AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 5 Noviembre  2006

No es Zapatero quien debe plantarse, sino Rajoy
EDITORIAL Libertad Digital 5 Noviembre 2006

El Gobierno ha vuelto a rehuir el desafío de ETA sobre cómo debe discurrir el llamado "proceso de paz" y, sobre todo, en qué debe concluir: la autodeterminación del País Vasco y la anexión de Navarra y de los departamentos del sur de Francia que los terroristas reclaman para su Euskal Herría utópica y totalitaria. En el ultimátum terrorista publicado en el último Zutabe [boletín interno] no hay ningún mensaje nuevo. La banda insiste en reclamar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el cumplimiento de supuestos compromisos que la sociedad española desconoce pero que ETA define como "pasos visibles" hacia la legalización de Batasuna-ETA, la creación de la llamada "mesa de partidos" extraparlamentaria y la "desactivación del Estado" frente a las manifestaciones ilegales, la violencia callejera y demás actividades proetarras.

Como en pronunciamientos anteriores, los terroristas concluyen con el único lenguaje que saben declinar, el de la amenaza de volver a matar. No es la primera vez que ETA expone sus condiciones, recuerda al Gobierno letras pendientes de pago y advierte con más muertes si no se satisfacen sus exigencias. Desde el comienzo de la de "tregua", el 24 de marzo, se ha pronunciado en este sentido en seis ocasiones. Lo ha dicho hasta pegando tiros, como se supo el pasado 24 de septiembre, tras la irrupción de dos encapuchados en un acto clandestino de exaltación terrorista celebrado impunemente, como tantos otros, en el País Vasco, en el que leyeron un mensaje de la banda muy similar al que ahora se publica en Zutabe y en Gara, y que entonces rubricaron con siete tiros al aire.

Si la amenaza de ETA es recurrente, poniendo en evidencia que no estamos ante un "proceso de paz", como lo llama el Gobierno, sino ante un "proceso de chantaje" al Estado, la insistencia del presidente Rodríguez Zapatero en negociar con la banda, a pesar de las clamorosas evidencias de que ni se arrepienten, ni aceptan la ley ni se conforman con menos de todas y cada una de sus exigencias políticas, se revela, a estas alturas, como el auténtico peligro para la integridad del Estado y la justicia a las víctimas.

Si algo han percibido los terroristas, es la debilidad de una nación dirigida por el Gobierno que les ha dejado rearmarse, volver a tomar las calles y pasar del aislamiento en el que se encontraban cuando se aplicaba la Ley de Partidos y funcionaba el Pacto Antiterrorista, a regir de hecho la política y el futuro de España. Han comprendido fácilmente que, o consiguen con Zapatero sus objetivos políticos, o no volverán a tener una oportunidad como ésta. Sus comunicados, cada vez más apremiantes y llenos de promesas sangrientas, no producen en el Gobierno otro efecto que el de la sumisión a los plazos, los ritmos y la agenda de la banda terrorista.

ETA ya es un actor político internacional, como querían los terroristas, gracias a que Zapatero introdujo en el Parlamento Europeo a una banda que acaba de robar 350 pistolas. ETA ya está en las calles del País Vasco con total impunidad, tal y como querían. La mesa de partidos es un hecho clandestino por ilegal y antidemocrático, pero un hecho al fin y al cabo, reconocido por todos los comensales que participan en ella. La autodeterminación ya se asume por el PSE, PNV y Batasuna-ETA como un derecho del pueblo vasco, y sólo falta que decidan si se aplica según el modelo de Quebec o el de Montenegro. Los presos ya consiguen imponer sus condiciones al fiscal del Gobierno, como se ha visto en el caso De Juana Chaos.

Evidentemente, con este botín en la saca, ETA no tiene la intención de volver a matar, porque en sus cálculos opera el dato de la absoluta dependencia que Zapatero siente respecto de los movimientos de la organización asesina. Mientras el Gobierno siga cediendo (de forma subrepticia o despótica, pero siempre, siempre, de espaldas a los españoles), la banda va a seguir marcando el paso con su chantaje. Y mientras pase otro día más sin que los terroristas maten, el presidente del Gobierno va a seguir especulando electoralmente con la expectativa la paz y no moverá un solo dedo ante los desafíos de ETA, ya se trate del robo de un arsenal o de un nuevo comunicado amenazante. En ese juego de tramposos consiste la estafa de esta paz. Ése es el acuerdo que Zapatero y la ETA ya han alcanzado. El día en que ETA decidiera matar a su primera víctima después de la tregua, Zapatero sería historia y, con un Gobierno del PP como alternativa, las opciones de ETA de conseguir sus objetivos políticos, también. Por eso no parece probable que vaya a haber más muertos, sino más extorsión, por parte de ETA, y más cesión y más mentiras por parte del Gobierno títere de Zapatero.

En este contexto, la respuesta del PP, como única fuerza política de Oposición a un cambalache fraudulento y dañino para la soberanía y la seguridad de España, no puede seguir siendo la de instar, exigir, denunciar, pedir o brindar al sol ofertas de pacto y de apoyo que el PSOE y el Gobierno siempre desdeñan. Su papel debe ser, sin más tardanza, tan activo y emprendedor como el de las asociaciones de víctimas, intelectuales, políticos disidentes del PSOE, que están forjando un potente frente de resistencia a esta negociación mendicante. El PP debe colocarse al frente de ese movimiento civil creciente contra la paz de los terroristas. Zapatero no contaba con el activismo indignado y valeroso de la sociedad civil, a la que su Gobierno pretende dividir, como lo intentó con las víctimas nombrando a Gregorio Peces-Barba como alto comisionado.

Iniciativas como las de los lectores de Libertad Digital, previniendo a los eurodiputados, mediante el envío masivo de correos electrónicos, sobre la engañosa resolución a favor de ETA que les propuso el Gobierno español y el Grupo Socialista, han dado su fruto, como quedó de manifiesto con la fractura del voto de la Eurocámara. Iniciativas como la de la AVT, denunciando ante la Justicia la reunión de Arnaldo Otegi y Patxi López, y que el Tribunal Superior del País Vasco ha aceptado investigar; iniciativas como la de manifestarse en las calles tantas veces como sea preciso y allí donde sea oportuno hasta conseguir que el Gobierno de España vuelva a perseguir y encarcelar a los terroristas... La causa de la justicia, la libertad y la dignidad de los españoles no se ganará sirviendo de coartada a este Gobierno taimado para sus tratos con ETA, sino plantándose con firmeza ante él y denunciándole ante la Justicia y en la calle.

Fecha para la ruptura
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo 5 Noviembre 2006

Por primera vez desde el 22 de marzo, ETA ha hablado de la posibilidad de que termine la tregua. Hasta ahora había dicho en un par de ocasiones que el alto el fuego no era irreversible, pero ayer fue más allá y contempló abiertamente la posibilidad de su ruptura. Incluso ha puesto fecha: el 21 de diciembre, si el otoño del que habla la banda se corresponde con la estación meteorológica.

El boletín interno de ETA conocido ayer hace público algo de lo que ya se venía hablando en los medios de comunicación: la existencia de un ultimátum etarra. El grupo terrorista no emplea esa palabra, pero pone una referencia temporal límite -el fin del otoño-, pasada la cual quedaría roto «el proceso», si no se aceptan las exigencias que plantea.

El Zutabe tiene más mensajes. Arnaldo Otegi compareció el pasado 30 de junio en San Sebastián, en una de esas ruedas de prensa sin preguntas que tanto se llevan, y leyó un texto de la mesa nacional de Batasuna. Este partido dijo que la víspera, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando habló ante los periodistas en el Congreso de respetar la libre decisión de los vascos dentro de la legalidad, había hecho una declaración «fundamental para la resolución del conflicto» que suponía «un triunfo democrático de Euskal Herria».

Ayer, con cuatro meses de retraso, ETA hizo una valoración de aquellas manifestaciones de Zapatero y el juicio de la banda supone una desautorización en toda regla de lo dicho por la cúpula de Batasuna. Donde Otegi y los suyos veían unas palabras «muy importantes», ETA ve los límites de la legalidad española; las palabras del presidente que Pernando Barrena consideró «de gran calado político» son para ETA reflejo de la «vascongadización del proceso» y la muestra de los elementos que en los últimos treinta años «han alimentado el conflicto».

Son demasiadas diferencias para pensar que se trata de una simple discrepancia de matiz. El Zutabe conocido ayer supone dar la razón a Xabier Arzalluz cuando dijo que estaba «un poco alucinado» por la respuesta de Batasuna a Rodríguez Zapatero, a Joseba Azkarraga cuando se mostró «preocupado» por las «alegrías» de la izquierda abertzale o a Javier Madrazo cuando expresó su «sorpresa» por el «optimismo» de Otegi y los suyos con respecto al presidente.

Quizás esa desautorización explique por qué ETA parece hacerse con el control de la negociación para «reconducir el proceso», después de varios meses en los que se había negado a mantener un contacto oficial con el Gobierno y remitía a los socialistas a negociar con Batasuna. Ahora, en cambio, habla de activar el diálogo directo con el Ejecutivo asumiendo el papel político que decía haber delegado en el partido liderado por Arnaldo Otegi. f.domiguez@diario-elcorreo.com

El diálogo no sirve con ETA
Editorial ABC 5 Noviembre 2006

CON la sincronización que les corresponde por ser la misma organización, Batasuna y ETA asestaron el pasado viernes un duro golpe al proceso de diálogo y al Gobierno socialista. Por la mañana, Arnaldo Otegi reiteraba, con mayor contundencia que en ocasiones anteriores, que Batasuna mantuvo contactos con miembros del Partido Socialista de Euskadi «cuando existía lucha armada en este país, cuando había muertos en este país». Es exactamente la confirmación de la peor noticia que podrían recibir las víctimas, y la sociedad en general, para dejar de confiar en la palabra del presidente del Gobierno y de su partido. Por la noche, el diario Gara publicaba en su edición digital un resumen del boletín («zutabe») de ETA, del mes de octubre, que ha cumplido las veces de un comunicado específico de la banda terrorista y en el que dirigen al Gobierno «la demanda concreta del cumplimiento de los compromisos que adoptó para dejar a un lado la represión y cesar en los ataques». ETA, a quien el Gobierno creyó el 22 de marzo, cuando comunicó el «alto el fuego permanente», dice ahora lo que ningún demócrata habría querido oír nunca: que el PSOE negoció mientras ETA mataba y que el Gobierno ha asumido compromisos con los etarras

Por tanto, los etarras certifican en su «zutabe» la inviabilidad absoluta del proceso de diálogo iniciado por Rodríguez Zapatero. Es cierto que los terroristas anuncian «un nuevo esfuerzo» para impulsar el proceso, pero, al margen de que los «esfuerzos» de ETA únicamente consisten en perdonar vidas, esta insolencia de los etarras muestra la degradación de un proceso que nunca debería haber llegado al punto de depender de la generosidad de los terroristas en administrar el cese de su propia violencia. No será porque el Gobierno no estaba advertido de que las treguas son para ETA un recurso más de su lucha armada, pero el empecinamiento en presentarla como una oportunidad para el fin de ETA empieza a pasar factura y a sembrar definitivamente de dudas el crédito del presidente del Gobierno como gestor y responsable político último del diálogo con los terroristas. Nada de esto habrá sorprendido a los lectores de ABC, a quienes este periódico ha dado una información precisa y con rigor sobre el curso del proceso, información que nunca ha sido desmentida ni contradicha, ni podrá serlo, y que se está confirmando puntualmente con el paso del tiempo.

El «zutabe» etarra es un ultimátum, precedido de la revelación definitiva de contactos con el PSOE mientras ETA seguía asesinando y de un rearme masivo de pistolas y revólveres, que se suma a los robos, también en Francia, de toneladas de material explosivo y de miles de documentos originales de identidad, de placas para vehículos y de dos troqueladoras. ¿Por qué? Porque ETA nunca ha planteado esta tregua como un proceso para llegar a la paz, sino para llegar a la autodeterminación del País Vasco, la amnistía de los presos y la anexión de Navarra. Y por esto mismo, ETA pone al Gobierno de Rodríguez Zapatero las condiciones concretas que debe cumplir para que no se rompa el proceso: la impunidad judicial, el «derecho a decidir» y los acuerdos políticos previos a la mesa de partidos. Si estas exigencias no se cumplen en este otoño, ETA anuncia también que «el proceso se romperá».

Así que es ETA la que pone condiciones, fija los plazos y tipifica las consecuencias. Desde luego, no es este el comunicado que esperaba el Gobierno: ni hace definitivo o irreversible el «alto el fuego», ni se abandona la violencia, ni se renuncia a objetivos imposibles. Todo lo contrario. ETA se reafirma en la misma doctrina que ha hecho fracasar siempre cualquier diálogo con el Gobierno. Ratifica los objetivos del «alto el fuego», pero no depone las armas. Anuncia un «nuevo esfuerzo» para desbloquear el proceso, pero amenaza con volver al terrorismo homicida. Y, para remate, descalifica la declaración que hizo Rodríguez Zapatero el 29 de junio, en un salón del Congreso de los Diputados, advirtiendo al presidente del Gobierno que la división territorial del País Vasco y la Constitución son «los nudos que hay que desatar». Cada minuto que pasa es un retraso injustificable del Gobierno en retomar la derrota policial de ETA como única forma de poner fin a su terror.

Negociar es claudicar
POR JUAN PABLO GONZÁLEZ ABC 5 Noviembre 2006

CUANDO tanto se habla de recuperar la memoria histórica y nuestros representantes políticos dedican tanto empeño en cambiar los nombres de calles y plazas para reparar supuestos agravios históricos, esos mismos representantes, en ejercicio de una especie de memoria selectiva, prefieren olvidar las lecciones que nos ofrece nuestro pasado más reciente cuando su lectura no contribuye a reforzar sus planteamientos y estrategias coyunturales.

El escritor Gómez de la Serna decía que tenía tan mala memoria que a veces hasta se olvidaba de su mala memoria y se acordaba de todo. Quizá de la misma manera algunos recordamos los años aún no lejanos en el tiempo en los que ETA-Batasuna decoraba las calles del País Vasco con carteles reclamando la negociación política con el Estado y la internacionalización de lo que llaman conflicto, siendo incesante su actividad de propaganda en París, Bruselas y otras capitales. Pues bien, en el momento de mayor debilidad, y sin renuncia previa a las armas o petición de perdón a las víctimas, han obtenido a modo de anticipo la negociación y la internacionalización, lo cual les ha reportado un éxito estratégico sin precedentes.

Pero la desmemoria de políticos y ciudadanos resulta alarmante si recordamos que las condiciones impuestas por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005 para dialogar con ETA siguen sin cumplirse, lo que es evidente a la vista de los últimos acontecimientos, incluido el lamentable espectáculo de los encapuchados en Oyartzun o el reciente robo de armas en Francia. Así, ETA continúa sin demostrar «una clara voluntad de poner fin a la violencia o actividades inequívocas que puedan conducir a esa convicción». También se dijo que no habría precio político, o que, primero la paz y luego la política, pero los hechos demuestran exactamente lo contrario.

Después de una serie de engaños, simulaciones y eufemismos entre los representantes del Gobierno y de ETA-Batasuna, el presidente mantiene su voluntad de abrir un proceso político contra viento y marea sobre la base de meros futuribles. Son inaceptables, además de inoportunas, sus palabras presentando al terrorista De Juana Chaos como un defensor del proceso de paz y justificando así la rebaja en la petición de condena por parte de la Fiscalía. Pero los resortes del Estado de Derecho siguen funcionando e, inevitablemente, interfieren las decisiones políticas que soportan el proceso de negociación. La Justicia no puede ignorar que Batasuna sigue siendo una organización subordinada e instrumental a ETA y que respalda plenamente sus planteamientos, que ha sido ilegalizada por sentencia de Tribunal Supremo y que sus dirigentes se encuentran procesados por pertenencia a banda armada. No será suficiente un mero maquillaje para sortear las previsiones de la Ley de Partidos Políticos sin una clara y convincente desvinculación del terrorismo.

Conforme se acerquen las elecciones, ETA-Batasuna elevará el nivel de sus pretensiones, y no porque necesite su legalización para concurrir a los comicios, sino porque sabe que su voluntad puede condicionar el proceso electoral. El futuro y la dignidad de la Nación en manos de una banda de asesinos gracias a una política que debilita profundamente la democracia, insulta a las víctimas y socava gravemente las bases de la lucha contra el terrorismo.

El desenlace puede ser trágico pues no se puede dialogar sin asumir grandes riesgos con quien esconde una pistola debajo de la mesa, con quien pretende imponer sus decisiones por la fuerza o con quien desprecia los más elementales valores, empezando por el de la vida, considerando que la violencia puede ser útil para obtener réditos políticos. Pero lo grave es que gracias al Gobierno esa consideración puede ser cierta si finalmente consiguen lo que pretenden.

¿Y cuál es la alternativa?
Una vez más la memoria nos señala el rumbo correcto: mantener la presión social, policial y judicial utilizando todos los resortes del Estado de Derecho hasta la derrota final de los terroristas. Sin duda un camino largo y no exento de sacrificios, pero el que mejores resultados ha ofrecido hasta el momento y el único que permitirá salvaguardar los valores de dignidad y justicia que exige una sociedad democrática.

Volvamos al principio. Recordemos los hechos y no dejemos que nos engañen. Sabemos que el PSE, y ETA-Batasuna barajan fórmulas sobre el llamado «derecho a decidir» y la anexión de Navarra en reuniones secretas. La mera existencia de estas conversaciones es inaceptable desde la perspectiva de la dignidad democrática. Basta contemplar en televisión los gestos y las actitudes de los terroristas Gaztelu, Bilbao y Chaos para no olvidar el auténtico rostro de unos asesinos que no van a cambiar.

Pero además resulta ingenuo considerar que una vez conseguido en reforma estatutaria el reconocimiento más o menos explícito del derecho de autodeterminación o de un modo de relación entre Euskadi y Navarra vayan a renunciar a sus objetivos finales. Para un fanático, y los terroristas lo son en grado sumo, la victoria no es victoria si no es absoluta. Con atentados o sin ellos, y con la complicidad del nacionalismo, continuarán empleando su poder de coerción e intimidación sobre los discrepantes hasta conseguir sus objetivos.

Por ello un hipotético acuerdo no traerá la paz ni restablecerá la convivencia en una sociedad de ciudadanos libres e iguales en derechos. Parafraseando a un político inglés, después de elegir el deshonor seguiremos sin alcanzar la verdadera paz. Enfrentados a hechos como los descritos resulta difícil confiar en el Gobierno. Pero mientras los acontecimientos se suceden, ¿serán capaces los españoles de recuperar la memoria?

El insoportable desafío de ETA
Editorial Heraldo de Aragón 5 Noviembre 2006

DICE ETA en su revista "Zutabe" ("columna, poste") que su negociación con el Gobierno de España está bloqueada y en crisis, entre otras razones porque los tribunales y las fuerzas de seguridad persisten en sus actuaciones, apreciación que puede tener la virtud de reconfortar a la mayoría ciudadana que no consentiría otra cosa. Una segunda acusación dirige ETA a los partidos democráticos más representativos, según la organización criminal, que son el PSOE, que gobierna en Madrid, y el PNV, que lo hace en Vitoria. Al primero, le exige el cumplimiento de unos supuestos acuerdos que, de ser ciertos, resultarían tan vergonzosos que, por descontado, habrían de incumplirse. Al decir de los portavoces etarras, habrían consistido en "dejar a un lado la represión y cesar en los ataques" por parte del Gobierno. La segunda reclamación a Rodríguez Zapatero es que se comprometa inequívocamente a remitir el futuro de Euskal Herria (en la reciente jerga aberzale, la suma de Navarra, Vascongadas y el país vascofrancés) a "la voluntad de los ciudadanos vascos"; esto es, a infringir sin recato el ordenamiento constitucional.

En resumen, lo que ETA estima necesario para no volver a asesinar es, por una parte, que se suspenda la vigencia de las leyes de cualquier rango que estorben a sus fines -lo que ataría las manos a los gobernantes, a los jueces y a las fuerzas policiales- y que se proclame por España y Francia la existencia de una entidad política formada por territorios de ambos países, incluida la Comunidad Foral de Navarra, sin consentimiento previo de los afectados y con desprecio completo del Derecho internacional. Lo que no sea eso será, según ETA, "seudosolución" y "trampa" y un "ataque a Euskal Herria" al que está dispuesta a responder. Lo que prueba que no ha renunciado a usar la violencia. Entre tanto, es muy penoso que, en estas circunstancias, el portavoz parlamentario del PNV, José Antonio Rubalkaba, haya hecho en dos días consecutivos sendos gestos públicos de desafecto y desprecio hacia España y su Gobierno, cuando lo que obviamente procede es la unidad de los demócratas y la renuncia a la ganancia partidista frente al terror.

ETA ha hablado. El Gobierno no puede callar
ROBERTO L. BLANCO VALDÉS La Voz 5 Noviembre 2006

DESPUÉS del transparente comunicado que ETA ha hecho público en su último Zutabe, el Gobierno no puede ya mantener, impertérrito, el discurso de disco rayado que ha venido sosteniendo desde que comenzó a verse con cierta claridad de qué iba en realidad la tregua declarada hace algo más de siete meses por la banda terrorista: «El proceso será largo, duro y difícil», pero aquí no pasa nada.

Porque la verdad es que sí pasa. ¡Vaya que si pasa! De hecho, ahora sabemos ya que pasa lo de siempre: que ETA ha vuelto a plantear las cosas en los mismos términos inaceptables en los que ha venido planteándolas desde hace cuatro décadas: o se asumen sus exigencias para Euskadi (autodeterminación y territorialidad) o, de lo contrario, volverán de nuevo con lo suyo. Y todos sabemos, por una dolorosísima experiencia de docenas de miles de acciones criminales, que lo suyo son los atentados terroristas: la goma dos y las pistolas.

Aunque el ministro Rubalcaba se refugió ayer en un socorrido «el Gobierno no comenta los comunicados de una banda terrorista», lo cierto es que el que acaba de publicar el diario Gara exige una seria aclaración por parte del Gobierno sobre si cambiará o no de política tras saber lo que ahora sabemos todos los ciudadanos españoles: que lejos de haber decidido poner fin a sus acciones criminales o renunciar a imponer por la fuerza de las armas sus exigencias independentistas, los etarras se reafirman nuevamente y con meridiana claridad en un chantaje que la democracia española había decidido desde siempre no aceptar.

Para decirlo sin tapujos: si la política del Gobierno consistía en mantener negociaciones oficiosas con ETA una vez acreditada, supuestamente, la voluntad de los etarras de dejar las armas para siempre, la clara e inequívoca manifestación por parte de ETA de que eso no es así no puede llevar a Rodríguez Zapatero a hacer de don Tancredo. El presidente del Gobierno debe recuperar de inmediato una posición que quizás nunca debía haber abandonado: que el Gobierno no negocia, ni oficial ni oficiosamente, con una banda terrorista, mientras no deje de serlo para siempre; y que el Gobierno hará todo lo posible para que no actúen dentro de la ley los grupos que apoyan a esa banda mientras no le retiren tal apoyo de un modo público y solemne.

Si, pese a todo, el Gobierno se empeñase en seguir adelante con ese mal llamado proceso de paz que obviamente no lo es, el Gobierno debería, cuando menos, explicarnos una cosa: por qué cree que debe negociarse ahora con ETA lo que ningún gobierno democrático español estuvo dispuesto a negociar entre 1977 y el 2004.

Mensaje amenazante
Editorial El Correo 5 Noviembre 2006

El contenido del último boletín interno de ETA es reflejo del inmovilismo terrorista y un dato añadido a la larga serie de hechos que han venido oscureciendo las esperanzas suscitadas tras el anuncio de «un alto el fuego permanente» el 22 de marzo. Sólo una lectura voluntarista y condescendiente con la obcecación etarra podría realzar la promesa que contiene de un «nuevo esfuerzo para reconducir el proceso» situando dichas palabras por encima de la amenaza con la que ETA, por primera vez en casi medio año, advierte sobre su disposición a romper la tregua en el caso de que los gobiernos y los partidos vascos no respondan a su requisitoria «este otoño». Se coja por donde se coja, el mensaje se sitúa a tal distancia de las reglas establecidas por el Ejecutivo como guía para el proceso de paz que resulta inevitable concluir que no estamos en un proceso de paz. No lo estamos porque la violencia callejera y la actividad de ETA persisten sin que la banda haya expresado en ningún momento su propósito de abandonar definitivamente las armas.

El llamado 'proceso de paz' no es tal porque tanto ETA como la izquierda abertzale continúan calificando de «represión» el normal funcionamiento del Estado de Derecho, e insisten en poner condiciones políticas como requisito previo para comprometerse con la continuidad del propio alto el fuego. Es tan sorprendente como significativo que en todos estos meses, y a pesar de los numerosos contactos y reuniones cuya celebración se va conociendo, ni ETA ni Batasuna hayan recorrido un mínimo trecho de aproximación hacia los principios democráticos, el marco constitucional y la legislación que deriva del mismo. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondió ayer a ETA advirtiendo de que los requisitos de «ausencia de violencia» y «cumplimiento de la legalidad vigente» son inamovibles como cauce para la iniciativa de paz que el Gobierno impulsa. El portavoz del PNV, Íñigo Urkullu, recordó que es ETA la que tiene contraída una deuda ineludible con la sociedad, que sólo podría saldar -en lo que puede saldarse tras tantos asesinatos- con su desaparición, previa asunción del daño causado. Pero mientras las proclamas de ETA y las palabras de los dirigentes de Batasuna sigan exigiendo drásticos cambios en el marco constitucional, que se «desaten los nudos de la territorialidad» y la aplicación del derecho de autodeterminación nada menos que como condiciones de partida para continuar comprometidos con el alto el fuego, ningún Gobierno podrá avanzar un ápice en el diálogo con la banda.

La situación es tan enrevesada y delicada que obliga al principal promotor de la iniciativa de paz, el presidente Rodríguez Zapatero y su Ejecutivo, a mostrarse más expresivo a la hora de clarificar cuál es exactamente la situación en la que nos encontramos y cuáles sus probables derivaciones. Porque de lo contrario la opinión pública, especialmente en el País Vasco, seguirá condicionada por la versión que ETA y Batasuna ofrecen diariamente del proceso y por las especulaciones e incluso sospechas que suscita toda gestión opaca de una iniciativa que continúa moviéndose en la confusión y que dibuja horizontes inciertos.

Rajoy y Ciudadanos
El tiempo se acelera
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 5 Noviembre 2006

Los acontecimientos se precipitan a izquierda y a derecha. Tenía que suceder, y ya ha empezado. Las causas son la rendición con armas y bagajes de los socialistas al separatismo y la renuncia de los populares a dar la batalla de las ideas. Dos lacras, dos catástrofes que vienen de lejos y que han castigado a las dos columnas del sistema: el supuesto partido nacional de la izquierda y el efectivo partido nacional de la no-izquierda.

Había logrado el Partido Popular aglutinar la totalidad de un voto que se define por contraste, el voto de los no izquierdistas, trátese de liberales, de conservadores o de muy conservadores. Y esta unidad era sagrada porque su mantenimiento es la única vía para ganarle elecciones al PSOE. Digo que era sagrada; ya no lo es. Resulta sencillamente estúpido acusar de desestabilizar al PP a cuantos simpatizantes o militantes constatan la traición de los suyos a ciertos principios básicos y el desprecio continuado a su gente, especialmente en Cataluña. Allá con sus problemas los que tienen en la política profesional el sustento. Quienes estamos exentos de tal servidumbre somos libres de decidir cuáles son en cada momento las prioridades y aplaudir (y votar) al pequeño partido recién nacido que se manifiesta dispuesto a pelear por ellas.

Veníamos insistiendo en que la divisoria política en Cataluña es la cuestión nacional. Los catalanes no nacionalistas hacía tiempo que no nos sentíamos representados por nadie, y cada vez se hacía más difícil entregar el voto a Piqué y Vendrell, cuya estrategia se ha mostrado una y otra vez equivocada. Aseguraron en Génova que no habría estatuto catalán; lo hubo. Garantizaron que la aritmética les haría imprescindibles y que Artur Mas, con o sin actas notariales, tendría que pasar por su tubo; tampoco ha sido así.

La única manera de mantener unido el voto del PP en las próximas municipales y generales es dar un golpe de timón y admitir que las papeletas que se han ido a Ciudadanos se habrían quedado en su sitio si en vez de la estrategia mimética de Piqué se hubieran defendido con claridad las propias posiciones. Por cierto, ¿dónde está el efecto Nebrera?

En vez de reconocer los errores y evitar un goteo de votos que puede acabar convertido en chorro, la plana mayor del PP cierra filas en torno a Piqué. Una calamidad, pues la misma mosca que se aloja detrás de la oreja del votante popular catalán se ha ido a posar en pabellones auditivos madrileños hartos de Gallardón. Antes de alimentar con su papeleta a las carpas del retiro, preferirán los mosqueados sumarse al efecto Rivera. Ese sí que es un efecto constatado y no el de doña Montserrat.

Al resistirse a abrir una crisis interna para no perjudicar sus expectativas de cara a las generales de 2008, Rajoy se ha perjudicado doblemente. La crisis llega de todas formas porque se la provoca su propia base electoral. Lo que evidencia otro error estructural: la percepción que Rajoy tiene de sí mismo como arma a la que sólo queda una bala.

El pobre balance de tres años
José Antonio Portero Molina La Opinión 5 Noviembre 2006

El PSC ha perdido 240.000 votos, el 23.5 %, y ERC 130.000, el 24 %, de modo que los 40.000 que ha aumentado Iniciativa no compensan las pérdidas del tripartito. Que vuelvan a formar gobierno, como parece, no resta importancia al número de votantes que les han abandonado. También CiU ha perdido 96.914 votos, el 9.5%, de manera que las tres posibles coaliciones de gobierno en Cataluña han salido debilitadas tras las elecciones: el tripartito de izquierdas se ha dejado en tres años 330.000 votos, cerca del 20%; la que pudieran formar CiU y ERC, ha perdido 230.000 y la "sociovergencia" 340.000. Pero también desde la perspectiva que suministra el proceso estatutario se pueden valorar las pérdidas: tres de las cuatro fuerzas que impulsaron el texto aprobado en el Parlamento de Cataluña suman 470.000 apoyos menos que en 2003, les ha nacido, además, una fuerza antinacionalista con 90.000 votos y hasta las papeletas en blanco, 60.000, se han duplicado. El balance de tres años girando en torno al Estatuto, a la identidad y a reducir la presencia estatal en Cataluña, es bien pobre.

El primer aviso lo recibieron los cuatro partidos que brindaron con cava al aprobar su Estatuto en Barcelona cuando, al someterse a referéndum el aprobado por las Cortes Generales, hubo una abstención superior al 50%, recibiendo el apoyo de uno de cada tres catalanes censados. Ahora les ha venido el segundo y aún quedan los efectos de las municipales y de las sentencias del Tribunal Constitucional. El balance global de los tres años es pobre y nada tiene que ver con las promesas de que el combinado Maragall-Zapatero traería regalos para catalanes y españoles, y alumbraría una etapa histórica en las relaciones entre Cataluña y España. Desde esta perspectiva más amplia el balance se me antoja un fracaso, aunque el tripartito vuelva a formar gobierno. Un fracaso que alcanza a Zapatero quien, tras el batacazo de Montilla, quiere desentenderse del asunto. También ha terminado en espejismo la imagen de la política catalana como ejemplo de política democrática. La plena disponibilidad de CiU para gobernar con el PSC después de la que ha caído; la de Montilla para acoger de nuevo a ERC, tras haberla expulsado del tripartito hace menos de tres meses y la despreocupación de los cuatro partidos por el aumento de la fragmentación parlamentaria y por el aumento de la abstención, recuerdan cada vez más a la política italiana.

Tras la aprobación por unanimidad del Estatuto andaluz, fuertemente modificado en las Cortes Generales pese a mantener un número disparatado de artículos, alguna extravagancia, bastantes normas que nada innovan y otras que serán inaplicables, ha vuelto a alborotar al nacionalismo gallego. Como el BNG anda próximo a CiU más que a ERC, tal y como lo prueba la presencia de Quintana en la campaña de Mas y Durán junto al PNV, quiere un Estatuto como el catalán y reniega del andaluz en cuya votación en el Congreso se han abstenido porque el Partido Andalucista lo rechaza y, sobre todo, porque lo votó el PP. En realidad es esto último lo que distancia al nacionalismo gallego del texto andaluz y le aproxima al catalán, y lo que dificulta al máximo el proceso estatutario de Galicia. No es razonable, democráticamente, que, con 13 escaños, el BNG conmine a un PP con 37 a votar en Galicia lo que no votó en Cataluña. Ni lo es que chantajee a los socialistas para que no acuerden con los populares como en Andalucía, Valencia, Baleares, Aragón y Castilla-La Mancha, que es lo que realmente asusta al BNG. He leído que el portavoz parlamentario del BNG ponía en duda la continuidad del nacionalismo en el gobierno y que no descartan la posibilidad de renunciar a la reforma del Estatuto, si el texto final va a ser como el andaluz en materia identitaria y en reconocimiento de la Constitución, y si no recoge, como el catalán, el deber individual de conocimiento de la lengua gallega y el trato de tú a tú con el Estado. Después del Estatuto andaluz, los socialistas gallegos tienen que aclararle al BNG que lo de hacer historia con el Estatuto y lo de la construcción nacional, ahora no toca. Y si el presidente deja a un lado su falta de química con Núñez Feijóo, seguro que habrá un Estatuto, por lo menos, constitucional.

José Antonio Portero Molina es Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de La Coruña

El caso (estatutario) andaluz
JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ TOUS /PROFESOR DE FILOSOFÍA El Correo 5 Noviembre 2006

El Estatuto andaluz será pronto aprobado en las Cortes generales con un respaldo abrumador. Incluye, como se sabe, una referencia a la 'realidad nacional' andaluza medio escondida en el Preámbulo y otra -en el mismo lugar y mucho menos escondida- a la «indisoluble unidad de la nación española». Decenas de veces se menciona la Constitución de 1978 como fuente de legitimidad de los poderes y competencias autonómicos. Lo mismo ocurre con aquellos organismos estatales jerárquicamente superiores a sus homólogos junteros. La palabra 'España' aparece una y otra vez.

Este acuerdo final, sin duda, ha de entenderse como un triunfo del espíritu de consenso, de la democracia o, simplemente como una pequeña tregua en la guerra parlamentaria que mantienen los dos grandes partidos nacionales. Pero todo esto no debe ocultar un hecho que vicia en su origen su aprobación: nadie, salvo la clase política gobernante, lo quería, lo deseaba o, simplemente, lo barruntaba. Es un Estatuto que nace de un espeso y significativo silencio social. El Estatuto catalán, finalmente aprobado por apenas un tercio de la ciudadanía, sí era deseado por una parte de los ciudadanos. El andaluz ha tenido un origen, como diría Maragall, 'tacticista', o, dicho en román paladino, partitocrático. Será un Estatuto legítimo cuando se apruebe en referéndum, pero no por ello será menos inverosímil o fantasmagórico.

La andaluza, de hecho, es una comunidad autónoma un poco rara: sus habitantes son o ligeramente autonomistas o nada autonomistas. Lejos de entender la presencia del Estado central en la comunidad como insulto al autogobierno, esta presencia es bastante bien valorada, e incluso deseada a la hora de realizar cierto tipo de trámites administrativos o de reclamar ciertos servicios. Los sucesivos gobiernos autonómicos podrían haber propiciado el nacimiento de una verdadera conciencia autonómica, pero más bien han contribuido a lo contrario: hace tiempo que en Andalucía ya no se cree en el principio de subsidiariedad. Es decir, la cercanía del poder político no equivale 'eo ipso' a un aumento de la representatividad de ese mismo poder. Los andaluces han sustituido el principio de subsidiariedad por la Ley de Murphy: las cosas que pueden empeorar empeoran invariablemente. El Gobierno andaluz, desde luego, no quiere ni oír hablar de ese tal Murphy: la autocrítica brilla por su ausencia en el Palacio de San Telmo.

La reforma estatutaria no es necesaria. Antes es preciso reformar la política autonómica misma allí donde naufraga estrepitosamente: la gestión de las competencias y su financiación. De nuevo la Ley de Murphy, complementada con ese refrán que dice 'donde no hay harina todo es mohína'. No se puede convencer a la ciudadanía de que Andalucía es capaz de acumular nuevas competencias si las que se ejercen hacen desear a veces la vuelta al claustro materno-nacional. Es como tunear un vehículo al que le falla el motor.

La falta de dineros públicos, en este sentido, explica muchas catástrofes en la gestión de nuestras competencias: la modestia no es una cualidad política rentable, de modo que es mejor fingir en público que nuestros recursos o nuestros servicios dan para todo, aunque den para muy poco. Si se gestiona la escasez con espíritu cartujo, la escasez es más llevadera. Si se hace como si la escasez no existiera, el resultado es la cutrez. Y una de las inexactitudes más evidentes que se han dicho durante el proceso de confección del nuevo Estatuto es que Andalucía saldría ganando en materia financiera. No será así porque la cuestión financiera es asunto general y no local. Andalucía dependerá siempre de acuerdos (o broncas) nacionales y/o interautonómicos. El aumento del nivel competencial no equivale automáticamente a un aumento acorde y paralelo de su financiación. Aquel aumento está escrito en el neoestatuto; el dinero necesario para ello, no.

El caso estatutario andaluz hace pensar, además, en la extraña deriva política en la que se halla inmerso este país y que estupefacta a nuestros conciudadanos europeos. La dispersión del poder político en una época como ésta es suicida: no se resuelven problemas globales con política ultralocal. Es como enfrentar a hormigas con elefantes. Hace veinte años no teníamos los mismos problemas que un alemán o un francés; hoy, sí. Hace veinte años la administración pública era cosa de mucha ventanilla y mucho papel que iba y venía a Madrid. Hoy presentamos la declaración de Hacienda en el 'ordenata' de casa. En esta época, las distintas administraciones no están más lejos o más cerca del ciudadano según criterios territoriales, sino de gestión y eficiencia de las cosas que afectan a la vida cotidiana. Esta cercanía temporal y virtual es una de las claves de la democracia del siglo XXI. En otras palabras: el centralismo posmoderno ha dejado de ser amenazador porque, sencillamente, no es centralista. Es o puede ser más reticular que radial, más doméstico que olímpico. Según cómo se ejerza el poder y según cómo aprecien los ciudadanos este ejercicio. En esto, como en tantas otras cosas, las viejas recetas ideológicas ya no sirven para nada.

Sigamos, en fin, con nuestra alocada carrera centrifuguista. Lo mismo funciona, habida cuenta de que España es un país inclasificable, por extravagante. Y si no, pues nada. Nada de nada.

Ya soy una realidad nacional
ANTONIO BURGOS ABC 5 Noviembre 2006

CON decir que hasta fui al médico, para ver si lo mío era grave, creo que lo he dicho todo. No me encontraba nada bien. Sentía un desasosiego, una comezón del alma, un reconcomio interior, un no sé qué que queda balbuciendo, que, no sé cómo explicarlo, me traía sin sueño. El doctor me miró la lengua (y el habla) y me dijo:

-Lo que tienes es la preocupación natural por la realidad nacional de Andalucía. Y es lógico. Eso nos tiene quitado el sueño a muchos andaluces. ¿Mira que si no aprueban que Andalucía es una realidad nacional? ¿Qué va a ser de nosotros y de nuestros hijos si no nos reconocen como realidad nacional?

Menos mal que Dios es grande en el Sinaí de San Lorenzo y que estos padres de las patrias andaluza y española, tan atentos siempre a las preocupaciones más inmediatas de los ciudadanos, a los problemas diarios que verdaderamente nos interesan, han aprobado en el Congreso de los Diputados que Andalucía es una realidad nacional.

Como debe ser. Y por unanimidad. No esperaba menos de ellos.

Se acabó el tártago del regomeyo. Hoy me siento flex. Ya soy una realidad nacional. No sé cómo hasta ahora habíamos podido vivir sin ser una realidad nacional. Y en cuanto al arte flamenco, ni te cuento. No sé cómo los andaluces hemos podido vivir hasta ahora sin tener blindada la exclusiva de las competencias sobre el flamenco. Era el sueño de todo andaluz bien nacido: ser una realidad nacional y tener las competencias exclusivas del flamenco. Que en la TV sigan saliendo las andaluzas en el papel de chachas; que esto sea un rentable granero de votos; que durante los últimos 25 años se haya montado aquí un régimen intervencionista que todo lo controla y subvenciona, donde cada vez hay más Junta de Andalucía y menos sociedad civil... Eso no preocupa a nadie. Como tampoco preocupa que fueran andaluces la mitad de los mil asesinados por esa ETA ante la que estamos hocicando. Como no preocupan Marbella y los cientos de Marbellas del mal endémico de la corrupción, que la corrupción en Andalucía sea como el bocio en Las Hurdes. Nada de eso importa a los andaluces.

Hasta con frenesí, solamente comparable al difunto fervor autonomista que tuvo el pueblo en el 28-F, la clase política ha suplido el entusiasmo ciudadano (y ciudadana) por un Estatuto que nadie ha pedido que reformaran. En el 28-F de entonces, los andaluces estaban entusiasmados con su autonomía; por ella mataban y morían, como Caparrós. En el 2-N de ahora, los únicos entusiasmados con la autonomía son los que viven de ella y en ella tienen su sueldecito y el pan de sus niños.
El gallego Rajoy dice que la realidad nacional es un adorno. Peor. Andalucía es otra vez el pase de la firma, el kikirikí, el trincherazo de España. Lo de siempre. Pinturerías de la escuela sevillana. La parte cómica del espectáculo. Cataluña y las Vascongadas son el toreo al natural; los andaluces, el adorno de la charlotada, El Bombero Torero con deuda histórica. Ah, claro, será por lo del cante. Aparte de que Colombia puede reclamar la competencia exclusiva de las colombianas y Fidel Castro de las guajiras, como Rodríguez Ibarra va a pedir al Constitucional que le respeten lo suyo de Porrinas de Badajoz, queda muy bien la habitual nota folclórica de adorno. Cuando Andalucía es la realidad nacional, sí, pero como el nombre antiguo de Telefónica o como RNE: Realidad Nacional de España. No es la realidad nacional del adorno corrupto de Mienmano, sino de Picasso y de Velázquez, de Aleixandre y de Juan Ramón, la que le da a España los premios Nobel. Toro de Osborne que le presta su identidad a la bandera nacional de España.

Y vaya diíta en que han aprobado el paripé de la unanimidad, tú. Con la de fechas que tiene el año, no podían haber elegido otra que el Día de los Difuntos. ¿Por quién doblan las campanas, tío Ernesto? Ah, claro, es por lo del derecho a la muerte digna, eufemismo del matarile de ancianos y nasciturus. Muerte digna que reconoce la realidad nacional del cante por sevillanas: «En Sevilla hay que morir». Menos mal que de momento nos libramos de la felación obligatoria, por aquello otro de «En Cádiz hay que mamar».

Ciudadanos, PSOE y PP
PEDRO ARIAS VEIRA La Voz 5 Noviembre 2006

A RAJOY los resultados de las catalanas le han hecho perder su habitual compostura. Abandonándose al calentón, vaticinó para Ciudadanos de Cataluña un futuro similar a los partidos de Mario Conde o de Jesús Gil. Se pasó siete pueblos; ambos terminaron en la cárcel, si bien con las alforjas bien llenas. No parece ser éste el caso de Albert Rivera, que llegó como vino al mundo y pretende mostrar al desnudo las miserias de la política catalana.

Hay que pasar página lo antes posible de este desliz, por lo demás innecesario, producto del descuido del análisis estadístico del comportamiento electoral. De hacerlo, comprobaría que el electorado de Ciudadanos procede en torno a sus dos terceras partes del espacio político socialista y tan sólo en una tercera parte del espacio propio del PP. Incluso la simple intuición y la observación desapasionada apuntan a la misma conclusión. Ciudadanos ganó tres diputados; el PP perdió uno, luego quedan otros dos que han tenido que venir de alguna parte. Lo normal es que procedieran del partido que más bajó, del PSC-PSOE. O en su caso de ERC, lo que sería preferible; o quizás no. En definitiva, que los partidarios de la Constitución y del españolismo pasaron de 15 a 17 diputados. Es la lectura correcta y más esperanzadora de estas elecciones.

Y lo es porque refuerza el espacio constitucional y de autonomismo leal; de coexistencia idiomática, de tolerancia y de voluntad de devolver el poder político al pueblo. Ciudadanos adolece de muchas carencias, pero han demostrado voluntad de irrumpir representando algo nuevo y lo han logrado en unas condiciones muy difíciles. Y al igual que ocurre con el PP, sus militantes son perseguidos y agredidos en Cataluña por el mero hecho de disentir.

El PSOE ha registrado un profundo retroceso, resultado de la pérdida de talante, de la insensibilidad hacia los que sufren, a los que padecen asimetría política; se abandonó a la mediocridad y la politiquería, aventurándose a una reconfiguración estatutaria que ni los catalanes han querido. El gran error del PP estribó en sumarse al catalanismo de élite, a la política al margen del pueblo. Erró en los cálculos y no aprovechó una situación de franca decadencia de la clase política catalana para presentarse como una verdadera alternativa.

En cualquier caso, no hay mal que por bien no venga, Ciudadanos representa para el PP la posibilidad de sumar votos del centroizquierda, que a él mismo le es difícil captar. Y en muchos sitios acceder a una mayoría, para figurar como polo principal de una coalición capaz de cambiar el panorama socioelectoral de una España hegemonizada por la izquierda. Quizás lo vean; o quizás no.

La banda asume el robo de pistolas al reconocer que asaltó a dos gendarmes
Redacción La Razón 5 Noviembre 2006

BILBAO- ETA ha reconocido, que el pasado 5 de marzo robo las armas a dos gendarmes franceses en Figeac, en el departamento de Lot. Según indica el «Zutabe» en el apartado «ETA berri», el pasado 5 de marzo dos miembros de ETA redujeron a los dos gendarmes en Figeac, y «tras maniatarlos les fueron requisadas sus dos pistolas Beretta».

Los agentes de la Gendarmería fueron sorprendidos ese día cuando procedían a identificar a un individuo sospechoso que estaba junto a un vehículo Opel Zafira en las cercanías de un Centro de Armamento del Ejército francés.

Otro etarra sorprendió por detrás a los gendarmes, a los que arrebataron dos pistolas, un subfusil, los uniformes y el resto de su equipamiento. Los policías fueron atados en un granero y abandonados.

Esposas robadas
Entre el equipamiento sustraído por los etarras estaban también las esposas de los dos agentes, una de las cuales fue utilizada en el asalto a la armería de localidad de Vauvert del pasado 23 de octubre, de donde se llevaron 350 pistolas y revólveres.

En este asalto intervinieron al menos una mujer y dos hombres y uno de estos últimos iba disfrazado con un uniforme de la Gendarmería procedente también del robo a los dos agentes de este cuerpo en Figeac.

En el «Zutabe», ETA hace referencia a que las dos pistolas Beretta robadas a los gendarmes «contenían balas explosivas conocidas como dum-dum», cuyo uso «está absolutamente prohibido; su utilización es ilegal incluso en caso de guerra, según dice la Convención de Ginebra». «Al impactar con el objetivo explotan y las consecuencias son mucho mayores», añade.

Fuentes de la Gendarmería francesa declararon a la agencia Vasco Press que es falsa la acusación de la banda terrorista, ya que la munición utilizada por los agentes de este cuerpo policial es la convencional del calibre 9 mm parabellum.
La única peculiaridad que tiene esta munición, que lleva blindaje de cobre, es que las balas se distinguen porque llevan un punto rojo de plástico que ha podido confundir a los miembros de ETA.

Un sindicato de la Guardia Civil anuncia que el personal se negará a hablar gallego
Redacción  La  Voz  5 Noviembre 2006

La Unión Federal de Guardias Civiles asegura que los agentes seguirán usando el castellano en sus respuestas a los ciudadanos gallegos, «pese a quien le pese», ya que consideran que es la única lengua que todos los españoles tienen la obligación de conocer.

El sindicato asegura que el Gobierno, presionado por los nacionalistas, incluirá la obligatoriedad de que los funcionarios estatales destinados en Galicia contesten en gallego a los ciudadanos que así lo requieran, según el compromiso contraído el pasado jueves por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, con vistas a reformar la Ley de Función Pública.

Los agentes de la Guardia Civil añaden a través de un comunicado que están dispuestos a llevar el asunto «a las más altas instancias judiciales», ya que consideran que vulnera el artículo 3.1 de la Constitución española y es fruto de partidos minoritarios en la sociedad.

CONDENADOS POR LA MATANZA DE 148 CHIÍES
Sadam Husein y dos de sus colaboradores podrían ser ahorcados en un máximo de treinta días
En treinta días podría enfrentar la horca.
Un tembloroso Sadam Husein ha sido condenado a muerte por ahorcamiento tras ser encontrado culpable de la matanza de 148 chiíes residentes del pueblo de Duyail en 1982. Otros dos de sus colaboradores, Barzan al-Tikrit y Awad Hamad al-Bandar, enfrentarán también la horca. El Tribunal especial que le juzga ha condenado, además, a tres ex altos cargos del desaparecido partido Baaz a penas de hasta quince años de prisión por los cargos de asesinato y tortura. El ex vicepresidente iraquí Taha Yasin Ramadan, fue condenado a cadena perpetua. Otro de los acusados, Mohamed Azawi Ali fue absuelto por falta de pruebas. En caso de que una posible apelación sea desestimada, la sentencia se podría cumplir dentro de un máximo de treinta días.
Agencias Libertad Digital 5 Noviembre 2006

El Tribunal Especial que juzga a Sadam Husein y siete de sus colaboradores condenó al depuesto dictador y a dos de sus más próximos colaboradores a la pena de muerte por "crímenes contra la humanidad". Además, ha fallado que los tres condenados morirán en la horca, pese a que Sadam había manifestado su deseo de ser ejecutado ante un pelotón de fusilamiento.

Al ser condenado, Sadam, con un Corán en la mano, gritó dos veces: "Alahu Akbar" ("Alá es grande). Vestido con un traje negro y camisa blanca, el dictador no bajó en ningún momento los ojos al suelo ni dio muestras de abatimiento durante la lectura. Nada más entrar en la sala del tribunal, acompañado por agentes de la Policía, el dictador se sentó y el juez le pidió que se pusiera de pie, a lo que éste se negó aduciendo que quería "escuchar la sentencia sentado". El juez, Rauf Abderrahmán, tuvo que pedir a la un policía que lo obligaran a incorporarse para escuchar la sentencia.

Además de Sadam, el magistrado dictó pena de muerte contra el hermanastro de aquél, Barzan al-Tikriti, y contra Awad Hamad al-Bandar, jefe del tribunal revolucionario que en 1982 condenó a muerte a 148 chiíes por haber participado en un atentado fallido contra Sadam. El otro preboste del régimen que era juzgado, Taha Yasín Ramadán (vicepresidente de la república), ha sido condenado a cadena perpetua.

Taha Yasín Ramadán recibió la condena de prisión a perpetuidad por "participar en el asesinato de 148 chiíes", y el tribunal sumó además a esta sentencia otras dos inculpatorias: una de diez años por "crímenes contra la humanidad" y otra de siete por "requisar terrenos agrícolas y otras propiedades".

Otros tres acusados -Ali Dayeh, Abdallah Kadum Ruweied y su hijo Nezhar Kadum, todos ellos altos dirigentes del partido Baaz en el momento de los hechos juzgados (1982)- han sido condenados a veintidós años de cárcel por dos delitos distintos de "asesinato de 148 personas" y por "ayudar a conocer el paradero de las 148 personas". Solo uno de los acusados, Mohamed al Azawi, ha sido declarado inocente y el tribunal ordenó su puesta en libertad.

Los otros dos condenados a muerte también intentaron interrumpir al juez con proclamas similares a los pronunciados por Sadam. Al-Tikriti no paró de gritar desde que llegó a la sala, por lo que el juez le conminó a que guardara silencio para poder oír la sentencia.

Todas incidencias pudieron contemplarse a través de las imágenes servidas por la televisión iraquí, pero algunas secuencias, supuestamente las más polémicas, fueron borradas del circuito controlado a través del cual se está retransmitiendo la sentencia, y que además se efectúa en diferido, con algunos minutos de desfase con respecto al tiempo real. Una banda con la leyenda "esta porción ha sido borrada" apareció sobrepuesta en algunos momentos de la emisión.

Xustiza recuerda a la "Mesa" que su cometido es "normalizar" y no "imponer" el gallego
04.11.06 | 15:24. Archivado en Política Reportero Digital 5 Noviembre 2006

(RD La Coruña).-Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) recuerda a la Mesa por la Normalización Lingüística que su cometido no es el de "perseguir" a los profesores y resto de miembros de la comunidad educativa para que utilicen el gallego en las aulas.

El TSXG recriminó a la Mesa su actitud en el recurso interpuesto por esta entidad sobre unos supuestos incumplimientos de la Inspección de Educación en el uso del gallego en las aulas, sentencia que recoge La Voz de Galicia.

El organismo judicial recuerda a la Mesa que su cometido responde "a la defensa del proceso de normalización del idioma gallego, y no de perseguir a profesores, inspectores, alumnos y padres en el ámbito educativo; ni sustituirlos, y que no existe constancia de ninguna denuncia presentada por alumnos o padres contra los centros o profesores presuntamente infractores, siendo sólo ellos los titulares de tal derecho lingüístico".

La Sección Primera del TSXG califica de "inadmisible" el recurso presentado por la Mesa al pretender que "la Sala haga una declaración de reprobación de la política lingüística de la Xunta, función que no le corresponde a un tribunal de Justicia".

Origen del conflicto
El origen de esta polémica se remonta a principios de 2004, cuando la Mesa por la Normalización Lingüística solicitó a la consellería de Educación que subsanara reiterados incumplimientos del decreto 247/95 del uso del gallego en las aulas, unas supuestas irregularidades de las que consideraban responsable a Inspección de Educación.

Ante el silencio del organismo autonómico en relación a este asunto, la Mesa anunció el recurso contencioso-administrativo, en el que destacaba la pasividad de la Administración. La Sala primera del TSXG recuerda a la Mesa que ésta "carece de legitimación para solicitar que se abran expedientes sancionadores a los inspectores y docentes".

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