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Recortes de Prensa     Sábado 30 Septiembre  2006

España radical
La extrema izquierda de ZP
Ignacio Cosidó Libertad Digital 30 Septiembre 2006

Para un radical de izquierdas como Zapatero cualquiera que se oponga a su credo pseudo-progresista es poco menos que un fascista. La deslegitimación democrática del adversario, y su posterior aniquilamiento político, es de hecho el único proyecto que hoy parece inspirar al Gobierno socialista y la estrategia principal que sigue el presidente para tratar de perpetuarse en el poder. Sólo así se explica que se convoque una gran conferencia del PSOE sobre el futuro y el mensaje final sea que el PP es la extrema derecha. El resultado de esta política podemos comenzar ya a percibirlo: una España enfrentada, crispada, marcada por divisiones irreductibles entre buenos y malos, entre izquierdas y derechas e incluso entre los diferentes territorios.

Rodriguez Zapatero representa la izquierda más radical que existe hoy en Europa. Sus aliados preferenciales en el exterior son la Cuba de Castro, la Venezuela de Chávez, la Bolivia de Evo Morales y ahora parece que el Irán nuclear de los ayatolaes. Por el contrario, mantiene permanentes disputas con las principales democracias occidentales, con Estados Unidos y el Reino Unido a causa de la guerra contra el terror, con Alemania por su inescrupuloso intervencionismo económico y ahora con Francia y el conjunto de la Unión Europea por su irresponsable política de inmigración.

En la política nacional su socio parlamentario de referencia ha sido hasta ahora un partido catalán de izquierda radial y de nacionalismo extremo, que apuesta abiertamente por derrocar el régimen monárquico y por lograr la plena independencia para su Comunidad Autónoma. Así, Rodriguez Zapatero ha situado como referencia de lo que es el centro político español a un partido que hasta entonces tan solo representaba la izquierda marginal en Cataluña.

Pero dando un paso más, Rodriguez Zapatero ha asumido como interlocutor político a un partido como Batasuna que representa uno de los pocos residuos de marxismo en estado puro, junto a la dictadura de Fidel Castro, que existen actualmente en nuestro planeta. El líder de esa organización, declarada terrorista por la propia Unión Europea, es además definido como un “hombre de paz”, mientras que sus adversarios democráticos son definidos sistemáticamente como “partidarios de la guerra”.

Amparado por estos socios Zapatero ha iniciado una agenda de reformas radicales que están poniendo en peligro la propia supervivencia de la Nación española y la pervivencia de principios básicos sobre los que se asienta nuestra convivencia. Su política territorial ha llevado ya al reconocimiento de diferentes naciones y realidades nacionales dentro del Estado español, en flagrante contradicción con nuestro ordenamiento constitucional que establece una única Nación española. Esta política ha establecido además relaciones de bilateralidad entre Cataluña y España y conduce, en palabras del propio presidente del Gobierno catalán, a la configuración de un Estrado residual. Ese modelo aspira ahora a exportarse al resto de las comunidades autónomas.

El presidente ha impulsado una serie de reformas legales, como el reconocimiento del matrimonio homosexual, que son tildadas de excesivamente radicales incluso por los líderes más respetados de la izquierda europea, como ha hecho recientemente el primer ministro italiano, Romano Prodi. La autorización para la investigación con embriones humanos nos vuelva a situar en la vanguardia de la progresía europea y nos augura otro capítulo de enfrentamientos con la Iglesia católica.

Este Gobierno ha roto además todos los consensos sobre materias que deberían definirse como cuestiones de Estado. Así, desmanteló nada más llegar al poder el Plan Hidrológico Nacional sin ofrecer alternativa, rompió el Pacto por la Justicia que el mismo había firmado estando en la oposición, improvisó una contrarreforma educativa que está encontrando una enorme discrepancia no sólo política sino también social y ha hecho saltar por los aires el Pacto por las Libertades que se había mostrado como el arma más eficaz para poder derrotar a los terroristas.

Desde esta perspectiva radical es lógico que Zapatero intente crear la trampa óptica de situar al Partido Popular en la extrema derecha para alimentar su estrategia de la confrontación, pero la realidad es que el PP sigue en la misma posición ideológica desde su refundación en 1989, una política reformista que fue además contrastada por ocho años de gobierno cuyo balance global positivo es difícil de discutir. Por el contrario es el propio Zapatero el que está llevando al PSOE hacia un radicalismo que pone en riesgo la propia supervivencia de España y de nuestra convivencia.

Ignacio Cosidó es analista del GEES

ETA y el Parlamento Europeo
Sus gallardas señorías
GEES Libertad Digital 30 Septiembre 2006

En política, nada es más absurdo y peligroso que perderse en principios ideológicos y alejarse de la realidad. Y la realidad del terrorismo etarra es una: a Miguel Angel Blanco lo secuestraron, lo escondieron atado de pies y manos en un pequeño zulo durante 48 horas y no le dieron comida ni bebida. Dicen que sudó mucho durante esas horas. Después lo llevaron a una cuneta, lo pusieron de rodillas y le descerrajaron dos tiros en la nuca. Eso es todo. Más allá de comunicados, de encuestas, de propaganda pactista, recordemos que esto es ETA y a esto se dedica.

A esto y a otras cosas igualmente edificantes; lanzar un camión bomba contra los niños de la Casa Cuartel de Vic, reventar en hora punta un Hipercor catalán, pegarle fuego a la Plaza de la República Dominicana, enterrar vivo a Ortega Lara. Todos estos actos fueron ordenados por la cúpula etarra, la que hace cálculos, ordena atentados, organiza actos y elabora comunicados. La misma cúpula con la que ahora se sienta a dialogar Zapatero. Conviene no olvidar que cada uno es responsable de sus actos; y Zapatero lo es de sentarse a dialogar con quien se sienta. Allá su estómago; el ansia infinita de paz parece ser un antiácido muy potente.

La última maniobra del Gobierno tiene lugar en Estrasburgo. Allí, los voceros del terrorismo se pasean por los despachos y se entrevistan con sus señorías eurodiputados, que les reciben solemnemente. Orgullosos por su solidaridad, se preparan para debatir y aprobar una moción de apoyo al pacto de Zapatero con ETA. Están muy preocupadas, sus señorías, por la paz. Eso sí, no tienen un mísero minuto de sus adietadas agendas para recibir a la AVT, la Fundación Miguel Angel Blanco o al Foro Ermua, que se vuelven sin hacerse oír en tan ocupado foro.

La clase política europea está radiante de su gallardo empujón a la paz. El socialista alemán Martin Schulz afirma que “hay que discutirlo ahora y explicar que el Parlamento Europeo, en su gran mayoría, está en favor de este proceso”. Enrique Barón, acusa al PP de “fanatismo y sectarismo”; precisamente él, cuyo partido toma café con Arnaldo Otegui. A los socialistas europeos se les unieron los liberales de ALDE –que conciben la libertad sólo al norte de los Pirineos–, Los Verdes –más sensibles a la suerte de las acacias que a la de los concejales españoles– y la Izquierda Unitaria, cuyo modelo de democracia se sitúa en aguas caribeñas. Todos ellos aplauden sacando pecho que se negocie con los asesinos confesos. Y las víctimas... esas que esperen.

Los mismos que antes se ponían delante de la manifestación cuando José María Aznar acorraló a los criminales etarras, ahora se dan codazos para figurar en la foto del diálogo con ETA. Tantas declaraciones de firmeza, de apoyo frente al terrorismo, de declaraciones éticas, se convierten en cháchara cuando las mayorías parlamentarias lo exigen y cuando el juego de poder en la Eurocámara y en los Estados miembros cambia. Sus señorías no dudan en dar con la puerta en las narices a las víctimas y recibir como héroes a sus verdugos cuando los socialistas españoles les piden ayuda para pactar con ETA con la oposición de media España; Es la política, amigos.
Esto es Europa, estas son sus instituciones y estos son sus parlamentarios. Cualquier alusión a los principios, a la decencia, al apoyo incondicional a las víctimas o represaliados desaparece cuando la mayoría lo necesita. Hacen falta pocos escrúpulos para ello, pero al menos demuestra que la Vieja Europa no está sólo liderada por la cobardía y los complejos. Está gobernada por el cinismo y la hipocresía, lo peor de su tradición política. Y es que Europa se está convirtiendo en un profundo pozo de corrupción moral e intelectual. Eso sí, dando lecciones por el mundo. Y con mucha gallardía.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

ETA y los separatistas ganan, España y Europa pierden
Carlos Juan Gómez Martín Periodista Digital 30 Septiembre 2006

[España]
La aceptación por el Parlamento europeo del debate sobre el llamado Plan de Paz del gobierno es, probablemente, una de las noticias más inquietantes de los últimos tiempos, tanto para España como para Europa. Esa decisión tiene diversas vertientes, implicaciones y consecuencias sobre las que, brevemente, quiero reflexionar.

Desde el punto de vista español se está cumpliendo uno de los viejos anhelos de ETA: internacionalizar “el conflicto”, convertirlo en un debate sobre el enfrentamiento entre un país oprimido, Euzkadi, y la nación opresora. Ese argumento, lógico desde la óptica de los terroristas y sus aliados, eleva el tema a una confrontación entre naciones soberanas, rompiendo el esquema, real, de un enfrentamiento del estado de derecho con una banda de asesinos. Ningún gobierno español había aceptado nunca ese debate, que no solo afecta al País Vasco sino que puede ser aprovechado por los separatistas de cualquier región española para plantear un esquema similar, pues el mensaje es claro al respecto.

La responsabilidad de este paso la tiene, esencialmente, el gobierno de Rodríguez Zapatero, pero en verdad es un problema que no se atajó en la Transición y que los diversos gobiernos no han abordado en su raíz, que no es el terrorismo, sino la implantación del nacionalismo como la ideología dominante y dominadora, habiendo asumido todos los partidos y la sociedad ese hecho. El primer error fue permitir un Título VIII de la Constitución donde se daba satisfacción a las demandas nacionalistas del momento. El segundo asumir los postulados nacionalistas como los propios del País Vasco empezando por el hecho insólito de que la bandera del PNV sea la de la comunidad autónoma y terminando por dar los resortes de control social (educación, economía, seguridad, etc. ) a los nacionalistas. Cesión tras cesión se ha ido generando un caldo de cultivo que ha dividido a la sociedad vasca en dos mitades cada vez mas irreconciliables y dado a los nacionalistas los argumentos para fijar el debate como un enfrentamiento entre naciones.

Las consecuencias son imprevisibles, pero creo, a la luz de otras experiencias, que la primera será la independencia del País Vasco a no muy largo plazo, la posible instauración de un régimen radical y, quizás, una guerra civil en ese territorio, si Navarra entra en el “acuerdo” la situación será claramente de enfrentamiento. La independencia del País Vasco dará alas a otros separatistas con la consiguiente desestabilización de toda España y quizás la yugoslavización de la misma. Tal vez alguien piense que esté panorama es muy exagerado, pero una simple reflexión sobre lo ocurrido en Yugoslavia y nuestra idiosincrasia, recordemos la primera república, hace que el panorama no sea muy esperanzador.

Pero si a nivel español el resultado puede ser catastrófico, Europa no saldría mejor parada. Debemos olvidarnos de esa ingenuidad de que la UE no permitiría la desmembración de un país miembro, pues la UE no tiene capacidad para nada y así lo ha demostrado en los Balcanes, Checoeslovaquia, etc. Es mas, creo que algún país estaría encantado de que España quedase debilitada para convertirla en una colonia en la práctica e influir sobre los nuevos estados catalán y/o vasco. El problema es que el separatismo es contagioso y el rebrote nacionalista llegaría a Bélgica, ya madura, zonas de Italia, Francia, etc. destapándose una caja de los truenos sin precedentes desde la Primera Guerra Mundial, ¿política ficción?, creo que no, mas bien muy factible. Ello sin olvidar, que un estado vasco de corte socialista-marxista sería de lo mas desestabilizador.

Desgraciadamente estas hipótesis, aunque solo sean eso, deberían ser tenidas en cuanto por los aprendices de brujo que nos gobiernan, pero también por esta sociedad apática y hedonista que, aunque solo fuese por defender su actual status de bonanza material debería oponerse a estos dislates, pero no creo que ello ocurra y el resultado puede no estar tan lejos.

Garzón sin máscara
EDITORIAL Libertad Digital 30 Septiembre 2006

Todas las dudas que hubiéramos podido tener acerca de la imparcialidad del juez Baltasar Garzón en lo relativo al 11-M, quedaron ayer resueltas con la imputación de los tres peritos de la Policía que elaboraron el informe posteriormente manipulado por un superior. El delirante Auto que el juez estrella del PSOE presentó ayer es un monumento al descaro y la constatación definitiva de que Garzón, lejos de permanecer neutral y a la expectativa, se está mojando más de la cuenta y ya se ha decantado sin ambages por uno de los bandos.

Por un lado, el juez de la Audiencia Nacional no es competente en delitos como la falsedad documental. Y no lo es porque el caso de los informes falsificados se está tramitando en los juzgados de primera instancia de Madrid y no en su Audiencia. Por otro, y esto es lo más sangrante de todo, imputa a dos probos funcionarios que, advertidos de un fraude documental perpetrado por su jefe, Francisco Ramírez, denunciaron la manipulación del informe científico elaborado y firmado por ellos hace más de un año.

La desfachatez y sinvergonzonería de Garzón alcanza su paroxismo cuando acusa a los peritos encargados de realizar el informe de haber incurrido en el presunto delito de Ramírez, es decir, en el de falsificar el documento policial. Lo hace, además, sin sostén, porque no puede demostrar que los agentes modificasen en modo alguno el contenido del informe. Privado de esto, toma por falsificación la simple y llana reimpresión de un documento almacenado en el ordenador de los peritos y su posterior firma.

La única evidencia sobre la que se apoya el Auto es que los tres imputados estamparon su firma tras imprimir de nuevo el informe, esto es, que la fecha del informe, 21 de marzo de 2005, y la de la firma, julio de este año, son diferentes. Al margen de esto, perfectamente explicable en tanto en cuanto nadie guarda los textos firmados en el disco duro, el informe impreso en julio es igual al original y no ha sufrido alteración alguna.

La maniobra de Garzón para enturbiar el caso de las falsificaciones es totalmente insostenible, pero sirve a la perfección como cortina de humo para disolver en ruido el escándalo de la última semana y ganar tiempo. En esto, como en casi todo lo que se pergeña en las zahúrdas socialistas, no se han escatimado medios y se ha aplicado la fuerza exacta para anular el severo golpe recibido por los partidarios de la “versión oficial” tras la filtración del informe falsificado.

Una argucia más a añadir en la cuenta de los que no quieren que se sepa nada de lo que pasó antes, durante y después de la masacre de marzo. Un farol demasiado a la vista que nos demuestra el grado de desesperación de los que no saben ya como parar una marea, que amenaza con sepultar los cuatro lugares comunes que nos vienen sirviendo desde hace más de dos años. Esta vez han tenido que recurrir al mismísimo Garzón que, ya sin máscara, puede contribuir mejor que nunca al esclarecimiento de la verdad.

Suspicacia separatista
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 30 Septiembre 2006

EL hecho de que Batasuna, la expresión política de ETA, ponga pies en pared porque, en el curso de unas maniobras militares que se celebran en el límite cantábrico de España, unos paracaidistas exhiban su pericia en la playa de Ereaga, en Guecho, entra dentro del disparate establecido, asumido por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y elemento de constante perturbación para nuestra convivencia democrática. Batasuna es un partido ilegal y raro sería que sus formas y expresiones resultaran democráticas. Más grave me parece la reacción ante el mismo hecho anecdótico, aplaudido por la mayoría de los civiles que se solazaban en tan hermosa playa, de dos partidos con representación en el Congreso y en el Parlamento de Vitoria.

La Constitución todavía vigente sólo le dedica un artículo, el octavo del Título Preliminar, al Ejército: «Las Fuerzas Armadas (...) tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Eso es lo que dice y prescribe el reglamento del juego y por ello resulta ridículo, además de perverso, que para descalificar unas maniobras militares pueda decirse, precisamente, que «el Ejército es el defensor de la unidad del Estado». Eso dice Batasuna, y el PNV y EA, cada uno por su parte, le hacen el coro a los abertzales protestando por la exhibición paracaidista e interpretándola como una exhibición de fuerza.

Lo que ocurre en el País Vasco suele sobrepasar los límites de la razón y, para empeorarlo, nos vamos acostumbrando a ello; pero que un Gobierno autonómico -la representación del Estado en su propio territorio- solicite la paralización de unas maniobras militares lleva el caso a los límites del absurdo total. El Ejército tiene la responsabilidad de defender la integridad de todo el territorio, País Vasco incluido, y en consecuencia tiene la obligación, además del derecho, de efectuar maniobras en cualquier punto que su Estado Mayor considere conveniente para el perfeccionamiento de la estrategia defensiva nacional. Mientras Vitoria no sea la capital de un nuevo Estado, su Parlamento debiera agradecer esta dedicación castrense.

Un orate republicano y menor, incendiario acreditado, aconsejaba la quema de las iglesias porque el padrenuestro, al invocar el Reino de los Cielos, era una proclama monárquica intolerable. Así seguimos, instalados en el despropósito, a la búsqueda de la anécdota que permita el ruido para evitar que el sosiego imponga un toque de sentido común en nuestra vida política. Los separatistas vascos no tienen más que esperar para que, con la ayuda del socialismo local -como en el caso de Cataluña- y el patrocinio de Zapatero, la Constitución vaya perdiendo fuerza, pero no necesitan hacer el ridículo y escandalizarse porque un paracaidista llegue a la playa.

Todos los riesgos del presidente
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 30 Septiembre 2006

EL PRESIDENTE del Gobierno solemnizó anteayer en el Congreso el cambio radical de su política frente a ETA, cuyos términos quedaron formulados en una resolución del propio Congreso del año 2005. Esa política se resumía en dos extremos esenciales: que no se negociaría con ETA mientras existiera cualquier manifestación de violencia terrorista; y que sólo se entablarían conversaciones con la banda tras constatar la existencia de «actitudes inequívocas» que pusieran de relieve la «clara voluntad» de ETA de poner fin definitivamente al terrorismo.

Fueron esas dos condiciones las que determinaron que, tras la tregua, se investigara con detalle si ETA enviaba todavía cartas de extorsión o si las que seguían apareciendo eran anteriores a la fecha del alto fuego de la banda.

Pues bien, de esa minuciosidad en el análisis del cumplimiento de las condiciones fijadas en la Cámara hemos pasado, sin solución de continuidad y sin que el Gobierno ofrezca ninguna explicación, a que su presidente afirme tan tranquilo que negociará con ETA pese al evidente rebrote de la violencia callejera y a las innegables manifestaciones de la banda a favor de continuar su actividad, apoyadas hace unos días en Oyarzun con toda la parafernalia terrorista de las capuchas y las armas.

Ambas circunstancias han determinado un cambio de escenario tan evidente como drástico, que hace crecientemente legítima la sospecha sobre qué impulso explica la pertinacia de Rodríguez Zapatero: si la seguridad de que puede seguir adelante sin temor o el temor de que ya no tiene marcha atrás, dado el previsible coste electoral que tendría para él el abandono del proceso en el que, sin contar casi con nadie, se embarcó.

Es esa segunda hipótesis la que resulta a día de hoy más verosímil. ¿Por qué? En primer lugar, porque todo hace pensar que si el presidente dispusiera de datos para refutar los malos augurios que se instalan día a día con más fuerza entre ciudadanos y políticos los pondría de inmediato en conocimiento de la opinión pública española.

Pero también porque desde el principio eran ciertos los riesgos de la comprometida apuesta de Rodríguez Zapatero. Uno personal: el de generar una expectativa que, de no verse satisfecha, significaría un fracaso estrepitoso de su carrera fulgurante. Y, por ello mismo, otro riesgo colectivo: el de la huida hacia delante del presidente del Gobierno, que podría acabar por poner en peligro lo mucho conseguido en la lucha contra ETA con tal de no verse forzado a reconocer que se había equivocado en sus expectativas y sus cálculos sobre el final negociado de la violencia terrorista.

Chivatazos
¡Ay!
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 30 Septiembre 2006

Nos espeluzna imaginar a un servidor del orden corriendo al bar de un etarra para pegarle a la oreja un móvil a través del cual otro policía da un chivatazo que aborta una operación contraterrorista. Pero si uno de ellos fuera el jefe de seguridad del PSOE y la llamada partiera de un número telefónico a nombre del partido, además de espeluznarnos nos devolvería de golpe al tiempo en que las cartucheras de los agentes de la seguridad del Estado y de los militantes socialistas se confundían en la madrugada.

Esperemos que el tiempo no retroceda tanto con la recuperación de la memoria histórica. El telefonazo en el momento y lugar precisos se debe investigar con celeridad y transparencia; el menor intento de obstruir esa investigación, el más ligero chorro de tinta rubalcábica sería para llevarse las manos a la cabeza y salir corriendo de un edificio institucional que amenaza ruina.

Descubrir un sistema de vasos comunicantes entre el partido que gobierna y el ministerio del Interior es dar con una patología que conduce a la infección fatal de los aparatos del Estado. No serán los diligentes y honrados policías los que contagien su probidad al PSOE. Será más bien lo contrario de lo opuesto. Los síntomas son preocupantes. Telesforo y Santano prepararon sus respectivas comparecencias ante la Comisión del 11-M en una sede socialista. ¿Por qué? ¿Qué explicación hay que no sea vergonzosa?

Rubalcaba responde a la sentencia judicial por las detenciones ilegales de militantes populares con premios al contado. Bingo para los que adaptaron sus declaraciones a las de Bono, más falsas que un duro falso. Más falsas que el informe del typex al que le ha dado la vuelta Garzón, logrando al fin protagonismo en un asunto que le atrae irresistiblemente desde la misma mañana de la tragedia.

Ay, España. Ay, jueces que ya hemos visto antes. Ay, ministro del Interior cuya cara nos suena demasiado. Ay, el eterno retorno. ¿Por qué no fundaría Pablo Iglesias un casino para tipógrafos jubilados?

La hipótesis clave
Pío Moa Libertad Digital 30 Septiembre 2006

La misión de los peritos consiste en señalar los datos y sus posibles conexiones. Si el ácido bórico sirve para enmascarar explosivos o tiene otras aplicaciones similares, y ha sido descubierto en poder de etarras y terroristas islámicos, constituye un indicio, aunque lejano, de una posible conexión entre ambos. El indicio solo cobraría peso si existen otros más.

Por otra parte, es muy razonable la hipótesis de trabajo de una conexión entre el terrorismo islámico y la ETA. Ambos terrorismos comparten fines esenciales (la destrucción de la democracia y la unidad de España, la lucha contra “el imperialismo”, etc.) y emplean los mismos medios, aunque difieran algo en el estilo. La ETA ha montado una red de relaciones internacionales con el terrorismo palestino, con la Argelia izquierdista de hace años, etc., y resultaría sorprendente que no tuviera algún lazo con los islámicos de ahora.

De ahí no se deduce por fuerza que la conexión exista, o que exista en el caso del 11-M, pero es una hipótesis necesaria en cualquier investigación.

Sin embargo Garzón y el gobierno están absolutamente empeñados en negar toda relación entre los dos terrorismos, ni siquiera como hipótesis, y esa obsesión les lleva incluso a falsificar documentos y a procesar, en un nuevo acto de ilegalidad y despotismo, a quienes apuntan la posibilidad.

La causa de esa actitud es simétrica de la que llevó al gobierno de Aznar, en un primer momento, a afirmar con excesiva fuerza que la matanza del 11-M solo podía provenir de la ETA: en tal caso tenía las elecciones ganadas; pero si era islamista, las ganaba el PSOE, probablemente. Pues el envenenamiento de la opinión pública por la propaganda izquierdista y separatista, unida a la inepcia y el miedo de la derecha, ha permitido esta perversa distinción entre un terrorismo y otro, pese a que ambos amenacen por igual a la democracia española.

Por eso cualquier indicio de implicación etarra en el 11-M encuentra un rechazo furioso por parte del gobierno y sus servidores. Un gobierno ilegal, no lo olvidemos, que colabora políticamente en los designios de los asesinos, presentando su felonía como proceso de paz.

Con todo, tengo la impresión de que la hipótesis decisiva tiene menos relación con la ETA que con el mismo PSOE. Si, como parece, los implicados eran confidentes o estaban controlados por policías ligados a ese partido, nos encontraríamos, en el mejor de los casos, con una negligencia realmente espantosa. Y en el peor, con una colaboración real, al estilo de la producida hace unas semanas con la ETA, con muy probable origen directo en Ferraz. ¿Se ha investigado a aquellos policías? ¿Se les ha destituido por su –en principio– negligencia? Todo lo contrario.

Ahí radica la clave, a mi juicio.

«Zapatero lleva la tregua a Bruselas para ganar tiempo, teme perder las elecciones»
«Cuando una nación ha decidido suicidarse, como parece que busca el PSOE, la Unión Europea no va a evitarlo»
C. Morodo La Razón 30 Septiembre 2006

Madrid- Mayor Oreja interpreta que tras la decisión del PSOE de avalar la «internacionalización del conflicto», en terminología etarra, hay una huida hacia adelante para «anestesiar» a la sociedad y aparentar que la tregua evoluciona bien, aunque sea «mentira».

-¿Qué cree que busca el PSOE llevando la tregua de ETA al Parlamento Europeo? ¿Legitimidad para la negociación? -Al Gobierno lo que más le preocupa en estos momentos es ganar tiempo. Hoy hay dos estrategias distintas enfrentadas: la de ETA, que quiere claridad, y por eso inunda Bilbao de pasquines diciendo que «la lucha es el futuro»; y la del Gobierno, que por encima de todo pretende hacer ver que su proceso va bien para anestesiar así a la sociedad. El Ejecutivo intenta cambiar la imagen de las campas de Oiartzun, que significan la lucha, por el Parlamento Europeo, que se quiere utilizar para aparentar que, pese a todo, el proceso sigue adelante.

-¿A qué precio, a su juicio?
 -Zapatero está convencido de que con el mal llamado proceso puede ganar las próximas elecciones generales y ETA, sin embargo, está en la autodeterminación.

-Pero algo ha tenido que fallar para que la Eurocámara se preste a avalar ese escenario que usted plantea después del ingente esfuerzo de pedagogía hecho en estos años atrás para explicar la verdadera naturaleza del problema del terrorismo en España. Hay quien mira al Partido Popular Europeo...
-Conviene no olvidar que en Europa siempre tiene un plus el Estado y el Gobierno de turno que ha sido refrendado por una elección general. El PSOE está intentado utilizar esa baza a su favor, sin duda. En cuanto al Partido Popular Europeo, no tengo ninguna duda de que va a estar en su lugar, lo que pasa es que no pueden poner la misma pasión que nosotros porque ellos no saben, por ejemplo, que éste es un asunto en el que nos va la vida. En cualquier caso, cuando una nación quiere suicidarse, que es lo que yo aprecio que sucede a veces con algunas actitudes de los socialistas, no puedes evitar el suicidio desde la Unión Europea.

-Y ustedes, ¿qué instrumentos tienen a su alcance para hacer frente a esta «internacionalización del conflicto» que ETA siempre ha reivindicado?
-Nosotros vamos a tratar de dar la batalla en la UE hasta el último segundo. De momento, hemos puesto en contacto a asociaciones de víctimas con representantes de todos los grupos. Además, tenemos ya garantizada la unidad dentro del PPE y estamos hablando con eurodiputados de otras formaciones para sensibilizarles sobre nuestras posiciones.

-¿Y presentarán una resolución alternativa?
-Si los socialistas la presentan, nosotros también, y nuestra propuesta estará basada en reflejar el disparate que supone llevar a Europa un asunto que divide a los españoles. En sí mismo, haya o no haya resolución, el debate es un error porque es forzar a los europeos a tomar posición sobre una cuestión en la que los dos grandes partidos, PSOE y PP, no están de acuerdo. Y eso beneficia a ETA porque debilita a España. En cualquier caso, éste no es un tema sustantivo sino una distracción. Vuelvo a insistir, la autodeterminación es la esencia del proceso, y el siguiente paso clave para entender qué está pasando es la legalización de Batasuna en los ayuntamientos vascos. Luego, vendrá Navarra.

-Según su experiencia y conocimiento, ¿hasta cuándo aguantará ETA sin conseguir lo que quiere?
-El Gobierno se está dando cuenta de que ETA no va cambiar y, por eso, como he dicho, lo único que pretende es ganar tiempo y engañar a los terroristas como engañó a ERC en el final de la tramitación del Estatuto de Cataluña. El juego de Zapatero es el de la mentira y, para eso, lo que necesita es tener un enemigo común, que es el PP. Mi previsión es que el PSOE va a convocar las elecciones generales en función de cómo marche la tregua, y todo apunta que se van a anticipar. Incluso puede que se celebren antes de las municipales.

-Pero eso está a la vuelta de la esquina.
-Estoy haciendo de profeta, pero es evidente que todo se está acelerando. Lo de Oiartzun precipita los acontecimientos porque ETA ha dicho con claridad que está al borde de la ruptura y ha advertido también al PSOE de que no la van a engañar como se ha engañado a ERC. Al contrario de lo que dice el Gobierno, éste no va ser un «proceso largo», sino corto y explosivo, y que haya elecciones generales antes de las autonómicas y municipales depende de su evolución. No hay que cometer el error de olvidar que ETA sólo busca la autodeterminación, con dos grandes pruebas de fuego de por medio, la legalización de Batasuna y la incorporación de Navarra a una confederación vasco-navarra. Todo lo demás, como los presos, es paja. ETA ha aprendido que la autonomía fue un instrumento de poder para el PNV y piensa que la autodeterminación le va a permitir tener ese poder que tanto desea.

-El Gobierno dice lo contrario, y se supone que es quien maneja más información «delicada».
-ETA es una organización totalitaria, tanto cuando es débil como cuando es fuerte. Su único objetivo es el poder y no puede cambiar. Decir que aceptará rendirse a cambio de nada es desconocer por completo el problema del País Vasco.

-¿Cómo se puede salir de este lío?
-España está en una situación muy difícil. Desde el comienzo de la Transición nunca hemos atravesado por un momento tan delicado como el presente. ¿Cómo se sale? Pues con responsabilidad, con esfuerzo, con sacrificio y sabiendo estar a la altura de la gravedad de las circunstancias. Mi partido está obligado a tener clara su estrategia y a saber qué va a hacer cuando llegue al Gobierno para subsanar el gran fracaso del cambio generacional de la izquierda española.

-¿Usted sigue teniendo alguna duda sobre la autoría de los atentados del 11-M?
-Todas las dudas.

-Es decir, que a día de hoy no descarta que, de una manera u otra, ETA haya estado relacionada con la masacre de Madrid.
-No lo he descartado nunca y tampoco lo hago ahora, por supuesto. Soy incapaz de saber quién es el autor intelectual de la masacre terrorista, pero tengo la convicción moral de que fue organizada para que el Partido Popular perdiera las elecciones. Es imposible que unos islamistas de quinta regional diseñaran el atentado del 11-M.

El Constitucional admite a trámite un recurso del Gobierno y suspende la Ley Audiovisual catalana
F. ÁLVAREZ / IVA ANGUERA MADRID/BARCELONA ABC 30 Septiembre 2006

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado el pasado 1 de agosto por el presidente del Gobierno contra la Ley Audiovisual de Cataluña, según consta en la providencia emitida por el Alto Tribunal. Quedan en suspenso un total de 55 artículos y tres disposiciones adicionales, del total de 140 de que consta la polémica ley autonómica. El TC recuerda que el Gobierno invocó el artículo 161.2 de la Constitución, que supone que las normas autonómicas que lleve ante ese tribunal queden en suspenso de forma automática.

La normativa fue aprobada el pasado 20 de diciembre en el Parlament con el único voto en contra del Grupo Popular y entró en vigor el 3 de enero, con el rechazo unánime del sector de la comunicación, que tildó el texto de mordaza y ejercicio de censura. La ley desarrolló las competencias del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), organismo en el que la Generalitat delegó la potestad de determinar la veracidad de las informaciones e imponer sanciones o cerrar emisoras cuando así lo deseara.

El recurso afecta de forma troncal a la ley catalana y responde al conflicto entre Gobierno central y autonómico por la gestión del espacio radioeléctrico -necesario para planificar la oferta de operadores- y la conversión de concesiones en licencias -por tiempo indefinido- para las cadenas de radio y TV. Se centra en el articulado que hace referencia a la gestión del espacio radioeléctrico, el contenido y gestión de los planes técnicos, y las obligaciones generales establecidas para los actores de la comunicación audiovisual. Además, la Abogacía del Estado recurre íntegros los capítulos segundo y tercero del texto, sobre la controvertida «garantía del pluralismo y control de las concentraciones» y el «régimen de la licencia» de medios audiovisuales. Además, afecta a los artículos que establecen las funciones y potestades del CAC.

También han quedado recurridos el contenido de las licencias autonómicas y locales, las obligaciones de sus titulares, y los requisitos de vigencia y renovación de la licencia. Los Capítulos IV, V y VI también han sido objeto del recurso, que hacen referencia a las tecnologías distintas del espectro radioeléctrico, los distribuidores de servicios de comunicación audiovisual, y de esos servicios sin ánimo de lucro. Asimismo, la Abogacía del Estado ha recurrido los artículos 86 de «obligaciones con relación a la presencia de la lengua y cultura catalanas y del aranés en la comunicación audiovisual» y 87, que establece las «obligaciones en materia de difusión de obras audiovisuales europeas».

«Privilegiada» relación PSOE-PSC
El anuncio del recurso cayó como una bomba en la precampaña catalana y fue rápidamente aprovechado por CiU y PP para ironizar sobre la relación «privilegiada» entre el Gobierno del PSOE y la Generalitat del PSC. Ironías al margen, fuentes gubernamentales reconocieron que esperaban este paso, aunque ambas administraciones mantienen teóricamente abiertas las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre la polémica ley. Así, el Gobierno catalán confía en conseguir que el Ejecutivo reduzca los artículos recurridos.

Por su parte, el Consejo Audiovisual Catalán (CAC) advirtió de que considera vigentes todas sus competencias, ya que su actividad está avalada por la ley de creación de la entidad, anterior al texto recurrido ahora por el Tribunal Constitucional. «El CAC continua manteniendo todas sus competencias en materia de información y en relación con la concesión de títulos habilitantes, así como su potestad sancionadora», señaló el portavoz de la entidad reguladora.

Una ecuación irresoluble
IÑIGO BULLAIN /PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y EUROPEO DE LA UPV-EHU El Correo

La declaración de tregua por parte de ETA y el apoyo parlamentario al Gobierno para emprender un diálogo con la organización armada han provocado, a mi juicio, falsas expectativas sobre el resultado a obtener de tales conversaciones. De un lado, se espera que como consecuencia de las mismas el Gobierno acordaría la disolución de ETA a cambio de una legalización política y de ciertos beneficios penitenciarios: aproximación de presos, terceros grados; por otro lado, se especula con determinadas concesiones políticas que se encauzarían a través de un foro multipartidista denominado 'segunda mesa'. Sin embargo, entiendo que las dos premisas de la ecuación, es decir, la disolución de la organización a cambio de unos acuerdos políticos, son para ambas partes irrealizables. Por una parte, la dirección de ETA no cuenta con la legitimidad orgánica ni tampoco con la autoridad ideológica para disolver la organización. Por su parte, el Gobierno no cuenta con ningún mandato para poder negociar sobre dominios -territorialidad, autodeterminación- sobre los que carece de competencia.

La organización que hoy se conoce como ETA tiene su origen en la división que en 1974 dio lugar a la aparición de ETA (m) y que dividió a ETA entre milis y polimilis, sustituyendo a la anterior estructura de frentes: político, cultural, obrero y militar. Mientras que ETA (pm) terminó disolviéndose tras diversas vicisitudes en los ochenta y estuvo detrás del alumbramiento de Euskadiko Ezkerra, ETA (m) se fusionó con los 'berezis' provenientes de ETA (pm) y estableció una dirección conjunta en 1977. Desde entonces la dirección etarra ha sido renovada por cooptación, eludiéndose cualquier procedimiento de representación más o menos participativo, como ha sido el caso del IRA. Por consiguiente, es lógico suponer que la dirección etarra no cuenta con ningún derecho representativo como para comprometer la existencia de la organización. De hecho, la perspectiva de disolver ETA nunca ha sido contemplada, salvo intermitentemente por el denominado 'cáncer liquidacionista', y por el contrario, conforme a la doctrina etarra, aun alcanzando sus objetivos, ETA permanecería como garante.

En la fundación de ETA (m) es clave la estrategia organizativa diseñada por Argala, que implica la desconexión orgánica de la organización militar del entramado político «para evitar derivas reformistas y garantizar la estrategia revolucionaria». Este diseño para asegurar la continuidad de la organización no impidió que la cúpula etarra, conforme a unos criterios oligárquicos de centralización y jerarquía, dirigiera la organización y 'de facto' al MLNV, como se evidenció con la crisis de HASI a finales de los ochenta o la ruptura de la tregua una década más tarde.

En lo que se refiere al credo ideológico, el imaginario etarra está sustentado en la legitimidad de la violencia política como respuesta a la violencia que el Estado impone sobre Euskal Herria con objeto de liberar al Pueblo Vasco y alcanzar la independencia, negándose terminantemente la posibilidad de que mediante el solo recurso a las vías políticas dicha liberación fuera posible. Tal axioma, que hace de la violencia el eje central alrededor del que se construye una suerte de religión nacional y de ETA, una especie de liderazgo mosaico, se ha mantenido inalterable durante las últimas tres décadas y nada hace suponer que como consecuencia de las conversaciones pueda, conforme a ese imaginario, resultar invalidado, por alcanzarse o quedar despejado el camino hacia la Euskal Herria socialista 'de leche y miel'.

De hecho puede recordarse que ETA no ha sido capaz de forzar una negociación ni con el Ejército, como pretendió durante años, ni tampoco con sucesivos gobiernos españoles. Las conversaciones de Argel y de Ginebra con los ejecutivos de González y Aznar apenas superaron el estadio de intercambio de opiniones. También fracasaron las negociaciones con otras fuerzas nacionalistas en torno al denominado 'Pacto de Lizarra'. En realidad las pretensiones de ETA de negociar en nombre del 'Pueblo Vasco' en favor del reconocimiento de derechos para Euskal Herria chocan con una serie de obstáculos infranqueables: la falta de representatividad de ETA para hacerlo y la imposibilidad de representar legítima y legalmente a tales sujetos; la oposición de las fuerzas políticas a que se ningunee a sus respectivos electorados; la debilidad de ETA para forzar una negociación, o la negativa rotunda del Estado y de la sociedad a reconocer a ETA que el recurso a la violencia política estaba justificado.

Resulta así una paradoja que la ecuación de una imposible negociación se establezca en unos términos en los que la disolución de la organización sólo se haría posible como consecuencia de su reconocimiento como interlocutor político. Por los motivos antes expuestos entiendo que, por el contrario, resulta más previsible contar con que ETA no se disolverá, aunque pudiera ofrecer garantías sobre el cese de la actividad armada a cambio de que se abra una vía a la actividad política del MLNV y de unos beneficios penales y penitenciarios para presos y refugiados. Si así fuera, ETA permanecería congelada con un valor simbólico, al estilo del que mantuvo el IRA desde que perdió la guerra civil en los años 20 hasta finales de los 60.

Naturalmente que cabe plantearse otro escenario. Se trata del supuesto de que fracasen las conversaciones. No resulta difícil imaginar que un fracaso perjudicaría al PSOE y podría facilitar una victoria del PP; en ese caso ETA no sólo no obtendría ningún acuerdo sobre legalización política y presos, sino que es presumible que su círculo político, jurídico y mediático ingresaría también en prisión. En tales circunstancias, sería probable una reactivación de la actividad armada y ETA prolongaría penosamente su subsistencia a cambio de graves costes humanos y políticos. Por el contrario, si se llegara a un acuerdo sin concesiones políticas ni disolución pero que garantizase el fin de la actividad armada a cambio de una legalización política y unos beneficios para los presos, el PSOE podría resultar beneficiado electoralmente por acabar con la amenaza terrorista sin costes políticos. No sólo podría aspirar a obtener un apoyo electoral 'ex novo', sino que sobre todo privaría al PP de su principal activo electoral, tal y como se puso de manifiesto el 11-M cuando, tras la matanza, insistía en proclamar la autoría de ETA.

Puede contarse con que haya gente en la dirección del MLNV que, ante la perspectiva de un futuro carcelario o de un porvenir en la política, trate de evitar un fracaso de las conversaciones, incluso si las perspectivas de obtener a través del foro de partidos un acuerdo que les permitiera evitar reconocer su derrota son mera propaganda. A mi juicio, confiar en que en dicha segunda mesa pueda llegarse a una acuerdo interpartidos es también una ilusión sin mucho fundamento, tal y como se ha puesto de manifiesto durante las últimas décadas. En todo caso, pudieran sentarse las bases de un acuerdo de reforma estatutaria PNV-PSOE, muy lejos de las pretensiones autodeterministas y de territorialidad.

Pero de momento nada parece indicar que ni desde la dirección ni desde las bases del MLNV se quiera poner en revisión el credo político que ha mantenido a la organización y su entorno. Como tampoco los nacionalismos vasco y español parecen dispuestos a liberar sus doctrinas de un espíritu fundamentalista, que todavía sigue presente en los idearios sobre Euskal Herria y alienta también en el texto constitucional de 1978, cuyo artículo 2 expresa literalmente nada menos que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Así las cosas, me parece que por ahora no tienen fundamento las pretensiones de poner fin al 'conflicto', más bien los objetivos debieran encaminarse a civilizarlo para acometer en un marco de distensión un proceso de pedagogía política que vaya aproximando una reforma constitucional, nos aleje de metafísicas religiosas, y profundice en la racionalización de la política y en la universalidad del individuo. Un proceso encaminado a que se reconozca la libertad de nacionalidad, se haga de la residencia el criterio político determinante y se desarrolle la ciudadanía europea como elemento de integración continental.
 

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