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Recortes de Prensa     Sábado 14 Octubre  2006

Proceso a oscuras
Ignacio Cosidó Libertad Digital 14 Octubre 2006

Es difícil saber que ocurre en la negociación emprendida por Rodríguez Zapatero con la banda terrorista ETA. El Gobierno ha decidido mantener esos contactos en total oscuridad, negando incluso al Parlamento la información que se había comprometido a dar. La impresión, sin embargo, es que estamos ante un chalaneo indecente en la que los terroristas ponen sobre la mesa la muerte de inocentes mientras el Gobierno juega con principios que resultan irrenunciables para cualquier democracia. Es lógico que el Gobierno quiera mantener en secreto todo este entre-maneje con los asesinos. Si la sociedad española conociera la verdad sobre esta negociación, es muy probable que Zapatero debiera salir corriendo de La Moncloa.

ETA y Batasuna no dejan de repetir que el proceso está en crisis porque el Gobierno no está cumpliendo los compromisos que había adquirido para que los terroristas decretaran el alto el fuego. El Gobierno niega esos compromisos del mismo modo que negó en su momento la existencia de los contactos que dieron lugar a esos compromisos. En todo caso, Zapatero considera que el proceso marcha según lo previsto y su ministro del Interior afirma incluso que las cosas van mucho mejor que hace seis meses, aunque el PSOE a coro repita machaconamente que será un proceso largo, duro y difícil para enfriar las expectativas que ellos mismos crean.

Pero por encima de las palabras están los hechos. Y la realidad es que ETA intensifica cada vez más el terrorismo callejero mientas que el Gobierno rebaja cada vez más sus exigencias para poder alcanzar un acuerdo. Así, lo más grave del momento actual es que Zapatero haya renunciado a exigir el fin de la violencia terrorista como un requisito imprescindible para poder mantener el dialogo político con los terroristas, como le exige la propia autorización del Congreso de los Diputados en la que se amparó para emprender tales conversaciones.

Pero el presidente del Gobierno pretende ahora hacer una segunda concesión trascendente a ETA. Se trata de rehabilitar políticamente a Batasuna sin necesidad de que cese la violencia, sin que este partido condene la violencia y otorgándoles total impunidad respecto a hechos pasados. Lo único que se les pide es que cambien de nombre. ¿Por qué Batasuna no acepta esta plena reincorporación a la vida política, que resulta vital para su supervivencia, a tan bajo coste? Hay varias razones relativamente simples para ello. La primera es que Batasuna cree que el alto el fuego de ETA es ya un pago suficiente, y que por tanto ellos no deben hacer ninguna concesión más, por leve que sea. La segunda, es porque consideran que Zapatero se ha colocado en una situación de debilidad tal que es sólo cuestión de tiempo que acceda a todas y cada una de sus condiciones. La tercera es porque interpretan que la rehabilitación de Batasuna es un compromiso previo de Zapatero y que por tanto a él le corresponde encontrar la fórmula para cumplirlo. La última es porque ETA siempre ha concebido la negociación como una imposición y nunca como un proceso de concesiones por ambas partes. ETA quiere una victoria total que, entre otras cosas, les permita justificar sus cuarenta años de crímenes. Esa victoria exige antes que nada que jamás puedan renegar de su pasado.

Pero la rehabilitación de Batasuna, siendo importante, no es lo más trascendente para ETA en este proceso. Tampoco lo es la impunidad para sus presos, algo que consideran caerá como fruta madura en la medida en que el proceso político se ponga en marcha. Lo esencial para ETA en este momento es arrancar al Gobierno un compromiso formal de que la Mesa de Partidos abordará las exigencias de los terroristas sobre la autodeterminación del País Vasco y sobre la anexión de Navarra. El compromiso de Zapatero de que respetará los acuerdos de esa Mesa la tienen ya garantizada.

Nadie debería albergar dudas a estas alturas del proceso sobre la voluntad de Rodriguez Zapatero de llegar a un pacto con los terroristas sea cual sea el precio que éstos le exijan. La duda es si el presidente del Gobierno está en condiciones de convencer a la sociedad española para que pague ese precio y de poder violentar la Constitución hasta el extremo que le exigen los terroristas. ¿Está en condiciones Zapatero de condicionar al Tribunal Supremo para que asuma la legalización de facto de Batasuna? ¿Aceptarán los ciudadanos entregar Navarra a ETA a cambio de que no haya más muertes? ¿Estamos dispuestos el conjunto de los españoles a traicionar a esa mitad de los vascos que quieren seguir siendo parte de España? Y lo que es más importante ¿está la sociedad española en disposición de renunciar a su libertad para poder alcanzar una supuesta paz? En las respuestas a estas preguntas no sólo está el desenlace del oscuro proceso en el que nos encontramos, sino nuestra propia pervivencia como una nación democrática.      Ignacio Cosidó es analista del GEES

Proceso de rendición
Lo que va del dicho al hecho
Pablo Molina Libertad Digital 14 Octubre 2006

"Nada ha dado ni dará mejores frutos para la erradicación definitiva del terrorismo que la combinación de la acción policial decidida y constante, la eficaz cooperación internacional, la movilización de los ciudadanos y la unidad de los demócratas."

Reconozco que la frase puede parecer abiertamente subversiva en un momento en el que el diálogo con la banda terrorista se ha convertido en el eje de la política nacional, pero sepan que no está sacada de ningún discurso de Mayor Oreja, ni siquiera de una conferencia de Aznar por tierras norteamericanas, sino de la página cuarenta y seis del programa electoral del PSOE para las elecciones de marzo de 2004.

A partir del 14-M, vaya usted a saber por qué (o mejor, no vaya), Zapatero llegó a la conclusión de que la clave para solucionar el problema del terrorismo de la ETA no era lo que proponía con tanto ahínco en su programa, sino exactamente todo lo contrario. De la "acción policial decidida y constante" hemos pasado al chivatazo para sabotear operaciones antiterroristas, de la "eficaz cooperación internacional" a llevar a Batasuna bajo palio al parlamento europeo para que explique las bondades de la rendición del Estado de Derecho y de "la movilización de los ciudadanos y la unidad de los demócratas" a desacreditar desde el gobierno y sus terminales mediáticas todas y cada una de las protestas ciudadanas en contra de la negociación con la ETA.

Sólo hay dos personas en España que se leen los programas electorales, José Luis Balbín y yo. El inolvidable director de La Clave, que acompañó a tantos adolescentes en su tránsito al pensamiento adulto, lo hace para decidir su voto. En mi caso, utilizo esas lecturas para comprobar los atentados contra la gramática castellana y vacunarme contra ellos en la medida de lo posible, un objetivo mucho más útil que el decidir a quien castigar con el voto, según yo lo veo. Luego pasa lo que pasa, se cotejan los mensajes electorales con las decisiones de gobierno y los partidos quedan en evidencia.

¿Qué pasó tras el 14-M para que el PSOE diera un giro de 180 grados (un progre diría de 360) en un asunto tan importante como la lucha antiterrorista? Pues sencillamente el hecho de ganar las elecciones, algo que nadie creía posible hasta la mañana del 11 de marzo de 2004. En esa clave hay que interpretar todo lo que ha ocurrido después.

También hablaba el programa electoral del PSOE, dentro del mismo capítulo, de mantener "el apoyo moral y material a las víctimas de la violencia terrorista", cuya aplicación práctica una vez llegado al gobierno fue el nombramiento de Peces Barba y los ataques constantes contra el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Decía Tierno Galván que los programas electorales están para no cumplirlos, pero lo que ha hecho Zapatero con su programa del 2004 es ya una obscenidad. El viejo profesor debe hacer palmas con los metatarsianos desde el más allá.

Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana

«Largo, duro y difícil»
MIKEL BUESA Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid ABC 14 Octubre 2006

... Larga, insoportablemente prolongada, inacabable es la permanente ausencia de los que vieron cómo su vida era arrebatada en razón de las inaceptables motivaciones políticas esgrimidas por ETA...
SE lo hemos oído reiteradamente y hace unos días ha vuelto a repetirlo con ocasión de esa visita de Tony Blair que se ha pretendido como un respaldo internacional a su política de negociación con ETA. Y así, una vez más, los medios de comunicación han acabado reflejando la sentencia predilecta del presidente Rodríguez Zapatero: «El proceso de paz será un camino largo, duro y difícil». Una sentencia que de tanto reiterarla parece que adquiere algún significado, que tiene algún sentido, que expresa alguna razón, que señala un argumento político. Y, sin embargo, no encierra nada concreto dentro de ella; está vacía de cualquier contenido descriptivo o analítico porque esos conceptos sólo son aprehensibles si se enuncian de forma relativa por comparación con alguna referencia identificable; y suscita inquietantes dudas, preguntas sin respuesta.
Puesto que del final del terrorismo se trata, podemos buscar esa referencia en la experiencia vital de las víctimas de ETA.

Largos fueron los cinco años que pasó encerrada en una habitación, sin querer salir, una de las hijas de Alberto López Jaureguízar, asesinado en 1982, según relata su viuda, María Victoria Vidaur, en una de las historias reunidas por Iñaki Arteta en el filme Trece entre mil. Y aún mucho más prolongados acabaron siendo los diecisiete que transcurrieron hasta que llegó aquel mediodía en el que su hijo menor rompió a llorar por la muerte de su padre. Largos han sido también los tres quinquenios que han pasado hasta que a Irene Villa se le ha implantado en sus piernas la prótesis que tal vez le lleve un día a ver cumplido su sueño de observar el mundo desde la altura declinante de un vuelo en paracaídas. ¿Y qué decir del cuarto de siglo que tuvo que cumplirse hasta que los Ulayar pudieron homenajear a Jesús, su padre, asesinado en 1979, tras ese Regreso a Etxarri-Aranatz que tan magníficamente relató Javier Marrodán? Aún más; interminable ha sido el exilio de los que nunca han retornado a la geografía de su infancia, como una de las hijas de Augusto Unceta, voluntariamente alejada de Guernica desde aquel día en el que, coincidiendo con la amnistía de 1977, su padre fue abatido junto a los dos guardias civiles que le escoltaban.

Larga, insoportablemente prolongada, inacabable es la permanente ausencia de los que vieron cómo su vida era arrebatada en razón de las inaceptables motivaciones políticas esgrimidas por ETA. ¿Será también así esa paz que promete el presidente del Gobierno? ¿Nos conducirá el proceso de paz a ver para siempre insatisfecha la aspiración de justicia que, como víctimas del terrorismo, abrigamos?

Dura ha sido y es todavía la espera de aquellos que nunca han sabido quiénes fueron los terroristas que asesinaron a sus allegados. Uno de cada diez de los crímenes cometidos por ETA carece de autor conocido, tal como ha señalado recientemente la Fundación Víctimas del Terrorismo. En esos casos no ha habido causa judicial ni condena; tampoco ha existido para los familiares el consuelo de saber detenido al causante de su desdicha. Y más duro aún ha sido, para algunos de ellos, observar que, por causa del perdón gubernamental a terroristas, se cesara en la investigación de los casos abiertos y se olvidaran por completo los archivados provisionalmente, tal como señalaron en una carta publicada por ABC no hace mucho Ángel Altuna y José Ignacio Ustarán que, desde 1980, esperan saber algún día el nombre de los militantes de ETA político-militar que mataron a sus respectivos padres.

Duro ha sido también ver cómo algunos asesinos jamás han cumplido con las penas a las que fueron condenados. Nos lo dijo Javier Ibarra en un memorable artículo en el que evocaba la amnistía de 1977: «aunque Adolfo Suárez nos envió un gran ramo de rosas rojas para que las colocásemos sobre el panteón familiar de Derio, aquella decisión me supo a recompensa del mal». ¿Y qué decir cuando esos criminales han gozado del privilegio de ser considerados refugiados políticos en Francia y se han instalado cerca de sus víctimas para vivir la apacible vida del que ya ha dado lo suyo por la Euskal Herría subyugada? Tal ha sido el caso de Cristina y de Irene Cuesta que, casi un cuarto de siglo después del irreparado crimen en el que se le arrebató la vida a su padre, aún esperan pacientes la acción de los tribunales. Dura es, en fin, la existencia de tantas víctimas de ETA que, día tras día, año tras año, soportan la incomprensión, la injusticia, las heridas del cuerpo y del alma, las interminables terapias o la sorpresiva irrupción de la congoja, cuando menos se piensa, cuando parecía que el duelo había llegado a su fin.

El presidente del Gobierno, al evocar la dureza, ¿sugiere tal vez que el sufrimiento de las víctimas va a ser aún mayor que el que ya ha tenido lugar?, ¿que la paz que se pretende será todavía más severa con nosotros?, ¿que el proceso emprendido conducirá inevitablemente a la crueldad de un olvido intolerable?

Difícil es reconocer la verdad porque muchas veces, como en cierta ocasión apuntó Henri Poincaré, «el engaño es más consolador». Soy un hombre herido que, aunque de soslayo, ha sido testigo del mal y ha llegado a saber que, para su propio provecho, cualquier ser humano puede ser capaz de resolver acerca de la muerte de otro. Más aún, sé a ciencia cierta que esa decisión tan tremenda se ha tomado muchas veces por razones políticas, porque el crimen puede proporcionar ventajas en la lucha por el poder. Por ejemplo, los que mataron a mi hermano señalaron que lo hacían «por su responsabilidad directa en el conflicto vasco que existe en Euskal Herría», según dijeron ante un tribunal de la Audiencia Nacional antes de exclamar «¡gora Euskadi Ta Askatasuna!». Para mí, como para otras muchas víctimas del terrorismo, es arduo vivir con ese conocimiento porque hemos perdido la confianza en los otros y nos avergüenza compartir con los asesinos una misma naturaleza humana. Es difícil vivir así y, a la vez, mantener la fe en los valores esenciales de la democracia; es difícil decirles a nuestros hijos que no renuncien nunca a la libertad, la igualdad y la justicia; es difícil confiar en las instituciones cuando, como ahora ocurre, éstas se muestran condescendientes con quienes nos causaron tanto daño y el sentimiento de venganza, que creíamos arrumbado, asoma por las grietas que presagian la injusticia.

Surgen así más dudas acerca de las palabras de Rodríguez Zapatero. ¿Hará la paz que éste negocia con ETA aún más penosa nuestra existencia? ¿Nos conducirá a un definitivo descreimiento en la capacidad de la sociedad democrática para vencer el terrorismo? Largo, duro y difícil. Cuando trato de averiguar el verdadero significado de esta formulación tan ambigua no puedo por menos que evocar el poema de Heine: «No dejamos de preguntarnos una y otra vez, hasta que un puñado de tierra nos calla la boca ... Pero ¿es eso una respuesta?»

Sin el PP, el "proceso de paz" de Zapatero no puede ir muy lejos
Editorial Elsemanaldigital 14 Octubre 2006

Cada envite, cada amenaza de ETA y su entorno relacionada con el "proceso de paz" recibe una respuesta casi inmediata del presidente del Gobierno, y siempre en el mismo sentido: anunciar una nueva cesión a favor de los terroristas. La última muestra de esta actitud la representan las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero indicando que Batasuna podría ser legalizada con sólo cambiar de nombre, sin necesidad de renunciar al uso de la violencia para perseguir sus objetivos.

En efecto, mientras Batasuna siga siendo ilegal, difícilmente se va a poder formar la mesa de partidos en la que se decidiría el futuro del País Vasco y Navarra que constituye una de las exigencias fundamentales de los etarras para mantener el "proceso de paz". El problema es que la Ley de Partidos Políticos contempla la muy previsible añagaza del cambio de denominación como forma de intentar burlar sus prescripciones, y señala expresamente que la prohibición de un partido se extiende a cualquier organización que lo suceda.

Bajo semejante marco legal, las declaraciones de Rodríguez Zapatero sólo se pueden calificar de incomprensibles. Como gráficamente ha dicho el secretario general del PP, Ángel Acebes, suponen dar por derogada la Ley de Partidos Políticos "por las bravas", algo de todo punto inaceptable en el presidente de un Gobierno democrático.

Pero las palabras más importantes de Acebes han sido las que confirman que su partido no está dispuesto a reconocer ninguno de los acuerdos que se alcancen en esa futura mesa de partidos que quita el sueño a Rodríguez Zapatero hasta el punto de llevarle a admitir lo que sería un verdadero fraude de ley. En tal sentido ya se había manifestado el propio presidente del PP, Mariano Rajoy, hace algunos meses, para escándalo de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que le acusó, paradójicamente, de situarse fuera de la ley por negar a su Gobierno la capacidad de representar al Estado en este asunto.

Ciertamente, mientras Rodríguez Zapatero sea presidente del Gobierno, sus decisiones tienen fuerza suficiente para vincular al Estado. Sin embargo, la esencia de la democracia es la alternancia en el poder, y nadie duda de que el PP, ahora principal partido de la oposición, volverá algún día al Gobierno y tendrá en su mano la posibilidad de revertir prácticamente cualquier concesión que se haya hecho a los terroristas, e incluso de exigir responsabilidades por aquellas que desborden la legalidad vigente.

La situación no es muy distinta respecto de otra de las grandes apuestas de Rodríguez Zapatero, el nuevo Estatuto catalán. Una vez en vigor, buena parte de sus novedades resultan inaplicables sin la modificación de múltiples leyes estatales que una nueva mayoría parlamentaria podría volver a cambiar. Todo esto explica bien el interés por marginar al PP de la vida política, que en los últimos días ha alcanzado en Cataluña unos extremos profundamente inquietantes.

De manera natural
IGNACIO CAMACHO ABC 14 Octubre 2006

CUANDO Iñaki de Juana Chaos pidió champán en la cárcel para celebrar el asesinato de Alberto Jiménez Becerril y su esposa, muchos millones de ciudadanos españoles nos acordamos, de manera natural, de todos sus muertos y sus castas todas. Por fortuna, el detalle no fue conocido hasta días más tarde del duelo, porque de saberlo aquella gente que se manifestaba en Sevilla como un río de ira callada, no habrían faltado quienes de manera natural hubiesen querido ajustarle las cuentas al preso o a sus allegados más próximos.

Así, «de manera natural», es como dice el presidente Zapatero que se resolverá «el problema de los presos» de ETA -que no presos vascos, porque vascos hay muchos presos que tienen el honor de no ser de la banda-, problema que, de existir, consiste en que los susodichos penados no quieren permanecer en la cárcel, mientras la mayoría de los ciudadanos deseamos ardientemente que no salgan sin cumplir las condenas que merecen. Ocurre que, por el momento, la justicia considera de manera natural que el que ha cometido un delito debe pagarlo con un castigo proporcional a su gravedad, por lo que la posibilidad de liberar a los asesinos sólo constituye, en efecto, un problema para los que están de su parte. Esperemos, pues, que el presidente haya sufrido un lapsus, pues el verdadero problema del Estado al que representa reside en que los reclusos puedan dejar de serlo antes de lo que les corresponde... de manera natural.

En Francia, un tipo con el currículum criminal de De Juana Chaos se pudriría entre rejas reo de cadena perpetua, porque la sociedad exige, de manera natural, un castigo a la altura del daño causado. En España, cuyo generoso ordenamiento jurídico no contempla esa pena vitalicia, se tiende de manera natural a considerar que el delincuente debe pagar un precio a la altura de su delito, por lo que veinticinco asesinatos requieren de manera natural una larga estadía carcelaria que sólo puede ser acortada de manera antinatural, esto es, contraria a la lógica y a la ética social.

Es de esperar, pues, que la susodicha manera natural en que Zapatero pretende resolver el presunto problema de los nada presuntos asesinos de ETA consista en el cumplimiento de sus condenas del modo más ajustado a Derecho, procurando a través de la Fiscalía que eviten beneficiarse de ciertos resquicios jurídicos que supondrían la muy poco natural situación de su precipitada puesta en libertad. Permitir que De Juana Chaos, calificado no hace mucho de «alimaña siniestra» por el ministro de Justicia, se cruce por la calle con los familiares de sus víctimas no parece una manera natural de resolver ningún problema, y sí de crearlo. Con o sin tregua, con o sin abandono de la violencia, el presidente, que es un hombre de honor -«honourable man», que diría el Marco Antonio de Shakespeare-, sabe sin duda que el destino de éste y demás sanguinarios matarifes no puede ser otro que el de permanecer en presidio el mayor tiempo posible. De manera natural, por supuesto.

PP: ¿QUÉ HACER CON EL ESTATUTO DE ANDALUCÍA?
Editorial minutodigital 14 Octubre 2006

La recta final del trámite parlamentario del Estatuto de Autonomía andaluz, sitúa al PP en una difícil diatriba. Desde su oposición inicial al texto consensuado por el PSOE y la coalición radical de izquierdas IU, el PP andaluz que lidera el ex ministro Javier Arenas, uno de los “chachiman” populares, estaría cada vez más cerca de otorgar sus votos favorables en Madrid.

Si el PP vota a favor de la reforma del Estatuto andaluz, poco sentido tendría un discurso pro blindaje de las competencias del Estado en la Constitución como eje de su mensaje electoral en las Generales.

De hecho, la posición del PP en la crítica al Estatuto catalán es difícil de casar con su papel de inspirador del nuevo Estatuto Valenciano, el primero de los aprobados, que contiene una política lingüística de abierta inmersión. El discurso a favor del blindaje de las competencias constitucionales del Estado sostenido simultáneamente con el respaldo del PP a los nuevos estatutos, es políticamente insostenible, salvo desde la esquizofrenia.

Lo anterior se refuerza si se considera que los nuevos estatutos que se preparan –el de Aragón y el de Baleares- están auspiciados por el PP, bien desde la oposición o desde el gobierno autonómico, a la par que inspirados en el modelo de competencias catalán. El propio Estatuto Valenciano y el Andaluz, en su redacción actual, incluyen una disposición adicional (la conocida cláusula Camps) que pretende garantizar que cualquier nueva competencia asumida por una comunidad autónoma vía nuevo estatuto, sería inmediatamente incorporada a su elenco de competencias.

Otro ejemplo de ausencia de la más elemental coherencia doctrinal en el PP se espiga de la pretensión del estatuto aragonés de asumir en solitario las competencias sobre los recursos hídricos del río Ebro. Todo un ejemplo de visión de Estado en el uso solidario del agua.

En justicia, no obstante, debe decirse que el PP andaluz reclama que el nuevo texto reconozca y defienda la igualdad de derechos de los andaluces en todo el territorio nacional. De prosperar esta iniciativa, de cuya efectividad dudamos fundadamente, la Junta de Andalucía podría defender el derecho de un ciudadano andaluz que resida en Cataluña y desee recibir educación en castellano.

En definitiva, después de 25 años, los estatutos de autonomía podrían haberse ajustado al nuevo tiempo con sólo un proceso de reformas. El poder nacionalista y separatista impidió que esto fuese así, dinamitando una unidad nacional fragilísima apoyada en el lamentable Título VIII de la Constitución de 1978.

El PP parece nuevamente preso de los habituales complejos de la derecha aunque dispuesto a pagar el peaje de muchos “barones” territoriales.

Apariencia de legalidad
EDURNE URIARTE ABC 14 Octubre 2006

SIN disolución de ETA, sin entrega de armas, sin final de la violencia, de la persecución, del chantaje y de la extorsión, sin arrepentimiento, sin petición de perdón, Zapatero pretende legalizar a una parte de de la banda terrorista. A Batasuna. Es el mecanismo con el que planea hacerle concesiones políticas en la mesa de partidos que podrían pasar por legales, democráticas y legítimas.

Este es el eje central del diseño gubernamental de lo que llaman proceso de paz. Pero se sostiene en una contradicción insostenible e insuperable. La de la distinción social y legal entre ETA y Batasuna. A estas alturas, es imposible sostener esa ficción. Pero no tanto porque ETA se niegue a la escenificación teatral correspondiente sino porque hay demasiada evidencia policial, judicial y social acumulada sobre la dependencia de Batasuna de la cúpula etarra. Y porque hay una ley de partidos en la que no hay ninguna manera de encajar un sucedáneo de Batasuna, ni con los más imaginativos formalismos de condenas genéricas a la violencia.

La pretensión de Zapatero de que un cambio de nombre impida la acción judicial contra el brazo político por los delitos anteriores a ese cambio da una idea de lo lejos que está dispuesto a ir el presidente en la construcción de una legalidad artificial alrededor de la banda terrorista. Pero ni toda su voluntad es suficiente para desmontar las evidencias acumuladas en tres décadas de trabajo policial y judicial.

El auto por el que Garzón suspendía las actividades de Batasuna en agosto de 2002 concluía que Batasuna, o Herri Batasuna o Euskal Herritarrok, forman parte de un entramado terrorista en el que ETA ejerce tanto la dirección máxima como la violencia terrorista mientras que estos grupos prestan ayuda logística y operativa y colaboran en aterrorizar a ciudadanos e instituciones. Entonces y ahora aún más, hay algunos que pretenden saltarse este auto con alusiones a la «doctrina Garzón» dando a entender que la vinculación ETA-Batasuna es un capricho de Garzón, una mera interpretación.

Pero resulta que aquel auto estaba sostenido en un sinfín de pruebas contundentes, abrumadoras y concluyentes sobre la dependencia de Batasuna de la cúpula de ETA, todas las acumuladas por los cuerpos policiales en años de investigación. Y resulta también que todo ese trabajo fue avalado después por una sentencia del Supremo que ilegalizó Batasuna en marzo de 2003.

Como hay muchos dispuestos a cerrar los ojos a hechos gravísimos que ya han sido probados por los tribunales, nos queda, al menos, la ley de partidos. Ni siquiera Zapatero se atreve a derogarla porque es imprescindible para la construcción de legalidad alrededor de la mesa de partidos. Y ni con todo su voluntarismo o indicaciones como las del jueves es posible que, sin una disolución previa de ETA, Batasuna o sus sostenedores puedan saltarse el artículo 8 de esa ley con un mero cambio de nombre y una condena genérica de la violencia.

Cataluña: El fascismo rampante contra el Estado de Derecho y el PP
Enrique de Diego elsemanaldigital 14 Octubre 2006

De la mano de nacionalistas, okupas, simpatizantes de ETA y algún dirigente de la Juventudes Socialistas, la vida política catalana sigue dando paso a su batasunización.

14 de octubre de 2006. El secretario general del PP, Ángel Acebes, y el candidato a la Generalitat por ese partido, Josep Piqué agredidos en Martorell. Por energúmenos independentistas y socialistas, cargos y concejales incluidos. Cataluña se desliza peligrosamente hacia la batasunización del País Vasco. Llueve sobre mojado. En la campaña del referéndum, se agredió a Rajoy y también a Acebes. Ser del PP en Cataluña se está convirtiendo en una heroicidad y eso no es lo propio de una democracia. Por esta senda, hay que pasar a la autodefensa.

Cuando Zapatero denuncia y se conduele del surgimiento de una derecha extrema recurre a la propaganda y niega la realidad, porque nuestro problema de violencia está muy marcadamente en la izquierda, en la extrema izquierda, desde ETA hasta los okupas y algunos líderes de las Juventudes Socialistas que, en nombre de Cataluña, se consideran legitimados para coaccionar a sus adversarios políticos.

La izquierda siempre utiliza cierta dosis de violencia por sus complejos y su narrativa totalitaria, de la que se aleja, con recaídas. Lo vimos de manera muy clara en aquella jornada vergonzosa del 13 de marzo de 2004. Zapatero alimenta con frecuencia a la extrema izquierda, le hace guiños, en política exterior se mueve entre la vacuidad y la estética garrula de los sátrapas como Hugo Chávez o Evo Morales. Le concede impunidad. En Martorell no había protección policial y, por supuesto, no ha habido detenciones ulteriores. Le da victorias como suspender la cumbre de la Unión Europea sobre vivienda que se iba a celebrar en Barcelona.

Esa violencia contra el PP –contra sus dirigentes, pero también contra cada uno de sus simpatizantes, para los que asistir a un mitin se ha convertido en un riesgo- es una plasmación práctica, mostrenca y fascista, de la teoría del ´todos contra el PP´, que establece una identidad de objetivos, al menos un enemigo común, para todos los nacionalistas, incluidos los de Batasuna, y para los socialistas.

No deja de ser absurdo que los agresores de Acebes y Piqué les tildaran de fascistas, cuando son los alborotadores los que ejercen un fascismo rampante (el fascismo siempre se tuvo y fue un movimiento de izquierdas, escisión nacionalista del internacionalismo proletario). Los beneficiarios de ese fascismo son Zapatero y su partido. Los perjudicados, el PP, el Estado de Derecho y la libertad. ¡La libertad! Palabras mayores.

Con la debilidad del Gobierno, ganan «los malos»
POR JUAN COTINO (*) ABC 14 Octubre 2006

EN la terminología policial, el término «malo» engloba a toda aquella persona que agrede la ley realizando atentados, atracos, actos de violencia callejera. En definitiva, aquella gente que impone de una u otra manera la fuerza para vencer a un Estado de Derecho.

Desgraciadamente en España, en los últimos meses, estamos viviendo una repetición de hechos donde esos «malos» se están imponiendo en las instituciones, en la calle, en la vida diaria.

Por citar algún ejemplo reciente, podemos recordar el caso del etarra De Juana Chaos, un terrorista en cuya carta de presentación se incluyen 11 atentados que costaron la vida a 25 personas. Se trata de un hombre que ha ganado a las instituciones a través de una huelga de hambre, con la que ha conseguido que se plantee la reducción de sus penas.
Por otro lado, la presión de los radicales ha conseguido que el Gobierno suspenda una cumbre de ministros de la Unión Europea sobre la vivienda en Barcelona, aunque ahora parece que quieran rectificar. Nos situamos ante un hecho sin precedentes en un Estado de Derecho, donde esos «malos» vuelven a ganar la calle cuando nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han demostrado en numerosas ocasiones, y en esta ciudad, su preparación para organizar este tipo de encuentros.

Quizá sea el momento de recordarle a algún ministro que Barcelona, en marzo de 2002, celebró la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno durante la presidencia española de la Unión Europea. En aquellos momentos, el movimiento antiglobalización estaba en pleno auge, sobre todo tras la muerte unos meses antes de un manifestante en la Cumbre del G-8 en Génova, y la banda terrorista ETA mantenía su sangriento camino.

En aquellas fechas, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Policía Autonómica y la Policía Local supieron trabajar con una gran coordinación para que «esos malos» no ganaran a la sociedad. No faltaron las manifestaciones, ni la rotura de cristales y escaparates, o los destrozos en el mobiliario urbano, pero el Gobierno, la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y las Fuerzas de Seguridad supieron estar a la altura que todos los españoles queremos. Demostraron que nuestro país puede organizar y albergar cualquier evento internacional, se adelantaron para prever los riesgos y que «los malos» no salieran vencedores.

Aquellos meses, coincidiendo con la presidencia española de la UE, también se celebraron otras cumbres en Sevilla, Valencia o Santiago de Compostela. ¿Algún español recuerda que «los malos» dominaran aquellas reuniones?

El problema es que cada día se suman ejemplos de cómo los «malos» controlan la calle. Días atrás, unos energúmenos en Martorell, en medio de la campaña de las elecciones autonómicas de Cataluña, quisieron privar de la libertad de expresión a unos políticos que sólo querían dar su punto de vista sobre lo que ocurre en Cataluña y la situación que vive España. Pero esos «malos» volvieron a dominar la calle ante la falta de previsión de las autoridades, que no supieron dar las oportunas órdenes para proteger a unos ciudadanos. Hemos conocido, no hace mucho tiempo, cómo «alguien» dio un chivatazo a uno de «los malos» que recauda dinero para comprar pistolas y colocar coches-bomba. Una llamada anónima le advirtió de que no se acercara por un determinado lugar porque le iban a detener. En unos segundos se desmontó una operación policial coordinada entre España y Francia durante seis años para luchar contra el terrorismo.

Y no quiero olvidarme de «otros malos», esas mafias que cada día trafican con seres humanos, que les explotan, les maltratan, les pisotean sus derechos, mientras que nuestro Gobierno mira a Europa para que nos solucione el problema.

¿No les parece que están pasando demasiadas cosas en muy poco tiempo? ¿No les parece que algo está fallando entre los que tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico? Mirar hacia otra parte creo que nunca ha sido la solución para afrontar los problemas, y esa parece la línea actual que define la actuación de nuestro Gobierno.
Comenzamos cediendo en un tema tan esencial como es la seguridad en nuestras calles, en nuestras instituciones, pero no sabemos cuál será el final de ese camino, y desconocemos hasta dónde estará dispuesto nuestro Gobierno a ceder ante las exigencias de «esos malos» que cada día atemorizan con más fuerza.

Cuando veo la debilidad de este Gobierno me viene a la cabeza la misma pregunta. ¿Qué hubiera sido del Estado español si el Gobierno hubiera cedido ante los terroristas etarras cuando tenían preso a José Antonio Ortega Lara? ¿Qué hubiera sucedido si hubiera cedido ante el secuestro y dramático asesinato de Miguel Ángel Blanco? Tenemos un Gobierno débil, incapaz de enfrentarse a los que trafican con personas, que cede ante la presión de los terroristas, que no toma medidas cuando los radicales revientan un acto político, que se doblega ante los que lanzan cócteles molotov. Y lo más doloroso es que ese mismo Gobierno, frente a la debilidad que demuestra ante «los malos», se envalentona ante las víctimas del terrorismo y desprecia a los que sufren la persecución o ante los que critican su frágil «proceso de paz».

Señor presidente del Gobierno, necesitamos un Gobierno no sólo que no mienta, sino que sea valiente, fuerte y eficaz, que no se esconda ante sus limitaciones y que dé la cara para que «los malos» no nos vuelvan a ganar.
(*) Ex director general del Cuerpo Nacional de Policía

La teoría de la conspiración
Federico Quevedo El Confidencial 14 Octubre 2006

Dice don Alberto Ruiz-Gallardón que los responsables del 11-M serán aquellos que digan los jueces, y punto. Como si la Justicia no se equivocase nunca. Siguiendo ese teorema del alcalde de Madrid, no sé muy bien qué hace en la calle Dolores Vázquez a quien los jueces señalaron como la asesina de Rocío Wanninkhof, ni por qué se está juzgando ahora al tal Tony Alexander King del homicidio... si los jueces nunca se equivocan. En fin, al margen de la desafortunada afirmación del alcalde madrileño que dejaría entre rejas a sabe dios cuántos inocentes, lo cierto es que en las últimas semanas la famosa ‘teoría de la conspiración’ del 11-M ha recobrado protagonismo por dos razones: la primera porque las actuaciones del Juez Campeador en el caso del ácido bórico ponen de manifiesto que, en efecto, algo se está pretendiendo ocultar a los ojos de la opinión pública y que el magistrado tiene mucho que ver en el intento de camuflaje de la verdad. Y, segundo, porque la ‘teoría de la conspiración’ se ha convertido en algo recurrente dentro del PP, bien como intento de deslegitimación de sus defensores, bien como causa de confrontación con sus detractores y, sobre todo, como piedra en el camino de la estrategia emprendida por Mariano Rajoy. O no.

Ya he dicho más de una vez, y lo reitero, que tengo la convicción moral de que el 11-M fue el producto de una conspiración para echar al PP del poder. El Diccionario de la Real Academia define conspirar como la acción de “unirse contra su superior o soberano” o, también, como la de “unirse contra un particular para hacerle daño”. El diccionario es a veces muy necesario a la hora de definir las expresiones, porque es bueno que se sepa de qué estamos hablando y por qué. Cualquier atentado terrorista es el fruto de una conspiración contra las víctimas de ese atentado. La pandilla de canallas de ETA lleva cuarenta años conspirando contra la sociedad española para lograr sus objetivos y ahora, por fin, los han conseguido gracias a un presidente cobarde e irresponsable que se ha vendido a los terroristas diciéndoles, además, que matar es rentable. El 11-M fue el fruto de una conspiración en la medida en que varias personas se unieron para perpetrar esos atentados. Además, tenían un doble objetivo: por un lado matar a cuanto mayor número de gente fuera posible y, por otro pero vinculado estrechamente con el primero, provocar la caída del PP en el Gobierno. Si no, ¿a cuento de qué preguntó Jamal Zhougam quién había ganado las elecciones?

Objetivamente podemos decir, por tanto, que existía una conspiración. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Pues, obviamente, en los participantes en la misma, y es aquí donde el hablar de la conspiración genera unas tensiones sin precedentes. Quiero decir que si en la conspiración participaron solo unos tipos que obedecían a una prédica islamista y a las órdenes emanadas de la organización Al Qaeda, como se nos ha querido hacer ver, la cosa no tiene otras consecuencias que las derivadas de los atentados. Pero si se acaba demostrando que eso es falso, entonces se abre un verdadero abismo ante nosotros: “¿Quién ha sido?”. Esa fue la pregunta que miles de personas entonaron como un cántico casi fúnebre durante la manifestación del 12 por la tarde-noche al paso de Aznar, y en todas las manifestaciones que se convocaron en repulsa de los atentados. Esa fue la pregunta, el grito de guerra de una opinión pública perfectamente manipulada y dirigida desde los aledaños de la izquierda y del grupo mediático que la apoya. Entonces, esa pregunta tenía un objetivo, la de dirigir a las conciencias hacia la afirmación de Rubalcaba del sábado por la noche en plena jornada de reflexión, “nos merecemos un Gobierno que no nos mienta”.

Pues bien, dos años y medio después, seguimos sin saber quién ha sido, a pesar del auto del juez Del Olmo y de los ímprobos esfuerzos de una parte mediatizada y politizada de la Justicia, con Garzón al frente desde que volviera de su retiro americano, para conducir el resultado de la instrucción a un único objetivo: que no se sepa nunca quién ha sido y culpabilizar a unos cuantos delincuentes comunes, algunos de los cuales muertos en un extrañísimo suicidio colectivo sobre el cual los policías que rodearon el piso de Leganés tienen mucho que decir, y están obligados a callar, y a una serie de confidentes policiales que todavía no se sabe muy bien qué pintaban en esta historia y qué motivos reales tenían, a parte de los económicos, para participar de semejante barbaridad. ¿Existe, entonces otro tipo de conspiración? Cada vez parece más probable, más plausible, la teoría de que el 11-M fue fruto de algo mucho más perverso, mucho más maquiavélico que la simpleza, entiéndanme, de un atentado terrorista dirigido a combatir a un Gobierno que había defendido la Guerra de Iraq. No. Aquello tenía que tener una motivación mucho más profunda y suponerla es lo que hace pensar y tener la convicción de que detrás de esos atentados había otro tipo de gente.

Decir esto no implica acusar a nadie de nada, ni deslegitimar resultados electorales, ni otro tipo de soflamas que la izquierda utiliza contra quienes dudamos. Nadie debería obstaculizar las investigaciones y la búsqueda de la verdad salvo que, realmente, no le interese saber la verdad o tenga mucho que perder si se acaba sabiendo. Y, en el fondo, quienes atacan indiscriminadamente y participan de las censuras a los medios que buscan la verdad lo hacen por temor a que sea cierto que la verdad oficial es una mentira y que, por lo tanto, todo lo que se ha construido a partir de esa mentira se pueda venir abajo como un castillo de naipes. Es un hecho que desde la instancia oficial se ha venido trabajando en contra de la investigación periodística, en lugar de dejar que, simplemente, fluyeran las dudas y de las mismas partieran supuestos que luego deben ser verificados o desmentidos. Ese sería el ritmo normal de una investigación en la que no se tiene miedo a que la verdad salga a la luz. Pero no es el caso. La manera en que la policía o la Fiscalía han actuado de modo coordinado en contra de lo que la razón y la ley dictaban en asuntos de la lucha contra el terrorismo, hace pensar que igual que no han dudado en anteponer criterios partidarios al sentido común en lo que a ETA se refiere, tampoco habrán tenido muchos reparos en hacer lo mismo en cuanto a la investigación del 11-M, sobre todo teniendo en cuenta que las sospechas de participación de ETA en la conspiración son cada vez más flagrantes.

Dicho lo cual, y siendo necesario avanzar en la investigación que nos lleve a averiguar a qué tipo de conspiración responde el 11-M, también es cierto que no puede ser posible que toda la actividad política se deje influenciar por algo que tiene aspecto de intoxicarlo todo y asfixiarnos. Y este es el segundo aspecto por el que la ‘teoría de la conspiración’ ha tenido una especial relevancia. A veces, creer algo con un apasionamiento casi rayano en el fanatismo, puede hacer perder la perspectiva de la realidad. Lo cierto es que vivimos un momento de nuestra historia esencialmente delicado, en el que todos los elementos que hasta ahora conformaban nuestra convivencia han sufrido unas tensiones inimaginables debido a la acción política del Gobierno de Rodríguez. Bien es cierto que no habría sido así sin el 11-M, pero la labor de un partido de talante liberal y expectativas de Gobierno debe ser atender a todos los elementos que influyen en la deconstrucción de nuestro modelo de convivencia, de nuestro sistema de valores y del marco ético-jurídico que los ampara. Por eso no se equivoca Rajoy circunscribiendo el 11-M a la escena parlamentaria y situando su labor de oposición en la construcción de una alternativa de Gobierno. Lo primero requiere una respuesta a los muchos interrogantes que plantea la investigación. Lo segundo forma parte de la necesidad de agarrarnos a un salvavidas que impida que la actual deriva nos acabe hundiendo en un abismo totalitario.      fquevedo@elconfidencial.com

Gracias, ETA, por perdonarme la vida
Juan Cruz Osta Periodista Digital 14 Octubre 2006

El mundo al revés. Los asesinos son tratados con suprema delicadeza para que no se disgusten y les dé de nuevo por las nucas; las víctimas de éstos, a puntapiés. Pero directamente en la boca, para que se callen. Y si les duele, ya saben, pomada; y si es el recuerdo lo que les amarga, prozac. Dice el Presidente que si Batasuna, ETA por sentencia firme, cambia de nombre, suficiente. Ni condenas ni arrepentimientos ni perdones ni nada de nada. En dos años y poco. Alucinante. Alucinante de repugnante. Después que acabe de dialogar con la ETA, Presidente, igual saca un ratito para aclarárselo a los hijos de Jiménez Becerril, por ejemplo. A los que le tocó explicarles que ya no tenían para nunca a sus padres no pueden. Se mueren de la vergüenza. Cuando termine, si eso, Presidente.

Son las dos de la tarde y comienzan los informativos. Comienza con un acaba de llegarnos, o sea que agarrados.

Primera noticia, Irlanda.
"Finalmente han concluido sin acuerdo las conversaciones que han mantenido los representantes de los partidos norirlandeses y de los Gobiernos británicos e irlandés para restaurar las instituciones autónomas. Ahora Londres y Dublín impondrán su hoja de ruta para que el proceso político en Irlanda del Norte avance."

Javier Moncada, el presentador radiofónico, pasa a la segunda.
"La izquierda abertzale ha considerado una maniobra de despiste las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero en las que aseguraba que una nueva Batasuna no tendría que rendir cuentas en los tribunales de causas anteriores. Batasuna cree que el Gobierno español está más interesado en llevar al proceso al terreno técnico en vez de al del diálogo político que es el importante."

Lo del Presidente, ni comentarlo. Un ladrón cambia de nombre, y limpio como una patena. Y lo de Batasuna, pues ahí la tenemos, jugando al soca-tira con un Gobierno que estira de la cuerda con dos deditos, suave, mientras los terroristas empujan como leones.

Los de Batasuna, por boca de Pernando Barrena, "creen que lo dicho por el Presidente del Gobierno español es una maniobra de despiste que oculta su falta de voluntad política."

"Eso es lo que tiene que ocupar la centralidad política y discursiva de los responsables políticos y comenzar en estos momentos a hablar de lo que debe de hacer el de enfrente o no debe de hacer para ser legal o no serlo corresponde más al ámbito de las maniobras de despiste a las que nos tiene acostumbrado el Gobierno español."

También ha habido valoración del Gobierno Vasco. Habla la portavoz del ejecutivo autónomo, Miren Azkárate.

"Este Gobierno siempre ha defendido que había que encontrar las fórmulas para que Batasuna no tuviese impedimento para poder participar con total libertad y para poder ejercer su actividad política. La vía que ha debido sugerir el Presidente Zapatero no se aparta tanto de la fórmula que ofrecía el Lehendakari en el Debate de Política General."

Estas son las noticias de Radio Euskadi a las dos. Analizan la información nacional, de nacionalidad, e internacional, España y más. Estoy en Pamplona y la emisora de la comunidad vecina se escucha nítida. Parece que tuviera la antena en la ventana de la habitación.

Pues eso, hala, que Batasuna, que por sentencia del Supremo es ETA, en nada sentada en las Instituciones de nuevo. Eso sí, el nombre Batasuna ni mentarlo. Podrían llamarse, se me ocurre, Batasuna II. ¿Suficiente, Presidente?

ETA legal. El País publica 5 informes de catedráticos de derecho que o no saben derecho o nos engañan.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 14 Octubre 2006

A nadie se le oculta que Zapatero está pidiendo a ETA Batasuna que se legalice, hay muchas declaraciones al respecto de nuestro presidente. Lo que parece que no sabe nuestro presidente es que sus palabras son la prueba que necesitarán los jueces para declarar ilegal o no registrar el nuevo partido bajo el que se quiera legalizar ETA Batasuna, y será ilegal porque la Ley de Partidos dice taxativamente que se considerará un fraude de ley y no será registrado todo partido político que “que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal y disuelto”. No dice nada de que basta que digan que condenan la violencia para que no sea aplicable esa norma.

En principio creo que como depende de Rubalcaba, será registrado a pesar de ser fehaciente la continuidad con Batasuna, y serán los jueces quienes declaren no válida la inscripción.

Si Zapatero declara que “la legalización de Batasuna ha de ser antes de las elecciones municipales” y otras similares, que mejor prueba de que el nuevo partido al que llamaremos aquí para entendernos Nueva Batasuna es continuidad de Batasuna. Como hay continuidad, y hasta nuestro presidente la confirma, Nueva Batasuna será también ilegal, ergo Zapatero está promoviendo que se infrinja la Ley de Partidos, no se si la inducción a infringir una ley como la de Partidos es un delito o no, pero igual Pumpido debería estudiarlo.

Por si fuera poco, hoy El País recaba la opinión de cinco expertos juristas que vienen a decir en su mayoría que la continuidad es la clave para determinar si un partido que pretende inscribirse debe ser rechazado o si es admitido declarado posteriormente ilegal.

Lo curioso es que el propio diario El País declara que hay una flagrante continuidad entre la vieja y la nueva Batasuna al titular “Cinco expertos juristas analizan para EL PAÍS las condiciones necesarias para que la formación radical concurra a las elecciones”

El País ha seleccionado a los expertos favorables a la legalización de Batasuna, pero incluso estos arriman el ascua a su sardina aunque se les ve la maniobra, y eso que no soy experto en nada legal. Intento enmendar la plana a los catedráticos usando solo el sentido común que creo debe valer para algo.

Ejemplo 1.
ALBERTO L. BASAGUREN "¿Existe continuidad?"
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.

"El elemento decisivo que establece la Ley de Partidos para que ese futuro partido es que no existan elementos de continuación con un partido declarado ilegal, en este caso la ilegalizada Batasuna. Lo que viene a establecer el artículo 9.4 de esa ley es que, si existe o no esa continuidad, es algo que debe deducirse de sus actitudes y sus políticas una vez que el nuevo partido se haya creado.

Este catedrático tergiversa lo que dice la ley para dar como válida la legalización de la vieja Batasuna. Dice que el articulo 9.4 establece que si existe continuidad debe establecerse a partir de lo que haga el nuevo partido, pero eso no es lo que realmente dice el mentado artículo. En el se habla de la continuidad de lasa actividades, no de la continuidad de un partido por otro de eso se habla en otros lugares. Dice el 9.4

4. Para apreciar y valorar las actividades a que se refiere el presente artículo y la continuidad o repetición de las mismas a lo largo de la trayectoria de un partido político

En el artículo 12 dice que “Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto”

Señor catedrático, es usted malo de solemnidad, no se como aprobó las oposiciones. Si dice la ley que no procederá la creación de un nuevo partido si es continuación de otro ilegal, amigo, eso no requiere que esperemos a ver lo que hace el nuevo partido después de inscrito. ¿Se dan cuenta de truco de trilero que nos hace el catedrático?. Es justo en el momento de la inscripción de la nueva Batasuna cuando se evalua si quiere dar el pego de suplantar a la vieja Batasuna.

Es más, en el artículo 5, que es el que se titula Examen de los requisitos para la inscripción, su apartado 6 deja claro que no se realizará la inscripción si pasa lo dicho en el artículo 12.

O yo veo visiones, o este tio, por muy catedrático de derecho constitucional que sea nos quiere tomar por imbéciles. Queda claro que le ha dicho El País, oye tu, pasanos un informe en el que digas que no hay problemas para le legalización de Batasuna y el viendo la pasta gansa que se le ofrece no lo ha dudado.

Ejemplo 2.
JUAN JOSÉ SOLOZÁBAL "Nuevos estatutos"
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

“Pero en caso de que no sean antiguos militantes y presenten unos nuevos estatutos que se ajusten a la ley no creo que haya problemas con el nuevo partido. El acto sería impecable".

Si toda España sabe que la nueva Batasuna es la vieja Batasuna maquillada, si El País lo dice, si Zapatero lo dice, si el propio Otegi lo dice que no lo va a hacer ¿qué más pruebas quieres Solazabal?. Este catedrático tambien se las trae.

Ejemplo 3.
JAVIER GARCÍA ROCA "No vale el pasado"
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid

Si Batasuna cambia de nombre, el Ministerio del Interior, que gestiona el registro de partidos políticos, no podría hacer nada: tendría que inscribirlo.

Este catedrático es inepto de solemnidad, el mismo da el argumento para que el nuevo partido no pueda ser inscrito, pues dice “Si Batasuna cambia de nombre”,a pero so trilero, si Batasuna cambia de nombre la ley dice que precisamente por ese motivo habría continuidad, el nuevo partido seria el antiguo cambiado de nombre y no podría ser inscrito.

Este tio se ve que no se ha leido la Ley de Partidos Políticos, su ignorancia raya en el delito de lesa cátedra.

Ejemplo 4.
MARC CARRILLO "Excluir la violencia"
Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

"Parece evidente que si un nuevo partido político heredero de Batasuna que deposite unos nuevos estatutos en el registro de partidos, que sean respetuosos, por este orden, con la Constitución y Ley de Partidos de 2002, no puede ser objeto de acción legal en su contra. Este respeto significa, obviamente, exclusión de la práctica de la violencia. “

Este es otro que tal baila, en la Ley de Partidos se dice expresamente que en el instante de la inscripción en el registro, si se detecta continuidad con un partido ilegalizado no se procederá a la inscripción. No hay que esperar a ver como actua el nuevo partido. Pero este catedratiquillo tampoco se ha leido lo que no le interesa de la ley y nos proporciona otra rueda trilera de molino para comulgar con ella.

Señor catedrático, en ningun lugar de la Ley de Partidos dice que si un partido es continuación de otro ilegal, pero renuncia a la violencia será inscrito.

Usted mismo dice que el nuevo partido sería heredero de Batasuna, usted mismo dice que sería ilegal la inscripción, usted mismo dice que se haga un fraude de ley, y eso amigo es motivo para no legalizarlo.

Ejemplo 5
MIGUEL PÉREZ-MONEO "Será un nuevo partido"
Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid.

Para comprobar si el nuevo partido sustituye al ilegalizado habría que fijarse en su actividad. Hay que ver si en el funcionamiento del nuevo se sigue dando un apoyo explícito al terrorismo.

Otro que no se ha leido la ley. ¿Cómo puñetas se va a saber antes de inscribir un nuevo partido si es continuación de otro ilegal fijándose en su actividad?, este tipo tambien nos toma por subnormales.

Vistos estos catedráticos de derecho, me da que hasta yo podría serlo si consigo un buen padrino como ellos, que al parecer otro mérito no tienen. El País ha sabido elegir a 5 catedráticos que no se han leido el artículo 5.6 sobre si se registra o no un nuevo partido, todos hablan de que el comportamiento posterior a la inscripción es el que determina si es legal o no. Maravilloso ejemplo de profesionalidad.

Eso si, me ha encantado enmendar la plana a 5 catedráticos de derecho y se positivamente que no llevan la razón, solo quieren encubrir la ilegalidad de la legalización de Batasuna. Lo curioso es que ellos mismos dicen que el nuevo partido sería heredero, sucesor o continuación del actual ETA Batasuna, y que solo eso, y nada más que eso es razón suficiente para que no se legalice.

Espero que al menos hayan hecho a estos cinco lumbreras del derecho retorcido expertos legales de plantilla en El País, porque se han jugado su honor en el empeño de confundirnos.

En la hoja de ruta de Zapatero al infierno esta previsto la consecución de dictámenes de profesionales del derecho que digan que las ilegalidades que comete son perfectamente legales. En ello andan.

Documentación de sumo interes.
Lean por ustedes mismos la LEY ORGÁNICA 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y decidan si lo que dicen los señores catedráticos de plantilla de El País es una tomadura de pelo para favorecer a ETA o no.

Exposición de motivos
V.- El artículo 12 detalla finalmente los efectos de la disolución judicial de un partido político. Tras la notificación de la sentencia, se procederá al cese inmediato de toda la actividad del partido político en cuestión y se presumirá fraudulenta y, por tanto, no podrá prosperar la constitución de una formación que continúe o suceda al declarado ilegal y disuelto.

Artículo 5. Examen de los requisitos para la inscripción.
6. Cuando se persiguiese la inscripción en el Registro de Partidos Políticos de un partido que pretenda continuar o suceder la actividad de otro declarado ilegal y disuelto, se actuará conforme a lo previsto en el artículo 12 de esta Ley Orgánica.

Artículo 12. Efectos de la disolución judicial.
b) Los actos ejecutados en fraude de ley o con abuso de personalidad jurídica no impedirán la debida aplicación de ésta. Se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto.

En la lengua de Cervantes
LAURA CAMPMANY ABC 14 Octubre 2006

SANCHO, fíjate bien que de las cosas que tú y yo atesoramos en el alma, ninguna hay comparable a la que sirve para darle a otros hombres tu palabra. Y pues que de su fibra estamos hechos, y en ella nuestra vida se proclama, y es ella quien nos brinda la materia para comunicar lo que nos pasa, hora va siendo ya que le prestemos a lengua tan cabal mejor adarga que nos la salve de los malos tratos y de tantos mandobles como encaja. Para que donde digas que anochece, yo entienda que las nubes se desangran, y donde yo me enfrente a unos gigantes, tú me puedas decir muy a tus anchas: mire vuesa merced que son molinos, y esos brazos enormes, las sus aspas.

Tú, Sancho, mira bien que de los yerros que estamos cometiendo con España, no es el peor de todos que aún andemos los unos con los otros a lanzadas, ni que sigan los pícaros haciendo cada vez mejor uso de sus mañas, ni que cuatro follones nos proclamen república insular y Barataria, ni que hayamos perdido la decencia, aun ésa tan sutil que nos bastaba, con que ha de defender un bien nacido hasta el último escudo de sus armas. Lo peor me parece, Sancho amigo, que toda nuestra gloria literaria, la rara plenitud de nuestra prosa, la rica variedad de nuestras hablas, pudiendo y aun debiendo conocerlas, haya quien halle gusto en ignorarlas.

Porque es de saber, Sancho, que la lengua que usaron los quevedos como dagas, los góngoras tocaron como liras, los bécqueres dejaron como malvas, tañeron como nadie los barojas, unamunos, galdoses y celayas, coronaron de espuma los albertis, los lorcas suspendieron de las ramas, es una luz antigua en la que todos encontraron la chispa necesaria. ¡Y qué cielos, qué azul no habrá alumbrado más allá de ese mar que nos separa de una canción que suena, cuando vibra, con toda la riqueza de la plata! Dime tú qué persona que no fuera manca de aliento o coja de mirada quemaría en la hoguera de sí mismo la mitad de una herencia milenaria.

Pero has de ver, Sanchico, que esas gentes que hoy defienden sus eras a pedradas, que abjuran del pasado y al futuro le han puesto un pan de plomo en las entrañas, volverán a la casa solariega, abrirán los postigos y ventanas, nutrirán el recuerdo de un amigo, desearán la caricia de una extraña, querrán ser algo más que una aldehuela, añorarán lo vasto de una patria, se hartarán de sentirse tan pequeños, buscarán el placer de otras gramáticas, y llamarán al borde de su pecho a esa lengua que tanto les sonaba: ésa que les legaron sus ancestros a fuerza de esponsales y mudanzas, o la que le escucharon a un abuelo, si ya no es a una madre desterrada.

Volverán a bañarse en ese río que discurre tan claro como el agua donde hasta las burbujas se responden y no hay necesidad de descifrarlas. Quizás entenderán que se han dejado robar un mundo a cambio de una farsa para que una partida de villanos, validos de la envidia y la arrogancia, siempre tengan algún perro que ladre, y muy asegurada la pitanza. Se asomarán, quizás sin pretenderlo, a ese primer renglón de nuestras páginas, y echarán a rodar por nuestro cuento, caerán por lo redondo de tu panza, le verán un trasfondo a mi locura, los hilos cortarán de su celada, y acaso se dirán que eran hermosas las notas de esa ingrávida guitarra nacida de sí misma para todos, venida de los siglos por y para susurrarnos ternuras al oído o echarnos las verdades a la cara.

Y tú no olvides, Sancho, que la Historia se mofa con razón de quien la empaña. Prosigamos tú y yo nuestro camino, que largo y fatigoso nos aguarda, y deja a los menguados de horizonte ponerle a nuestras épicas hazañas la venda que les presta su ceguera y el velo con que adornan su ignorancia, que a ésos ya nada tiene que decirles el noble Caballero de la Mancha.

IMPULSA LA INICIATIVA "ENMIENDA 6.1"
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía presenta su proyecto para "abolir la inmersión lingüística" en Cataluña
El presidente de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Albert Rivera, participó este viernes en la presentación en Barcelona de "Enmienda 6.1", asociación que ha recogido más de 50.000 firmas en contra del artículo 6.1 del Estatuto de Cataluña que "vincula lengua y nación y establece que la única lengua propia de Cataluña es el catalán". Julio Villacorta, militante del PSC y uno de los promotores de la iniciativa recordó que Ciudadanos es el único partido político que incorpora esta enmienda al Estatuto en su programa electoral. Albert Rivera destacó que su formación defiende "la libertad de opción lingüística en la enseñanza. Aboliremos la inmersión lingüística".
Libertad Digital 14 Octubre 2006

Albert Rivera explicó las líneas maestras del programa de su partido en materia lingüística, con la que pretenden acabar con la discriminación que sufren los castellanohablantes en Cataluña. El presidente de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía señaló que suprimirán "las oficinas de Garantías Lingüísticas" del sistema educativo.

En este sentido, dijo que su partido defiende "la libertad de opción lingüística (catalán y castellano) en la primera enseñanza y a partir de los 8 años, clases en los dos idiomas. Aboliremos la inmersión lingüística. Favoreceremos la movilidad entre estudiantes sean de donde sean, así como la posibilidad de que se estudie catalán en otras zonas de España". "Queremos buenos jueces, buenos profesores y buenos médicos, sin que su nivel de catalán sea un argumento para que no puedan ejercer", explicó que Rivera que añadió: "estamos hartos de que la lengua se utilice como un arma, es sólo un instrumento de comunicación. Lo primero son las personas".

Tanto Ciudadanos como la asociación Enmienda 6.1 proponen un texto alternativo al incluido en el Estatuto, que incluye el reconocimiento del catalán y el español como propias de Cataluña y de uso normal en todos los ámbitos de la vida pública. Enmienda 6.1, promovida por Ciudadanos y otras organizaciones, presentarán las firmas obtenidas a las Cortes y al Defensor del Pueblo el próximo martes 17 de octubre.

El líder del partido nacionalista contrapuso su política lingüística con el resto de partidos catalanes. Así, Rivera criticó la "pasividad" del PP en política lingüística. "El PP, que a veces se llena la boca diciendo según que, de esto no dice nada, de esto no se pronuncia, porque no quiere ser tildado de algo que no le agrada. Nosotros, sin complejos como catalanes y como españoles, como defensores de una pluralidad en Cataluña decimos sin complejos que queremos unas instituciones que reconozcan lo que tenemos en la calle", dijo Rivera.

Sobre el PSC, Rivera considera que es el partido que "está claramente abandonando y traicionando" los principios de libertad lingüística y pluralidad que defiende Ciudadanos. "Es el partido que ha impulsado este Estatut que clasifica como lengua vehicular, preferente y propia de Catalunya sólo el catalán cuando todos sabemos que la realidad social dice otra cosa", apostilló.

Para Rivera CiU es "el principal culpable desde hace años de la inmersión lingüística" y recordó que "Mas manifestaba que quien quiera aprender el castellano se vaya a escuelas privadas como el que aprende japonés. Este es el posible futuro presidente de la Generalitat". Respecto a ERC, Rivera dijo que el partido independentista "llega a coaccionar a veces a la gente que no hablan catalán y tenemos un ejemplo muy claro: el pasado pregón de Elvira Lindo en leas fiestas de la Mercè fue boicoteado por el teniente alcalde de Barcelona, el Sr. Portabella, porque hizo el discurso en castellano".

ALEGA QUE LA SALA DE CONFERENCIAS NO ES PARA ESAS ACTIVIDADES
La Diputación de Huesca censura las conferencias de Luis del Pino y Gotzone Mora organizadas por el Foro El Salvador
La asociación cívica Foro El Salvador ha denunciado la censura de la Diputación de la Huesca, que le ha denegado el uso de su Sala de Conferencias, donde estaba prevista la presentación del libro "La tregua de ETA: mentiras, tópicos, esperanzas y propuestas" y las conferencias de Luis del Pino y Gotzone Mora. Según informa el Foro El Salvador en un comunicado, la Diputación, presidida por el socialista Antonio Cosculluela, contestó por vía telefónica a la solicitud, presentada por escrito siguiendo los cauces reglamentarios, alegando que el proyecto de reglamento regulador, que todavía no ha sido aprobado, no contempla que la Sala de Conferencias se utilice para las actividades solicitadas.
Libertad Digital 14 Octubre 2006

La Diputación de Huesca, gobernada por el PSOE, en su proyecto de reglamento regulador, aún sin aprobar, no contempla que su Sala de Conferencias se utilice para dar conferencias y presentar libros.

Esta es la explicación que ha recibido el Foro El Salvador cuando se le ha denegado la cesión de dicha para la presentación del libro "La tregua de ETA: mentiras, tópicos, esperanzas y propuestas", en el que el director del Departamento de Historia y Pensamiento de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, José Luis Orella, recopila los trabajos de nueve historiadores y comunicadores sobre el terrorismo etarra. Tampoco es apta la sala de conferencias, siempre según la diputación socialista, para que la concejal del PSE en Guecho, Gotzone Mora y el periodista de investigación de Libertad Digital, Luis de Pino, pronuncien sus conferencias.

El Foro El Salvador, en su comunicado, protesta ante lo que considera "comportamiento sectario e informal" de la Diputación de Huesca. Destaca que presentó su solicitud "por escrito y conforme el correspondiente cauce reglamentario", recibiendo como respuesta un llamada telefónica en la que se les comunicaba que no se les cedería la sala. La asociación cívica presidida por Jaime Larrínaga expresa "su indignación ante esta actuación falsamente reglamentista que atenta contra uno de los más relevantes derechos reconocidos y amparados por la vigente Constitución Española: la libertad de expresión" y recuerda que "la Sala de Conferencias, al ser pública, debiera estar abierta a todas las asociaciones reconocidas y aprobadas por la autoridad competente".

El movimiento cívico nacido en el País Vasco para la defensa de las víctimas del terrorismo y el pluralismo social, exige a la Diputación "que reconsidere su prohibición, prescindiendo de semejantes métodos antidemocráticos y rectificando su proceder, comunicando -por escrito, como tiene que ser en un Estado de Derecho- la respuesta afirmativa o negativa, en su caso, y motivando las razones de tal proceder". En todo caso, el Foro El Salvador anuncia que continuará con sus actividades en Aragón a pesar de actuaciones como la de la Diputación de Huesca que intenta "marginar opiniones discrepantes con el poder".

El Gobierno invoca al TC para defender que una Batasuna refundada no precisa condenar a ETA
G. López Alba / Nieves Colli. Madrid ABC 14 Octubre 2006

En el empeño por vencer las reticencias de Batasuna para dar el paso de acometer su «refundación» democrática, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, invocó ayer «la jurisprudencia del Tribunal Constitucional» para defender que los dirigentes y miembros de la ilegalizada formación proetarra pueden constituir un nuevo partido político sin verse afectados «por las consecuencias de una ilegalización anterior» -como indicó el jueves José Luis Rodríguez Zapatero- ni requerirse de ellos una condena expresa del terrorismo.

Fernández de la Vega, según fuentes gubernamentales consultadas por ABC, aludía a la sentencia dictada por el Constitucional el 12 de marzo de 2003 ante un recurso del Gobierno vasco contra determinados artículos de la Ley de Partidos Políticos, cuya conclusión viene a ser que no se puede aplicar una ilegalización «preventiva». El Tribunal señala que cualquier ciudadano puede constituir un partido político, aunque proceda de otro, y que esa nueva formación podrá ser declarada ilegal no por sus fines o su ideario, sino cuando sus actividades infrinjan los supuestos previstos en la ley.
Dicha sentencia -que avaló la constitucionalidad de la Ley de Partidos siempre que se interprete «en los términos señalados» por el TC- recuerda que «la creación de partidos es libre» y que, junto con su organización y funcionamiento, «se deja a la voluntad de los asociados fuera de cualquier control administrativo» siempre y cuando cumplan los requisitos que establece la propia Constitución y no existan pruebas de su vinculación con el partido ilegalizado.

Control «a posteriori»
La Ley de Partidos es uno de los mecanismos de control que el Estado tiene sobre los partidos políticos, control que se produce «a posteriori» y no sobre los «programas o ideologías» de la formación política, sino sobre sus «actividades» y la posible utilización de éstas en «colaboración o apoyo al terrorismo o a la violencia».

Respecto de la inclusión de personas condenadas por delitos de terrorismo en las listas electorales, la sentencia señala que podrán ejercer este derecho sólo aquellos que «hayan obtenido su rehabilitación». Estos no están obligados a expresar un «rechazo público» de los «fines y medios terroristas», por cuanto no se les puede exigir «una retractación de sus actividades pasadas». De hecho, la obligación de condenar el terrorismo «sólo tiene proyección hacia el futuro y en relación con el partido en el que los penados se integren como directivos o candidatos». Pese a ello, el Constitucional advierte que la inclusión «regular» de penados por terrorismo en los puestos directivos de un partido o en sus listas electorales «puede ser valorada como acreditativa de que con su actividad el partido vulnera los principios democráticos» y, en consecuencia, convertirse en «causa de disolución».

Asimismo, los condenados no rehabilitados judicialmente tampoco podrán ser «promotores» de un partido político, aunque la Ley de Partidos no les impide ni la afiliación política ni su derecho a sufragio.

Existe otra sentencia -de 31 de marzo de 2005- que ratifica la decisión del Tribunal Supremo de anular la candidatura de Aukera Guztiak. En ella se indica que los miembros de Batasuna que decidan ejercer su derecho de sufragio pasivo «sin instrumentalizarlo» al servicio de ETA «no habrán de tener (...) dificultad alguna para articular candidaturas en otros partidos o para constituir las pertinentes agrupaciones de electores». Por el contrario, quienes quieran reconstituir «fraudulentamente» un partido «deben contar con el riesgo cierto» de que esa vinculación con la formación ilegalizada puede erigirse, «en unión de otros indicios, en factor determinante» que lleve a declarar su incompatibilidad con el sistema electoral democrático. En cuanto a la exigencia de una condena expresa del terrorismo, dice esta sentencia que «es perfectamente aceptable (...) tan pronto se cierna sobre una agrupación electoral la sospecha fundada de connivencia con el terror o con formaciones que ya han sido proscritas en razón de esa connivencia».

Contrapartida al esfuerzo
Si, como el Gobierno espera, la banda hace un movimiento que el Gobierno pueda considerar «suficiente», después de casi tres años y medio sin víctimas mortales, exigir a la «nueva Batasuna» una condena expresa del terrorismo sería tanto como pedirle que condene lo que no existe. Sin embargo, una declaración de esas características resulta difícil de digerir para los proetarras porque sería como un acto de «contricción» pública respecto de los últimos cuarenta años. En contrapartida al esfuerzo que el Gobierno está realizando de allanar el camino para la rehabilitación legal de la izquierda abertzale y, sobre todo, al desgaste político que le supondrá, espera que haya un «gesto claro» de reciprocidad por parte de ETA/Batasuna.

La portavoz del Gobierno aclaró, para disipar malententidos, que la vía política o administrativa de la Ley de Partidos -por la que ha de tramitarse la rehabilitación legal de Batasuna-, y la vía penal -por causas pendientes de sus dirigentes-, «tienen vidas propias» en el sentido procesal y procedimental, por lo que «los jueces seguirán con sus procedimientos de acuerdo con las leyes procesal y penales». En cuanto a la «vía política», reiteró que «el Gobierno no tiene la más mínima intención de modificar la Ley de Partidos Políticos», insistiendo así en que «a la legalidad sólo se vuelve por la vía de la legalidad. Sólo se puede hacer política desde la ley y en la ley. Dentro de la ley, todo; fuera de la ley, nada».

El PP estudia medidas legales y confía además en la actuación del Supremo
C. DE LA HOZ ABC 14 Octubre 2006

MADRID. Las revelaciones del jefe del Gobierno sobre los futuros pasos del proceso de paz provocaron ayer la reacción de los populares, cuyo secretario general reiteró que «haremos todo cuánto esté en nuestra mano para no reconocer los acuerdos» que bien supongan la vuelta a la legalidad de Batasuna antes de que ETA desaparezca o los que deriven de la mesa de partidos, al tiempo que dijo confiar en la actuación de oficio del Tribunal Supremo.

Ángel Acebes afirmó que las declaraciones del jueves de José Luis Rodríguez Zapatero son de «extraordinaria gravedad», tanto por su contenido como por el momento y escenario escogidos, esto es, el Día de la Fiesta Nacional y el Palacio Real. Todo ello para decir que «no aplicará» la Ley de Partidos. «Ni contador a cero ni nada. Les ha dicho -prosiguió el número dos del PP- que pueden volver al Parlamento con las armas en la mano. Lo que supone, lisa y llanamente, legalizar a ETA».

Explicó que los populares no van a aceptar «a las bravas» la derogación de la Ley de Partidos y harán todo lo posible para que el Gobierno «no se salte la Ley». Sin querer adelantar cuáles pueden ser las iniciativas legales que promuevan, fuentes populares hablaron de la posibilidad de personarse en la causa, dirigirse a la Sala 61 del Supremo con pruebas sobre una supuesta legalización fraudulenta o, incluso, instar desde el Senado al alto tribunal (con carácter vinculante) a que inicie, llegado el caso, un nuevo proceso de ilegalización. Acebes comentó que el salto a la legalidad de los batasunos, así como la mesa de partidos, tienen «un recorrido muy limitado», dado que el proceso iniciará un camino inverso en cuanto el PP gane las elecciones.

Tras recordar las salvaguardas del texto legal para evitar fraude de Ley -entre otras, que una formación política ilegal no puede sucederse a sí misma-, recordó que corresponde actuar al TS. «No tengo la más mínima duda de que el Supremo, en cuanto conozca de una actuación fraudulenta, hará cumplir sus resoluciones», dijo Acebes.

En cuando al futuro de los presos, el secretario general del PP se puso en el peor de los escenarios posibles al vaticinar que asesinos como Ignacio De Juana Chaos pueden acabar sentados en la mesa de partidos «para diseñar el futuro» del País Vasco y de Navarra.

El Foro Ermua ve presiones del Gobierno Vasco
La Razón 14 Octubre 2006

El Foro Ermua acusó ayer al Gobierno Vasco, así como a las formaciones PNV, PSE-EE y EB de «presionar y descalificar» al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tras haber iniciado la instrucción por un presunto delito de desobediencia contra el lendakari, Juan José Ibarretxe, por haberse reunido con la ilegalizada Batasuna.Así, por medio de un comunicado, el Foro Ermua opinó que la decisión del TSJPV de iniciar la fase de instrucción del caso «es la única posible desde el punto de vista jurídico» ya que, añadió, las sentencias del Supremo -tribunal que ilegalizó a Batasuna- «están para ser cumplidas por todos los ciudadanos, incluso por los que se consideran por encima de la ley, como parece ser el caso del lendakari».
En este sentido, afirmó que se han utilizado con absoluta desvergüenza, en un ataque a la justicia y a la separación de poderes del que cuesta encontrar precedentes, argumentos puramente políticos para presionar a un tribunal independiente», recogió el comunicado de la plataforma.

Atacan dos sedes del PNV en Guecho y Eibar y queman un cajero en Vitoria
Efe - Bilbao. La Razón 14 Octubre 2006

Grupos de desconocidos han atacado en las últimas horas dos sedes del PNV en Vizcaya y Guipúzcoa, a las que han lanzado pintura, y han quemado un cajero de la Caja Vital en Vitoria, informó la Ertzaintza.

El primer incidente se produjo sobre las 23:00 horas en el batzoki (sede del PNV) del barrio de Las Arenas, en la localidad vizcaína de Guecho, cuando un grupo de encapuchados lanzó huevos rellenos de pintura contra el edificio. Como consecuencia de la agresión quedaron afectados tanto la fachada del edificio como cuatro coches aparcados en las inmediaciones.

Un ataque similar se producía poco después, sobre las 00:22 horas, en la localidad guipuzcoana de Eibar, en el batzoki situado en la calle Urkisu. En esta ocasión, junto al edificio de la sede nacionalista, quedaron dañados dos coches aparcados junto a ella.

Sobre las 03:15 un grupo de desconocidos quemó un cajero de la Caja Vital en la calle Portal de Villarreal, en Vitoria. El incendio provocado, además de destruir el cajero, causó desperfectos en dos vehículos aparcados al lado. La Ertzaintza está investigando qué tipo de artefacto se ha utilizado en este ataque, aunque en un primer momento cree que se puede tratar de "cócteles molotov".

Estos incidentes se suman a los ocurridos anoche en Vitoria, poco después de que se celebrara una concentración en favor de presos de ETA, en los que varios cajeros, coches particulares y mobiliario urbanos sufrieron diversos daños.Dos jóvenes fueron detenidos ayer en la capital alavesa por participar presuntamente en actos de violencia callejera.

LA DIRECTORA XERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL APUESTA POR PERMITIR EL EMPLEO DE LA CORUÑA "POR SEGURIDAD JURÍDICA"
La Xunta tolera que el Ayuntamiento use el topónimo de la ciudad en castellano
Begoña Rodríguez pide "prudencia" hasta que la Justicia resuelva el recurso del Gobierno local contra la sentencia que anuló el acuerdo de la Corporación para hacer cooficiales La Coruña y A Coruña.
Redacción. A Coruña La Opinión 14 Octubre 2006

La Xunta tolera que el Ayuntamiento emplee como topónimo oficial de la ciudad La Coruña a pesar de que la Justicia, en reiteradas sentencias y autos, ha decretado que la única denominación legal del municipio es la de A Coruña. La directora xeral de Administración Local, Begoña Rodríguez, aseguró ayer en el Parlamento autonómico que el Gobierno gallego apuesta por la "prudencia" en todo lo referido al uso del topónimo. Esta prudencia se mantendrá, según afirmó, hasta que se dicte una sentencia firme en el caso del recurso interpuesto por la Xunta contra el acuerdo de la Corporación local para que la denominación de la ciudad sea, "a todos los efectos", A Coruña en gallego y La Coruña en castellano.

El Partido Popular forzó ayer la intervención de la directora xeral en la comisión primera del Parlamento. Los conservadores querían saber en qué punto se encontraba el litigio judicial abierto por la Xunta y si el Ayuntamiento mantiene su recurso contra la sentencia que anuló el acuerdo plenario sobre el topónimo.

En su intervención ante la comisión del Parlamento, la directora xeral de Administración Local "abogó por la prudencia en lo que se refiere al uso del topónimo de A Coruña y por esperar" a que la Justicia decida si acepta o no el recurso del Ayuntamiento. "En este momento, queda un procedimiento abierto y, por seguridad jurídica, debemos esperar a que se falle este último proceso. En ese momento, no es otra la intención de la Xunta de Galicia que hacer cumplir todo lo que de allí se derive", afirmó Rodríguez, según informó en un comunicado la Consellería de Presidencia.

Este pleito contra el Ayuntamiento sobre el topónimo lo comenzó la Xunta cuando aún la gobernaba el PP y la continúa el actual Gobierno gallego, en manos de PSOE y BNG. En diciembre de 2004, el Gobierno gallego interpuso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo contra el acuerdo de la Corporación local para hacer cooficiales La Coruña y A Coruña.

En abril de 2005, el juzgado dictó un auto por el que suspendía cautelarmente el acuerdo plenario. Cinco meses después, el juzgado emitió una sentencia por la que anuló la resolución de la Corporación local por ser contraria a derecho, ya que no hay ninguna ley que otorgue competencias al Ayuntamiento para decidir sobre el nombre de la ciudad.

El Ayuntamiento, cuando aún era alcalde Francisco Vázquez, recurrió las dos resoluciones judiciales; primero, la suspensión cautelar y, después, la anulación del acuerdo plenario. En diciembre de 2005, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó la apelación municipal contra la suspensión cautelar. Todavía está pendiente de resolver el recurso del Ayuntamiento contra la sentencia que anula el acuerdo del pleno para hacer cooficiales A Coruña y La Coruña. Hasta que el TSXG dicte sentencia por esta apelación, la Xunta tolerará que el Ayuntamiento use la fórmula en castellano La Coruña.

El diputado del PP que formuló la pregunta a la directora xeral de Administración Local, Maximino Rodríguez, consideró "incompleta" la respuesta de Begoña Rodríguez porque ésta obvió la última resolución judicial en el conflicto del topónimo.

El Tribunal Supremo ha rechazado un nuevo recurso de casación del Ayuntamiento en el litigio con la Mesa pola Normalización Lingüística por el nombre del municipio, en el que no ha ganado ni un pleito desde 1992, y lo ha obligado a usar A Coruña como único topónimo oficial de la ciudad.

Maximino Rodríguez evitó decir si se debe o no hacer oficial La Coruña, pero defendió "que se cumpla la ley, porque está hecha para cumplirse, teniendo en cuenta el uso social del idioma y la situación social". A su juicio, "esta situación conflictiva se debe resolver poniéndose de acuerdo la Xunta y el Ayuntamiento, que deben averiguar previamente cuál es el uso social del topónimo".

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