AGLI

Recortes de Prensa     Domingo 12 Noviembre  2006

Dignidad cívica
Luis del Pino Libertad Digital 12 Noviembre 2006

Una vez más, las calles de España volvieron a llenarse ayer de peones negros, de personas dispuestas a seguir haciendo notar cívicamente su presencia en las calles para evitar que el 11-M pueda caer en el olvido y para exigir que se aclaren los tintes cada vez más sombríos que está cobrando el relato de los hechos de la masacre. Personas que nada tienen que ganar dedicando una tarde de sábado a concentrarse junto con otras personas como ellos, pero que saben que ni la democracia ni la libertad se defienden solas. Personas que no olvidan que hay muchos que ya no podrán concentrarse nunca, porque murieron a manos de quienes querían arrebatarnos a todos la libertad y la democracia. Por eso estaban allí, como el mes pasado y como el siguiente. Y por eso cada vez son más.

Si en la primera concentración, en agosto, un total de 9 ciudades fueron testigos de las concentraciones, un mes después habían pasado a 19 y al mes siguiente a 30. Ayer, a pesar del sábado y del fútbol, fueron 38 las ciudades donde los españoles se manifestaron para exigir la verdad y para honrar a todas las víctimas del terrorismo, con un número total de asistentes a las distintas concentraciones ligeramente superior al del mes de octubre. La AVT de Francisco José Alcaraz y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M de Angeles Domínguez se volcaron una vez más en la organización de las concentraciones y sus representantes intervinieron en muchos de los actos junto con los peones negros.

Si en ocasiones anteriores tuvimos el honor de contar entre los oradores con personas como Juan Carlos Girauta en Barcelona o Cristina Losada en Vigo, este mes hemos tenido la posibilidad de escuchar las palabras de Gabriel Moris y Javier Gismero en Alcalá; de Carmen Tomás en Madrid; de Isabel Sansebastián en Valencia; de Francisco Caja en Barcelona, de Gotzone Mora en Bilbao... además de contar entre los asistentes a las conentraciones con personas como María Jesús, la madre de Irene Villa; como Pepe García Domínguez... Asistieron también a las distintas concentraciones, como ya sucedió en meses anteriores, numerosos cargos públicos del PP: diputados nacionales o autonómicos, alcaldes, junteros y concejales populares hicieron acto de presencia en Álava, en Alcalá de Henares, en Barcelona, ... en prácticamente todos los lugares en donde los ciudadanos manifestaron ayer su deseo de verdad. El PP es el único partido que ha sido capaz de mantener la dignidad y de alentar la esperanza en lo que al 11-M respecta, y ayer volvió a demostrarlo.

En esta ocasión, además del Manifiesto 11 de cada mes, se leyó en todas las concentraciones un mensaje específico de apoyo a aquéllos que más sufren el paulatino pudrimiento de la situación política: todos esos ciudadanos vascos que sufren el acoso diario del totalitarismo nacionalista. Al final de los actos, los asistentes se despedían con un "nos vemos el día 25 en Madrid", haciendo referencia al acto que está preparando la AVT.

Mientras tanto, mientras la silenciosa dignidad y la determinación cívica hacían acto de presencia en las calles españoles, distintos portavoces del Partido Socialista continuaban con su andanada contra la judicatura en un intento de imponer el desarme judicial que la Constitución prohibe, pero que los asesinos exigen. Tremendo contraste. Y en Barcelona, militantes de Convergencia y Unió celebraban una manifestación xenófoba para protestar porque el nuevo presidente de la Generalidad sea "español". Las contradicciones han empezado a aflorar en el oasis tóxico catalán y CiU muestra la verdadera cara de su supuesto nacionalismo moderado, que no es más que xenofobia aplicada al sostenimiento del chiringuito. Las caretas de porcelana se resquebrajan, ahora que se ha terminado la fiesta de los maniquíes.

Y sin embargo, sonríe
Por Ignacio Camacho ABC 12 Noviembre 2006

«Todo en ti fue naufragio...»
(Pablo Neruda)

EL barco va a la deriva y el timonel sonríe con una mueca vacía. A los dos años y medio de legislatura, después de un baile delirante de improvisaciones, fintas, rectificaciones y amagos, los dos asuntos cruciales del proyecto de Zapatero -el «proceso de paz» y la cuestión catalana- están en el punto de partida, pero podridos por el paso del tiempo y agravados por la falta de respuestas y el consumo de un montón de cartuchos que, como dice el maestro Martín Ferrand, se le disparan repetidamente por la culata. En el trayecto hacia la nada el presidente ha quemado a ministros y dirigentes autonómicos, ha escenificado un sainete de impotencia en la candidatura de Madrid, ha empeñado palabras que no podía cumplir, ha destruido el pacto contra el terrorismo y decepcionado a las víctimas, ha cambiado de aliados varias veces, ha crispado al país, ha roto el consenso constitucional y ha destripado el modelo territorial sin saber cómo cerrarlo. No tiene calendario legislativo de relieve, está aislado en un escenario internacional que ni siquiera le interesa y a estas alturas lo fía todo a un improbable gesto de los terroristas, cuyas exigencias no puede cumplir sin provocar un terremoto político que le sepulte bajo los escombros del Estado. Sólo lo ampara el viento a favor de la economía, pero incluso en ese ámbito no ha cesado de enredar con opas fallidas e ingenierías de salón. Y, sin embargo, no deja de sonreír, aunque sea con una sonrisa cada vez más helada, más parecida a un rictus hierático que a un gesto de amabilidad o de agrado.

La reedición del tripartito catalán, contra su voluntad y criterio, y el empantanamiento del «proceso» han devuelto al principio las cuestiones clave en las que había basado su presunto proyecto de Gobierno. Con ETA se las pintó demasiado felices creyendo acaso que los terroristas cederían por las buenas ante su buen rollito, pero se ha estancado porque le exigen un precio que no puede pagar sin cometer una ignominia. Ahora está a medio camino, pero con un Estado más débil y quizá con una ETA más fuerte. En Cataluña quedó preso de su propia locuacidad cuando prometió aceptar el Estatuto que le enviaran, y desde entonces no ha hecho más que embrollar el panorama con una chapuza tras otra. Su única estrategia es ya la improvisación y el «como sea». Es un Suárez sin carisma, pero al menos aquel tenía un plan, que era desmontar la dictadura y construir un Estado nuevo. Zapatero se ha creído designado para dirigir una nueva Transición, y lo único que está logrando es emprender un viaje hacia ninguna parte, en el curso del cual sus aliados de conveniencia desguazan las maderas del Estado. Le falta solvencia, pulso, equipo y proyecto, y su sangre fría ante la contrariedad empieza a resultar el síntoma de una inquietante esclerosis política. La nave va dando tumbos y el piloto parece haber perdido la bitácora. Sin embargo, no deja de sonreír.

Sin salida
Ignacio Cosidó Libertad Digital 12 Noviembre 2006

Rodriguez Zapatero empieza a reconocer que su proceso de negociación con la banda terrorista ETA está atascado. La persistencia del terrorismo callejero, el reiterado chantaje de los terroristas amenazando con volver a asesinar en caso que no se atiendan de inmediato unas demandas políticas –legalización automática de Batasuna, autodeterminación y anexión de Navarra- que resultan inasumibles constitucionalmente y la exigencia de estos criminales de unas condiciones de impunidad que se encuentran fuera del alcance del propio Gobierno, han conducido al proceso a un callejón sin salida en el que actualmente se encuentra atrapado el presidente del Gobierno.

En esta situación, Zapatero tiene tan sólo dos alternativas. La primera es desandar el insensato camino que ha recorrido hasta el momento y volver al punto de partida, que es el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Mariano Rajoy le ha tendido ya la mano para volver a un gran pacto con la oposición democrática para reemprender juntos el camino de la derrota definitiva del terror. El presidente tendría que reconocer que optar por la negociación con los terroristas fue un error, pero cuenta de alguna forma con el compromiso del Partido Popular de que ese reconocimiento no se utilizaría electoralmente en su contra.

La segunda opción para Zapatero es tratar de derribar el edificio constitucional que se encuentra al final del callejón en el que se ha metido. Lamentablemente esta parece ser la opción que ha iniciado el PSOE. Las críticas vertidas por varios dirigentes socialistas, incluyendo el propio presidente del Gobierno, a la independencia mostrada por el Poder Judicial en la aplicación de la Ley a los terroristas, son mazazos que van directamente contra los cimientos de nuestro Estado de Derecho. Por otro lado, cualquier declaración que reconozca explicita o implícitamente –derecho a decidir- la autodeterminación del País Vasco es algo que atenta contra un pilar fundamental de nuestro ordenamiento constitucional: la indisoluble unidad de la Nación española, que reza el artículo 2 de nuestra Carta Magna.

Sin embargo, la fortaleza e independencia que está mostrando el Poder Judicial en la aplicación de la Ley, la determinación de la oposición democrática para oponerse políticamente a una cesión del Estado frente a los terroristas y la vitalidad de una sociedad civil, con las victimas del terrorismo a la cabeza, que se moviliza permanentemente en defensa de la dignidad, la verdad y la justicia, hace muy difícil, sino imposible, que el PSOE puede derribar la firme estructura constitucional de España para dar salida al proceso.

Consciente de esta dificultad, el presidente del Gobierno ha comenzado a buscar una tercera vía de salida que no implique ni el reconocimiento de su error, ni terminar sepultado por el derribo del ordenamiento constitucional. Esta estrategia tiene dos fases. En primer lugar, ganar tiempo. Se trata de alargar artificialmente la vida del proceso hasta la celebración de las próximas elecciones generales. Así, si se mantiene la ficción de que el proceso continúa, el Gobierno se evita por el momento tener que dar explicaciones sobre una negociación con los terroristas que para muchos españoles sería haber pagado un precio muy alto en términos de dignidad, para no obtener luego nada a cambio.

En segundo término, se trata de culpabilizar a otros de un previsible fracaso que en realidad tiene un único responsable: Rodriguez Zapatero. En esta línea de buscar culpables están las declaraciones del presidente que señalan a las sentencias judiciales como un obstáculo para la paz o la definición constante del Partido Popular como el verdadero enemigo de la paz, en contraste con los propios terroristas que son definidos por Zapatero como hombres de paz. Una ruptura abrupta del proceso por parte de ETA sería consecuencia por tanto de unos jueces que se han empeñado en sabotear el proceso por oscuros intereses políticos y una oposición que lo ha boicoteado por un mero interés partidista y electoral, pero en ningún caso sería achacable ese fracaso a quién en realidad lo diseñó, lo inició y lo dirigió con obsesiva exclusividad. Esta vía sería huir de error a bordo de la ignominia.

El proceso de negociación con ETA ha sido sin duda el error más grave de los muchos que ha cometido Rodriguez Zapatero desde que es presidente del Gobierno. Ha sido un tremendo error moral porque ha dado a los terroristas una justificación política para cientos de asesinatos de inocentes. Ha sido un error estratégico porque sea cual sea el final del mismo ETA saldrá fortalecida. El proceso se ha convertido de hecho en un callejón cuya única salida es desandar el camino equivocado y volver a un gran acuerdo político que nos conduzca juntos a la victoria de la libertad. Cuanto antes, mejor.

Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular por Palencia.

Los terroristas suben el listón del chantaje a un Zapatero entregado
Editorial Elsemanaldigital 12 Noviembre 2006

El intento de quemar vivos a dos policías municipales en los disturbios que siguieron a una concentración de la organización juvenil pro-etarra Segi en Bilbao ha estremecido a todo el país. Estuvo cerca de producirse uno de esos "accidentes" que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un lenguaje que más recuerda al de ciertas organizaciones criminales que al de un gobernante democrático, había anunciado desde un principio que podrían jalonar el "proceso de paz" que ha emprendido con la banda terrorista ETA.

Pero, más allá de la condena sin paliativos que merece un acto de tal salvajismo, es necesario analizar su significado político. Y éste resulta meridianamente claro a la luz de las declaraciones que poco antes había efectuado en la televisión pública vasca el líder pro-etarra Arnaldo Otegi, en las cuales se comprometía a ir de "pueblo en pueblo" para tratar de acabar con la "kale borroka", a condición de que el PSOE y el PNV hiciesen todo lo posible para que concluyan las detenciones y "agresiones judiciales" contra los terroristas y quienes les apoyan.

En definitiva, los etarras utilizan la violencia callejera como forma de respuesta frente a las actuaciones judiciales que les molestan, y plantean al Gobierno un chantaje más dentro del chantaje permanente que está suponiendo el llamado "proceso de paz": si el Gobierno frena a lo jueces, ellos ponen fin a la "kale borroka".

Las palabras del presidente del Gobierno y de destacados miembros de su partido asumiendo la tesis de los pro-etarras de que la aplicación de la ley a los asesinos por los jueces supone "poner obstáculos" al "proceso de paz" legitima esta equiparación entre "kale borroka" y "agresiones judiciales". En consecuencia, anima a los terroristas a subir el listón del chantaje hasta límites que ya bordean el atentado personal.

Sin embargo, en esta ocasión el Gobierno, aunque quisiese, no podría darle a los chantajistas lo que piden. El principio de división de poderes impide que el Ejecutivo dirija a los jueces órdenes como lo hace con la policía o los fiscales. Por eso es fácil darse cuenta de que un "proceso de paz" mal planteado desde sus inicios y desastrosamente conducido ha llegado a un callejón sin salida.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a la salida de la reunión del Consejo de Ministros del viernes expresaba la voluntad del Ejecutivo de seguir adelante con el "proceso" a toda costa, y se preguntaba si alguien quiere que se rompa. Llegados a este punto, la respuesta es que un número cada vez mayor de españoles sólo sienten vergüenza por la humillante situación en que el Gobierno de España se ha colocado ante unos criminales.

Los hechos de Zapatero
MARÍA SAN GIL /PRESIDENTA DEL PP DEL PAÍS VASCO El Correo 12 Noviembre 2006

Vivimos en una época en la que las trampas, las medias verdades y las ambigüedades calculadas se han puesto de moda. La verdad, sin embargo, ha caído en desgracia y quienes, como los populares vascos, nos empeñamos en proclamarla en voz alta somos tachados, en el mejor de los casos, de aguafiestas.

La primera gran mentira, sostenida siempre por los nacionalistas y ahora adoptada como propia por los socialistas desde que llegaron al Gobierno de España, es la de hacernos creer que lo nuestro es un conflicto político que sólo puede resolverse mediante la negociación. Esta concepción del fenómeno terrorista es perversa porque da la razón a ETA. Se supone que, por esa regla de tres, deberíamos sentarnos a hablar con todos los delincuentes siempre que éstos se hayan previamente organizado y apelen a un motivo cualquiera para delinquir. Así que, en lugar de aplicar con firmeza y contundencia los instrumentos del Estado de Derecho para deslegitimar el terrorismo en nuestra democracia y derrotarlo, la solución radica en sentarnos a una mesa a negociar los términos de un final, como si se tratara de un armisticio.

Llevamos más de 40 años con ETA, más tiempo que con Franco, y en estos años hemos aprendido mucho. Hemos aprendido que la negociación con los terroristas no vale para nada. Lo vimos en Argel en el año 1989. También hemos aprendido, como no podía ser de otro modo, que la guerra sucia no vale contra ETA. La pusieron en práctica también los socialistas (los mismos de Argel de entonces y de Oslo ahora) con el GAL. Y, por fin, aprendimos que lo único que valía, y que vale, contra la banda terrorista era, y es, la firmeza del Estado de Derecho y la aplicación de la ley.

Habíamos aprendido por fin que la democracia es más fuerte que el terrorismo y que ETA no era imbatible. No era indispensable negociar con ella para que dejara de matar. Podíamos lograr que dejara de matar porque éramos más fuertes, más fuertes y mejores.

Con José María Aznar aprendimos que podíamos derrotar a ETA y deslegitimar el terrorismo. Los gobiernos del Partido Popular hicieron ese camino acompañados del Partido Socialista. ¿Por qué ahora el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado un giro tan radical en la política antiterrorista? ¿Por qué ha dado un giro de 180º y ha pasado de estar con el Partido Popular queriendo derrotar a ETA a sentarse con Batasuna queriendo negociar con ETA? El pasado domingo el presidente del Gobierno, el mismo que reivindicaba no hace tanto tiempo con orgullo la paternidad del Pacto por las Libertades, dijo desde Montevideo que «lo que importa son los hechos». Hablemos pues de hechos, de hechos objetivos.

Hay, lamentablemente, demasiados hechos objetivos que nos llevan a pensar que ETA es la de siempre. Sin ánimo de ser exhaustivos, señalemos algunos de los más recientes. Un hecho objetivo innegable es el robo de 350 pistolas, de cuyo uso nadie duda. Otro hecho objetivo es el acto de Aritxulegi, en el que tres encapuchados pegan siete tiros al aire reafirmándose así en el camino del terror. Y ¿qué decir de las declaraciones de Barrena en las que nos anuncia que no está en su agenda condenar a ETA? Por no hablar de la actitud de Txapote o Bilbao ante los jueces de la Audiencia Nacional. O del último boletín interno de ETA en el que habla de los compromisos contraídos por el Gobierno, además de no apearse de sus tradicionales reivindicaciones.

Y, ante esta realidad tozuda y machacona, los socialistas y los nacionalistas pretenden que nos convirtamos en ciegos, sordos y mudos. Pretenden que hagamos como que no vemos lo que está pasando, que les dejemos hacer y deshacer a sus anchas. En definitiva, que no molestemos. Y que con nuestro silencio avalemos el engaño y la mentira del mal llamado 'proceso de paz'.

La historia se repite porque ya en el año 1998, durante la tregua trampa negociada en el vergonzante Pacto de Estella, los nacionalistas nos acusaban de lo mismo que nos acusan ahora los socialistas: de no querer la paz, de torpedear el 'proceso' o de hacer de él un uso partidista, entre otras lindezas. Nada más lejos de la verdad porque nada nos gustaría más a los populares vascos que apoyar al Gobierno en la derrota del terrorismo. Si Zapatero estuviera poniendo en práctica una verdadera política antiterrorista, estaríamos junto a él apoyando su labor. Lo que ocurre es que este Gobierno no está dispuesto a derrotar a ETA, sino a ceder ante sus pretensiones.

Algún día reconocerán quienes hoy se limitan a insultarnos que nosotros no ponemos obstáculos para la paz. Algún día Patxi López reconocerá que nosotros únicamente ponemos obstáculos a la cesión, a la negociación y a la sumisión del Estado de Derecho frente a una banda terrorista. ¿Cómo vamos a poner nosotros obstáculos a la libertad, si somos quienes más ansiamos ser libres? ¿Cómo vamos a poner nosotros impedimentos para ser libres con el tiempo que llevamos viviendo con protección?

Sigo con los hechos objetivos. Nos dijeron: «Si Batasuna no condena la violencia, no estará en las instituciones». Y el PCTV, a quien el señor Buen, del Partido Socialista, define como marca legal de Batasuna, está en el Parlamento vasco. Nos dijeron y es un hecho objetivo: «Si Batasuna no condena la violencia, no nos reuniremos con ella». Y se celebró la reunión el 6 de julio de López con Otegi en un hotel de San Sebastián. Nos dijeron: «Con violencia no hay proceso». Y después de más de 160 actos de terrorismo callejero desde el anuncio del alto el fuego, en palabras del presidente de Gobierno, «el proceso discurre».

Nos dijeron y a los hechos me remito: «Si se demuestra que ETA ha robado las armas, habrá consecuencias». Y a día de hoy nadie conoce aún las consecuencias. Nos dijeron, y así se comprometió Zapatero públicamente, que iban a convocar el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo y el hecho es que los socialistas han desactivado el instrumento político que más frutos ha dado en el debilitamiento de los asesinos y sus apoyos.

¿Hasta cuándo Rodríguez Zapatero va a seguir con esta farsa? ¿Hasta cuándo va a seguir tomándonos el pelo en un asunto en el que nos jugamos la vida y la libertad? ¿Cuándo piensa cumplir con su obligación de contarnos la verdad de este mal llamado 'proceso de paz'? Y, sobre todo, ¿qué es lo que hace falta que pase para que abandone un proceso que es un espejismo porque está bajo la amenaza y la tutela de ETA?

Los hechos objetivos, los hechos que reclama el presidente Zapatero para proseguir o no en su estrategia de cesión a los terroristas, son los que exponemos. No estamos ante un proceso de paz, sino ante la cesión del Gobierno a las exigencias de una banda terrorista sin ninguna legitimidad, exigencias inasumibles para los demócratas. Cualquier cesión es siempre insuficiente para ETA, una banda asesina insaciable y totalitaria, cuyo objetivo final es convertir el País Vasco en la Euskal Herria de los siete territorios, en la república socialista independiente que con amenazas y el tiro en la nuca defienden Otegi, Ternera y Txapote.

Éstos son los hechos y Zapatero tiene que convencerse, aunque con recordar le bastaría, de que la sociedad y los demócratas somos más fuertes y mejores, que podemos y debemos derrotar a ETA con la autoridad y el peso del Estado de Derecho. La libertad no es una cuestión de siglas políticas, la deslegitimación y el aislamiento de los violentos es un deber democrático, una exigencia de todos. Liberarnos de la tutela y de la amenaza es una labor de todos los demócratas. La derrota de ETA nos hará libres, sólo así ganamos todos.

Lo que escandaliza del CAC es la señora Camps
EDITORIAL Libertad Digital 12 Noviembre 2006

La comentarista de la moral Victoria Camps no comprende que alguien "se escandalice" por el hecho de que el Comité Audiovisual de Cataluña (CAC) "dictamine qué es o no verdad". La autora de Virtudes públicas defiende como "una necesidad" la existencia de este órgano de control de la Libertad de Prensa, que justifica, entre otras razones, porque a los periodistas "les gusta poco autocontrolarse y les gusta poco que les controlen". "Que haya un órgano colegiado como el nuestro donde los distintos consejeros se ponen a discutir cuando hay duda sobre si una información es o no es veraz y que finalmente dictaminen sobre eso, no me parece que tenga que escandalizar a nadie", ha declarado.

Las opiniones de la señora Camps son un ejemplo palmario de que el estudio del Bien no predispone necesariamente a una política justa. Ni siquiera es garantía de dominio de la razón. La naturaleza del CAC es censora y autoritaria y, por lo tanto, lo más opuesto al ideal de democracia justa que esta eminencia de la moral laica y progresista dice perseguir. El CAC sanciona, concede y retira licencias, o patronea informes de estilo al servicio de los intereses de un poder político que lo ha creado y nombra a dedo a sus miembros, entre ellos la señora Camps. No es ningún tribunal de Justicia, pero esta consejera designada por el PSC pretende que sea más que éso, una especie de corte suprema con poder no sólo de juzgar las prácticas profesionales de la Prensa, sino de prescribir la verdad. No es ningún cuerpo de Policía, pero Victoria Camps celebra que ejerza un control político, superior a las leyes, sobre un colectivo al que considera incapaz de autocontrolarse.

En un sistema de libertades, el límite de la de Expresión lo fija la Ley. Por eso el CAC es innecesario, diga lo que diga la señora Camps. En un Estado de Derecho, son los jueces, y no un comité de comisarios, los que deciden si la Libertad de Expresión se ha extralimitado en alguna de las formas de responsabilidad civil o penal. Por eso el CAC es ilegal, diga lo que diga la señora Camps. En una democracia, el poder político es controlado por la Prensa, y no al revés. Por eso es inmoral, diga lo que diga la señora Camps.

Antes de autojustificarse en el cargo de poder que desempeña, la recopiladora de las ideas morales debería haber recordado que la Ley que regula el CAC está suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional por indicios de ilegalidad y que instituciones profesionales independientes como el Comité Mundial sobre la Libertad de Prensa han condenado la existencia de esta Policía excepcional engendrada en la Cataluña del Tripartito social-nacionalista, pero replicada en otras comunidades; en algunos casos, como Andalucía, con el respaldo del PP.

Lo que escandaliza a cualquiera que aprecie la libertad no es la sola existencia del CAC como una de las manifestaciones más execrables de despotismo, o que esta genuina Policía de Prensa pretenda dictaminar sobre lo que es y lo que no es verdad. Lo que escandaliza es que a una profesora de Ética supuestamente comprometida con la verdad, todo esto le parezca bueno y razonable.

El «proceso» y los jueces
Por José Antonio Zarzalejos. Director de ABC  12 Noviembre 2006

ESTAMOS llegando al núcleo de la cuestión en el mal denominado «proceso de paz», que no es otro que la imposibilidad jurídica y política de que entre esa iniciativa gubernamental y la acción jurisdiccional de jueces y tribunales se establezca un sistema de vasos comunicantes. Cualquier diseño de «negociación política» con ETA —tanto si se ha producido ya en algunos aspectos previos al «alto el fuego», como si se pretende que se produzca más adelante— debe tener presente que el Poder Judicial, aquél al que la Constitución encomienda la administración de la justicia, es independiente del ejecutivo y del legislativo en la aplicación de la ley, sin perjuicio de que la soberanía nacional quede residenciada en las Cámaras representativas, de las que emanan las leyes que luego los jueces y tribunales han de aplicar. En tanto las normas vigentes sigan estándolo, la acción jurisdiccional es imparable, y ni el Gobierno ha podido comprometerse a detenerla, ni los terroristas pueden aspirar a frenarla para lograr así —al amparo del tal «proceso»— la impunidad penal.

A ETA y Batasuna les interesa la territorialidad y la autodeterminación de Euskalherria —la gran patria vasca—, pero saben que hay eufemismos que permiten vender a su militancia logros de naturaleza política —derecho a decidir como sucedáneo del de autodeterminación; órgano de colaboración con Navarra como remedo de la territorialidad; eurorregión con las provincias vascas francesas como evocación de la ensoñación panvasquista—, pero que la materialidad del encarcelamiento no admite paliativo como expresión del imperio de la ley que tanto han combatido y, sobre todo, de la legitimidad del Estado de Derecho y de la ilicitud de su comportamiento criminal. La impunidad se convierte así en una de esas garantías del proceso a que aluden los dirigentes de Batasuna que consideran —en una jerga bélica con énfasis guerrilleros— como acciones de guerra y estérilmente represivas las normales decisiones jurisdiccionales. La apelación a superar ese marco histórico de confrontación es la convocatoria a un desmantelamiento del Estado basado en la Constitución de 1978 que el Poder Judicial asegura en conjunción con la jurisdicción de garantías constitucionales del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Carta Magna.

El «proceso de paz» para ETA y Batasuna tiene una significación y un alcance por completo distintos a los de cualquier otra instancia —hay que suponer que también del Gobierno—, porque si para los ciudadanos la iniciativa empieza y termina en un diálogo para el desarme de los terroristas y, eventualmente, en una compensación modulada por la generosidad social, para éstos el trance se presenta como una oportunidad para hacer valer su razón, defendida con asesinatos, destrucción y coacción durante los últimos cuarenta años. De tal manera que el discurso de los dirigentes de este conglomerado criminal intenta introducir al Gobierno y a la propia opinión pública en una esquizofrenia ética y en una psicosis colectiva que haría recaer en los jueces y tribunales la responsabilidad de la inviabilidad del «proceso» en la medida en que aplica leyes que quiebran la simetría en la que se pretende situar a los interlocutores.

Los argumentos de los etarras y batasunos hurgan en la conciencia colectiva de la sociedad española, a la que tratan de convulsionar asimilando la Audiencia Nacional y sus Juzgados Centrales —que componen una jurisdicción ordinaria especializada— al franquista Tribunal de Orden Público, y motejan a jueces y magistrados de ultraconservadores y los signan como funcionarios colonizados por el PP. Estos destellos dialécticos, que atacan a los administradores de la justicia, se conjugan al alimón con las críticas a las resoluciones judiciales que formulan algunos despistados socialistas y se potencian con un comportamiento del fiscal general del Estado —que strictu sensu no forma parte del Poder Judicial—, que desmerece de la prudencia a que debe atenerse y alguna de cuyas decisiones —la sustitución del fiscal encargado del caso de De Juana Chaos, por ejemplo— deteriora la confianza de la ciudadanía en su función, esencial en la promoción de la acción penal y en el carácter imparcial de su intervención en los procesos judiciales.

Los jueces y magistrados —conservadores y progresistas, así como los fiscales, según su propia y pública versión— están siendo injustamente tratados por el sistema político —el Gobierno en algunas manifestaciones intempestivas de su presidente; su partido y los aliados parlamentarios— porque, en definitiva, ellos no hacen sino aquello que deben hacer sin alternativa ni posibilidad de comportarse o actuar de manera distinta en su función jurisdiccional. Cuando los portavoces de la magistratura aducen que «la justicia no está en tregua» y que los jueces y tribunales «no pueden secundar ni dejar de secundar el proceso de paz» están diciendo literalmente una verdad obvia. Porque, además, no sólo se atienen a la ley, sino también a la manera continuada de aplicarla en situaciones previas similares a las actuales —ésa es la utilidad cuasi normativa de la jurisprudencia—, de tal manera que no pueden transformar lo que antes era terrorismo en una acción ahora inocua por el simple hecho de que entre una y otra medie un propósito negociador entre el Gobierno y los delincuentes.

No se sabe qué garantías y qué acuerdos concertaron —y si lo hicieron, como parece— el Gobierno y ETA en los meses precedentes al «alto el fuego permanente» de la banda. Pero, de existir éstos, referidos a la función jurisdiccional, son papel mojado, compromisos que el Estado en modo alguno puede absorber ni considerar. Y cuanto antes asuman ETA y Batasuna que así funcionan los poderes del Estado, mucho mejor, porque dejarán de reclamar al Gobierno lo que no puede darles, que es la impunidad. Y si el Ejecutivo considera que el desbloqueo del mal llamado proceso de paz requiere de medidas que lo dinamicen, que utilice sus competencias: movimiento de acercamiento de presos al País Vasco y medidas de gracia —indultos— y nuevas vueltas de tuerca en las indicaciones correspondientes al Ministerio Fiscal. Tendrá, evidentemente, que pechar con las consecuencias de esas eventuales decisiones —en todo caso, muy graves y de enorme impacto en la opinión pública—, pero será mejor ese desparpajo negociador que la sugerencia pública de sentirse alarmado por las acciones jurisdiccionales de los tribunales, tal y como se ha difundido sin que el Ejecutivo lo desmintiese.

El Poder Judicial es único —no hay justicias autonómicas, todas son la misma— y su estructura es piramidal, lo que, en última instancia, garantiza una aplicación coherente y homogénea de las leyes. Se trata de un Poder del Estado blindado de la injerencia de los otros dos y con una facultad exclusiva —sentenciar y hacer ejecutar lo sentenciado— que ningún Gobierno democrático esquiva. Si el «proceso» con ETA ha avanzado con desconocimiento, omisión, desconsideración u olvido de que en el tablero de la democracia no puede perpetrarse un jaque mate a la justicia, es mejor que unos y otros rebobinen y vuelvan a empezar sobre la certeza de que la impunidad judicial no es posible. Así de sencillo; así de democrático y moralmente sencillo.

Paracuellos, todas las memorias
Editorial ABC 12 Noviembre 2006

SE cumplen setenta años del asesinato de miles de prisioneros a manos de fuerzas republicanas en la localidad madrileña de Paracuellos de Jarama y el recuerdo de aquel horrible capítulo de la Guerra Civil española cobra hoy un especial significado, forzado por la política de «memoria histórica» impulsada por la izquierda y patrocinada por el Gobierno socialista. Paracuellos es en la España de 2006 -como hoy abordamos en nuestro suplemento D7-, además del doloroso recuerdo de un crimen atroz, muy presente aún en la vida de muchos españoles, un contrapunto implacable a la ligereza con la que Rodríguez Zapatero ha abierto la atronadora caja de las memorias históricas. Memoria, como puede comprobar el presidente del Gobierno, tienen todos, no sólo la izquierda y no sólo para incoar juicios retrospectivos que no pueden ya juzgar a nadie por lo que pasó, pero que buscan imputar a la derecha democrática de este país la culpa de una guerra y de una dictadura, eximiendo a la izquierda de cualquier responsabilidad.

Lejos de ser sólo una frivolidad -una más- del jefe del Ejecutivo, basada en su desconocimiento de la Historia y de los sacrificios de la Transición, el revisionismo de la Guerra Civil, de sus causas y consecuencias, pretende una impugnación del consenso constitucional, que la izquierda quiere ensombrecer con la tacha de ser poco más que un apaño al que se vio obligada para evitar la prolongación de la dictadura del general Franco. Lo que hoy explica el ensalzamiento de la II República y la ensoñación de sus valores, de forma arteramente acrítica, no es sino una dolosa estrategia de negarle a la convivencia constitucional de 1978 el fundamento de la justicia y de la reconciliación.

No se trata, por tanto, de buscar un reequilibrio en el conocimiento de nuestro pasado -ya logrado ampliamente por la clase académica-, sino de romper las reglas del juego que suturaron las consecuencias de aquella Guerra Civil gracias a la generosidad de quienes la ganaron y la perdieron, haciendo real la apelación a la paz, la piedad y el perdón que formulara Azaña. No han sido los que combatieron, ni sus hijos, que luego pactaron la Transición, los que han reabierto heridas con más empeño que las fosas, sino nietos oportunistas que, por resentimiento de causas desconocidas, se sienten ajenos al esfuerzo de convivencia que culminó en 1978.

Paracuellos también se apunta a la memoria histórica, como también podría hacerlo la más brutal persecución religiosa del siglo XX. Pero ¿qué gana España con ello?, ¿qué pueden aprender las nuevas generaciones de este reflujo crispado que alienta una política revanchista? Nada, salvo que siempre hay en España quienes están dispuestos a no extinguir su cainismo. ¿Producto todo de la inconsistencia ideológica del actual PSOE? Es posible, pero más probable es la explicación de que este Gobierno promueve una segunda Transición que, despojada de cualquier transacción con la derecha, satisfaga el «ahora nos toca a nosotros» que una parte de la izquierda se calló en 1978, esperando a mejor ocasión. Y así, fomentando la discordia con media España por la memoria histórica y queriendo, sin poder hacerlo, deslegitimar a la derecha, es como la izquierda ha creído posible crear el escenario que le permita una transformación social por las bravas, desde la familia a la educación, una dilución del valor de la historia común para satisfacer a los nacionalistas y, en definitiva, un paulatino cambio de régimen en el que todo es cuestionable, desde la Monarquía parlamentaria a la unidad nacional.

El fallo de esta estrategia es que la memoria no es privativa de una ideología y que, tras 28 años de democracia constitucional, la derecha democrática -la política y la social- no ha sido el adversario silencioso y vencido que esperaba encontrarse la izquierda tras la derrota electoral del 14 de marzo de 2004. Por eso, Zapatero y su Gobierno dan hoy a Paracuellos algo más que un significado histórico: lo convierten en la explicación imbatible de por qué el consenso de 1978 fue -y sigue siendo- el mayor logro de todos los españoles, que quisieron cancelar su pasado de discordias y resentimientos como los que ahora promueve el PSOE. Si hay una memoria histórica a la que se deba la democracia, ésa es la de las víctimas del terrorismo.

situación de la banda terrorista
Empresarios vascos recibieron cartas de extorsión durante el mes de septiembre
La P olicía cree que ETA gasta a un ritmo de tres millones de euros al año y tiene seis
Decenas de jóvenes que huyen de la Justicia por la kale borroka "malviven" en el sur de Francia
Los Servicios de Información han llegado a la conclusión de que la organización terrorista ETA cuenta en sus arcas con una cifra muy aproximada a los 6 millones de euros, obtenidos principalmente de la extorsión a empresarios vascos y navarros. El trabajo de los expertos antiterroristas también ha permitido establecer a cuánto asciende el gasto de la banda al año, unos 3 millones de euros, por lo que las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas creen que a finales de 2008 la banda agotaría las reservas hasta hoy acumuladas.
EUROPA PRESS MADRID El Correo 12 Noviembre 2006

Sin embargo, ETA no ha dejado de ingresar debido al cobro del 'impuesto revolucionario'. Fuentes del empresariado vasco han reconocido que miembros del sector han recibido cartas en el mes de septiembre reclamando, de forma "amable", el pago de diferentes cantidades.

Se trata, según los casos conocidos, de empresarios a los que ETA se dirige por primera vez. Para ello, la banda ha optado por el formato que viene utilizando en los últimos tiempos, en el que en lugar de exigir, los terroristas se limitan a "pedir" el pago de las cantidades. Asimismo, hacen referencia al "momento de cambio político que vive Euskal Herria" y se despiden dando las gracias "de antemano", añadiendo "un respetuoso y cálido saludo revolucionario".

En este hecho y en la necesidad de realizar tareas de aprovisionamiento económico con vistas a un periodo de alto el fuego, más o menos prolongado, radica que los meses anteriores a la tregua los terroristas optasen por atentar contra objetivos empresariales.

Las primeras cartas tras el anuncio de alto el fuego fueron recibidas en abril por los empresarios y habían sido redactadas en marzo, sin poder determinarse por el código que las encabeza si fue antes o después del 22 de marzo. Con todo, los sellos de Correos demostraban que habían sido echadas al buzón en los primeros días de abril.

Desde entonces no se ha detenido el envío de las cartas, no sólo las que reclamaban plazos "pendientes" sino otras que llegan por primera vez a los empresarios, como es el caso de las enviadas el pasado mes de septiembre. Así, mes tras mes han sido conocidas misivas reclamando el 'impuesto revolucionario' a empresarios asentados en las tres provincias vascas y en Navarra.

"Austeridad" entre los etarras
En todo caso, las fuentes consultadas constatan que la banda terrorista pasa por apuros económicos. Los fondos asignados a los miembros de la banda, la mayor parte escondidos en Francia, distan mucho de ser los de hace años y la asignación económica que reciben les obliga a llevar unos hábitos de "austeridad", señalaron responsables de la lucha antiterrorista.

Esta situación se vuelve especialmente delicada para los jóvenes que han decidido cruzar la frontera cuando la Justicia les reclama para cumplir las condenas que se les impusieron por actos de violencia callejera. A diferencia de lo que ocurría en el pasado, la banda no se hace cargo de ellos, y no sólo por motivos económicos, sino por el temor a ser infiltrada por miembros de las Fuerzas de Seguridad o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Esto provoca que decenas de jóvenes "malvivan" en el sur de Francia, con la única ayuda de organizaciones no gubernamentales de la izquierda abertzale y, en ocasiones, con las visitas de sus familiares. Estos, según han podido detectar los servicios de Información, llegan a viajar al país vecino con comida.

Recortes de Prensa   Página Inicial