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Recortes de Prensa     Domingo 24 Septiembre  2006

¿Quién genera el conflicto lingüístico?
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 24 Septiembre 2006

SI UNO camina en Barcelona por las Ramblas, el paseo de Gracia o la avenida Diagonal, observará un hecho habitual: que miles de ciudadanos hablan, como si tal cosa, en castellano. No lo hacen porque sean del PP, odien el catalán o le tengan tirria al nacionalismo identitario. No señor: hablan castellano por la misma razón por la que muchos de sus conciudadanos hablan con la misma naturalidad en catalán: porque es su lengua.

De hecho, datos oficiales nada sospechosos de anticatalanismo -los del Instituto de Estadística de Cataluña para el año 2003- ponen de relieve que sólo el 40% de los catalanes tienen como lengua materna la vernácula, frente al 53% de lengua materna castellana. Aunque esos porcentajes se invierten al tomar como punto de referencia la lengua habitual, y aunque podrían obtenerse, ciertamente, algunas reveladoras conclusiones sobre tan curioso proceso de inversión, no es eso lo que ahora interesa destacar, sino una palmaria realidad: que Cataluña es, como Galicia, un país bilingüe.

Lo es porque allí, igual que aquí, hay mucha gente que habla sólo o preferentemente en uno de los dos idiomas del país; y lo es porque allí, igual que aquí, mucha gente se maneja sin conflicto alguno en las dos lenguas.

Los paralelismos lingüísticos entre Galicia y Cataluña no se paran ahí, en todo caso: también en ambos territorios los conflictos derivados de la lengua los crean siempre los mismos: los nacionalistas. Y es que, convertidos en guardianes de una ortodoxia que sólo ellos comparten, pero que pretenden imponer, por las buenas o a las malas, como norma de cumplimiento general, los nacionalistas han decidido que el castellano desaparezca de la vida oficial, hay que pensar que como un primer paso para su progresiva, pero proyectada, erradicación total a medio plazo.

Es verdad que casi todos sabemos que van dados, pero ello no evita que cada episodio de talibanismo lingüístico deba ser denunciado como lo que es en realidad: la pretensión de una minoría activa de imponer a toda la sociedad un código de conducta de secta o de partido.

Eso han hecho exactamente los nacionalistas, que han puesto el grito en el cielo porque la escritora Elvira Lindo iba a leer en castellano el pregón de inicio de las fiestas de la Mercè de Barcelona: tratar de evitar que alguien hable en la capital de Cataluña en la misma lengua en la que hablan habitualmente la mitad de quienes allí viven y trabajan. El que no lo hayan conseguido es una victoria de todos. También, claro está, del catalán, lengua de libertad frente a las imposiciones: franquistas antes, nacionalistas en la actualidad.

El abismo del 11-M y el Golpe Parlamentario del 20-S
Federico Jiménez Losantos 24 Septiembre 2006

La segunda quincena de Septiembre está acelerando el proceso de demolición del régimen constitucional nacido en 1978 y liquidado provisionalmente por el Estatuto de Cataluña, pendiente sólo de que el Tribunal Constitucional extienda la definitiva esquela por defunción. Ni siquiera la esquela es necesaria, porque, como bien ha dicho Maragall, el Estado Español allí es ya “residual” y la eliminación de los residuos no presenta demasiados obstáculos formales. Así, la edificación de un nuevo régimen al estilo masónico-dictatorial del México del PRI, prevista y prácticamente ejecutada ya en Cataluña según el guión del Pacto del Tinell, entraría en la fase de su extensión a toda España por Zapatero y Polanco tras el pacto con ERC y la negociación con ETA, los dialogantes y socios políticos de Perpiñán. El Pacto con la CiU de Mas es simplemente la extensión del acuerdo de fondo del PSOE con el separatismo catalán y la forma de impedir que la reedición de una alianza PP-CiU pudiera bloquear o aplazar la consolidación del nuevo régimen en Cataluña. Algo por demás improbable.

En estos momentos, la trama de este Golpe, no simplemente de Estado sino de Régimen, se desarrolla en el ámbito de la ETA y el PSOE, el decisivo. Indudablemente, el tiempo previsto para ese cambio de régimen, que como vaticinó Mayor Oreja suponía la inclusión de ETA entre los partidos legalizados y la exclusión del PP actual, se situaba a caballo de dos legislaturas. En esta primera, ZP certificaría la separación de hecho de Cataluña y la consagraría como modelo para el País Vasco. Mientras tanto, los socialistas, en compañía de comunistas y nacionalistas vascos, con Batasuna y Aralar al frente y tal vez Cruz Alli en retaguardia, tratarían de tomar el poder en Navarra en las elecciones autonómicas de 2007 para completar la anexión del Antiguo Reino a lo que los etarras consideran irrenunciable lebensraum de su Euskal Herria. A partir de ahí, la ETA anunciaría algo parecido a un alto el fuego definitivo y el PSOE se presentaría de la mano de los etarras a las elecciones generales, confiando en renovar la mayoría, a ser posible absoluta, pero en todo caso contando con el apoyo parlamentario del actual cinturón de hierro nacionalista y la aplastante mayoría mediática de Polanco, Vocento Tele 5, ABC y Correo), Grupo Moll, RTVE, Cuatro, La Sexta, TV3, ETB, TVG, etc.

Esta abrumadora superioridad mediática del Bloque Antipopular le permitiría graduar a su antojo la conservación o la liquidación de la Monarquía, pero en todo caso administra su debilitamiento, sea por asumir de forma silente el fin del régimen nacional y constitucional que la legitima legal y popularmente, sea porque convenga al propósito de los progres golpistas un Estado Republicano que instale definitivamente a España en un espacio cómodamente instalado a caballo entre la UE y los Países No Alineados, especialmente el actual eje bolivariano de Iberoamérica (Cuba, Venezuela, Bolivia, Argentina) y los países musulmanes combatientes (Irán, Siria, Líbano, Palestina).

Sin embargo, el proyecto progre radical, que está claramente anunciado en el libro de Juan Luis Cebrián y Felipe González El futuro ya no es lo que era, ha tropezado con un obstáculo imprevisto: el estallido de la trama policial de ocultación de pruebas en la masacre del 11-M, que podría llevar, si la trama paralela de ocultación fiscal y judicial también se hunde, a la crisis del pacto con la ETA y a una crisis adelantada de régimen, pero en la que el PP jugaría un papel bien distinto al previsto, de convidado de piedra, porque podría ganar las próximas elecciones generales, dejando a medias el proceso. Y, por tanto, con posibilidades de reversibilidad, si bien, a mi juicio, sólo parciales y con la probable declaración de independencia de la ya Euskal Herria y Cataluña en un calco de la rebelión de 1934 contra la victoria de la derecha en las urnas.

Para narcotizar a la opinión pública y legitimar el cambio de régimen es preciso, por tanto, actuar en dos frentes, íntimamente entrelazados: neutralizar el proceso de clarificación del 11-M y de las responsabilidades por acción de ETA y por acción, omisión u ocultación del PRISOE) y cambiar radicalmente la dirección del PP, poniendo a Gallardón, Piqué y otros barones “centristas” en el lugar de Rajoy, Acebes y Zaplana, forzando así una crisis interna y una probable escisión a Esperanza Aguirre y los liberales del partido, probablemente encabezados y sin duda respaldados por Aznar.

Lo primero pasa por eliminar a los medios dispuestos a investigar y explicar la verdadera naturaleza del 11M, que son El Mundo, Libertad Digital y la COPE, junto a otras emisoras y páginas web más pequeñas o de alcance local que los apoyan pero que en cuanto a contenidos dependen de ellos, hoy por hoy. El trabajo sucio contra estos medios correspondería en una primera etapa a otros medios de comunicación, con El País y ABC a la cabeza y todo el periodismo izquierdista y nacionalista detrás (véase el reciente pronunciamiento del Colegio de Periodistas de Barcelona contra estos tres medios) que trataría de influir en la propiedad de las empresas (Conferencia Episcopal, Planeta, Rizzoli) para un cambio de orientación de los medios a cambio de su supervivencia, y, de no surtir efecto, una segunda etapa en la que el Gobierno, partidos y organizaciones aliados, sin excluir a un renovado GAL o a la reedición de la mixtura islamistas-etarras, procederían al ahogamiento económico, político, policial, judicial y de opinión de los medios y líderes de opinión irreductibles, es decir, eliminables física o cívicamente, al estilo del vídeo contra Pedro Jota. Este proceso está ya en marcha desde hace algunos meses, en lo que se refiere a la COPE y Libertad Digital, acosados por el ABC, los grandes medios catalanes, Polanco y el propio Gallardón. Y ha comenzado ya hace una semana en cuanto a El Mundo y su director Pedro J. Ramírez, señalados por el propio Zapatero en la Conferencia del PSOE como objetivo a abatir, en la línea ya adelantada por ERC y la izquierda separatista catalana.

La operación de neutralización del PP es más complicada , precisamente por la aceleración del proceso del 11-M, que ha trastocado los planes de entronizar a Gallardón. Además del ataque judicial y personal contra mí, con el respaldo igualmente judicial de Vocento y Prisa, el alcalde madrileño anunció su deseo de ser designado número 2 de Rajoy por Madrid en las elecciones generales, dando por hecho su renovación en la Alcaldía madrileña y aspirando a suceder automáticamente en el PP a Rajoy tras la derrota electoral de éste o su insuficiente victoria, que le incapacitaría para formar Gobierno en beneficio de Zapatero y sus aliados. Rajoy ya ha aceptado la primera parte del proyecto, ratificando la candidatura de Gallardón y admitiendo de hecho su ataque judicial a la COPE y a mí como una forma de meritoriaje válido para su eventual sucesión. La designación de Gallardón como número 2 por Madrid pondría a los liberales del PP en un dilema de difícil solución: provocar la crisis del partido antes de las generales, garantizando su derrota, o aplazarla para después, por si una victoria clara y la formación de Gobierno por parte de Rajoy permitiese la neutralización de Gallardón como líder, aunque ya no como estratega político-institucional desde el Parlamento, donde tendría la llave de hacer o permitir una moción de censura que derribara a Rajoy. El resultado, con meses de diferencia, sería prácticamente el mismo.

Naturalmente, el proyecto para el PP pasa por la neutralización del 11-M y el proyecto para neutralizar al 11-M pasa por el aislamiento parlamentario del PP, cuya consumación se produce mediante el golpe del PSOE y los demás partidos el 20-S. A mi juicio, esta es la estrategia real de los enemigos de España y de la Libertad. Todavía hay formas de hacerla fracasar, aunque no demasiadas. La primera de todas, darla a conocer. Es lo que he tratado de hacer aquí.

Las civilizaciones no se abrazan
Por ÁLVARO DELGADO-GAL ABC 24 Septiembre 2006

Las civilizaciones, en vez de aliarse, se están desliando. Lo siento por nuestro presidente de Gobierno. Pero estudiemos antes el último motivo de discordia: la lección magistral de Benedicto XVI en la universidad de Ratisbona. El papa hizo una serie de consideraciones teológicas, hirió la sensibilidad de los musulmanes, y llevamos ya varios cristianos muertos a lo largo y ancho del planeta. ¿Tan terrible ha sido el discurso del papa?

No. Se trata de un excelente documento académico, escrito sin la tiesura y los manierismos que estragan no pocas veces las alocuciones eclesiales. El papa polemiza, esencialmente, con la teología escotista y la impronta que ésta dejaría en la doctrina de los reformadores y luego en el pensamiento moderno. El Dios de Escoto es absolutamente trascendente. La razón no lo abarca, ni siquiera puede ayudarnos a comprenderlo, y lo que ocurre entonces es que la relación del creyente con Dios se ve desplazada íntegramente a un acto de fe. Al menos, tal concluyeron los reformadores. Escindida la razón de la fe, el territorio de la primera acabó siendo absorbido y monopolizado por la ciencia. Razón y moral se escindieron a su vez, y el mundo espiritual del europeo experimentó una amputación, un empobrecimiento. Benedicto XVI, incrustado en la tradición tomista, defiende la conciliación de la razón con la fe y evoca, para reforzar esta idea, ahora por vía negativa, una observación de Ibn Hazn, una contrahechura islámica, por así decirlo, de Duns Escoto. Ibn Hazn afirma que Dios no estaría condicionado ni siquiera por su propia palabra, y que nada le obligaría a revelarnos la verdad. La referencia a Manuel II Espeleólogo se sitúa en la misma línea argumentativa: la difusión de la fe por la violencia, imputada por el emperador a los mahometanos, entraña un desprecio a la razón.

Bien, ¿qué ha sucedido? Para mí está clarísimo. El papa se olvidó de que era papa y se condujo como un profesor de teología. No era necesario referirse a Ibn Hazn ni al emperador bizantino, pero Benedicto, además de papa, es erudito, y gusta de redondear sus argumentos con citas sabrosas y exóticas. Desde el punto de vista estrictamente político, cometió una imprudencia, que no detectó o que no supo evaluar su equipo de asesores. Estoy convencido de que el papa habría preferido mil veces ser menos elocuente. ¿Qué se sigue de aquí?

Quienes, después de la ola de violencia desatada por las caricaturas de Mahoma, estimaron que el problema estaba en que se había usado mal la libertad de prensa, mirará ahora hacia el mismo lado y censurarán el despiste o falta de tacto del papa. Estos señores, de estirpe en ocasiones progresista -¡a dónde hemos llegado!-, no terminan de comprender qué es la libertad de palabra, o qué son las garantías que protegen la libertad en general. La libertad de palabra no prevé que la palabra se use para decir cosas útiles o beneficiosos o bonitas. A veces, su usa para decir tonterías. Lo de las caricaturas fue una tontería, al revés que el inteligente discurso del papa. Pero esto no viene en absoluto al caso. Lo mismo el papa que los caricaturistas, se valieron de una libertad que es esencial a la supervivencia de la democracia. Discutirles el uso de esa libertad, aun cuando el uso suscite conflictos, equivale ya a sacrificar la democracia a sus enemigos. Más grave quizá que el acto de cobardía, es no comprender el significado de lo que se está sacrificando.

Ha aludido antes a la Alianza de las Civilizaciones, ese hallazgo estupendo de Zapatero. Zapatero, cuyo instrumento retórico es el retruécano, se ha limitado a conmutar el choque de civilizaciones de Huntington. En los noventa, caído el muro, Fukuyama sacó un artículo donde se pronosticaba que se habían acabado las pugnas ideológicas y que lo que se nos venía encima era un mundo pacifico y aburrido, poblado de consumidores compulsivos. Huntington contrapuso la imagen apocalíptica de un planeta desgarrado por la lucha entre civilizaciones hostiles. El modelo de Huntington era la Guerra Fría, y su principal error consistió en identificar las civilizaciones con agentes dotados de alma propia. Error por error, por cierto, fue más aparatoso aún el de Fukuyama. Pero dejemos esto a un lado. Lo notable, es que la broma de Zapatero preserva el error de Huntington: Zapatero habla de las civilizaciones como de seres animados que pueden darse la mano y hasta un abrazo. Y completa su equivocación haciendo mala sicología. De hecho, el que las civilizaciones no sean monolíticas, no quita en absoluto para que mucha gente, armada en ocasiones hasta los dientes, se crea señalada por Dios para representar a su civilización y liquidar a la contraria. La semana pasada clamaba «al-Tadschdid», principal diario de Marruecos: «El papa en el Vaticano se ha unido a la Alianza americano-sionista contra el Islam». A quien hay que convencer, es a los fanáticos, no al papa. En cuanto a las civilizaciones... no tienen ojos ni oídos.

La tregua de ETA (1) De cuando la banda estaba derrotada
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 24 Septiembre 2006

... En marzo de 2004 ETA estaba al borde del descalabro. La ilegalización de Batasuna le privaba de discurso en las instituciones, de presencia social y de recursos económicos...

POR desgracia, no existen datos objetivos que permitan suponer que ETA haya entrado en una reflexión -operativa o valorativa- que le conduzca a una autodisolución y al abandono definitivo de sus prácticas terroristas. Desde que anunció la suspensión «permanente» de sus acciones delictivas, la banda ha explicitado de manera pública, contundente e indubitable -y lo ha hecho por escrito y sin recato en cinco ocasiones- que los propósitos que persigue con esta tregua no son otros diferentes por los que ha venido «luchando» desde su infeliz alumbramiento, esto es, la autodeterminación y la denominada territorialidad de Euskadi.

Desde la perspectiva de la banda, la actual situación es un episodio de su propio y natural devenir que, como ha podido comprobarse en la reciente historia, unas veces se ha materializado en fortísimas campañas criminales, otras en períodos de latencia terrorista y, como ocurre ahora, en tiempos de inactividad mediante la declaración pública de una cesación temporal de su actividad terrorista.

Las treguas de ETA han sido estratagemas tácticas de repliegue para la regeneración en unos casos, para la recomposición en otros, y, ahora, seguramente, como un tiempo muerto de recuperación tras un período de depresión que ha bordeado la derrota total de la organización. La situación, sin embargo, no es ya reversible en los términos en que lo fueron las dos anteriores treguas. ETA puede romper la actual y regresar a las prácticas terroristas más crueles, pero es altamente improbable que los acontecimientos no hayan hecho en la organización criminal una mella irreparable.

La ETA de hoy, por mucho que se pueda decir lo contrario, es sólo una sombra de la que fue y el regreso a sus acciones criminales tradicionales propiciaría una aceleración de su fin. La reversibilidad de la situación del «alto el fuego» es posible, pero adquiriría nuevos perfiles, próximos a las prácticas mafiosas. Sería otra ETA, que, aunque con capacidad para perturbarnos, no tendría capacidad de reposición criminal. Sencillamente: porque la historia le ha pasado por encima y la realidad actual -nacional e internacional- la entendería como un cuerpo por completo extraño y sería universalmente reprochada.

Dicho lo cual y pese a las expectativas generadas por el Gobierno -en ningún caso por la propia ETA ni por Batasuna, que no se han apeado de sus exigencias habituales- la realidad es que podríamos estar en puertas de una negociación política muy próxima en sus planteamientos iniciales a la pretendida durante décadas por la banda y su entorno.

Debemos atender a un dato permanente en la macabra historia de la banda: la capacidad de sus dirigentes en cada momento para rentabilizar al máximo las contradicciones del sistema democrático español. O en otras palabras: para optimizar en su favor los errores de sus enemigos; es decir, nuestros errores. ETA ha hecho de la política española su propia circunstancia de tal manera que bien podría afirmarse que la banda -en los peores momentos de su existencia- ha parasitado las contradicciones del sistema político español hasta extraer de ellas elementos para su propia fortaleza. Esto es lo que está ocurriendo.

Cuando la banda remite al presidente del Gobierno una carta proponiendo una negociación, después de las traumáticas elecciones de 2004, los etarras conocían la precariedad del actual Ejecutivo, su extraordinaria y nociva dependencia de los partidos nacionalistas, su compromiso con el tripartito catalán; e intuían la imposibilidad de un racional y eficiente entendimiento en cuestiones de Estado entre el Partido Popular y el PSOE y el Ejecutivo, lo que previsiblemente, se llevaría por delante el denominado Pacto antiterrorista, como así ha sucedido.

Entonces - en marzo de 2004- ETA estaba al borde del descalabro. La ilegalización de Batasuna le privaba de discurso en las instituciones, de presencia social, y de recursos económicos. Por otra parte, el terrorismo islamista -el del 11-S y el del 11-M, y más tarde el de 7-J de Londres o el del 11-J de Bombay- le restaba dimensión a su práctica criminal y cualquier asesinato etarra habría desencadenado una reacción europea insoportable para la organización cuya retaguardia sigue instalada en Francia, algunos otros países europeos y varios iberoamericanos.

Tampoco su propio entorno -Batasuna y afines- estaban, ni lo están ahora, en condiciones de absorber el impacto de actos terroristas a gran escala. ETA estaba parada, acosada, arruinada y observando, además, como su propio rol en el mundo del nacionalismo se veía amenazado por la invisibilidad institucional de su brazo político. Y las organizaciones terroristas saben que sin una penetración en el sistema, su discurso se agosta, se hace inaudible y se produce una derivación hacia la irrelevancia.

De ahí que la banda propiciase un giro estratégico al amparo de unas circunstancias políticas nacionales sobrevenidas abruptamente por los atentados del 11-M que iban a cambiar -y así ha sido- el rumbo de los acontecimientos. Los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en Madrid, resultan así un punto de inflexión que afecta directamente al sistema español y, por simpatía, repercuten sobre la estrategia de ETA que, aún llevando entonces un tiempo largo sin asesinar, no había dejado de intentarlo.

La apuesta etarra al plantear a Rodríguez Zapatero el «alto el fuego permanente» tenía que ver -y mucho- con su ya aludida pérdida de protagonismo en el ámbito nacionalista. La banda no podía permitir perder la pelea por la primogenitura nacionalista.

La operación de apoyo batasuno al Plan Ibarretxe para que se estrellase en el Congreso de los Diputados, se inscribió en una composición táctica que el PNV comprendió perfectamente, pues en sus planes jamás estuvo aprobar el proyecto secesionista en aquel momento -2003-, ni hacerlo con los votos del entorno etarra. El PNV quería el plan de Ibarretxe para esgrimirlo amenazadoramente en una acción de sustitución de la acción de la propia ETA a la que los nacionalistas daban por prácticamente periclitada en unos plazos asumibles para deglutir en su provecho los restos del naufragio de una izquierda abertzale desarbolada.

Todas estas circunstancias propiciaban que ETA estuviera en una tesitura agónica, terminal, prácticamente desesperada porque al acoso judicial, policial, social e internacional, se añadía la evaporización de su brazo político en Euskadi y la depredación de sus anteriores posiciones a manos de los otros nacionalismos, bien del PNV, bien de EA.

En vez de esperar y persistir en la estrategia de máxima presión sobre ETA y Batasuna, el presidente del Gobierno, probablemente necesitado de bazas políticas que diesen cuerpo a su propia gestión de forma coherente a su discurso muy ideológico y revisionista, asumió la sugestión de que la violencia terrorista de ETA se encontraba en un trance último cuyo trayecto hasta el final definitivo era preciso acortar con una fórmula emparentada con la «solucióndialogada» prevista en el Pacto de Ajuria Enea de 1988. Y, lamentablemente, se ha confundido. Lo iremos viendo.
Director de ABC

Ciudadanía y responsabilidad democrática
POR JAVIER CREMADES ABC 24 Septiembre 2006

SE celebra este año el primer centenario del nacimiento de Hannah Arendt, una mujer que vivió la experiencia del exilio, fue apátrida y, además de insigne filósofa, se convirtió en una contundente analista de los más importantes acontecimientos históricos de su tiempo. La actualidad de su monumental obra, «Los orígenes del totalitarismo», se hace patente cuando se piensa en la encrucijada política en la que nos encontramos en España.

Se ha señalado frecuentemente que los movimientos totalitarios usan y abusan de las libertades democráticas con el fin de abolirlas: «Ésta no es simplemente maligna astucia por parte de los dirigentes o estupidez infantil por parte de las masas -aclara Arendt-. Las libertades democráticas pueden hallarse basadas en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley; sin embargo, adquieren su significado y funcionan orgánicamente sólo allí donde los ciudadanos pertenecen a grupos y son representados por éstos o donde forman una jerarquía social y política».

Porque el advenimiento de los regímenes totalitarios en Europa fue posible por la existencia de dos espejismos de los países gobernados democráticamente. El primero consistía en «creer que el pueblo en su mayoría había tomado una parte activa en el Gobierno y que cada individuo simpatizaba con un partido o con otro». Al contrario, la experiencia del régimen nazi en Alemania demostró que «las masas políticamente neutrales e indiferentes podían ser fácilmente mayoría en un país gobernado democráticamente», por lo que «una democracia podía funcionar según normas activamente reconocidas sólo por una minoría». El segundo espejismo de las democracias occidentales consistía en suponer que «estas masas políticamente indiferentes no importaban, que eran verdaderamente neutrales y no constituían más que un fondo indiferenciado de la vida política de la nación».

Es necesaria por tanto una nueva inyección de principios democráticos que involucren a los ciudadanos en el gobierno de la sociedad, más allá de la periódica celebración de elecciones. Es cierto que, como dice Samuel P. Huntington, «las elecciones competitivas, libres e imparciales son la esencia de la democracia, su inevitable sine qua non». Pero, a partir de ahí, los gobiernos pueden ser corruptos, ineficaces o irresponsables, lo cual les haría menos democráticos, aunque no necesariamente antidemocráticos.

Está aceptado pacíficamente que el elemento esencial de una democracia es el Estado de Derecho, pero una verdadera democracia requiere, sin embargo, algo más. El sistema político necesita de la actividad de sus propios componentes. El grado de respuesta de una democracia -«democratic responsiveness»- depende de la participación de los ciudadanos, de su capacidad para votar, presionar, protestar y organizarse para influir en las decisiones del ejecutivo. Pero sino queremos caer en la demagogia hay que advertir de que la participación no es la panacea. Esta necesidad hay que conjugarla con la eficiencia, porque la paradoja del sistema democrático es que cuanto más se democratizan las decisiones menos eficacia práctica suelen alcanzar: lo que algunos analistas denominan «la esquizofrenia de la democracia liberal». La participación política no es, por tanto, algo sencillo ni la fórmula mágica para regenerar las cansadas democracias occidentales. Resulta imprescindible entender la participación en el contexto de un modelo político y social viable.

En este estado de cosas se están abriendo nuevas posibilidades de regeneración del sistema democrático gracias al cambio que supone el llamado micropoder: la nueva distribución del poder que supone la aparición en escena de una gran masa de personas participando, opinando, cooperando, creando redes, deliberando con los instrumentos que han alcanzado gracias a las nuevas tecnologías.

Actualmente, hay que tener en cuenta que la vida política no agota las dimensiones múltiples de la vida cívica, por lo que el político profesional no debe caer en la tentación de erigirse como único referente de la vida social. Es ya hoy un hecho que los ciudadanos interconectados e interactivos, armados de poderosa munición tecnológica, han dado un decisivo paso adelante y reclaman el protagonismo central que siempre les correspondió. El micropoder está naciendo, precisamente, de la disolución de los poderes institucionales que se tienen que abrir a la participación de la ciudadanía para no morir de ineficiencia y falta de legitimación. Hoy ya no basta con mirar frecuentemente la bola de cristal de las encuestas para medir la aprobación social. Ahora los poderes públicos necesitan gobernar en constante diálogo con una ciudadanía que ha descubierto el micropoder de intervenir en la «cosa pública».

Esta circunstancia está modificando el propio sistema que la ha hecho posible. Porque si el micropoder es un resultado del desarrollo democrático ayudado por las nuevas tecnologías, también se puede afirmar que el micropoder modifica el propio sistema democrático. En su obra «Los Discursos sobre la primera década de Tito Livio», Maquiavelo sostiene precisamente que la capacidad creativa y el dinamismo de una república surgen de la virtud de los ciudadanos, es decir, de su libre participación en la vida comunitaria y, como consecuencia de ello, en la política de una ciudad a la que pertenecen como miembros activos y responsables.

Por eso, la principal aportación de la revolución del micropoder a la regeneración de la democracia no es, por tanto, ningún avance tecnológico como podría ser el voto electrónico. Su principal contribución es hacer posible un verdadero diálogo social entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y los poderes públicos. El diálogo social puede así convertirse, a través de las nuevas tecnologías, en pieza clave de un nuevo modelo democrático más relacional y dialógico, es decir, interactivo. Porque, como decía Burke, cuando los ciudadanos son capaces de concertar sus respectivas libertades, esa común libertad suya es poder: hoy es micropoder.

(*) Presidente del Observatorio del Notariado para la Sociedad de la Información

MÚGICA Y EL ESTATUT
POR CARLOS CARNCIERO El Ideal Gallego 24 Septiembre 2006

La única pregunta inquisitiva a la que tiene que contestar Enrique Múgica, en relación con su recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto de Cataluña, es si esta iniciativa está contemplada en sus responsabilidades como Defensor del Pueblo. El resto, procesar las intenciones sobrepuestas a su decisión, es sólo un juicio de intenciones que entra en la tradición descalificadora de la política española.

Quedan muy pocas cosas en España que no estén sometidas al desgaste cotidiano de la trifulca partidaria. La institución de Defensor del Pueblo debiera estar fuera de la disputa y, aceptados los mecanismos de designación o nombramiento de su titular y dadas por buenas las responsabilidades contempladas en sus estatutos, no se debieran tolerar causas generales sobre las intenciones manifiestas u ocultas quien ostenta el cargo. Precisamente el organismo garante del resguardo de los derechos de los ciudadanos frente a la administración, se basa en la independencia de criterio de su titular, que no deberá estar sometido a las presiones de los poderes públicos.

La peor intervención en este asunto ha venido de la mano del candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, José Montilla, al afirmar que Enrique Múgica está agradecido a José María Aznar , que es quien estaba en la presidencia del Gobierno cuando accedió al cargo. La disección de las declaraciones de Montilla llevan a una conclusión que le ha sido aplicada ya al ex ministro de Industria y actual aspirante al Gobierno catalán. De él se dijo que su entusiasmado apoyo a la OPA de Gas Natural, empresa de la que La Caixa es accionista de referencia, venida motiva por el agradecimiento del socialista catalán a quienes le habían condonado a su partido una deuda de seis millones de euros.

Agradecimiento por agradecimiento, no es pensable que Enrique Múgica llegue a ganar tanto dinero como el permutado por La Caixa al PSC, por muchos años que esté el antiguo dirigente socialista en la institución que vela por los ciudadanos. En todo caso, según los parámetros de José Montilla, todo dependería de la valoración que hacen él y Enrique Múgica de sí mismos, para determinar el nivel de agradecimiento que condiciona las intervenciones políticas en ese universo determinado por José Montilla en el que no caben independencias de criterio frente a los favores recibidos.

Insatisfechos
JAVIER ZARZALEJOS El Correo 24 Septiembre 2006

Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), casi la mitad de los catalanes se muestran insatisfechos con el nuevo Estatuto de Autonomía ya que consideran que éste «ha quedado muy recortado y no satisface las aspiraciones de Cataluña». La misma encuesta, realizada después del referéndum celebrado en el pasado mes de junio, revela que son más los que creen que el nuevo Estatuto no solucionará los problemas de financiación autonómica que aquéllos que piensan que la nueva norma sí permitirá resolverlos.

Ya sabemos que no hay que convertir estos datos en una medida de valor absoluto cuando, por ejemplo, el 66% de los encuestados afirman haber votado en el referéndum que en realidad sólo contó con la participación de 49% del electorado. Pero por más que deban relativizarse, estos porcentajes reflejan un clima de opinión de inquietante resaca que contrasta bruscamente con la extendida indiferencia que, según todas las encuestas, dominaba en la sociedad catalana, cuando se puso en marcha el proceso estatutario. Una indiferencia producto, en buena medida, de la razonable satisfacción con el marco autonómico que, en todo caso, indicaba bien a las claras que la reforma estatutaria no estaba en la agenda de los ciudadanos.

No lo estaban ni la reforma del Estatuto catalán, ni la de tantos otros que la están siguiendo, arrastrados por la dinámica que han desencadenado los irreflexivos partidarios de abrir un melón muy particular como es la estructura territorial del Estado para someterla a una renegociación condicionada por mayorías de gobierno coyunturales, con el presunto e imposible objetivo de intentar que los nacionalistas, por enésima vez, se sientan cómodos. Si en menos de dos años la sociedad catalana ha pasado de esta indiferencia a mostrarse insatisfecha casi por mitad con el nuevo Estatuto, no sólo habría que constatar lo ruinoso de esta operación para la estabilidad institucional de Cataluña y del conjunto del modelo autonómico sino que es preciso ensayar alguna explicación. Una primera debe empezar por reconocer que estamos ante un rotundo éxito de la elite política catalana radicada en el espacio que comparten sin fronteras socialistas y nacionalistas. A fuerza de insistir, unos y otros han conseguido imponer sus prioridades a las que declaraban los ciudadanos. Les ha costado pero, al final, la necesidad de no quedarse atrás en la puja catalanista y las oportunidades negociadoras que el propio Gobierno central anunciaba han prevalecido sobre posiciones iniciales contrarias a la reforma -CiU, por ejemplo- salvo en el caso del Partido Popular, que se ha mantenido en su oposición a que el ya derogado Estatuto de Sau fuera sustituido por un nuevo texto con un mediocre refrendo.

Pero, tal vez, la insatisfacción que detecta el CIS responda a un estado de frustración de expectativas más ambiciosas, alimentadas de manera imprudente o simplemente manipuladora a cuenta del cambio político en la Generalitat y en el Gobierno de la nación. Quizás aquella indiferencia que mostraba la sociedad catalana cuando se alumbraban los proyectos de cambio de Estatuto se transforma ahora en insatisfacción porque es ahora cuando reaparece la sensación de que los problemas reales o supuestos que han concentrado la reivindicación catalanista no se resuelven con el Estatuto. El Estatuto no resuelve por sí mismo la financiación, ni asegura el peso industrial y corporativo de las empresas catalanas, ni el papel de Cataluña como centro de decisión en su competencia con otras comunidades autónomas. Es más, el nuevo Estatuto no sólo no resuelve estos problemas sino que complica extraordinariamente su gestión en el marco general de la política española tanto por el contenido de la norma -intervencionista, radical y conflictivo- como por haber desatado una confrontación de agravios con otras comunidades autónomas. Frente a éstas, el nacionalismo catalán de todas las denominaciones sigue incurriendo en un grave error de cálculo al intentar convertir el hecho diferencial catalán en un derecho adquirido a la primacía.

De aquel tripartito presidido por Pasqual Maragall que Rodríguez Zapatero saludó desde el balcón de la Generalitat en la plaza de San Jaume muchos en Cataluña creyeron poder esperar casi todo. Aquella coalición con Carod que resolvía la necesidad práctica de mayoría parlamentaria se presentaba bajo el ropaje tranquilizador de una pretendida experiencia progresista. Aquel presidente del Gobierno que antes de serlo, en campaña electoral, había prometido hacer suyo lo que saliera del Parlamento catalán dejaba en evidencia cómo, a falta de otro discurso de oposición, la izquierda se dejaba fagocitar de nuevo por el nacionalismo.

En ese variado surtido institucional, político y económico que muchos catalanes podían esperar de tan prometedor escenario, el nuevo Estatuto era un componente más; importante, sin duda, destinado, sí, a suministrar la coartada identitaria para el gran salto adelante que se le anunciaba a Cataluña pero tributario de la consecución de objetivos en otros campos. De este modo, en vez de constituir un objeto de reverencia, este Estatuto sólo, a palo seco, produce el efecto inesperado de actuar como recordatorio de lo que falta en el decorado de la nueva Cataluña prometida. Además, el coste ha sido mucho más alto de lo previsto. El nuevo Estatuto ha sido objeto de una exhaustiva y razonada descalificación por juristas cuya autoridad científica no admite duda. Está en el Tribunal Constitucional en sendos recursos promovidos por el PP y el Defensor del Pueblo. El referéndum para su ratificación cumplió el trámite pero con una modesta participación que desmentía la comezón nacional que parecía no dejar dormir a los catalanes hasta que vieran reconocidos sus derechos por supuesto históricos.

De la mano del tripartito y del alumbramiento estatutario, el nacionalismo obligatorio se ha hecho presente, también con violencia y coacción, en una sociedad que, aunque no lo reconozca, ha visto agrietarse la tersa imagen que tenía de sí misma. El sectarismo del Pacto del Tinell, la ausente gestión de un Gobierno autonómico instalado en la extravagancia, la corrupción pactada, la intolerancia como fruto envenenado de la exclusión de todo aquel que no acepte el sometimiento cultural, político y simbólico al nacionalismo, y una proyección impopular y conflictiva de Cataluña son también consecuencias que no pueden desdeñarse a la hora de hacer un balance que precisamente por ser sólo provisional resulta más preocupante.

Escuchar cómo ahora los socialistas abominan del tripartito y preguntan desafiantes quién se acuerda ya de Carod puede parecer chocante. Pero si alguien esboza un gesto de perplejidad -de crítica ni hablamos-, tendrá que vérselas con el candidato y ex ministro José Montilla, quien aclara que el tripartito ya no será necesario porque ya no gobierna el Partido Popular. La explicación merece ser elogiada por sincera y clara. No siempre lo que se sospecha llega a manifestarse con tanta claridad como esta justificación retrospectiva del tripartito a cargo de Montilla. Deja en mal lugar, eso sí, a los que creían que aquello iba de Cataluña, de una nueva concepción de España, de la integración de los independentistas, del pluralismo y toda esa aterciopelada retórica con la que se han venido encubriendo objetivos tan prosaicos como los reconocidos por Montilla.

Como el Partido Popular no gobierna, el tripartito ya no tiene razón de ser en Cataluña. De acuerdo, pero habría que pedir que los socialistas se paren ahí. Es decir, que aunque ya no gobierna el Partido Popular, lo que sí sigue siendo necesario es contar con una política antiterrorista consensuada, una política sobre inmigración, una política exterior, una política energética y un Estado capaz de asegurar sus responsabilidades de cohesión e igualdad entre sus ciudadanos.

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Ciutadans denuncia la agresión a una militante durante el pregón de La Merçè
El partido Ciutadans ha denunciado que el acoso a que fueron sometidos por parte de los nacionalistas sus cerca de 300 militantes, durante el pregón de La Merçè, por apoyar el derecho a hablar en castellano de la escritora Elvira Lindo, acabó con la agresión a la ciudadana Carmen Martínez Serrano.
Libertad Digital 24 Septiembre 2006

Según afirma Ciutadans en una nota de prensa, los grupos nacionalistas lo habían intentado desde el principio, pero los Mozos de Escuadra lo impidieron haciendo un doble cordón policial alrededor de los Ciutadans y de su pancarta “Tots som Elvira Lindo”. Fue al final, cuando salían amparados por un cordón policial, cuando la militante de Ciutadans recibió un impacto seco en el ojo. La propia agredida pensó que había sido golpeada con una piedra, "por el intenso dolor" que sintió, pero un compañero suyo recogió del suelo el mechero con que le agredieron.

Cruzó el cordón policial hacia la entrada de la Generalidad y como no había un destacamento de seguridad pidió con insistencia un médico. Llegó la Cruz Roja, pero un cuarto hora después. El policía que le custodiaba estaba muy asustado, según ha declarado Carmen Martínez Serrano, y me impedía llamar por teléfono. Ella insistía en hacerlo a la familia, pero no le dejaron hasta mucho después. Y cuando lo hizo, le preguntaron quién era la persona con quién se quería poner en contacto. Parecía como si tuviera miedo de que llamara a la prensa, afirma.

La Cruz Roja le atendió y curó. Aparte de la contusión y un rasguño no había daños graves, aunque le recomendaron que fuera al Clínico. El informe policial da cuenta de que el golpe fue provocado por un mechero. Este sábado por la mañana, con el ojo inflamado y aún con la vista nublada, pero recuperada, ha presentado una denuncia ante la Comisería de Policía del Ensanche.

Ciutadans condena esta nueva agresión y el acoso a que se ven sometidos sus miembros y agradece a la Policía Autonómica catalana su comportamiento profesional.

El PP tacha el Presupuesto de inconstitucional y anuncia una enmienda total
L. R. E. La Razón 24 Septiembre 2006

Madrid- La aprobación el pasado viernes por el Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2007 no ha sido del agrado del Partido Popular. Así lo expresó ayer el portavoz en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, para quien las cuentas del Gobierno para el próximo ejercicio son «inconstitucionales».

Para Zaplana, «el presupuesto no cumple la exigencia de la Carta Magna española, porque se aparta claramente de las políticas de solidaridad, equilibrio y cohesión que recoge la Constitución».

En este sentido, el portavoz del PP destacó que la presentación realizada el pasado viernes por el vicepresidente Pedro Solbes no estuvo centrada en defender la Ley de Presupuestos, sino en justificar que ésta cumple con el Estatuto de Cataluña. Además, precisó que el problema no radica en que vaya más o menos dinero a una comunidad u otra, sino que vaya «por que sí», sin que se detallen los proyectos o necesidades que justifican esta inversión.

Por este motivo, Eduardo Zaplana anunció que su grupo presentará en el Congreso una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos.

En opinión del portavoz popular, los Presupuestos del próximo año no son los que necesita la sociedad española, ya que, además, «no prevén cómo reducir la inflación, sino todo lo contrario».

500 euros más de impuestos
También aseguró que sube la presión fiscal, «en contra de lo que dice la propaganda oficial, por lo que, a su juicio, Zapatero incumple otra vez y de forma reiterada su compromiso de no hacerlo».

En este sentido señaló que, según un estudio del PP, cada español pagará 500 euros más con la entrada en vigor de la reforma fiscal el próximo año.

Además, indicó que es mentira que el Gobierno haga un esfuerzo en lo relativo a dependencia, ya que el aumento del 100% respecto al año pasado, hasta llegar a los 400 millones de euros, se contradice con la promesa gubernamental de que en 2005 irían destinados a dependencia 1.000 millones. Asimismo, destacó que la partida dedicada a inmigración (310 millones de euros) demuestra que el Gobierno no tiene interés, por luchar contra la inmigración ilegal, y que es todo «palabrería».
El mérito de no ser políticamente correcto

José María Aznar elogia la firmeza de Nicolás Sarkozy en el prólogo del libro «La República, las religiones, la esperanza»
R. N. La Razón 24 Septiembre 2006

Madrid- Nicolas Sarkozy, ministro francés de Interior y candidato más que probable a la presidencia estatal por el partido UMP (centro conservador), vuelve a ejercer su faceta como escritor en el libro «La República, las religiones, la esperanza». En esta ocasión Sarkozy aborda de modo directo el papel de las religiones en los estados occidentales modernos y, en concreto, su relación con los principios del régimen republicano francés. La obra tiene un atractivo añadido, el prólogo a cargo del ex presidente del gobierno español, José María Aznar, titulado «La Francia esperanzada de Sarkozy», y del que a continuación reproducimos algunos extractos:

«Nicolas Sarkozy es una persona a la que se le entiende. No me refiero sólo a lo que dice, a las ideas que expresa. Me refiero en primer lugar a la sensación que transmite una persona, en especial un político, con su presencia, con su mero estar (...) Al poco de estar con él, con independencia de la conversación, uno se da cuenta de que la firmeza en sus convicciones ha sido y es uno de los motores de su vida. Una firmeza que está por encima de los tópicos al uso y de las circunstancias coyunturales (...)

Para Nicolas Sarkozy la esperanza no se basa en la utopía, en el diseño racional de una sociedad moldeada desde arriba. Y es que para Nicolas Sarkozy, francés de origen húngaro, las ideas de libertad y de responsabilidad son centrales en su pensamiento. (...) Ésa es la característica que distingue al que se dedica a la política con la visión alicorta de la ventaja inmediata, por afán de poder o notoriedad, del político de casta que propone ideas a una sociedad, sabiendo que se dirige a personas libres y responsables (...).

Por eso me ha parecido tan importante que Nicolas Sarkozy hable siempre con claridad a los franceses, apresados desde hace años por una indefinible sensación de decadencia, necesitados de renovadas ilusiones y de nuevas esperanzas. En una circunstancia así, en la que es fácil caer en la tentación del populismo o manejar el recurso fácil de echar la culpa a cualquiera menos a uno mismo, que Nicolas Sarkozy diga, y se le entienda, que es posible recuperar la esperanza, pero que es a los franceses a quienes corresponde emprender esa tarea, tiene un mérito notable.(...)

Nicolas Sarkozy hace una llamada serena al mérito, al esfuerzo, a la excelencia. Unos valores que forman parte de los que han fundamentado el progreso de Francia, de Europa y de Occidente. Y que hoy, en muchas de nuestras sociedades, parecen adormecidos y en retirada, después de décadas de dominio ideológico de una izquierda relativista que añora el paraíso socialista que ocultaba el Muro de Berlín. (...)

Una Francia que puede ser un modelo para toda Europa (...) Naciones como Francia o España que necesitan más libertad que socialismo, más apertura que cerrazón, más convicciones firmes y menos mitos progresistas (...)

Creo que los españoles tenemos una deuda de gratitud con Nicolas Sarkozy (...) Ha contribuido de manera decisiva a llevar adelante la lucha contra los terroristas con toda la fuerza, la legitimidad y la convicción de los demócratas y del Estado de Derecho. (...)

Uno de los males de algunos dirigentes europeos es precisamente hacer el juego a los terroristas, dándoles parte de razón, cuando no caen en la trampa mortal de negociar con ellos. Nicolas Sarkozy sabe muy bien que el abandono de las propias convicciones y principios es el comienzo del fin de nuestras libertades. Que las instituciones necesitan personas que crean en los valores que las sustentan. Que el encargado de velar por el cumplimiento de la ley no puede ser tolerante con quienes pretenden acabar con las libertades y utilizan sin escrúpulos el terror para imponer sus fines. (...)

Que no sólo somos más, sino que la razón y la ética están de nuestra parte. Hoy en día estas cualidades morales y políticas son de la máxima importancia cuando se aspira a ser el dirigente de Francia, un país con responsabilidades globales que sigue siendo una referencia para los defensores de la libertad en todo en mundo».

El pesebre de «Nunca Máis»
TEXTO: JOSE LUIS JIMÉNEZ. SANTIAGO. ABC 24 Septiembre 2006

El 22 de mayo de 2005, el colectivo «Burla Negra», vinculado a la plataforma «Nunca Máis», presentó en Santiago el documental «Hai que botalos», compuesto por 25 cortometrajes y que pretendía «mostrar una visión crítica de la situación política, social, cultural y económica de Galicia», si bien su fin último era animar al electorado a no votar al PP en las elecciones autonómicas del 19 de junio. El proyecto seguía el mismo patrón que el film «Hay motivo», promovido por sectores culturales afines al PSOE en la precampaña de las generales de 2004 con la intención de menoscabar la imagen de los ocho años del Gobierno de Aznar.

En el caso de «Hai que botalos» -cuya página web, desde la que podía descargarse el documental, ya no está activa-, la Xunta de Galicia llegó a plantear a sus servicios jurídicos si el documental era injurioso hacia la figura del entonces presidente Manuel Fraga. «Es morralla y porquería», denunció tras visionarlo el también candidato del PP a la reelección, «y a quien lo vea le va a dar asco». En uno de los cortometrajes se imitaba al propio Fraga y se recordaba su pasado franquista; en otro se sucedían insultos en gallego hacia los dieciséis años de gobierno popular, y en tres de ellos se justificaban las actuaciones del colectivo «Nunca Máis» durante la crisis del «Prestige».

Pues bien, tras el cambio de gobierno en la Xunta de Galicia, cerca de cuarenta de los participantes en «Hai que botalos», muchos de ellos a su vez integrantes de «Burla Negra» y «Nunca Máis», reciben ayudas de la Administración autonómica o trabajan para distintos departamentos de la misma.

De monologuista político a la TVG
El caso más claro es el del actor Carlos Blanco, participante como monologuista en diversos actos electorales del PSOE y el BNG, e intérprete en el cortometraje «O Derradeiro», dentro de «Hai que botalos». En una entrevista en julio de 2005 explicaba que «han sido muchos años de lucha, no tanto contra Fraga, sino contra una Galicia a superar, la del enchufismo». El pasado 9 de junio, Blanco presentaba su nuevo programa en la TVG, «Somos unha potenzia». Este 2006, Blanco ha participado también en las películas «O partido» y «Hotel Tívoli», ambas producidas por la Televisión de Galicia y subvencionadas por la Consellería de Cultura de la Xunta. También apareció en «Cargo», otra cinta producida por el ente público autonómico.

El otro actor gallego más identificado con los movimientos opositores al anterior gobierno popular es Luis Tosar. Integrante de las listas del BNG al Parlamento Europeo en 2004, fue voz en «off» de otro de los cortometrajes. En 2006 ha prestado su voz a la campaña audiovisual de Turgalicia, organismo dependiente de la Consellería de Industria, controlada por el Bloque. Además de participar en «Hotel Tívoli», formó parte de la película «Galatasaray-Depor», coproducida por la TVG.

Del campo de las letras gallegas proceden Suso de Toro y Manuel Rivas, guionistas de los cortos «Non hai palabras» y el controvertido biopic de Manuel Fraga, respectivamente. De Toro, inspirador de Zapatero, se ha convertido en tertuliano habitual de la Radio Galega, una emisora cuyo director de programas es Xurxo Souto, que fue uno de los portavoces de «Nunca Máis», y cuya labor ha sido duramente cuestionada durante la ola de incendios que asoló Galicia este verano. Rivas, por su parte, vio cómo su obra «O Héroe» era subvencionada por la Xunta de Galicia e incluida en los circuitos culturales de la Consellería del ramo y el Instituto Galego de Artes Escénicas.

Junto a Carlos Blanco en el corto «O Derradeiro» actuaba Paco Lodeiro, intérprete que en la actualidad presenta en la TVG los programas «Cifras y letras» y «Terceira rede». Del celuloide a la televisión autonómica saltó también la actriz Iria Piñeiro, participante de otro documental de «Hai que botalos» y que este verano ha presentado en el canal autonómico el espacio vespertino «Supermáster».

Intérpretes de «Hai que botalos» como Evaristo Calvo, Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo o Marcos «Petete» han encontrado un hueco en la serie «Pepe O Inglés», también emitida por la TVG con discretos resultados de audiencia. Paula Carballeira combina su participación en la referida serie con la dirección e interpretación de «A cabana de Babaiagá», una producción para el público infantil del Centro Dramático Galego, dependiente de una Consellería de Cultura que subvencionó con 27.600 euros a la compañía «Berrobambán», a la que pertenece junto a Anabel Gago, Chiqui Pereira y Teresa Rodríguez. Las cuatro, a su vez, aparecieron en el cortometraje crítico «Untos».

En este documental, que relataba las «guerras internas del PP», también fue parte activa Lorena Conde, productora en la actualidad del espectáculo «Circo-Lar», dentro del circuito «A Cultura Circula» - financiado por la Vicepresidencia de la Xunta y las Consellerías de Cultura e Industria, tres departamentos gobernados por el nacionalismo gallego-, en el que también se han incluido obras de Xesús Ron y Pela del Álamo, actores protagonistas de otro de los cortometrajes.

La Consellería paga
A sueldo de la Consellería de Cultura está también la actriz Nazaret López -guionista de la pieza «Me lo dijo Pérez»-, que presenta los actos de «O ano da memoria», organizados por este departamento. De Cultura depende también el Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC), donde se han proyectado vídeos de Juan Lesta, autor de un corto sobre la «manipulación informativa durante el «Prestige»». El músico Boy Elliot, responsable de la banda sonora del corto «¿Nunca Máis», ha participado en giras financiadas por la Consellería, caso parecido al del grupo de hip-hop «Dios ke te crew», que puso ritmo a una de las piezas del proyecto y ha participado recientemente en el festival «A Mocidade coa Lingua», subvencionado por la Vicepresidencia.

El programa «Onda Curta» de la TVG recoge, igualmente, a diversos integrantes del movimiento intelectual contra el anterior gobierno de Manuel Fraga. Su presentador, «Juanillo» Esteban, fue activo militante de los actos públicos de la plataforma «Nunca Máis». En su programa se han emitido cortometrajes de Cesar Martínez Goldi, participante a su vez en dos de los documentales de «Hai que botalos»: uno sobre el «despilfarro de las ayudas europeas» en la etapa de Fraga y otro acerca del «acarreo» de votos en el rural.

Así hasta superar la treintena de nombres y apellidos que, tras colgar la pancarta con el cambio de color político en San Caetano, se manifestaron el pasado agosto en Santiago no para exigir la depuración de responsabilidades en la Xunta por el «agosto negro» que calcinó más de 80.000 hectáreas entre el 4 y el 14 de dicho mes, sino para responsabilizar sin reparos a la anterior política del PP de la catástrofe incendiaria y defender la gestión de la actual Administración. PSOE y BNG duermen tranquilos. Saben que contra ellos no filmarán otro «Hai que botalos».

Inmigrantes y escuela vasca
AMELIA BARQUÍN /PROFESORA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL DE MONDRAGON UNIBERSITATEA El Correo 24 Septiembre 2006

Comienza un nuevo curso escolar y con él vuelve la cuestión de la escolarización de los hijos de familias inmigrantes en la escuela vasca. El debate forma parte de la preocupación por la tan traída y llevada cuestión de la 'integración' de los inmigrantes. Ante la diversidad de opiniones, quizá no esté de más recordar que la integración es un movimiento entre dos agentes, que se realiza a partir del contacto positivo entre el inmigrante y la sociedad receptora. Si ese contacto positivo no se produce, falta la condición necesaria. Se puede decir que la integración es un baile de pareja.

Para esa integración, la escuela es un espacio privilegiado, y la escuela de barrio en particular: niños de diversas procedencias se van a conocer allí, se harán amigos, se saludarán al encontrarse en la calle, se reunirán en el parque, pasarán alguna tarde unos en casa de otros... Un niño de familia vitoriana que tiene un amigo de familia marroquí difícilmente expresará juicios simplones sobre los marroquíes, esos que tan a menudo se escuchan en la calle. Y viceversa. Al mismo tiempo, para los padres de esos niños también la escuela puede ser un lugar de encuentro natural, que tendrá continuidad en otros espacios del barrio. Y seamos realistas, no hay muchos más espacios naturales -no hablo de fiestas interculturales y otros actos bienintencionados de carácter artificial y breve en el tiempo- para ese encuentro.

Esa cohesión tan a pie de calle es realmente necesaria en una sociedad cada vez más diversa donde la desconfianza y las actitudes racistas se expresan cada vez con mayor frecuencia. Es cierto que la diversidad es fuente de enriquecimiento en una sociedad. O una bomba de relojería. Todo depende de la gestión que se haga de ella. Y no hacer gestión es una mala gestión.

Pues bien, en muchos lugares y particularmente en las ciudades, los hijos de los autóctonos y de los inmigrantes no están ni siquiera juntos físicamente: asisten a diferentes escuelas o a diferentes modelos lingüísticos dentro de la misma escuela. No hay más que ver el documento del Gobierno vasco de junio de 2006 en que se da respuesta al parlamentario Iñaki Oyarzabal de Miguel acerca del número de inmigrantes matriculados en los centros de la CAPV. Las diferencias entre centros con casi el 0% de inmigrantes y otros contiguos con más del 70% son suficientemente claras. Y terribles.

Hay que recordar aquí que la existencia de los modelos lingüísticos es hoy en día un factor de separación: los hijos de los inmigrantes se matriculan en el modelo A en mucha mayor medida que los hijos de los autóctonos. ¿Qué información están recibiendo las familias recién llegadas sobre la escuela vasca y los modelos lingüísticos, que les está llevando a 'elegir' mayoritariamente opciones que los autóctonos van desechando? La sociedad vasca no garantiza la información a las familias de manera organizada y adecuada sobre los aspectos de su sistema educativo y eso tiene consecuencias importantes para el futuro escolar y social de sus hijos. No hay más que pensar en que parte de esas familias apenas hablan castellano al llegar; sin embargo, no hay un servicio en el Departamento de Educación adecuado a este tipo de necesidades

Pero ya sabemos que la cuestión de los modelos no es la única razón de esa segregación entre los niños de familia vasca y los hijos de familias inmigrantes. Buen número de familias autóctonas, por motivos difíciles de admitir abiertamente, miran con desconfianza las escuelas públicas donde se ha reunido un número relativamente mayor de niños de origen extranjero.

El caso es que estamos educando ahora a los jóvenes de dentro de cinco o diez años, y en algunos entornos los estamos educando separados: mientras unos se acumulan en determinados centros públicos, los otros huyen de esos centros; mientras unos saldrán de la escuela sin saber apenas euskara, los otros habrán aprendido mejor a manejarse en esa lengua; mientras sobre algunos hay pocas expectativas escolares, sobre los otros hay muchas más Con todas las consecuencias que todo esto tendrá en la vida social y laboral. La desigualdad, la desconfianza y el enfrentamiento futuros entre grupos sociales son los previsibles frutos de la torpeza política que supone no afrontar esta situación. Hace falta tener los ojos cerrados para no ver lo que está ocurriendo en los países vecinos y aplicarse el cuento. Y las medidas en el terreno de la educación están entre las primeras, entre las más básicas. Pero no basta con defender 'la escuela inclusiva' o escuela que acoge a todos los alumnos, como hacía el consejero de Educación, Tontxu Campos, en la inauguración del curso escolar; ¿pensarán nuestros políticos que la atención a la diversidad existe sólo con nombrarla, que no necesita intervención, que no exige inversión, que no cuesta dinero? Sin olvidar la inmoralidad -no se me ocurre otra palabra- de permitir que buena parte de los hijos de los inmigrantes pasen su vida escolar en guetos escolares.

A las autoridades educativas y a muchos profesionales de la educación no les gusta la palabra gueto; es una palabra fea. Y sin embargo la realidad es tozuda y, tal como deja bien claro el documento del Gobierno vasco antes citado, hay en Vitoria, por poner un ejemplo claro, cuatro centros -públicos y de modelo A- donde más del 70% de los alumnos son hijos de familias extranjeras, aunque en sus barrios la proporción de inmigrantes en el conjunto de la población está muy lejos de ser esa. ¿Cómo llamamos a eso? ¿En nombre de qué se tolera? Un amigo me recordaba hace poco que un gueto es un centro al que, aquellos que defienden su existencia, no llevarían nunca a sus hijos.

Un caso sangrante es el de la escuela del Casco Viejo de Vitoria, la única que hay en el barrio y que tiene ya muchos años de recorrido, el colegio público Ramón Bajo. Es una escuela valiente e implicada, que en la actualidad pretende desguetizarse (según el citado documento el 72% de los alumnos son hijos de inmigrantes) y ha entrado en un proceso de cambio de modelo, del A al D: en el curso que viene toda la educación infantil se ofrecerá ya en modelo D. Pues bien, mientras que los hijos de las familias gitanas e inmigrantes del barrio continúan matriculándose en la escuela con toda normalidad, las familias autóctonas no gitanas del barrio (que son el 83% de su población, la gran mayoría), siguen rehuyendo ese colegio; los hijos pequeños de estos vecinos se reparten por las escuelas de la ciudad, algunas cercanas y otras lejanas. Curiosamente la fuerte presencia euskaltzale y un considerable porcentaje de voto abertzale y supuestamente progresista en el barrio no parecen haber repercutido en una mayor matriculación en ese centro. Bonita paradoja la que se presenta: los niños inmigrantes aprendiendo solos en el modelo D (o en el A en los cursos superiores); bailando sin pareja el baile de la integración. Como si eso fuera posible. En el terreno de la cohesión social en el entorno del barrio, del Casco Viejo de Vitoria, es una oportunidad perdida de enorme magnitud.

Añadamos a esto un dato de peso: en el curso pasado, el 2004-2005, después del periodo de matriculación, es decir, entre septiembre y junio, la comisión de escolarización de la Delegación ha escolarizado en esta escuela nada menos que 40 alumnos de todas las edades recién llegados a Vitoria. Piénsese en lo que supone su acogida para un centro pequeño, que no llegaba al centenar de alumnos. ¿Y qué recursos le ofrece la Administración a esta escuela que lucha denodadamente por sacar la cabeza y no ahogarse? Pues ninguno: ni medios extraordinarios, ni más profesorado, ni la posibilidad de que algunos profesores se queden por más de un año y rentabilicen su experiencia (la gran mayoría no tiene plaza y cambia de centro anualmente) Dicho de otro modo, nada que ayude a la escuela a mantener e incrementar su calidad, a ganar prestigio en su entorno y a atraer a los autóctonos, que es el único modo de dejar de ser un gueto. Y aún así esta escuela tiene la vocación de seguir adelante con su esfuerzo y de poner en evidencia, con su sola presencia, la triste actuación de nuestras autoridades educativas.

Es sólo un ejemplo de lo que está sucediendo en Vitoria y en otros lugares. Necesitamos políticos con visión, valentía y carisma para afrontar el reto social que se presenta. Y dispuestos a invertir algo más que palabras -como dinero, recursos, soluciones flexibles - en ese reto. Lo contrario tiene un precio, que empezaremos a pagar dentro de pocos años. Y nos va a salir más caro.

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