AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 29 Octubre  2006
Perdidos en la ruta equivocada
Ignacio Cosidó Libertad Digital 29 Octubre 2006

La negociación política con una banda terrorista, que es en definitiva lo que se propone Rodríguez Zapatero por mucho que pretenda ocultarlo, no es sólo un error político, sino que constituye un error moral, como ha recordado oportunamente la Iglesia católica española esta semana. La negociación con ETA es un error político porque dilapida una oportunidad histórica para haber derrotado definitivamente al terrorismo, sin que la sociedad española deba pagar precios políticos añadidos al sufrimiento que ha acumulado tras décadas de amenazas, secuestros y asesinatos. Es además un error moral porque permite que una minoría violenta y criminal imponga su voluntad sobre una mayoría pacífica y democrática, creando así un peligroso antecedente.

Pero más allá del error de fondo que supone negociar políticamente con los terroristas, Rodríguez Zapatero está cometiendo numerosos errores de procedimiento que colocan al Gobierno en una posición de inadmisible debilidad ante la hipotética mesa de negociación con los terroristas. La sensación cada vez más extendida es que el Gobierno carece en realidad de una hoja de ruta preestablecida para abordar el proceso, que la improvisación es la norma general de la negociación y que las cesiones siempre vienen del lado gubernamental, frente a la intransigencia e incluso la chulería de la que hacen gala los terroristas.

El primer error de procedimiento, y probablemente el más grave, ha sido embarcarse en este proceso de negociación con los terroristas sin contar con el imprescindible consenso político y social para poder abordar tan arriesgada empresa. Es verdad que si para el principal partido de la oposición la negociación con los terroristas constituye en sí misma un error, hubiera sido casi imposible haber contado con la complicidad del Partido Popular en semejante aventura. Pero si ese consenso no sólo político, sino del colectivo mayoritario de victimas del terrorismo, de un buen número de medios de comunicación y de otros varios colectivos sociales no era posible, entonces el Gobierno debería haber renunciado a emprender esta peligrosa apuesta. El problema es que el presidente del Gobierno ha convertido su denominado proceso de paz en un arma arrojadiza contra la oposición política, acusándola de antipatriota, de antidemocrática e incluso de no desear el fin del terrorismo.

Tampoco ha logrado el Gobierno un apoyo unánime de la comunidad internacional y muy especialmente de la Unión Europea, como la agónica resolución adoptada por el Parlamento Europeo esta semana se ha encargado de visualizar. Más allá del principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado, máxime si se trata de un país socio y aliado, el entusiasmo que ha recibido el proceso iniciado por Rodriguez Zapatero ha sido mucho menor del que obtuvo la iniciativa británica para Irlanda del Norte. Esto es aplicable no sólo para Europa, sino también para el caso de Estados Unidos.

Un segundo error táctico cometido por Zapatero es haber situado siempre las expectativas por delante de los hechos. La declaración de tregua por parte de ETA fue anunciada en numerosas ocasiones por el Gobierno antes de que lo hicieran los propios terroristas. La interpretación que hizo el Gobierno de ese anuncio, creyendo que ETA renunciaba no solo a cometer atentados mortales sino a cualquier tipo de actividad terrorista incluyendo la extorsión y las labores de aprovisionamiento, ha resultado también falsa. Las declaraciones y filtraciones del Gobierno sobre la buena marcha del proceso, negando la evidencia de la Kale Borroka, de las amenazas de reversión del alto el fuego y de las cartas de extorsión, han mantenido unas expectativas de paz en la sociedad española que tienen un alto interés electoral para el PSOE, pero que pueden resultar devastadoras si se ven frustradas. Todo ello ha provocado que Zapatero sea hoy rehén de sus propias expectativas y que muestre una enorme vulnerabilidad política frente a la determinación totalitaria de los terrositas.

Un tercer error en el desarrollo del proceso es la total opacidad y secretismo en el que el Gobierno lo ha envuelto, en contra de su compromiso inicial de mantener informado al Parlamento. Para los votantes socialistas este puede ser un mal menor, pero para el resto de los ciudadanos el secretismo del presidente aumenta la desconfianza y la sospecha de que en realidad se puede estar negociando algo difícilmente confesable. Las filtraciones interesadas a medios de comunicación afines, en ocasiones con un claro afán manipulador, nada contribuyen a calmar esa ansiedad, sino más bien todo lo contrario.

En todo caso, si mala es la falta de transparencia en el proceso, lo que resulta inadmisible es la mentira. Resulta inaudito que el Gobierno negara en repetidas ocasiones la existencia de contactos con la banda terrorista previamente a la declaración de tregua, cuando esos contactos no sólo han sido desvelados con pelos y señales por sus protagonistas con posterioridad, sino que ha quedado patente también el conocimiento y la implicación del presidente del Gobierno en los mismos. Lo único que queda por averiguar son los compromisos a los que el Gobierno llegó con los terroristas a cambio de esa declaración de tregua, unos compromisos que el Gobierno sigue negando sistemáticamente, pero que son cada vez más fáciles de deducir.

Hay además una constante improvisación. Según la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados para autorizar la negociación con ETA, el abandono de toda acción violenta era un requerimiento previo para el inicio de cualquier diálogo con la banda terrorista. Por el contrario, los anuncios de apertura de negociación por el presidente del Gobierno se han producido precisamente cuando más arreciaba el terrorismo callejero. El diseño inicial del presidente del Gobierno era además que primero la paz y luego la política, es decir, que mientras no hubiera un acuerdo en la denominada “mesa técnica” para la desactivación de ETA no podría constituirse la “mesa política” en la que sentar a todos los partidos para lograr la pretendida “normalización del País Vasco”. Ahora el proceso es inverso, primero se constituirá la mesa política y solo en función de los avances obtenidos por Batasuna en la misma, ETA accederá a entablar conversiones con el Gobierno. Es evidente que en este caso el orden de los factores si altera el producto, porque este cambio significa el reconocimiento de que se está dispuesto a pagar un precio político para que ETA desaparezca.

El objetivo común de todos los demócratas es que ETA desaparezca definitivamente. Pero el proceso preñado de errores en el que temerariamente se ha embarcado el presidente del Gobierno parece que conduce justo a lo contrario: que ETA se perpetúe como garante de este proceso largo, duro y difícil; que los demócratas debamos pagar un elevado precio político si queremos que los terroristas no vuelvan a utilizar sus armas para asesinar inocentes y que la sociedad española deba asumir el enorme error moral de claudicar ante el terror.         Ignacio Cosidó es senador del PP por Palencia.

La regeneración de España
Por Gracián ABC 29 Octubre 2006

Si queremos que España viva, y viva bien, en paz y en progreso, los españoles debemos aplicar nuestra prudencia (esa prudencia para construir comunidades políticas que Aristóteles llamaba «prudencia arquitectónica») para organizar nuestro proyecto en común de forma lógica, coherente y estable. Y todo está ya inventado, el único camino es establecer un buen sistema de leyes, que permita que la comunidad política goce de buena salud. La causa del mal actual está clara, radica en una mala planificación del Estado con Autonomías y, sobre todo, en una construcción muy deficiente, construcción que además no acabamos de terminar nunca. Pues bien, detectado el mal, estamos a tiempo: derribemos lo que está mal hecho y construyamos bien. Ese es el camino para regenerar España. ¿Cómo construir bien? Una Comunidad de hombres libres que, no obstante, se halla bajo leyes comunes, únicamente puede erigirse o modificarse, por eso que Kant y Rousseau llamaban la «voluntad popular», de la que habla la Constitución española.

Está claro que en democracia la causa eficiente del cuerpo político somos todos los que lo componemos. Y dado que cuarenta millones de personas no podemos reunirnos en la plaza pública, y votar juntos, necesitamos diputar en hombres políticos la representación del pueblo español, que de esta forma queda representado por las Cortes Generales. En consecuencia, el artífice del Estado somos todos, juntos, no cada comunidad parcial (autónoma) por su cuenta, haciendo un estatuto que, afectando al todo, no está construido por todos. La primera conclusión parece obvia: lo democrático es que la construcción del Estado de las Autonomías la hagamos todos los españoles a través de las Cortes, no cada comunidad autónoma por su cuenta y riesgo.

Construcción que requiere un gran pacto. No un simple acuerdo entre partidos políticos, sino un gran pacto de Estado en el que participen todos los españoles. El pacto social era una mera idea de la razón para Kant, pero para Rousseau y para Locke hay muchos ejemplos históricos que muestran que los estados de guerra, confusión o imperio de la fuerza, se han sustituido por Comunidades políticas en las que manda la ley, precisamente mediante un Acuerdo común o Pacto social. Locke se refiere a Roma, Venecia y Perú y, sin ir más lejos, Estados Unidos comenzó existiendo como confederación, hasta que los delegados de 13 Estados acordaron establecer un Estado Federal. Es lógico, por tanto, pensar que la modificación del Estado español debe hacerse mediante un gran pacto o acuerdo entre los españoles.

El gran problema radica en los intereses creados. La situación actual tiene unas fuertes barreras de salida y encauzarla requerirá vencer lo que Friedman ha llamado la tiranía del statu quo, haciendo referencia a grupos con clientelismo político que se oponen al cambio. Al estar ahora beneficiados, se oponen al interés general. Hay un «triángulo de hierro», dice, compuesto por políticos interesados, burócratas que gastan lo de todos, y beneficiarios directos de la situación, que lógicamente no quieren que ésta cambie (Tyranny of the Status Quo, 1983). Aunque hoy se habla mucho de solidaridad, no es fácil levantar la mirada de lo particular y pensar en el fin de la comunidad española como un todo. Pero si lo intentamos, si anteponemos el interés de España al de sus comunidades particulares, lógicamente concluiremos que el «cuerpo político» España debe intervenir en lo que afecta a todos los españoles, dado que es una comunidad de vida entre personas libres e iguales.

Esta reconstrucción supondrá, con toda probabilidad, que el Estado tendrá que avocar o volver a asumir determinadas materias que ahora, dada la vía confederal que se está desarrollando, están en manos de las comunidades autónomas. En democracia, lo que afecta al interés del todo debe estar en manos del todo: asuntos exteriores, delitos, unidad económica y social, tributos estatales, justicia... Y, en especial, la enseñanza en lo que se refiere a la historia común, al régimen común y al fin común, ya que nada puede ser aprendido si no se enseña, y las partes no se ocupan de enseñar lo que corresponde a la totalidad. Esa es la razón por la que la Constitución de la República Federal de Alemania establece que «el sistema escolar, en su totalidad, está sometido a la supervisión del Estado». Si aquí no se hace así, ¿qué idea de convivencia común van a tener unos jóvenes a los que no se les habla de España?

Lo que se busca con la regeneración de España es la convivencia libre y civilizada entre todos los españoles, y conseguirla está en función de este término medio: por una parte, el gran pacto social deberá dar a cada uno lo suyo, lo que incluye dar realmente a cada comunidad autónoma lo que le corresponde, ya que sin justicia no hay paz permanente. Su lengua, su cultura, su propio modo de ver las cosas, es un patrimonio común que todos deberíamos querer y preservar. Y, por otro lado, ese gran pacto debería dar una solución definitiva, permanente y duradera en el tiempo, cerrando así la cuestión del modelo territorial, y las eternas disputas acerca de lo tuyo-mío entre las partes de España.

Unas leyes sabias son el regalo más valioso que podemos dejar a las generaciones futuras. Y nosotros, cabe decir con Aristóteles, gracias a ellas no permitiremos que nos mande un hombre ni una comunidad autónoma particular, sino la razón, porque el hombre o la comunidad mandan en interés propio, y así se convierten en tirano; mientras que la razón sin deseo atiende a la justicia política o total, que es la que establece la igualdad en toda España, no simplemente en uno de sus miembros. Sólo regenerando España podremos tener una comunidad de vida entre ciudadanos libres e iguales. Esto es, una auténtica Nación española.

Colectivo que reúne a 60 intelectuales y profesores de reconocido prestigio

Estatuto de Andalucía: discrepo
Jaime Ignacio del Burgo Libertad Digital 29 Octubre 2006

Leo el 28 de octubre de 2006, a las 22 horas, el siguiente titular de LIBERTAD DIGITAL: "Rajoy cree que con el Estatuto andaluz basado en el Manifiesto separatista de 1919 "se ha puesto orden, razón y Constitución".

Lamento no estar de acuerdo con este titular que mezcla opinión con información. La información es lo dicho por Rajoy. La opinión es decir que el Estatuto andaluz está "basado" en el "Manifiesto separatista de 1919".

No comparto la opinión expresada en el titular porque, dicho con mi mayor afecto, no se ajusta a la verdad. El Manifiesto de 1919 no es separatista. La frase destacada en negrita por LIBERTAD DIGITAL ("Declarémonos separatistas de este Estado que, con relación a individuos y pueblos, conculca sin freno los fueros de justicia y del interés y, sobre todo, los sagrados fueros de la libertad; de ese Estado que nos descalifica ante nuestra propia conciencia y ante la conciencia de los pueblos extranjeros"), no es ningún alegato separatista. Los redactores del Manifiesto no tenían la menor intención de romper España sino querían "separarse" del Estado centralista, caciquil, y corrupto en el que había desembocado la Restauración. Además soñaban con un poder andaluz para poder remediar las grandes injusticias sociales que padecía en aquella época Andalucía.

El Manifiesto, además, se produce en un momento en el que en España había una eclosión del espíritu regionalista en el que confluían gentes de la más diversa procedencia ideológica. El Gobierno quiso encauzar el proceso y promovió un proyecto autonomista que no llegó a buen fin por la gravísima inestabilidad política y social en que estaba sumida España. Los andalucistas del 19 hubieran votado sin duda una Constitución como la de 1978 y no hubieran podido imaginar que gracias a ella y al desarrollo estatutario emergería un poder andaluz que para bien o para mal se ocupa de gestionar los intereses propios de Andalucía, sin perjuicio de su inserción en la nación española y por tanto de respetar el papel del Estado como garante de la libertad y de la igualdad básica de todos los ciudadanos españoles y de la solidaridad entre todos los pueblos que integran España.

Por consiguiente, por tratar de erradicar el Estado centralista no se puede tildar de separatistas a los autores de un manifiesto que concluye con esta invocación: "Por Andalucía, por España, por la Humanidad". Es cierto que abogaban por los Estados Unidos de España pero ello no significaba privarla de su carácter nacional pues ponían como modelo a países federales como los Estados Unidos de América, Alemania y Suiza, que tienen una fuerte conciencia nacional. Por aquel entonces los carlistas abogaban por una monarquía federal. Hay federalistas en España que se sienten hondamente españoles y que no son separatistas por propugnar un modelo federal. En mi opinión, el federalismo tiene el riesgo de que los nacionalismos periféricos pretendan fraccionar la soberanía nacional. Pero quede claro que es un grave error identificar la nación -España- con una forma determinada de Estado.

Finalmente, discrepo de otra afirmación del titular. El Estatuto andaluz está "basado" en el Manifiesto de 1919, al que únicamente se cita de pasada dentro de un preámbulo de carácter historicista. Lo determinante del preámbulo es que todo ese proceso histórico culminó en 1978 con la aceptación sin rservas de una Constitución que permitió convertir a Andalucía en una nacionalidad histórica, de acuerdo en todo con la Constitución de 1978, y en el marco de la unidad indisoluble de la nación española. Y es cierto que la Comunidad Autónoma andaluza tiene una singularidad en su devenir histórico: que fue el pueblo andaluz el que decidió incorporarse a las comunidades del máximo rango competencial desde el primer momento, superando la carrera de obstáculos del artículo 151 de la Constitución. La UCD se opuso a la legítima aspiración constitucional y estutaria del pueblo de Andalucía convencida de que el Estado podía quedar desbordado por la proliferación de procesos similares en el resto de España. La UCD actuó de acuerdo con lo que le dictaba su "sentido de Estado"., sin escuchar a voces como Soledad Becerril que advirtieron lo que iba a ocurrir. Fue un error muy caro. Andalucía fue el principio del fin de la UCD.

Vuelvo a repetir lo que dije desde el primer día. No podemos convertir en una derrota del Partido Popular lo que ha sido una gran victoria. Si no hubiera habido acuerdo y el Estatuto se aprobara como vino del Parlamento nos encontraríamos con otro texto en buena medida inconstitucional que reforzaría además la pretensión catalanista de convertir a España por la vía de los Estatutos en un Estado plurinacional. Por otra parte, un referéndum en confrontación sólo hubiera conducido a partir en dos a los andaluces cuando tanto la Constitución como los Estatutos han de ser instrumentos para reforzar la convivencia y no para ahondar en el confrontamiento y la división. Salvo el Estatuto catalán, lo cierto es que hasta ahora todos los Estatutos reformados o pendientes de reforma lo están siendo por consenso entre los dos grandes partidos. >Se demuestra que el camino del consenso cuando se trata de reformar la Constitución o los Estatutos es el adecuado. Y eso es bueno para fortalecer España y no para debilitarla.

Por último, creo que los negociadores del Partido Popular -Javier Arenas, Antonio Sanz, Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo- han realizado un buen trabajo y deben ser merecedores de nuestro reconocimiento. Al menos tienen el mío.

Jaime Ignacio del Burgo es diputado por Navarra. Representa a UPN en el Comité Nacional del PP

El corto "órgano" de Vicente Ripa ya duele a Fernando Puras
Pascual Tamburri elsemanaldigital 29 Octubre 2006

Esta cosa de los órganos la empezó Javier Otano, el socialista que presidió Navarra entre 1995 y 1996 con un Tripartito trufado de abertzales y salió por la puerta de atrás con una cuenta en Suiza. Que le pregunten los detalles a Juan Cruz Alli, que entonces, como ahora, estaba con quien mandaba. A Otano le cortaron el órgano de raíz, y fue una suerte porque la primera tregua-trampa nos cogió vacunados.

El ABC nos ha informado sin desmentidos de que PSE, PNV y Batasuna ya se han puesto de acuerdo en formar un órgano común permanente entre Navarra y el País Vasco, reliquia de la Dieta de Euskal Herria y anticipo de la entrega de Navarra. Y ese acuerdo ha sido confirmado por el secretario general del PSE, Patxi López.

¿Y los socialistas navarros? En pleno enamoramiento con las encuestas, rindiendo homenaje al órgano de quien lleva aquí los pantalones, que es ETA. Eusko Alkartasuna acaba de interpelar al Gobierno de Navarra sobre el órgano en cuestión, y aunque Miguel Sanz se ha negado a tratar el asunto porque UPN ve en él un paso hacia la rendición, el PSN lo tiene en su agenda.

Para el Delegado del Gobierno y ex diputado del PSOE, Vicente Ripa, el órgano "es de lo más oportuno e interesante". Claro, el órgano sirve para unir, quién lo duda, y "todo lo que sea establecer vínculos de unión, me parece positivo". Benditos sean Dios y la coral de Miranda de Arga.

Esta cuestión del órgano la ven clara la derecha, el centro, la izquierda, los nacionalistas y los no nacionalistas. No hay muchas dudas sobre su utilidad y las razones de que haya reaparecido antes de las elecciones y con el Gobierno de Zapatero sumiso a cualquier cosa que suene a paz. Paz por territorios, como en el fallido "proceso" palestino; sólo que allí había una guerra, ya se ha visto el éxito de la fórmula y, además, en nuestro caso el territorio pagado a través del órgano es la Navarra en la que vivimos.

Tal vez por eso el único que no lo ve claro es el candidato del PSN a la presidencia del Gobierno foral, Fernando Puras, que no termina de apoyarse en el órgano de López y Ripa. Claro, el adjetivo "permanente" se ha ido cayendo por el camino, quizás porque el órgano de Ripa sea corto, breve, transitorio hacia la entrega total de la Comunidad. Ese órgano escuece a Puras, que teme los resultados electorales de la cosa. Pero está claro a quién apoya Zapatero.

Así las cosas, entre órganos y miembros, yo no atisbo ningún signo real de que las pistolas y las bombas puedan dejar paso a la paz y a la libertad, porque ETA no ha cambiado ni de naturaleza ni de objetivos, y no veo ningún indicio esperanzador de libertad de expresión, de libertad política ni de fin de la amenaza terrorista, porque el terror sólo terminará con la victoria etarra o con su derrota policial total. Navarra no es España porque lo diga la Constitución o lo deje de decir el Amejoramiento, ni esa naturaleza podrá ser cambiada por un órgano corto o largo, ni por una votación dura o fláccida. El órgano que une a Ripa y Puras sí despierta muchas esperanzas, pero es por la confianza en que quienes apoyan semejante proceso y quienes de un modo u otro están dispuestos a rendirse a él serán barridos políticamente por el pueblo navarro más pronto que tarde.

TEMERARIO Y BANAL
Por José Antonio Zarzalejos ABC29 Octubre 2006

La audacia es en política una inmejorable y necesaria virtud siempre y cuando no resulte temeraria entendiendo por tal -al menos en este caso- la que refiere la tercera acepción del diccionario de la Real Academia según la cual incurre en temeridad aquel que «dice, hace o piensa sin fundamento, razón o motivo». Hasta ahora, el arrojo del presidente del Gobierno -traducido en sus políticas radicales-parecía estar confiriéndole una aureola de dirigente inédito y referencial, pero a medida que sus apuestas han dejado ver el endeble entramado intelectual e ideológico en el que se sustentaban -apenas sin cálculo de consecuencias-, Rodríguez Zapatero comienza a ser percibido de modo diferente y, en todo caso, preocupado.

Es comprobable que sus iniciativas políticas, a partir de un determinado desarrollo, se adentran en fases finales descontroladas. Le ha ocurrido al Gobierno -salvo en materia económica- en todos los demás asuntos: su política de inmigración, después de una precipitada regularización, ampliamente criticada por la Unión Europea, recibe el mayor de los rechazos de los ciudadanos como lo atestigua la última encuesta del CIS. Por otra parte, el miércoles próximo, el PSC, con Montilla a la cabeza, perderá las elecciones catalanas en las que vencerá CiU, después de haber propiciado el Ejecutivo y el PSOE un Estatuto de Autonomía -impugnado ante el Tribunal Constitucional por el PP, el Defensor del Pueblo y varias comunidades autónomas- que, además de romper el modelo constitucional, recabó menos apoyos que el anterior y que ha servido para provocar en Cataluña la mayor crisis del socialismo en los últimos veinte años.

No le ha resultado mejor al presidente su política exterior, sea en la UE, sea en Iberoamérica, en donde el fracaso ha significado el torpe acercamiento a los regímenes populistas de Venezuela y Bolivia y la contemporización con la dictadura en Cuba. En este orden de cosas no se puede dejar de subrayar el contencioso entre el Gobierno y la Comisión Europea en torno a la OPA sobre Endesa que, además, ha congelado -de nuevo- las relaciones con Alemania sin haber recuperado las que mantenemos con los Estados Unidos y las estrepitosamente indiferentes con las que nos distinguen nuestros dos vecinos: el del norte -Francia- y el del sur -Marruecos-. Es mejor no hablar de la radical contradicción con la que se conduce el Ejecutivo con el Ejército en misiones en el extranjero; baste decir que nunca como ahora tuvimos más soldados desplazados a zonas en situación bélica después de retirarnos precipitada e indecorosamente de Irak.

La imprevisión ha causado ridículos mortificantes que lesionan gravemente al PSOE -me refiero al fiasco de Bono como fantasmal candidato a la Alcaldía de Madrid y el gesto prepotente de imponer en sustitución del manchego a Miguel Sebastián, asesor presidencial ignoto en el partido- ofreciendo una imagen caudillista inédita en Rodríguez Zapatero que debe enfrentarse, de nuevo, a graves casos de corrupción -otra vez asoma la corrupción- que conciernen directamente a su partido en mucha mayor medida que a otros. No sigo con el elenco de cuestiones en las que la audacia presidencial y gubernamental ha resultado ser temeraria y responder más a la ignorancia que al arrojo pionero de una política con ideas renovadas.

Sin embargo, nada más grave -porque enfrenta irreconciliablemente- que la conducción imprudente y distorsionada del llamado proceso de paz con la banda terrorista y las increíbles palabras de Rodríguez Zapatero en Soria, el viernes pasado, ofreciendo cobertura dialéctica a De Juana Chaos, uno de los criminales más acreditados de ETA. Palabras que, a más de innecesarias, establecen una distancia abismal entre la sensibilidad moral general y la del presidente del Gobierno. Unas declaraciones erróneas que demostrarían que el mal se banaliza en las conciencias triviales. Y no es una conciencia trivial lo que se espera aliente a un presidente del Gobierno de España. Le pasarán, sospecho, una gruesa factura política y serán difíciles de olvidar.

La quiebra del Parlamento Europeo -una victoria pírrica para el Gobierno y plena para ETA- con una inútil resolución de, igualmente, estéril apoyo al Gobierno en su interlocución con la organización criminal, ha sido mucho peor que un error; ha sido una estupidez porque ha debilitado al Gabinete; ha alejado al Partido Popular, más aún; ha agraviado a las víctimas y ha propiciado la injerencia de la Unión Europea en un asunto que debe manejarse en el contexto estricto de la soberanía nacional. La ignorancia -¿quién asesora al presidente?- sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia -o sea, el poder judicial, uno de los tres del Estado, no sometido a ninguno de los otros dos- vuelve a remitir a la temeridad del Gobierno en este asunto porque el Tribunal Supremo -en ejecución de la sentencia de ilegalización de Batasuna- y la Audiencia Nacional -confirmando el procesamiento, otro más, de Otegi y demás miembros del ilegal partido- pusieron prólogo a una sesión parlamentaria en Estrasburgo que tuvo que votar -ante la abstrusa pertinacia socialista- a las pocas horas de la comisión de dos delitos terroristas de gran magnitud: el secuestro de personas y el robo posterior de más de tres centenares de armas cortas en una localidad francesa.

Desde que ETA declarase en marzo pasado un «alto el fuego permanente» con el propósito de entablar una negociación política, el Gobierno no ha hecho otra cosa que perder terreno ante la banda y su partido. La negativa de un fiscal a aceptar la instrucción de su superior para rebajar las penas de un terrorista como De Juana Chaos -delatadora sintonía de criterios entre el Fiscal General y el presidente- cierra el círculo aciago para el Gobierno que ha dejado jirones de credibilidad dentro y fuera de España, a tal punto que queda políticamente inhabilitado para continuar sosteniendo un «proceso» sobre el que ha perdido -como en otros tantos asuntos, aunque éste sea el más grave- el control de la situación.

Si las «consecuencias» del desafío de la banda criminal -anunciadas enfáticamente por el presidente del Gobierno y que dice no desvelará- no son inmediatas y conocidas, Rodríguez Zapatero cruzará un peligroso umbral, como ya hizo en Soria el viernes, no ya político, sino ético y social con un potencial conflictivo en la ciudadanía española que hasta su tozudez debe permitirle intuir. La consecuencia del órdago de los delincuentes debería ser sólo una: el «proceso» con ETA tiene que concluir para regresar al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo; para reconocer que los criminales no han dejado de serlo, y no tienen intención de dejar las armas salvo que paguemos por ello, y para reintegrar al Estado de derecho toda su capacidad. El presidente -en este momento- ha acreditado que no controla su propia iniciativa. Persistir en ella en las actuales circunstancias sólo puede tener una explicación desde la perspectiva de un improbable interés electoral -la última baza después de fallar todas las demás- lo que la convierte en un recurso político rechazable.
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS. Director de ABC.

El reparto de España
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz29 Octubre 2006

POBRE Constitución Española de 1978, se creyó el idealismo militante y generoso de los que hicieron la transición, construyéndola como un puente de la dictadura a la libertad, del rencoroso conflicto civil al reino de la tolerancia dialogada, ese anhelado foro democrático que nunca llegará a cuajar. Era el sueño de León Felipe, el poeta desterrado que sufría por no tener una patria. Al fin todos la encontramos, abierta, descentralizada, solidaria y confiada. Por eso en su artículo segundo se autodefinió como «España, patria común e indivisible de todos los españoles».

A los terroristas vascos se les ofreció la amnistía, el borrón y cuenta nueva, así como el Estatuto más descentralizado del mundo; a los navarros, la continuación de sus privilegios históricos; a los catalanes, las competencias interiores decisivas; y a las comunidades menos desarrolladas, como Galicia, fondos de solidaridad para facilitar su esfuerzo de equiparación. Al llegar el siglo XXI, en España las instituciones autonómicas y locales pesaban más que el Gobierno central. Pero a los ambiciosos señores territoriales no les pareció suficiente.

Sacaron a colación el derecho de autodeterminación; inventaron aberraciones conceptuales y morales como la España asimétrica; y tiraron de lo peor del pasado para etiquetar con nueva identidad el presente. Ya no habría nación española ni patria común, sino realidades nacionales múltiples, exclusividad preferente para el terruño propio y picas ventajistas para adentrarse en el ajeno. Todos verían al resto de España como una especie de mercado de exportación a conquistar; su base económica, un botín a expoliar en medio del desorden vigente; en tanto que el territorio propio quedaría como área de dominio exclusivo, blindado a la reunificación racional.

Así llegamos al actual reparto neofeudal de la España constitucional. La clase política catalana abrió brecha y los demás la imitan. ¿Quien se resiste a la tentación de contar con un paraíso político y económico propio? Al parecer, casi nadie; las élites del poder viven el apogeo de la mediocre vanidad y la ceguera incompetente. No quieren reconocer que se abrirá una época disgregadora de luchas territoriales y personales que dinamitará los pilares de la cohesión social. Se refugian en su ombligo, sólo miran la contabilidad propia, los indicadores de reparto favorables y lo que decida las porciones de la tarta fiscal de un pueblo atónito y desarmado. Ahora, cada uno a lo suyo, con las cuotas de poder que dan fuerza electoral, población, PIB, votos, poder económico y alcantarillas fácticas. Pobre España, qué pena de país. Pasar en tan sólo un cuarto de siglo de la ilusión de una patria común a ser un mosaico de intereses inanes. Y a convertirse en una vulgar sociedad anónima autonómica, sin principios ni valores, prisionera de reglas trucadas. Aún no hemos tocado fondo.

Pulso al aire
Por Álvaro Delgado Gal ABC29 Octubre 2006

El pasado miércoles, España hizo un ridículo histórico en Estrasburgo. Carece de precedentes que dos partidos del mismo país impulsen en el Parlamento Europeo peticiones contradictorias sobre una cuestión que afecta a los intereses de todos.
Es igualmente excepcional que el Ejecutivo, representante natural de la nación por esos mundos de Dios, embarranque y sólo mejore en un porcentaje mínimo los resultados de la oposición, ausente de las cancillerías y sin hilo directo con los que cortan el bacalao en Londres, Roma o Berlín. ¿Cómo se explica el revés del Gobierno?

En primer lugar, la propuesta era en sí misma desconcertante. No se entiende bien que un asunto interno, y no pactado entre los dos grandes partidos, se someta al arbitraje de terceros.

Se ha dicho que Aznar cometió un error parecido al forzar una condena de ETA por el Consejo de Seguridad a raíz del 11-M. Mal razonado. Aznar creía, equivocadamente, que ETA había puesto las bombas mortíferas. No habría surgido disensión alguna en España de haberse confirmado la conjetura del entonces presidente.

Lo del miércoles ha sido otra cosa, no fácil de calificar. Aparte de esto, el robo de cientos de pistolas por ETA horas antes de la votación, ha añadido turbiedad a una iniciativa mal concebida desde el principio. Es natural que a muchos eurodiputados no se les alcanzase qué demonios significa negociar con quienes no se muestran dispuestos a hacerlo.

El robo de las pistolas suscita intrigas varias. Teóricamente, la internacionalización del conflicto constituía una prioridad para ETA. Los terroristas, que ocupan una posición dominante en el forcejeo con el Gobierno, están jugando, según indicios consistentes, a dos barajas. De un lado, presionan para que se haga una lectura altamente original de la Constitución, una lectura que permita el derecho a la autodeterminación bajo una denominación alternativa. Del otro, no renuncian a obtener la independencia por la vía de los hechos. Esta segunda táctica se sostiene sobre dos patas: negociación bilateral con el Gobierno, y formación de una mesa de partidos extraparlamentaria bajo la tutela de observadores internacionales.

La votación del miércoles integraba un primer paso, un paso crucial, en dicha dirección. Justo entonces, ETA roba las pistolas. Es decir, perpetra algo que es razonable entender como un acto de sabotaje a sus propios intereses. ¿Dónde está el truco?

Una hipótesis posible, y defendida por expertos fiables, es la de que ETA no hace cálculos. El robo del alijo sería una reacción automática a la liquidación patrimonial de HB; una réplica a lo que los terroristas interpretan como una medida de fuerza del Estado. El compromiso en que ello pudiera poner a Zapatero no les ha hecho vacilar ni un instante. En la guerra, lo primero es lo primero.

Otra hipótesis, es la de que ETA estima que Zapatero no tiene marcha atrás. Los desplantes y vejaciones que los terroristas están infligiendo al presidente perseguirían el objetivo de acelerar, a través del puro acoso físico, un desenlace que dan por descontado. No debe ignorarse tampoco el placer que les provoca humillar en público a la cabeza visible del Gobierno español.

Se trata de dos hipótesis muy distintas, aunque obviamente compatibles. Pero si extraña la actitud de ETA, plantea muchos más interrogantes aún la del Gobierno. Zapatero afirmó, sibilinamente, que el robo de las pistolas tendría consecuencias apenas se hubiera confirmado que ETA era la autora del hurto.

El comentario no guarda proporción con la gravedad extraordinaria del hecho. Pareció, más bien, que Zapatero quería ganar tiempo. «¿Qué hará el presidente ahora?», se preguntó el personal. Y ya tenemos la respuesta: rebajar la condena a Juana de Chaos, y proclamar que éste es un adalid de la paz.

Es claro que esto no puede seguir así. ETA está echando un pulso al aire.

Reforma radical de la constitución
Lorenzo Abadía Periodista Digital 29 Octubre 2006

Los últimos hechos acontecidos en el País Vasco en torno al supuesto pacto en cuya virtud se instauraría un régimen de soberanía compartida y del que algunos medios de comunicación se han hecho eco, denotan la gravedad de la situación de nuestra existencia colectiva. Un país cuyos miembros se reconocen a sí mismos como naciones, nacionalidades y realidades nacionales, que buscan en sus remotos orígenes, su sangre y literatura el más mínimo germen de particularismo para reivindicar tiempos mejores de autonomía o aspiraciones soberanistas, no puede sostenerse, si dicha tendencia no se invierte.

El problema es que aquí, en España está ocurriendo lo contrario; la tendencia, lejos de invertirse, cada vez se incrementa más, como no puede ser de otra forma, tal y como ya apuntamos los que creemos conocer un poco la ideología nacionalista y su bastardo oportunismo político.

Sin frenos, el nacionalismo pretenderá siempre crear un Estado político allá donde crea (o le interese creer) que existe una nación cultural. El fruto del triunfo del oportunismo nacionalista y regionalista para la clase gobernante es tan grande, que en este país universal se ha hecho nacionalista todo aquel que ha intuido que es más fácil convencer a la ciudadanía con criterios pasionales -tan neofeudales como postmodernos (bandera, lengua, RH, religión, localismo- que hacerlo con planteamientos racionales y cosmopolitas (libertad, justicia, Estado de derecho, democracia, etc.).

No hay marcha atrás, ni tampoco hay solución que no parta de un planteamiento radical, que vaya a la raíz del problema. Y la raíz está en nuestra constitución. O se reforma, o España dejará de existir. Es algo evidente si se tiene en cuenta de dónde se partía y hasta dónde hemos llegado. Ha sido suficiente que un inmaduro sin cultura ni escrúpulos llegara al poder para acelerar lo que era un proceso, por otra parte irreversible. Nuestra constitución no sirve para garantizarnos la libertad, la legalidad y la unidad y ya es hora de que nos demos cuenta. Y no sirve porque no tiene frenos. Bajo sus preceptos, aunque algunos se hayan incumplido, estamos acostumbrados a que el gobierno de nuestra nación dependa de quienes abominan de ella. ¿Cómo es eso posible? Los principios fundamentales de la democracia formal se hacen hoy absolutamente imprescindibles, empezando por el presidencialismo. No sé cómo puede o cómo no puede afectar a la forma de la jefatura del Estado. Estoy hablando de algo mucho más importante para mí. Mi país. Abogo por una reforma constitucional que modifique la ley electoral a favor del sistema mayoritario uninominal para el Congreso y el Senado y que implante un sistema presidencialista de elección directa del presidente del gobierno para un sólo mandato de 5 años. Y por supuesto, un sistema de división total de poderes, que permita la elección del Poder Judicial por la propia judicatura de acuerdo a elecciones democráticas en sus órganos, sin interferencia política alguna, incluido la fiscalía.

Abogo por el más libre sistema de libertad de expresión, sin limitaciones en las concesiones de licencias televisivas, de radio y cualquier otro medio de ningún tipo salvo las que puedan demostrarse técnicamente, es decir, científicamente.

Sin libertades civiles y políticas no iremos juntos. Y hoy no tenemos libertad para estar juntos, porque no existen frenos al oportunismo. Está demostrado. Ojalá que algo tan evidente como esto sea compartido por más personas de centro, izquierda y derecha. No es un cuestión de ideología de clase. Es una cuestión de libertad política. Nada más. O se está con la libertad política o se está contra ella. Y en España, hoy, no hay libertad política.

Proceso de paz, tambores de guerra
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 29 Octubre 2006

RESULTA difícil de entender que una banda terrorista que, como acaba de hacer ETA, roba miles de balas y cientos de pistolas, esté pensando en anunciar próximamente el abandono definitivo de las armas. Más bien parece todo lo contrario: que no son esos sus proyectos y que se equivocan, por lo tanto, quienes dan por supuesto que ya tiene decidido negociar sencillamente paz por presos o, lo que es lo mismo, el fin de la violencia terrorista a cambio de un trato generoso para quienes la han practicado con auténtica saña durante casi medio siglo.

De hecho, el radical abandono por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero de la política contra ETA que se derivaba del pacto antiterrorista firmado por el PSOE y el PP partía de la supuesta decisión de ETA de dejar las armas sin punto de retorno. Esa fue probablemente la razón por la que en el acuerdo adoptado por el Congreso en mayo del 2005 a impulso del Gobierno, el propio Gobierno no tuvo problema alguno en aceptar que la condición indispensable para iniciar cualquier negociación con los encapuchados era que aquéllos hubieran acreditado inequívocamente su decisión de acabar con la violencia.

Pero, para sorpresa de todos los convencidos de que en esta ocasión iría la vencida, las cosas fueron desarrollándose de una forma bastante diferente de la que el Gobierno había previsto. Primero pudo comprobarse que aquel célebre «alto el fuego permanente» no era más que otra de las treguas de la banda. Después, que los terroristas seguían enviando cartas de extorsión. Más tarde, que retornaba la violencia callejera, que ahora campa por sus fueros en los pueblos de Navarra y el País Vasco.

Aunque las malas señales eran evidentes, el Gobierno ha mantenido los contactos con la banda, amparándose en esa consigna ya vacía de que «el proceso» sería «largo, duro y complicado». El gravísimo asalto con secuestro de ETA en Francia no parece haber hecho variar los planes del Ejecutivo, que ha declarado que verificará en días sucesivos ¡cuál es la voluntad de los etarras! Es decir, cuál es la voluntad de quienes acaban de robar cientos de armas a punta de pistola y tras haber secuestrado a tres personas, dos niños entre ellas.

Ante tan sorprendente posición, la cuestión no es ya la de por qué hemos de compartir millones de españoles la confianza en la negociación de un presidente del Gobierno que parece, cada vez más, marchar a ciegas, sino la de por qué ese mismo presidente ha de confiar en las palabras de una banda terrorista que hace justamente lo contrario de lo que supuestamente promete a quien sea que hable en nombre de Rodríguez Zapatero.

Ruido en Estrasburgo, hechos preocupantes en Nimes
José Antonio Portero Molina La Opinión 29 Octubre 2006

Cuantas veces he prestado atención al proceso he subrayado las mismas cosas. ETA fue quien dijo estar decidida a dejar de matar y Zapatero hizo bien en tantear, pulsar, y hablar con ETA. Nadie ha presentado, aún, indicios razonables de que se haya pagado precio político, pero la dureza del PP es legítima y necesaria labor de oposición. Batasuna no tendrá obstáculos jurídicos para recuperar la legalidad cuando presente los papeles, momento en el cual el Gobierno podrá, nada más pero nada menos, recurrir la legalización ante el Tribunal Supremo y, en su caso, ante el Tribunal Constitucional, para intentar retrasar el fallo de los tribunales hasta después de las municipales de mayo. Batasuna evitaría ese retraso si adelanta el momento de exteriorizar su desvinculación con ETA. Los muchos ruidos que acompañan al proceso no deberían importarnos más que los dos hechos sustanciales del asunto: la entrega de las armas y la disolución de la banda, sin contrapartidas políticas y a cambio, sólo, de los beneficios penitenciarios que estén en el ámbito de competencias del Gobierno.

La votación en el Parlamento Europeo, más ruido, sin ser necesaria, ha traído una condena más del terrorismo que no daña a los demócratas. Pese al fracaso socialista en su intento, uno más, por arrinconar por KO al PP ahora en la UE, ETA no ha ganado. No se sostiene el argumento de Mayor y Acebes de que la satisfacción de ETA y Batasuna es la mejor demostración de que España ha perdido. ETA y Batasuna podrán reir y decir cuanto quieran, pero no tienen un solo apoyo en Europa y no han podido hablar en su Parlamento: la internacionalización le ha servido para, de nuevo, ser condenada sin paliativos. Ni siquiera el nacionalismo vasco ha obtenido réditos en una Europa que mira con recelo las aventuras identitarias secesionistas. Lo de Estrasburgo ha sido ruido, sin más. Como las declaraciones del clérigo irlandés o de Blair, los documentos de Esquivel, Soares o Saramago, las patadas de Txapote, los alardes de fusilería de ETA en las campas de Oyarzun o la confusión que ha provocado una pésima y malintencionada información sobre el caso de De Juana, con la colaboración inestimable de Zapatero, eso sí. Ruido ensordecedor pero ruido al fin y al cabo.

Lo ocurrido en Nimes, por el contrario, sí que afecta a los dos hechos sustanciales, pero hay que ver cómo, porque, siendo una mala noticia, puede tener un alcance menor y otro mucho más grave. Si ETA ha vuelto a abastecerse sólo para demostrar su capacidad, para fortalecer su posición en el proceso y para que los suyos vean que ni está vencida ni se rinde, sino que deja la lucha armada por decisión propia tras una reflexión revolucionaria, el proceso debería seguir, porque ETA siempre ha tenido armas. Pero si el abastecimiento ha sido para disponerse a matar, las consecuencias deben ser muy otras. El Gobierno tendrá que decirle a Batasuna que se acabó el buen rollito, que moverá todos los resortes a su alcance para retrasar su legalización y que reactivará toda la presión internacional y toda la eficacia policial de que es capaz para terminar con ETA. Aclaro inmediatamente lo que quiero decir con esto último. Inmerso como está en este complicado proceso, cuyos entresijos desconocemos por razones obvias, es lógico que el Gobierno haya actuado a medio gas en el ámbito de sus competencias ejecutivas, en las judiciales un Gobierno nada puede ni debe hacer por respeto a la independencia judicial. Que el Gobierno durante unos meses haya dejado en suspenso detenciones, en Francia o en España, en aras del superior interés de acabar con la violencia, es admisible en un proceso delicado y crucial para el fin de la violencia. Pero si las malas intenciones de ETA se verifican, tendrá que volver a actuar a pleno rendimiento contra ella. Hay que seguir esperando y, en la espera, celebrar el acuerdo PSOE/ PP sobre el Estatuto de Andalucía.

José Antonio Portero Molina es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña

Fraude de Reglamento
Alejo Vidal-Quadras Periodista Digital 29 Octubre 2006

[Borrell y su gran y vergonzoso fraude.]
El resultado del debate sobre el mal llamado proceso de paz en el Parlamento Europeo el pasado 25 de octubre hubiera cambiado de signo si los servicios de la Cámara no hubiesen hecho una interpretación del Reglamento totalmente sesgada a favor de los intereses del Partido Socialista español.

En la versión registrada de su texto se solicitaba el apoyo al proceso de paz de acuerdo con lo establecido en la resolución del Congreso de los Diputados de 20 de mayo de 2005.

En la versión corregida que presentaron fuera de plazo para la admisión de enmiendas desaparecían la expresión “proceso de paz” y la mención a la resolución del Congreso, sustituyéndolas por una referencia genérica a las “instituciones democráticas” de nuestro país y a la “iniciativa de paz”.

Este cambio motivó que un número apreciable de Diputados liberales se decidieran por votar a favor de la propuesta socialista en vez de rechazarla o abstenerse porque el robo de armas por parte de ETA el día anterior había transformado el redactado inicial en un sarcasmo.

Dado el pequeñísimo margen por el que el Grupo Socialista consiguió su propósito, es evidente que la intervención de los funcionarios que decidieron aceptar como una simple corrección lo que era una enmienda de profundo contenido político fue decisiva para el desenlace del asunto.

Las preguntas que surgen de inmediato son:

¿Quién dio la orden final de aceptar como corrección lo que era una enmienda como la copa de un pino?
¿Por qué en un tema de esta trascendencia no se recabó la opinión de los Presidentes de los Grupos parlamentarios?

Es obvio que el Secretario General de la Eurocámara, a quién se sabe que se consultó antes de perpetrar la tropelía, no se habría atrevido a dar su visto bueno sin hablar con una instancia superior a él, la única que tiene por encima en su condición de responsable máximo de la administración de la institución. Y esa autoridad es política.

La misma que se empeñó en dirigir ese voto y exclusivamente ese voto en la mañana del día 25 de octubre. El viejo dicho sobre la mujer del César nunca pierde actualidad y resulta innegable que incluso las reglas de juego más elaboradas ofrecen grietas por las que se puede colar el interés particular o partidista.

En el segundo acto de Hamlet, el melancólico príncipe de Dinamarca exclama:

“¡Ay, señor, tal como va el mundo ser honesto es ser un hombre escogido entre diez mil!”

Si hubiera asistido a la sesión plenaria del pasado miércoles en Estrasburgo habría sido más modesto en su apreciación y habría rebajado su muestra estadística a setecientos treinta y dos.

ZAPATERO Y DE JUANA
POR CARLOS CARNICERO El Ideal 29 Octubre 2006

Arnaldo Otegui es representante oficioso de una organización ilegal, tipificada como "terrorista" por el Parlamento Europeo, que tiene una acreditada presencia mediática y ningún obstáculo para representar a su partido ilegalizado. Dice Arnaldo Otegui que es una condición para avanzar en el "proceso" es la derogación de la Ley de Partidos, porque es un rescoldo del pasado.

No dice nada de la necesidad de disolver ETA, porque tal vez pretenda que es una organización con vigencia para seguir en uso. Otegui abusa de la tolerancia que existe con su organización ilegalizada, pero además dice que no se piensa someter. Seguiremos pacientemente observado sus provocaciones y los silencios del Gobierno.

Estamos asistiendo a la ocupación de un espacio en los medios de comunicación de las tesis del terrorismo que no tiene correlación con las manifestaciones del Gobierno. El presidente del Gobierno no suele hacer otros pronunciamientos que genéricos y vacuos para no precisar ninguna posición ni facilitar información sobre el estado actual de las cosas.

Sin embargo, el presidente no ha tenido inconveniente en asegurar que el etarra Juan Ignacio de Juana Chaos apuesta por la paz. Esa precisión de José Luis Rodríguez Zapatero no puede dejar de alimentar la idea de que el cambio de criterio de la Fiscalía, en relación con el proceso en el que el terrorista está inmerso, tendría relación con un acuerdo suscrito por él con el Gobierno.

¿Significa esto que se han empezado a concertar medidas para suavizar los tratamientos judiciales de los etarras que apoyen el final dialogado de la violencia? Ha empezado, al menos, ese tipo de negociación sin informar de ello a la opinión pública.

Convendría consensuar si hay que hacer caso a las cosas que dicen Arnaldo Otegui y sus compinches, si necesitan respuesta sus provocaciones y si todos los silencios del Gobierno son prudentes o tienen alguna dosis de condescendencia con unos terroristas que no parecen proclives al cumplimiento de la ley ni al abandono de la violencia y que continúan amenazando a la sociedad con actos tan provocadores como el robo de un arsenal de armas de Francia.

Tal vez sería mejor el silencio total que las frases solemnes. Cuando dice el Gobierno que "pagarán caro" los ladrones de armas, son sólo fuegos de artificio, porque la ley francesa es precisa con los delitos que significa el asalto a un polvorín. Convendría que el Gobierno de Zapatero precisara los términos en que este proceso de diálogo dejaría de ser posible, porque la sucesión de provocaciones sin respuesta está llenando el vaso de la paciencia de la ciudadanía.

Lo malo es que no sabemos las dimensiones que el Gobierno ha dado al recipiente de nuestro conformismo, porque el presidente únicamente ha hablado con detalle habla para echarle una mano a Juan Ignacio de Juana Chaos, pero no nos dice nada, más que lugares comunes, de su criterio sobre las amenazas de ETA.

El mecanógrafo
Por Ignacio Camacho ABC 29 Octubre 2006

EL asesino De Juana Chaos, condenado a tres mil años por un total de 25 crímenes, quiere salir en libertad para ser escritor. Se conoce que, como ha estado ocupado en el frente de makos amenazando funcionarios y brindando por los asesinatos que cometían sus colegas, no ha tenido tiempo de leer mucho e ignora que en prisión se han escrito grandes libros, entre ellos el más grande de todos, aunque sea, mecachis, en la odiosa lengua castellana. El tiempo espeso y largo, las horas eternas, el recogimiento de las celdas y la melancolía por el mundo exterior han inspirado muchas obras maestras, de Cervantes a Rimbaud, de Oscar Wilde a Miguel Hernández, de César Vallejo a Alejo Carpentier. Ninguno de ellos era, por cierto, terrorista, ni había despachado a dos docenas de conciudadanos, y todos, en cambio, sabían escribir. De Juana tiene, por lo que sabemos, una prosa vulgar, chulesca, truculenta y pendenciera: «sus llantos son nuestras sonrisas», «sacad vuestras sucias manos de Euskalherría u os quedaréis sin ellas», y otras consignas del mismo jaez amenazante y fanfarrón. Eso, en todo caso, no es literatura, sino barata propaganda revolucionaria; hay gente, como decía Capote, que confunde la condición de escritor con la de mecanógrafo.

Pero este pistolero no anda en prisión por escribir mal, sino por derramar sangre; su condena no es una cuestión de crítica literaria, sino de mera justicia natural. Como le favorecen unos inauditos resquicios legales, el Estado ha hurgado entre sus papeles carcelarios en busca del modo de incrementarle -por amenazas- la pena para evitar el escándalo moral de primer orden que supondría ponerle en la calle con menos de un añito de cárcel por muerto, y en el pleito se ha cruzado el «proceso de paz» como un camión en medio de la carretera. Acojonado por la presión etarra y temeroso de que las trescientas pistolas recién robadas no sean para jugar a los cowboys, Zapatero ha ordenado a la Fiscalía que contemple a De Juana como un futuro escribidor y no como un irredento homicida; es conmovedora la pasión de este presidente por las humanidades y la cultura. El asesino, mientras, compone un perfil muy literario -cinematográfico, más bien- de criminal coriáceo, gélido y sonriente; ni pizca de arrepentimiento ni de mala conciencia, pero correcto de formas y de expresiones. Hasta se expresa ante el Tribunal en la odiada lengua de los maketos.

Es de temer que el caso De Juana se convierta en la primera experiencia de ingeniería jurídica del «proceso», cuyos túneles procesales desembocarán en una calle donde podrán encontrarse el asesino y los deudos de sus víctimas. Zapatero, acorralado por la pérdida de la iniciativa política, quiere engañarse creyendo que la alimaña se convertirá en un pacífico juntaletras de provecho, y lo mismo le tiene preparada una subvención como a ciertos culturetas adictos; ya nos daríamos, sin embargo, con un canto en los dientes si, aprovechando su experiencia, este reputado matarife se acabase labrando un discreto porvenir como carnicero.

Entre santos y difuntos
Por M. Martín Ferrand ABC 29 Octubre 2006

JOSÉ Luis Rodríguez Zapatero, como cualquier jugador de póquer inexperto y desesperado, al llegar a la mesa de La Moncloa se lo jugó todo en una baza. Le sedujo la idea de pasar a la Historia como «el gran pacificador» frente al problema vasco y empezó a negociar lo innegociable. En el tiempo ya cumplido de la legislatura, que no es poco, no ha obtenido mayores resultados y, si nos atenemos a lo que se ve, que nunca se puede descartar la hipótesis de una partida subterránea y simultánea, escasos serán los frutos y abundantes los costes de su empecinamiento. Ello le supone menos desgaste político del que sería natural porque sus servicios de propagada, excelentes, han conseguido trasladar a la opinión pública la idea de que todos los males que padece la Nación tienen su origen en las filas de la oposición, las de Mariano Rajoy.

Todo ello, y cuanto lo acompaña en las proyecciones políticas nacionales, autonómicas y locales, queda ahora aparcado por el hechizo de las elecciones que, el próximo miércoles, servirán para dotar a la Generalitat de un nuevo president. Salvo a los electores, poco motivados por la convocatoria, el entusiasmo empuja las formaciones políticas de Cataluña que buscan, voto a voto, su mejor clasificación en la tabla del poder autonómico. Resulta alegórico pensar que los catalanes votarán en el Día de Todos los Santos y conocerán los resultados y matices de su votación en el de los Difuntos. En ese espíritu, me parece oportuno recordar lo que, revestido como Antonio Mora, decía Fernando Pessoa, uno de los tres más grandes poetas ibéricos de todo el XX: «No se trata de imponerse a otros pueblos, sino de recibir de ellos». Añadía el genio portugués que de la civilización así entendida «sólo se apartan los criterios estrecha-mente nacionalistas, que son el provincianismo de la cultura, y los criterios imperialistas, que pertenecen a la decadencia». Entre ambos estamos y, dicho al paso, algunos de los líderes catalanes enzarzados en la disputa desprenden un catetismo que no cuadra con la grandeza que tratan de representar -es un decir- y gobernar.

Más todavía que los directamente interesados, quienes se la juegan el primero de noviembre son Zapatero y Rajoy. El presidente del Gobierno, decaído en su estrategia vasca, se nos puede quedar en nada si la composición de Govern resultante no concuerda con sus intrigas y maniobras. La tesis que apresuradamente difunden los tantanes monclovitas -«una victoria de Artur Mas será el mayor éxito de Zapatero»- sólo es un ejercicio de disimulo, muy propio del talante del líder socialista. Rajoy, por su parte, se ha comprometido, más de lo que marcan su costumbre y su pereza, con la acción de José Piqué y cualquier retroceso del PP en el Parlament puede acelerar la crisis latente en el partido que él preside y nadie gobierna, orienta y dirige.

CiU-ERC, el monstruo de dos cabezas: Mas no será como Pujol
Alfonso Basallo elsemanaldigital 29 Octubre 2006

La mezcla de nacionalismo y posibilismo que caracterizó los veintitrés años de gobierno de CiU puede tener ahora, tras el paréntesis del Tripartito, una continuación mucho más radical.

Dentro de poco verán ustedes una película, María Antonieta, dirigida por Sofía Coppola. Ya saben: cachondeillo en Versalles, risitas y arrumacos bajo las pelucas empolvadas… y luego Paco con la rebaja, en forma de guillotina. Los revolucionarios eran poco amigos de las fiestas, los bailes, la liturgia y por eso persiguieron a curas y monjas, además de a los cortesanos de Versalles. Eso sí: en cuanto pusieron la plaza pública perdida de sangre, organizaron fiestas de la República con terminología religiosa, sacaron un nuevo Evangelio –que es como calificó Mirabeau a la Declaración de Derechos del Hombre- y hasta un Catecismo, el de los jacobinos.

Y ¿qué tiene que ver todo esto con las elecciones catalanas?, se preguntarán ustedes. Muy fácil. Pongan nacionalistas (CiU o ERC) donde pone revolucionarios y tendrán la ecuación resuelta. De todos los ismos que el siglo XIX alumbró, los nacionalistas se llevan la palma en lo de convertir la política en una religión, con sus mártires, sus dogmas y hasta su liturgia. La campaña de las catalanas nos ha dado sobradas muestras.

Como en el caso de sus primos hermanos abertzales, el discurso de CiU y ERC se nutre de mesianismo, canonizaciones sin fundamento –el beato Sabino Arana los unos, San Lluís Companys los otros- manipulación de la Historia y sobre todo de la Geografía –por aquello del espacio vital- y creación de un enemigo externo fácilmente satanizable a quien se puedan atribuir todos los males sin mezcla de bien alguno.

Todos estos rasgos, en mayor o menor grado, han nutrido el nacionalismo catalán desde la Transición. Donde los nazis decían Wagner y Sigfrido, los metropayeses ponen el Liceu y ese heroico mártir de la libertad llamado Rafael Casanovas.

Durante la larga noche del pujolismo, la bestia atávica permanecía en letargo, sujeta por una mezcla de seny y posibilismo, mientras el Molt Honorable dosificaba sus órdagos frente al Gobierno central, con cálculo fenicio. Con Maragall y
en la legislatura-interruptus que ahora termina, se han juntado el hambre con las ganas de comer: un tripartito radical-nacionalista y un Ejecutivo central cómplice y a la vez rehén, carente de liderazgo y con las defensas bajísimas.

No era fácil colar en democracia el Estatut, nuevo Catecismo revolucionario, Biblia de un indigesto guiso étnico y religioso. De ahí la jugada de la fiera nacionalista de mostrar su rostro moderado (Artur Mas), con la carambola-pacto con Zapatero, arrinconando a la extrema derecha al PP. La máxima nacionalista ("el infierno son los otros") se convertía así en estrategia política (el centro es mío).

Pero a tenor de la campaña y los gestos de Artur Mas (que si el notario, que si la catalanidad, que si el vídeo), todo indica que la tónica de la próxima legislatura, con los nietos de Pujol otra vez en el poder, no va a ser tan moderada como en el pasado.
Ya se reedite el tripartito, ya gobierne CiU con sinergias con ERC –la misma sangre, los mismos genes-, el nivel de "nacionalina" ha subido, como si de colesterol se tratara, y el órdago ya no tiene vuelta atrás. Tras el seny pujolista, se vislumbra la rauxa de Artur Mas.

Si lo piensan, Mas y Carod no están tan lejos –como no lo está el PNV de Batasuna-. Quieren lo mismo, con distintos medios. Son la hidra de dos cabezas. El árbol y las nueces, que decía Arzallus, pero a la catalana.

El secreto y vergonzoso chalaneo entre los socialistas y ETA-Batasuna
Periodista Digital 29 Octubre 2006

(PD/Agencias).- La imprevisión ha causado ridículos mortificantes al PSOE. El fiasco Bono y la colocación a dedo de Miguel Sebastián como candidato socialista a la alcaldía de Madrid, son ejemplos clamorosos, pero nada tan grave como la conducción imprudente y distorsionada del llamado "proceso", donde el penúltimo dislate fueron las sonrojantes palabras del presidente Zapatero en Soria, el viernes pasado, ofreciendo cobertura dialéctica al asesino De Juana Chaos, y el último, lo que revela este domingo El Mundo: "PSE, PNV y Batasuna debaten en secreto la cosoberanía entre España y Euskadi".

Zapatero y su vicepresidente Fernández de la Vega han asegurado en numerosas ocasiones que el Gobierno jamás pagará a ETA un precio político por la paz. Como frase suena rotunda y es repetida en las tertulias y debetes por los periodistas afines al PSOE.

El drama es que se basa en una terrible mentira. La periodista Angeles Escriva (€), cuyas fuentes suelen ser de abosulta fiabilidad, revela este domingo que PSE, PNV y Batasuna mantienen reuniones secretas desde hace semanas para negociar una fórmula de cosoberanía, llamada de doble llave, que consistiría en que las instituciones del Estado español tendrían que pactar las decisiones que afectan al País Vasco con el Gobierno y el Parlamento de Vitoria.

Esa fórmula de cosoberanía sería defendida por las tres formaciones en la futura mesa de partidos que los nacionalistas quieren crear en los próximos meses, cuando avance la negociación de ETA con el Gobierno.

Afirma El Mundo en su editorial, que estamos ante una iniciativa absolutamente rechazable por tres razones:

1)La primera es su formato: se trata de contactos secretos, al margen de cualquier foro institucional, en los que además participa una formación ilegalizada por el Tribunal Supremo, que ordenó su disolución por considerarla el brazo político de ETA.

2)La segunda de las causas es la más importante: esa fórmula de cosoberanía vulnera la Constitución y crea un nuevo modelo de Estado. De aplicarse, supondría una especie de confederación entre España y el País Vasco. Según nuestra Carta Magna, el único sujeto de soberanía es el pueblo español.

3) La tercera de las razones es que esas conversaciones se producen en unos momentos en los que ETA no sólo sigue sin renunciar a la violencia sino que además roba armas para aprovisionarse.

Podría entenderse que PNV y Batasuna volvieran a las andadas para pactar un nuevo marco político para el País Vasco, pero lo que no se entiende es qué hace el PSE en esas conversaciones. Por mucho que haya cambiado el partido, que Patxi López acepte la creación de esa mesa de partidos y la adopción de una fórmula de cosoberanía resulta sencillamente tan inconcebible como que Redondo Terreros se hubiera adherido al Pacto de Estella en 1998.

El asunto es de tan extraordinaria gravedad que no valen ya ambiguos desmentidos o palabras vagas que no comprometen a nada. Zapatero tiene que comparecer ante el Parlamento y dar explicaciones de lo que está sucediendo.

Resulta absolutamente inaceptable desde el punto de vista ético y político que cuestiones tan esenciales se estén discutiendo en secreto y dejando de lado a un partido como el PP, que representa al 40% del electorado.Y es también totalmente rechazable que el Gobierno acepte pagar precio político alguno a una banda terrorista, que quiere negociar con la amenaza de sus pistolas sobre la mesa.

Algunos dirigentes socialistas pueden decir hoy que esas conversaciones secretas son meras aproximaciones del PSE que no comprometen en nada a Zapatero. Pero la excusa cae por su propio peso, dado que en unos contactos informales no se discuten cuestiones tan sustanciales como el modelo de Estado si no es pensando en su proyección posterior y con un aval al máximo nivel.

Las explicaciones de Zapatero son tan urgentes como necesarias y deben producirse en el Congreso, que es donde se debe hablar de estos asuntos.

EL PSOE TAMBIÉN HA SOPESADO LA AUTODETERMINACIÓN COMO EN QUEBEC
PSOE, Batasuna-ETA y PNV ya hablan de cosoberanía en sus reuniones clandestinas
PSOE, Batasuna-ETA y PNV ya hablan de cosoberanía entre España y el País Vasco. Patxi López admitió el 14 de octubre que las reuniones con la organización ilegal proetarra se suceden en secreto desde la foto junto a Otegi del pasado 7 de julio que indignó a las víctimas. También reveló que el PSE baraja distintos modelos, entre otros, el de un referéndum de autodeterminación como en Québec. El Mundo revela este domingo algunos detalles de la agenda de esas reuniones secretas. La noticia se produce al mismo tiempo que ETA acaba de robar más de 350 pistolas en Francia.
Libertad Digital 29 Octubre 2006

La cosoberanía ya está en la agenda del PSOE para el País Vasco. Siempre lo ha estado en la del PNV, de hecho es la esencia del llamado Plan Ibarretxe. Falta por ver si también la acepta Batasuna-ETA, hasta ahora enrocada en la exigencia de un referéndum de autodeterminación. El Mundo cuenta este domingo que las reuniones de PSOE y PNV con el partido terrorista se suceden en secreto y tantean la fórmula de una "doble llave" para resolver lo que llaman el "conflicto vasco", un mito que el partido de Rodríguez Zapatero ha acabado interiorizando.

Las reuniones se suceden de espaldas al Parlamento, a la Ley y al Partido Popular que no va participar en la futura mesa extraparlamentaria de la que saldrá un acuerdo que se impondrá por la fuerza a la soberanía nacional.

El modelo de cosoberanía discutido por PSOE, PNV y ETA-Batasuna implicaría la doble vía de que el Parlamento español "no pueda vetar ni impedir los acuerdos a los que llegue la Cámara vasca". A cambio, el Gobierno y el Parlamento vascos se comprometen a no emprender "iniciativa alguna si el Ejecutivo central y el Congreso mostraran su oposición".

Lo que los partidos de la mesa clandestina llaman "doble llave" puede considerarse también como "doble candado" para un bloqueo institucional permanente, pues si el Estado y el País Vasco están obligados a autorizarse mutuamente en pie de igualdad, el colapso de gobierno no es una hipótesis en absoluto descartable.

"Fueron los representantes del PNV", según El Mundo, los que "pusieron encima de la mesa esta cuestión sin que los socialistas plantearan inconveniente alguno en entrar en su estudio. De hecho, la necesidad de desarrollar la fórmula de la doble llave ha venido perfilándose desde el momento en el que se puso en cuestión, por parte de los nacionalistas, la vigencia y validez futuras del Estatuto de Guernica".

La clave, según las informaciones manejadas por el diario de UNEDISA, es saber "cómo puede ser desarrollada" la fórmula de cosoberanía y "si el desarrollo que permite la legislación vigente sería suficientemente satisfactorio APRA los partidos que llevan el peso de la negociación en el País Vasco".

Los socialistas consultados por El Mundo aseguran que "su interés por la cuestión no ha rebasado los límites del planteamiento teórico". El pasado 14 de octubre, el secretario general del PSE, Patxi López, apuntó en declaraciones a El Diario Vasco que su partido trabaja en otra hipótesis, la de un referéndum de autodeterminación como el de Québec (Canadá).

Por la educación en español en Cataluña
SOLICITUD DE "ASILO EDUCATIVO"
Empadrona a su hijo en Granada para que reciba clases en castellano en Cataluña
Un padre catalán con raíces accitanas pide que se establezca una fórmula para seguir el plan de estudios andaluz Lo denomina «asilo educativo» y pide que lo estudie la administración
ROCÍO MENDOZA/GRANADA EL IDEAL DE GRANADA  29 Octubre 2006

26 Octubre 2006
Jesús Ruiz Marín vive en Barcelona, pero sus familiares directos están repartidos entre Cuenca y Granada, entre otras ciudades de la península. Tiene un hijo de cuatro años y el segundo está en camino. Esto le plantea un problema: quiere que su descendencia reciba una enseñanza en castellano. Pero en Cataluña ahora esto no es posible en los colegios públicos. Por ello, ha buscado un recoveco para obligar al debate y a que las administraciones establezcan algún modo que permita a sus hijos recibir una formación acorde con los planes de estudios de las comunidades andaluza y castellana. Y, por supuesto, no en lengua catalana.

El caso que plantea este catalán es tan complejo como insólito. Es complicado desde el momento en el que ha buscado un resquicio en las legislaciones de las comunidades, inmersas en la revisión y aprobación de sus estatutos de autonomía, para poner a las administraciones en un aprieto cuando llegue el caso. Y es inédito porque no se conoce una supuesto igual.

Con previsión
Los pasos que ha dado y prevé dar Jesús Ruiz son los siguientes. Tiene un hijo de cuatro años al que ha empadronado en un pueblo de Cuenca, donde parte de su familia tiene un domicilio, para tener derecho a matricularse en un colegio público de la localidad cuando cumpla cuatro años e inicie el periodo de escolarización. Lo mismo hará con su segundo hijo, al que empadronará y escolarizará en Guadix, donde cuenta con familiares directos y el domicilio de sus suegros.

Cuando llegue el momento de matriculación, que en el caso de Cuenca será el próximo curso, el plan de Ruiz es que su hijo no asista a clase y siga un plan de estudios castellano en Barcelona a través de una academia privada. «Hasta los seis años la enseñanza no es obligatoria.

Por eso, el tiempo juega a mi favor», apunta este padre. Dentro de dos cursos, cuando la exista obligación de asistir, se planteará el problema que, de forma artificial, crea este catalán. Esto es: Si un niño ha estado matriculado en un colegio donde la enseñanza sea en castellano y su familia se traslada a Cataluña, por ejemplo, por motivos de trabajo: ¿En qué idioma recibirá la educación y con qué plan de estudios?

Ésta es la cuestión que plantea Jesús Ruiz como posible fórmula para obligar a las comunidades a crear una figura legal que él denomina «asilo educativo». Por el momento, ésta no existe y si un niño se ve en la circunstancia descrita, tendría que asimilar el plan de estudios catalán, con algún recurso de refuerzo por la falta de formación en el idioma, como los niños de inmigrantes que llegan a trabajar a la península procedentes de los más diversos países.

Pero, y tocando un debate mucho más profundo, este catalán vindica la colaboración entre comunidades para procurar un seguimiento del plan de estudios de Castilla La Mancha o Andalucía en Cataluña. «No sé si va a dar resultado, pero me he dirigido a la delegación de Educación conquense para que me den una solución», indica. Además de esta comunidad, la Andaluza también se verá en la misma tesitura. El segundo hijo de este padre catalán está en camino y será empadronado en Guadix, localidad en la cuenta con el domicilio de sus suegros. Ruiz es consciente de la complejidad de su planteamiento y reconoce que no sabe si le dará resultado. Pero con esto quiere promover la habilitación de una vía para aquellos que no entienden el castellano como segunda lengua. Entre otras ideas, plantea la homologación de escuelas privadas que impartan en Cataluña los planes de estudios de otras comunidades.

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Los traductores automáticos decidirán el futuro del idioma
El I Acta Internacional insiste en el déficit del español en la red
Javier Ors La Razón 29 Octubre 2006

El futuro de las lenguas está en las traducciones en red

SAN MILLÁN- Hay que cambiar la imagen del español como una lengua vinculada sólo al ocio y las vacaciones. También es un idioma de progreso. Así de contundente se mostró Luis Cueto, ex director de EOI (Escuela de Organización Industrial), que participó ayer en la mesa «La investigación científica y nuevas tecnologías», coordinada por Alberto Pérez de Vargas y organizada por el I Acta Internacional de la Lengua Española. «Hay que trabajar en los aspectos intangibles del español. Parece una lengua bonita, ligada al sol y la playa, pero también debemos proyectar la idea de que está ligada a la tecnología. El ICEX ya trabaja en eso y enseña al mundo cómo Indra y Ferrovial canalizan la gestión de importantes proyectos a nivel internacional».

Iniciativas comunes
Para Pérez de Vargas, el futuro del español procederá de las naciones de habla hispana de América: «El progreso vendrá de Iberoamérica o no vendrá. Hay que tener más presencia en el ámbito de las tecnologías a través de iniciativas comunes en nuestra área para lograr un entorno hispánico actual e independiente del inglés». Cueto subrayó las fallas del español: que esté penalizado en el mundo científico y el retraso en la sociedad de información: «En España, por ejemplo, el ADSL cuesta el doble que en Europa. Hay que rebajar los costes para que los países de Iberoamérica tengan acceso. Otro factor es que la mitad de los proyectos de investigación y el desarrollo procedan del ámbito privado. En España el peso recae en el público». Y criticó la importancia que tiene el ladrillo en el momento de invertir y las escasas iniciativas que existen, en cambio, para fomentar iniciativas científicas.

Para reforzar la presencia en internet, Cueto abogó por un buscador federal de contenidos. Con eso se lograría competir con Google ya que, mientras este portal ofrece un resultado que comienza a ser repetitiva a partir de una página, con esta medida, el internauta podrá obtener datos más certeros y selectivos: «Se trata de que las instituciones trabajen juntas. Así, si alguien busca Picasso, y encuentra un resultado en el Instituto Cervantes, justo al lado de esa página aparecerá lo que haya de Picasso en otras instituciones y organizaciones», comentó. Este trabajo ya se ha puesto en funcionamiento en la Administración.

Cueto recordó que Google sólo recoge el 40 por ciento de las páginas en español y que el 800 por ciento del tráfico es para descarga de música, películas y ocio. Pero apuntó que el futuro está en los traductores automáticos y el reconocimiento de voz. A pesar de que el español ha partido con desventaja, esta tecnología podría equilibrar la balanza: «Europa ha desarrollado la tecnología del reconocimiento de voz más que EE UU y España está bien situada».

Pero existe una incógnita sobre qué ocurrirá con los traductores automáticos que están muy avanzados y que es algo que podremos ver en unos diez años. «El futuro de las lenguas está en las traducciones automáticas», dice Cueto. En caso de que se desarrollaran, ya no importará la lengua vehicular, en este caso el inglés, porque se traducirá de manera eficiente por un ordenador de un idioma a otro, saltándose el paso intermedio de otra lengua: «Ya no importará qué lengua se emplee, sino qué se cuenta», afirma el investigador. En este caso, el español contará con el potencial de los hablantes, que podrían superar a los que hablan inglés como idioma materno.

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