AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 11 Noviembre  2006
Un «proceso» contra el Estado
Editorial ABC 11 Noviembre 2006

EL presidente del Gobierno ha afirmado que no dará pasos en el «proceso de paz» con ETA mientras la banda no acredite su voluntad inequívoca de dejar las armas. Hace siete meses, esta declaración de Rodríguez Zapatero habría merecido el reconocimiento general, sobre todo porque habría puesto a los terroristas el listón tan alto como merecen. Sin embargo, actualmente es una frase, hueca, que choca con la realidad y demuestra el grado de improvisación que rige la actuación del Ejecutivo. El problema que hoy tiene la sociedad española es, precisamente, que el Gobierno no da paso alguno contra ETA a pesar de que ETA ni se desarma ni se disuelve. Por el contrario, se han dados pasos, y muchos, en sentido opuesto y el reproche que merece el Gobierno es haber tomado decisiones, impulsado iniciativas y lanzado mensajes como si ETA ya hubiera renunciado definitivamente a la violencia. Fue el Gobierno, y sólo él, el que anunció haber verificado que el alto el fuego de ETA era completo y por eso Zapatero acudió el 29 de junio a un salón del Congreso para anunciar el diálogo con los terroristas. Si ahora el presidente del Gobierno dice que no dará pasos en el proceso es porque aquella verificación fue una mera simulación.

El diagnóstico del proceso, a día de hoy, refleja los pasos dados por el Ejecutivo. La unidad democrática con el Partido Popular está rota. El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo ha sido cancelado. La Ley de Partidos Políticos está esposada por la pasividad del Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado. Los Parlamentos nacional y vasco son convidados de piedra frente a mesas de partidos y «agentes» sociales que decidirán por sí mismos el futuro de todos. Los jueces son señalados como obstáculos para la paz. Las instituciones europeas han quedado saturadas a largo plazo por la torpeza del Gobierno. Navarra se inquieta por su régimen foral y, en fin, las víctimas de ETA sienten el peso de la incertidumbre más dramática, la de si su sacrificio será estéril.

No es cierto que el Gobierno no ha dado pasos: los ha dado a costa de poner a las instituciones del Estado democrático y de Derecho en la tesitura indigna de aquietarse a la táctica de su improvisación o cargar con la responsabilidad del fracaso del proceso. Así es como los jueces se enfrentan a un veredicto de culpa preventivo, dictado al unísono por Batasuna, pero también presente en insólitas declaraciones del jefe del Ejecutivo y de dirigentes socialistas vascos, por si la condena a De Juana Chaos o la «doctrina Parot» impiden al Gobierno dar a los etarras la impunidad que éstos dicen haber pactado con sus intermediarios. Faltaba el Tribunal Constitucional, pero el recurso de amparo -precipitado y dudosamente admisible- del lendakari Ibarretxe contra su imputación por reunirse con Batasuna se va a encargar de subsanar esta laguna, poniendo a prueba la disposición del Alto Tribunal a involucrarse, aunque sea tangencialmente, en esta ronda de adhesiones en que se ha convertido el proceso de «paz».

También las bases del Estado democrático están en cuestión. El Partido Popular ya tiene colgado el cartel de «culpable» si ETA revoca la tregua y vuelve a matar. Las víctimas no corren mejor suerte y la opinión pública está condenada a una ignorancia que sólo el rigor de algunas informaciones, como las publicadas por ABC -ninguna desmentida ni contestada-, consigue superar. Este proceso de negociación con ETA se sustenta en la descalificación de las instituciones del Estado democrático y de Derecho. Es un «proceso» contra el Estado. Su allanamiento es la condición sine qua non sólo para plantear teóricamente la posibilidad de un acuerdo entre ETA y el Gobierno. Los compromisos en reuniones clandestinas no tienen límite, pero un Estado sometido a un orden constitucional, a la voluntad de los ciudadanos, al imperio de la ley, a la independencia judicial y a la libertad de información es un Estado que establece sus propios topes. Y a estos topes ha llegado el Gobierno en su negociación con ETA. Por eso se pretende anular al PP, se evita a la opinión pública, se elude el Parlamento y se acosa a los jueces. Es decir, todo aquello que un Gobierno no puede someter. Creer que así es posible culminar un proceso de negociación con terroristas sólo es posible en una situación de huida constante de la realidad. No es viable ningún proceso de negociación que exija el sacrificio de los fundamentos del Estado.

Jueces predemocráticos
Por Juan Manuel de Prada ABC 11 Noviembre 2006

EL llamado «proceso de paz», cada vez más parecido a un proceso de capitulación, nos ha procurado ya abundantes episodios que estimulan el sonrojo. Que dicho proceso se sostenga mientras los terroristas perseveran en sus extorsiones, en sus vandalismos callejeros, en su aprovisionamiento de armas y en sus chulescas exhibiciones de fuerza ya instila en el observador neutral una mezcla de abatimiento y enojo difícilmente soportable. Que el Gobierno soslaye la aplicación de una ley vigente que establece muy nítidamente cuáles son los requisitos que una formación política debe cumplir para poder desarrollar legalmente su actividad causa a partes iguales perplejidad y consternación. Que los terroristas sigan exigiendo impunidad para sus crímenes y un fantasmagórico derecho de autodeterminación, mientras el presidente del Gobierno no sale al paso, sino que más bien alienta sus pretensiones con palabras confusas estimula la indignación. Pero de todo este gazpacho de concesiones y desistimientos que amenazan con suspender el imperio de la ley nada me perturba más que los ataques dirigidos contra la independencia judicial; ataques que ya no sólo profieren los criminales que sufren las consecuencias de la aplicación escrupulosa de la ley, sino individuos que ostentan la representación ciudadana, incluso quienes encarnan las más altas magistraturas del Estado.

Ya habíamos escuchado en alguna ocasión al fiscal general del Estado acusar a los magistrados de poner trabas al proceso de capitulación. En los últimos días, el acoso contra los jueces ha alcanzado un paroxismo amedrentador: el Gobierno vasco ha anunciado que retirará ayudas materiales al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; Josu Jon Imaz ha reclamado la creación de «mecanismos de protección» que defiendan el «sistema democrático» de jueces «involucionistas» y «predemocráticos»; y, last but not least, la sentencia condenatoria de cierto etarra con propensión a las dietas de adelgazamiento ha desatado las críticas indisimuladas del líder de los socialistas vascos, y también -algo menos explícitas- del propio Zapatero. Todo ello ofrece una cartografía pavorosa de injerencias en la actuación del poder judicial que nos retrotrae a épocas previas a Montesquieu. De forma más o menos subrepticia (a veces ni siquiera subrepticia, sino más bien con chulesca desfachatez), se está abogando por una administración de justicia que reniegue de su misión, para convertirse en una suerte de intérprete o arúspice lacayuno del proceso de capitulación.

Entre todos los ataques perpetrados contra el poder judicial me ha llamado muy poderosamente la atención, por su desinhibida vocación totalitaria, el proferido por el señor Imaz. En él se condensa ese espíritu de destrucción del Derecho que se enseñorea de nuestra época. Para el señor Imaz -como, por lo demás, ocurre con la inmensa mayoría de nuestros políticos-, el Derecho es un instrumento del poder que debe adaptarse, someterse, torcerse según la conveniencia de cada coyuntura; los jueces, por lo tanto, no serían sino peleles encargados de esa deshonrosa componenda. Como todavía quedan algunos jueces que se resisten a convertirse en corifeos de esta concepción puramente instrumental y adventicia del Derecho, reclama que los partidos políticos «trabajen conjuntamente para buscar mecanismos que protejan las instituciones democráticas» de ciertos sectores judiciales; esto es, en román paladino, que se arbitren medidas que aseguren la conversión del poder judicial en un mero apéndice de las trapisondas gubernativas y amparen el atropello del Derecho. En una democracia sana, esas declaraciones le habrían costado al señor Imaz la cárcel; inmersos en un gazpacho de concesiones y desistimientos que amenazan el imperio de la ley, el señor Imaz puede permitirse el lujo de posar como un «apóstol de la paz», esto es, de la capitulación.
 

11-M
¿Volverá ahora Santano a Gobelas?
Ignacio Villa Libertad Digital 11 Noviembre 2006

Resulta especialmente meritorio el valor demostrado por la juez Gallego en el ambiente que se respira en ámbitos judiciales estos días. El Gobierno no ha cejado en su intento de incomodar, asustar e intimidar a la Justicia para que se olvide de la ley y procure acoplarse a las necesidades del poder político. Es, pues, sobresaliente que así y todo la juez haya procesado a los cuatro mandos policiales a los que Garzón intentó salvar en el caso de la falsificación del informe del ácido bórico.

De esta forma, Gema Gallego arregla uno de los desafueros más increíbles que se han producido en la Justicia española en los últimos años. Cuatro mandos exculpados y tres peritos imputados cuando el más elemental sentido común dictaba lo contrario. Actuando de esa manera, Baltasar Garzón quemó en el altar de la política el escaso prestigio que le quedaba como jurista. El auto de su colega la juez Gallego lo inhabilita ante la opinión pública, que jamás volverá a verlo como juez sino como siervo del poder socialista. Podrá, sin duda, seguir con su trabajo, pero hoy todos sabemos ya que ese no es el de juez.

Lo que ha sucedido con la falsificación del informe del ácido bórico es demasiado grave como para evitar pensar que al Gobierno le parecía de la mayor importancia desdibujar ante la opinión pública esa manipulación. ¿Qué razones hay para que el Gobierno haya intentado salvar la cara de esta forma tan descarada a los cuatro mandos policiales ahora imputados? ¿Quién sugirió a Gabilondo que llevara al comisario Santano a su informativo, en uno de los ridículos periodísticos más patéticos que se recuerdan? ¿Qué razones específicas hay para que el poder y sus cercanías sigan tan empeñados en hacer desaparecer cualquier relación del 11-M con ETA? ¿Qué era eso tan importante que ha forzado al juez Garzón a inmolarse entrando de esa forma en un caso en el que legalmente no podía intervenir?

Pese a que los expertos no parezcan estar de acuerdo en esta tesis, a muchos les resulta difícil de creer que el informe tan celosamente falsificado no esconda ninguna pista clave sobre la matanza del 11-M. Es extraño que el Gobierno se haya puesto tan nervioso por algo que no es nada. Pero lo cierto es que ya es bastante grave el hecho de que vaya a juicio uno de los principales comisarios políticos del PSOE en la Policía. Buen amigo del comisario Telesforo Rubio, que tuvo que ser cesado hacia arriba por Pérez Rubalcaba después del famoso escándalo del chivatazo a ETA para evitar una operación de Grande Marlaska contra la red de extorsión de la banda, el comisario Santano preparó precisamente en la sede del PSOE en la calle Gobelas su intervención en la comisión de investigación del 11 de marzo. En ella intentó apuntalar la versión oficial sobre la mochila de Vallecas, versión que después se ha confirmado falsa en todos sus extremos.

Santano vuelve al primer plano de la actualidad, en este caso como procesado por falsificar un documento en el que se relacionaba a ETA con la matanza, y el posterior encubrimiento de este delito. ¿Volverá de nuevo a Gobelas para preparar su defensa? Seguro que, en Ferraz, Blanco y los suyos tienen la respuesta.

Las instrucciones políticas del Gobierno desprestigian a la policía
Editorial Elsemanaldigital 11 Noviembre 2006

El llamado "caso del ácido bórico" o de los peritos ha dado un nuevo giro que no por esperado resulta menos grave. Toda la cúpula de la Comisaría General de Policía Científica -el propio comisario general, Miguel Ángel Santano, el secretario general de la Comisaría, Pedro Luis Mélida, el jefe de la Unidad Central de Analítica, José Andradas, y el jefe de la sección de la Unidad de Análisis, Francisco Ramírez -, ha sido imputada en un procedimiento penal abreviado incoado por la jueza de Madrid Gemma Gallego por un delito de falsedad documental.

Nos hallamos ante un caso en el que aparecen mezcladas las que cabe calificar como verdaderas obsesiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que están perjudicando de una forma cada vez más pronunciada el normal funcionamiento de las instituciones del Estado: la investigación del 11-M y el llamado "proceso de paz" emprendido con la banda terrorista ETA.

No es creíble que unos altos funcionarios policiales, cuya máxima preocupación debería ser contribuir a que unos hechos como los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004 se aclaren en todos sus extremos y se sigan para ello todas las pistas, hayan decidido por propia iniciativa manipular un informe pericial para cegar una de esas posibles pistas. La eliminación en el dictamen elaborado por los peritos Isabel López, Manuel Escribano y Pedro Manrique de las referencias que relacionaban el hallazgo de ácido bórico en la vivienda de un procesado por el 11-M con el hallazgo de la misma sustancia en el piso franco de un comando etarra indica que existe algún tipo de instrucción política, que no puede proceder más que del Gobierno, para evitar cualquier investigación que relacione a ETA con los atentados de Madrid.

Las recientes declaraciones del propio presidente del Gobierno sobre el papel que deben desempeñar los jueces en el marco del "proceso de paz" no hacen más que avalar que el Ejecutivo está dispuesto a casi cualquier cosa con tal de no molestar a los terroristas e incluso a "mejorar", si ello resultase posible, su imagen ante la opinión pública. Pero, naturalmente, cuando de una banda de criminales se trata, esto choca de manera inevitable con las exigencias de la justicia en un Estado de Derecho.

Mención aparte merece la inusitada actuación del magistrado Baltasar Garzón en el caso de los peritos. Que un juez que se presenta a sí mismo con frecuencia como el adalid del progresismo no sólo se extralimite en sus competencias al asumir un caso que no le correspondía, sino que vulnere los derechos constitucionales de unas personas a las que llamó a declarar como testigos, convirtiéndolas por sorpresa en imputados y sometiéndolas a un agresivo interrogatorio, plantea, cuando menos, serias dudas sobre su independencia e imparcialidad. Son, una vez más, los riesgos de mezclar la función jurisdiccional con la pasión política.

Lección de ciudadanía
FERNANDO SAVATER El Correo 11 Noviembre 2006

Tuve al principio la tentación de titular este artículo 'En plenos morros', pero finalmente he optado por algo más educado. Sin embargo, la tentación de hacer la higa ha sido fuerte, al ver la conmoción provocada por los resultados que han obtenido Ciutadans en las pasadas elecciones catalanas. Primero -antes de que se votase- fue el vergonzoso silenciamiento y el mirar por encima del hombro, con conmiseración o ironía. Los medios de comunicación, sobre todo los específicos de la autonomía, apenas dedicaron al partido recién llegado la mínima atención, ni siquiera por el interés periodístico que podía representar la novedad de su propuesta. Después de los comicios, los mismos que les silenciaron empezaron a regañarles como si fuesen aquellos 'pecadores de la pradera' a los que amonestaba Chiquito de la Calzada. Oímos que son la ultraderecha, la derecha de la ultraderecha, el regreso de Lerroux (¿no podía faltar la referencia al Emperador del Paralelo, ahora más bien para lelos!), pero al mismo tiempo un grupo izquierdista partidario de varias aberraciones morales y en el que no puede confiar la sana gente de orden. A un fulano muy entendido le oí decir por la radio en cinco minutos que eran un invento movido desde Madrid y que no tenían ningún futuro en el resto de España, porque se trataba de un fenómeno específicamente catalán. Por lo visto la antigua profesión de lacayo, que creíamos desaparecida con el fin de las grandes casas aristocráticas, se ha reciclado de modo que perdura en emisoras, televisiones y periódicos, pero ahora al servicio de los magnates políticos.

¿A qué viene este partido de los Ciudadanos, que tanta incomodidad ha producido en los profesionales sempiternos de la política establecida al negarse dócilmente a desaparecer en la nada electoral, como ya se había dado por seguro? Desde mi punto de vista, aportan en primer lugar una actitud progresista que rechaza sin complejos la obligada devoción a nacionalismos pequeños o grandes. Digo 'progresista', no de izquierdas o derechas, porque creo que el verdadero progresismo se fabrica hoy con elementos pragmáticos tomados de los dos campos convencionales. Y ya resulta insostenible que porque un partido se llame 'izquierda no sé qué' sea progresista: si el progreso avanza hacia algo parecido a Javier Madrazo, es falso todo lo que cuenta tanto la Teoría de la Evolución, como desde luego la del Diseño Inteligente.

Vivimos en un país extraño: si uno se declara 'anticapitalista', recibe múltiples parabienes por su coraje solidario con los desheredados; si dice que es 'anticomunista', no le faltarán elogios por haber comprendido que no hay justicia sin libertad; pero si se confiesa 'antinacionalista' Nada, a tanto no se atreve nadie. Lo único bien visto como máximo es ser 'no nacionalista', aunque siempre catalanista, vasquista, galleguista ¿o españolista! Pues bien, algunos -puede que muy pocos, puede que tampoco muchos de los Ciutadans, que oficialmente se dicen 'no nacionalistas'- proclamamos abiertamente que somos antinacionalistas. Con el debido respeto a las personas, pero con no menor firmeza ante las ideas que nos resultan rechazables. Políticamente hablando, los nacionalistas me parecen obtusos e insaciables: obtusos por su visión patrimonialista y cerrada de la sociedad (v .gr., el peneuvista Rubalkaba en el pasado debate sobre autodeterminación, regalando España a los demás con tal de que su clan se quede con el País Vasco como si fuera su caserío) e insaciables, es decir, que ninguna concesión descentralizadora logra nada más que abrirles el apetito de mayores privilegios y competencias exclusivas.

Me gustaría poder votar a un partido que contrarrestase eficazmente, con habilidad política, los abusos separatistas; que mantuviese un discurso pedagógicamente explícito para aclarar que el derecho a la diferencia nunca es una diferencia de derechos; y que por supuesto defendiese la unidad constitucional como base del Estado democrático pero sin concesiones a patrioterismos ni a ninguna esencial idea de España. Dado el panorama actual, ¿a quién podemos votar, yo y quienes pensamos como yo? No sé si Ciutadans resuelve nuestro problema, pero al menos nos abre una esperanza.

Me gustaría por tanto que el partido de los Ciudadanos se extendiese a todas las circunscripciones electorales de España. La competencia, alarmada, intenta convencernos de que tal cosa no es posible porque el nacionalismo obligatorio sólo es problema en Cataluña, el País Vasco y quizá en Galicia. Pero es que los Ciudadanos no sólo pueden ni deben atender la urgencia antinacionalista. Hay otros temas conflictivos y vuelvo al ejemplo del hombre que conozco mejor -como diría Unamuno- o sea, yo mismo. Como maestro, me parece imprescindible la Educación para la Ciudadanía en Bachillerato y en cambio me resulta impresentable que un Estado laico costee una asignatura de Religión confesional, evaluable y válida para pasar curso, con un profesorado designado o revocado por los obispos y pagado por el erario público. Pues bien, según parece la asignatura de educación cívica -tras muchas grotescas polémicas- va a quedar reducida en el nuevo Bachillerato a una hora semanal, lo que equivale a darle una existencia semi-virtual. Y en cambio tendremos religión evaluable, etcétera. Como ese panorama me parece vergonzoso, no quiero apoyar al partido gubernamental que lo propone. Tampoco puedo votar al PP, que ha dicho ineptas perrerías sobre la Educación para la Ciudadanía y es capaz de dar más horas a la Religión que a Matemáticas o Lengua, para complacer a los obispos. Izquierda Unida es una opción ya impracticable, por culpa de Madrazo y cía. Entonces ¿a quién voto? Si Ciudadanos plantea este tema y otros semejantes, será útil en España entera.

En último término, la simple existencia de una alternativa razonable a los partidos mayoritarios es ya una ráfaga de aire fresco. Cuando yo tenía veinte años y nos metíamos en líos por alborotar contra el franquismo (por entonces la mayoría de los ardientes antifranquistas actuales iban a campamentos del Frente de Juventudes o no habían nacido todavía), nuestros mayores nos amonestaban: '¿Si esto no os gusta, idos a Rusia!'. Como si fuese obligatorio ser devoto de Franco o de Stalin. Ahora les dicen algo parecido en el PSOE y en el PP a quienes disienten de la línea oficial: '¿Vete con los de enfrente!'. Sería estupendo poder responderles que nos vamos, sí, pero con quien ellos no se esperan. El éxito de Ciutadans demuestra que además de quejarse, de decir que todo está peor que nunca, que el enemigo está crecido y ya ha ganado la partida (como los políticos insensatos repiten en el País Vasco) puede hacerse algo para cambiar las cosas a mejor. Allí en Cataluña lo han logrado principalmente jóvenes, aunque alentados y ayudados por gente mayor. ¿A qué esperan los jóvenes realmente progresistas en el País Vasco?

Personas normalitas
PELLO SALABURU El Correo 11 Noviembre 2006

Hay que ver lo que cuesta dejar de matar, de amenazar, de quemar autobuses y de no meterse con el personal. Hay que ver lo que cuesta convertirse en una persona normalita, de ésas que van por la calle con sus problemas diarios a cuestas, de ésas que pasean, leen, toman un pote, charlan con sus amigos, ven un partido por la tele, eligen a sus representantes y cuando les viene la gana opinan sobre política, sobre un alcalde o sobre el matrimonio homosexual, sin que nadie les tenga que pedir cuentas por ello. Es difícil aceptar que uno es eso, uno más, dentro de los miles de personas que vivimos en el País Vasco. Aunque sea uno más de esos miles de personas que viven atormentadas viendo con angustia cómo se machaca un día sí y otro también al sufrido pueblo vasco. Uno de esos miles, que tienen enfrente a otros muchos miles que viven preocupados porque piensan que las cosas en política se deberían hacer de otra manera pero que, siendo tan ciudadanos vascos como los de mente atormentada, no acaba de ver que a nadie se le machaque de forma tan sistemática como piensan. Salvo que por machacar se entienda meter en la cárcel al que roba, al que mete la mano en las arcas del ayuntamiento, al que atiza a su mujer o al que golpea a su hija. Y, por supuesto, al que mata a quien piensa de forma diferente.

El proceso de paz (o lo que quiera que sea este proceso) está en horas bajas. Los nombres de un asesino profesional y de quien de ser la gran esperanza blanca se ha acabado convirtiendo en una monumental estafa para los ciudadanos vascos, han ocupado las primeras planas de los periódicos: el uno porque, como no le gusta nada que le sentencien (él sí ha podido hacer, y de qué forma además) decide emprender una huelga hasta el final; el otro porque dice que así no, así no. Que les machacan.

Tanto uno como otro quieren hacernos creer que la sociedad les debe un favor, sin entender que lo único que la sociedad les está pidiendo es que se comporten como personas normalitas, de ésas que van por la calle con sus problemas diarios a cuestas, de ésas que pasean... bueno, no sigo por el principio, aunque hay que repetirlo más de una vez. Son duros de entendederas. El proceso está en horas bajas, en efecto, porque no entienden eso y, claro, si no lo entienden es complicado que existan procesos que puedan avanzar. En ésas estamos.

Nadie les debe un favor. Son ellos los que deben mucho a la sociedad. Yo, que soy un inocente, pensaba que por fin lo habían entendido y que, aunque no lo podían manifestar de forma tan cruda (todo tiene sus límites), ahora sí se habían caído del caballo y estaban dispuestos (y dispuestas, no se me olvide) a aceptar que no, que no poseen verdades en exclusiva, que la inmensa mayoría de los ciudadanos ha dado la espalda a sus bravuconadas, que 250 pistolas no sirven para nada que no sea para traer más sufrimiento a todos, también a ellos. Pensaba que habían aceptado que puede haber, oh milagro, personas que no piensan como ellos. Que formando parte del pueblo vasco y de nuestra sociedad con los mismos derechos que ellos, tienen otros puntos de vista. Tan legítimos. Pensaba que por fin se habían dado cuenta de esto. Tampoco es difícil, aunque entiendo que años y años de vivir en burbujas calenturientas, creándose realidades más artificiales que la guerra de las galaxias, acaban dejando huella. Tiempo al tiempo, me decía a mí mismo. Esto no tiene nada de mala pinta. Por fin se van a convertir en personas normalitas, de ésas que van por la calle con sus problemas... ya me entienden.

Claro que, en otro plano, las últimas decisiones de los jueces (del PP ya me olvido, su actuación me recuerda a un arroz con leche espeso) tampoco ayudan nada en todo esto. Los jueces. No recuerdo momentos de tan poco crédito para el poder judicial. Porque claro: las mismas leyes, los mismos hechos a enjuiciar. ¿Cómo es posible que donde alguien encuentra 96 años otro vea 4 ó 13, y nadie se escandalice? ¿Cómo es posible que nadie ponga pegas para que los enviados de Aznar se reúnan con ETA, pero el lehendakari no lo pueda hacer con personas que salen un día sí y otro también en los periódicos para exponer sus puntos de vista? ¿Cómo es posible que la actuación de Atutxa al frente del Parlamento sea enjuiciado de forma tan diversa? ¿Qué hacen esos jueces metidos a representantes de futbolistas? Alguien me dirá, con toda la razón del mundo, que no todos los jueces son así. Y es verdad. Señalo a los que debo señalar. E, incluso, tratándose de éstos, se me recordará que no todos pueden estar metidos en el mismo saco. Cierto. Tan cierto como que desde hace ya tiempo hay una cuadrilla de magistrados cuyos autos y resoluciones vienen mediatizadas de tal forma por su ideología política, que los ciudadanos no acabamos de creernos lo de la separación de poderes. Es tal el cúmulo de evidencias, empezando por nuestros jueces estrella y siguiendo por las actuaciones del Supremo o del Constitucional (¿recuerdan ustedes las viejas trifulcas entre ambos? Para que nos digan eso de la independencia) que nos fuerzan a pensar lo contrario. Y así tampoco, así no hay proceso que llegue a fin.

Unos, quienes tienen la responsabilidad mayor y en muchos aspectos responsabilidad única, porque se niegan a ser personas normalitas, de ésas que van por la calle... Otros, quienes también deben aceptar que el poder judicial no tiene por qué vivir en la Luna, porque hace tiempo que han perdido el sentido común. Aquellos ponen la barricada en la vía. Estos se empeñan en taponar las aceras. Y así nos va. ¿No va a haber un poco de cordura en el país?

Los complejos de Piqué
Por M. Martín Ferrand ABC 11 Noviembre 2006

SER bilingüe, como ser ambidiestro, tiene más de bendición que de castigo. Quizás alguien pueda sorprenderse con la maña de quien maneja unas tijeras con la mano izquierda; pero, salvo que circulen entre bastidores otras motivaciones, no cabe deducir de esas habilidades inconveniente alguno para la convivencia. Ni en Galicia, donde nací, ni en Cataluña, donde viví años de grato recuerdo, tuve nunca problemas con los bilingüismos que se ejercen en ambos territorios y he llegado a la conclusión -provisional, como deben ser en España todas las conclusiones sensatas- de que en esto de las hablas y sus usos no se dan más problemas que aquéllos que se derivan de la mala educación. La cortesía tiene más fuerza que la rabia.
Tampoco se debe perder de vista que entre nosotros, en las regiones naturalmente bilingües, algunos utilizan la circunstancia como un uniforme político para diferenciarse del resto de los españoles y, así animados, emplean el idioma como una maza para agredir a los demás. Es un fenómeno interesante para la psiquiatría o, quizás, para el análisis de las patologías sociales; pero no es prudente, ni lúcido, introducir el caso en la fenomenología política por mucho que algunas siglas determinantes no tengan más contenido, ni más enjundia, que el de la imposición de un idioma. Así se advierte, por ejemplo, cuando en el difícil pacto entre el PSC y ERC el mayor obstáculo conocido radica en el control de la política lingüística que, naturalmente, Josep Lluis Carod-Rovira reclama para sí. Algo de todo punto lógico porque al líder republicano y separatista le ocurre lo que a los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero: traducidos y sin acento se quedan en nada, en algo pastoso y sosaina.

En ese ambiente, escaso de equilibrio y oscuro de intención, sorprende que Josep Piqué les haya pedido a los tres diputados de Ciutadans que se disponen a incorporarse al Parlament que eviten «la provocación y la confrontación lingüísticas». Debe ser que, como Asterix sospechaba de los romanos, estos chicos del PP están todos locos. La normalidad sólo se alcanza a partir de la conducta normal de cada uno de nosotros. Entender como «provocador» que alguien se exprese en castellano, la lengua oficial del Estado, como indica el artículo 3 de la Constitución, aun reconociendo que «las demás lenguas españolas serán también oficiales a sus respectivas Comunidades Autónomas», es alejarse del sentido común y evidenciar un complejo que no conviene como pedestal para el líder catalán del PP, el «otro» partido nacional español. Los naturales recelos que, en defensa de su flanco izquierdo, el PP debe mantener frente a Ciutadans no puede sostenerse en que alguien como Piqué -tan evolutivo, tan adaptable- quiera resultarle simpático a quienes le desprecian ante notario, para que conste.

Vascongadas y Montenegro
Miguel Barrachina Periodista Digital 11 Noviembre 2006

Mientras la política lingüística y cultural de Cataluña quedará en manos de los independentistas de Esquerra, para seguir negando una educación bilingüe y separar así a aquellos niños del resto de los españoles, desde el País Vasco se da una nueva vuelta de tuerca a la presión secesionista.

El parlamento vasco, al parecer estimulado por la debilidad de Zapatero frente ETA, ha aprobado, tomando a Montenegro como “referente”, su derecho a la autodeterminación.

Es ocioso recordar, salvo para los escolares que sufren gobiernos nacionalistas, que el territorio vascongado forma parte constituyente de España siglos antes de que en 1833 se definieran las actuales provincias españolas y de que el País vasco en 1936 tuviera su primer estatuto.

Como es también innecesario advertir que los ciudadanos vascos se autodeterminaron en 1978 aprobando la actual Constitución con porcentajes del 73%, 72% y 64% para Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, respectivamente.

Pero sí es importante subrayar que el referéndum de Montenegro para la recuperación de su independencia de 1918 y la situación del País Vasco nada tiene que ver.

Montenegro junto a Serbia era lo que quedaba de esa unión artificial que en 1929 se llamó Yugoslavia. Este nuevo estado se construyó sobre parte de las ruinas de los antiguos imperios, turco y austrohúngaro, con tres religiones distintas (musulmana, ortodoxa y católica) y etnias diversas.

Como acertadamente dijo en su día el socialista Javier Solana comparar lo nuestro con Montenegro es de “delirium tremens”. Cualquier parecido con Euskadi es una broma de mal gusto, propia de la constante falsificación histórica del nacionalismo.

Proetarras intentan quemar a dos policías municipales en Bilbao
Dos detenidos tras rociar con un spray a un agente y al otro con gasolina
I. Moneo La Razón 11 Noviembre 2006

Bilbao- Los actos de terrorismo callejero no cesan. Se dirigen contra los jueces y los socialistas y se perpetran ya a plena luz del día, sin miedo a la acción policial. Bilbao fue testigo ayer de una tarde realmente violenta en varios escenarios distintos. El ataque más peligroso lo sufrieron dos policías municipales, que estuvieron a punto de arder vivos, según informa Efe. Poco después de las ocho y cuarto de la tarde, dos policías locales que formaban parte de un dispositivo antibotellón en la plaza Unamuno (ubicada en el casco Viejo), fueron atacados por un grupo de encapuchados, que lanzaron piedras y rociaron con «spray» a uno de los agentes y con gasolina al otro para quemarles. Sin embargo, comerciantes y hosteleros de la zona, así como otros agentes de la Policía Municipal que acudieron al lugar en ayuda de sus compañeros lograron frustrar el ataque.

Antes de darse a la fuga, uno de los encapuchados lanzó un cóctel molotov contra el coche patrulla de los policías agredidos. Las llamas no causaron daños personales y fueron sofocadas con prontitud. La Policía Municipal logró detener a uno de los participantes en el ataque antes de que pudiera huir. Se trata de un joven de 18 años de edad, vecino de Sestao (Vizcaya), que ha sido puesto a disposición de la Ertzaintza, que por su parte arrestó a un segundo joven igualmente relacionado con estos hechos.

También sobre las ocho y cuarto de la tarde, en la calle Sombrerería del Casco Viejo de Bilbao, desconocidos lanzaron piedras y cócteles molotov contra una sucursal de Banco Popular y otra de La Caixa. Además, los radicales también cruzaron varios contenedores en la calle Correo y prendieron fuego a uno de ellos. Los incidentes registrados en el Casco Viejo de Bilbao estuvieron precedidos de una manifestación convocada por Segi a las siete de la tarde frente a la sede del PSE en Bilbao, emplazada en la alameda Rekalde. En este punto, varios participantes cruzaron contenedores tanto en alameda Rekalde como en algunas vías aledañas y lanzaron piedras contra la Ertzaintza, que se vio obligada a cargar y disolver la marcha.

Ataques en Navarra
Pero si los actos de kale borroka perpetrados en Bilbao son llamativos por su virulencia, en Navarra las cosas no fueron mucho mejor. Varios proetarras atacaron a primera hora de la mañana los Juzgados de la localidad navarra de Estella. Contra su fachada arrojaron hasta seis cócteles molotov que no llegaron a explotar. Según informó la Delegación del Gobierno en Navarra, sólo se produjeron manchas de gasolina procedente de las botellas que se rompieron por el impacto.
Horas antes, a las once de la noche del jueves, se produjo otro asalto contra la sede del Partido socialista en otra localidad navarra, en este caso Burlada, que tampoco consiguió alcanzar sus objetivos. Varios desconocidos lanzaron tres cócteles molotov que ni alcanzaron la sede socialista ni llegaron a explotar.

El PP ve «incoherente» no hablar castellano en el Parlamento
R. B. La Razón 11 Noviembre 2006

Barcelona- El debate del bilingüismo dará mucho que hablar la octava legislatura en Cataluña. Ciutadans-el Partit de la Ciutadania lo tiene por bandera y todavía ERC no ha asumido las competencias en materia de política lingüística, pero el tema ya está sobre la mesa. Un día después de que el presidente del PP catalán, Josep Piqué, dijera en TV3 que «no tendría ningún sentido y, además, sería una impostura y una muestra de oportunismo político que en el Parlament me pusiera a hablar castellano», hubo respuesta de sus compañeros de filas.

El secretario general del grupo popular en el Congreso y diputado por Barcelona, Jorge Fernández Díaz, afirmó ayer que sería una «incoherencia inexpicable» que los diputados en el Parlamento catalán no aplicasen el bilingüismo. Fernández Díaz recordó que el PP ha defendido el bilingüismo en su programa electoral y se ha opuesto al «monolingüismo» catalán que, en su opinión, trata de imponer el Estatut, recurrido ante el Constitucional por el PP, entre otras cosas, por la política lingüística. Añadió, en declaraciones a Ep, que «no tendría sentido» que la formación dejara aparcado el castellano por razones de oportunidad política ya que «tanto el catalán como el castellano son idiomas oficiales en Cataluña y se pueden utilizar en el ámbito público».

El portavoz de los populares catalanes, Daniel Sirera, también se sumó al debate y recordó que considera que se han malinterpretado sus declaraciones, que «en el PP de Cataluña existe un único criterio sobre el uso de las lenguas oficiales en el Parlament: la libertad del ciudadano de usar la que quiera de las dos», política que aplicará Piqué.

Oposición «pura y dura»
Por otra parte, el presidente del PP catalán alertó del «mal augurio» que supone la asignación de las competencias en política lingüística a ERC pues presagia «una confrontación lingüística» porque los republicanos querrán «implantar el monolingüismo» en catalán. «Poner en manos de un partido claramente independentista temas tan sensibles como la política lingüística, la CCRTV o la política exterior» no inspira «credibilidad en el nuevo gobierno» ni servirá «para recomponer la imagen y el prestigio de Cataluña», afirmó. Prometió una oposición «pura y dura» sin conceder «periodos de gracia».

Jueces y fiscales progresistas denuncian acoso por «el proceso de paz»
N. C / J. P Madrid ABC 11 Noviembre 2006

Jueces para la Democracia y la Unión Progresistas de Fiscales también dicen «basta ya» y se rebelan contra la estrategia de influir en el Poder Judicial con el objetivo de otorgar un espacio de impunidad a ETA-Batasuna en aras a favorecer el denominado «proceso de paz». Esta campaña de presión contra los magistrados que dictan resoluciones que «obstaculizan» la negociación prevista entre el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y la banda terrorista fue iniciada por los partidos nacionalistas del País Vasco, pero en fechas recientes se han sumado ya, claramente, el propio Gobierno y el PSOE.

Así las cosas, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales calificaron ayer de «inaceptables» lo que definen como «continuas declaraciones públicas que pretenden presionar» tanto a jueces como a fiscales. Un reproche que tiene como destinatarios directos a los partidos nacionalistas del País Vasco. Pero que tampoco debe sonar ajeno al propio presidente del Gobierno. José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha venido cuestionando determinadas actuaciones judiciales. Por ejemplo, cuando manifestó que el preso Ignacio de Juana Chaos, responsable de 25 asesinatos, apoya el «proceso de paz». Una declaración que ya en su momento fue interpretada como un intento de influir en el tribunal, que todavía no había condenado a 12 años de cárcel por amenazas terroristas al sanguinario pistolero. O, más recientemente, cuando, una vez conocida la sentencia, aseguró que la pena impuesta podía dificultar la negociación con ETA. Descalificaciones al Poder Judicial a las que también se han abonado en las últimas fechas los dirigentes del PSE, con su secretario general, Patxi López, al frente.

«Jueces patrióticos»
Coincidiendo con las críticas procedentes del Gobierno y del PSOE, el PNV dio un paso más en sus tradicionales descalificaciones a los jueces. Ayer mismo, el propio lendakari, Juan José Ibarretxe, acusó en el Parlamento vasco a algunos miembros del Poder Judicial de «ampararse en una militancia patriótica» para realizar «juicios políticos». Dicho esto, agregó que, con esta actitud, «están deslegitimando la propia Justicia». Ibarretxe respondía a una pregunta del portavoz del PP, Leopoldo Barreda, quien denunció la «furibunda» reacción del Gobierno vasco, sobre todo tras el procesamiento del lendakari por reunirse con Arnaldo Otegi. Las descalificaciones de Ibarretxe a los jueces constituyen el hasta ahora último episodio de una campaña emprendida por el nacionalismo vasco para presionar al Poder Judicial, y que tuvo un reciente capítulo cuando el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, acusó a algunos magistrados de alinearse con la «extrema derecha».
Pero en este contexto, ayer se produjo la reacción de los magistrados y fiscales progresistas, que se suman a las denuncias de la Asociación Profesional de la Magistratura.

Comunicado conjunto
Así las cosas, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, aprovechando una reunión que sus respectivos secretariados mantuvieron ayer en Palma, difundieron un comunicado conjunto, firmado por sus representantes, Jaime Tapia y Eduardo Esteban, respectivamente. En el texto recuerdan que las críticas «deben circunscribirse al aspecto jurídico de las resoluciones y las actuaciones de los fiscales». En su opinión, «es inevitable que las resoluciones judiciales y las actuaciones fiscales provoquen efectos en la vida social y política». Sin embargo, el comunicado pone los puntos sobre las íes: «Pero a ambos les es exigible que sus actuaciones se guíen por criterios exclusivamente jurídicos. En la realidad de cada día, sin embargo, se ven excepcionales actuaciones, en el ámbito del proceso, que no se entienden si no es desde una adscripción partidista, alejándose de una interpretación razonable del Derecho».

El portavoz de Jueces para la Democracia, Jaime Tapia, destacó que la crítica a las resoluciones judiciales «no justifica exabruptos del lenguaje». Dicho esto, se mostró partidario de «poner coto a la verdadera relevancia que pueden tener en el proceso de paz esas resoluciones judiciales». «Hace poco lo decía el Fiscal General de Estado, que los jueces no debemos ser ni favorecedores ni obstáculos, sino quienes aplican la ley con un margen de maniobra teniendo presente la realidad social, pero con límites. No se nos puede poner como responsables o no del éxito del proceso de paz, que tiene que tener otros cauces totalmente diferentes», afirmó Tapia.

En medio de tanta descalificación, el secretario general del PP, Ángel Acebes, dijo que es «una vergüenza» la «coacción» que se está produciendo «para que los jueces no condenen a los miembros de ETA».

La batería de descalificaciones procedentes tanto desde el Gobierno y el PSOE como desde las filas nacionalistas ha creado alarma, particularmente en jueces y fiscales que ejercen en el País Vasco y Navarra. Algunos de ellos han pedido que se les refuerce la protección, según fuentes de la lucha antiterrorista. En concreto, una juez y un fiscal de Vizcaya. «Cuando se dice claramente que determinados colectivos están, nada más y nada menos, saboteando el proceso, se les está poniendo en el punto de mira de los terroristas. Y más aún a un colectivo que ya de por sí está amenazado», comentan los medios antiterroristas. «Si se rompe la tregua, los primeros contra los que van a ir los terroristas van a ser los jueces y fiscales», concluyen.

CRITICA A LOS MEDIOS AFINES AL GOBIERNO POR SU SILENCIO
Santiago Abascal denuncia que los proetarras se acercan a "los periodos más negros del terrorismo callejero"
El parlamentario del PP vasco se ha referido al intento de los proetarras de quemar vivos a dos policías municipales como un hecho "gravísimo" que los medios "que hacen seguidismo del Gobierno" quieren silenciar. Santiago Abascal también ha advertido al jefe del Ejecutivo que ante ataques como estos la sociedad dirigirá la mirada a los terroristas y después al Ejecutivo, "que ha resucitado a una organización criminal que estaba acabada". Lo hace, ha expuesto en la COPE el presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española, intentando que los jueces "paguen las letras que el Gobierno debe a los terroristas" y le hagan "el trabajo sucio".
Libertad Digital 11 Noviembre 2006

En La Mañana del Fin de Semana de la Cope, el presidente de la fundación DENAES ha reconocido que es "incomprensible" que los medios afines al Gobierno estén silenciando la escalada de violencia callejera, que "nos acerca a los periodos más negros del terrorismo callejero". Tras los hechos tan graves de este vienes en Bilbao, con el intento incluido de quemar vivos a dos policía municipales, Santiago Abascal ha recordado al Ejecutivo que "tiene que saber que cuando alguien sufra gravísimas heridas, los españoles dirigiremos, primero, la mirada a los terroristas y después al Gobierno, que ha resucitado a una organización criminal que estaba acabada".

Se apoya el parlamentario popular en declaraciones de Zapatero como las posteriores a la sentencia del etarra De Juana Chaos. Tras la notificación de que el asesino de 25 personas había sido condenado a 12 años y siete meses de cárcel por amenazas, el presidente del Gobierno llegó a decir que "era un obstáculo para la paz". Antes, recordaba Abascal, Zapatero había presentado al terrorista como "un señor favorable al proceso de paz". Estas palabras, el portavoz popular las enmarca en la campaña del Ejecutivo para que "los jueces paguen las letras que el Gobierno debe a los terroristas por sus negociaciones". Unas letras, ha matizado Abascal, que "las tiene que pagar el Gobierno. Puede, si tiene agallas, hacer uso de sus competencias e indultar a De Juana Chaos pero eso no es lo pretende hacer sino que quiere que los jueces hagan el trabajo sucio".

Los plazos de ETA y la hipoteca del Gobierno
También se ha preguntado qué hace falta para que el Ejecutivo rompa la negociación cuando para la mayoría de españoles "hace mucho tiempo que hay cosas suficientes para dar por finiquitado lo que llaman proceso de paz". No es muy optimista: "Me temo que para el Gobierno no es ni será suficiente lo que ocurra. No hay que olvidar que al inicio del proceso el presidente se refirió como accidentes a los posibles asesinatos".

Tiene más confianza en la reacción de la sociedad ante un Gobierno que puede estar hipotecado "a costa de que el estado se debilite y pueda llegar a desaparecer". La respuesta de la calle, ha anunciado, se volverá a escuchar el próximo día 25 en la manifestación que ha convocado la AVT y que tenemos que apoyar "para garantizar el estado y que no sea papel mojado".

Lo que desconoce Santiago Abascal son los plazos que los terroristas han dado a Zapatero. "Por desgracia", se lamenta de que el presidente tiene capacidad para obtener una ampliación de ese margen dando a los etarras beneficios políticos, entregando a todos los españoles y rindiendo a la sociedad española".

Recortes de Prensa   Página Inicial