AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 20 Agosto  2006
Las instituciones ya no le valen a Zapatero
EDITORIAL Libertad Digital 20 Agosto 2006

Jaime Mayor Oreja debe de ser la persona que más se duela de tener razón. Al poco de que José Luis Rodríguez Zapatero iniciara su cambio de régimen en España, el dirigente popular ha sabido ver el alcance del mismo, y el especial papel que juega ETA. La banda asesina ofrece un alto el fuego, que no es sino una reedición de su permanente amenaza, para que el Gobierno la venda como paz, y poder presentarse ante las elecciones bajo ese señuelo.

Para ello es necesario negociar con los terroristas. El Gobierno tiene poco en que resistirse. No valora la unidad de España y ve el control del sistema judicial como parte de su propio proyecto, sin necesidad de que medie la banda terrorista. No ve el actual sistema constitucional como verdaderamente democrático, ya que es hijo de la Transición: de la instauración de nuestra democracia a partir de la legalidad anterior, que él no reconoce. Su objetivo político es reenganchar a España con la legalidad republicana, erigida sobre una Constitución sectaria, con vocación de tal. Una Constitución que excluía a media España, lo que satisfacería tememos los íntimos deseos de Rodríguez Zapatero. ETA no quiere volver a la II República, pero también ve ilegítimo el actual régimen constitucional. En lo que haya de terreno común, tensan la cuerda asesinos y Gobierno, para cerrar un acuerdo lo más cercano a los intereses de cada uno.

ETA, lo venimos comprobando semana tras semana, se siente fuerte. Tiene todos los motivos para ello. Rodríguez Zapatero ha luchado con denuedo, desde que está en la Moncloa, por iniciar un camino sin retorno hacia la ruptura de España, comenzando por Cataluña, donde tiene socios de Gobierno. Ha puesto todo lo que está en su mano, sin que quepa acusarle de falta de empeño, por someter al sistema judicial a su dictado, y entregar el Estado de Derecho a su proyecto político, satisfaciendo cuando ha podido las exigencias de ETA. El acuerdo sobre Navarra, nos tememos, está ya cerrado. ¿No habrían de sentirse reforzados, confiados de su poder? El último comunicado etarra es una muestra más de que la banda no quiere que se deje de saber quién manda aquí.

Tenemos que volver a Mayor Oreja. Y lo hacemos porque decía, al respecto de la última declaración de la banda asesina, que "nos espera un tira y afloja entre tramposos". Y no podemos interpretar fuera de esa frase las palabras pronunciadas horas después por José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente ha declarado que "lo único que está en crisis total y definitiva es la violencia, quien la ampara y quien se esconde tras ella", que el único camino para alcanzar la paz es la legalidad y que "quien quiera defender sus ideas democráticamente cabe en la democracia y para ello tiene que respetar la legalidad". ¿Ha recuperado Rodríguez Zapatero parte de la dignidad empeñada en hacer acuerdos políticos con la banda terrorista? No. Las palabras, cuando pasan por su boca, adquieren un significado particular y que no tienen porqué coincidir con lo que de ellas se entendería pronunciadas por una persona de bien. Generalmente, no lo harán.

Mientras los asesinos chantajean al Gobierno con hacer estallar, literalmente, la pantomima del plan de paz, éste lo único con lo que puede responder es diciendo que quien más fortaleza está mostrando en este asunto, ETA, se encuentra en crisis. Y airear en público uno de los puntos del acuerdo: la legalización de Batasuna. Nada, en comparación con todo lo que no ha dicho. No ha aclarado cuáles son los puntos de acuerdo del Gobierno con ETA. La banda le ha exigido nada menos que en tres ocasiones que cumpla sus compromisos, pero Rodríguez Zapatero no ha dicho a la sociedad española cuáles son.

El presidente no se ha dirigido a los españoles en una comunicación oficial desde Moncloa aclarando todos los extremos de su negociación con ETA. No ha acudido al Parlamento a exponer ante los representantes de los ciudadanos qué cede el Gobierno en nuestro nombre ante los terroristas y qué futuro nos espera por hacerlo. Ha preferido despreciar las instituciones y hablar desde un mitin de partido, ante una grey entregada y dispuesta. Con este gesto, Rodríguez Zapatero ha dejado claro qué relevancia tienen para él las actuales instituciones. Dispuesto, como está, a subvertir la democracia del 78 para sustituirla por otro régimen, por otro acuerdo, este desprecio no es un mero gesto de partidismo. La Transición y sus instituciones no valen, y quienes deban acordar las nuevas son los únicos actores relevantes. Este es el mensaje.

Qué España más idílica
Por ANTONIO BURGOS ABC 20 Agosto 2006

ME encanta: todavía está coleando el chapapote, y si es la guerra de Irak ni te cuento, cuando, «cautivos y derrotados los últimos rescoldos, los fuegos de Galicia han sido vencidos; españoles, la guerra de Galicia contra el fuego ha terminado. Segundo año triunfal de ZP». Firma el parte de la victoria un tal Touriño, que ni estaba ni se le esperaba cuando Galicia ardía y se inventaban tramas de ex bomberos pirómanos. Qué interés por investigar las falsas tramas de bomberos pirómanos y qué desinterés por ahondar en la verdadera trama del 11-M...

Vivimos en una nación, perdón, en un país idílico. Donde por mucho que ocurra, No Passssa Nada. Y si pasa, se dice que no ocurre nada, y listo. Y que la culpa, en todo caso, es del PP.

Es como nuestra seguridad de que aquí en España los aviones no corren el menor peligro de convertirse en objetivo del terrorismo de babucha, chilaba y vídeo en la TV que se llama como Algeciras. ¡Si lo sabrán ellos, que son tan amiguitos de los terroristas, a los que todo se lo conceden, y a los que tanto deben! ¿Le pelo el perro de la retirada de las tropas de Irak? Pélelo usted. ¿Le pelo el perro de la autodeterminación, la amnistía de los presos y la anexión de Navarra? Pélelo usted. ¿Cómo están tan seguros de que nuestros aeropuertos no necesitan el menor control extraordinario de equipaje de mano, y que aquí puedes subir a bordo hasta con el baúl de la Piquer, que no hay peligro? Como Touriño dijo que los fuegos se habían acabado, y listo, Rubalcaba, que el riesgo de atentados terroristas en nuestros cielos no había llegado a existir: «No hay peligro especial». Y punto com.

En esta España tan idílica, los terroristas de la ETA son ahora unos chicos estupendos, que no matan y si mataron un día, mataron poquito, y no tanto como dicen las víctimas del terrorismo, a las que nada más que les gusta dar por saco y fastidiar el pasodoble triunfal del proceso de paz. Menos mal que Grande-Marlaska se fue y ha vuelto de los Nueva Yores el que tenía que regresar: Garzón en son de paz de proceso. Quien llega fresco y recién importado de los Estados Unidos con las obligatorias gafas de verlo todo color de rosa, según manda la jurisprudencia del relativismo de Conde Pumpido.

Gafas milagrosas con las que miras a un negro negrísimo y ves a un subsahariano subsaharianísimo. ¿Qué digo subsahariano? Ni eso: un futuro y agradecido votante de las municipales del 2007. Lo que ve ZP desde la ojaneta de La Mareta, con la sonrisa de sesión continua y sin causa justificada de su visita a La Palma. Usted, como es un aguafiestas, cada vez que llega al muelle de Los Cristianos un cayuco, ve un montón de negros. ZP, no. ZP, con el maquiavelismo de su hoja de ruta para acabar con España, ve un montón de votantes del PSOE en las municipales. Rectifico a los que dicen que las Canarias, el Estrecho, Barajas o La Junquera son un coladero de simpapeles. Mentira cochina. Son un vivero de futuros votantes del PSOE de las elecciones municipales, «¡a ti te lo debemos!», como le decían los pelotas a Franco en sus discursos. Calculo que en cada cayuco que arriba a Canarias llegan votantes para un concejal más del PSOE. Me gustaría saber cuánto se están gastando de dinero público en la asistencia a los inmigrantes llegados por los coladeros tradicionales. No por nada, sino para dividir por el número de colados y ver a cuánto nos va a salir cada voto por el PSOE en las municipales, en este PER del Humanitarismo del Papeles para Todos, en contra de las directrices de la UE sobre inmigración ilegal.

He citado sólo cuatro ejemplos de esta España idílica, donde No Passsa Nada. Podría añadir cientos. Pero no quiero fastidiar la marrana, sino seguir las sabias enseñanzas de María la Yerbabuena: «La memoria no debe usarse para empeorar las cosas».

EL ENEMIGO INTERIOR
Por ÁLVARO DELGADO-GAL 20 Agosto 2006

Se han acabado los incendios en Galicia, pero no la bronca política. El PP exige dimisiones, buscando simetrías con el Prestige. El Gobierno se palpa los bolsillos, hace como que mira a su alrededor, y no encuentra nada de nada: ni simetrías, ni dimisionarios ni, tan siquiera, las mismas hectáreas quemadas que la oposición. Todo esto es escandaloso, y también ridículo. Conviene, en medio del guirigay penoso, poner algunos puntos en claro. El primero de ellos, es que no es necesario que hayan concurrido causas excepcionales para que el destrozo haya sido excepcional. A lo mejor, lo excepcional ha sido la respuesta de la Administración. En esa dirección apuntaba un comentario de Quintana, el representante del Bloque en la Xunta. Quintana observó que el origen del desastre residía en la política forestal del PP. Suponiendo que estuviera en lo cierto, sucede que esa desastrosa política no ha impedido a los servicios antiincendios evitar en el pasado reciente las devastaciones de que hemos sido testigos este mes de agosto. Quintana ha olvidado un principio lógico básico: el del «caeteris paribus», o igualdad de factores. Si a igualdad de factores -todo lo censurables que se quiera-, una Administración contiene el fuego, y otra no lo hace, es que la segunda Administración es menos eficaz.. No creo que Quintana fuera consciente de las resultas de su argumento. Pero no sería malo que cobrara constancia de ellas, por la cuenta que le trae a él y nos trae a todos.

El segundo punto reviste un carácter eminentemente prudencial. Es comprensible que el PP pida dimisiones, como lo era que, en las antiguas trincas de oposición a cátedra, cada candidato pusiera como chupa de dómine a los candidatos rivales. Ahora bien, lo importante no es quién termine volviendo prematuramente a casa. Lo importante es saber lo que ha ocurrido durante los días de desconcierto y furiosa descoordinación que siguieron a la aparición del fuego. Tenemos vislumbres, sospechas, datos parciales. Pero no disponemos todavía de un cuadro consolidado. Sería de agradecer que no sólo las autoridades, sino las fuerzas civiles en conjunto, hicieran un esfuerzo por iniciar una investigación inteligente. Y que ese conato estuviera presidido por un lema insoslayable: «Prohibida la lírica». Estoy pensando, claro, en Suso del Toro y quienes han revertido con entusiasmo en teorías conspirativas que repiten, en formato pequeño, la del protocolo de los sabios de Sión. Las teorías conspirativas no son, en rigor, teorías. Sólo efusiones sectarias. El ser necias o gratuitas no quita para que resulten profundamente atentatorias a la convivencia civilizada. Los que identifican a la derecha con Belcebú, habrán hecho, después de las quemas, acopio de nuevos motivos para afirmarse en posiciones de bajísima aleación democrática.

El tercer punto es el más desazonador. Pase que Suso del Toro, un bardo metido a pensador, haya confundido el tocino con la velocidad. Los ruiseñores no son águilas, y cuando se elevan varios cientos de metros por encima del suelo, lo ven todo en borrón y del mismo color. Lo impresionante ha sido que la ministra Narbona, obligada a la cautela en virtud de su cargo, incurriera en la misma ligereza. Y que Rubalcaba deslizara insinuaciones y maldades que quizá hayan euforizado a la galería, pero que no se compadecen con unos estándares mínimos de decoro público. Detrás de estas maldades, o de estas insinuaciones, está, desde luego, el deseo de arrojar balones fuera. Pero éste es lado, digamos, más venial del asunto. Preocupa más constatar que el PSOE ha insistido por enésima vez en un tic muy peligroso: el de buscar al enemigo interior.
Existe una distancia abismal entre ponerle las peras al cuarto al rival político, y acusarle de maldades clandestinas y, según se va desarrollando esta legislatura, congénitas. En el primer caso, se combate con argumentos, esto es, se atacan las razones o posiciones del otro. En el segundo, se descalifica al otro porque es el otro. Fue aterrador que Zapatero se negara a condenar de modo explícito las manifestaciones del 13-M frente a las sedes populares. Fue aterrador que se cerrase un pacto, el pacto del Tinell, que no sólo excluía determinada políticas, sino que excluía a un partido, a un partido en tanto que tal. Fue aterrador que la campaña referendaria catalana identificase al PP con los enemigos de Cataluña. Y ha sido aterrador, ahora mismo, que se jugara a atribuir los incendios, sin base material, a acciones de elementos conectados con la Administración Fraga.

Este tic, esta propensión, esta tendencia, demandan una explicación. ¿Cuál? A nadie se le oculta que el actual equipo dirigente socialista, al revés del que ganó las elecciones en el 82, se ha hecho con el poder sin una idea organizada de lo que debía hacer con él. El desenlace no ha sido sólo una sucesión de iniciativas en esencia gestuales, sino la substitución del gobierno por una concepción agonal de la política. Ocluidos los horizontes de acción en que se vierten las energías de un gobierno normal, se ha elevado la aniquilación del contrario a rutina administrativa. Mal consejo, y peor camino.
 

Rajoy acusa a Pumpido de «defender más los intereses de Batasuna que los de los españoles»
Denuncia el nuevo chantaje de los terroristas y no descarta convocar manifestaciones «si el Gobierno va en la mala dirección»
R. N.  La Razón 20 Agosto 2006

Ribadumia (Pontevedra)- El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, exigió ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «con la máxima urgencia», explicaciones sobre qué es lo que «ha acordado con ETA» y si tiene compromisos con la banda. Además, el dirigente del PP fue especialmente crítico con el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, de quien dijo que en numerosas ocasiones, en vez de defender los intereses de los españoles, defiende a Batasuna, y añadió que no descarta volver a convocar a los españoles a una movilización «si el Gobierno va en la mala dirección» para acabar con ETA.

Rajoy también aseguró tener «sospechas fundadas» de que el PSOE prepara una coalición postelectoral con aquellos partidos que quieren que Navarra deje de ser española, lo que sería «una inmoralidad atroz contra los intereses de los navarros».

Nuevo chantaje de ETA. El líder del PP manifestó a Ep que el comunicado de ETA del pasado viernes no es otra cosa que un «nuevo chantaje» de la banda terrorista a la sociedad española. Concretamente, se refirió a ello como «otra muestra de que ETA sigue haciendo lo que ha hecho siempre: chantajear, amedrentar y coaccionar a los españoles».

El líder popular reiteró que «ETA quiere, una vez más, imponer sus condiciones». Además, señaló que «cada vez que ETA- Batasuna habla, los españoles tenemos más dudas sobre las actuaciones del presidente del Gobierno». Por ello, consideró «imprescindible» que Zapatero explique a los españoles «qué ha acordado con ETA y si tiene compromisos con los terroristas». En su opinión, el Gobierno debe dejar claro «que no aceptará el chantaje de la banda terrorista» y recuperar la política de firmeza democrática en la lucha contra ETA, recogida en el Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo.
Sobre la posibilidad de que el PP vuelva a apoyar o convocar manifestaciones en contra de la política del PSOE, no excluyó en absoluto tal posibilidad si el Gobierno «da pasos en la dirección equivocada en esta materia». El líder popular apuntó que ya el 28 de marzo, en la Moncloa, le dijo al presidente del Ejecutivo que era un error darle nada a ETA si no dejaba las armas. Recordó haberle dicho que «no podía haber negociación política, ni legalización de Batasuna, que había que apoyar a las víctimas»,y que el Estado de Derecho debía seguir funcionando. Añadió que «si es para derrotar a ETA y para que ETA deje las armas, apoyaré a Zapatero; si no, no lo haré».

Críticas al fiscal general. Rajoy criticó especialmente las últimas actuaciones de Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado, por no denunciar las reuniones o las manifestaciones celebradas por la izquierda abertzale y disculpar muchas de las cosas que dice Batasuna. Según Rajoy, ese comportamiento tendría como objetivo transmitir a la opinión pública que Batasuna es una organización normal, cuando la verdad es que se trata de una organización terrorista.

La AVT advierte de que la tregua es un chantaje
ABC 20 Agosto 2006

El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, afirmó ayer que «la tregua en sí es una amenaza basada en el chantaje», y aseguró que «seguir el proceso de negociación con la banda terrorista es sucumbir» a la coacción. Alcaraz se expresó en estos términos tras ser preguntado por Europa Press sobre el último comunicado de ETA.

Respecto al texto, señaló que tiene una doble finalidad. «Quiere intentar acallar las voces dentro del sector más duro de ETA para tranquilizar y que se sepa que no va a renunciar a sus objetivos», mientras que, por otro lado, presiona al Gobierno para que «el brazo político de ETA, Batasuna, sea intocable y disfrute de más impunidad de la que está disfrutando en este momento». A su juicio, el Ejecutivo de Zapatero debería ser más coherente en el actual proceso. «Es lamentable que ETA diga la verdad tras cinco comunicados y que el Gobierno siga mintiendo», señaló.

EL FUEGO OBLIGÓ A DESALOJAR UN RESTAURANTE COLINDANTE
Terroristas callejeros queman un microbús en San Sebastián tras la rueda de prensa de ETA-Batasuna
El fin de semana pasado, durante las horas previas, pero también posteriores, a la manifestación que ETA-Batasuna llevó a cabo en San Sebastián, distintos actos de terrorismo callejero tuvieron lugar en las calles del País Vasco. En la noche de este sábado los proetarras han quemado un microbús, lo que obligó a desalojar un restaurante próximo al lugar del fuego. Este nuevo acto de violencia se produce después del comunicado de ETA al Gobierno y horas más tarde de la ilegal rueda de prensa que celebró Batasuna en la capital guipuzcoana. Zapatero, en su mitin de este sábado, eludió aclarar sus compromisos con los terroristas, a pesar de que Rajoy le ha exigido que "explique con la máxima urgencia" la marcha de la negociación.
EFE Libertad Digital 20 Agosto 2006

Varios encapuchados han quemado en la noche de este sábado un microbús en San Sebastián, según ha informado el departamento de Interior del Gobierno Vasco. El suceso se produjo a las 21:40 horas en el barrio de Ategorrieta y afectó varios vehículos de la zona.

El microbús quemado es de la compañía del tranvía. Según testigos presenciales, un grupo de personas con el rostro cubierto cruzó varios contenedores en la calzada para obligar al microbús a deter la marcha. Tras obligar tanto al conductor como a los pasajeros a abandonar el vehículo, procedieron a darle fuego.

Las llamas afectaron a otros automóviles estacionados en las inmediaciones y alguno de ellos sufrió daños muy importantes. El ataque no causó daños personales, si bien fuentes vecinales precisaron que el humo originado por el incendio obligó a desalojar un restaurante.

Se recrudece el terrorismo callejero
No es el primer acto de terrorismo callejero que se produce en menos de una semana. Después de que el juez Baltasar Garzón hiciera saber que no apreciaba ninguna relación entre la manifestación convocada el pasado domingo en San Sebastián y ETA-Batasuna, los proetarras volvieron a actuar.

Si la anterior noche del viernes quemaron varios contenedores en Rentería (Guipúzcoa) y un cajero en Baracaldo (Vizacaya), el ataque se produjo contra dos cajeros automáticos en Vitoria. El fuego tuvo que ser sofocado por los bomberos y la Policía vasca.

GALICIA ES "CACIQUIL", "RURAL", "DEPRIMIDA", "POBRE" Y "DESINFORMADA"
Cristina Narbona: "Los gallegos le tienen miedo a su propia debilidad"
La ministra de Medio Ambiente opina que "los gallegos le tienen miedo a su propia debilidad" y que en esta región "persiste una sociedad muy caciquil, muy rural, una situación muy vulnerable y deprimida económicamente en el campo", lo que, unido a "la pobreza, la desinformación" y "el aislamiento del territorio" explica, a su juicio, "la omertá" o ley del silencio que protege a los supuestos pirómanos. En estos términos, analiza la responsabilidad de la sociedad gallega en los recientes incendios, en una entrevista con El País. No es la primera vez que Cristina Narbona justifica lo ocurrido entre el 5 y el 16 de agosto como una consecuencia del "subdesarrollo" de esta región. El pasado 9 de agosto, en plena crisis, afirmó que en Galicia "hay un número más alto de pirómanos en proporción que en el conjunto de España". El PP ha exigido su dimisión.
Libertad Digital 20 Agosto 2006

Cristina Narbona analiza las causas de los incendios que han devastado 80.000 hectáreas de monte gallego, según la Xunta, o 150.000, según el PP. La ministra insiste en su teoría socio-patológica de una densidad de pirómanos mayor que en otras regiones, debido al atraso económico y cultural de una parte de la sociedad gallega, la rural. En una conversación con María Antonia Iglesias, ex jefa de los Servicios Informativos de Televisión Española en la última etapa de los Gobiernos de Felipe González, la ministra piensa que "en Galicia todavía persiste una sociedad muy caciquil, muy rural, una situación muy vulnerable y deprimida económicamente en el campo. La pobreza, la desinformación, el aislamiento del territorio ha podido explicar que subsista esa omertá".

La ministra celebra que "por primera vez en Galicia se está rompiendo la ley del silencio, los vecinos son los que han cogido a algunos de los incendiarios in fraganti", y se reafirma en su acusación contra ex empleados "despechados" de las brigadas contra incendios. "No soy tan insensata como para hacer acusaciones sin tener datos fiables", dijo la ministra, que el pasado 8 de agosto apuntó a una "trama" de estos ex empleados como autora de la catástrofe.

En la misma entrevista periodística, la ministra señala que no tiene todo el poder que necesita para combatir el tipo de desarrollo que considera dañino para el medio ambiente, lo que su interlocutora periodista llama "el imperio del ladrillo".

"No tengo todos los poderes que necesitaría pero tengo algunos, e intento aprovecharlos al máximo", advierte la ministra. Y para aquello que no puede conseguir con el poder de que dispone, Cristina Narbona recurre a la siempre eficaz "movilización ciudadana". "Yo confío mucho en las movilizaciones ciudadanas", dice la ministra, que reconoce que quiere "dar herramientas de lucha a los ciudadanos" para que el Estado recupere "los poderes estratégicos del Estado" que hoy tienen Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Si embargo, el presidente del Gobierno del que forma parte sigue la política opuesta a la que postula Narbona y tiende, con las reformas en ciernes de los Estatutos, a convertir el Estado en lo que Pascual Maragall ha definido como "algo residual".

Críticas al «cambio de política» de «Nunca Máis»
E. M. ABC 20 Agosto 2006

El «cambio de política» de la plataforma «Nunca Máis» no ha sido, ni con mucho, bien recibido por todos. Asociaciones y grupos cívicos de Galicia, como «Vigueses por la Libertad», «Coruña Liberal» y AGLI (Asociación Gallega por la Libertad de Idioma), han expresado su repulsa a una agrupación que, tras el naufragio del «Prestige», «montó protestas contra los gobiernos autonómicos y central, a los que acusó de ser los responsables de la catástrofe y exoneraron a los propietarios del petrolero, llegando a personarse del lado de los contaminadores en los procesos judiciales». En la misma línea, sostienen que «los rescoldos de «Nunca Máis» se han reavivado para defender que la gestión de la Xunta ha sido impecable y que los únicos culpables son, bien las personas que prenden fuego al monte, bien los anteriores gobernantes». En consecuencia, infieren que «sería ingenuo no relacionar este giro con los cambios de gobierno habidos en Galicia y en toda España». Lo peor de esa actitud es «que siembran cizaña entre la ciudadanía», afirman.

El «Prestige» del bipartito
ALFREDO AYCART ABC 20 Agosto 2006

SANTIAGO. Improvisación, falta de medios, descoordinación e intentos de minimizar la catástrofe. Los cuatro ases de la baraja de acusaciones de PSOE y BNG a los Gobiernos de José María Aznar y Manuel Fraga tras la catástrofe del «Prestige», a los que habría que añadir el comodín de la negativa a asumir responsabilidades políticas, vuelven ahora como un bumerán demoledor contra el Gobierno bipartito de Galicia. No es la única coincidencia. El actual vicepresidente del ejecutivo gallego, el nacionalista Anxo Quintana, amenazó en 2004 -el último año del PP en la Xunta- con convertir la catástrofe de los incendios forestales en un nuevo «Prestige» para Fraga.

Y eso que entonces «sólo» se arrasaron 30.000 hectáreas, en 9.000 incendios, el 95 por ciento provocados. Nada que ver con las 92.000 que han quedado calcinadas este año en 3.000 fuegos, con un índice similar de intencionalidad. Con todo, el PP ha eludido cuidadosamente -ya se sabe que el gato escaldado...- aludir al buque, que está presente como una sombra, más bien una pesada losa, en el nuevo desastre ecológico y económico sufrido por la Comunidad, pese a una diferencia sustancial: en esta ocasión han muerto cuatro personas, la primera vez que en Galicia fallecen en un incendio forestal ciudadanos no vinculados directamente con los servicios de extinción.

Improvisación. El nada sospechoso sindicato nacionalista CIG denunció el jueves que ha existido «cierta improvisación» en el ejecutivo gallego por activar el Plan Infoga de lucha contra el fuego en julio, en vez de en primavera.Se sumaba así la central sindical afín al BNG a las acusaciones reiteradas por numerosos alcaldes, oposición y organizaciones sociales, y ello pese a que el actual responsable de la Xunta en la lucha contra el fuego es el también nacionalista Alfredo Suárez Canal, consejero de Medio Rural, que tomó el relevo de Medio Ambiente en el reparto de cargos de la Xunta entre socialistas y nacionalistas.

No es el único dato: el ejecutivo autonómico ha hecho gala de haber mantenido a grandes rasgos el servicio de extinción diseñado por Fraga, pero las diferencias son sustanciales. Hay 750 integrantes de brigadas menos que en 2004 y, sobre todo, se redujeron en junio a la mitad los municipios en Alerta Especial, excluyendo precisamente a algunos de los más afectados este verano.

Falta de medios. El vicepresidente del Ejecutivo regional, Anxo Quintana, admitió el «desbordamiento» de los «importantes efectivos» habilitados para la campaña, que justificaba en la «profesionalización» de los incendiarios, al asegurar que «saben dónde, cuándo y cómo prender fuego al monte para hacer el mayor daño posible».

Pero el bipartito declinó renovar el convenio por el que los militares colaboraban en tareas de vigilancia de los montes -tuvo que rectificar y recurrir al Ejército en plena ola de fuegos- y el Gobierno aguantó cuatro días de infierno forestal antes de pedir ayuda a otras autonomías y a la UE.

La teoría de la excepcionalidad con la que PSOE y BNG intentaron justificar el desbordamiento de los efectivos -una vez decaída la tesis de la trama, tras revelarse la detención de un candidato socialista-contrasta sin embargo con la experiencia de años anteriores, cuando los pirómanos también prendían fuego en varios focos simultáneos, cerca de poblaciones, en las horas más perjudiciales y utilizando artefactos de similares características a los de esta campaña.

Descoordinación. En cuanto a coordinación, la campaña no pudo empezar con peores augurios después de que la Xunta decidiera suspender, sin sustituirlo por otro, el Plan de Emergencias diseñado por el último gabinete de Manuel Fraga, que preveía precisamente la constitución de un servicio de coordinación.

Se repitieron así escenas de agentes forestales que ignoraban quién daba las órdenes, voluntarios que no sabían dónde ir, y hasta disputas entre los diversos equipos para hacerse cargo de la única motobomba que se tenía que enfrentar a varios fuegos simultáneamente, en el entorno de poblaciones o viviendas aisladas. Así se vieron obligados a actuar, en ocasiones prácticamente en solitario, decenas de vecinos para evitar que las llamas alcanzaran sus casas, auxiliados incluso en alguna ocasión por los periodistas.

Guerra de cifras. Nadie en la Xunta ha negado que la ola de fuegos de agosto ha provocado una catástrofe económica y ecológica. El problema es la graduación de los daños que se desprende de las 77.000 hectáreas arrasadas reconocidas por la Xunta, obligada a elevar los daños en un goteo permanente desde las 65.000 que estimaba inicialmente y las 70.000 que aventuraba su presidente, Emilio Pérez Touriño.

Los datos oficiales provisionales del ejecutivo autónomo contrastan con los aportados por el Centro de Información Forestal de la UE (86.000); el Instituto de Economía y Geografía del CSIC (92.000); los empresarios madereros (100.000) y la empresa Infocarto, que se basaba en imágenes de la Nasa para hablar de 180.000.

Responsabilidades políticas. El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, rechazó ayer ceses en su Gobierno como consecuencia de la catástrofe, «porque cada uno ha estado donde tenía que estar, al pie del cañón», aunque el vicepresidente, Anxo Quintana, reconoció que «el Gobierno no puede estar satisfecho». En lo que sí hay coincidencia en los dos socios es en la decisión de retrasar la autocrítica y el debate político hasta el final oficial de la campaña, que tendrá lugar el próximo septiembre.

El aplazamiento ha sido acogido con indignación por el PP, cuyo titular de Medio Ambiente en 2004, Xosé Manuel Barreiro, visiblemente molesto, recordaba las peticiones de dimisión de BNG y PSOE, que solicitaban entonces una Comisión de Investigación a la que ahora se niegan.

Barreiro rememoró que cuando él habló de «terrorismo forestal» -un mensaje repetido hasta la saciedad en esta ocasión por responsables del Gobierno y de la Xunta-, socialistas y nacionalistas le acusaron de «intentar criminalizar a la sociedad gallega».

El PP tilda a CiU de «excluyente» por vincular voto inmigrante y uso del catalán
ABC 20 Agosto 2006

MADRID. La propuesta no de ley presentada en el Congreso por Partido Socialista e IU-ICV para que en las próximas elecciones municipales de 2007 puedan votar todas aquellas personas que residan en España en situación regularizada sigue levantando una considerable polémica, especialmente en Cataluña, donde el debate se complica con la propuesta que realizaron Josep Maria Pelegrí, secretario general de UDC, y Josep Antoni Duran Lleida, secretario general de CiU, de que sólo puedan votar los inmigrantes que sepan hablar catalán.

Ayer, el presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, acusó al PSOE de pretender «convertir la inmigración en un gueto electoral» a su favor. También estuvo crítico Ferrnández Díaz fue con la postura de CiU. Para el portavoz popular, su propuesta «estaría excluyendo a muchos inmigrantes que residen en Cataluña y que pueden ser de la Unión Europea» señaló el militante popular. Pese a todo, Fernández Díaz también quiso poner de relieve que los «inmigrantes, además de derechos, también tienen obligaciones» y añadió que, «más allá de la lengua, hay que exigir una actitud de responsabilidad ante nuestras normas de convivencia», porque podría darse la situación de que un inmigrante musulmán hable catalán, pero discrimine a su mujer, añadió el portavoz de los populares.

Captar votos
Fernández Díaz cree que con su propuesta el PSOE demuestra «estar más pendiente de captar el voto de los inmigrantes que de su integración, lo que debería ser una prioridad». Según explicó, «el inmigrante ya puede votar debido a dos herramientas fundamentales que son la reciprocidad, a través de acuerdos entre países, y la obtención de la nacionalidad por residencia legal y continuada en el país». El parlamentario popular también instó al PSOE a que siga las «condiciones de integración previstas» como la residencia que demuestra la «voluntad de arraigo, compromiso y permanencia en el país».

ERC también terció ayer en la polémica sobre el voto de los inmigrantes y sus derechos y obligaciones. La reacción de la formación ante esta ampliación de voto está condicionada a «un debate profundo» sobre los problemas sociales y de integración de aquellos que quieran vivir en la comunidad catalana, según el miembro de su directiva, Josep Huguet. Huguet considera que la política migratoria del Gobierno no está «clara en cuanto a los flujos internos» y ello provoca que Cataluña se quede con «la parte más difícil, la de acogida».

Huguet señaló la necesidad de «dar una vuelta a la política de inmigración» y apuntó varios aspectos en los que ésta debe mejorar desde el punto de vista de su partido. En este sentido, manifestó que «clama al cielo que no haya ningún convenio sobre política migratoria con países saharianos».

Requisito básico
Por su parte, el presidente de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, acusó ayer a ICV de querer convertir la propuesta del voto inmigrante en una «pelea electoral». En su opinión, «se ha querido sacar de contexto» la posición de su formación respecto a la propuesta. Para Trias, las declaraciones de Duran i Lleida, «no tienen nada de xenófobas», ya que, según afirmó, «para integrarse en un objetivo común, una de las cosas básicas es aprender el idioma».

Sin embargo, la organización Sos Racismo Cataluña tachó ayer a CiU de tener un posicionamiento «xenófobo» y de crear «alarma social» al condicionar los derecho a voto de los inmigrantes extracomunitarios «a la imposición de más deberes que el resto de ciudadanos». La entidad solidaria también apuntó que no se puede «condicionar el derecho a voto a los convenios de reciprocidad» entre países, tal y como pretenden algunos partidos políticos. Según la entidad, ello implicaría construir «categorías de ciudadanos extranjeros», entre los que pueden y los que no pueden votar, según el país de residencia.

Por otro lado, en Melilla, el Gobierno autonómico, en manos del Partido Popular, pide al Ejecutivo que en la ciudad esta nueva Ley se realice «con matices» al ser fronteriza con Marruecos. El Gobierno melillense considera que «la Proposición de Ley respaldada por la Cámara Baja debería analizarse con cautela», dado que aún «queda mucho camino por recorrer».

Tanto es así, que ve «muy difícil» que esta medida se pueda aplicar en las próximas elecciones autonómicas y municipales, que tendrán lugar en mayo de 2007.

Las autoridades de la ciudad autónoma también indicaron que esta Ley debería ser «recíproca», de modo que los españoles emigrantes también pudieran tener derecho a sufragio en sus países de residencia.

EL PARTIDO POPULAR MAS PREOCUPADO POR LA PISCINA DE PEDRO J. QUE POR EL FUEGO EN GALICIA
Minuto Digital 20 Agosto 2006

A muchos votantes del PP no les extraña en absoluto la sequía de votos que los populares vienen cosechando en las últimas citas electorales. Incapacidad de reacción, alejamiento de la ciudadanía o la nula defensa de valores y principios hacen que los españoles se pregunten por la más que evidente deriva del Parido Popular.

La última está relacionada con la nula respuesta ciuadadana organizada por el PP frente a la tragedia del fuego en Galicia. Tan solo la Plataforma España y Libertad ha realizado un acto testimonial, mientras la izquierda se organiza y es capaz de culpar al mismo Partido Popular de los incendios en Galicia. Sólo un pequeñísimo grupo de ciudadanos concienciados, desde la web ardegalicia.info y Galicia Liberal van informando a la ciudadanía de lo que sucede en tierras gallegas.

Contrasta la falta de movilización en Galicia con la apresurada puesta en marcha de una manifestación para defender el derecho de Pedro J Ramírez, director de El Mundo, a usar una piscina en Baleares. Un caso de evidente "interés nacional" que ha movilizado a militantes populares de las islas e incluso de otras regiones españolas. Desde Alicante se fletó un avión para que 96 militantes de Nuevas Generaciones pudieran manifestarse en defensa de la famosa piscina. El viaje era "gratis total" a cuenta del PP alicantino.

Homenaje en Sallent a los dos guardias civiles asesinados por ETA
Hoy se cumplen seis años del atentado y, entre otros actos, habrá una ofrenda floral en el lugar en el que se cometió el doble crimen.
Huesca Heraldo de Aragón 20 Agosto 2006.

Sallent de Gállego no olvida. Hoy, seis años después de que ETA asesinase en la localidad a dos guardias civiles, Irene Fernández Perea y José Ángel de Jesús Encinas, va a celebrarse un homenaje en memoria de los dos fallecidos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) quiere acompañar en su dolor a los familiares de los dos agentes y por eso ha programado varios actos en su honor. A las 12.00, se celebrará una misa en la iglesia parroquial de Sallent y, a su término, habrá una ofrenda floral en la plaza del Valle de Tena, donde se produjo el atentado.

El Gobierno de Aragón estará representado por la consejera de Ciencia, Tecnología y Universidad, Ángela Abós. También han confirmado su asistencia el presidente regional del PP, Gustavo Alcalde, y el secretario de Organización del PAR, Juanma Ferrández, entre otros. No faltará el alcalde de Sallent, José Luis Sánchez, y diversos representantes de la Benemérita. Por su parte, el obispo de Huesca y Jaca, Jesús Sanz, ha enviado una nota oficial a la Asociación de Víctimas del Terrorismo excusando su asistencia, ya que se encuentra ahora en Alemania.

Izquierda Unida Aragón también se solidarizó ayer con los familiares de las víctimas, y recordó que apoya el proceso de diálogo abierto como única forma para evitar estos crímenes. Durante todo este tiempo, el recuerdo de los dos fallecidos ha seguido vivo en la localidad. De hecho, el delegado de la AVT en Aragón, José Marco Jalle, explicó que durante los últimos cinco años, las familias de Irene y José Ángel han organizado misas con el sacerdote de Sallent. Al cumplirse el sexto aniversario, "hemos querido que se sientan más arropados" con "un poco de cobertura institucional", concretó Marco.
Una bomba lapa

El terrible atentado tuvo lugar hace seis años, a las 6.05 de la mañana. Una bomba lapa con diez kilos de dinamita, adosada bajo un todoterreno Nissan Patrol, acabó con la vida de los dos jóvenes cuando salían a patrullar al lado del cuartel de Sallent. El vehículo oficial estaba aparcado, como siempre, en una plaza pública frente a un rocódromo y al lado del cuartel, que a esa hora de la madrugada no estaba vigilado. Irene Fernández, que era la conductora, murió en el acto tras la brutal explosión.

Su compañero sufrió múltiples amputaciones y lesiones. Aunque fue trasladado con vida al Hospital San Jorge de Huesca y los médicos intentaron reanimarlo durante media hora, los esfuerzos fueron baldíos. Todo Aragón, así como el resto de Comunidades, se echaron a la calle en los días siguientes. Decenas de miles de personas de Zaragoza, Huesca y Teruel participaron en multitudinarias concentraciones en las que mostraron su repulsa y su dolor. La más multitudinaria (35.000 personas) tuvo lugar el 21 de agosto en la plaza del Pilar de Zaragoza.

La Xunta quiere reconocer la «galleguidad» a todos sus emigrantes, incluso a los no inscritos en el Registro
SANTIAGO DE COMPOSTELA. ABC 20 Agosto 2006

La Xunta de Galicia propone, a través de una reforma legal y del Plan Estratégico de Emigración 2006-09 que desarrollará la secretaría general de este área, que se reconozca la «galleguidad» como «un derecho y un deber activo» a todos los emigrantes originarios de Galicia y no sólo a los inscritos en el Censo de residentes ausentes (CERA).

Así se expondrá los próximos días 24 y 25, en la VIII reunión del pleno del Consejo de Comunidades Gallegas, que se desarrollará en Santiago de Compostela. Los representantes de 154 entidades y centros gallegos de distintos países conocerán de primera mano estas propuestas y tendrán la oportunidad de debatir y realizar sus aportaciones al respecto, informa Europa Press.

La propuesta establece que la Ley de Galleguidad -en vigor desde 1983- «no puede limitarse a reconocer como gallegos a aquellos ciudadanos de origen gallego inscritos en el CERA, sino que debe ampliarse a todo ciudadano de origen gallega o a sus descendientes -que puedan acreditar este origen- que participan en la vida social y cultura de Galicia».

Fuentes de la Secretaría General de Emigración precisaron que la extensión del reconocimiento de la «galleguidad» se plantea para posibilitar «hacer políticas no sólo para los gallegos del CERA, sino también para sus hijos y sus nietos menores de 18 años, porque son también gallegos y hay que reconocerles derechos y deberes», declararon, al tiempo que recordaron la apuesta de la Xunta por «dar una salida» a la situación en la que están los hijos y nietos de emigrantes gallegos.

Asimismo, otras cuestiones a incorporar a la Ley de Galleguidad son la promoción de la igualdad de derechos civiles, políticos y sociales de los gallegos y la accesibilidad a la cultura, a la lengua y al patrimonio gallego, independientemente de donde residan; y la salvaguarda de los derechos de los retornados.

Según la propuesta de reforma, el concepto de «galleguidad debe ser revisado y ampliado de tal forma que el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de Galicia abarque tanto a las comunidades como a los individuos». Establece, asimismo, que la «galleguidad» es mucho más que un sentimiento, es «un derecho y un deber activo que caracteriza y compromete a los gallegos y gallegas que residen fuera de la Comunidad autónoma».

Punto de partida
Aunque la revisión de la actual Ley de Galleguidad introduce novedades en relación a las comunidades gallegas en el exterior -como la regulación del funcionamiento del Registro de Comunidades Gallegas- o la adaptación de la composición y el funcionamiento del Consejo de la Galleguidd -en sustitución del Consejo de Comunidades Gallegas-, el punto de partida será la extensión del concepto de «galleguidad».

La Xunta plantea este cambio normativo para que sirva de origen de una atención actualizada y adecuada a los gallegos y gallegas en el exterior tanto por parte de la Administración como la propia sociedad gallega, a partir del análisis y conocimiento de las necesidades y expectativas de la población gallega en el exterior.

Para adecuar las políticas de emigración a las diferentes realidades de los países que acogieron a gallegos, la Administración gallega apuesta por que la nueva Ley de Galleguidad recoja cuestiones concretas como la responsabilidad de la Comunidad autónoma en el desarrollo de actuaciones que contribuyan a la mejora del bienestar y calidad de vida de los gallegos y gallegas en el exterior, en especial de lo que tengan mayor vulnerabilidad; facilitar el acceso a la información a toda la población gallega residente en el exterior, especialmente a aquella que no pertenece a ningún centro.

También se incluirá en la reforma legal mecanismos adecuados para promover la participación en la vida social y cultural de los mayores gallegos residentes en el exterior; una apuesta por el papel de la juventud de la diáspora; la potenciación del derecho a la educación y el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación a toda la emigración gallega como canal de comunicación ordinaria; y el derecho de los emigrantes al acceso al patrimonio y recursos culturales gallegos, en las mismas condiciones que la población de Galicia, entre otras cuestiones.

La Xunta obligará a todos los gallegos que vivan fuera a «comprometerse» con Galicia
- La nueva Ley de Emigración incluirá la «galleguidad» como un derecho y un deber activo individual - Los hijos, nietos y bisnietos de gallegos en el extranjero tendrán que «cumplir» con la Comunidad
M. R. Iglesias  La Razón 20 Agosto 2006

Madrid- La Xunta ha decidido proponer, a través de una reforma legal del Plan Estratéxico de Emigración 2006-09 que desarrollará la secretaría general de este área, que se reconozca la «galleguidad» como «un derecho y un deber activo» a todos los emigrantes originarios de Galicia y no sólo a los inscritos en el Censo de residentes ausentes (CERA).

Así se expondrá la próxima semana, el 24 y el 25 de agosto, en la VIII reunión del pleno del Consello de Comunidades Galegas, que se desarrollará en Santiago de Compostela. Los representantes de 154 entidades y centros gallegos de distintos países conocerán de primera mano estas propuestas y tendrán la oportunidad de debatir y realizar sus aportaciones al respecto. El abogado José Luis Rodríguez Pardo y el propio secretario general de Emigración, Manuel Luis Rodríguez de la Xunta, serán los encargados de presentar en este encuentro las propuestas de la Xunta sobre la reforma de la Lei de Galeguidade y el Plan Estratéxico de Emigración, respectivamente.

Los residentes en el exterior, casi medio millón, significan un 11, 6 por ciento del censo electoral de Galicia. En todas las campañas electorales son objetivo prioritario de los políticos, y en las últimas elecciones autonómicas estuvieron a punto de dar una nueva mayoría a Manuel Fraga. Este 11,6 por ciento sólo está constituido por los gallegos inscritos en el CERE, pero a partir de ahora la cifra puede variar, ya que la nueva ley no sólo contempla a los inscritos, sino que pretende regular de manera individual los derechos y deberes de cada gallego emigrado.

Según la propuesta de reforma, el concepto de «galleguidad debe ser revisado y ampliado de tal forma que el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de Galicia abarque tanto a las comunidades como a los individuos».

Establece, asimismo, que la «galleguidad» es mucho más que un sentimiento, es «un derecho y un deber activo que caracteriza y compromete a los gallegos y gallegas que residen fuera de la comunidad autónoma». Aunque la revisión de la actual Lei de Galeguidade introduce novedades en relación a las comunidades gallegas en el exterior, como la regulación del funcionamiento del Rexistro de Comunidades Galegas, o la adaptación de la composición y el funcionamiento del Consello da Galeguidade, en sustitución del Consello de Comunidades Galegas, el punto de partida será la extensión del concepto de «galleguidad».

La Xunta aboga por «una profunda revisión» de la legislación vigente sobre el reconocimiento de la «galleguidad», dado que la actual norma lleva más de dos décadas de vigencia. Por ello, la Secretaría Xeral de Emigración expondrá ante los asistentes al Consello la propuesta de reforma de la Lei de Galeguidade en la que se aboga por extender a los individuos el reconocimiento de este concepto que actualmente tienen atribuido en exclusiva las comunidades gallegas del exterior.La propuesta establece que la Lei de Galeguidade «no puede limitarse a reconocer como gallegos a aquellos ciudadanos de origen gallego inscritos en el CERA, sino que debe ampliarse a todo ciudadano de origen gallega o a sus descendientes que participan en la vida social y cultural de Galicia».

Hijos, nietos...Fuentes de la Secretaria Xeral de Emigración precisaron ayer que la extensión del reconocimiento de la «galleguidad» se plantea para posibilitar «hacer políticas no sólo para los gallegos del CERA, sino también para sus hijos y sus nietos menores de 18 años. Son también gallegos y hay que reconocerles derechos y deberes», declararon.

La nueva ley debe convertirse en «una herramienta útil, eficaz y operativa», por lo que debe recoger cuestiones como la institucionalización de las relaciones de las administraciones públicas gallegas con el tejido asociativo en el exterior.
actuar en el futuro con más eficacia y eficiencia” en cuestiones como la atención sociosanitaria a los emigrantes, la democratización de los centros gallegos, el papel a desempeñar por los jóvenes en las directivas de las entidades del exterior y el reconocimiento de los gallegos residentes en el exterior.

En relación con los centros gallegos en el exterior, la Xunta apuesta por propiciar que estas entidades sean autosuficientes y que no dependan de las subvenciones publicas para su supervivencia.

Así, la pretensión de la Secretaría Xeral de Emigración es activar medidas y aportar recursos que permitan este objetivo, para lo que estudia, entre otras actuaciones, el ayudar a la formación de los directivos de los centros gallegos en materia de gestión, el facilitar asesoramiento y dotar a las entidades de herramientas tecnológicas que racionalice los recursos.

El 20% de la plantilla de la Administración vasca de Justicia recibe cursos de euskera
 La Razón 20 Agosto 2006

País Vasco- El 19,2% de la plantilla de la Administración vasca de Justicia estaba inmersa el año pasado en procesos de euskaldunización. Según datos recogidos en la memoria del Observatorio Vasco de la Administración de Justicia relativo a 2005, un total de 2.905 personas completaban la plantilla judicial en Euskadi, entre magistrados, jueces, secretarios, fiscales, jueces de paz y el resto del personal. De éstos, 559 se dedicaron el año pasado a aprender euskera. Los porcentajes de empleados aprendiendo la lengua vasca se mantuvieron similares en todos los colectivos de la Administración de Justicia.

De los 208 jueces y magistrados que ejercen en Euskadi, 35 se integraron en un proceso de euskaldunización (16,8%); de los 167 secretarios judiciales, también 35 (20,9%); y de los 80 fiscales, 13 se inscribieron en cursos de euskera (16,2%). El colectivo en el que más éxito está teniendo cuantitativamente el aprendizaje de euskera es, sin embargo, en el del personal al servicio de la Administración de Justicia. El año pasado, 2.213 personas trabajaban en este ámbito, de las que 94,4% lo hacían como funcionarios, entre gestores, tramitadores, auxiliar judicial, oficinistas y médicos forenses Entre los funcionarios, 466 personas estuvieron inmersas en procesos de euskaldunización, lo que supone un 22,2% de la plantilla.

DESPUÉS DE LAS ÚLTIMAS CRISIS POLÍTICAS
Rajoy advierte que España va hacia el "suicidio del Estado eficaz" por la "incompetencia absoluta" del PSOE
El presidente del Partido Popular ha advertido que las crisis políticas vividas este verano con asuntos como la inmigración o los incendios, demuestran que España va hacia el "suicido del Estado eficaz". Mariano Rajoy considera que ha quedado demostrado que el PSOE tiene un estilo propio de gobernar: "la incompetencia absoluta". El líder de los populares advierte que Pasquall Maragall tiene toda la razón cuando dice que "el Estado es residual en Cataluña". Y es que desde que gobierna el PSOE, se está acometiendo un "debilitamiento brutal del Estado", en este sentido totalmente contrario al debate acometido y resuelto en Alemania, ha dicho Rajoy.
Europa Press Libertad Digital 20 Agosto 2006

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha advertido que el presidente de la Generaldad, Pasqual Maragall, tiene toda la razón cuando dice que "el Estado es residual en Cataluña". Por ello, el líder popular ha anunciado que la propuesta sobre España que presentarán a la vuelta del verano, "solo pretende afirmar que España es una Nación y que los españoles necesitamos un Estado con competencias y funciones delimitadas". A su juicio, desde que gobierna el PSOE, se está acometiendo un proceso de "debilitamiento brutal del Estado", en sentido totalmente contrario al debate acometido y resuelto en Alemania.

Según el presidente del PP, lo que ha quedado claro este verano es que el estilo del PSOE es un estilo propio de gobernar: "Incompetencia". "Empezamos con el aeropuerto de Barcelona, –ha dicho– después con los incendios de Galicia y seguimos con la inmigración en Canarias y hasta en motos de agua. Lo dicho, la incompetencia absoluta". Rajoy ha advertido que el debate político que protagonizará durante los dos próximos años será el de la recuperación de la eficacia del Estado.

"Está en tela de juicio la existencia de un Estado capaz"
"Hoy en día, el concepto de España como nación está en tela de juicio por el Estatut, pero lo que hoy está en tela de juicio en España es la existencia de un Estado capaz. Los próximos dos años se han de convertir en el reforzamiento de los poderes del Estado, primero para devolver la igualdad entre los españoles y segundo, para resolver circunstancias excepcionales", ha dicho.mRajoy ha recordado en este sentido que dicho debate ya se acometió en Alemania y se ha reformado la Constitución para poder hacer frente a las grandes catástrofes. "Se trata de tener un Estado útil, eficaz y capaz de resolver los problemas de los españoles, porque nos estamos quedando sin Estado y lo estamos haciendo de una manera absolutamente irresponsable", ha aseverado.

Sobre la necesidad de reformar la Constitución que traería consigo esa propuesta del PP, el jefe de la oposición ha dicho que su propuesta es fijar las competencias de las administraciones. "No puede ser que las competencias que son de todos las fije una comunidad como Cataluña o Andalucía. El Estatut o el Estatuto andaluz afectan a toda España y lo que afecta a toda España deben decidirlo los españoles. Esa va a ser mi propuesta", ha concluido.

Recortes de Prensa   Página Inicial