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Recortes de Prensa     Domingo 3 Septiembre  2006

Patente de corso nacionalista
Editorial ABC 3 Septiembre 2006

EN el ecuador del mandato socialista es oportuno recordar que el presidente del Gobierno se fijó como objetivos la normalización de relaciones políticas con los nacionalismos y el desarrollo del Estado autonómico. Ambas propuestas fueron expuestas con la retórica propia de un Ejecutivo que se ha conducido sólo con espejos retrovisores para desmantelar cualquier vestigio de los mandatos de Aznar, salvo el muy beneficioso y rentable de la herencia económica. En concreto, la supuesta política territorial del Gobierno socialista se asentó en la premisa de que los problemas con los nacionalistas y la conflictividad constitucional con las autonomías eran resultado de la intransigencia aznarista. Se manipulaba así la experiencia histórica que protagonizó el PP al establecer acuerdos políticos con los nacionalismos vasco y catalán a partir de 1996 y la intensa consolidación del Estado autonómico llevada a cabo en los ocho años de los gobiernos del PP, con la renovación indefinida del Concierto vasco, la aprobación de un generoso sistema de financiación y la transferencia de competencias decisivas para la culminación del estamento autonómico del Estado. Todas estas reformas contaron con el apoyo socialista, incluso la resistencia política y social a la alianza del PNV con ETA en el Pacto de Estella, oposición que populares y socialistas plasmaron en el preámbulo del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, el segundo pacto constitucional de la democracia española.

Dos años después de que el PSOE llegara a La Moncloa, y con el anticipo inequívoco del tripartito catalán forjado en octubre de 2003, los objetivos de Rodríguez Zapatero han adquirido carta de naturaleza en perjuicio de la continuidad constitucional del Estado y de su viabilidad institucional y financiera. La normalización política de las relaciones con los nacionalismos ha consistido en la progresiva homologación de sus opciones más extremistas y anticonstitucionales, con participación en el poder autonómico, en el caso de ERC, o con relaciones situadas extramuros de la legalidad y de la ética democráticas, en el caso de Batasuna. Por otro lado, el desarrollo del Estado autonómico ha consistido en la progresiva derogación del Estado de las autonomías para implantar el modelo confederal que, como diseña el nuevo Estatuto catalán, permite cuadrar el círculo de la soberanía sin Estado propio, que por ahora es a lo que aspira el sentido utilitarista de los nacionalismos, conscientes de lo cómodo que es tener subcontratado al Estado español para apagar incendios o cubrir los boquetes de las policías autonómicas.

Sin embargo, nada de esto se ha traducido en una moderación de los nacionalismos, sino que les ha abierto nuevas expectativas, con la convicción de que nada deben al resto de España y de que la situación actual es una estación de paso para llegar, cuando convenga, a los objetivos soberanistas. El PSOE, ofuscado por la conservación del poder, ha facilitado la estrategia nacionalista no sólo sumándose a ella en Cataluña y el País Vasco, sino también desactivando los recursos con los que el Estado cuenta para mantenerse como garantía del principio nacional en el que se fundamenta la Constitución. Las Cortes aprueban un Estatuto catalán que deroga el orden constitucional en Cataluña y mutilan su propia soberanía presupuestaria menoscabando la política de cohesión nacional. El Gobierno acepta negociar el futuro del País Vasco en mesas extraparlamentarias que acogerán a ETA y a quien ETA designe como brazo político, dejando a la Cámara de Vitoria reducida a un edificio de ruta turística. La Fiscalía secunda las conveniencias del proceso de negociación con ETA, trabando la acción de la Justicia.

Si el Estado se mengua, ¿por qué habrían los nacionalistas de renunciar a sus objetivos? La situación les favorece como nunca, y el hecho de que entre el actual Gobierno central y los nacionalismos no exista la hostilidad de antaño se debe a que éstos se han encontrado de bruces con la oportunidad que todos los gobiernos anteriores -populares y socialistas- le habían negado de expulsar la Constitución y el Estado de los territorios que patrimonializan. El futuro inmediato es propicio para un debate sobre el Estado y la nación, en el sentido que ha propuesto Mariano Rajoy, mediante una reforma constitucional que garantice la existencia de una organización política común para toda España y que ponga fin a la patente de corso que el socialismo ha extendido a los nacionalistas contra el Estado.

Alatriste y España
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS. Director de ABC 3 Septiembre 2006

... La cuestión no consiste en la formulación de ese supuesto catastrofismo según el cual «España se rompe», sino en un proceso más sutil y pernicioso: «España se evapora». O por ser más exactos, a «España la están evaporando» en el sentido de hacerla desaparecer sin que se note la dilución....

ACASO ahora esté más vigente que nunca aquello de que es español el que no puede ser otra cosa. Lo español -tanto en sustantivo como en adjetivo- se ha convertido, al igual que el Estado y la Nación, en algo residual y, en todo caso, subordinado a otra condición principal. Este distanciamiento afectivo de la condición nacional se ha producido en España simultáneamente a una crisis de identidad colectiva como la que en la actualidad se produce en nuestro país debida, en lo esencial, a un desmantelamiento de los valores comunes y, sobre todo, a la destrucción del proyecto compartido que se quiso configurar en la refundación democrática de España que se hizo en 1978.

La búsqueda de denominaciones políticas y jurídicas que ponen distancia entre la condición general de español y la específica de gallego, catalán, vasco, canario o andaluz, ha comenzado a trascender a la realidad cotidiana de tal manera que la labor de desnacionalización impulsada desde determinados centros de poder -con la intención de retenerlo cuarteando la integridad de la sociedad española en diecisiete agrupaciones de ciudadanos más fáciles de someter a los caciquismos autonómicos- se ha convertido en una especie de suicidio al que concurren casi con fruición las distintas partes de un todo que otrora fue España.

La cuestión no consiste en la formulación de ese supuesto catastrofismo según el cual España se rompe, sino en un proceso mucho más sutil y pernicioso: España se evapora. O, por ser más exactos, a España la están evaporando, en el sentido de hacerla desaparecer sin que se note la dilución. En el propósito convergen esfuerzos que vienen de la política y de la cultura, que a su vez encuentran en todos los niveles de la educación -desde la primaria a la universitaria- el espacio más propicio para introducir la contrateoría nacional que hoy hace furor. Los procesos de desnacionalización, por eso, se basan en el cultivo de la ignorancia histórica y en la quiebra de las urdimbres morales que dan cuerpo a la sociedad. Tampoco se trata de preconizar que la unidad de España sea un bien moral, en los términos de la polémica que enfrenta a sectores de la jerarquía católica, pero sí de afirmar que es perversa la generación de un estado carencial de identidad al sustraer a los ciudadanos y a la sociedad la explicación de su propio pasado y restar posibilidades -obviamente, desde lo unitario- para encarar el futuro. La destrucción de lo nacional no es una inmoralidad como tal, sino una falsedad repudiable desde la ética connatural al civismo democrático. De ahí que los episodios de segregación territorial hayan sido, por lo general, traumáticos y, en muchos casos, hayan provocado gravísimos conflictos, incluso guerras. El cuerpo social habitualmente se resiste al fraude por escaso que sea su afán de supervivencia.

Esta situación carencial -la desaparición por evaporización de lo español- no se va a remediar mediante políticas públicas para las que no hay voluntad sino a través de los nuevos medios y modos de conocimiento con un alcance masivo. Me refiero, por ejemplo, al cine, que ha jugado un papel determinante en el patriotismo estadounidense, y me refiero también a la literatura histórica que ha acertado a relatar -enhebrando ficción y realidad- los pasados, buenos y malos, de las naciones en las que sus dirigentes repudian su pretérito común. Digo todo lo cual, para agradecer a Arturo Pérez Reverte, escritor, académico y periodista, su hallazgo literario de un personaje que «no era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego Alatriste y Tenorio, y había luchado como soldado de los tercios viejos de Flandes. Cuando lo conocí en Madrid malvivía, alquilándose por cuatro maravedís en trabajos de poco lustre, a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas».

El capitán Alatriste, incrustado en el Siglo de Oro español, amigo de Francisco de Quevedo, prestatario de servicios al Conde-Duque de Olivares, el valido -el más grande de la historia de España- de Felipe IV, el rey planeta, combatiente en el sitio de Breda, coetáneo de Diego de Velázquez y muerto heroicamente en la batalla de Rocroi, es desde el jueves el protagonista de una película que presta el favor de enseñar en un código propio del siglo XXI -aventura, acción, muerte, amor, traición y épica- unos retazos de la España del siglo XVII cuando ser español resultaba una condición imperial desdeñada -también entonces- con el escepticismo propio de los naturales de este bendito país.

Pero si en Alatriste emerge también esa manera descuidada de ser español, a menudo bronquista, altiva en ocasiones, pero siempre digna, sobrevuela de forma constante -más aún en los relatos de Pérez Reverte que en la cinta de Agustín Díaz Yanes- la entidad de lo español como excipiente del núcleo del relato que encuentra en hechos históricos, en sucedidos contrastados, las apoyaturas que dan carácter y perfil al personaje. No se me ocurre mejor sistema de extensión del conocimiento -por parcial y epidérmico que pueda resultar- de algunos episodios de nuestra historia común que acogerse al espectáculo cinematográfico de Alatriste que, como producto fílmico nacional, asume el tema de época sin complejo alguno y remite a un marketing que excita la curiosidad en el subconsciente de lo español.

De iniciativas como ésta -en la que lo literario y lo cinematográfico casan casi de manera natural e irremediable- está necesitada la sociedad española porque sólo se enseña divirtiendo, sólo se aprende cuando la curiosidad se estimula, sólo hay inquietud intelectual cuando ésta la precipitan catalizadores sociales como pueda serlo un escritor de mayorías como Pérez Reverte. Los creadores de estados de opinión, no son, como a veces se propala, los que se reservan para sí semejante condición mediante el histrionismo de sus conductas o la extravagancia de sus tesis, sino los muñidores de ilusiones y de épicas, los alquimistas que dosifican la realidad y la ficción sin faltar a aquella ni demediar la ilusión de ésta, los que, sin militar en credos sectarios o partidistas, se apartan de lo inmediato para contemplar el conjunto e inventan para todos pautas, referencias y ejemplos.

Alatriste, que no es, según su feliz partero, ni «el más honesto ni el más piadoso», es todo un héroe -y un héroe español- construido con materiales que ahora no se llevan. No es un Harry Potter, tampoco es un Indiana Jones, y resultaría imposible que lo representase Tom Cruise. Arturo Pérez Reverte ha elaborado un personaje de leyenda con denominación de origen: español. O en otras palabras: Alatriste es, también, un desafío a lo políticamente correcto porque se fragua en todo aquello que la corrección impugna, esto es, el limo del lecho de un río histórico con tantos siglos de fluencia en la cuenca del tiempo como es España y su pasado. Y José Luis Rodríguez Zapatero acudió al estreno de la película. Si, además, nuestro presidente leyera «Limpieza de sangre» o «El sol de Breda» o «El oro del rey» o «El caballero del jubón amarillo» -todo el Capitán Alatriste en acción- eso que habríamos ganado en la pelea para que España no se evapore.

La rabieta de Maragall
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 3 Septiembre 2006

EL gran hechizo político de Jordi Pujol, sostén de una coalición política blandengue y, durante mucho tiempo, monopolista de la prédica y el uso del nacionalismo catalán residió en la ignorancia del entorno. Pujol sabía que Cataluña, un sentimiento, no tiene sustancia para pactos internos, intrigas de salón y complejas astucias de efectos retardados, y actuó en consecuencia. Cuando, en un complejo arabesco de la aritmética electoral, Pasqual Maragall tomó el poder de Pujol no aplicó la retranca burguesa que le hubiera correspondido por estirpe y condición. Para mandar tuvo que ponerse en manos de unos comunistas rancios y descafeinados y de unos separatistas virulentos -el tripartito- y ahí están los resultados. Cataluña ha ganado en autogobierno lo que ha perdido en entidad y relevancia, el PSC ha quedado hecho unos zorros y, salvo CiU -la víctima pretendida del proceso-, todos tratan de salvarse en un naufragio previsible. La embarcación de fortuna no ha soportado el peso del Estatut.

Maragall, como un niño caprichoso, ha preferido romper el juguete antes de dárselo a sus hermanitos y una hipótesis de sosegado relevo ha pasado a ser una certeza de confrontación. El PSC imaginado por Maragall, incompatible con el plasmado por José Montilla, vive, además de su propia contradicción, una notable rabieta. Al fondo, triunfal, una ERC que difícilmente podrá presentar al cobro los pagarés que ha ido coleccionando en este tiempo cree beneficiarse con el mal ajeno y la siempre esponjosa Cataluña se vuelve áspera.

El tripartito ha constituido un gran fracaso político con el único resultado de un Estatut de difícil traslación al bienestar ciudadano. Es la saña centrífuga. Un curioso fenómeno que lleva, por ejemplo, a que TV3, la televisión pública catalana, contrate a un tipo como Pepe Rubianes, un gallego que dice ser humorista, para que, en horario infantil, pueda decir: «Que se vaya a la mierda la puta España». El desprecio nunca cursa con tan mala educación, y para llegar tan lejos -«que se vayan a tomar por culo estos españoles»- hace falta, sobre una mala condición, un inmenso complejo de inferioridad. Ahí, en la anécdota, late el problema que se complementa y redondea cuando el Ayuntamiento de Madrid, en la errática política cultural de Alberto Ruiz-Gallardón, contrata al orate gallego para demostrar -¡que no falte grandeza!- que los disparates que caben en TV3 tienen también espacio en el Teatro Español de Madrid.

El amontonamiento de 17 cuerpos fofos sobre una superficie dada exige una mínima estructura rígida que, sin oprimirlos, los mantenga enhiestos y no desparramados y en desagradable mezcolanza. José Luis Rodríguez Zapatero ha aflojado los tornillos de esa imprescindible estructura estatal y los resultados, como los de Cataluña, no pueden sorprendernos, aunque, desde la más mínima prudencia, debieran mantenernos en alerta permanente.

Nación
Por JON JUARISTI ABC 3 Septiembre 2006

¿UNA izquierda liberal? Desde luego, mirando sólo el puro presente, parece una broma, un contrasentido, pero hubo una izquierda liberal, y la prueba de ello es que la nación española fue posible aún después de que el imperio hispánico se cuarteara y se perdiera. Nadie habría dado un duro por España ante el lecho de muerte de Fernando VII, aquel forúnculo maligno que dedicó su reinado a borrar todo atisbo del proyecto nacional alumbrado en Cádiz y del que, ante su imposibilidad, se fueron descolgando las repúblicas americanas. Y, sin embargo, hubo nación, a pesar de todo, porque hubo liberales e incluso liberalismo en la izquierda y en la derecha. A veces, un liberalismo residual y unos pocos liberales medio muertos de miedo. Milagrosamente, bastaron esos rescoldos para dar a la nación una continuidad a través de dos siglos.

Si la nación no es un proyecto libremente compartido, no es nada. La nación es una hazaña de la voluntad, y la voluntad necesita libertad para desplegarse y actuar. La historia (colectiva) y la memoria, que es siempre individual, han sido herramientas útiles (o todo lo contrario), y nada más que herramientas, en el despliegue de la constitución ¿De cuál de todas? De la de Cádiz, por supuesto. La historia constitucional de España es la historia de las tentativas de recobrar el ideal de Cádiz, que convocó a los españoles de uno y otro hemisferio a un proyecto común. Tan mal se hizo esa historia que un hemisferio entero se bajó en marcha del proyecto. Tan bien se hizo, que en el otro hemisferio el proyecto resistió guerras, revoluciones, dictaduras y terrorismos de diverso pelaje, gracias a la derecha liberal y gracias a la izquierda liberal, que dónde se habrá metido.

José María Portillo Valdés ha publicado un libro imprescindible para entender esta historia: El sueño criollo (Nerea, 2006), secuela o segunda parte de otro libro reciente, Crisis atlántica, aparecido también este año (Marcial Pons). José María Portillo es lo que queda de la izquierda liberal en la generación de historiadores inmediatamente posterior a la mía según el canon estrictamente orteguiano (hay otros historiadores liberales en ella, pero no son de izquierda). Bilbaíno, miembro fundador del Foro Ermua y de Basta ya!, es también uno de los dos únicos desterrados/fugitivos de la dulce Euskadi -que yo sepa- realmente felices con su suerte. El otro soy yo mismo, por si hubiera dudas, aunque quizá sólo en el caso de Portillo pueda hablarse de fuga de cerebros.

La tesis de El sueño criollo es clara y sencilla a más no poder: el liberalismo español del XIX aprendió la lección de la emancipación americana y respetó la doble aspiración de autonomía e integración nacional en España de vascos y navarros, al contrario de lo que el absolutismo fernandino había hecho con los españoles del otro hemisferio. Espartero, que había combatido a los insurrectos americanos (y cuyo nombre fue el primero que desapareció del callejero bilbaíno bajo el primer Ayuntamiento nacionalista de la Transición, como recordaba hace unos días en Abc José Varela Ortega), no quiso repetir en España los errores trasatlánticos de la política fernandina. Al encajar los fueros en la Constitución, la ley de 25 de octubre de 1839 soldó a Navarra y a las provincias vascas con la nación, a la vez que establecía el autogobierno de aquéllas en niveles nunca alcanzados bajo el Antiguo Régimen. No obstante, y en cierto modo, la independencia mítica invocada por Sabino Arana contra dicha ley existió: «Aquella «independencia» -escribe Portillo- era casi una consecuencia ecológica inevitable, un efecto de la extensión del bosque y la pobreza del territorio tan poco apto para el cultivo y, consecuentemente, para el comercio y la civilización». La Constitución de 1978 derogó la ley del 25 de octubre de 1839 mediante su actualización paradójica en el reconocimiento y amparo de unos derechos históricos, que no son otra cosa que la autonomía reconocida a vascos y navarros por la nación constitucional.

Curso 2006-2007: una reválida y dos evaluaciones
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 3 Septiembre 2006

COMO siempre desde hace más de treinta años, ETA volverá a ser otra vez la gran protagonista del nuevo curso político que se inicia este primer fin de semana de septiembre. Vayan como vayan, las negociaciones con la banda terrorista acapararán, desde luego, todas las portadas.

Un hecho decisivo vendrá, en todo caso, a romper -en un sentido u otro- la actual sensación de encallamiento: la necesidad de Batasuna de concurrir a las municipales, lo que le estará vedado si sus dirigentes se niegan a hacer lo que hacemos los restantes españoles: cumplir las leyes. Esa será sin duda la reválida del proceso en que hoy estamos: sabremos, dependiendo de cómo se produzca, si la ha superado Batasuna o el Gobierno le ha permitido, para aprobarla, utilizar chuletas y hacer trampa.

En noviembre tendremos, además, elecciones catalanas. Descontado el descalabro del PP, la duda estará en cuál será la coalición nacionalista gobernante: si la de ponerse a rezar (CiU y ERC), la de ponerse a llorar (PSC, ERC e ICV) o la de ponerse a temblar (CiU y PSC). En este último caso habrá aún dos posibilidades, según sea Mas quien apoye a Montilla, o Montilla quien apoye a Mas, para presidir la Generalitat.

Zapatero está tranquilo porque sabe que cualquier coalición le beneficia... pero no debería estarlo tanto. Pues, sea cual fuere, el próximo Gobierno pondrá en marcha el Estatuto y entonces, sólo entonces, nos enteraremos de lo que vale un peine. Para ir abriendo boca, las dos primeras medidas de un Maragall fantasmagórico no tienen desperdicio: un decreto creando una oficina diplomática en Bruselas y el anuncio de que se instituirá un cuerpo de inspectores de hacienda de la Generalitat.

Con la primavera llegarán los cantos de los pájaros, y, con ellos, los menos bucólicos de la campaña para las municipales y autonómicas. Aunque en esos comicios se decide lo que se decide de verdad -quién gobierna las 13 comunidades de vía general, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales-, nada evitará que se conviertan también en unas primarias de las generales previstas para el año 2008.

Si al PP le fuera bien, Rajoy podría todavía aguantar con Hernández y Fernández, y seguir con su política de «o el PP o el caos». Pero si fuera el PSOE el que saliera triunfante del envite, que es lo que de momento anuncian las encuestas, habrá sonado para Rajoy la hora de escoger entre cambiar de equipo y de discurso o aceptar que se dirige hacia un seguro descalabro en el 2008. Y para Zapatero, la de arrellanarse, ya sin rubor, como el gran pachá de su partido, en el que tendrá los días contados toda discrepancia.

Líbano
Zapatero el pacificador
Ignacio Cosidó Libertad Digital 3 Septiembre 2006

El ansia infinita de paz de nuestro presidente del Gobierno está provocando un despliegue intensivo de soldados españoles por todos los rincones del planeta. No hay misión en el mundo, por peligrosa que sea o alejada que se halle de nuestros intereses, a la que Rodríguez Zapatero no se apunte impulsado por su espíritu pacificador. En sus dos años como presidente hemos incrementado sustancialmente nuestro despliegue en Afganistán, nos apuntamos a la misión de la Unión Europea en el Congo y ahora somos uno de los principales contribuyentes a la misión de Naciones Unidas en Líbano. Con todo ello, es más que previsible que rebasemos el tope de 3.000 soldados en el extranjero que el propio Gobierno se había autoimpuesto y no parece dispuesto a modificar.

Pero no es sólo su ansia infinita de paz lo que mueve a Zapatero a enviar soldados españoles a los puntos más calientes del planeta. El aumento de nuestros efectivos en Afganistán se decidió en un intento de compensar a Estados Unidos por nuestra precipitada retirada de Irak. La actual misión en el Congo fue en buena medida una concesión a Francia. Con el despliegue en Líbano, Zapatero está buscando proyectarse como líder mundial. Las Fuerzas Armadas son así empleadas más en función de sus propios intereses políticos que en razón de la paz universal o de los más amplios y trascendentes intereses nacionales.

Hay además una contradicción esencial en esta política zapateril de si quieres la paz, envía soldados. Máxime cuando Zapatero gano las elecciones como el adalid de la retirada de las tropas españolas de Irak. Es más, Zapatero ha insistido desde que es presidente en que toda utilización de la fuerza es contraproducente para la causa de la paz, una doctrina que se pone en cuestión cada vez que autoriza una operación en la que las tropas españolas no sólo asumen graves riesgos, sino que pueden verse obligadas a utilizar la fuerza para cumplir el objetivo de su misión. El Gobierno suele esquivar este dilema dando instrucciones a nuestras fuerzas armadas de que no utilicen la fuerza salvo en casos de estricta legitima defensa, pero eso puede colocar a nuestros militares en una mayor vulnerabilidad e incluso invalidarlos para determinadas misiones en las que se encuentran comprometidos por decisión del propio Gobierno.

El mejor ejemplo de esta contradicción lo constituye nuestro despliegue en Afganistán. En primer lugar, porque como le recuerdan recurrentemente sus socios de izquierda resulta cada vez más difícil entender la diferencia que permite al Gobierno aumentar los efectivos en este país al mismo tiempo que hace bandera de su retirada de Irak. Zapatero vende la misión afgana como meramente humanitaria, pero eso es cada vez más insostenible en un país cuyo nivel de violencia va por desgracia en aumento y en el que la OTAN ha asumido el mando de todas las operaciones.

Ahora el Gobierno ha decidido que España sea uno de los principales contribuyentes a la misión encabezada por la ONU en el Líbano. La principal crítica estratégica que puede hacerse a esta misión es que carece de un objetivo claro y definido más allá de la mera interposición entre dos bandos contendientes. Una interposición que entraña un gran riesgo para nuestras tropas, pero que no ofrece una perspectiva de paz duradera si no va acompañada de una acción eficaz para acabar con la raíz del problema: la capacidad de una organización terrorista como Hezbolá para atacar a la población civil de Israel desde suelo libanés.

Las posibilidades de fracaso de la misión son además muy altas. Si las fuerzas allí desplegadas no impiden el constante rearme de Hezbolá y la continuidad de sus ataques a suelo israelí, es evidente que habrá una respuesta contundente de Tel Avi. Por el contrario, si la fuerza internacional es demasiado estricta en el control de Hezbolá o esta organización terrorista considera que se convierte en un obstáculo para su objetivo último de destruir el Estado hebreo, las posibilidades de ataques terroristas contra nuestras tropas serían entonces muy elevadas. La experiencia pasada de otros contingentes internacionales en el Líbano es en este sentido suficientemente elocuente.

Los riesgos evidentes de esta misión exigirían un despliegue aún más importante de los 1.100 efectivos autorizados inicialmente por el Gobierno, máxime si el Gobierno ha decidido asumir el mando de una brigada multinacional. Pero Zapatero está constreñido tanto por su propia debilidad política para aumentar su compromiso de tropas en el extranjero como por las propias limitaciones militares que implica ser uno de los países europeos que menor esfuerzo dedica a su defensa. Rodriguez Zapatero debería considerar que si quiere mantener este papel de pacificador universal tendrá que aumentar sustancialmente los recursos de los que disponen nuestras Fuerzas Armadas y deshacerse definitivamente de los prejuicios psicológicos e ideológicos que le invalidan como un actor internacional relevante.

Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular por Palencia.

EXCLUSIVA DE EL MUNDO: "EXISTEN COMPLICIDADES QUE EL JUEZ NO ESTÁ DISPUESTO A DESCUBRIR"
Trashorras habla por primera vez del 11-M y se declara "víctima de un golpe de Estado encubierto tras un grupo de musulmanes"
El diario El Mundo ha conseguido entrevistar a Emilio Suárez Trashorras, el ex minero que presuntamente habría entregado los explosivos para el atentado del 11-M. En la conversación, de la que el diario adelanta un resumen antes de su publicación por entregas desde este lunes, Trashorras afirma que "soy una víctima de un golpe de Estado que se ha tratado de encubrir detrás de un grupo de musulmanes, cuando estaba todo perfectamente controlado por los Cuerpos de Seguridad". Y es que dijo, en un primer momento, que había visto los explosivos en el coche de Jamal Ahmidan. Sin embargo, y según él, sus declaraciones se debieron a que estaba convencido de que había llegado a un pacto con la Policía y el juez. Ahora, tras dos años y medio en prisión señala que "existen complicidades que el juez no está dispuesto a descubrir".
Libertad Digital  3 Septiembre 2006

Uno de los personajes claves en el 11-M, el ex minero asturiano que presuntamente, y según la versión oficial, habría facilitado los explosivos para los atentados en Madrid, ha concedido una entrevista exclusiva a El Mundo, que publicará a partir de este lunes. Aunque en su edición de este domingo incluye un adelanto de las revelaciones del ex minero.

Emilio Suárez Trashorras fue detenido seis días después de la masacre, el 17 de marzo de 2004. Se encuentra en la prisión de Alcalá Meco desde hace dos años y medio. Después de este tiempo, y pesándole sobre sus espaldas una petición de 3.000 años de cárcel, ha decidido romper su silencio.

Suárez Trashorras, confidente de la Policía en Avilés, en su primera declaración ante el juez, señaló que había visto los explosivos en el coche de Jamal Ahmidan en la noche del 28 de febrero de 2004. Y según él hizo estas declaraciones porque estaba convencido de que había llegado a un pacto con la Policía y el juez, que era testigo protegido y que no iba a haber cargos contra él. Cuando se dio cuenta de que no se iba a cumplir su pacto con la Policía cambió su declaración ante el magistrado de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo. Dijo que nunca había visto explosivos en posesión de Jamal Ahmidan y que todo lo que había contado era lo que la Policía le indicó que dijera.

Y es que, al margen de unas u otras declaraciones, nunca pudieron encontrar contra él una prueba material. En los registros que efectuó la Guardia Civil en el trastero de su anterior domicilio no encontraron ni drogas, ni explosivos. Ni si quiera indicio alguno de que los hubiera habido.

Emilio Suárez Trashorras afirma, después de más dos años, que "soy una víctima de un golpe de Estado que se ha tratado de encubrir detrás de las responsabilidades de un grupo de musulmanes y de los confidentes, cuando estaba todo perfectamente controlado por los Cuerpos de Seguridad. Existen complicidades que el juez no está dispuesto a descubrir; si no, deberían estar detenidos o imputados agentes de varios Cuerpos de Seguridad".

Atacan con ocho cócteles molotov la fachada de la Subdelegación del Gobierno en Vitoria
Seis encapuchados lanzaron los artefactos incendiarios y botes de pintura contra la garita de vigilancia
EUROPA PRESS / BILBAO El Correo 3 Septiembre 2006

Un grupo de encapuchados han lanzado esta medianoche ocho cócteles molotov contra el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Álava, en el centro de Vitoria, sin que se produjeran daños personales. El ataque tuvo lugar en torno a las 24 horas, cuando un grupo de seis personas, que iban encapuchadas y provenían de la zona del casco viejo, se acercaron a la garita que se encuentra en un lateral del edificio gubernativo y que en otras ocasiones ha sido objeto de atentados similares.
Allí arrojaron hasta un total de ocho artefactos incendiarios y botes con pintura que provocaron escasos daños materiales, según ha informado la Delegación del Gobierno.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, ha expresado hoy su "condena más rotunda" al ataque y ha señalado que este tipo de acciones violentas "van contra los anhelos y esperanza de paz" de la sociedad. Luesma ha expresado, además, su confianza en que "más pronto que tarde los autores de estos actos violentos sean detenidos y puestos a disposición de la Justicia porque el Estado de Derecho no baja la guardia" contra estas expresiones violentas.
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