AGLI

Recortes de Prensa     Martes 17 Octubre  2006
Una Fiscalía plegada al chantaje terrorista
EDITORIAL Libertad Digital 17 Octubre 2006

Aunque la mentira institucionalizada en torno al mal llamado "proceso de paz" pretenda hacérnoslo olvidar, nuestros lectores seguro que recordarán el comunicado de ETA del pasado mes de junio, en el que la organización terrorista amenazaba públicamente con "volver a la lucha armada" si el Gobierno de Zapatero "no daba los pasos necesarios para garantizar que ninguna legislación, ordenamiento jurídico ni Constitución sea obstáculo o límite" para la autodeterminación de "Euskal Herria". No fue aquella ocasión, desde luego, ni la primera ni la última vez que los terroristas han exigido erradicar esos "obstáculos" jurídicos para no entorpecer esa "paz", que no es otra cosa que la impune y exitosa consecución de los objetivos secesionistas por los que han matado –y dejado de matar– tantas veces.

Desde junio, son muchos los pasos que, desde los preparativos de la mesa de partidos, hasta los de la burla electoral de Batasuna a la Ley de Partidos, pasando por la "internacionalización del conflicto" en sede europea, el Gobierno del 14-M ha seguido dando para contentar a ETA y para tratar que el espejismo de esta claudicante y prenegociada "paz" le dure hasta las elecciones.

En cualquier caso, si recordamos ahora las veces en que la ETA ha exigido que el Estado de Derecho no sea un "obstáculo" para la paz, sólo es para añadir gravedad a las bochornosas declaraciones del fiscal general del Estado, para quien "la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos".

Diga lo que diga Conde Pumpido, cuando hay "procesos políticos" que, como la creación y desarrollo de los GAL, circulan al margen del Estado de Derecho, por supuesto que la Justicia debe obstaculizarlos. Y poco importa que ese "proceso político" tenga como loable objetivo acabar con una banda terrorista. De igual forma, cuando hay un "proceso político", que pasa por sentarse a negociar con criminales que la Ley exige, en todo momento, detener, por supuesto que la Justicia debería obstaculizarlo; como también debería impedir cualquier "proceso político" que tratase de neutralizar "de facto" una ley en vigor, como la Ley de Partidos, para que, burlándola, los terroristas puedan seguir teniendo voceros en el Parlamento y subvención pública.

Sin embargo, este fiscal general, que tantas y tantas veces se ha alineado con las tesis de los abogados defensores de los presos etarras, que tantas y tantas veces ha hecho la vista gorda ante la Ley de Partidos, ante el terrorismo callejero, ante la extorsión a los empresarios o ante los homenajes a etarras en beneficio de la banda terrorista, no dudará en seguir como hasta ahora "para que no haya más muertos". Así, deja en evidencia que, lejos de interpretar la ley "sin inventos y sin atajos", lo que está dispuesto es a plegarla a la lógica del chantaje de ETA-Batasuna. Ese es, precisamente, el lamentable papel que Cándido Conde Pumpido está dispuesto a interpretar para su desprestigio como jurista: no ya el de un simple "abogado defensor del Gobierno" –tal y como le ha reprochado el senador popular, Agustín Conde–, sino el de una servil comparsa de un chantaje terrorista que un Gobierno como el de Zapatero se empeña en oxigenar y embellecer con los ropajes de la paz.

Con la Constitución en la mano
Editorial ABC 17 Octubre 2006

LAS informaciones, ayer y hoy, publicadas en ABC acerca de la marcha del llamado «proceso de paz» -confirmadas de manera tácita pero inconfundible por el Gobierno y por su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero- remiten a una muy seria preocupación sobre el alcance de las contrapartidas -el llamado precio político- que el Ejecutivo y su partido, y también sus demás aliados parlamentarios, estarían en disposición de ofrecer a la banda terrorista ETA a cambio del fin de la violencia.

En su momento, desde estas mismas páginas se reconoció al Ejecutivo socialista el lógico margen de confianza para que se adverasen las auténticas intenciones de los terroristas. Aunque todavía no se ha producido un cese definitivo de la violencia etarra -fenómeno que incluso se ha incrementado desde la declaración del «alto el fuego permanente» del pasado mes de marzo con intolerables expresiones de terrorismo callejero y la continuación de prácticas chantajistas de la banda- es más que probable que la actual dirección de ETA emita una nueva declaración en la que se comprometería a mutar de «permanente» a «irreversible» su decisión de no ejercer el terrorismo. Si así fuese, bienvenida sea esa renuncia.

El problema es que tal desistimiento en la acción terrorista no puede ni debe compensarse con ningún tipo de contraprestación, y mucho menos con las previstas en el preacuerdo alcanzado por el Partido Socialista de Euskadi, el Partido Nacionalista Vasco y Batasuna. El Estado puede implementar -en los términos contemplados en el punto décimo del Pacto de Ajuria Enea de 12 de febrero de 1988, suscrito por todos los partidos políticos con repersentación en el País Vasco, incluido el Partido Popular- determinadas medidas de generosidad hacia aquéllos que, habiendo practicado la violencia terrorista, la abandonen de modo definitivo y sincero, recabando el perdón de las víctimas.

Pero lo que el Gobierno no puede hacer es ofrecer, a cambio de la paz, una mesa extraparlamentaria de partidos políticos vascos en la que se respaldarían pronunciamientos que atenten contra la soberanía y la unidad de España, por más que se busquen eufemismos para eludir los preceptos -todos ellos muy claros- que determinan que la Nación española se constituye en un Estado social y democrático de Derecho; que la soberanía nacional reside, en definitiva, en el conjunto del pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado.

La Constitución, como reza textualmente su artículo 2, «se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas», de tal manera que afectar el fundamento de la Carta Magna sería tanto como atentar contra las reglas que rigen la convivencia política y jurídica de los españoles.

Y ni este Gobierno ni ningún otro, sea cual fuere la razón que alegue, puede perpetrar tal desafuero. La «hoja de ruta» de la paz y de la libertad está en la Constitución; es la propia Constitución, como norma y como pacto político y el Gobierno -el primero- debe respetarla y hacerla cumplir.

Movimiento cívico
Cuando una sala no es una sala
Cristina Losada Libertad Digital 17 Octubre 2006

Quien no entienda que hoy, en España, una sala de conferencias no es una sala de conferencias, no comprenderá nada de lo que ocurre. La paradoja puede desconcertar, pero para captar su significado no hace falta consultar al monje budista chino que acaba de abrir un blog con notable éxito. Y digo esto, porque los maestros budistas suelen plantear a sus discípulos cuestiones que desafían toda lógica. Pues bien, no hay que aprender chino para resolver el problema. Basta meditar sobre otra paradoja. Y es que bajo el antifranquismo extemporáneo tan en boga desde hace algunos años, han renacido con fuerza y amplitud sin precedentes una serie de rasgos que padecimos en los años finales de la dictadura. Los cuales se pueden resumir en cuatro, relacionados entre sí: represión y censura desde el poder, miedo y cobardía en la sociedad y sobre todo en sus elites. No es casual, sino causal, que la reactivación de aquellos vicios se produzca en el momento de mayor politización de la sociedad española desde 1976, observación que debo a un lúcido testigo de aquella época y de ésta, como es Horacio Vázquez Rial.

El descubrimiento de que una sala de conferencias no es una sala de conferencias se debe a la Diputación de Huesca, que negó el espacio de esa institución financiada con dinero de todos, al Foro El Salvador. Quería este Foro presentar allí un libro, y llevar a Gotzone Mora y a Luis del Pino, pero la casa, bajo la férula de un socialista llamado Antonio Cosculluela, adujo que la sala no está para albergar actos de ese tipo. Puestos a imaginar de qué naturaleza serán aquellos para los que prestarán el local, hemos de escuchar el murmullo liberticida del espíritu de los tiempos zapaterinos. Ese que permite que la Universidad del País Vasco abra los brazos a miembros de Batasuna-ETA, la Generalidad invite a un jefe del entramado etarra como profesor de verano, y diversas instituciones, incluidas las europeas, se pirren por admitir en su seno a los partidarios de los terroristas, mientras cierran la puerta a quienes los combaten y son críticos con el gobierno. En suma, la alianza del PSOE con los nacionalismos ha extendido por todas partes la peste de la exclusión, la censura y la mordaza, que antes se circunscribía a los territorios controlados por aquellos.

Claro que, ante tal situación de emergencia, también se han extendido los instrumentos de autodefensa ciudadana que se habían creado en dichas zonas. El ejemplo de los movimientos cívicos vascos y catalanes ha prendido en toda España, a la vista de los excesos destructivos del gobierno y los defectos de una oposición agridulce. Y son esas asociaciones y grupos los que se están topando con ese fenómeno que recuerda al que existió bajo el franquismo. De pronto, hay un sinfín de entidades que reaccionan como la Diputación de Huesca cuando se les pide una sala. De súbito, aparecen un montón de émulos de aquellos paniaguados que en los setenta no se querían meter en política. De repente, la política lleva implícita una carga de subversión inadmisible para instituciones económicas y culturales que temen incomodar a los que mandan y tiemblan ante la idea de prestar alguno de sus locales a un grupo cívico. Las elites instaladas abdican de la defensa de la libertad, como ocurrió otrora, en nombre de una cómoda, aunque incierta, supervivencia.
Y mientras estas y otras cosas más graves, como las agresiones, los insultos y los sabotajes a los oponentes, se suceden a diario en España, ZP se jacta en el extranjero de haber extendido los derechos ciudadanos. Esto no es paradoja, sino engaño.

La importancia de un debate
Luis del Pino Libertad Digital 17 Octubre 2006

Se ha debatido mucho en el blog la conveniencia o no de criticar al PP por la forma de ejercer oposición. Quienes piensan que esas críticas no deberían realizarse aquí parten de una idea correcta: "el PP es el único partido que está haciendo algo, aunque sea tímidamente, para aclarar el 11-M y también es el único partido que se opone a la rendición del estado ante ETA". La idea es, repito, correcta: el PP es el único partido que mantiene la dignidad del Estado y que está en estos momentos aliado con la defensa de los derechos de la ciudadanía y de las víctimas. Pero, aunque correcta, es una idea incompleta.

Y es incompleta porque ignora dos hechos fundamentales. El primero de los hechos es que el PP (como cualquier otra organización) no es un conjunto monolítico de clones, sino que está compuesto por personas con distintas sensibilidades, opiniones e intereses. Dentro del PP, hay personas como Eduardo Zaplana, como Jaime Ignacio del Burgo, como Alicia Castro... que están planteando con valentía la batalla parlamentaria del 11-M. Hay personas como Daniel Sirera o muchos otros cargos públicos del PP que no tienen reparo en participar en las concentraciones de la iniciativa "11 de cada mes". Y hay personas como los militantes del PP vasco que están dando una lección inolvidable de valentía, de dignidad, de arrojo y de resistencia.

Pero también hay personas como Gallardón, que tratan de presionar para que el PP no hable del 11-M, o personas como Piqué, cuya tarea parece consistir en desactivar cualquier resto de españolismo que pudiera quedar en Cataluña. Y criticar a esas personas no es criticar al PP. De hecho, si la crítica a esas personas condujera a su desactivación dentro del partido, esa crítica sería el mejor servicio que al PP se le pudiera prestar, puesto que se neutralizaría a aquellos elementos que más desánimo introducen en el propio electorado del PP y que más fomentan, por tanto, la desmovilización de los electores del PP.

Criticar a Piqué y a Gallardón no es criticar al PP, sino tan sólo criticar a lo que de peor hay en el PP. Igual que criticar la labor de oposición del PP, por floja, no es criticar al PP, sino tratar de señalarle lo que está haciendo mal, precisamente para que lo empiece a hacer bien. El argumento que se suele dar para justificar el maricomplejismo es que "hay que atraerse al electorado de centro". Ese argumento es una falacia. El PP no necesita que ningún electorado de centro le de la victoria: al PP le basta con conservar su electorado movilizado y conseguir, con una oposición feroz, que ese electorado que dio la victoria a Zapatero gracias a las 10 bombas del 11-M vuelva a refugiarse en la abstención. Y la manera de conseguir eso es presentar claramente el desastre en que Zapatero está sumiendo a un país que hace menos de tres años estaba en el pelotón de cabeza de las naciones. Cualquier intento de vestir la crítica con colores amables a lo único que conduce es a que la situación parezca menos grave de lo que es. ¿Cómo se va a desmovilizar al electorado del PSOE si lo que se hace continuamente es quitar hierro a la crisis?

Pero hay un segundo hecho, mucho más importante, que están pasando por alto quienes piensan que no es positivo criticar la falta de contundencia del PP en la oposición. Y ese hecho es que, en estos momentos, las presiones al PP están siendo brutales desde el otro lado de la mesa. Presiones de todo tipo, que llegan incluso a la amenaza más descarnada, con exhibición de dossieres, aunque sean falsos. Los "avisos" que se le mandan en público al PP desde las páginas de El País o el ABC para que no entren en el tema del 11-M no son nada comparados con lo que se dice por debajo de la mesa, en los pasillos o en los despachos. Y tanto Rajoy como su equipo son seres humanos y no son, por tanto, inmunes a las presiones. Y Rajoy tiene, además, el enemigo en casa, dentro de su propio equipo, ya que hay personas en él que actúan como valedores intelectuales de quienes ejercen sobre el PP esa presión. Si no se contrarresta esa presión con otra de igual o superior intensidad, inevitablemente Rajoy escorará hacia el pacto con quienes quieren tapar el 11-M. Así pues, no sólo es que aguijonear al PP sea positivo: es que resulta absolutamente imprescindible.

Durante mucho tiempo, el Gobierno y sus adláteres se refugiaron en la estrategia del silencio ante las informaciones periodísticas sobre el 11-M que se iban desgranando, en un intento vano de hacer que la sociedad olvidara los atentados y que las víctimas quedaran acalladas. Pero esa estrategia ha fracasado. Y, como no se pueden contrarrestar las informaciones por el procedimiento de desacreditarlas, porque lo que hemos ido publicando son datos puros y duros que demuestran documentalmente cómo se mintió desde el principio a los españoles, el PSOE ha puesto en marcha la única estrategia que le queda: la presión bajo la mesa a todos aquellos que pudieran contribuir a que la verdad del 11-M se esclarezca. Incluido el PP.

Resulta imprescindible, por tanto, alinearse de manera activa con aquellos sectores del PP (que son la inmensa mayoría) que sí están dispuestos a luchar con todas sus fuerzas. Y resulta imprescindible colaborar activamente a desactivar a quienes quieren, desde dentro, neutralizar al PP. Y resulta imprescindible mandar un mensaje inequívoco a quienes están presionando a Rajoy desde el otro lado de la mesa: vuestros esfuerzos están condenados al fracaso.

Así pues, debatir sin apasionamientos acerca de cuál debe ser la labor del PP en el terreno de la lucha por la verdad o sobre el papel que juegan determinadas personas del PP tiene mucho más que ver con el 11-M de lo que cabe imaginar. Entre otras cosas, porque sin una movilización total del PP en este terreno, la búsqueda de la verdad será mucho más dura.

Por cierto, les recomiendo que estén atentos a sus pantallas. Tal como desea una inmensísima mayoría de españoles, la investigación sobre el 11-M continúa.

11-M. AÚN QUEREMOS SABER
Editorial minutodigital 17 Octubre 2006

El diario El Mundo ha publicado una encuesta de Sigma Dos de resultados contundentes. El 67,5 de los españoles opinan que no conocemos aún lo que realmente sucedió el 11 de Marzo. Es más, una amplia mayoría de los votantes del PSOE son de la misma opinión (55,1).

El papel del gobierno en esta tesitura es complicado. Hasta ahora el Gobierno no estaba interesado en investigar porque creía que sólo eran los votantes de derechas los que no creían en las tesis oficiales, y al PSOE nunca le interesó convencer a unos votantes que no son suyos y a los que ni espera ni desea convencer de sus “bondades políticas”. Sin embargo, la nueva encuesta pone ante sus ojos un tablero de juego completamente diferente: entre sus propios votantes la duda de la lealtad del PSOE en la investigación y en los procesos judiciales abiertos va cundiendo poco a poco.

El Gobierno, por eso, deberá cambiar de postura si no quiere seguir perdiendo votos, y es que el sentido común a veces interviene en política. Los españoles han constatado ya que el PSOE oculta datos y falsifica documentos. Esto puede deberse a varios motivos, todos ellos perversos.

En primer lugar, puede deberse al intento del Gobierno de mantener su postura oficial del 11 al 14 M: el PP mintió. Los españoles, lógicamente, aunque sean votantes socialistas, no están dispuestos a que el PSOE lleve el politiqueo hasta el extremo de jugar así con casi doscientos asesinatos.

Otra posibilidad es que en efecto ETA estuviera implicada en los atentados, lo cual el PSOE no estaría dispuesto a admitir, y ello por cuanto oficialmente están manteniendo contactos con ETA con la justificación que llevan tres años sin matar. Los españoles no comprendería nunca que se estuviera negociando con los autores del mayor atentado de nuestra historia reciente. La última posibilidad, que hoy por hoy nadie defiende públicamente, es la conspirativa, que, sin embargo, va ganando adeptos entre los españoles. Ésta consiste, ni más ni menos, en la participación del PSOE de manera indirecta en los atentados. Es una tesis en la que nadie quiere creer, pero que se alimenta constantemente de las mentiras y falsedades del PSOE: si éste echa tierra sobre las investigaciones de los atentados es porque algo tendrá que ocultar. La conexión vendría a través de los contactos previos a las elecciones entre ETA y ERC y encontraría su confirmación en que el principal beneficiado de las mismas fue el PSOE. Otros elementos apuntalan esta teoría: los nervios y las prisas del PSOE a la hora de conceder todo lo que ETA pide, como sí esta supiera algo que caso de ser desvelado causaría un daño irreparable en el PSOE; y la certeza de la calidad moral de los dirigentes socialistas, que en su día no dudaron en la fundación del GAL, es decir, en la fundación del terrorismo de Estado.

Ante tal estado de cosas, al PSOE no le queda más remedio que actuar de manera contundente para salir del callejón sin salida en el que se han metido. Debe investigar con diligencia lo sucedido el 11-M, los días previos y los días siguientes hasta el 14-M. Debe transmitir el contenido de las investigaciones a los Tribunales y a la opinión pública las líneas básicas de la investigación. Debe explicar de manera creíble su actuación en los días posteriores del 11-M, que tienen toda la apariencia de un plan predeterminado, por su completa sincronización en toda España, y no una actuación improvisada. Debe sancionar de la forma más estricta posible a todos los militantes y dirigentes socialistas que convocaron a la ciudadanía para su participación en las manifestaciones ilegales de la jornada de reflexión y, finalmente, debe explicar con claridad qué se está negociando con ETA, desde cuándo, y por qué. Sólo así conjurará las dudas que sobre su actuación en el 11-M están surgiendo y que, poco a poco, le van limitando su apoyo electoral.

El terror legalizado
Por EDURNE URIARTE ABC 17 Octubre 2006

Las revelaciones de este periódico ayer y hoy sobre las negociaciones del Gobierno con ETA confirman que todas las sospechas y temores sobre el precio político y la cesión del estado estaban plenamente fundados. No sólo habrá una mesa política, como ya sabíamos. Además, las tres exigencias clave de ETA estarán incluidas en la negociación:

autodeterminación, territorialidad y Navarra. Si aún quedaban ingenuos o confiados que pensaran que el Gobierno no llegaría a la autodeterminación, también se han equivocado. Hasta esa línea roja será sobrepasada.


El montaje de la legalidad camuflará la imposición terrorista. En términos sencillos, consiste en que la cesión se hace dentro de la ley. Para ello, el Gobierno legaliza previamente tanto las tres exigencias terroristas como el brazo político de ETA. Las reivindicaciones etarras son desgajadas de los crímenes que las llevaron hasta la mesa política y, una vez realizada la separación, pasan a ser asuntos puramente políticos, democráticamente debatibles, que ya nada tendrían que ver con los terroristas que mataron por ellas.

En eso consiste aquella cínica máxima de Zapatero, «la paz no tendrá precio político, pero la política ayudará a la paz». Es decir, que el precio se pagará una vez que los terroristas y sus exigencias hayan sido legalizados de tal forma que el precio se habrá convertido en una respetable y civilizada negociación con demócratas y no con asesinos, en una vertiente más del diálogo entre vascos, sean asesinos o víctimas, que eso ya da igual.

Conocíamos desde la semana pasada los planes del Gobierno para legalizar al brazo político. Y desde ayer sabemos también su fórmula para legitimar previamente a toda la banda terrorista y no sólo a Batasuna, la exigencia de una declaración de cese definitivo e irreversible de la violencia. Ya no matan, ya no son asesinos, luego las concesiones se hacen a pacíficos hombres de bien y no a pistoleros y mafiosos.

El Gobierno confía en que esta parodia de legalidad terrorista sea tolerada por la opinión pública española. Primero, porque sabe que hay un sector bastante numeroso deseoso de pactar lo que sea con los terroristas a cambio de tranquilidad, algunos por miedo y otros porque están convencidos de que el Estado de Derecho jamás podrá acabar policialmente con el terrorismo. Segundo, porque hay unas renuncias de ETA que pueden ser presentadas como derrota: la autodeterminación no es inmediata sino que debe ser discutida en la mesa, la eurorregión es bastante menos que la unión de Euskalherria, y Navarra dependerá de un buen resultado socialista.

Y, tercero, con un poco de suerte, y una vez en marcha la mesa, a todos se nos olvidará por qué se formó y por qué se negocia lo que se negocia: porque ETA asesinó y chantajeó. La tríada mágica de Zapatero, ausencia de violencia, legalidad y diálogo, parecerá limpia y completamente inocente. Y los crímenes de ETA, ¿quién se acordará de ellos?

Todos contra el PP, ante notario
EDITORIAL Libertad Digital 17 Octubre 2006

Este lunes, el viejo lema de "todos contra el PP" se escenificó ante un notario de Barcelona. Artur Mas, candidato de CiU a la presidencia de la Generalidad, se tomó ese trabajo para conjurar definitivamente la posibilidad de valerse del que, por principios y en un país normal, sería su socio de gobierno natural. Pero los principios de CiU no son los del PPC. Uno es nacionalista radical y el otro sólo suavemente, aunque apuntado maneras. Y Cataluña, por descontado, no es una sociedad normal sino una sociedad enferma de nacionalismo identitario.

Esta y no otra es la clave de la campaña electoral que acaba de dar comienzo en Cataluña. Se trata de ser nacionalista hasta la extenuación, y el que no presume de ello, o presume poco, se convierte automáticamente en un apestado al que se puede vilipendiar sin límite. Esas son las normas de la casa. Sorprende, por lo tanto, que Piqué siga confiando en CiU como el que lo hace en la pata de un conejo.

De la casta política catalana nadie quiere al PP cerca. Ni la izquierda, por motivos obvios, ni la derecha, porque, a fin de cuentas, lo que se despacha en Cataluña no es una confrontación de ideas, sino una carrera al sprint para dilucidar quién de todos es el más nacionalista, soberanista y –por qué no– separatista. Si para alejar las dudas de pureza patriótica es preciso pasar por el notario, se pasa. Mas ya lo ha hecho, ahora podrá reanudar su campaña sin que esquerristas y socialistas le atormenten con un pasado que en Convergencia ya nadie quiere recordar.

El incierto futuro del poder judicial
Editorial ABC 17 Octubre 2006

CON la entrega al Congreso de los Diputados de la lista de los precandidatos elegidos por jueces y asociaciones judiciales para integrarse en el Consejo General del Poder Judicial, su presidente, Francisco Hernando, formalizó ayer el primer trámite para la renovación del gobierno de los jueces. La exigencia de una mayoría cualificada de tres quintos en ambas Cámaras y la tensión entre el Ejecutivo y el PP harán otra vez difícil el necesario acuerdo entre los principales grupos parlamentarios para poner nombre a los veinte vocales del CGPJ. Además, la política judicial del Gobierno ha añadido factores de enfrentamiento muy graves que no permiten separar la renovación del CGPJ de los importantes proyectos que están pendientes en el Congreso (recurso de casación, justicia de proximidad, salas de gobierno, consejos autonómicos) y con los que el PSOE y sus aliados parlamentarios se proponen alterar sutancialmente el modelo constitucional del Poder Judicial. De hecho, el Estatuto catalán, ya vigente, entra de lleno en las competencias del CGPJ para detraer parte de ellas y entregárselas al Consejo de Justicia de Cataluña, primera piedra de un nuevo sistema de gobierno judicial que no respeta el carácter unitario establecido en la Constitución. Y el catalán no es un caso aislado, pues una de las reformas proyectadas por el Gobierno es la creación de consejos de justicia en todas las autonomías.

Por otro lado, el renovado CGPJ tendrá que elegir a su presidente, quien también lo será del Tribunal Supremo y de su Sala especial, competente para aplicar la Ley de Partidos Políticos. El desarrollo previsible del proceso de negociación con ETA y Batasuna ha de incluir necesariamente la posibilidad de nuevas incidencias relacionadas con la sentencia de 2003, que ilegalizó y disolvió a Batasuna y sus antecesores. Si una nueva formación política aparentara dar continuidad a esos partidos ilegalizados, estaríamos ante un fraude de ley que habría de resolver la Sala especial del TS.

También es importante en este proceso de designación parlamentaria de los doce vocales judiciales del CGPJ lo que, en el ámbito del Ministerio Fiscal, Conde-Pumpido llamó «reequilibrio ideológico». Por lo pronto, el Gobierno reformó por vía de urgencia y por la puerta de atrás el sistema de nombramiento de magistrados del TS, sólo con la intención de neutralizar a la mayoría del actual CGPJ. Tras el éxito arrollador de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en las elecciones a las salas de gobierno, el Ejecutivo proyecta vaciar de contenido las de los tribunales superiores de Justicia y traspasar sus funciones a los consejos de Justicia autonómicos. Sin embargo, los datos del GGPJ sobre el número de jueces asociados otorgan a la APM una posición claramente mayoritaria en este sector de los jueces, que no debería quedar desnaturalizada con una representación desproporcionada de, por ejemplo, Jueces para la Democracia, que sigue siendo minoritaria. La responsabilidad de los principales partidos es alcanzar un acuerdo de renovación. Es lo que requiere la estabilidad institucional y el buen funcionamiento del Poder Judicial. Pero será difícil: ni es recuperable el extinto Pacto de Estado, ni el PSOE va a renunciar a la visión politizada de la Justicia que demanda -más bien exige- su modelo de Estado.

La ceremonia de la confusión
Lorenzo Contreras Estrella Digital 17 Octubre 2006

La confusión continúa. El Gobierno se contradice descaradamente, como demuestran Zapatero y la vicepresidenta Fernández de la Vega tras las manifestaciones del presidente del Ejecutivo sobre la posibilidad de relegalización de Batasuna, mediante la conformación de un partido abertzale de “nuevo cuño” cuyos miembros no tendrían que responder de causas penales anteriores. Es lo que claramente se deduce de las palabras de ZP en su conversación de corrillos durante la recepción posterior al desfile militar del Día de la Fiesta Nacional.

La vicepresidenta, que ya había pedido disculpas al pueblo madrileño, y en general al PSOE, por los enredos del “caso Bono”, ha tenido que puntualizar después que de “relegalización” de Batasuna nada de nada, porque, según dijo, la Ley de partidos sigue vigente y es intocable.

Pero la situación se ha complicado aún más porque el secretario general del PSE o Partido Socialista Vasco, Patxi López, ha admitido que las negociaciones con ETA están en marcha, algo que ya se sospechaba e incluso se sabía con razonable certeza, pero que ZP mantenía, como fórmula “pacificadora”, en una especie de limbo. El presidente, durante la mencionada charla de corrillos en el Palacio Real, advirtió, en efecto, que los contactos con ETA “no se harán públicos”, por respeto a las personas que los realicen y a la seguridad del Estado.

Bueno, pues ya Patxi López se ha encargado de desvelar la existencia de esos contactos, que naturalmente, por pura lógica política, tendrán que ser desmentidos o “matizados” a medida que el escándalo cunda. De ello se ha encargado en principio la vicepresidenta Fernández de la Vega, que para mayor confusión se mezcla o es mezclada personalmente en la polémica sobre las posibles candidaturas a la alcaldía de Madrid.

Las palabras del presidente sobre la relegalización impune del brazo político de la banda terrorista no han sido tomadas tampoco en serio por la propia Batasuna, que las ha tildado de “maniobra de despiste”. A Batasuna lo que le interesa es que ninguna especulación o hipótesis se interponga en la marcha hacia la creación de la llamada “mesa de partidos”, que la propia ETA se encargaría de gobernar y dirigir a su antojo. Nada de crear expectativas para el público, por más que los contactos, como ha confesado Patxi López, se estén produciendo. En esto ETA y ZP coinciden. La negociación debe seguir aparentemente bloqueada, la “kale borroka”, justificada, la extorsión, practicada y nada, en definitiva, consolidada hasta que el mundo etarra establezca las condiciones para que todos los componentes de la opinión pública queden al tanto de los hechos consumados.

Que la situación va camino de tomar los rumbos que ETA desea, admite pocas dudas. Una “institución” llamada Friendship, o Grupo de Apoyo al “proceso vasco” en el Parlamento Europeo, copresidida por el catalán Bernat Joan y el alemán Helmut Harkov, pretende formular e imponer un “texto unitario” sobre una solución para Euskal Herria. Se trataría de un “texto de impulso” que ya habría sido firmado por distintos europarlamentarios del “Estado español”, con excepción de los pertenecientes al PP. El tal Bernat Joan, eurodiputado de ERC, siempre ligado a la idea de la mesa de partidos, defiende que la “solución” tiene que circunscribirse al ámbito de Euskal Herria. Y, por su parte Harkov, que parece en esta historia un convidado de piedra, anuncia que ninguna víctima del llamado conflicto será olvidad, ya que el proceso de paz será el mejor procedimiento para reconocerlas y recordarlas. Todo muy bello.

El debate del Parlamento europeo, en Estrasburgo, se celebrará el próximo día 25 y habrá una votación el día 26. Tratan de darle a la resolución que se apruebe una presencia en la Comisión Europea y el Consejo de Europa, siguiendo la hoja de ruta del antiguo problema irlandés. Los autores de esta estrategia, con la que el PSOE parece comulgar, utilizan para sus objetivos la llamada Declaración de los Seis, que fue difundida el lunes de la semana anterior y cuyos firmantes son, como no podía ser menos, Francesco Consiga —Italia—, Mario Soares —Portugal—, Gerry Adams —Irlanda—, Kgalema Motlanthe —Sudafriaca—, Cuauhtemoc Cárdenas —México— y Adolfo Pérez Esquivel —Argentina—. Su escrito reconoce la existencia internacional de Euskal Herria y establece por su cuenta que la llave para la resolución del conflicto consiste en “el derecho a decidir”, o sea, la autodeterminación o libre decisión de los ciudadanos vascos —sólo ellos— según los conceptos explicitados por José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 29 de junio.

Se puede apreciar que los independentistas ligados a ETA le han tomado al pie de la letra la palabra al presidente del Gobierno español. Lo de Estrasburgo no ha estallado en la esperable forma de polémica dentro de España y de sus instituciones, pero ahí está con la fecha en firme y esperándonos a los españoles como un proyecto de dogma invulnerable.

Luz, más luz
SANTIAGO GONZÁLEZ EL Correo 17 Octubre 2006

Durante la campaña electoral que precedió a las primeras elecciones democráticas, el humorista Peridis publicó una tira en la que se veía a una Pasionaria, vuelta tres meses antes del exilio, junto a su fiel secretaria, Irene Falcón. Ambas miraban el televisor, por cuya pantalla desfilaban los distintos candidatos que concurrían a las elecciones. Al terminar, Pasionaria pregunta: «Irene, ¿cuándo salen los nuestros?», a lo que responde la secretaria: «Pero Dolores, ¿si ya han salido!». «Vaya por Dios», replica Ibarruri. «Me habré quedado dormida».

A veces, mi respetado Patxi López, me pasa como a la histórica dirigente comunista y algunos de los conceptos de su última entrevista me han debido de llevar a un dulce duermevela, al tiempo que extendían la niebla y la confusión por mis pobres entendederas.

Decía usted que el futuro hay que definirlo entre todos «y eso implica entender parte de las razones del adversario». Al leerlo, tuve la sensación de 'déjà vu' y acudí en busca de las fuentes. La frase es deudora de una expresión de Juan María Ollora: «Un proceso de paz supone repartir la razón entre los protagonistas del conflicto».

Ollora, que participó en las conversaciones del PNV con Herri Batasuna del 92, publicó en 1996 un libro que inspiró mucho a Jesús Eguiguren y a lo que, pese a todo, siguen llamando ustedes 'proceso de paz'. Sostenía Ollora que el Estatuto había dejado de ser una referencia para la construcción nacional, y que eso obligaba a redefinir las instituciones, al derecho de autodeterminación y a «negociar con ETA más allá de la legalidad democrática».

En eso están ustedes diez años después. Eso es la mesa de partidos. Un antecesor suyo en el cargo dijo que «el derecho de autodeterminación en manos de los nacionalistas tendría como primer ejercicio la limpieza étnica». Un presidente del Gobierno explicó que «la autodeterminación que necesita esta sociedad es autodeterminarse de las pistolas, las bombas, de la violencia y el chantaje», expresión que completó el pasado 22 de febrero en el Congreso, al responder al líder de la oposición que insistía en pedir garantías de que el Gobierno no iba a aceptar el derecho de autodeterminación: «Creo que lo he dicho claro. No sé si no escucha o no le interesa escuchar lo que dice el presidente del Gobierno. No. ¿Otra vez quiere oírlo? No». Usted mismo dijo durante la última Fiesta de la Rosa que «paz no es autodeterminación, ni soberanía, ni territorialidad». Lo llamarán derecho a decidir, pero Eguiguren describió en su libro lo que eso implica: incluso «una consulta que puede afectar al propio vínculo con el Estado».

¿Y dice usted que se inspiran en la 'Ley de la Claridad' canadiense? En fin, consuélese pensando que a todo hay quien gane: ahí está la última metáfora náufraga del gran Madrazo, que ayer llamaba a hacer esfuerzos «para que la mesa no encalle, no se bloquee y llegue a buen puerto». E la nave va, naturalmente, aunque no sepamos dónde.

Cada vez más lejos: Zapatero y Rajoy dejan la Justicia en vía muerta
Miguel Ángel Orellana elsemanaldigital 17 Octubre 2006

Saltan chispas en corrillos políticos, en las tertulias de radio, en las columnas de opinión o en el mundo judicial, donde el ambiente huele a azufre en "vísperas" de la renovación del CGPJ.

17 de octubre de 2006. La guerra de togas siempre ha estado en el primer plano de la actualidad. Pero días atrás la batalla alcanzó un pico de intensidad con el trasfondo de la instrucción del caso de los peritos y el ácido bórico. El espectáculo de un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dividido por su color político, lo que se conoce en los mentideros como el "CGPJ partido por dos", ante el amparo del magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, al que se acusa –probablemente con razón- de ponerse a las órdenes del Gobierno para obstruir el camino de la verdad del 11-M, expresa el lamentable uso que se está haciendo de la Justicia en la pugna entre partidos políticos.

Que el desgaste institucional recaiga en el Ejecutivo o el Legislativo es hasta cierto punto inevitable. Depende del tono moral de la clase política y eso está de saldo. Pero que contamine con sus querellas al Poder Judicial no va a traer nada bueno. Seguro.

El muy politizado Poder Judicial
Mientras, los ciudadanos asisten perplejos a un enfrentamiento más en el mundo judicial con la renovación del CGPJ en el horizonte. Las conversaciones para la elección de los nuevos vocales, cuyo mandato expira el próximo día 7 de noviembre, han entrado en vía muerta –y todo apunta a que los plazos pueden ser eternos-, ya que el PSOE, por un lado, no recibe respuestas positivas en este sentido del PP, y por otro, espera a conocer qué socios tendrán tras las elecciones catalanas. Es distinto encarar una negociación de ese tipo con CiU como aliado que con Esquerra.

La perversa dinámica de las mayorías y minorías se impondrá y el denominado Órgano de Gobierno de los Jueces será de nuevo una correa de transmisión de las formaciones parlamentarias. Y socialistas y populares le han dado muchas vueltas a la elección de candidatos. "Deben estar concienciados para afrontar un mandato difícil en el que no se va a contar con la mayoría como ocurre en el actual", confiesa sotto voce un alto cargo del PP a Elsemanaldigital.com.

Execrable la hora en la que los legisladores –el primer gobierno de Felipe González- habilitaron a los partidos políticos para repartirse los asientos del CGPJ. Para muchos ésa fue la semilla a partir de la cual ha ido creciendo un conflicto que ha llegado a hacerse insoportable. En la institución no reside el fuero de la independencia judicial –eso va con el juez cada vez que firma una sentencia-, pero tiene el deber de preservarla, cuidarla y defenderla de otros poderes, próximos o remotos, del Estado o de la sociedad.

En la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial sólo aparece como "órgano de gobierno" del Poder Judicial, con influencia en nombramientos y labores inspectoras, organizativas, disciplinarias, etc. Sin embargo, las continuas querellas entre sus vocales, que llevan pegada en la frente la pegatina del partido al que deben su nombramiento, impiden de hecho que cumplan aquella función central que le dignifica desde el punto de vista institucional. En este sentido, últimamente no está teniendo sus mejores días.

Sólo cuatro jueces "independientes"
Son sólo cuatro jueces "independientes" los que tratarán de hacerse con un sillón en el futuro CGPJ. Al registro del Consejo sólo llegaron cuatro opciones que habían superado los apoyos necesarios, esto es, el aval del 2% de la carrera. Al final, de los jueces que no pertenecen a ninguna asociación se presentaron Fernando Grande-Marlaska; la juez decana de Palencia, María José Renedo; la de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Rosa María Rodríguez; y la magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona Beatriz Grande.

Pero los no asociados tendrán difícil su entrada, ya que los apoyos políticos están bastante definidos entre las asociaciones y no parece que vayan a salirse del carril.

En juego está que en el reparto de cuotas entre "conservadores" y "progresistas" en los nombramientos se destierre la tensión histórica entre magistrados, que ha deteriorado la imagen de la Justicia ante la opinión pública. Pero no hay el menor indicio de que ese deseo se vaya a producir. "No reina precisamente un ambiente de pacto", señala a este diario uno de los actuales vocales del Consejo. "O la renovación se hace antes de 2007 o se va a eternizar", pronostica.

El procedimiento de pactos y repartos por cuotas mancha a la institución de manera irreversible. El Poder Judicial, uno de los fundamentales del Estado, no puede ser tributario de otros poderes y menos del poder de los políticos. Sin embargo, nunca como ahora se había olvidado.

Mientras los partidos no se convenzan de que el CGPJ no está para servir a sus siglas, el Órgano de Gobierno de los Jueces será la gran enfermedad de la que surjan todas las dolencias de la Justicia. Y más aún cuando vienen sonando en los mentideros nombres de vocales prestos a lanzarse al albero de la política. En el bloque "conservador", los rumores apuntan a que Enrique López, todavía portavoz del Consejo, tendrá "cargo político". En el otro bando, Montserrat Comas y Juan Carlos Campo son los que más suenan para coger esta nueva vía como carrera profesional. Por este camino lo más fácil es ver crecer el montón de basura política y mediática. Y si acaso, el españolito medio se confesará algo más descreído que ayer pero menos que mañana.

Las consecuencias
Al paso que vamos solamente un nuevo dictamen de las urnas puede acabar con este insoportable olor a azufre que sigue flotando en el ambiente. El olor, infecto donde los haya, se percibe en el hemiciclo y en los pasillos del Congreso, en las redacciones de los medios de comunicación, en las comisarías de la Policía, en las salas de los palacios de Justicia donde los magistrados comentan la jugada mientras cuelgan la toga, etc. Se echa de menos un mayor nivel de acuerdo y comunicación entre los dos liderazgos que encarnan a los dos pilares centrales del sistema, el izquierdo y el derecho, entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. En grandes temas de Estado, se entiende, donde el común interés no reconoce fronteras políticas.

Por ejemplo, en esta asignatura pendiente de la democracia española que es el reto de convertir definitivamente el órgano judicial en esa institución independiente y constitucional que los ponentes de la Carta Magna diseñaron en la Transición.

La guerra de banderas del señor Anxo Quintana
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 17 Octubre 2006

16 de octubre de 2006. Un rumor recorre Galicia: la jefa de gabinete del vicepresidente de la Xunta, el nacionalista del BNG Anxo Quintana, tiene como principal ocupación conocida encargarse de hacer desaparecer la bandera nacional cuando su superior tiene que intervenir en cualquier acto público. Y si no convence a los organizadores del acto por las buenas, ella misma se convierte en abanderada y desfila con la enseña patria hasta algún lugar convenientemente apartado de la vista.

Confieso que me costaba creer que unas personas adultas, y con cargo oficial por añadidura, pudiesen hacer el ridículo de semejante manera. Sin embargo, la sentida nota de protesta emitida por una comunidad gallega en Hispanoamérica recientemente visitada por Quintana me confirmó que el rumor es verídico.

Estas payasadas tienen que cesar. El señor Quintana y su jefa de gabinete, en sus casas y en los locales y las reuniones de la secta política a la que pertenecen, pueden izar la bandera que más les guste, hasta la bandera turca, como los insurrectos del cantón de Cartagena en los tiempos de aquella I República Española a la que, por desgracia, ya nos empezamos a parecer un poco; ahora bien, cuando actúan en nombre de la Xunta de Galicia, poder público de la Nación española, tienen que respetar los símbolos de ésta.

Las autoridades públicas de un Estado democrático no están menos sujetas a la ley que el resto de los ciudadanos, sino más, y el ser nacionalista no otorga bula alguna para eximirse del cumplimiento de los deberes legales.

Se empieza tolerando este tipo de tonterías, y se acaba como en el País Vasco o en Cataluña. Esta reflexión va dirigida sobre todo a la mayoría política y social de Galicia, dentro de la cual alguna tentación existe (es la moda y lo políticamente correcto) de transigir con las exigencias neo-estatutarias de los nacionalistas y de los compañeros de viaje que éstos tienen dentro del PSdeG-PSOE en relación con los "símbolos nacionales de Galiza".

Ni existe la tal Galiza, más que en las fantasías de los nacionalistas y en la lengua portuguesa, ni aceptar que se rebajen y vilipendien los verdaderos símbolos nacionales sale gratis. Al PP de Cataluña la comprensión con el nacionalismo sólo le ha servido para quedar reducido a la marginalidad política y, encima, recibir insultos y golpes.

La tentación de contribuir a cerrar una sociedad con barreras lingüísticas, jurídicas y simbólicas para que se la pueda repartir mejor una oligarquía es muy fuerte cuando uno cuenta con que va a formar parte de la banda. Yo no sé con qué parte del pastel piensan algunos que se van a quedar, pero hace falta estar muy ciego para no darse cuenta de que la finalidad última de esta operación es dejar al PP hoy fuera de la nueva legitimidad y mañana, quizá, fuera también de la legalidad.

La encomiable tozudez de Zapatero
Pablo Sebastián Estrella Digital 17 Octubre 2006

Puede que no sepa a dónde va, pero va. Porque una de las cualidades del presidente Zapatero es su decisión y tozudez a la hora de marcar el rumbo de su política, aunque en algunas ocasiones lo haya tenido que rectificar con un brusco golpe de timón como le ocurrió con el primer proyecto del Estatuto catalán, cuya reforma pactó con CiU. De la misma manera que la insistencia en su proyecto político, contra viento y marea, que va configurando y a la vez reformando al navegar, Zapatero lo impulsa sin perder de vista al electorado y a su base social, cuidando que nunca se abra un abismo entre su gestión y los ciudadanos como le ocurrió a Aznar con la guerra de Iraq, y por ello, en su día, la reforma del Estatuto catalán cuando vio que los ciudadanos se le echaban encima y que el PP se le acercaba peligrosamente en las encuestas.

Ahora, superada la travesía catalana, que tiene en su etapa los escollos y los vientos de proa que agitan las elecciones catalanas y la incertidumbre que rodea el futuro gobierno de la Generalitat, el presidente —al margen de las presiones circunstanciales que ahora se ejercen, desde IU y los nacionalistas, sobre los Presupuestos y que se solucionarán a base de entregar dinero del Estado— está inmerso en la travesía que lo lleva hacia el Cabo de Hornos, la negociación con ETA que él y muchos ciudadanos consideran como una oportunidad histórica que no hay que dejar escapar, y en ello no le falta razón por más que Zapatero y sus negociadores deben cuidar no solo la fiabilidad y la eficacia del proceso sino también el sentimiento y la voluntad de la gran mayoría de ciudadanos que aunque al día de hoy le son favorables, en cualquier momento se pueden sublevar si el nivel de las concesiones políticas —aunque sean eso que en la Moncloa suelen decir con una cierta frivolidad y oportunismo “solo palabras”— rompe el marco de la convivencia nacional y de las más elementales reglas del juego democrático y constitucional.

Zapatero cuida el flanco zurdo de su nave, y llena las sentinas de babor de provisiones y gestos como son las leyes de dependencia, de igualdad, mejoras de pensiones, ayudas a ONGs, y guiños a la República y a la memoria histórica, mientras intenta equilibrar el peso de la nave articulando a estribor un pacto con la derecha nacionalista y regionalista de Cataluña, País Vasco y Canarias, que podría tener su punto de estabilidad e inflexión si, tras las elecciones catalanas, se constituye en la Generalitat una gran coalición entre CiU y el PSC, liderada por Artur Mas y si la completa en Madrid dando sitio en el seno de su gobierno a dirigentes nacionalistas, como Durán Lleida. Lo que en cierta manera hicieron González y Aznar en las legislaturas de 1993 y 1996, respectivamente, y lo que el ex presidente del Gobierno y del PP tiró por la borda cuando logró mayoría absoluta en el año 2000, y se fue a sus particulares guerras, la carlista con los nacionalistas y a la de Iraq con Bush y Blair.

La consecuencia de la estrategia decidida y la tozudez de Zapatero llevarán al presidente en las elecciones 2008 a la mayoría absoluta, sobre todo si consigue atravesar el Cabo de Hornos de la negociación con ETA sin naufragio o graves percances en su singladura audaz, para lo que cuenta con la ayuda inestimable de un Partido Popular cada vez más metido en la bronca diaria, anclado en la conspiración del 11M y en la fracasada guerra de Iraq, y ciego ante los cambios que se están produciendo en la política autonómica y que no tienen el calado ni la respuesta social contraria que de ellos esperaban en el PP. Ni en Cataluña, ni en Andalucía donde Rajoy, sus agitadores y el propio Arenas se van a equivocar si no negocian un estatuto con el PSOE que cuente con un masivo apoyo de los ciudadanos. Porque una cosa es oponerse a las políticas de un gobierno y otra, bien distinta, es situarse en contra de los ciudadanos por más convicciones políticas que se tengan, o argumentos políticos y jurídicos que los asistan.

Ahí está el ejemplo de la política de inmigración, mal llevada por el Gobierno y muy eficazmente criticada por el PP como muestra de un debate que ha causado problemas al Gobierno con los ciudadanos y beneficiado a la oposición. Pero un debate aislado y a la vez mal llevado por Rajoy y sus dirigentes que se dedican a mezclar todo y que utilizan para todo el mismo lenguaje y descalificaciones, de manera que las criticas certera sobre la inmigración se acaban confundiendo con el ruido autonómico, la conspiración del 11M, la negociación con ETA y todo lo demás, produciendo la imagen de una oposición que dice a todo que NO, que anuncia la ruptura de España, el fin del Estado de Derecho, el regreso de la República y la mano negra de la masacre de Madrid, y en medio de todo ello su particular alternativa en política de emigración.

Es verdad que Zapatero construyó su proyecto de legislatura con un castillo de naipes y no con sólidos cimientos, y que fue alzando pisos sin reforzar la base de su empeño y a la vez poniendo parches y rectificaciones porque su plan inicial, cuando recibió de ETA —¡en la primavera de 2004!— señales de su disposición a negociar y a dejar las armas, era tan sencillo como audaz, partiendo como partía de una debilidad parlamentaria que le obligaba a pactar su estabilidad en el gobierno con los nacionalistas. Y Zapatero hizo el siguiente plan: redactemos un nuevo estatuto para Cataluña con altas cotas de poder y de soberanía, para que ETA y el PNV vean hasta donde somos capaces de llegar, y así facilitaremos las expectativas de la negociación con la banda terrorista y con el PNV de cara a un nuevo estatuto vasco. A la vez, siguiendo el modelo autonómico de “café para todos” del inicio de la transición, pero con copa y puro para vascos y catalanes por el llamado “hecho diferencial” y buscando evitar agravios comparativos de las distintas comunidades autónomas, se pusieron en marcha otras reformas estatutarias que servían también para camuflar ante la opinión pública el salto soberanista de Cataluña y País Vasco, pendientes, eso sí, del veredicto final del Tribunal Constitucional.

Si el presidente completa su plan con el anuncio de ETA el final de la violencia, toda la estructura de cartón piedra de su castillo de naipes se solidificará convirtiéndose en una fortaleza inexpugnable por el PP, y ello le puede garantizar mucho tiempo en el poder, máxime si mantiene una buena relación con los nacionalistas. A la vez que todo ello le llevará a un presidencialismo de corte autocrático y personalista, similar al de aquellos primeros años de González, que incluye el dominio absoluto del PSOE dónde, en estos momentos, no existe alternativa alguna a Zapatero y dónde han desparecido, uno a uno, la gran mayoría de dirigentes y barones del felipismo, muchos de los cuales se oponían —¡hombres de poca fe!, dirán en Moncloa— a la temeraria reforma de la Constitución por la vía de las leyes orgánicas de los estatutos como fueron los casos de González, Guerra, Leguina, Vázquez, Bono e Ibarra, caídos por la patria de la transición.

De manera que Zapatero, tenaz y audaz cuando no temerario e improvisador, solo tiene ante sí dos adversarios: la negociación con ETA y el Tribunal Constitucional. Porque el PP, mal que les pese, se ha convertido en una gran ayuda para el presidente, y no solo por sus ruidosos modales —El Mundo y la COPE de la Conferencia Episcopal son hoy sus más fieles aliados—, sino porque el Gobierno utiliza la bronca del PP para ablandar la exigencias de ETA y de los nacionalistas, poniendo a Rajoy como el malo imparable de la película y diciéndoles a unos y otros: ¿queréis que regrese el PP?

En España nada está escrito por mucha audacia y tenacidad que se tenga. Y prueba de ello es que a Zapatero muchas cosas también le han salido mal, hasta el punto de tener que cortar la cabeza del hombre que le dio el liderazgo del PSOE, Maragall. Y ahí está el fiasco de la candidatura de Bono a la alcaldía de Madrid, o la carencia de banquillo del presidente a la hora de nombrar ministros o candidatos electorales, consecuencia todo ello de su modelo presidencialista autocrático y popular, así como también de los riesgos excesivos que muchas veces asume o de la incertidumbre del proyecto político, entre federal y confederal que difícilmente casará con el Tribunal Constitucional, por mas que en el Gobierno no pierden la esperanza de influir y condicionar el veredicto de esta alta corte para que legalice como constitucionales los estatutos que no lo son. Nada está escrito en la política española, y de aquí a las elecciones cualquier cosa siempre puede pasar —que se lo pregunten a Aznar—, pero de momento manda la tozudez del presidente Zapatero y eso, le guste o no al PP, es al día de hoy la cruda realidad.

Terrorismo
LA TOMADURA DE PELO DE JUANA CHAOS
Ustedes juzgaran quien es peor, los asesinos separatistas que se aprovechan de la oportunidad que se les brinda o los socialistas que pase lo que pase están deseosos de abrazar a unos miserables que tienen como ídolo a un asesino en serie como De Juana Chaos.
Redacción minutodigital 17 Octubre 2006

No se qué clase de justicia se creen ustedes que tenemos en España pero cuando el Ministerio Fiscal lo mismo te pide 96 qué 6 años de prisión, ríanse ustedes de la justicia mexicana y de la imagen de corruptela que esta dando con el caso de la española de luna de miel detenida en Cancún.

Ignoramos si el mismo escrito de acusación con tamaña discordancia ha sido firmado por el mismo fiscal. Si así fuera, en otro caso, seguramente sería recomendable un examen psiquiátrico de interfecto, porque cualquiera se daría cuenta que alguien que lo mismo te pide una condena de 96 años que una de 6, no debe saber muy bien lo que se hace. Y si fueran dos los fiscales de tan escandalosa divergencia de criterios, lo que sería recomendable sería la apertura de un expediente de investigación para aclarar tamaño despropósito.

Pero todos sabemos a qué obedece que el Ministerio Fiscal haya adoptado este criterio tan “estrictamente jurídico” de cambiar ciento por uno. Se trata de una cesión más del gobierno a ETA. Pero si Conde Pumpido y Zapatero han decidido tomar el pelo a todos los españoles y especialmente a las victimas de los 25 asesinatos, facilitando la salida del etarra a la calle, esa escoria humana que es De Juana Chaos, ha tomado el pelo a base de bien al gobierno socialista.

La huelga de hambre de esta alimaña resulta que ha consistido en una dieta de 500 calorías diarias. Según los funcionarios de la cárcel de Algeciras el preso estaba haciendo lo que denominaban "la dieta de las 500 calorías": leche, miel, jamón york, pan de molde y azúcar. Médicos del Hospital Europa, donde se le llevó "por si acaso" señalan que las analíticas del preso practicadas en el centro "no eran las de una persona que estuviera en huelga de hambre". Cierto que el asesino había perdido unos kilos de peso, pero su salud no corría peligro de momento. Sin embargo el gobierno, puesto a prueba por los etarras, demostró su debilidad y falta de temple, al ceder ante la amenaza de que el que hoy es símbolo para el mundo aberzale sufriera realmente algún tipo de deterioro físico.

Ustedes juzgaran quien es peor, los asesinos separatistas que se aprovechan de la oportunidad que se les brinda o los socialistas que pase lo que pase están deseosos de abrazar a unos miserables que tienen como ídolo a un asesino en serie como De Juana Chaos.

Rosa Díez se declara insumisa ante la tregua
La europarlamentaria socialista se rebela contra el camino que lleva el Gobierno en la negociación con ETA ? Apela a la «libertad de conciencia» para no ser «cómplice» con su silencio durante el «proceso»
Iker Moneo La Razón 17 Octubre 2006

Vitoria- El desacuerdo que la europarlamentaria socialista Rosa Díez ha mantenido con su partido desde que este iniciase el llamado proceso de paz ha culminado con una declaración de insumisión. La diputada europea del PSE escribe en su blog que se declara «insumisa» ante la política que su formación lleva a cabo desde el alto el fuego decretado por la organización terrorista ETA. Aunque se considera socialista apela a su «libertad de conciencia» porque no quiere ser «cómplice» con su silencio del camino que está recorriendo el PSOE desde la tregua.

Amparo al presidente
Rosa Díez ha mostrado en el diario que tiene en la web de Basta Ya parte de una carta que ha enviado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le solicita «amparo» y en la que advierte de que «si nosotros callamos, los que defienden la ignominia y la rendición desde las filas de nuestro propio partido siguen avanzando». Además, señala que a raíz de la misiva le cesaron como miembro de la Ejecutiva de Libertades Públicas del Parlamento Europeo, y aunque confiesa que en principio la decisión estuvo motivada en «razones personales» reconoce «que a la vista de todo lo que ha venido ocurriendo» ya no lo cree «así».

Díez lamenta que la política de los socialistas se haya mantenido. Como ejemplo apunta que el secretario general del PSE, Patxi López, reconoció a Batasuna «como interlocutor político imprescindible» y se reunió con sus dirigentes en San Sebastián. «Atrás quedaron todas las declaraciones de distintos dirigentes del PSOE y del Gobierno diciendo que nunca se reunirían con Batasuna mientras ésta no fuera legal», criticó.

Otro de los puntos de discordia con su partido se refiere al debate que los socialistas han llevado al Parlamento Europeo sobre el denominado proceso de paz y que tendrá lugar este mes. Rosa Díez condena este gesto porque entiende que convierte a la banda terrorista ETA «en agente político, interlocutor del Gobierno en una mesa de negociación». Más allá aún de ésta última crítica, la europarlamentaria concluye mostrando también su desacuerdo con la mesa de partidos que todos los grupos del Parlamento de Vitoria, salvo el Partido Popular, están ultimando fuera de la Cámara vasca para discutir «el nuevo marco político» del País Vasco. Tras exponer toda ésta retahíla de discrepancias, Díez termina su texto con la declaración de insumisión.

ZAPLANA DENUNCIA EL ACOSO DEL GOBIERNO A LAS INSTITUCIONES
El PSOE rectifica y decide no apoyar la reprobación a Múgica pese a facilitar su tramitación en el Congreso
Después de facilitar con su voto la tramitación de la iniciativa de IU-ICV y CiU para reprobar al Defensor del Pueblo en el Congreso en un caso sin precedentes, el PSOE ha dado marcha atrás y ha decidido no apoyarla. Enrique Múgica s enfrenta a esta situación y a la petición de su cese por recurrir el Estatuto catalán ante el Constitucional. Zaplana ha denunciado la campaña de acoso que sufren las instituciones "que no se pliegan a los intereses del Ejecutivo".
Libertad Digital 17 Octubre 2006

En la propuesta de reprobación y cese a Enrique Múgica presentada por el partido que lidera Gaspar Llamazares, se alude a supuestas incompetencias y contradicciones del Defensor del Pueblo a la hora de presentar el recurso. IU también censura las declaraciones de Múgica tras el referéndum, del que criticó la baja participación.

Además, le acusa de participar "de facto en la campaña impulsada por el Partido Popular" para el rechazo del Estatuto, por dar a conocer su opinión sobre él antes de la cita electoral. Aluden también a la "similitud" entre el recurso del Defensor del Pueblo y del PP contra el texto catalán. En su propuesta, le llegan a acusar de faltar a un "análisis neutral e institucional" del Estatuto. Se refieren a otras declaraciones de Múgica, en las que defendió su recurso, precisamente, por "su ideario socialista". IU considera que así reconocía que se basaba "en su particular ideología política".

Una iniciativa sin precedentes
La propuesta de IU pasó por la Secretaría General de la Cámara, que advirtió en su informe de que no existe en la legislación del Congreso la figura de reprobación del Defensor del Pueblo, según han informado fuentes del PP. Este hecho podría haber bastado para motivar el rechazo de la iniciativa sin precedentes del partido de Llamazares. También debería haber sido suficiente para desestimar la propuesta el hecho de que el Tribunal Constitucional ha respaldado a Múgica al admitir a trámite el recurso.

Sin embargo, tanto los representantes de IU como los del PSOE y CiU han decidido dar su visto bueno al texto y dejar la puerta abierta a una petición de cese del Defensor del Pueblo. Según fuentes de IU-ICV citadas por Efe, aunque en principio pedía que su iniciativa se debatiera en pleno, será discutida en la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, que también va a debatir el jueves próximo si Enrique Múgica comparece, a iniciativa de CiU, ERC e IU-ICV, para explicar la presentación de su recurso.

El PSOE da marcha atrás y ERC celebra la idea
Diego López Garrido, portavoz socialista en el Congreso, ha anunciado horas después de que se conociera la noticia, que su grupo parlamentario no apoyará la "hipotética reprobación" del Defensor del Pueblo. En rueda de prensa en la Cámara Baja recogida por Efe, López Garrido dijo que el PSOE no comparte la decisión de Múgica de presentar un recurso contra el Estatuto catalán pero subrayó que "no se puede reprobar a las instituciones por ejercer sus competencias". Sin embargo, su partido sí facilitó que la iniciativa inicie su trámite en el Congreso. Aunque no la apoye, Múgica tendrá que oír en la Cámara tanto la petición de reprobación como la de su cese.

El portavoz de ERC, Joan Tardá, ha anticipado, en cambio, que su grupo parlamentario respaldará la reprobación y destitución del Defensor del Pueblo porque "ha atacado las instituciones catalanas y ha participado en la campaña alimentada por algunos medios de comunicación sobre una falsa persecución del castellano en Cataluña".

Nuevo "atropello" a las instituciones
El PP, único partido que se ha opuesto a la medida, reaccionó minutos después de la aprobación de la medida. Según Eduardo Zaplana, la Mesa ha cometido un "atropello intolerable, uno más que se está cometiendo en esta legislatura para someter a todas las instituciones y poderes del Estado cuando no se pliegan a los intereses del Ejecutivo y el PSOE y cuando no actúan como cree el Gobierno que deberían actuar". En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del PP hizo notar que el recurso de Múgica ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, hecho que debería haber hecho decaer automáticamente cualquier tipo de polémica al respecto.

"No existen ni términos ni calificativos" para denunciarlo, ha dicho el dirigente popular, "lo hacemos todos los días y el Ejecutivo sigue con su estrategia". "Pobre de quien no se preste a las intenciones del Gobierno", ironizó el portavoz, antes de recordar que la institución del Defensor del Pueblo "la representa una persona con una dilatada trayectoria en el PSOE" y que "ha sido miembro de gobiernos del PSOE". "Da igual", lamentó Zaplana, "a cualquier persona que no se someta al criterio del Gobierno tendrá que caerle todo el desprestigio".

También remarcó que la reprobación del Defensor del Pueblo carece de precedentes, no está contemplada ni en la ley que regula el funcionamiento de esta institución ni en el reglamento del Congreso, y por tanto no hay mecanismos para su tramitación parlamentaria. En su opinión, el "mensaje" que se quiere trasladar, en este caso a Enrique Múgica, es "o se somete a las decisiones del Ejecutivo o prepárese", una práctica que "un día le toca al CGPJ, otro al Consejo de Estado y en esta ocasión al Defensor del Pueblo".

El Grupo del Psoe se niega a recibir a una delegación del Foro Ermua
R. R. La Razón 17 Octubre 2006

Madrid- Entre 150.000 y 200.000 personas han tenido que abandonar el País Vasco, muchas de ellas por la amenaza terrorista, lo que supone un 10 por ciento del censo electoral, según el Foro Ermua. Con estos datos en la mano, el colectivo ha iniciado una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para presentarles una propuesta de iniciativa legislativa que corrija las alteraciones del censo electoral y permita votar en los comicios municipales y autonómicos a los vascos que se vieron obligados a abandonar su comunidad de origen por presiones de ETA.

Ayer tocó el turno al PP e IU, y los contactos continuarán la semana que viene con Coalición Canaria y con Convergencia i Unió. Sin embargo, El Foro Ermua no logra cerrar una cita con el Grupo Socialista en el Congreso, pese a sus persistentes intentos para hacerles llegar su iniciativa. «Los socialistas dan la callada por respuesta», dijo Inmaculada Castilla de Cortázar, la vicepresidenta del Foro.

El portavoz del PP, Eduardo Zaplana, no ocultó su extrañeza por que el portavoz del Grupo Socialista no les haya abierto aún la puerta de su despacho. «No deja de sorprender que el grupo mayoritario de esta Cámara en el Congreso se niegue a escucharles, a recibirles y, de alguna forma, les desprecie cuando se reune con asesinos».

Iniciativa «comprensible»
Zaplana consideró la iniciativa «lógica y comprensible». Por ello, prometió estudiarla «con todo el cariño» e, incluso, se mostró dispuesto a propiciar reuniones con otros grupos de la Cámara Baja para que la iniciativa prospere. «Coincido con el anhelo de estas personas y hay que estar al lado de ellas porque las han privado de la libertad y del ejercicio de los derechos que en democracia son consustanciales a cualquier persona». El Foro no ha pedido reuniones con PNV y EA porque da por hecho que no apoyarán su propuesta, pero no pierde la esperanza con el PSOE. Una vez concluida la ronda de contactos, está previsto que celebren una sesión conjunta para ver si es posible formular una iniciativa común.

Según la vicepresidenta del Foro, no tiene mucha lógica que puedan participar en las elecciones autonómicas vascas emigrantes españoles que ahora tienen su lugar de residencia en Argentina o Canadá y en cambio no puedan votar los vascos que han tenido que huir de la comunidad por la presión terrorista.

ZAPLANA CRITICA AL FISCAL GENERAL POR SUS DECLARACIONES "INACEPTABLES"
Gómez Bermúdez responde a Pumpido: "Los jueces tienen que aplicar la ley, les guste o no les guste"
La política que quiere imponer Conde Pumpido en la Fiscalía para que la Justicia no "obstaculice el proceso de paz" no es compartida por el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Gómez Bermúdez ha tenido que recordar al fiscal general del Estado que "les guste o no les guste", los jueces tienen que aplicar la ley. No es el único que discrepa con el máximo responsable del Ministerio Público. Zaplana ha calificado sus últimas declaraciones de "inaceptables e impropias de alguien con la representación que tiene en estos momentos". Tras las palabras de Pumpido, Batasuna-ETA ha incrementado su presión para ser legalizada porque la situación "es insoportable".
Agencias Libertad Digital 17 Octubre 2006

El portavoz del PP y el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia han coincidido a la hora de mostrar su disconformidad con la postura de Conde Pumpido ante la negociación con ETA. El fiscal general del Estado cree que los jueces y fiscales deben buscar "la paz social" en los procesos judiciales a ETA. Zaplana ha tachado de tachado de "inaceptables" estas declaracioens mientras que Gómez Bermúdez le ha tenido que recordar al máximo representantes del Ministerio Público que lo que tienen que hacer los jeuces es aplciar la ley.

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana ha explciado que la actitud de Conde Pumpido "ha molestado a mucha gente y hay motivos más que de sobra para la crítica". Por una parte, el dirigente popular se "alegra" de la claridad de Conde Pumpido porque con sus palabras ha dejado en evidencia lo que ya sabe el PP sobre lo que está dispuesta a hacer la Fiscalía General del Estado. Pero por otra, Zaplana ha lamentado esa claridad porque confirma que "eso que llama la realidad, es hacer lo que el Gob cree que hay que hacer".

El PP considera que Conde Pumpido "está demostrando un grado de sectarismo importante". Por eso Zaplana ha calificado de "intolerable ese lenguaje, simplemente intolerable". También ha anunciado que "vamos a resistir ataques y amenazas". Una referencia velada a otras palabras de Conde Pumpido cuando, en su respuesta a un senador del PP, le llegó decir que en contra de los muertos que quieren algunos, él quiere que los jueces trabajen por la "paz social".

Gómez Bermúdez responde a Pumpido: "La ley se aplica"
Zaplana no ha sido el único crítico con Pumpido. También el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia ha expresado su disconformidad con el fiscal general del Estado. En Onda Cero, Gómez Bermúdez ha apuntado que "los jueces tienen que aplicar la ley, les guste o no les guste". Ha sido claro al decir que no comparte la adaptación "a la realidad social" porque ésta es "sólo un parámetro, una forma de interpretación, y lo primero que dice la ley es que ha de ser interpretada en el sentido propio de sus palabras y atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de la misma".
En una respuesta directa a Conde Pumpido, el presidente de la Sala ha explicado que "la ley emana del Parlamento y por lo tanto un juez no puede aplicar sus ideas sobre la ley que en cada momento le dé el poder legítimamente constituido. Los jueces no deben hacer política, ni los políticos inmiscuirse en la labor de los jueces. De ahí que yo no sea partidario de que se vuelva a la judicatura después de haber pasado por la política activa".

"El fin de la ley es imponer penas"
Según sus palabras, una de las "finalidades principales" de la ley penal es indicar a la sociedad que si algo está prohibido y se hace, "se impondrá una pena". "Yo no creo, honestamente, que la sociedad no quiera que se pene el asesinato, la amenaza o la detención ilegal", ha sentenciado.

Gómez Bermúdez también ha negado la supuesta existencia de una "justicia de trinchera que alimente el enfrentamiento", palabras empleadas por Conde Pumpido. "En la Audiencia Nacional no se practica una justicia de trincheras, sino una justicia con mayúsculas. Lo que no se puede hacer es buscar alternativas más allá de las reglas que el propio Código Penal impone", ha sido otro de los mensajes del juez a Pumpido.

El Foro Ermua impulsa una ley que permita votar en Euskadi a quienes se fueron por la presión de ETA
El colectivo, que dice no obtener respuesta del PSOE, se entrevistó ayer con PP e IU
MADRID EL CORREO 17 Octubre 2006

El Foro Ermua presentó ayer a los grupos del PP y de IU en el Congreso una propuesta de iniciativa legislativa que permita votar en las elecciones autonómicas y municipales -también en las forales en el caso de Navarra-y en las convocatorias de referéndum a los vascos que abandonaron Euskadi por la presión de ETA.

El colectivo, que busca corregir los desequilibrios que a su juicio han provocado el terrorismo y la política «excluyente» de los nacionalistas en el censo electoral vasco, inició ayer su ronda de contactos en la Cámara baja, que continuará mañana con una entrevista con Coalición Canaria y el jueves con CiU.

La vicepresidenta de la Fundación Papeles de Ermua, Inma Castilla de Cortázar, explicó que el Foro intenta desde mayo cerrar una reunión también con el PSOE, pero los socialistas, dijo, «han dado la callada por respuesta». La plataforma, que no ha solicitado entrevistas con PNV y EA al dar por hecho que no apoyarían la iniciativa, confió en que el partido gubernamental finalmente les reciba.

Para Castilla, «no tiene mucha lógica» que sí puedan participar en las elecciones autonómicas vascas residentes en Canadá o Argentina y no lo puedan hacer en cambio quienes viven en otras autonomías por haber tenido que dejar su tierra a causa del acoso etarra.

Los integrantes del Foro estiman que entre 150.000 y 200.000 personas se han visto obligadas a abandonar Euskadi por distintos motivos, lo que supone -aseguran- un 10% del censo. Por ello, piden a José Luis Rodríguez Zapatero que si realmente quiere «normalizar» la situación en Euskadi «dé voz y voto» a los exiliados, cuya ausencia, dicen, «beneficia significativamente los intereses de ETA y del mundo nacionalista».

El portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, consideró la iniciativa «tremendamente lógica y comprensible» y aseguró que propiciará reuniones con el resto de grupos para que la propuesta sea «estudiada y compartida por el mayor número de grupos posible». También reprochó al PSOE que se reúna «con asesinos» y en cambio «desprecie y niegue el más elemental derecho de iniciativa» al Foro Ermua.

ESPAÑA
PSE, PNV y Batasuna salvan el escollo de autodeterminación con la expresión “principio de consentimiento”
O.L.F El Confidencial 17 Octubre 2006

Ni autodeterminación ni derecho. PSE, PNV y la ilegalizada Batasuna han llegado ya a un acuerdo para utilizar la expresión “principio de consentimiento” a la hora de referirse a la capacidad de decisión de los vascos en el documento de base que pondrá en marcha antes de fin de año la Mesa de Partidos. Así lo ha podido confirmar El Confidencialen fuentes políticas vascas, que reconocen que ha sido, precisamente, la “ambigüedad” de la expresión lo que ha permitido salvar el que era uno de los principales escollos de las conversaciones que desde hace semanas mantienen los tres partidos en la sombra.

Siempre según estas fuentes, dicho “principio” ha sido copiado de los acuerdos de paz del Ulster, en los que fue incluido por el primer ministro británico, Tony Blair, y los representantes de los partidos irlandeses para asegurar que cualquier decisión clave sobre el futuro de esta parte de la isla contara obligatoriamente con el beneplácito mayoritario tanto de la población católica como de la protestante. PSE, PNV y Batasuna coinciden en que dicha idea es perfectamente trasladable al País Vasco, donde consideran que conviven también dos sensibilidades, una nacionalista y otra constitucionalista.

La expresión fue puesta sobre la mesa, según las fuentes políticas consultadas, por los socialistas vascos, quienes ya incluyeron cuatro veces la palabra “consentimiento” en su documento Hacia la libertad y la convivencia, su ‘hoja de ruta’ para el proceso de paz que hicieron pública el pasado 14 de febrero. De hecho, en aquel documento -elaborado por su presidente, Jesús Eguiguren, principal impulsor de los contactos secretos con la izquierda abertzale- se recogía la necesidad de que los futuros acuerdos que se alcancen en la Mesa de Partidos deberán contar con “el consentimiento de una amplia base social, de una amplia mayoría política, de una mayoría cualificada que (…) no es alcanzada por formaciones pertenecientes exclusivamente a una de las dos grandes sensibilidades políticas enraizadas en Euskadi”.

El propio Eguiguren, en un ensayo político publicado en el año 2003, también apuntaba en este sentido: “El derecho a decidir nuestro futuro libre y democráticamente deberá ejercerse, por tanto, con el acuerdo y consentimiento de todos los componentes de nuestra sociedad”. El presidente del PSE es, junto al secretario de organización del partido, Rodolfo Ares, el interlocutor socialista en estas negociaciones con PNV y Batasuna.

Acuerdo antes de noviembre
El acuerdo en el espinoso asunto de cómo plasmar la capacidad de decisión de los vascos en el documento no ha servido, sin embargo, para dar por concluidas las negociaciones. Como recogía el pasado sábado el diario El Correo, los tres partidos aún mantienen importantes discrepancias sobre el funcionamiento interno de la Mesa y, en concreto, en el sistema de mayorías que debe regir la toma de decisiones en la misma.

En principio, las tres formaciones coinciden en que el criterio debe ser la unanimidad y, cuando ésta no sea posible, la llamada “mayoría transversal”, es decir, la necesidad de que lo que se decida cuente necesariamente con el respaldo tanto de partidos nacionalistas como de no nacionalistas. Un acuerdo que intenta evitar a toda costa que se repita la situación de bloques enfrentados que surgió en el alto el fuego de ETA de 1998, cuando las fuerzas vascas apoyaron el Pacto de Lizarra, que obligaba a los firmantes a no buscar acuerdos con las formaciones llamadas “españolistas”.

Batasuna, como dejó claro en el documento que entregó el pasado verano al resto de las formaciones políticas vascas (ver edición del pasado 2 de agosto), apoya la necesidad de aplicar “mayorías suficientes”, aunque teme que los socialistas vascos -que ante la anunciada ausencia del PP en la Mesa tendrían la llave para paralizar cualquier acuerdo al ser los únicos representantes de una de estas dos sensibilidades- conviertan esta condición en “un instrumento permanente para el bloqueo o el veto de posibles acuerdos”. Un temor que también es compartido por Eusko Alkartasuna.

No obstante, las fuentes consultadas confían en que estos recelos de la izquierda abertzale pueden ser salvados en los próximos días, lo que permitiría, en su opinión, que PSE, PNV y Batasuna rubriquen un acuerdo de base sobre la Mesa de Partidos antes de noviembre. Otra cosa diferente será la constitución formal de la misma y la foto que sirva para escenificarla. Esta imagen tendrá que esperar a que finalmente Batasuna legalice unas nuevas siglas

Entrevista: JUAN CARLOS GIRAUTA
"Zapatero sí es un revolucionario, líder, además, de un partido revolucionario como el PSOE: el partido de Pablo Iglesias; el de Indalecio Prieto, uno de cuyos guardaespaldas asesinó a Calvo Sotelo; el de Largo Caballero, el llamado “Lenin español”; el partido de Felipe González y el GAL; y en fin, el partido que quiere ocultar lo que pasó el 11 de marzo"
Javier Mª Pérez-Roldán minutodigital 17 Octubre 2006

El miércoles pasado el director de nuestra sección de libros, Javier Mª Pérez-Roldán, mantuvo un desayuno con Juan Carlos Girauta, autor del último libro publicado por Ciudadelalibros, “La República de Azaña”, un libro de plena actualidad ahora que el Gobierno socialista está empeñado en entroncar nuestra actual democracia con el Régimen Republicano del 31. El libro, a través de la biografía de Azaña, nos descubre la perversión de un sistema político que se fundo en la exclusión de la mitad de España, algo en lo que por desgracia está también empeñado el actual Presidente del Gobierno, el Sr. Rodríguez.

Por qué el título “La República de Azaña”. Por qué Azaña puede considerarse el arquetipo de segundorepublicano o por qué la República guardaba parecido con la personalidad de Azaña: orgulloso, frívolo y falto de prudencia política.

Por ambas cosas y por una tercera. El título quiere poner de relieve la relación entre el hombre y la plasmación institucional de su pensamiento. Del mismo modo, y éste es el tercer sentido, quiere transmitir, de algún modo, reminiscencias platónicas, de la República de Platón. No en vano, Karl Popper publicó una extensa crítica de Platón como origen del historicismo que incluye unas frases que transcribo en mi libro, en su página 31, que se ajustan exactamente a Azaña: “Platón, con toda su intransigente limpieza de lienzos, se vio conducido a lo largo de una senda en la cual debió transigir por su integridad a cada paso. Así, se vio forzado a combatir el libre pensamiento y la búsqueda de la verdad. Se vio obligado a defender la mentira, los milagros políticos, la superstición tabuísta, la supresión de la verdad y, finalmente, la más burda violencia [... ] Pese a su propio odio por la tiranía debió buscar ayuda en un tirano y defender las medidas más arbitrarias por éste tomadas. [...] La lección, pues, que debemos aprender de Platón es el opuesto exacto de lo que éste trató de enseñarnos. Y es una lección que no debe olvidarse”. No hay que olvidar que al final la II República tuvo que acudir al auxilio de la dictadura comunista de la URSS.


¿Cree que Zapatero, al igual que Azaña, está contagiando a la sociedad de sus propios defectos y sus peores cualidades?

Zapatero no tiene capacidad para ello. Para cometer ciertos errores hay que valer, por lo que Zapatero, que no vale, es incapaz de contagiar nada. Sólo puede destruir, sin más, y en esto si guarda cierto parecido con Azaña, que en algún momento habló de una “empresa de demoliciones”. Así pues, sólo si a Zapatero le ponemos gafas, le quitamos pelo, le engordamos algo y, sobretodo, le ponemos algo de cultura, podría transformarse en algo parecido a Azaña.

Qué paralelismos ve usted entre el odio y divisiones que fomentaron los segundos republicanos de izquierdas y la izquierda de hoy.

El paralelismo no es que lo vea yo, es que lo traza la izquierda de hoy. Sin embargo, no debería haberlo, pues después de la guerra civil fue la propia izquierda quien realizó el análisis de lo sucedido y asumió su propia autocrítica, como demuestran multitud de libros de exiliados, como por el ejemplo el que escribió El Campesino. De hecho, hasta cierto punto, Carrillo reconoce errores en sus memorias. Sin embargo, setenta años después, la izquierda olvida la autocrítica que hizo y recupera las categorías de entonces en una operación calculada que quiere volver a establecer el maniqueísmo en la política española: la izquierda es la buena y la derecha la mala.

Cuál piensa usted que fue el motivo de Azaña para sembrar o alimentar rencores y divisiones en la España de los años Treinta. ¿Hoy la izquierda está dominada por las mismas intenciones?

Azaña no trató deliberadamente de sembrar rencores. Los sembraba de manera natural por su propia personalidad, definida por personas cercanas a él como seca y despectiva. Su propio comportamiento, por eso, aunque no buscara el enfrentamiento lo ocasionaba. Buen ejemplo de ello fue su reforma militar que, si bien era necesaria, fue abordada de una forma imprudente en las formas.

Sin embargo, Zapatero no tiene esa naturaleza, sino más bien la de un pacífico vendedor de enciclopedias, por lo que la cizaña que pueda sembrar es provocada conscientemente.

La Revolución de Asturias supuso la voladura de la II República por no querer admitir un sistema político que había proporcionado a la derecha democrática de la CEDA el acceso al poder, ¿cuáles fueron las responsabilidades de Azaña? ¿Ve paralelismo entre la voladura de la Republica por la victoria de la CEDA y la voladura del actual sistema constitucional a raíz de la victoria del PP por mayoría absoluta en el 2000?

Respondiendo a la segunda pregunta, sí existe paralelismo, pues la izquierda y los nacionalistas se miran en ese espejo y se empeñan en tratar a la derecha de fascista, como en los años Treinta. Y como entonces, ni la derecha es fascista ni existe peligro de ningún régimen fascista, como la misma izquierda sabía entonces. No obstante, tanto la izquierda de ayer como la de hoy necesitaban alegar una disculpa para su disfrute exclusivo del poder, y no supieron encontrar otra.

En cuanto la primera pregunta, hay que detenerse más en ella. Azaña participó de alguna manera en el avituallamiento de armas de los sublevados, si bien las investigaciones tendentes a su prueba detallada se paralizaron. No obstante, lo que sí quedó claro en su momento es que colaboró en el intentó de derrocar al gobierno de Salazar, lo cual suponía una clara intromisión en los asuntos de Portugal.

No hay que olvidar, por otra parte, que la Revolución de Asturias le sorprende, precisamente, en Cataluña, y que él mismo sostuvo en varias ocasiones que Cataluña sería el último baluarte de la República. Por eso, y aunque intentó tejer una justificación de su estancia en Cataluña -la supuesta asistencia al entierro de Carnet-, no se puede sostener la mera coincidencia del golpe y su estancia en Cataluña, y más cuando sabemos que mandó a un hombre de confianza para participar en la rebelión. Sabemos también, por Pío Moa, que publicó las actas de las reuniones, que intentó preparar una insurrección con el PSOE. Si finalmente ésta no siguió adelante no fue por que Azaña se retirara, sino porque el PSOE dejó de confiar en él. La intención de Azaña era clara: quería formar un gobierno en Cataluña al margen del existente en Madrid, lo cual suponía ilegitimar al propio gobierno republicano.

Cree usted que la muerte de Azaña y el modo en que se produjo, así como su exclusión del poder durante los últimos meses de la guerra, es la manifestación de que la revolución acaba devorando a aquellos que la alimentan. Cree, por otra parte, que el actual proceso revolucionario que ha abierto Zapatero le acabará devorando.

Azaña nunca fue un revolucionario, simplemente fue un político que jugó con fuerzas muy poderosas creyendo que las podía controlar. Estaba convencido de que la inteligencia debía regir los destinos del país y que él encarnaba esa inteligencia, pero nunca llegó a percibir el riesgo real de una revolución. Es sorprendente que las embajadas extranjeras vieran el peligro que se acercaba y él no lo viera. Este problema de perspectiva se derivaba, precisamente, de su completo desconocimiento del marxismo.

En cambio, Zapatero sí es un revolucionario, líder, además, de un partido revolucionario como el PSOE: el partido de Pablo Iglesias; el de Indalecio Prieto, uno de cuyos guardaespaldas asesinó a Calvo Sotelo; el de Largo Caballero, el llamado “Lenin español”; el partido de Felipe González y el GAL; y en fin, el partido que quiere ocultar lo que pasó el 11 de marzo.

Qué enseñanza aplicable al presente podemos extraer del contundente fracaso de la II República. ¿Cree que la llamada “Memoria Histórica” quiere recoger las posibles enseñanzas de la República o, por el contrario, se niegan a ello?

La enseñanza central es que no se puede gobernar contra la realidad del país. Los diletantes de entonces quisieron gobernar un país imaginario en el que los católicos no existían, cuando la realidad era no sólo que existían, sino que eran incluso capaces de organizarse políticamente.

El error de valoración de los republicanos de izquierdas se fundaba en la entrega del poder por parte de la monarquía “católica”, que se lo regaló. Éstos interpretaron que la razón de la entrega gratuita era la desarticulación de los católicos, y que por tanto podrían hacer lo que quisieran sin que nadie les presentara oposición. Sin embargo, la quema de iglesias de mayo del 31 hizo que los católicos se organizaran, lo que dio al traste con sus cálculos.

En cuanto a la “Memoria Histórica”, para empezar no estoy de acuerdo ni en el término, pues es una pura contradicción. La “Memoria” hace referencia a un plano subjetivo, mientras que “Histórica” se remite a un plano objetivo, y ambos son difícilmente casables. Para continuar, estoy en contra de la imposición de una verdad histórica, lo que supone la creación de una nueva Inquisición. Sin embargo, ya que están decididos a crear una verdad histórica, creo que lo mejor es que nos sumemos a la iniciativa e intentemos que se debata e investigue todo, sin exclusiones. Principalmente, que se estudie si nuestra actual democracia entronca con el régimen instaurado en el 31, como pretende la izquierda, o si por el contrario, como es más cierto, deriva de la voluntad de los franquistas como el entonces Príncipe de España, Juan Carlos, y el Secretario General del Movimiento, Adolfo Suárez.

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La trampa de la eurorregión
MARÍA ANTONIA PRIETO ABC 17 Octubre 2006

BARCELONA. Bajo el nombre de «eurorregiones» o «comunidades de trabajo», en los últimos años se han constituido en Europa numerosas asociaciones transfronterizas entre gobiernos regionales que, pese a carecer de instrumentos jurídicos, operan como auténticos «lobbys» de presión ante las instituciones comunitarias.

Al margen de sus respectivos Estados, estos gobiernos regionales -que comparten intereses económicos, culturales o políticos- deciden coordinarse para impulsar sus propios proyectos. En la mayoría de los casos, se trata de alianzas inocuas (la de Galicia con el norte de Portugal) sin más pretensión, por ejemplo, que el impulso del turismo rural. Pero aprovechando el resquicio abierto, se constituyó en octubre de 2004 la denominada «Eurorregión Pirineos-Mediterráneo», un proyecto de Maragall, quien, en su obsesión por extender «el dominio catalán» a otras Comunidades, implicó en la aventura a los gobiernos de Cataluña, Aragón, Baleares y a las regiones francesas de Languedoc-Roussillon y Midí-Pyrénées.

Ahora, y aprovechando a su vez el camino abierto, es Zapatero quien estudia esta fórmula para el llamado «proceso de paz». Se trataría, según informó ayer ABC, de acallar las demandas de ETA sobre Navarra impulsando la creación de una eurorregión que incluiría el País Vasco, Navarra y las tres provincias del Departamento francés de los Pirineos Atlánticos: Lapurdi, Benavarra y Zuberoa. El Gobierno francés, según las percepciones de Moncloa, no pondría reparos a la operación. Otra cosa muy distinta es que Navarra, al menos bajo su actual Gobierno, se avenga a establecer una alianza estable con el País Vasco.

El caso sería similar al de Valencia. Pese a las presiones que hubo de soportar por parte de los gobiernos catalán y aragonés, el Gobierno de Camps declinó amable pero tajantemente incorporarse a la eurorregión Pirineos-Mediterráneo. Y es que el proyecto dirigido por Maragall no se molesta en disimular sus ambiciosos objetivos: actuar en Bruselas como «lobby» de intereses y superar los enfoques estatales de desarrollo, de forma que los gobiernos regionales sean «actores políticos y económicos» en la zona de influencia mediterránea.

El máximo órgano de la eurorregión catalana es el «Encuentro de Presidentes». Integrado por Maragall, Iglesias, Matas, Frêche y Malvy, su función no es otra que «asegurar el impulso político de la eurorregión» con una presidencia rotatoria. Dispone también de un «Grupo de Coordinación» y una Secretaría, donde se alternan los cargos técnicos y políticos.

Extender el «dominio catalán»
El «tratado fundacional» de la eurorregión Pirineos-Mediterráneo se firmó en octubre de 2004. Decidido a extender el área de influencia del «catalanismo» y consciente de que el concepto de «Països Catalans» -entelequia nacionalista que incluye todo el arco oriental y la denominada «Catalunya Nord», es decir, el área de influencia de Perpiñán- provocaba unos recelos insuperables en el resto de las Comunidades mediterráneas, el dirigente socialista decidió suavizar los términos. Fue cuando sacó a relucir, varios siglos después, la vigencia de la Corona de Aragón, la necesidad de recuperar los lazos entre los pueblos que la habían integrado. El camino hacia la «eurorregión» quedaba despejado y sólo el Gobierno valenciano plantaba a Maragall.
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