar el uso de su lengua vernácula. No sólo vigilan y exigen que la página web de la Agencia Tributaria esté también traducida al gallego, como reclamó Francisco Rodríguez, su portavoz en el Congreso. El pasado mes Ánxela Bugallo, «conselleira» de Cultura y Deportes, presentó la propuesta «Pan con poesía» para que 627 despachos de pan repartan las barras en una bolsa que lleva escritos seis poemas de seis autores de la tierra como Rosalía de Castro, Ana Romaní, Celso Emilio Ferreiro, Avilés de Taramancos, Ramón Cabanillas, Otero Pedrayo y Uxío Novoneyra.

Todo vale en su programa de regalleguización.
Desde el principal alimento de los vivos hasta el último adiós a los muertos. El diputado del Bloque Nacionalista Galego, Bieito Lobeira, reclamó que la Xunta impulse el gallego «en todos los actos, ceremonias y funciones vinculadas a la muerte». «Ni en la muerte se nos reconoce a los gallegos nuestros derechos lingüísticos. Ni vivos ni muertos nos respetan el derecho democrático a usar nuestra lengua», argumenta Lobeira.

Un estudio ha estimado que sólo el 0,1% de las lápidas que hay en la comunidad autónoma están redactadas en gallego y para solucionarlo, ocho ayuntamientos de Pontevedra tienen previsto subvencionar el uso del gallego en las lápidas con un cuarenta por ciento del coste.

Los «ayatolás» y la imposición.
Más ambiciosa es la puesta en marcha por parte de la Vicepresidencia de la Red Gallega de Escuelas Infantiles Galescolas, que garantizará a 14.089 niños de cero a tres años el acceso al primer ciclo de educación en gallego el próximo curso escolar. Pilar Rojo, portavoz popular del área de Bienestar, reclamó que «no pasemos ahora a las galuniversidades o a los galinstitutos».

A su compañera de partido, Manuela López Besteiro, le preocupa «un horizonte sectario que parece asomar en manifestaciones como el intento de que los exámenes de acceso a la Xunta se hagan exclusivamente en gallego».

Al gallego no parece preocuparle demasiado este debate. La mesura la puso Xosé Ramón Barreiro, presidente de la Real Academia Galega, el pasado 17 de mayo, Día das Letras: «En esto de la normalización de la lengua hay ayatolás que, más que por la convicción, pretenden que se hable gallego por imposición». Son palabras de la persona a la que más le preocupa el gallego.

«El testigo quiere decir sí, señoría»
En Orense circula una anécdota que «desmonta» en parte los argumentos de jueces y fiscales para rechazar el «deber de conocer gallego» para acceder a la judicatura, como expusieron durante su participación en la Comisión de Estudio de la Reforma Estatutaria, en la que defendían que se puede emplear el idioma castellano sin necesidad de conocer otra lengua.

-«¿Estaba usted ese día en la finca trabajando?», preguntó el magistrado a un labrador.
-«Home non», respondió el hombre.
-«El testigo ha dicho que no», dijo mientras escribía el juez.
El fiscal, que se percató al instante de la metedura de pata, lo corrigió inmediatamente: «El testigo quiere decir sí, señoría», aclaró.

Si por los ....
Nota del editor 5 Agosto 2006

Los que hayan leído la última parte del artículo anterior, al carecer de la entonación, habrán pensado igual que el juez, pero  en castellano se utiliza de la misma forma: Oye colega, préstame cinco talegos: Si por los .......

De todos modos, para desmontar los argumentos de jueces y fiscales para rechazar el «deber de conocer gallego» para acceder a la judicatura, hace falta algo más serio. La Constitución española establece el deber de conocer el castellano,  el Tribunal Constitucional siempre avala el criterio del personal de la judicatura para solicitar la traducción al castellano de cualquier otro idioma como chino, árabe, ruso, etc., o lengua regional, y en caso de duda, la versión española es la válida.

HORAS ANTES LANZARON HUEVOS CONTRA EL ALCALDE DE LA CIUDAD
Jóvenes proetarras agreden a un ertzaina en Vitoria tras una concentración de la ilegal Etxerat a favor de los terroristas encarcelados
Varios de los jóvenes participantes en una concentración convocada en Vitoria por Etxerat, plataforma ilegalizada junto a Batasuna-ETA y que agrupo a los familiares de los terroristas encarcelados, agredieron este viernes a un ertzaina después de que procediese a identificarlos por participar en un acto no autorizado por la ilegalidad de sus convocantes. Los hechos se produjeron en la céntrica plaza de la Virgen Blanca, donde horas antes la policía vasca había identificado a otros proetarras por lanzar huevos al alcalde, el popular Alfonso Alonso, durante el acto de inicio de las fiestas de la capital alavesa.
Europa Press Libertad Digital 5 Agosto 2006

Según informó el Departamento de Interior, el incidente ocurrió en la Plaza de la Virgen Blanca de la capital alavesa, después de que el grupo, que había participado en la concentración de la ilegal Etxerat, increpara a las personas que se encontraban en la balconada de San Miguel, al grito de 'Zuek zarete faxistak' (Vosotros sois los fascistas).

El agente que procedió a su identificación fue atacado y sufrió la dislocación de su hombro izquierdo, siendo necesario su traslado al hospital. Porteriormente, se procedió a la detención de los autores de la agresión.

La balconada de San Miguel es el lugar desde el que se da inicio a las fiestas patronales de Vitoria, acto que tuvo lugar tres horas antes de los incidentes mencionados.

Precisamente, tres horas antes de la concentración de los proetarras se había celebrado en ese mismo lugar el inicio de las fiestas de La Blanca, patrona de Vitoria.

Agentes de la Ertzaintza procedieron durante esa celebración a la identificación de tres menores proetarras que portaban una caja de huevos y que, presuntamente, participaron en el lanzamiento de los mismos que sufrió el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso. Según informó el Departamento de Interior, los agentes, al percatarse de la situación, procedieron a la identificación de los menores y posterior retirada de la caja de huevos.

Más de ochenta asesinatos de ETA, casi uno de cada diez, todavía no han sido resueltos
BLANCA TORQUEMADA ABC 5 Agosto 2006 5 Agosto 2006

La insolencia de «Txapote» ante el Tribunal que le ha juzgado y condenado a 50 años de cárcel por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y de Fernando Múgica es una mueca de desafío a toda la sociedad, pero la realidad de la pena que habrá de cumplir disuade del desánimo: se ha hecho Justicia, con mayúsculas. El goteo de juicios en la Audiencia Nacional a etarras tiene su contrapartida negra en los crímenes de la banda sin resolverse. En alrededor de un diez por ciento, esto es, en más de ochenta casos de asesinatos cometidos por ETA, no se sabe quién o quiénes fueron los autores materiales, según ha revelado la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Las víctimas, además, temen que el «alto el fuego» y el llamado «proceso de paz» puede relajar el trabajo judicial y policial y estos queden en el anonimato y la impunidad.

Explica esta publicación que la misma proporción de no identificación de los criminales es aplicable a las acciones terroristas que ocasionaron heridos. A menudo pensamos en Irene Villa, erigida en símbolo de la resistencia ciudadana frente al terror, pero pocas se difunde que no se sabe quién truncó el curso cotidiano de su vida.

La mañana del 17 de octubre de 1991 en la que Irene y su madre, María Jesús González, tropezaron con el odio asesino de los terroristas, ETA desató un infierno en Madrid: a primera hora había matado, con otra bomba-lapa, al comandante del Ejército de Tierra Francisco Caballar. Y poco después mutiló también gravemente, con el mismo sistema cobarde, al comandante de Infantería Rafael Villalobos. Los que sobreviven y la familia de la persona fallecida aún esperan que se ponga nombres y apellidos a aquel sanguinario «comando Madrid», quince años después. Ellos y tantos otros.

Del magnicidio de Carrero Blanco (los responsables de la «Operación Ogro» no han sido juzgados 33 años después) al atentado de Vallecas en 1995, en el que murieron seis trabajadores de la Armada, hay muchos crímenes de ETA de especial repercusión por una u otra circunstancia (igual que otros menos conocidos, pero no menos dolorosos) en los que se da esta trastienda de «expedientes x», de acuerdo con la información recopilada por la revista de la FVT. Ello, pese al denodado esfuerzo de las FSE, que han tropezado con la escasa información aportada por los casquillos de las balas en algunos de los escenarios de los crímenes cometidos con armas de fuego, por las dificultades que plantea el sistema de bombas-lapa colocadas con antelación o de los coches-bomba que desde hace años se vienen activando por control remoto.

Necesidad de penalización social
Otra de las familias afectadas por esta situación es la de Maite Pagazaurtundúa, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Se desconoce quién fue el sujeto que una mañana irrumpió en el bar Daytona de Andoain y disparó a bocajarro contra su hermano Joseba, el jefe de la Policía Municipal de esa localidad guipuzcoana. La víctima se había significado por su militancia en el Partido Socialista y por su beligerancia contra ETA como miembro de la plataforma cívica «Basta ya».

Ahora, la madre de Joseba, Pilar Ruiz, se ha erigido como la voz que clama para pedir justicia y despejar los nubarrones de la impunidad, con la lucidez propia de quienes han sufrido el hachazo asesino. Por eso denunció la tentación de «bajar la guardia», a expensas del «proceso», en las puertas del hotel de San Sebastián en el que se reunieron el líder del PSE, Patxi López, y el de Batasuna Arnaldo Otegi. Su hija Maite también ha lamentado en numerosas ocasiones otro punto que no atañe sólo a los casos sin resolverse, sino también a otros muchos atentados ocurridos en el País Vasco de los que se conoce el autor o autores materiales: que no se sepa quiénes fueron los chivatos que hicieron posible tantos asesinatos.

La respetabilidad con la que ahora se pretende revestir a Batasuna va en contra de una reivindicación básica de las víctimas que quedó expresada en el decálogo que Maite Pagazaurtundúa, como presidenta de la FVT, trasladó en La Moncloa al propio presidente del Gobierno, el pasado mes de febrero: «No podemos primar a los que han transmitido la cultura del odio y de la falta de respeto al ser humano». O sea, no sólo ha de haber penalización legal, sino también social.

Otros casos tristemente recordados y recogidos por la Fundación de Víctimas: aquel de la localidad navarra de Leiza en el que, cuando unos agentes de la Benemérita se acercaron a una pancarta alusiva a la Guardia Civil, ETA hizo estallar una potente bomba oculta en el mismo paraje. Así asesinó al cabo primero Juan Carlos Beiro Montes. También entra en este apartado el crimen que en 2001 acabó con la vida de Manuel Giménez Abad, el presidente del Partido Popular de Aragón cuando, en compañía de su hijo, se dirigía hacia el estadio de La Romareda de Zaragoza para disfrutar de una tarde de fútbol. Recientemente, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz optó por no imputar a los etarras Aitor Lorente y David Pla como «informadores» para la comisión de este crimen, decisión que ha sido enmendada después por Baltasar Garzón, que ha impedido su excarcelación al apreciar «cooperación necesaria».

Como colofón elocuente, también los dos últimos asesinatos de ETA, en 2003 en la localidad navarra de Sangüesa, se inscriben en este «saco» de atentados sin resolver. A los dos policías nacionales Julián Embid y Bonifacio Martín los destrozó una bomba colocada en el coche en el que se habían desplazado a la localidad para ofrecer a los vecinos el servicio de renovación del DNI.

Temor al «punto y final»
Fuentes de la FVT explican que en este trabajo de denuncia «hemos situado en alrededor del diez por ciento la proporción de crímenes aún impunes, pero probablemente superan ligeramente esa cifra porque hay casos con poca publicidad en los que las familias prefieren no salir a la luz». Igualmente, recuerdan que a los asesinatos en los que los autores materiales no están identificados hay que sumar aquellos en los que sí se sabe quién los cometió, pero no se les ha detenido.

Las víctimas concernidas por esta situación se sienten ahora afligidas por la angustia y el vértigo de que la negociación con la banda suponga algún tipo de «punto final» en la resolución de estos crímenes. Consideran que hay un riesgo mucho mayor de impunidad sobrevenida en el caso de los asesinos que no han sido puestos aún a disposición de la Justicia que en el de quienes ya han sido condenados, porque otorgar beneficios penitenciarios a estos últimos tiene un alto coste de opinión pública (¿Quién se atreverá a soltar a la bestia «Txapote»?), mientras que cerrar casos de esta naturaleza pasaría mucho más desapercibido.

Una sombra añadida que se cierne sobre los asesinatos no resueltos es la de la prescripción del delito. Cristina Cuesta, portavoz del colectivo de víctimas del País Vasco (Covite), explica que el riesgo es evidente, «pues estos crímenes prescriben a los veinte años de la última actuación judicial». Por eso viene siendo una reivindicación reiteradamente sostenida por esta entidad que las instituciones españolas hagan fuerza para que el Tribunal Penal Internacional pase a ser competente en materia de terrorismo. Eso significaría que los actos etarras quedarían catalogados como de «lesa humanidad» y no prescribirían nunca. Como tampoco lo hace el dolor de quienes los han sufrido.

Las lecciones olvidadas de 1982
ABC 5 Agosto 2006

Ángel Altuna, hijo del oficial de Policía Basilio Altuna asesinado por ETA en 1980 y miembro de Covite, explica en un artículo en la revista de la FVT cómo dos años después del asesinato de su padre la banda terrorista se escindió: «Unos decidieron su disolución sin entregar arma alguna -recuerda-, y otros decidieron continuar con la práctica del terror. Los que decidieron su disolución no se arrepintieron y no reconocieron daño alguno. Los poderes del Estado posibilitaron «una puerta de atrás» para estas personas que habían delinquido. Tengo la certeza de que en aquel momento hubo dejación de funciones». «Dos años después del asesinato de mi padre -añade más adelante- muchos de ellos se paseaban por las calles de mi ciudad y se les daba trabajo en instituciones públicas».

Altuna hace notar que desde esas fechas «ETA ha asesinado a más de quinientas personas» y que la bienintencionada apreciación de que con la reintegración de esos individuos a la vida normal sin exigirles nada a cambio habría un «efecto contagio» en el resto de los etarras fracasó de forma traumática. Las víctimas suelen repetirlo: «Se pide ahora generosidad pero se olvida que ya la hubo y volvieron a manchar sus manos de sangre».

UPN aparcará el debate sobre el estatus de Navarra hasta conocer los planes de Zapatero
Cree que la derogación de la disposición constitucional que permite la incorporación a Euskadi no es ahora «prioritaria» Políticos y juristas debatieron en FAES sobre el asunto
OLATZ BARRIUSO o.barriuso@diario-elcorreo.com/BILBAO El Correo 5 Agosto 2006

La supresión de la disposición transitoria cuarta de la Constitución -que abre la puerta a la incorporación de Navarra a Euskadi mediante un acuerdo por mayoría absoluta en el Parlamento foral y posterior ratificación en referéndum- no es hoy por hoy «prioritaria» para UPN, el partido que suscitó el debate al hilo de las reformas de la Carta Magna avanzadas por José Luis Rodríguez Zapatero tras su llegada al poder. Los regionalistas navarros -con el presidente de la comunidad foral, Miguel Sanz, a la cabeza- plantearon entonces al propio jefe del Ejecutivo central la conveniencia de derogar un precepto que, en su opinión, quedaba obsoleto en el marco de un mapa autonómico consolidado y estable como el español. La propuesta siempre ha contado con la aquiescencia del PP -socio estable de UPN-, partidario de incluirla en el paquete de modificaciones constitucionales que ultimará a la vuelta del verano y convencido de la necesidad de impulsarla en todo caso. «Otra cosa distinta es la oportunidad, el momento en que se haga», apuntan fuentes populares.

No obstante, el partido de Miguel Sanz prefiere ahora aparcar la discusión sobre el estatus de la comunidad foral hasta que se despejen las «incógnitas» sobre los planes del jefe del Ejecutivo central respecto a Navarra. «Lo más importante ahora es saber qué compromisos ha asumido Zapatero con ETA-Batasuna y si está dispuesto a echar a UPN del poder foral mediante un gobierno de coalición integrado por la minoría socialista y la suma de todos los grupúsculos nacionalistas que por sí solos nunca podrían llegar a gobernar», indican desde UPN, que se remite a lo aprobado en su último congreso de marzo de 2005, un año antes del alto el fuego de ETA. La resolución ratificada en aquel cónclave, redactada mano a mano por Sanz y el diputado en el Congreso Jaime Ignacio del Burgo, apostaba por promover la supresión de la transitoria cuarta sólo cuando el Gabinete socialista abra el 'melón' constitucional, una reforma que, apuntan los regionalistas, «va para largo».

El cese de las actividades terroristas y las sospechas alentadas por los populares y por el propio presidente Sanz sobre el papel que Navarra podría desempeñar en las negociaciones entre el Gobierno del PSOE y ETA han situado el debate sobre la hipotética incorporación a Euskadi en un nuevo contexto. La proximidad de las elecciones forales -que se celebrarán en mayo de 2007, con el tira y afloja con el País Vasco como plato fuerte de la campaña, según creen en el PP-, también. La posibilidad de un cambio de mayorías en la Cámara foral se contempla con preocupación en la calle Génova, cuyos dirigentes abogan por suprimir esa cláusula para evitar que un hipotético nuevo Gobierno navarro pueda abrir la caja de Pandora y porque, según explica un dirigente popular, la transitoria cuarta «ha perdido hoy toda su significación salvo que los socialistas navarros estén dispuestos a devolvérsela».

De hecho, la Fundación FAES, laboratorio de ideas del partido liderado por Mariano Rajoy, organizó hace dos meses un seminario sobre la posibilidad de derogar la transitoria cuarta a iniciativa de Del Burgo, que fue también ponente de los debates, de carácter eminentemente «jurídico». En las jornadas participaron además diputados, concejales y senadores navarros, la responsable de Política Autonómica del PP, Soraya Saénz de Santamaría, el portavoz del Grupo Popular en la comisión constitucional Federico Trillo, el también miembro de la dirección nacional Ignacio Astarloa, catedráticos, juristas y el ex presidente del Parlamento navarro Víctor Manuel Arbeloa, que abandonó el PSN por discrepancias con la dirección.

Reformas legales
El debate versó sobre las distintas posibilidades jurídicas que implicaría una eventual supresión de la transitoria cuarta. Aunque populares y regionalistas puedan sostener diferentes criterios sobre los ritmos convenientes para su puesta en marcha, ninguno de los dos augura problemas para coordinar la estrategia. En lo que hubo unanimidad fue en que conllevaría de forma inequívoca la reforma del Amejoramiento del Fuero -similar al Estatuto, pero con la peculiaridad de que no ha sido sometido a referéndum-, que faculta al Parlamento foral para impulsar una eventual incorporación a Euskadi según lo previsto en la Constitución. Por el momento, la Cámara ha decidido posponer cualquier modificación en el ordenamiento navarro hasta que se clarifique el panorama estatutario, pendiente de que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos planteados contra los textos catalán y valenciano.

Lo que tiene claro UPN es que, llegado el caso, promovería una modificación paralela del Amejoramiento para asegurar que «no disminuyan las garantías» previstas en la Carta Magna «para evitar que se pueda alterar el estatus constitucional de Navarra como comunidad foral sin contar con la libre y democrática voluntad del pueblo navarro». De hecho, PP y UPN contemplan la posibilidad de reforzar las exigencias constitucionales para cambiar ese estatus: hoy por hoy bastaría con que los 'síes' superasen a los 'noes' en el referéndum. En cualquier caso, en UPN creen que en el actual contexto de «incertidumbre» respecto a las intenciones de Zapatero la transitoria cuarta representa «una garantía en sí misma» de que el presidente «no pasará por encima de la voluntad de los navarros». «Puede intentar engañarnos con la creación de un consejo de Euskal Herria, pero no puede hurtar la llave a la ciudadanía», dicen. Además, los socios del partido de Sanz en el Gobierno foral -la CDN de Juan Cruz Alli- rechazan tajantemente la posibilidad de derogar la polémica disposición.

El Gobierno y las comunidades autónomas firman la paz constitucional
Los conflictos entre administraciones que llegan al alto tribunal experimentan un brusco descenso El Ejecutivo y las comunidades han retirado casi un centenar de pleitos
RAMÓN GORRIARÁN/COLPISA. MADRID El Correo 5 Agosto 2006

La 'pax' constitucional anunciada por José Luis Rodríguez Zapatero en su discurso de investidura lleva camino de hacerse realidad. La conflictividad entre el Estado y las autonomías ha experimentado un notorio descenso, y en 2005 sólo llegaron al Tribunal Constitucional 21 litigios, el 60% menos que en el año anterior, cuando se presentaron 60. Las administraciones, además, han resuelto de mutuo acuerdo retirar casi un centenar de impugnaciones; el Gobierno central desistió en 32 casos y los Gobiernos de las comunidades, en 65.

La legislatura pasada fue la de los conflictos entre la Administración central y las autonómicas, hasta 217 impugnaciones se presentaron en el Constitucional; 166 de las comunidades contra leyes y normas estatales y 51 del Ejecutivo contra disposiciones legales de las autonomías. En lo que llevamos de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, poco más de media legislatura, se han presentado 37 recursos de inconstitucionalidad, 28 de las autonomías y nueve del Estado.

La inversión de la tendencia obedece al cambio de relaciones entre las administraciones del Estado. El Ejecutivo de José María Aznar optó por una política de firmeza, sobre todo con los territorios gobernados por fuerzas nacionalistas, aunque también con los gestionados por los socialistas, e impugnó un buen número de normas. En sentido recíproco, estas mismas comunidades se sintieron 'atacadas' por leyes estatales básicas que, en su opinión, invadían competencias propias y respondieron con otra avalancha de litigios.

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, consideró en los albores de la legislatura que tal situación era «una anomalía» que se tenía que resolver por dos razones: había que «desatascar» a un Tribunal Constitucional al borde del colapso por semejante cantidad de asuntos por resolver, y el nuevo clima de las relaciones entre el Gobierno central y los autonómicos tenía que verse correspondido con una disminución de las disputas constitucionales.

El jefe del Ejecutivo ordenó acudir a la vía del desistimiento para taponar la litigiosidad y la fórmula ha dado resultados. De los 298 recursos pendientes que había al inicio de la legislatura se han retirado 98. El Gobierno ha renunciado a 32 demandas contra las autonomías, entre ellas siete planteadas contra Cataluña, cinco contra Andalucía y Castilla-La Mancha y cuatro contra Extremadura. Las comunidades hicieron lo propio y desistieron de 65 recursos; entre las más conciliadoras estuvieron Andalucía, que retiró 25, Cataluña, nueve, Aragón, ocho, y Castilla-La Mancha, cuatro.

Debilidad
Esta política no es compartida por el PP, cuya secretario de Política Autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría, resaltó que los acuerdos se producen entre el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y, casualidad, con territorios gobernados por el PSOE. Sáenz de Santamaría censuró la estrategia del desistimiento porque deja traslucir debilidad al «abandonar pleitos y retirar recursos» y se mostró más partidaria de buscar fórmulas de «coordinación» entre las administraciones para solucionar el problema.

El Gobierno, además de los acuerdos con las comunidades para renunciar a los recursos, optó por dosificar las impugnaciones. En los dos años largos de legislatura ha presentado nueve demandas ante el Constitucional; tres contra normas del País Vasco, otras tantas de la Comunidad de Madrid, y contra una de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

Las autonomías correspondieron el gesto y en este periodo han impugnado 28 normas estatales; las más 'protestonas' fueron Cataluña, con diez litigios, seguida de Andalucía, con cuatro, y Comunidad Valenciana, con tres. Unas cifras muy lejanas a las registradas en el último mandato de Aznar, en el que el Gobierno impugnó 51 leyes autonómicas, y las comunidades 166 normas estatales.

El contraste es aún mayor en el último año. En 2005, llegaron al Constitucional 21 recursos, ocho del Ejecutivo y 13 de las autonomías. El Estado recurrió tres leyes del País Vasco, dos de Castilla y León, y una de Andalucía, Cantabria y Comunidad Valenciana. La Junta de Andalucía presentó, a su vez, tres litigios contra igual número de leyes estatales; dos Cataluña, Baleares y Castilla y León; y una Galicia, La Rioja, Murcia y la Comunidad Valenciana.

Un descenso más que apreciable en relación al año anterior, cuando llegaron al alto tribunal 60 recursos. Siete llevaban la firma de los servicios jurídicos del Gobierno central contra dos normas de Andalucía y País Vasco, y una de Asturias, Aragón y Cantabria. Las comunidades presentaron 53, sólo Cataluña impugnó 24 normas estatales; Aragón, ocho; Andalucía, siete; Castilla-La Mancha, tres; Madrid, Navarra y Castilla y León, dos; y País Vasco, Extremadura, Galicia y Murcia, una.

LOS ABERTZALES, MÁS ACTIVOS QUE NUNCA
El Gobierno intenta desactivar la ofensiva de Batasuna-ETA
Elsemanaldigital.com  5 Agosto 2006

Hermetismo absoluto por parte del Ejecutivo de Zapatero sobre el "proceso de paz", tan sólo roto este verano por la campaña de amenazas orquestada por los batasunos.

4 de agosto de 2006. Desde que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, compareciera a finales de junio ante los medios de comunicación en las dependencias del Congreso, el llamado "proceso de paz" ha ido perdiendo intensidad informativa –que es precisamente lo que buscaba el Ejecutivo- aun a costa de no pasar día sin que los voceros de la ilegalizada Batasuna pongan de manifiesto sus condiciones en la negociación.

En los últimos días, la izquierda aberzale se ha lanzado con una campaña cuyos mensajes se reconocen en las habituales exigencias de la banda terrorista y de su brazo político, en un giro más de tuerca al Gobierno y a los socialistas vascos. Lejos parece haber quedado el optimismo esgrimido por Arnaldo Otegi y el secretario general del PSE Patxi López, tras la entrevista que ambos mantuvieron en Bilbao el pasado 6 de julio.

A la advertencia del dirigente batasuno Pernando Barrena de que el "proceso de paz" no es irreversible, le ha seguido una rápida réplica del dirigente socialista Txarli Prieto, que no contento con echar un rapapolvo a la izquierda abertzale por sus amenazas, ha puesto en el mismo saco al PP. El secretario general del PSE en Álava arremetía este viernes contra los populares, que al igual que Batasuna –afirma- intentan "dinamitar" dicho proceso.

Prieto hacía estas manifestaciones después de la que presidenta del PP Vasco, María San Gil, haya calificado las declaraciones de Barrena de "desoladoras", instando de nuevo al PSOE y al Gobierno a abandonar la idea de una mesa de partidos y volver al Pacto Antiterrorista. La dirigente popular asegura que ante el "chantaje" de la banda resulta "imprescindible" que se recupere la "firmeza democrática" y hacer así que los terroristas "pierdan toda esperanza" de lograr la "autodeterminación". Porque no es el PP quien lo dice. Batasuna no desacelera sus propósitos, entre los que se cuenta el derecho a decidir de los vascos, que con tanta ambigüedad proclamó Zapatero en el Congreso.

Mientras tanto, el Gobierno intenta "desactivar" la ofensiva propagandística con el silencio más absoluto, un hermetismo que cumplen a rajatabla el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, quien, en las últimas horas, se ha limitado a decir que el Ejecutivo no tiene por costumbre comentar las declaraciones de otros políticos, y más si se trata de un partido ilegalizado: "No es momento de las declaraciones, sino de seguir trabajando por la paz, que es lo que hace el Gobierno", afirmaba tajante la también ministra Portavoz.

Sin embargo, no dejan de resultar curiosas las últimas afirmaciones hechas por Zapatero, quien tras el encuentro que mantuvo el lunes pasado con el Rey Don Juan Carlos en Palma de Mallorca, aseguró ante los periodistas que "tenemos un horizonte del llamado proceso de paz que ha de cumplir sus etapas y las etapas de ese proceso de paz básicamente se están cumpliendo".

No cree lo mismo el entorno abertzale. También este viernes Juan Mari Olano, portavoz de Askatasuna, colectivo de apoyo a los presos de ETA, señalaba que si bien el proceso "no se ha frustrado", sí "se ha atemperado", ya que "las ilusiones no son tan fuertes como en marzo". Olano ha vuelto a poner sobre la mesa las condiciones sine qua non para el fin de la violencia, y éstas son el derecho de autodeterminación y el reconocimiento de Euskal Herria.

Y a renglón seguido, nueva vuelta de tuerca con el asunto de Navarra, la gran incógnita en los planes de Zapatero, a quien Batasuna también ha querido advertir de que el futuro de "Nafarroa" no se decidirá "ni en la sede del PP ni en la del PSOE". Con todos estos ingredientes huelga decir, como le gusta hacer al presidente, que el proceso "será largo y difícil".

De la Vega admite que han empezado los contactos con ETA
Agencias Periodista Digital  5 Agosto 2006

 La vicepresidenta del Gobierno reconoció este viernes que la negociación está ya en la fase de las conversaciones con ETA, es decir, que ya ha habido contactos. Pese a ello, reiteró que la política de apagón informativo sigue vigente.

Estas palabras llegan después de que Pernando Barrena advirtiese el jueves que la tregua es reversible y justificase el terrorismo, declaraciones a las que este viernes respondió el PSE de Álava comparando a los terroristas con el PP por poner obstáculos.

Desde el PP calificaron de "indecente" esta comparación y pidieron al PSE más valor para censurar a los terroristas.

La vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insinuó este viernes que el proceso de negociación se encuentra en la fase de las conversaciones con la banda terrorista ETA y precisó que hasta septiembre no se dará cuenta del estado de esas negociaciones, al tiempo que rechazaba responder a las advertencias que provienen estos días del entorno de ETA, en las que avisan de que el proceso no es irreversible.

Al ser preguntada por cómo están las cosas con ETA, ya que Zapatero dice que se están cumpliendo las etapas y ETA-Batasuna habla de que el proceso no es irreversible, De la Vega respondió que "estamos en la fase que definimos desde el primer momento".

"Quiero recordar -prosiguió- que el presidente del Gobierno, a finales de junio, anunció el inicio de conversaciones con la banda terrorista y señaló que en septiembre se daría cuenta en el Parlamento a los grupos políticos del estado de esas conversaciones".

La vicepresidente recordó que el Gobierno ha dicho también que "durante este tiempo el silencio y la prudencia deben acompañar el trabajo" y recalcó: "como he dicho estos días el Gobierno está trabajando por la paz".

Por ello, insistió en que "no es el momento de hacer declaraciones y contradeclaraciones, sino del rigor, la responsabilidad y la prudencia y en septiembre daremos cuenta del estado de la situación de las negociaciones".

De la Vega realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa en Lima, en el Palacio Presidencial, tras entrevistarse con el presidente de Perú, Alán García.

La legalidad de Batasuna-ETA y Navarra
Preguntada por la polémica sobre la legalización de Batasuna-ETA, a lo que respondió que "es un proceso que significa que hay que adaptarse a la legalidad".

Recordó que el Ejecutivo ha afirmado "en muchas ocasiones" que a la legalidad "sólo se vuelve por la legalidad". En este sentido, apuntó que "hay una Ley de Partidos Políticos a la que hay que ajustarse plenamente porque está en vigor y una jurisprudencia del Tribunal Constitucional a la que hay que adaptarse también".

"Esa es la vía de volver a la legalidad y esos son los pasos que tiene que dar la hoy ilegalizada Batasuna para transformarse en una organización legal", enfatizó De la Vega, quien recalcó que es todo lo que puede decir porque "ahí están contenidas todas las cuestiones, pasos y procedimientos a seguir".

En cuanto a la petición de los proetarras de que Navarra esté representada en la mesa de partidos, De la Vega precisó que la posición del Gobierno con esta comunidad autónoma "es muy clara: Navarra, ni ha estado, ni estará nunca en cuestión, ni en duda".

En este punto, quiso dejar claro que Navarra "no es moneda de cambio de nada". Por lo tanto, señaló, "no hay nada que discutir sobre Navarra, quiero que se quede muy claro porque, a veces, recurrentemente, se introduce un debate ficticio".


Recortes de Prensa   Página Inicial