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Recortes de Prensa     Sábado 21 Octubre  2006

Foro El Salvador exige transparencia y responsabilidad al Partido Socialista de Navarra.
Comunicado Foro El Salvador 21 Octubre 2006

La asociación cívica Foro El Salvador, recogiendo la preocupación de numerosos ciudadanos navarros en las actuales circunstancias políticas, quiere dirigirse públicamente al Partido Socialista de Navarra exigiéndole un ejercicio de responsabilidad y transparencia políticas.

No es admisible, desde una perspectiva democrática, la falta de concreción y la ambigüedad manifestada, desde diversas instancias del PSOE, ante el futuro de Navarra en el marco del mal llamado “proceso de paz”.

Los silencios, declaraciones parciales, rumores, calladas o abiertas discrepancias internas…, que PSOE, PSE y PSN vienen transmitiendo a la ciudadanía ante las pretensiones de ETA/Batasuna con Navarra, exigen un posicionamiento público, firme, definitivo y claro. Por ello, nos permitimos preguntarles, en un ejercicio democrático de responsabilidad: ¿qué actitud adoptarán los interlocutores socialistas presentes -en la mesa o mesas de partidos- ante las exigencias nacionalistas de territorialidad y soberanismo?, ¿contemplan los socialistas un órgano común de cooperación Navarra-Euskadi o una eurorregión, y, con qué alcance y perspectiva?

Los electores navarros no pueden ser dejados de lado. Tenemos derecho a ser informados con absoluta claridad de TODOS los aspectos del programa electoral del PSN-PSOE, y de su estrategia presente y futura, para obrar en consecuencia. Una vez celebrada cualquier convocatoria electoral, no es admisible que partido político alguno desarrolle actuaciones trascendentes no anunciadas -expresa y claramente a todos los ciudadanos- y acaso tendentes a la modificación del actual status quo de la Comunidad Foral de Navarra. De suceder así, constituiría un atentado gravísimo contra la voluntad de los electores, la estabilidad de Navarra, y un fraude a las reglas del juego democrático.

Foro El Salvador exige al PSN-PSOE, igualmente, que se comprometa públicamente con la ciudadanía navarra, informando sobre el papel que reserva en su juego político a la Disposición Transitoria 4ª de la Constitución Española, y le recuerda que la misma tiene la fuerza procedente del consenso entonces alcanzado, y ahora cuestionado, y, sobre todo, la propia de una Ley fundamental; de modo que sería ilícito e ilegítimo eludirla mediante cualquier artificio, o pacto político, que no siga los procedimientos previstos.

Insistimos en que, desde nuestra perspectiva ciudadana no partidaria, el verdadero debate de la sociedad navarra es el de terrorismo totalitario versus libertades y no progresismo versus reacción; con las correspondientes implicaciones electorales e institucionales.

El Pacto por las libertades y contra el terrorismo sigue siendo la principal herramienta de los demócratas para cerrar las heridas de la violencia terrorista. No es posible moralmente ninguna equidistancia entre víctimas y verdugos, entre Estado de derecho y totalitarismo violento y excluyente. Por encima de los intereses partidistas a corto plazo, los demócratas debemos perseguir el bien común, la paz, la justicia, la reparación del daño causado a las víctimas y el castigo de los verdugos terroristas; sin caer en sus trampas dialécticas, ni en los espejismos de supuestos atajos y recetas mágicas que ignoren la realidad por ellos violentada.

Pamplona, 20 de octubre de 2006
Para más información: Jaime Larrínaga (Presidente). Teléfono: 913080254
José Luis Orella (Portavoz). Teléfono móvil: 630231132
José Basaburua (Delegado en Navarra). Teléfono móvil: 651101668
Correo electrónico: foroelsalvador@wanadoo.es
Página web: http://www.foroelsalvador.blogia.com

Proceso de rendición
Otro favor al terrorismo
Ignacio Villa Libertad Digital 21 Octubre 2006

En estos momentos, la única crítica del Gobierno se centra en el Partido Popular. En cambio, para las amenazas, advertencias y reproches continuos de ETA-Batasuna la única respuesta es el silencio. Resulta difícil explicar una actitud tan mezquina, aunque no cabe duda de que las terminales mediáticas socialistas se están empleando a fondo en el intento. Pero es complicado poner voz a la teoría de que los terroristas son buenos y los demócratas malos.

Es realmente difícil de entender que el habitante de un cargo supuestamente institucional como es la Fiscalía General del Estado diga que la justicia no puede entorpecer el proceso. No resulta comprensible el empeño en insultar permanentemente al PP o a las víctimas, esfuerzo en el que se han destacado Rubalcaba y Blanco de entre todos los socialistas. No se puede admitir la permanente ambigüedad del presidente Zapatero con los terroristas. Resulta inexplicable que un Gobierno democrático esté cediendo en todo ante los terroristas a cambio de nada.

De entre todas las noticias que nos llegan sobre este desafortunado proceso, hay algunos asuntos que resaltan por su especial gravedad. Por ejemplo, la decisión del Gobierno Zapatero de llevar al Parlamento europeo una iniciativa de apoyo al proceso de negociación con ETA. Ceden así de forma miserable a una exigencia etarra, que con buen juicio le negaron todos los gobiernos de la democracia; la de internacionalizar "el conflicto", el de los asesinos con sus víctimas. ETA va a dar el próximo miércoles un paso impensable hace bien poco.

Pero si a todo lo dicho hasta ahora se le une la colaboración de la Justicia con el proceso de rendición del Gobierno ante la ETA, la situación llega a una tensión difícilmente soportable para el Estado de Derecho. Es cierto que no todos los jueces ni todos los fiscales colaboran, pero con que sean los suficientes, especialmente si están en la posición privilegiada de Conde Pumpido o Garzón, podemos esperarnos lo peor. La decisión de este último de rebajar considerablemente la fianza del batasuno Otegi, incluso bastante más de lo que ha pedido el fiscal, debería llenarnos de estupor. Desgraciadamente, ante la catarata de cesiones con la que nos estamos despertando cada mañana, parece casi natural este nuevo guiño a los terroristas. Pero, aunque sea eso lo que se pretenda, nadie va a acostumbrarse a algo semejante, porque nadie puede acostumbrarse a la visión de una democracia que se derrumba.

Democracia bajo mínimos
Federico Quevedo El Confidencial  21 Octubre 2006

Nunca, en nuestra corta historia democrática, se había producido un atentado a las instituciones como el que el pasado miércoles llevaron a cabo todos los grupos parlamentarios, salvo el PP, admitiendo a trámite en el Congreso la moción de reprobación, que es lo mismo que pedir la dimisión, del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, solicitada por Izquierda Unida, y motivada en el recurso que Múgica había presentado ante el Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña, haciendo uso de una prerrogativa que le otorga la Ley. Qué quieren que les diga sino que es una muestra más del desprecio que este Gobierno y sus apoyos parlamentarios exhiben hacia las instituciones, empezando por el propio Parlamento. Esta es una democracia secuestrada, bajo mínimos. Si ya veníamos arrastrando un déficit democrático importante por culpa de una concepción partidaria del sistema político, ahora la enfermedad tiene visos de cáncer, y la purga totalitaria que este Gobierno lleva a cabo sobre las instituciones se extiende como un tumor que destruye todo lo bueno que había en un modelo político levantado sobre el espíritu del consenso y el respeto a las reglas del juego democráticas.

Ya no es así. El mismo día que el PSOE aceptaba la tramitación de la reprobación de Múgica –lo cual demuestra, entre otras cosas, hasta dónde puede llegar el sectarismo de este Gobierno, amenazando a un compañero socialista al que ahora repudian porque lo nombró Aznar-, se rechazaba la comparecencia, pedida por el PP, del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para explicar sus declaraciones del pasado lunes en el Senado en las que vino a decir que al PP le gustaría que ETA pusiera muertos sobre la mesa. Eso no merece una comparecencia, pero que Múgica recurra el Estatuto sí merece una reprobación, aunque el TC lo haya admitido a trámite lo cual, aunque luego el fallo sea el que tenga que ser, indica que los magistrados del Alto Tribunal al menos observan que existe motivación para el recurso. Es la culminación de un campaña en la que, por ejemplo, el candidato del PSC a la Generalitat, José Montilla, acusaba al Defensor del Pueblo de “actuar al dictado del PP” y de José María Aznar, al que “está agradeciendo el cargo”. El portavoz de ERC en el Parlament, Joan Ridao, llegó a calificar a Múgica de “criada disciplinada del PP”. Y menos mal que Múgica es un socialista de pro, de los de toda la vida.

A este Gobierno no le gusta que le lleven la contraria, y en caso de que ocurra recurre a la amenaza y pone en jaque a las propias instituciones democráticas, y el de Múgica no es el primer ejemplo. Hay muchos, y aunque solo sea a título de inventario, les expondré unos pocos. Una de las instituciones que ha sufrido el desprecio del Gobierno ha sido el Consejo de Estado, al cual Zapatero solicitó un informe sobre la reforma del Estatuto, informe que el Gobierno tiró, literalmente, a la papelera porque no decía lo que el Ejecutivo quería que dijera. El Consejo de Estado había asegurado que la reforma estatutaria se debía hacer por acuerdo entre los dos grandes partidos, que no se puede reformar la Constitución a través de los Estatutos y que se deben fijar las competencias del Estado. Asimismo recomendaba reestablecer el recurso previo de inconstitucionalidad para que el TC pudiera pronunciarse antes de someter un Estatuto a referéndum. Por supuesto, todo eso ha pasado a ser papel mojado. El ya ex gobernador del Banco de España, también sufrió en sus carnes el acoso de la izquierda. Jaime Caruana fue calificado de “quintacolumna del PP” por Gaspar Llamazares. ¿Razón? Que Caruana expresó su temor por el hecho de que el Estatuto catalán afectara al crecimiento económico de España, por lo que según Llamazares quedaría “deslegitimado" para realizar su labor institucional. ERC le llamó “irresponsable” y “frívolo”.

Quien más ha sufrido, sin embargo, los envites de la izquierda ha sido el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando. La Generalitat, el Parlamento catalán, partidos políticos y organizaciones jurídicas y culturales catalanas le atacaron por criticar la fragmentación de la Justicia que representa la reforma estatutaria catalana –“Si el Estatut se aprueba, lo que será delito en un sitio no lo sería en Cataluña”, ha dicho– y mostrar su disconformidad a que saber catalán sea requisito para ejercer de juez en Cataluña. Hernando afirmó que si trabajase en Cataluña aprendería la lengua catalana, pero “como un enriquecimiento personal, como cuando voy a Andalucía me gustaría bailar sevillanas”. El presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, llegó a decir sobre Hernando que “casi me da más miedo la ignorancia y la incultura que el fascismo”. El secretario general de CiU, Durán Lleida, lamentó la “ignorancia activa” y la “falta de cultura importante” de Hernando. Pero la polémica se hizo más acusada cuando se solicitó al comparecencia de Hernando en Congreso sobre sus declaraciones del Estatuto y sobre la cuestión de las penas a etarras y el presidente del Supremo se negó a acudir alegando algo tan esencial en la democracia como es la separación de poderes. El portavoz socialista López Garrido le acusó de “huir del Parlamento” y de añadir “una mancha más” en su gestión al frente de esta institución y del CGPJ.

No ha sido, sin embargo, el único magistrado objeto de las iras de la izquierda. La comisión permanente del CGPJ tuvo que responder a las descalificaciones de distintos responsables políticos a las actuaciones del juez Fernando Grande-Marlaska, ya que “sobrepasan los mínimos cánones de respeto y racionalidad”. Las críticas se produjeron por las actuaciones del juez de la Audiencia Nacional que llevaron a la detención de dos empresarios navarros por el pago del llamado “impuesto revolucionario” y la citación como imputado del dirigente del PNV Gorka Aguirre. El Gobierno vasco y la ilegalizada Batasuna sumaron sus ataques a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco de iniciar la fase de instrucción por un presunto delito de desobediencia contra el lehendakari y tres miembros de Batasuna por la reunión que mantuvieron en abril pasado. El Foro de Ermua interpuso una querella criminal contra los cuatro por la presunta comisión de varios delitos, entre ellos el de desobediencia al Tribunal Supremo, que declaró ilegal a Batasuna. Los insultos y descalificaciones del Gobierno a distintos estamentos y sectores de la sociedad española han sido una constante en esta legislatura. Desde el calificativo de “basura informativa” que le aplicó Zapatero a lo publicado en algunos medios, al apelativo de “tenebrosos e inmovilistas” que dedicó Fernández de la Vega a curas y jueces, pasando por los insultos de Montilla a la cadena COPE y otros medios de comunicación. No ha habido una sola institución que se librara del acoso de la izquierda.

Y, fíjense, sin duda la mayor afrenta a la democracia se produce cada miércoles en el Congreso de los Diputados, de la mano del presidente del Gobierno y, sobre todo, de la vicepresidenta primera, Maria Teresa Fernández de la Vega, la cual sesión de control tras sesión de control se niega de manera reiterada a contestar las preguntas que le hace la oposición y, en lugar de ello, se emplea a fondo en el insulto y la descalificación de los diputados interpelantes, habitualmente Ángel Acebes y Eduardo Zaplana. Pero no es solo eso. El Partido Socialista y sus apoyos parlamentario se niegan, reiteradamente, a aceptar las solicitudes de comparecencias del Partido Popular, se modifican órdenes del día sin previo aviso, se cambian intervenciones, se adaptan plenos a las necesidades del presidente del Gobierno, se incumple de manera reiterada el reglamento del Congreso, se trasgrede la norma, se vulnera la ley y se desprecia el pluralismo. Es la chavización del poder. Lo que no sirve, se cambia, que es lo que acabará ocurriendo con la Constitución para adaptarla a los deseos de Zapatero. Hemos pasado de una democracia parlamentaria a un régimen personalista. Zapatero lleva camino de convertirse en un Caudillo. Solo queda una institución por acosar desde la izquierda, la Monarquía –y ya han dado sus primeros pasos en ese sentido desde IU y ERC-, pero el día que eso ocurra –y a mí que no esperen para defenderles-, entonces se habrá dado el paso definitivo para que Zapatero aparezca ante nuestros ojos cual Caudillo investido por la gracia del dios del populismo.    fquevedo@elconfidencial.com

El "proceso de paz"
Adolfo Careaga Minuto Digital 21 Octubre 2006

Constituye el eje de la política vascongada, en nuestros días, la negociación entre el gobierno de la Nación y la banda terrorista ETA, que se conoce con ese nombre y nace de la tregua que, en sus actividades criminales, acordaron estos asesinos hace seis meses.

Como previsión de lo que esta tregua pueda dar de sí, conviene recordar su antecedente de 1.998. En septiembre de ese año el PNV firmó con las organizaciones separatistas revolucionarias, singularmente con Euskal Herritarrok, brazo político y electoral de ETA, el pacto de Estella, cuyo objetivo fundamental es lo que llaman eufemísticamente el soberanismo y la territorialidad. Por soberanismo entienden la creación de un Estado vasco independiente de España y Francia. Por territorialidad la anexión a las tres provincias vascongadas, de Navarra, además de Labourd, Soule y la Baja Navarra, es decir, las tres vasco-francesas.

En ese pacto, también llamado de Lizarra por el nombre de vascongado de la histórica villa, el PNV y EA se comprometieron además, según ha detallado ETA, a romper sus relaciones con las fuerzas españolas que se mostraran como enemigas de Euskalerria.

Lo que sucedió después es que PNV y EA dejaron en un callejón sin salida lo que en Estella se pactó.

Ante lo cual, el 11 de julio de 1.999, en una nueva reunión de los bizkaitarras burgueses y su sicario ETA, éste propuso unas elecciones generales en lo que llaman Euskal-Herria con un distrito electoral único, incluyendo pues las vascongadas, Navarra y el País Vasco-Francés, para así constituir el Parlamento Vasco que elegiría "el Lendakari de todos los vascos".

Todo ello lo cuenta con precisión don Carlos Garaicoechea en su libro de memorias, y añade: "Los representantes de EA y los del PNV manifestaron la falta de realismo que encerraba tal propuesta, por muy acorde que resultara con las aspiraciones naturales de los nacionalismos vascos"

De esta manera, y por el incumplimiento de PNV los compromisos adquiridos, ETA anunció, después de más de un año de vigencia, que la tregua quedaba rota.

No parece acertado prever que la tregua actual vaya a tener mejor desenlace que la de 1.998, salvo que el partido socialista esté dispuesto a una entrega total a las reivindicaciones separatistas. Lo quepor otra parte, y a la vista de lo que está ocurriendo, no es en absoluto imprevisible.

El Gobierno, por sus más altos dignatarios, ha anunciado reiteradamente que no pagará precio político en la negociación con ETA. Pues bien; ya ha pagado dos. Primero la constitución de la mesa de partidos que, apadrinada por el PSOE, va a tener lugar inmediatamente. Esta es una de las reclamaciones etarras y la han aceptado los socialistas, por más que suponga un ataque frontal contra la estructura democrática de la autonomía vascongada. Porque si su institución fundamental es el Parlamento, en el que están representados, según los resultados electorales, todos los partidos legalmente reconocidos, es obvio que hacer una mesa de partidos ajena al Parlamento supone un agravio esencial al entramado constitucional.

En segundo lugar la internacionalización del proceso presentándolo ante la Unión Europea, vieja pretensión también del separatismo vasco. Es sabido que todos estos movimientos bizkaitarras buscan para sus quimeras las mayores cajas de resonancia, donde encontrar eco y propaganda.

Así sucedió con el plan Ibarreche. Suponía un atentado frontal contra la unidad de España en que la Constitución se fundamenta, porque creaba la autonomía vasca de libre asociación con el Estado. Es decir que el País Vasco salía fuera de la soberanía nacional para pactar, dotado de competencias soberanas, de tu a tu frente al Estado.

El señor Ibarreche recorrió medio mundo –financiado por dinero público y no por el de su partido-, haciendo propaganda de sus geniales ideas. Y el Gobierno de la Nación no le puso ningún inconveniente, por más que el art.155 de la Constitución señale la actitud que debe adoptar el ejecutivo nacional frente a una autonomía que atente contra los intereses de España. Por cierto, el plan Ibarreche dispone que en la Comunidad Vasca no tenga aplicación el art. 155 citado, que es la única defensa de la Constitución contra las agresiones posibles de las entidades autónomas. Y el Gobierno acabó brindando al Presidente vasco la gran caja de resonancia del pleno del Congreso para que allí expusiera su descabellado proyecto.

Después de estos pagos del precio político que el Gobierno está abonando a ETA , seguramente vendrá el tercero: Navarra, cuya anexión constituye la más demencial obsesión del imperialismo nacionalista. Es de suponer que ahora mismo no se pactará la entrega del Viejo Reyno al conglomerado separatista, porque ello supondría casi una guerra civil, cuando parece que el 80% de los navarros rechaza contundentemente su absorción por la Comunidad Autónoma Vasca. Pero acaso ETA se conformaría, por el momento, con un organismo permanente de conexión entre las dos comunidades; el cual, debidamente manejado por los separatistas, desembocaría a corto plazo en la solución final.

Como alguien ha dicho estos días, no estamos ante una negociación que busque la derrota de ETA, sino la derrota del Estado frente a ETA.

Y no conviene olvidar lo que un gran político navarro, Jesús Aizpún, declaró hace ya unos años: “Lo importante es que España se de cuenta de que en Navarra se está ventilando no sólo el problema de los navarros, sino el problema de la unidad española”.

Queda además, como otro tema a negociar, la cuestión de los presos. Ya nadie piensa, al parecer, en lo que es elemental: Que cumplan las condenas que los tribunales les han impuesto. Por el contrario, se trata de la reducción de sus penas y de su traslado a prisiones vascongadas. Pronto sabremos las concesiones que, en este terreno, el Gobierno haya acordado con ETA.

La imagen, desde luego, en los medios de difusión es la del entreguismo del Gobierno, para conseguir el fin electoralista que el Presidente Zapatero aparezca como el gran pacificador. Con ello seguramente la supuesta paz no sería sino un gran desastre en la historia de España.

La madre de Joseba Pagaza
Editorial ABC 21 Octubre 2006

La madre de Joseba Pagazaurtundúa, Pilar Ruiz, volvió a ser ayer la voz indomable contra el proceso de negociación con ETA emprendido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Durante la entrega de los Premios a la Convivencia otorgados por el Foro de Ermua, que tuvo lugar en Vitoria, Pilar Ruiz advirtió que «si ETA termina acercándose a sus objetivos, los papeles de las mesas deberán firmarse con la sangre de los asesinados». Sus palabras no responden a un estado emocional alterado, sino a un coherente conocimiento de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que puede pasar.

No en vano fue Pilar Ruiz quien advirtió a Patxi López, secretario general de los socialistas vascos, que «harás y dirás cosas que me helarán la sangre llamando a las cosas por los nombres que no son». Y López hizo y dijo cosas que helaron la sangre de Pilar y de miles de víctimas cuando se reunió, cara a cara, públicamente, en un hotel de San Sebastián con Arnaldo Otegi y Rufino Etxeberría. Y allí estuvo también presente, a las puertas de aquella reunión, la madre de los Pagazaurtundúa, firme en su defensa de la memoria de los mil asesinados por el terror etarra.

Por eso, cuando algunas voces incurren en la felonía de negar a las víctimas el papel que les corresponde, e incluso se atreven a negarles legitimidad en el ejercicio de sus cargos públicos -como le han llegado a espetar a Enrique Múgica- las palabras de Pilar Ruiz se convierten en la mejor enmienda de tamaña injusticia.

Porque si alguien conoce mejor que nadie qué es un terrorista, esa es la madre de un asesinado por ETA, o su viuda, o su hija o su hermana. Ellos son el referente ético de una sociedad que ha plantado cara al terror desde el convencimiento de su supremacía moral. Por eso, Pilar Ruiz, como otras tantas víctimas del azote etarra, tienen razón; porque no hay argumento político que pueda con la razón de quienes no entienden que el «proceso» abierto por Rodríguez Zapatero no termine con la derrota sin condiciones de ETA. Porque ello sería tanto como aceptar que la muerte de su hijo fue en vano.

Por eso, las palabras de Pilar Ruiz expresan mucho más que el dolor de una madre por el hijo asesinado, aunque parezca que nada puede haber más doloroso. Es toda una sentencia moral contra un proceso, y contra quienes lo protagonizan, porque las víctimas dudan de su legitimidad desde el mismo momento en que ETA logró cambiar la certeza de su derrota por la seguridad de su justificación histórica.

El fiscal y Garzón fuerzan la ley para favorecer a Otegi
Editorial Elsemanaldigital 21 Octubre 2006

El polémico magistrado Baltasar Garzón acaba de rebajar a tan sólo 50.000 euros la fianza de 650.000 impuesta a Arnaldo Otegi para evitar la prisión provisional por las acusaciones de pertenencia a banda armada y de instigación de actos de kale borroka que pesan sobre él, desoyendo incluso la propuesta del Ministerio Fiscal de dejarla en 200.000. De este modo, Garzón da un nuevo paso en la línea de rectificar las decisiones que en su momento adoptó su colega y sustituto provisional Fernando Grande-Marlaska en relación con la ilegalizada Batasuna y sus dirigentes.

Los argumentos de Garzón para justificar semejante rebaja no pueden dejar de suscitar sorpresa. Por un lado, acepta las alegaciones del fiscal Carlos Bautista de que Otegi no ha incurrido en nuevos delitos ni se ha fugado en las ocasiones en que, con la debida autorización judicial, ha viajado al extranjero. Por otra parte, el magistrado señala que la cuantía inicial de la fianza desborda la capacidad económica del imputado.

Ahora bien, lo que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice en su artículo 531 es que "para determinar la calidad y cantidad de la fianza se tomarán en cuenta la naturaleza del delito, el estado social y antecedentes del procesado y las demás circunstancias que pudieren influir en el mayor o menor interés de éste para ponerse fuera del alcance de la Autoridad judicial". Y aquí nos hallamos ante un individuo acusado de ser parte, y parte dirigente, de una organización terrorista, que no ha dejado de delinquir porque no se ha desligado en ningún momento de la misma y cuya capacidad económica sólo se puede medir en relación con la de la organización en su conjunto y no por su mero patrimonio personal.

La conclusión es inevitable: nos encontramos ante una nueva actuación del Ministerio Fiscal y del magistrado Baltasar Garzón en la que la aplicación de la ley se ve torcida por consideraciones puramente políticas, de acuerdo con los deseos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de eliminar trabas al llamado "proceso de paz" que ha emprendido con los terroristas.

No parece necesario ponderar la gravedad que todo esto reviste en un sistema constitucional como el nuestro, en el que los jueces y magistrados están sometidos "únicamente al imperio de la ley" y en el que la función del Ministerio Fiscal es "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley".

Lo primero es difícilmente compatible con las aventuras políticas de ciertos jueces, que acaso suponen que el entrar y salir de la lucha partidista a su antojo no compromete de manera irreversible su independencia y su credibilidad, y lo segundo no casa con las recientes las palabras del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en las que exponía una forma de entender la función del Ministerio Fiscal que nada tiene que ver con el mandato del artículo 124.1 de la Constitución.

¿Qué sabe Rubalcaba de vilezas?
Santi Lucas elsemanaldigital 21 Octubre 2006

Efectivamente, lo sabe todo. Siempre fue un adelantado en la materia. Se doctoró en ella cuando el ejercicio de esta disciplina no era todavía una moneda corriente en España. Aunque dicen algunos cronistas que es un autodidacta, en realidad profesa fielmente las doctrinas más clásicas y contrastadas que existen sobre la vileza. Oír hablar a Rubalcaba de vilezas ajenas me deja atónito, pasmado. Hay que tener una dureza facial granítica, a toda prueba, para reprochar a los demás un vicio semejante. En boca de Rubalcaba, la vileza se torna una inmensa paradoja. Alguien como él, que ha combatido con tanta astucia como enojo a sus adversarios políticos, no debiera mentar la soga en casa del ahorcado. Porque Rubalcaba tiene el techo lleno de goteras, demasiadas fracturas en el camino, mucho fardo a las espaldas y unas hemerotecas implacables, reveladoras y concluyentes que están al alcance de todo el mundo. Por eso, acusar al PP de vileza es, cuanto menos, una imprudencia como la copa de un pino, un desliz impropio de su bagaje y experiencia.

Creo que en esta ocasión, Rubalcaba ha pecado de arrogante. Con esa facilidad con la que muchos socialistas se han fabricado una imagen, un pasado y una pose en la vida pública, que es la misma facilidad con la que se regeneran, se rehabilitan y se reivindican sin inmutarse, Rubalcaba pretende nacer en cada cargo, hacerse de nuevas, brotar impoluto, exponerse flamante. Cuenta para ello con dos elementos esenciales: la desmemoria colectiva y unos escrúpulos tamizados. Así se escribe la Historia, y así es perfectamente posible que un ministro de Educación del PSOE, que ya es decir bastante, Portavoz del Gobierno en la etapa más oscura y putrefacta de Felipe González, padre de la infamia electoral tras el 11-M, que ya se estudia como la más sobresaliente ruindad en el momento más crítico, y ahora mismo ministro del Interior, diga que la oposición comete una vileza por pedir que se respeten las leyes y no se hagan concesiones políticas a una organización terrorista. Es, de todas todas, alucinante.

¿Pica en Estrasburgo de ZP o internacionalización de ETA?
Alfonso Basallo Elsemanaldigital 21 Octubre 2006

La dificultad de la lucha contra el terrorismo no estriba en las bombas, sino en la coraza política con la que se cubre astutamente el monstruo. Tú, Estado de Derecho, a un delincuente te lo meriendas en un pispás, Código Penal en ristre. Pero como te venga con mandangas político-reivindicativas, lo llevas claro.

Y eso es lo que ha sabido hacer ETA, buscando en el problema vasco -y sus cómplices nacionalistas- la coartada perfecta para torear al Estado, imponer sus tesis y terminar negociando de tú a tú con un Gobierno. ¿Se imaginan ustedes a la policía dialogando de ¡una mesa de partidos! con los atracadores de un banco? ¿o estudiando con unos tipos armados con kalashnikov la legalización de un partido formado por secuestradores?

Lo triste es que el problema no es de ahora. Todo empezó hace tres décadas, cuando los políticos de la Transición proporcionaron coartada política a unos desgarramantas que se creían más hombres porque tenían pistola. Y culmina en 2006, cuando ETA-Batasuna ha conseguido, por fin, su anhelado objetivo de internacionalizar el conflicto, llevando la negociación nada menos que al ágora europeo: al superparlamento.

Está clara la maniobra. Zapatero trata de ganar prestigio y credibilidad, poniendo su Pica en Estrasburgo, dando una pátina de respetabilidad democrática a la negociación, buscando el placet de la euro-clá. Que ya no lo digo yo sólo – pensará- que es Europa, la vieja, sabia, democrática Europa la que respalda el proceso de paz. No será tan peligroso ni tan descabellado como dicen algunos, cuando el Parlamento Europeo lo apoya.

Pero, a la vez, ETA-Batasuna obtiene una formidable victoria moral y estratégica al conseguir que el mundo-mundial le dé la razón. Respaldando a los etarras, como si de románticos héroes de la independencia se tratara, el europarlamento viene a certificar per secula que la violencia es rentable. Te cepillas más de 800 personas, pones en jaque a 44 millones de ciudadanos, secuestras una democracia en el País Vasco, donde los políticos de la oposición son los únicos que llevan escolta... y te ponen alfombra roja.

Eso sí: como aparques el coche en doble fila, te equivoques en la declaración de la renta o fumes un calada inoportuna en el sitio inoportuno se te puede caer el pelo.

Los propesoes te dicen que no –a mi ya me lo han dicho-. Que gracias al paso en Estrasburgo, el proceso político de paz se afianza, no tiene retorno, y lo importante es que dejen de matar...

Primero, no es así. Porque Eta no hubiera terminado en Estrasburgo sin los 800 cadáveres encima de la mesa. Luego la ley de la fuerza es rentable. Luego es mentira que el Derecho, como dique de la arbitrariedad, sea la base de todo este tinglado.

Segundo, lo malo, lo peor es justamente que un asunto de pura delincuencia se haya politizado. Que unos chorizos, unos indocumentados que no aguantarían ni cinco minutos en un trabajo serio, unos inútiles que no saben hacer otra cosa que matar, extorsionar y secuestrar, acaben llevando sus peticiones, su negociación, su rollo al Parlamento Europeo, es como para darse de baja en el Sistema y retirarse al desierto.

SIN ENMIENDA
El fin de la tregua de Rajoy
Juan Carlos Escudier El Confidencial  21 Octubre 2006

Rajoy se lo preguntó a Zapatero en la sesión de control del 19 de octubre de 2005: “Opinión del Gobierno sobre si se está dando respuesta a los problemas reales de los españoles”. La pregunta parecía un poco tonta –lo normal es contestar que sí- pero encerraba dos dificultades añadidas. La primera era determinar cuáles eran esos problemas reales; la segunda, averiguar qué entendía Rajoy por “los problemas de la gente”. Cabría pensar que cada miércoles en el Congreso Rajoy, como un certero barómetro ciudadano, ha puesto el dedo en la llaga de esos problemas, en el entendimiento de que lo que preocupa a la gente desazona al líder de la oposición. El resultado es el siguiente: los dos grandes problemas de los españoles son, por este orden, ETA en sus distintas variantes (Batasuna, negociación, rendición) y el Estatuto de Cataluña.

De las 51 preguntas formuladas por Rajoy a Zapatero desde mayo de 2004, no menos de diez han tenido como argumento el terrorismo y a Batasuna y otras tantas se ha centrado en el ‘problema catalán’. ¿Cuántas veces ha preguntado Rajoy por la inmigración? Dos. ¿Por el problema del agua? Una. ¿Por la vivienda? Una. ¿Por la educación? Una. ¿Por el empleo? Una, y en octubre de 2004. El resto versan sobre asuntos exteriores (3), economía (reforma fiscal, Presupuestos, operaciones empresariales...) y Justicia (3), fundamentalmente. En consecuencia, dos son los grandes problemas, porque uno no va a dudar a estas alturas del olfato del presidente del PP. El resto, o son problemillas o son irreales o no son problemas de los españoles.

Pese a que era el problema real más importante de los españoles, Rajoy dejó de preguntar durante un tiempo por el terrorismo y por la negociación con ETA. Lo había hecho el 22 de febrero de este año –“Garantías del presidente del Gobierno y de su partido de no negociar ni aceptar el derecho de autodeterminación”- y lo volvió a hacer el 4 de octubre: “¿Qué tiene que decir el presidente del Gobierno ante la investigación judicial abierta por un posible ‘chivatazo’ a la red de extorsión de ETA?”. Repitió jugada este pasado miércoles: “¿Cómo explica el presidente que la Fiscalía General del Estado, cuyo titular ha sido designado por su Gobierno, plantee ahora una rebaja de penas al terrorista De Juana Chaos?” La tregua de Rajoy había durado exactamente siete meses, aunque bien es verdad que su entorno siempre estuvo en guerra.

El regreso de Rajoy a la primera línea de fuego ha coincidido con un recrudecimiento de la ofensiva de su partido contra el proceso de paz. Aunque resultaba difícil que el PP pudiera superarse, ha logrado en esa ocasión sobrepasar todos los límites posibles. Lo que se ha escuchado esta semana en ambas Cámaras no tiene parangón en la reciente historia de la democracia. ¿Qué quería decir el senador Pío García Escudero cuando acusaba a Zapatero de autorizar contactos con Batasuna cuando ETA mataba a al socialista Joseba Pagazaurtundua? ¿Que Zapatero es cómplice de asesinato? ¿Que es un desalmado? ¿Que empezó a rendirse entonces y ahora enarbola arrodillado una bandera blanca?

El PP cree haber obtenido la prueba de esta rendición que tanto se nos ha anunciado en la rebaja de la petición fiscal al etarra De Juana Chaos. El asunto, en efecto, es escandaloso, pero no por la última modificación del criterio de la fiscalía sino por la operación que se puso en marcha para que el etarra no saliera de la cárcel. De Juana es un asesino que ha matado a 25 personas, un tipo despreciable al que se puede adornar con todos los calificativos que se nos ocurran, pero más importante que todo eso es el Estado de Derecho y no retorcer la ley al antojo de cada nueva circunstancia.

De Juana, en efecto, sólo había cumplido 18 de los 3.000 años a los que había sido condenado. Iba a abandonar la prisión en agosto de 2005 pero se evitó con una nueva interpretación de las redenciones de pena y con su procesamiento por dos artículos de opinión; se le pidieron 96 años de cárcel por amenazas. El ministro López Aguilar dijo entonces lo siguiente: "Vamos a trabajar cuanto esté en nuestra mano para evitar que se produzcan estas excarcelaciones y, si es posible, construir una nueva imputación por continuidad de vinculación con la banda armada o por amenazas proferidas desde la cárcel”. No todo el mundo pensaba igual. De hecho, el juez Santiago Pedraz concluyó el sumario contra De Juana por amenazas sin procesarle, aunque luego la Audiencia le ordenara hacer justamente lo contrario.

El nuevo criterio del fiscal se ha producido a la luz de una nueva circunstancia, que es lo bueno de estas leyes pret-a-porter. Como el etarra había iniciado una huelga de hambre, su vida estaba en peligro y su posible muerte podía entorpecer el proceso de paz, se ha convencido al recluso para que abandone su protesta a cambio de una petición de condena más llevadera. Un escándalo generado por otro escándalo. A uno se le dio sordina y al otro altavoces. Dentro de unos días le veremos en el juicio.

Con todo, lo más grave ha sido la advertencia proferida por Acebes de que el PP revocará cuando llegue al poder todos los acuerdos de la futura mesa de partidos del País Vasco, porque eso sí que es colocar una losa sobre el fin dialogado de la violencia, un camino en el que es imprescindible que los dos partidos mayoritarios caminen de la mano. Lo que se nos sugiere es que el PSOE no es de fiar y que está dispuesto a ceder -o ya lo ha hecho- en asuntos tales como la autodeterminación de Euskadi y la anexión de Navarra. Rajoy sigue sin dar una explicación razonable de lo que ganaría Zapatero con todo esto, si exceptuamos esa paranoica teoría alumbrada en los aledaños de Génova, según la cual el PSOE encargó los atentados de 11-M y la banda subcontrató a un puñado de islamistas para hacer el trabajo. En definitiva, que compra el silencio de los terroristas.

O Rajoy explica de una vez lo que gana Zapatero con su rendición o presenta el certificado psiquiátrico de que el presidente de Gobierno está chalado, que por peritos no va a ser. Si no lo hace tendremos que pensar que, en contra de lo que algunos sostienen, torpedear la oportunidad más clara de acabar con el terrorismo le resulta electoralmente rentable. Y eso sí que sería una vileza.    escudier@elconfidencial.com

Lo que hicisteis el último verano
TONIA ETXARRI El Correo 21 Octubre 2006

Si el presidente Zapatero no estuviera manteniendo esa ambigüedad calculada sobre la futura mesa extraparlamentaria, no estaría siendo apremiado insistentemente por quienes mantienen cierto escarmiento derivado de otras treguas. La impresión generalizada de quienes están implicados en el proceso de negociación con la banda terrorista es de que «esto ya está casi hecho», mientras los observadores se preguntan «cuál es el precio» que el Estado democrático deberá pagar a ETA.

A medida que se acerca la fecha del debate sobre la 'cosa nuestra' en la Eurocámara de Estrasburgo, se tensa la cuerda. Y mientras en Euskadi circulan los rumores insistentes sobre la emisión de un nuevo comunicado de la banda en las próximas horas, los socialistas cuentan los votos de quienes suscribirán la declaración de apoyo al gobierno español en los términos fijados por el Congreso. También el PP de Jaime Mayor ha ido despacho por despacho para pedir adhesiones a su texto alternativo en el que se alerta a la Unión Europea de su error si aprueba «procesos que ponen en riesgo la democracia».

Batasuna está en su salsa. No porque lo diga el PP, según denuncia el portavoz socialista López Aguilar, sino porque sus propios representantes se muestran, además de 'sobrados' por su protagonismo sostenido, ciertamente pletóricos. Dicen que «el proceso de resolución de Euskal Herria» (así llaman ellos al proceso de paz del Gobierno) está ya en la agenda europea. Llegados a este punto, están de más las sobreactuaciones. No aporta nada que el senador García-Escudero se haya dedicado a sacar a la luz las citas a ciegas habidas entre algunos socialistas y los portavoces del entorno de ETA. Eso no es ya lo importante.

Hasta el presidente navarro Miguel Sanz se ha dado por enterado (y no por que le haya informado el presidente) de que la negociación debe estar madurando, porque ve «indicios esperanzadores de paz». Así es que está de más volver con la moviola. Ya sabemos lo que hicieron todos el último verano. Y lo que no hicieron los anteriores. Y Aznar: lo que hizo y lo que no quiso hacer. Y Carod con sus miedos. Y Eguiguren, sin López.

Pero quien necesitará mirar atrás será el lehendakari cuando la Justicia le pregunte por qué se reunió con Batasuna. Arzalluz le quiere echar una manita. Pero sus mensajes broncos ya no tienen efecto. Y los jueces del Tribunal Superior piden al Ejecutivo vasco que respete su labor. ¿Con lo alocado y 'salido' de tono que estaba el patio desde que las Juventudes de Iniciativa per Catalunya decidieron hacerse notar con el reparto de unos condones para imponer sexo a la derecha, y Aznar colocando el bolígrafo en el escote de una reportera! Pero, con tanta trascendencia sobre el proceso, cualquiera se permite, en el comentario, un desliz.

t.etxarri@diario-elcorreo.com

Pilar Ruiz, madre de Joseba Pagaza: «Tendrán que firmar con sangre de los asesinados»
VÍCTOR ORTEGA. VITORIA. ABC 21 Octubre 2006

Pilar Ruiz Albisu, madre de Joseba Pagazaurtundúa, asesinado por ETA en 2003, defendió ayer la necesidad de derrotar a la organización terrorista como único medio de lograr un escenario de «paz, libertad y justicia», y advirtió a Zapatero que cualquier acuerdo de fin de violencia que conlleve cesiones a la banda deberá ser firmado «con la sangre de los asesinados».

En relación con la acusación del PP de que los socialistas estaban hablando con ETA cuando asesinaron a su hijo, asumió esta teoría y recordó que ya la expuso el día de la reunión entre Patxi López y Arnaldo Otegi. «Entonces dije que cuando mataron a mi hijo sólo me llamó Zapatero. No me llamó ni Eguiguren ni nadie, y por eso afirmé que me daba cuenta de dónde estaba Eguiguren y por qué no me llamaba».

Ruiz Albisu realizó estas declaraciones después de recibir junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Manuel Ayesa, el Premio a la Convivencia Cívica del Foro de Ermua. El acto de entrega tuvo lugar en Vitoria y contó con la asistencia del diputado general de Álava, Ramón Rabanera; la presidenta del PP vasco, María San Gil; la europarlamentaria socialista Rosa Díez, y el ex secretario general de la Presidencia Javier Zarzalejos. Asimismo, estuvieron presentes víctimas del terrorismo como la hermana de Joseba «Pagaza» y presidenta de la FVT, Maite Pagazaurtundúa, Irene Villa o los padres de Miguel Ángel Blanco, Consuelo y Miguel.

La madre de Joseba Pagazaurtundúa aprovechó la ocasión para realizar un análisis muy crítico del proceso abierto a raíz de la tregua de ETA y acusó directamente al Gobierno de Zapatero de ocultar información a la ciudadanía. Pilar Ruiz admitió que haya quien piense que la derrota de ETA es imposible y que el acuerdo con los terroristas es inevitable, pero consideró «deshonesto que no sean sinceros», y reclamó que «lo digan públicamente».

«Por supuesto que queda muy bonito hablar de paz, llenarse la boca de paz -agregó-, pero si nos llegamos a conformar con una paz sin justicia ni libertad yo creo que sería todo un puro chanchullo». Para Ruiz Albisu una negociación Gobierno-ETA en estos términos haría que los cientos de personas asesinadas sirvan para que la organización terrorista «tenga más fuerza en la mesa de cambio de Estatuto y para la autodeterminación». Y sería además, a su juicio, un ejercicio de deshonestidad para con quienes se jugaron en su día la vida y la perdieron por defender la libertad.

«Fue deshonesto hacer que mi hijo se jugara la vida para lo contrario de lo que él creía. Mi hijo se arriesgó para derrotar a ETA-subrayó-, no para congraciarse con ella».

En este punto, pidió al Gobierno de Zapatero que si la «buena marcha» del «proceso» impide conocer los responsables del asesinato de Joseba Pagazaurtundúa, «no sonrían en Oslo o en Madrid» cuando lleguen a acuerdos con los terroristas. «Y para ser sinceros de verdad, si los de ETA terminan acercándose a sus objetivos, deberían firmar los papeles en las mesas con la propia sangre de los asesinados». «Así que si llegan a firmar, que no sonrían, y si se atreven a sonreír, yo les mandaré mi sangre de madre rota junto con mi maldición», advirtió.

Finalmente, auguró que el Gobierno del PSOE intentará «manejar» a las víctimas del terrorismo mediante la estrategia del palo y la zanahoria. A las víctimas «buenas», explicó, les darán zanahorias y a las víctimas «malas» que digamos que no renunciamos a la justicia y a la libertad, que sería como renunciar a la democracia, nos darán palo y nos dirán que no queremos la paz».

Ya Pilar Ruiz había advertido a Patxi López, cuando ambos coincidieron en Andoain en el acto de homenaje del segundo aniversario del asesinato de Joseba «Pagaza» que «quien pacta con traidores se convierte en un traidor. Espero poder bendecirte por tus actos, Patxi».

Revilla «deplora» que catalanes y vascos «esquilmen la vaca» de los Presupuestos del Estado
ABC 21 Octubre 2006

OVIEDO. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, aseguró ayer que es «deplorable» que cada vez que se tramitan los Presupuestos Generales del Estado «vascos y catalanes esquilman la vaca, y luego no hay quien le saque leche ni para el jato». El jefe del Ejecutivo cántabro abogó además por evitar el «chalaneo» de los últimos días, «con un dinero que es de todos». Revilla -que realizó estas declaraciones en Oviedo, donde asistió como invitado a la ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 2006- se refirió de este modo a los acuerdos alcanzados por el Gobierno de Rodríguez Zapatero con CiU y PNV para que retirasen sus enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, momentos antes de que se votasen en el Congreso el pasado martes.

Respecto a la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará en diciembre, Revilla la calificó como «necesaria y oportuna». Sobre los asuntos a tratar, afirmó que no le «parece mal» la propuesta del PP de incluir la inmigración, «dados los problemas que conlleva la llegada masiva de emigrantes ilegales y la preocupación social que genera».

En declaraciones a Europa Press, Revilla destacó que «desde el principio» ha apoyado esta iniciativa de Rodríguez Zapatero, porque considera «un gran acierto» reunir a los máximos representantes de las comunidades autónomas con el presidente del Gobierno «para analizar los problemas que preocupan a los ciudadanos, a nivel nacional y en los distintos territorios, y consensuar las soluciones más adecuadas». «Las comunidades autónomas son Estado, una parte esencial del Estado, por lo que su voz debe ser escuchada y tenida en cuenta, y creo que la Conferencia de Presidentes es un foro extraordinario para ello», dijo.

Por otro lado, y respecto al anuncio de Rodríguez Zapatero de convocar el debate de las autonomías después de las elecciones autonómicas y municipales de 2007, Revilla considera que la decisión es «acertada», para «evitar que pueda convertirse en un debate partidista y garantizar que cumpla su papel de abordar las preocupaciones y necesidades reales de las comunidades autónomas».

«Pagaza» advierte que la impunidad ideológica es tan nociva como la judicial
B. TORQUEMADA ABC 21 Octubre 2006

MADRID. La contundente intervención de Pío García Escudero ayer en el Senado coincidió ayer con la difusión del último número de la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, en el que la presidenta de esta entidad, Maite Pagazaurtundúa, denuncia en un esclarecedor artículo, una vez más, que la impunidad no supone un riesgo que haya de ser únicamente considerado en el ámbito judicial, sino también en el social, en el de los amigos y encubridores de los terroristas a lo largo de tres décadas de horror y chivatazos. Así, la hermana de Joseba «Pagaza» (a quien García Escudero se refirió ayer, al reprochar al presidente del Gobierno que mientras ETA lo asesinaba el PSE tendía puentes a Batasuna) escribe en esta publicación que «un Estado serio promueve la tolerancia cero para la propagación de las ideas que armaron los cerebros de los asesinos. Esto es, actúa con tolerancia cero para la apología del terrorismo». Una afirmación que entronca con lo que ya manifestó inmediatamente después del «alto el fuego» de ETA: que nadie dejó de ser a partir del 24 de marzo lo que era antes de esa fecha.

Añade después «Pagaza» en su artículo que «una sociedad a la altura de esas víctimas que no se han vengado exige justicia» y aduce que «la impunidad ideológica no es peor cosa que la judicial». «A veces, pensando sólo en que no haya más muertos -argumenta-, podemos olvidarnos de que la impunidad ideológica de los fanáticos termina encadenando a las sociedades en las que se enseñorea».

Pero la postura inequívoca aunque prudente de Maite Pagazaurtundúa en nombre de la FVT (una entidad nacida del pacto antiterrorista que aglutina a todas las asociaciones de víctimas) no interfiere en las movilizaciones que cada colectivo quiera plantear por su cuenta.

«Rebelión cívica» de la AVT
De hecho, la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Francisco José Alcaraz se ha declarado en «rebelión cívica» y ha organizado una batería de movilizaciones con motivo del debate del «proceso» en el Pleno del Parlamento Europeo, una «indignidad», en palabras de Alcaraz, que «exige echarse a la calle cuantas veces sea preciso». Así, el lunes 23 la AVT secundará una concentración en Bruselas contra «esta «internacionalización» que sigue fielmente la agenda establecida por ETA», y el martes ha convocado una concentración ante la sede del Parlamento Europeo en Madrid, en el paseo de la Castellana. Finalmente, el miércoles 25, fecha fijada para la polémica sesión de la Eurocámara, representantes de esta asociación de víctimas estarán en Estrasburgo.

El presidente de la AVT considera «crucial» la convocatoria de Madrid el día 24 y cree muy alentador el hecho de que «desde que hemos llamado a esa «rebelión cívica» nuestra página web ha pasado de una media de 70.000 visitas diarias a momentos «punta» de 280.000». Y otras protestas sucederán a las vinculadas al pleno de la UE: «El 27 nos concentraremos en la Audiencia Nacional», en un llamamiento de rechazo a la actitud del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, y a la «rebaja de penas» del etarra De Juana.

El PP advierte a UPN que no se atisba la «paz», sino «la integración de Navarra en Euskadi»
M. LUISA G. FRANCO ABC 21 Octubre 2006

BILBAO. La rueda de prensa que dio ayer el europarlamentario del PP Carlos Iturgaiz en Bilbao provocó un gran revuelo tanto en el partido «hermano» Unión del Pueblo Navarro (UPN) como en las filas socialistas. Por una parte, Iturgaiz discrepó de la confianza en el «proceso de paz» expresada por su «amigo» el presidente navarro, Miguel Sanz, y, por otra, reveló que el presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, le animó a hablar con Arnaldo Otegi y con Batasuna, «como hacían ellos», cuando ETA estaba asesinando a concejales populares y socialistas. Además, el europarlamentario del PP dijo que varios socialistas le han comentado que no votarán en Estrasburgo a favor del proceso para el final dialogado del terrorismo etarra.

Iturgaiz pretendía hablar sobre el debate que se va a celebrar el próximo miércoles en el Parlamento europeo, pero fue preguntado también por las declaraciones de Sanz en el debate sobre el estado de la Comunidad Foral. El presidente navarro dijo que «se atisban signos de que las pistolas y las bombas pueden dejar paso a la paz y a la libertad» y que existen «indicios esperanzadores de que las personas van a poder expresar sus ideas libremente y trabajar para llevarlas a cabo sin coacciones y sin amenazas de los terroristas».

Iturgaiz respondió en la rueda de prensa «con todo su respeto» a quien calificó como su «amigo», Miguel Sanz, que «ve unos signos que se atisban y yo veo otros signos que se atisban». «Los únicos signos que se atisban en estos momentos son que, si esto sigue así, Navarra será pronto Euskal Herria gracias al señor Zapatero y al PSOE», señaló Iturgaiz, que insistió en que «no veo otros signos, si este proceso sigue en esta línea».

Iturgaiz, que fue presidente del PP vasco hasta finales de 2004, reprochó a los socialistas que se hubieran «echado las manos a la cabeza» por las acusaciones del portavoz popular en el Senado, Pío García Escudero, al presidente Rodríguez Zapatero por consentir el diálogo con Batasuna cuando ETA asesinó al socialista Joseba Pagazaurtundúa. «Cuando yo era presidente del PP vasco, en una comida en Vitoria, Eguiguren me decía que por qué no hablaba con Otegi y Batasuna, como hacían ellos, y estaban matando a concejales del PSOE y del PP», dijo.

Ayer, el portavoz de los socialistas en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, acusó al europarlamentario del PP de mentir, a lo que Iturgaiz respondió retando, a través de ABC, a Pastor a averiguar el contenido de la comida en la que además de Iturgaiz y Eguiguren había otro dirigente del PP y otro del PSE, de forma que si él había mentido abandonaría el Parlamento europeo y conminaba a Pastor a hacer lo propio del Parlamento vasco.

Pero esa no fue la única acusación de Iturgaiz que molestó al PSOE, ya que el europarlamentario del PP dijo que en el debate en la Cámara de Estrasburgo habrá parlamentarios socialistas, y no sólo Rosa Díez, que no votarán la resolución presentada por el PSOE en apoyo al final dialogado de ETA. Además, comentó que eurodiputados del PSOE se han dirigido a miembros del PP para comunicarles que no comparten la resolución del Grupo Socialista y que están «obligados a votar a favor porque, si no, les echan del partido».

El Foro Ermua premia a Ayesa y a la madre de Pagazaurtundua
El Correo 21 Octubre 2006

Pilar Ruiz Albisu, madre del militante del PSE asesinado por ETA Joseba Pagazaurtundua, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José María Ayesa, recibieron ayer el premio a la Convivencia Cívica del Foro Ermua. Preguntada por las acusaciones del PP en el sentido de que José Luis Rodríguez Zapatero consintió que el PSE negociara con Batasuna mientras ETA asesinaba a 'Pagaza', Ruiz señaló: «ahora me doy cuenta de dónde estaba Eguiguren y por qué no me llamó» tras el atentado.

El «carné por puntos» de CiU cosecha la condena unánime de rivales e inmigrantes
Piqué (PP) califica la iniciativa de «frivolidad política» y Montilla (PSC) la tacha de «publicitaria»
Montse Espanyol La Razon 21 Octubre 2006

barcelona- Nada más empezar la campaña electoral, el candidato de CiU a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, avisó de que ya no es «ese chiquillo al que Jordi Pujol puso ahí delante por enchufe». Para demostrar que esto es un hecho y no sólo palabras, Mas lanzó anteayer una propuesta en materia de inmigración que innova las iniciativas de su antecesor. Pujol decía que «es catalán, quien vive, trabaja en Cataluña y quiere ser catalán»... y Mas añadió que es catalán quien además tiene puntos.

El nacionalista propuso crear el carné del buen inmigrante, a través del cual éstos irán acumulando puntos a medida que vayan dando muestras de integración. Estos puntos son el peaje que los inmigrantes tendrán que pagar para acceder a servicios sociales, sin contar la sanidad y la educación, que son servicios básicos a los que el inmigrante tiene acceso sin necesidad de tener papeles. La propuesta de Mas acaparó ayer las portadas de los periódicos y la retahíla de reproches que los políticos se lanzan en tiempos de campaña. Incluso los socialistas, que en un principio no quisieron entrar en este juego para no dar publicidad a los de CiU, se animaron a criticar la propuesta de Mas.

José Montilla acusó al líder convergente de «dividir» y «crear problemas» con esta propuesta que calificó de «publicitaria». Para el candidato socialista, la iniciativa de CiU «es absolutamente ridícula» y destinada «exclusivamente a la galería, a distraer el personal y al consumo mediático», a su entender para nada porque «no aborda el problema de la inmigración». Por todo esto, Montilla emplazó a Mas a que en un futuro haga propuestas que «solucionen problemas, no que los generen».

De la originalidad al disparate
Aprovechando que se le había preguntado sobre la propuesta de CiU, Montilla habló de la suya. El socialista aboga por «favorecer la integración de la inmigración legal, de la que paga sus impuestos, que trabaja, que tiene voluntad de integrarse y de conocer nuestra cultura y costumbres, algo que no se hace mediante un carné por puntos».

Más contundente fue el candidato del PP, Josep Piqué, con la propuesta de Mas, que calificó de «disparate» y «frivolidad política». Piqué consideró el «carné del buen inmigrante» una «tomadura de pelo» y el reflejo de una cierta filosofía política en la que «al final siempre se acaba distinguiendo entre catalanes de primera y catalanes de segunda». Tras la ola de críticas que ha levantado esta iniciativa, Piqué emplazó a Mas a retirarla. En su opinión, lo que ha pretendido CiU con este planteamiento es ser «original», pero lo que han conseguido es presentar «un enorme disparate».

La iniciativa de CiU también provocó duras críticas entre los inmigrantes. El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime), Kamal Ramouhni, la consideró «disparatada y racista» por «utilizar» a este colectivo «como mercancía electoral», mientras que para Raúl Jiménez, portavoz de la Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui, el carné es una medida «absurda, discriminatoria y demagógica».

Pero Mas no hizo caso a ninguno de los consejos que lanzaron sus contrincantes. Defendió su propuesta e invitó al resto de candidatos a que «tengan ideas y no se dediquen sólo a criticar las iniciativas de CiU».

INFORME DEL ÁCIDO BÓRICO
La juez Gallego mantiene imputado a Francisco Ramírez, jefe de los peritos del 11-M
La Abogacía del Estado solicita la nulidad de las actuaciones de la juez Gallego
EFE El Mundo  21 Octubre 2006

MADRID.- La titular del Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, Gemma Gallego, mantiene la imputación de Francisco Ramírez, el jefe de los tres peritos policiales que elaboraron un informe en el que se relacionaba a ETA y el 11-M , por un delito de falsedad documental en relación con el citado dictámen, tras tomarle declaración esta mañana.

Según informaron fuentes jurídicas, Gallego no ha dictado "ningún auto nuevo", por lo que se mantiene la imputación de Ramírez, jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica, por un delito de falsedad documental en relación con un informe pericial sobre el ácido bórico hallado en la casa de Hassan El Haski, uno de los procesados por los atentados de Madrid.

Ramírez, que estaba citado a las diez de la mañana, llegó a primera hora a los juzgados de Plaza de Castilla para evitar encontrase con los medios de comunicación y, tras permanecer casi tres horas en el despacho de la juez, salió escoltado por varios compañeros -que habían acudido para mostrarle su apoyo- y guardias jurados.

El jefe de sección de la Unidad de Análisis de la Policía Científica declaró en la causa que la juez Gallego tiene abierta a raíz de las denuncias que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la plataforma España y Libertad presentaron contra él y otros tres superiores de los peritos, a los que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó un delito de falsedad.

Según las citadas fuentes, los otros tres mandos policiales, el ex comisario general de Información Telesforo Rubio, el comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, y el jefe de la Unidad Central de Analítica de la Policía Científica José Andradas, declararán presumiblemente como imputados, puesto que también están "denunciados" y es un "trámite procesal".

En la declaración sólo estuvieron presentes la representante del ministerio público y el abogado de Ramírez, ya que al estar secretas las diligencias las demás partes interesadas no pueden asistir al interrogatorio, en el que, según señalaron las fuentes, la magistrada realizó "preguntas nuevas" al imputado.

Sin embargo, la Abogacía del Estado solicitó la nulidad de las actuaciones practicadas por la juez Gallego al entendre "que no hay razón para declarar secreta la declaración de hoy ni el secreto de las actuaciones, puesto que las actuaciones que se están practicando no afectan a la investigación, y el secreto declarado únicamente tiene por objeto la comodidad del Juzgado".

Fuentes de la Abogacía del Estado explicaron que, aunque las diligencias estén declaradas secretas, los servicios jurídicos del Estado deben ser considerados como representantes de estos últimos. En este caso, Francisco Ramírez es un funcionario policial y, como tal, la Abogacía del Estado le representa igual que al resto de las personas que pertenecen a la Administración.

Garzón avaló su actuación
Esta comparecencia se produce después de que Garzón, que imputó [VER AUTO] por falsedad a los tres subordinados de Ramírez, concluyera que éste, al rechazar un informe de los anteriores en el que se incluían unas observaciones que relacionaban el 11-M y ETA y designarse a sí mismo para elaborar un nuevo dictamen, "estaba dentro de sus competencias como jefe de sección".

El magistrado insistió sobre este punto en el auto en el que acordó inhibirse de la investigación sobre la supuesta falsedad del informe en favor de los Juzgados de Madrid, en el que avaló la actuación de los superiores de los tres peritos, que el 21 de marzo de 2005 rechazaron su informe y al día siguiente entregaron al juez que investigaba el 11-M otro sin las citadas observaciones.

Las diligencias seguidas en la Audiencia Nacional fueron enviadas por Garzón al Juzgado Decano de los de Madrid, que decidió remitirlas a la juez Gallego, que ya investigaba las denuncias contra los superiores de los tres peritos.

La juez, candidata por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tomó declaración el pasado día 6 a dos de los peritos -Manuel Escribano e Isabel López Cidad- y suspendió la del tercero -Pedro Manrique-, prevista para tres días más tarde, para estudiar la documentación remitida por Garzón.

Esta misma semana han comenzado los trámites para resolver el recurso que los peritos interpusieron contra el auto en el que Garzón les imputó un delito de falsedad, sobre el que la Fiscalía de Madrid, según precisaron las fuentes, aún no se ha pronunciado.

Por su parte, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M se ha adherido al recurso de los peritos y ha presentado un escrito en el juzgado de instrucción número 35 en el que solicita la nulidad de las actuaciones de Garzón y el sobreseimiento de los imputados, según un comunicado. Además, solicitan que la declaración de Santano se realice en calidad de imputado

Trece entre Mil
20.10.06 @ 10:35:10. Archivado en Sociedad civil José A. Zarzalejos Buesa PD
Iñaki Arteta ha presentado en el festival de cine de Roma el documental Trece entre Mil, en el que rescata del olvido 13 historias de víctimas del terrorismo de ETA. Cuando uno ve un trabajo como éste, se acuerda, por contraste, de otras producciones infames en las que víctimas, verdugos y cómplices se muestran en planos de igualdad.

Trece entre mil es un homenaje a todas las víctimas de ETA, un homenaje que recuerda aquellas historias vistas a través de los ojos de quienes más sufrieron. Padres sólos, viudas olvidadas, huérfanos marginados en un ambiente hostil... Trece historias, entre las que hay algunas muy conocidas, como la de Ramón Bagietto, asesinado por un etarra al que el propio Baglietto salvó la vida dieciocho años antes.

Arteta deja hablar a las víctimas, y con ello, el nacionalismo vasco moderado queda en muchos casos retratado como un cómplice de aquéllos atentados, ignorando el dolor de las víctimas con su asqueroso y cobarde silencio. Pero lo mejor será que ustedes vean el documental, y seguro que sus impresiones finales no serán muy distintas a las mías.
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