AGLI

Recortes de Prensa     Martes 21 Noviembre  2006

¿Cómo encubrirá ahora ZP el chantaje de ETA?
EDITORIAL Libertad Digital 21 Noviembre 2006

Vaya por delante que, si no fuera por la mentira institucionalizada que promueve este gobierno, no sería necesario que ETA hubiera tenido que robar armamento en Francia para que diéramos credibilidad a la insistente y pública amenaza de los terroristas de "volver a la lucha armada" si, con su "alto el fuego", no consiguen los objetivos soberanistas por los que han estado matando y convocando treguas durante cuarenta años.

La diferencia está en que, en esta ocasión, ha sido un presidente del gobierno dispuesto a pactar con los separatistas de Estella un nuevo marco jurídico-político para el País Vasco quien ha incitado previamente a la organización terrorista a perpetrar ese conocido "chantaje a la inversa", que ETA ha aplicado cada vez que nos ha entregado la zanahoria de la tregua junto a la amenaza de volver al palo.

Aunque sea indignante, no nos debe extrañar, pues, que ahora el gobierno de Zapatero se haya resistido a admitir públicamente la autoría de ETA en este robo de armamento, como ha maquillado los comunicados de ETA o como ha encubierto la existencia, primero, y la gravedad, después, de unas cartas de extorsión que los empresarios han denunciado y que hasta ETA ha justificado por razones económicas. No hacerlo sería tanto como admitir la naturaleza chantajista de un alto el fuego con el que Zapatero quiere concurrir "en paz" a las elecciones y por el que se comprometió, tanto en público como en privado, a que "todo tuviera cabida tenga el alcance que tenga".

De ahí el clamoroso silencio gubernamental tras la confirmación de las autoridades francesas de la autoría de ETA; un silencio que sólo será roto por huecas declaraciones que tendrán las mismas nulas consecuencias por parte del gobierno de Zapatero que si ese robo de armamento no se hubiera producido.

ETA está al cobro, y Zapatero no puede defraudar antes de las elecciones las esperanzas que reavivó en ETA y de la que es tan responsable, tanto si las satisface como si las deja insatisfechas. En esta senda, al margen de la Constitución y del Estado de Derecho, en la que nos ha introducido Zapatero, el final del actual Estatuto de Guernica aguarda como etapa obligada. ETA tan sólo recuerda la sangre que ya aguarda en la cuneta.

Robo de armas
¿De qué tienen dudas?
Ignacio Villa Libertad Digital 21 Noviembre 2006

Si uno no quiere enterarse de algo, no tiene más que taparse los oídos y gritar mucho; parece exactamente eso lo que el Gobierno está haciendo estos días. La autoría del robo de 350 pistolas en el sureste de Francia hace casi un mes estaba desde el principio muy clara. El ejecutivo francés se la comunicó oficialmente al Gobierno español hace días, pero en Madrid han preferido hacer oídos sordos, mirar hacia otra parte y esperar que el ambiente político se tranquilice lo suficiente como para evitar hacer lo que cualquier gobierno democrático debería hacer para salvaguardar la libertad de los ciudadanos.

A nadie se le olvidan las palabras de Zapatero cuando dijo, inmediatamente después del robo de las pistolas, que si se confirmaba la autoría de ETA se tomarían medidas "en su momento". Ahora, el responsable de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, dice que hay que "analizar la confirmación oficial de la autoría". Han pasado 27 días desde el robo, París ha confirmado la autoría etarra y el Gobierno sigue dando largas con la excusa de la verificación, lo que es una clara negativa a admitir que lo sucedido en Francia fue un robo de 350 pistolas por parte de ETA con el objetivo de asesinar con ellas, algo incompatible con cualquier "proceso" que quiera adjetivarse como "de paz". Zapatero y los suyos están intentando dejar pasar el tiempo para que el ambiente se vaya enfriando, evitando así optar por romper las negociaciones, algo que Zapatero no podría dejar de hacer si dejara que lo guiaran los parámetros normales por los que se rige cualquier democracia homologada.

Pero la situación es bien distinta. Gobierno y partido socialista siguen hablando con ETA, ignorando voluntariamente que los etarras están actuando en el territorio francés como si estuvieran planeando un futuro inmediato en el que volvieran a realizar acciones terroristas. ETA no cede en sus pretensiones de autodeterminación para el País Vasco y de anexión de Navarra, y además juegan con ventaja, a sabiendas de que tienen enfrente a un Gobierno encogido, acogotado y arrinconado por sus propias cesiones y sus evidentes cobardías.

Desde el PSE, el tal López sigue reprochando a la justicia que no esté colaborando con el proceso de rendición; desde el PSOE, Blanco comienza a hablar sin tapujos de un posible órgano común de vascos y navarros; desde el Gobierno, el propio Zapatero no duda a la hora de afirmar que el proceso de rendición debe continuar adelante.

Si en circunstancias como éstas en las que resulta imposible justificar una negociación con ETA el Gobierno está empeñado en seguir adelante es que, sin duda, ya ha pactado entregar todo a los terroristas. Parece evidente que Zapatero se ha entregado ya en sus brazos y ahora se deja llevar por un camino que no tiene una fácil marcha atrás. Todo vale, y cuando uno ha pactado con terroristas ese todo vale tiene un significado ante el que es difícil no echarse a temblar. Zapatero aguanta; no quiere romper las negociaciones bajo ningún concepto. Eso significa que lo peor está por llegar.

11-M y Cebrián
El maligno virus de El País
Jaime Ignacio del Burgo Libertad Digital 21 Noviembre 2006

El pasado 16 de octubre remití al diario El País un artículo titulado "Por alusiones conspirativas". El 17 de noviembre recibí una comunicación del Consejo de Lectura del periódico. En ella se me comunicaba que el Consejo había leído mi artículo pero que "lamentablemente no lo podremos publicar en estos momentos. Diariamente llegan a nuestra redacción una gran cantidad de ellos que en muchos casos, por cuestiones de falta de espacio no se publican."

En realidad mi artículo, sin acogerme al derecho de rectificación, pretendía aclarar a los lectores de El País las grandes inexactitudes vertidas sobre mi persona al presentarme como adalid de la "teoría de la conspiración" supuestamente alimentada por El Mundo, la Cope y Libertad Digital sobre la autoría del 11-M.

Este mismo domingo el columnista de El País, Javier Pradera, en su habitual columna semanal, volvía a la carga denunciando la "transformación alucinógena sufrida por la causa judicial" al salir de las manos de Baltasar Garzón el sumario sobre la falsificación del informe sobre el ácido bórico. La teoría de la conspiración sería un "maligno virus político", infectado en la sociedad española por el PP –con Eduardo Zaplana a la cabeza– y un grupo afín de periodistas y locutores para atribuir la matanza del 11-M "a un batiburrillo criminal formado por ETA, agentes de servicios de inteligencia extranjeros y miembros de las fuerzas de seguridad teledirigidos por el PSOE".

A la vista de tanta contumacia he encontrado en Libertad Digital la acogida que por razones de deontología periodística debí hallar en el diario independiente de la mañana.

Por alusiones conspirativas

Después de leer el artículo de Juan Luis Cebrián, publicado el día de la Hispanidad, "Sobre la mierda (de toro)", decidí escribir estas líneas con la esperanza de encontrar acogida en las páginas de El País. Invoco para ello mi condición de comisionado del Grupo Popular en la Comisión del 11-M que los lectores del periódico conocen bien, pues he sido aludido con bastante frecuencia por esta causa en los últimos tiempos al presentarme como un "entusiasta adalid" de la "teoría de la conspiración". De ser eso cierto, pertenezco al grupo de alucinados que como sintetiza Cebrián sostiene que "los terroristas del 11-M formaban parte de una conjura instrumentada por los servicios franceses y/o marroquíes, con la colaboración de la policía española, sectores de la Guardia Civil, militantes socialistas, confidentes de la pasma, narcotraficantes y, desde luego, activistas de ETA... Este conglomerado de conspiradores habría embaucado a unos moritos... a fin de perpetrar un golpe de Estado que desalojara a la derecha del poder". (Cebrián denuncia la utilización del apelativo "moritos" al que tilda de racista como si hubieran sido los teóricos de la conspiración los inventores de dicho término, sin tener en cuenta que así se les llamó desde un principio en informes policiales aportados a la Comisión del 11-M.)

Pues bien, nunca he sustentado ni de cerca ni de lejos semejante teoría. No pretendo hacer propaganda de mi libro sobre el 11-M pero su título es suficientemente expresivo de mi pensamiento: "Demasiadas preguntas sin respuesta". Invito a leer sus conclusiones. Si alguien se toma la molestia de acudir a las hemerotecas, sin orejeras, tampoco encontrará en mis artículos publicados en el periódico de la "derechota" (el palabro es de Juan Luis Cebrián) huella alguna de la famosa teoría de la conspiración. Me he limitado única y exclusivamente a formular preguntas acerca de los numerosos puntos oscuros de una investigación que, a mi juicio, no ha logrado cerrar el sumario instruido por el juez del Olmo. Al Gobierno actual le reprocho enrocarse en la "teoría de la negación", pues por las razones que sea ha cerrado a cal y canto el Ministerio del Interior. De modo que de haber alguna conspiración ésta habría sido fraguada, después del 11-M, en las profundidades del Ministerio del Interior –por razones de falso corporativismo o por cualquier otra causa más inconfesable– para que nada pudiera inquietar la llamada "versión oficial" que circunscribe el atentado a una célula islamista durmiente que despierta de pronto en Lavapiés para hacernos morder el polvo a causa de nuestra infame presencia en Irak.

Tampoco estoy empeñado en demostrar que ETA participó en la terrible masacre del 11-M. En mi artículo titulado "ETA también estaba allí", mal citado por Ernesto Ekaizer hace unos días, tampoco aventuro teoría alguna: "¿Dice la verdad Suárez Trashorras? No lo sabemos. ¿Estuvo ETA allí? Tampoco lo sabemos. En cualquier caso, las declaraciones del asturiano demuestran la necesidad de abrir una investigación a fondo sobre la posible conexión etarra". O sea, que si lo declarado por Suárez Trashorras fuera cierto, resultaría que el tristemente célebre Jamal Ahmidan, alias "El Chino", era amigo de uno de los terroristas detenidos en Cañaveras el 29 de febrero de 2004 cuando trataban de introducir en Madrid una furgoneta-bomba con 536 kilos de explosivos. Luego ETA pudo estar allí. Comprendo que la Policía no otorgue credibilidad alguna a lo revelado por quien se enfrenta a una condena de cientos de años de cárcel, pero en tal caso tampoco deberían los investigadores policiales dar crédito a la versión proporcionada por dos miembros de ETA sobre el robo "casual" en las inmediaciones del domicilio del asturiano en Avilés del coche utilizado en el atentado perpetrado el 3 de diciembre de 2004 en Santander.

Lo que he dicho –y sostengo– es que entre etarras e islamistas, sobre todo a partir del 11-S, se han establecido relaciones que van más allá de la mera convivencia en el mismo módulo carcelario. Los informes policiales aportados al juez del Olmo, que rechazan taxativamente la existencia de vínculos "operativos", se asientan en elucubraciones que en algún caso son un insulto a la inteligencia. No tengo prueba alguna de la implicación de ETA en el 11-M, pero sí afirmo que no ha habido una investigación digna de tal nombre. Mientras ésta no se lleve a cabo tan temerario es afirmar que ETA estuvo allí como lo contrario.

Una referencia al juez Garzón. El titular del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional compareció en la Comisión del 11-M en su condición de "experto" en terrorismo islamista. Nos dijo que un miembro de los Tedax le dijo a las 12,30 horas del día 11 de marzo, en la estación de Atocha, que el explosivo utilizado era titadyne, aunque no podía recordar su nombre. Por este motivo, creyó que el atentado había sido obra de ETA hasta el momento en que tuvo conocimiento del hallazgo de la famosa cinta coránica en la furgoneta de Alcalá de Henares. Garzón expuso ante la Comisión las razones –elucubraciones– por las que, a su juicio, ETA no podía ser la autora del atentado, ratificando aquello de que etarras e islamistas son como el agua y el aceite, que nunca se mezclan. Lo que no nos dijo –ni nosotros lo sabíamos en el momento de su comparecencia– es que por orden suya la Policía tenía estrechamente vigilados a buena parte de la célula de Lavapiés, como el Tunecino, el Egipcio y otros, e incluso quince días antes del 11-M había autorizado la intervención del teléfono de Jamal Zougam, acusado por el juez del Olmo de haber colocado bombas en los trenes. Garzón presume de haber dirigido todas las operaciones llevadas a cabo en España contra el terrorismo islamista. Pero no ha explicado hasta ahora por qué, a pesar de haberlos sometido a tan estrecha vigilancia, los terroristas consiguieron burlar a la Policía y cometer el atentado.

Por querer saber la verdad, toda la verdad, del 11-M, el presidente Rodríguez Zapatero sitúa al PP en la derecha extrema o, incluso, en la extrema derecha. Celebro por ello el editorial de El País del 12 de octubre pasado, que niega que el PP se haya convertido en un partido fascista ni de extrema derecha. Por lo que a mí se refiere, recordaré que fui fundador de la UCD, tuve el honor de participar en la elaboración de la Constitución de 1978 como senador constituyente y contribuí –creo que de forma decisiva– a la democratización y "amejoramiento" del Fuero navarro. He combatido, sin más armas que las que me proporciona el Estado de Derecho, al terrorismo de ETA Hoy como ayer defiendo que sólo el pueblo navarro, y nadie más, tiene derecho a decidir su futuro. Así que de derecha extrema o de extrema derecha nada de nada.

Jaime Ignacio del Burgo es diputado por Navarra. Representa a UPN en el Comité Nacional del PP

Galicia
Tumbas y tombes
Cristina Losada Libertad Digital 21 Noviembre 2006

La casta dirigente en Galicia ha producido en las últimas semanas dos noticias singulares, características de esas turbulencias que ZP dice que desea conjurar cuando él mismo las genera. La una, la decisión de la Universidad de Santiago de retirarle el honoris causa a Franco; la otra, la resolución del parlamento para incentivar que los gallegos se vayan a la sepultura en gallego y no en español, como es costumbre. Su singularidad viene acentuada por el hecho de que no hayan encontrado el eco que se merecían. Pues las dos son sintomáticas. La primera, de la obediencia de las autoridades académicas al poder político. La segunda, del grado de alejamiento de la realidad que se está ganando a pulso ese poder. Ambas muestran también una querencia por hozar en terreno de los muertos. Remover tumbas sale más a cuenta que atender a los vivos.

¿Obediencia? Sí, porque el rector que ahora ha hecho su simbólica contribución al Año de la Memoria Histórica, no aprovechó su primer mandato para borrar ese punto negro del historial de la secular institución. Si bien se comenta que los prebostes de la USC tardaron tanto tiempo en anular ese honoris –cuarenta y un años después de su concesión y treinta y uno desde la muerte del laureado– a fin de cerciorarse de que el dictador estaba fiambre, parece que la razón de la tardanza aún es peor: hasta el año pasado mandaba Fraga. Y a ver quién se atrevía a enfadar a don Manuel. Tan heroicos como siempre ciertos rectores. Por lo mismo que unos le dieron el doctorado a Franco en el 65, otros se lo quitan ahora: hay que hacer méritos.

¿Alejamiento? Y tanto. Doscientos años transitó hacia el futuro en unos minutos el portavoz del BNG para justificar la necesidad de enterrarse en gallego. Y es que, dijo, si hubiera una hecatombe nuclear, los vestigios funerarios que se encontrarían dos siglos después harían creer a los arqueólogos que el gallego era una lengua residual. Total, un agravio intolerable para los guardianes de las esencias. Y un argumento que, en un parlamento serio, provocaría carcajadas. No aquí. Aquí hay temas tabú. Investirse de defensor del gallego aún con los ropajes de profeta del Día del Juicio Final, garantiza un respetuoso asentimiento. De modo que todos los partidos aprobaron que se instruya a floristerías, funerarias y demás negocios del ramo a fin de que los ritos fúnebres aseguren un rango honorable al gallego para la posteridad. Con o sin radiactividad.

Y, en cualquier caso, con la provisión correspondiente de dinero público. Pues ninguna de estas geniales ideas –y ésta ya figuraba en el Plan de Normalización Lingüística aprobado a la búlgara– le sale gratis al contribuyente.

En Galicia, como en cualquier lugar de España, uno puede poner la lápida en el idioma que le pete. Pero dejar tanta libertad a los ciudadanos no es bueno para la causa del poder autonómico. Es un poder que se ha cimentado sobre su identificación con un idioma y la exclusión del otro, o sea, sobre la imposición de su propio modelo a la sociedad. Decía Popper que la gran revolución espiritual que condujo al derrumbe del tribalismo y al advenimiento de la democracia fue la emancipación del individuo. No es de extrañar que la vuelta a la tribu y la descomposición de la democracia pasen por la liquidación de la libertad individual. Esto va a marchas forzadas. Ya ni a la hora de la muerte dejan a la gente en paz.

Estatutos
El indiscreto encanto de la taifa
Defensa de la Nación Española Libertad Digital 21 Noviembre 2006

Quienes aún conocen algo de la Historia de España saben que esto nos pasa con alguna frecuencia: de repente todo se resquebraja, la unidad empieza a romperse, el particularismo se impone sobre el interés general. Da la impresión de que hoy estamos viviendo, una vez más, un proceso de este género: la revisión de los estatutos de autonomía –una revisión que la sociedad no necesitaba, que los ciudadanos no pedían, que es simple consecuencia de los pactos de poder del PSOE– va configurando una forma de Estado más frágil, una España más dispersa. La unidad nacional se afloja y, en su lugar, los poderes regionales reclaman más poder. Para legitimar tal reclamación se recurre a un concepto tan etéreo como peligroso: el de "realidad nacional".

Por supuesto, ya sabemos que la letra de esos estatutos reafirma también el carácter indisoluble de la nación española, o su fidelidad a la Constitución, o su vinculación irrenunciable al Estado o, en fin, cualquier otra fórmula que tranquilice al gentío y permita una salida airosa ante los tribunales. Pero también la Constitución situaba la soberanía en la nación española, y eso no ha impedido que una comunidad, Cataluña, proclame su "realidad nacional" acogiéndose al ambiguo expediente de la doble verdad: el parlamento catalán dice una cosa, la Constitución señala otra. Doble verdad que, en la práctica, no hace sino dar un espaldarazo institucional al planteamiento de un conflicto político que se ha convertido ya en irresoluble, pues una cosa y su contraria no pueden ser verdad al mismo tiempo. La incoherencia de hoy siembra la discordia de mañana.

Entendámonos: el problema no es que un estatuto de autonomía proclame que la región de Murcia, por ejemplo, es una "realidad nacional" (cosa que aún no ha ocurrido, por fortuna); el problema es que la actual revisión del sistema autonómico se está haciendo deliberadamente en el sentido de una creciente disgregación del Estado, de una creciente insolidaridad entre las regiones, de una creciente fragilización de la unidad nacional. Porque todas las cesiones –todas– han ido en la dirección de reconocer elementos o aspectos nacionales en las regiones españolas; elementos o aspectos que antes no existían más que como marginales efusiones ideológicas, pero que ahora, en nombre del "consenso", se han convertido ya en conceptos de curso legal. Se prepara así el camino para nuevos pasos en la peor dirección posible. Podrán decirnos que tales pasos nunca se darán porque ahí están el PP, los tribunales o la Constitución para impedirlo. Pero si ya se está cediendo ahora, ¿qué nos impide pensar que no se cederá mañana?

Por encima y por debajo de las protestas de constitucionalidad, lo que va tomando forma es esto: un proceso de progresiva desnacionalización de España. Proceso que no va a beneficiar en modo alguno a los ciudadanos, sino tan sólo a unas clases políticas autonómicas que se han configurado ya como nuevas oligarquías de ambición taifal. Ese es el poco discreto encanto de la taifa.

Fundación para la Defensa de la Nación Española http://www.nacionespanola.org/

Galicia, nación por si acaso
Luis Miguez Macho elsemanaldigital 21 Noviembre 2006

Me preguntan con preocupación fuera de Galicia qué necesidad tiene el PP de aquí de ceder en cuestiones como la introducción de la "nación gallega" en el nuevo preámbulo del Estatuto de Autonomía, si tiene la sartén por el mango y podría impedir cualquier reforma del mismo inconstitucional o simplemente disparatada. A mí, la verdad, me cuesta trabajo explicar a quienes no viven la realidad periférica del Estado de las Autonomías la fuerza que ejercen las oligarquías caciquiles de provincias para obtener el máximo reforzamiento posible del poder autonómico del que tan pingües beneficios han sacado durante estos últimos veinticinco años.

Recientemente, un comentarista político gallego muy respetado y seguido por la base social del centroderecha apoyaba sin ambages la supuesta necesidad de que en el Estatuto se incluya una referencia a la "nación gallega". Sus argumentos, y es una persona generalmente ponderada y razonable, muestran el grado de irracionalidad que ha alcanzado la presión de la que hablo: hay que poner lo de la nación, aunque todos sepamos que Galicia no es una nación y no tenga efecto jurídico alguno meterlo en un Preámbulo, porque Cataluña y Andalucía lo han hecho y –argumento muy galaico- no vaya a ser que ellas saquen algún privilegio de todo esto y nosotros no. Además, total, por esa minucia uno no se convierte en nacionalista.

En fin, si creer que Galicia es una nación –y que, como consecuencia inevitable, España no lo es- no es ser nacionalista gallego, ya nos explicará el ilustre comentarista político en qué consiste profesar la fe nacionalista. Pero es que también el argumento del "por si acaso" es una pura falacia que ofende la inteligencia de los ciudadanos, a los que esta elite provinciana se empeña en tratar como débiles mentales.

Digamos lo evidente: el progreso de Galicia en estos veinticinco años, como el del resto de España, no se ha debido al Estado de las Autonomías. De hecho, no es más que la continuación natural del desarrollo económico y social que empezó en pleno régimen de Franco, con un sistema de organización territorial completamente centralizado.

Es fácil probarlo. Todas las regiones han avanzado, porque España ha avanzado, pero las posiciones relativas entre ellas, es decir, los desequilibrios económicos interterritoriales, ni se han corregido ni se han alterado sustancialmente. Galicia, que tuvo desde el principio un Estatuto de "primera división", no ha aumentado por ello su peso político y económico en el conjunto de la Nación, y lo mismo puede decirse de Andalucía. En cambio, Comunidades que partieron de Estatutos de "segunda", como las Islas Baleares o Madrid, sí han subido puestos, y no ha sido, desde luego, gracias a su gran régimen de autogobierno.

Lo de llamarse o no llamarse nación tiene que ver con otras cosas: con si a usted, que es comerciante, le pueden llegar a sancionar, como en Cataluña, por rotular su negocio de determinada manera, o si a usted, que es profesor, le pueden presionar todavía más con la cuestión lingüística, o si a usted, que es padre o madre de familia, le pueden privar del derecho a decidir qué educación quiere para sus hijos, o si a usted, que es funcionario, le pueden exigir una concreta lealtad política. Y tiene que ver, sobre todo, con el engorde de una oligarquía caciquil que es la única interesada –porque es la única beneficiaria- en el reforzamiento sin límites del poder autonómico.

Zapatero miente, respalda a los jueces pidiéndoles que prevariquen.
Antonio Javier Vicente Gil Periodista Digital 21 Noviembre 2006

Hace cuatro días, Zapatero declaró que el gobierno "está en condiciones de ser el primer garante del Estado de Derecho, la primera institución que ha de velar por que las leyes se cumplan y dar el respaldo a quienes cada día desarrollan esa labor", esto es, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los jueces y la Fiscalía.” Hace 4 días al comentar estas palabras creo que dije que en pocos días harían justo lo contrario, hoy lo han hecho por boca del gran coleguilla de ETA Patxi López, el pro etarra demuestra que Zapatero mintió por enésima vez.

De López, el Patxi pro ETA dice la noticia:

Pidió a los magistrados que contribuyan a que se “engrase el camino a la paz” con una aplicación de las leyes “diferente” a la de “otros momentos” en los que no se estaba “inmerso” en un “proceso de paz”.

¿Qué calificación penal tiene el hecho de la inducción a la comisión de un delito masivo de prevaricación por parte de los jueces?

Estos gobernantes nuestros y sus adláteres ultrajan a la justicia, se mofan del estado de derecho, pisotean las leyes, hacen de la Constitución su sayo y todo con una desvergüenza tal que clama al infierno.

Dado que la frase está dicha en zapaterés, es conveniente traducirla. En román paladino este Patxi, correveidile de ETA, dice realmente: Señores jueces, estamos en un proceso de paz que ustedes, haciendo cuña con el PP, se están cargando y eso puedo traerles consecuencias, por ello les recomiendo que cuando tengan entre sus manos asuntos en que estén implicados los buenos chicos de ETA procuren olvidar lo que dice la ley y hagan lo que sea preciso para que queden contentos, pues si se cabrean pueden pasar cosas de las que ustedes serán responsables.

Ya tenemos dos nuevas entradas para el diccionario Zapaterés-español

El término zapaterés “Engrasar el camino de la paz” significa en castellano “Prevaricación judicial masiva”

El término zapaterés “Aplicación diferente de las leyes” significa en español “Tratar a los etarras como los santos varones que son olvidando pasados crímenes y pelillos a la mar”

La hoja de ruta de Zapatero al infierno basa su devenir en el engaño a la ciudadanía, diciéndoles que todo se hará siendo respetuosos con la ley y la Constitución para a continuación hacerlo todo pisoteando la ley y la Constitución.

Libros de autoayuda
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 21 Noviembre 2006

Los socialistas vizcaínos necesitan urgentemente un libro de autoayuda para contener los desparrames verbales de su secretario general. Por ejemplo, el que sufrió el domingo durante el acto de solidaridad que el PSE celebró con sus dos dirigentes encausados por la reunión que mantuvieron con Batasuna el pasado 6 de julio.

Nunca ha empleado Pastor tantos calificativos contra ETA como contra el PP y Alcaraz en un solo discurso: «Indecente», «insensato», «indigno», «intolerable», «desleal» y «sinvergüenza». Es lo que tiene el lenguaje. Si esto es un 'proceso de paz', es natural que vean a los terroristas como compañeros y a los contrarios al proceso como enemigos. Quiere la parábola que el Buen-Pastor (afortunada síntesis guipuzcoano-vizcaína) muestre querencia por las ovejas descarriadas -está en los evangelios-.

También acusó al partido de la oposición de: «acometer prácticas del todo vale, mezquinas y bastardas», «indignidad insostenible», de no ser «capaces de asumir la democracia», arrojar «sobre nosotros toneladas de cieno», «utilizar a las víctimas» y echarnos «a la cara nuestros propios muertos», como Joseba Pagaza, sin tener en cuenta los hechos. Frente al hotel Amara Plaza aquella víspera de San Fermín no había ningún dirigente del PP, no estaba Alcaraz. Quien sí estaba para denunciar la reunión con el gesto sereno y la palabra exacta fue Pilar Ruiz, la madre de Joseba Pagaza, un socialista asesinado.

Todo el discurso del Euskalduna estaba ya resumido con idéntica inquina, aunque con más talento literario, por Xabier Arzalluz, que nos alumbraba, respecto al propio Pastor y sus compañeros de partido: «hemos tenido que taparnos los ojos, los oídos y hasta la nariz para gobernar con ellos». Todo estaba anunciado hace un par de años por Pilar Ruiz Albisu en su 'Carta a los nuevos ciegos'.

Lo sorprendente es que Pastor no quería retar a duelo a Leopoldo Barreda, pongamos por caso, sino invitar a los populares a secundarles. Si hubiera leído el librito de Dale Carnegie 'Cómo hacer amigos e influir sobre las personas' sabría que «Si quiere recoger miel, no dé puntapiés a la colmena» (título del capítulo primero). Después de los puntapiés les ofreció la mano, o quizás un soplamocos: «porque somos más generosos que ellos, porque tenemos más claros los objetivos y aquí esta mi mano, y aquí están las vuestras. Espero que no nos la escupan ni nos la rechacen».

Pastor habló con la rabia desbordada, según confesión propia. El proceso va mal y necesitan que la oposición se sume a él para poder afrontar el coste en plan derrama, pero al mismo tiempo no acaban de renunciar a la idea de cargarle al PP la factura entera de los platos rotos, cuestión que ayer mismo apuntaba Rubalcaba: pase lo que pase, lo habremos hecho sin el apoyo del PP; «eso está ya escrito». No siempre el don de la palabra nos convierte en criaturas superiores.

s.gonzalez@diario-elcorreo.com

La sátira
¿Qué paz?
Fray Josepho Libertad Digital 21 Noviembre 2006

La paz del pacto infame a media luz;
la paz de la celada y la doblez;
la paz de la torpeza, la sandez,
la ignorancia, la pifia y el chapuz.

La paz con el turbante y el capuz;
la paz de la risueña candidez;
la paz de la cesión y la endeblez
del que se esconde igual que el avestruz.

La paz de dar ofrendas al feroz
o de inclinar sumisa la cerviz
de una manera hipócrita y mendaz.

La paz infame, bárbara y atroz
de los hijos de sucia meretriz...
La paz... ¿Qué paz? ¿Tu paz? ¡Déjame en paz!

Francia certifica que ETA actúa y Zapatero debe cumplir su palabra
Editorial Elsemanaldigital 21 Noviembre 2006

Se celebra en París un juicio penal contra catorce etarras acusados de terrorismo. Francia no ha aceptado ninguna tregua con la banda armada, y las actividades de los militantes abertzales en el país vecino siguen siendo perseguidas y castigadas. En el curso de ese juicio Frédéric Veaux, responsable de la Subdirección Antiterrorista de la policía judicial, y Jean Pargade, especialista en la lucha contra ETA, han certificado que la banda sigue actuando y que se le deben atribuir una serie de acciones delictivas desde que se anunció el "alto el fuego permanente" .

Para los servicios de seguridad franceses, "la actividad de ETA en Francia continúa desarrollándose con normalidad", y varios síntomas parecen indicar que la banda se ha reorganizado, rearmado y financiado tanto en Francia como en España con vistas a una posible reanudación de las campañas terroristas. Los expertos franceses aducen en este sentido "el recrudecimiento de la violencia callejera en el País Vasco", la extorsión continuada a empresarios vascos y navarros, la existencia de activistas jóvenes formados y equipados en Francia -516 etarras en la clandestinidad según Pargarde-, el robo de cuatro toneladas de clorato sódico, una tonelada de polvo de aluminio y otros materiales en 2005, 43 vehículos sustraídos en Francia de enero a septiembre de 2006, el robo de 30.000 matrículas de coche y dos máquinas troqueladoras y la reciente acción de secuestro y robo de 350 armas en una empresa del sur del país vecino. Ni cese de actividades ni desarme.

ETA ha violado abiertamente los límites que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quiso marcarse a sí mismo cuando inició su acercamiento público a la banda. Ante el Congreso de los Diputados y ante los ciudadanos Zapatero se comprometió a verificar la voluntad de los terroristas de dejar las armas, y los "informes de verificación" que él consideró positivos le llevaron a intensificar sus contactos. Ante las primeras señales conocidas de actividad terrorista, y luego tras el robo de casi 400 armas cortas, Zapatero se comprometió de nuevo a que de ser ciertas "tendrían consecuencias". Hoy es el día de conocer esas consecuencias.

Zapatero tiene una oportunidad política excepcional para demostrar su talla como estadista. ETA está incumpliendo, y el Gobierno no puede huir ya de esa realidad. El presidente del Gobierno puede seguir como hasta ahora, culpando a las víctimas del terrorismo de sus males, acusando al PP de sus problemas y permitiendo que el PSE de Patxi López negocie políticamente con Batasuna con la autodeterminación y Navarra sobre la mesa. O bien puede dar por roto el mal llamado "proceso de paz", limitándose a cumplir su propia palabra. Los ciudadanos juzgarán después.

La resistencia a los tribunales del nacionalismo vasco
EDUARDO VÍRGALA FORURIA /CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UPV-EHU El Correo 21 Noviembre 2006

La Constitución de 1978 ideó un poder judicial unitario que no puede dividirse entre órganos centrales y autonómicos y que impide a las comunidades autónomas establecer tribunales propios o regular cualquier aspecto que afecte al estatuto jurídico de los jueces y magistrados, entre los que se encuentran la selección de los candidatos a ocupar puestos judiciales y la composición personal de los tribunales. Frente a ello, el nacionalismo vasco ha intentado desbordar el marco constitucional, como hacía el fracasado proyecto de Estatuto Político de 2002 (plan Ibarretxe). En dicho proyecto se preveían fórmulas como la ampliación de los miembros del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) nombrados a partir de ternas propuestas por el Parlamento autonómico o la atribución a un hipotético consejo judicial vasco de la selección de los jueces y, con todo ello, la culminación del objetivo real del nacionalismo, es decir, la creación de un auténtico poder judicial autonómico insertado en un aparente poder judicial unitario nacional, pero claramente controlado por los poderes autonómicos. Sólo desde esta clave puede entenderse la campaña mediática e institucional dirigida en los últimos días desde el tripartito gobernante contra diversos pronunciamientos judiciales. No se acepta ni que el anterior presidente del Parlamento vasco sea juzgado por desobediencia al Tribunal Supremo ni que el lehendakari pueda siquiera llegar a ser encausado penalmente.

En cuanto a la decisión del Tribunal Supremo (TS) obligando al TSJPV a que dicte sentencia de fondo en el proceso penal contra Atutxa, Knörr y Bilbao, no voy a hacer aquí más que reiterar lo que ya anunciamos cinco catedráticos de Derecho Constitucional hace más de tres años en un artículo publicado en este mismo medio ('Paz jurídica versus conflicto jurídico en Euskadi', 5-7-03). La reiterada negativa de esos tres parlamentarios a no ejecutar las resoluciones del TS no podía tener más que la consecuencia que se acaba de producir. Los acuerdos de la Mesa del Parlamento vasco de 2002 y 2003 eran incomprensibles, ya que los autos del TS lo que hacían era precisamente respetar la autonomía de funcionamiento del Parlamento, dejándole que decidiera cómo dar cumplimiento a la resolución judicial de disolución del grupo parlamentario que agrupaba a los parlamentarios de Batasuna.

El TS, en su sentencia de 10 de noviembre de este año, descarta la aplicación al caso de la prerrogativa parlamentaria de la inviolabilidad, ya que no se trataba tanto de realizar actos parlamentarios como de dar cumplimiento a la ejecución de una sentencia firme (la de disolución de Batasuna). La inviolabilidad parlamentaria fue creada hace más de 400 años en Inglaterra como causa de exención de la responsabilidad penal para proteger la libertad de expresión del parlamentario en el ejercicio de sus funciones y, al ser una prerrogativa, ha de interpretarse restrictivamente (sentencia del Tribunal Constitucional 51/1985). Cuando un parlamentario ejerce funciones organizativas por su posición en un órgano como la Mesa no está ejerciendo la libertad de expresión en defensa de su posición política, sino que realiza una función materialmente administrativa. La orden de ejecución al Parlamento vasco de una sentencia firme del TS es un acto al que hay que dar siempre cumplimiento, poniendo los medios oportunos que estén a disposición del órgano al que el poder judicial solicita su colaboración.

En este caso, Atutxa y sus compañeros tenían dichos medios, ya que podían perfectamente haber declarado disuelto el grupo que acogía a Batasuna para integrar a sus miembros en el grupo mixto. La Mesa podía hacerlo pues tiene competencia para adoptar cuantas decisiones y medidas requieran la organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cámara (art. 23.1.1 del Reglamento del Parlamento). Sin embargo, no quisieron hacerlo y, como dice la sentencia del TS, «no dar cumplimiento a un mandato judicial en ejecución de lo resuelto en una sentencia firme es, en definitiva, no aplicar la ley» y los actos de un parlamentario «no pueden nunca dirigirse al incumplimiento de la ley». Por eso, el TS ordena al TSJPV que, sin necesidad de nuevo juicio oral, dicte sentencia entrando en el fondo de la cuestión, es decir, si hubo o no un delito de desobediencia.

En el caso del lehendakari, el TSJPV ni le ha juzgado ni muchos menos le ha condenado. Simplemente ha entendido que pueden existir «elementos suficientes para iniciar la investigación penal» y, para ello, abre la fase de instrucción con el objetivo de averiguar si efectivamente cabe la existencia de un delito de desobediencia al Tribunal Supremo por reunirse con Batasuna. Reaccionar ante una actuación judicial ordinaria considerándola una «decisión política» (Imaz, EL CORREO, 11-11-06) o que «atenta directamente contra la división de poderes» (declaración del Consejo de Gobierno vasco) supone ir directamente, como la Sala de Gobierno del TSJPV ha recordado, contra el principio de paz jurídica, ya que está en el núcleo indecidible de nuestro Estado de Derecho que la cláusula de cierre del sistema es la aceptación de que la última palabra en la resolución de los conflictos jurídicos la tengan los tribunales, de forma que todos los poderes públicos (incluidos el Gobierno vasco y el lehendakari) y los ciudadanos estén sometidos a la Constitución y al conjunto del ordenamiento jurídico.

Las declaraciones subidas de tono y la organización de actos de desagravio (como la concentración de cargos públicos en Gernika) en poco ayudan a que las relaciones entre los poderes públicos caminen por la senda de la normalidad, de manera que el TSJPV pueda adoptar con tranquilidad sus resoluciones definitivas sin verse sometido a una presión que pueda llegar a ser insoportable.

Al lehendakari le quedan los recursos judiciales ordinarios y, en su caso, si durante el proceso se vulneran sus derechos fundamentales, el amparo ante el Tribunal Constitucional. En este sentido, parece que sólo puede entenderse en clave política la presentación de un recurso de amparo en este momento inicial. Dicho recurso ha sido anunciado por el Gobierno vasco (así consta en la web oficial de 'Acuerdos adoptados por el Gobierno vasco'), sin establecer claramente si ha sido presentado en su nombre o en el del lehendakari. Parece difícil que lo sea en el primer caso pues el único afectado es el lehendakari. De todas formas, es inexplicable la alusión a una violación del derecho de acceso a los cargos públicos o al derecho a la participación política de los ciudadanos vascos, pues la actuación del TSJPV en nada ha impedido esa participación política ni le ha supuesto al lehendakari merma alguna, hasta este momento, para ejercer sus funciones.

Tampoco puede aceptarse la imputación al más alto tribunal en Euskadi de tomar la decisión «por un impulso político», para inmediatamente decir que eso «no va a resultar gratuito» (Acuerdo de presentación del amparo publicado en la web oficial), lo que es de una gravedad extraordinaria proviniendo de quien tiene la competencia sobre los medios materiales al servicio de la Administración de justicia. Por todo ello considero que la defensa de la posición institucional de los órganos del poder judicial, sin que se vean cuestionados y atacados continuamente, es un deber de todo aquel que quiera que el Estado constitucional de Derecho exista también en Euskadi.

Batasuna estudia convocar una huelga general para obligar al Gobierno a cumplir sus promesas
Raúl González Zorrilla Periodista Digital 21 Noviembre 2006

Según ha podido saber este Blog del País Vasco, en los ámbitos nacionalistas se tiene constancia de que la ilegalizada Batasuna está estudiando la convocatoria de una huelga general en Euskadi para el próximo mes de diciembre.

Un sector importante de la organización ilegalizada, el más radicalizado, considera que ésta sería una medida de calado para presionar al Gobierno y, de este modo, conseguir desbloquear un proceso de negociación política que en la actualidad se encuentra absolutamente paralizado.

Los dirigentes más destacados de la coalición proetarra, que no acaban de dar su visto bueno a la convocatoria de un paro total dado el escaso éxito de anteriores llamamientos, quieren, de cualquier manera, iniciar diferentes acciones de fuerza para obligar al Ejecutivo de Zapatero a cumplir con lo que éste había pactado en los primeros encuentros entre ambas formaciones. En este empeño de amedrentar al Gobierno hay que encuadrar también la negativa de la coral de los terroristas a detener la violencia callejera y el cada vez más endurecido discurso de los portavoces de Batasuna.

La organización ilegal cada vez tiene más urgencia de ofrecer a ETA avances políticos más o menos concretos que, de algún modo, puedan enviar señales de paciencia a los asesinos. Los criminales cada vez están más intranquilos y más convencidos de que la apuesta por la negociación política no está resultando como ellos deseaban y, de hecho, los más sanguinarios de la banda ya han conseguido en más de una ocasión imponerse al líder provisional de la misma y protagonista de las negociaciones con el Gobierno: Josu “Ternera”. Acciones como el robo de varios centenares de pistolas en Francia, el hallazgo de una lista con presuntos objetivos terroristas en el registro de una sede batasuna de Zarauz o el paseo de varios etarras a caballo por los montes de Oyarzun son sucesos que, al parecer, el sector más radical de ETA habría llevado a cabo como muestra de su poder de influencia y fiscalización. En este capítulo hay que encuadrar, además, la “particular” huelga de hambre emprendida por el etarra psicópata De Juana Chaos, acción que no gusta nada a los lideres más “políticos” de Batasuna y que, en cambio, entusiasma a los sectores más fanáticos y embrutecidos del entorno etarra.

Mientras tanto, en el Gobierno comienza a cundir la sensación de que la negociación política impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero se escapa de sus manos. De hecho, el Ejecutivo nunca ha controlado absolutamente nada de un proceso cuya gestión principal, por ignorancia obstinada o simplemente por perversión, ha dejado en todo momento en manos de los voceros de los criminales. Convencido de que adulando a los verdugos, retorciendo el Estado de derecho, desvirtuando las instituciones democráticas, presionando a la Justicia y sometiéndose a los dictados de los nacionalistas radicales iba a lograr que los terroristas renunciaran públicamente a la violencia, el “equipo de sabios” que rodean al Presidente en este tema ya no sabe qué hacer ante las ambiciones incontenibles de los criminales. Aunque, como es habitual en estos notables socialistas a los que ya no les queda decencia por perder, siempre podrán echar la culpa de su infame fracaso al “extremismo de las víctimas”, “a la brutal oposición del PP”, “a la ultraderecha que se ha apoderado de los blogs políticos” o a todos aquellos que nunca hemos apoyado la desvergüenza intolerable de rendir la democracia española a los terroristas o de negociar políticamente con quienes tanto dolor han provocado a tantos durante tantos años.
Blog de Raúl González Zorrilla http://gonzalez-zorrilla.blogspot.com/

Irak
Las opciones, hoy
GEES Libertad Digital 21 Noviembre 2006

Con la arrolladora victoria de los demócratas en las elecciones americanas del pasado día 7, el debate sobre qué hacer en Irak y con Irak ha cobrado nuevos bríos en Washington. Al fin y al cabo, este es un tema donde la Casa Blanca y el nuevo Congreso piensan de manera radicalmente opuesta.

De momento, se han acelerado los trabajos de dos grupos de estudio. El más conocido, el Iraq Study Group, formación de origen parlamentario y espíritu bipartidista, encabezado por dos figuras de prestigio de cada lado del espectro político, James Baker y Lee Hamilton. Sus reflexiones deberán ser presentadas a comienzos del próximo mes de diciembre aunque ya se conocen bastantes de las alternativas que vienen manejando. Ninguna mantiene la actual política norteamericana hacia Irak y, si bien es verdad que tampoco endorsan la opción más radical, es decir, la retirada inmediata, es más que probable que en medio de todo tipo de cautelas se inclinen por una solución elegante sobre el papel, pero imposible en la práctica, como sería acelerar el entrenamiento de las fuerzas iraquíes al mismo tiempo que se produce un redespliegue estratégico de las tropas estadounidenses hacia estacionamientos vecinos pero fuera de Irak. El debate sobre los números, el apropiado nivel de fuerzas desplegadas en Irak es lo que de verdad subyace en estas propuestas.

El segundo estudio está dirigido por el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, el general Peter Pace. Esto es, parte del propio Pentágono y de la insatisfacción creciente entre los militares de ver que su estrategia de aplicación de la fuerza no obtiene los resultados deseados. Sus deliberaciones pertenecen al mundo de lo más secreto y ni tan siquiera se conocen con exactitud quienes son sus miembros principales. Con todo, Estados Unidos es una sociedad transparente y ya se han filtrado, interesada o desinteresadamente, cuáles son las opciones básicas que este grupo de expertos baraja. Han sido familiarmente denominadas Go big, Go long y Go home. En todas, al igual que en el grupo político de reflexión, la cuestión de la cantidad de tropas es el elemento dominante. La primera alternativa significaría aumentar el nivel de fuerzas desplegadas en Irak (en la estela de lo que propone el senador John McCain), aunque solo transitoriamente, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad a corto plazo; la segunda, pasa por incrementar los esfuerzos de formación, entrenamiento y equipamiento del ejército iraquí a la vez que se disminuiría la presencia de tropas de combate americanas; la tercera, es una salida rápida pero ordenada de Irak. Si es verdad lo que se dice, los mandos del Pentágono querrían aumentar ahora para alcanzar la segunda de las opciones cuanto antes.

El problema con estos dos niveles de reflexión y análisis es que todo gira en torno al número de soldados. Y es más que probable que ahí no radique la solución a los problemas iraquíes hoy. Al menos no es sólo un problema de números. Si se añaden más soldados sin modificar su mandato operacional, sólo servirán como más objetivos a batir por los diversos grupos guerrilleros. Pero el problema es que sus reglas de enfrentamiento ya no las dicta el Pentágono o Cetcom, sino el gobierno iraquí quien, en última instancia, debe aprobar o vetar lo que los soldados norteamericanos hacen y cómo lo hacen en su país.

Dicho de otra manera, ¿permitirá el gobierno de Maliki, formado como está por partidos que carecen de un sentido nacional y que sólo buscan promover sus intereses sectarios, que los soldados norteamericanos disparen sobre miembros del ejército mahdi, o sobre terroristas o radicales vestidos de civiles? En las últimas semanas, el gobierno iraquí impidió la captura de importantes elementos terroristas o, incluso peor, liberó a líderes de las milicias ya en manos de los estadounidenses, para mantener contentos a los radicales chiítas que lo forman.

En Irak la coalición ha cometido numerosos errores, comenzando desde el principio al haberse negado a disparar sobre los ladrones que atracaron museos e instituciones inmediatamente tras la caída de Saddam. Pero estos errores han tenido que ver menos con el número que con la forma de ejecutar las operaciones. Y en eso hay que darle la razón al caído en desgracia Donald Rumsfeld. Es más, como estamos viendo hoy en día, la violencia ya tiene menos que ver con la jihad islámica contra Occidente que con las rivalidades tribales y religiosas internas iraquíes. Dicho de otra manera, el problema no es tanto militar como político: generar un sistema de convivencia nacional aceptable para todos los moderados. La formación del gobierno de Irak tras las elecciones no lo ha permitido. Tal vez haya que forzarlo.

GEES, Grupo de Estudios Estratégicos.

Francia compara la actual tregua de ETA con la de 1998, que usó para rearmarse
El presidente del Ejecutivo reclama al resto de fuerzas políticas «prescindir de tentaciones partidistas» para encarar el proceso - Mesquida advierte de que ahora el Gobierno español decidirá las consecuencias ante un hecho «muy grave»
Javier Gómez / J. M. Z. La Razón 21 Noviembre 2006

París/Madrid- No fue en una declaración oficial ni por medio de ningún mandatario político, pero el Gobierno francés confirmó ayer que ETA fue autora del robo de 350 pistolas y municiones, el pasado 23 de octubre, en una empresa de importación de armas en Vauvert, en el sudeste de Francia. De paso, un alto mando de la lucha antiterrorista galo estableció un paralelismo entre el actual alto el fuego y la tregua de 1998-1999 que la banda «aprovechó para reconstituirse», subrayó.
La sospecha llevaba semanas sobrevolando en círculos concéntricos, amenazante, el proceso de paz entre las autoridades españolas y la banda terrorista. Su constatación enturbia aún más una negociación a la que, como ayer reconoció el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, «le está costando arrancar».

La previsible confirmación de que la banda terrorista se hizo con un arsenal, a la par que negocia con el Gobierno español, llegó en un decorado cuidadosamente elegido por el Gobierno francés: la sala tercera de lo Criminal del Palacio de Justicia de París. El objetivo era evitar todo tipo de injerencias políticas en la cuestión y dejar claro que, en lo que concierne a Francia, ETA es sólo un grupo de malhechores.

Frédéric Vaux, responsable de la Subdirección Antiterrorista de la Policía Judicial (SDAT), y Jean Pargade, oficial de la misma, explicaron al tribunal que juzga a siete etarras, ex componentes del aparato logístico, que «la actividad de ETA en Francia continúa desarrollándose de forma normal, entre comillas, como antes». «El último robo, hasta la fecha, es el del 23 de octubre de 2006», añadió Pargade, en referencia a la sustracción de las 350 pistolas. Un robo que en estos momentos investiga la Fiscalía Antiterrorista francesa.

En una acotación política poco al uso en un cargo policial francés, Vaux afirmó además que el robo de armas de Vauvert «plantea un problema a todos los que observan el proceso», en referencia a la negociación entre ETA y el Gobierno español. Unas declaraciones que ofician de respuesta al llamamiento que el ex jefe etarra Félix Ignacio Esparza Luri lanzó en esa misma sala, el pasado viernes, en nombre de la banda, al Ejecutivo galo. Esparza Luri amenazó con la «prolongación» y «extensión del conflicto», que es tanto como decir cometer atentados, si el país no se sumaba al proceso de paz.

Los responsables de la lucha antiterrorista enumeraron al presidente de la Corte, Jean Pierre Getti, los cinco atracos a mano armada cometidos por ETA en Francia, desde 2005. Todos con un mismo modus operandi, lo que lleva a los investigadores a pensar que han sido obra de un mismo comando, que no dudó en utilizar rehenes para lograr sus propósitos.

«Desde el verano de 2006 se asiste a una degradación del clima general en torno al proceso», dijo Veaux, que citó como ejemplos el recrudecimiento de la «kale borroka», la acción armada de tres fusileros etarras en el monte Aritxulegi de Oyarzun, tras una declaración sobre la continuidad de la lucha armada, y los mensajes insistentes, con amenazas incluidas, a Francia para que se implique en el proceso.

Tras hacer historia de las treguas que ETA ha mantenido en los últimos años, Veaux alertó de que la declarada entre 1998 y 1999 «se parece mucho a la de hoy, con contactos entre el Gobierno (español) y la organización», la cual «aprovechó para reconstituirse».

Problema español
«El Gobierno francés ha dicho siempre que el problema de ETA es español y no francés. Pero se ve bien que ETA y el movimiento de legales que rodea a ETA empuja al Gobierno francés a implicarse en este proceso», subrayó el responsable de la SDAT. En la misma línea, Pargade había manifestado que la banda «ha pedido al Gobierno francés que se implique y ha amenazado con extender la lucha armada al territorio nacional».

Recordó que en 2001 hubo un intento de asesinato de gendarmes, y en 2002 se descubrieron operaciones de seguimiento contra la juez antiterrorista que se ocupa de los sumarios de ETA, Laurence Le Vert.

También aludió a un documento manuscrito del etarra francés Didier Aguerre que postulaba «pasar a la acción y perpetrar acciones muy mediáticas contra fuerzas del orden» francesas. Como ejemplo de la «actividad» que, según Veaux y Pargade, ETA prosigue actualmente en Francia, citaron el dato del robo de coches. Según Veaux, hasta el 31 de octubre de este año, se han detectado 42 coches robados frente a los 40 de 2004 y los 50 de 2005. Por su parte, Pargade apuntó que desde comienzos de año hasta ahora, van 49 coches robados, de los cuales 31 desde el alto el fuego. Pargade indicó que, según los datos que manejan los expertos, hay 516 miembros de la banda en la clandestinidad.

El ministro del Interior galo, del que dependen jerárquicamente estos dos mandos policales, es Nicolas Sarkozy, líder del partido conservador galo UMP y muy cercano al ex presidente del Gobierno, José María Aznar, y al ex titular de Interior, Ángel Acebes. Sarkozy no escondió recientemente sus diferencias con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con quien cruzó varias salvas dialécticas a propósito de las políticas de inmigración opuestas que llevan a cabo Madrid y París.

Si Francia tiene pruebas fehacientes de que ETA fue la responsable del robo de Vauvert, es de suponer que lo ha comunicado ya al Gobierno español. Ni la Moncloa ni Matignon, sede del Gobierno galo, sin embargo, han comunicado oficialmente las conclusiones de la investigación.

Eso sí, la reacción del director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, por la confirmación de la autoría de ETA fue ayer contundente. A su juicio, el Gobierno español deberá «analizar y plantear» las posibles consecuencias que se deriven de esta confirmación, que calificó de hecho de «muy grave». Rubalcaba, por su parte, admitió que «se están moviendo» los activistas de ETA que se esconden en Francia. Mientras Zapatero conminó ayer a los partidos a «prescindir de toda tentación partidista» a la hora de afrontar el «proceso de paz» en el País Vasco y sostuvo que el intento para lograr la paz es «difícil, exige coraje, precaución y un irrenunciable compromiso democrático».

El terrorismo sale barato
A. Basagoiti minutodigital 21 Noviembre 2006

Contemplé con mis propios ojos el pasado viernes día 10, en el Casco Viejo de Bilbao, como se organizó el acto de terrorismo callejero que casi acaba con un policía municipal quemado. Se trataba de un atentado perfectamente planificado, por cómo y por dónde llegaron los terroristas, por dónde se escondieron y por cómo se cambiaron de ropa con la ayuda de otras personas en el Mercado de la Ribera.

Algunos de estos salvajes fueron detenidos y puestos a disposición judicial. Pocas horas después, hemos sabido que con 6.000 euros han salido a la calle. Dicen que no les imputan más que desórdenes públicos porque no hay pruebas de que fueran los que arrojaron la gasolina al policía. Aunque no sean los que intentaron quemar al agente si que participaron en los altercados, en los que además se atacó un cajero, contenedores y se sembró el pánico en las Siete Calles de Bilbao.

La conclusión es que si hacer de terrorista sale barato, porque además te convierten en héroe nacional, y encima el de Moncloa dice que los malos están a favor del proceso, hay pocas razones para el optimismo. Probablemente todo pueda ir a peor.

El órgano común, un instrumento para extender el nacionalismo
J.P. ABC 21 Noviembre 2006

MADRID. El órgano común vasco-navarro que se podría constituir como consecuencia de la negociación política con ETA-Batasuna, a través de la mesa de partidos, no tendría capacidad legislativa, sino consultiva-organizativa.
Sin embargo, en dicho órgano, según las fuentes consultadas por ABC, se fraguarían acuerdos comunes entre ambas comunidades autónomas, a través de la firma de convencios. Se trataría de unos acuerdos sobre cuestiones de mucho peso específico. Por ejemplo, pactos que materializaran la ampliación de la difusión de la Radio Televisión Vasca (EITB) a toda Navarra, incluso aquellas zonas no vascófila. La EITB, desde su creación a principios de la década de los ochenta, está controlada por el nacionalismo vasco, como así lo ha denunciado desde hace tiempo el propio PSE. Se intentaría, asimismo, llegar a convenios sobre la ampliación a toda la Comunidad Foral de la educación en euskera y sobre una política sobre turismo común.

Los asesinatos secretos de ETA
Juan C. Osta Periodista Digital  21 Noviembre 2006

Ahora, cuando Zapatero presenta en sociedad a un De Juana Chaos "partidario del proceso" y el socialista Patxi López califica al batasuno Otegui como "hombre de paz", quizá ´duela recordar los asesinatos secretos que hay en el sangriento historial de ETA. La misma ETA con la que se quiere negociar, esa de la que son parte De Juana y Otegui, tiene en su haber unos cuantos crímenes horribles, nunca confesados. El más doloroso, el de los tres jóvenes gallegos que pasaron "al otro lado" para ver 'El último tango en París' y nunca volvieron.

Corría la primavera de 1973, cuando tres jóvenes decidieron pasar a Francia para ver la última de Bernardo Bertolucci. 'El último tango en París' había sido prohibida por la censura franquista porque contenía una escena en la que los protagonistas, Marlon Brando y Maria Schneider, aparecían desnudos. Esto provocó un ascenso del turismo cinematogrífico a Francia procedente de una España a punto de comenzar a dar sus primeros pasos democráticos.

Fue un 24 de marzo de 1973, sábado, según publican J. M. Calleja e I. Sánchez-Cuenca en El País, cuando los tres jóvenes decidieron pasar "al otro lado" -así se le decía a viajar a Francia en el País Vasco- para ver la famosa cinta. Eran José Humberto Fouz Escobero, de 29 años; Jorge Juan García Carneiro, de 23, y Fernando Quiroga Veiga, de 25. No volvieron.

¿QUÉ LES PASÓ A LOS TRES JÓVENES CORUÑESES?
El caso de estos tres jóvenes españoles es uno de los secretos mejor guardados por la organización terrorista ETA, que todavía hoy no se ha responsabilizado de los tres asesinatos ni ha emitido comunicado alguno.

Los hechos ocurrieron como sigue. Los tres jóvenes comieron el sábado 24 de marzo de 1973 en Irún. Desde allí se desplazaron a Hendaya o San Juan de Luz, al cine.

A la vuelta, en el lado izquierdo de la carretera que serpentea desde San Juan de Luz a la frontera, los chicos vislumbran las luces parpadeantes de una discoteca. Uno de esos antros de atmósfera densa, donde se puede tomar una copa, escuchar música y ver cimbrearse a alguna mujer de falda corta y ropa apretada.

Los gallegos se acodan en la barra y comentan algunas de las ardientes escenas vistas en el cine un rato antes. Suben el tono, se ríen e intercambian bromas, ignorantes de que en una esquina, parapetados tras unos vasos de güisqui, varios pares de ojos les observan.Uno de los que mira, el más excitado por el alcohol, es Tomás Pérez Revilla, gerifalte de ETA.

Con él hay otros cuatro que mascullan refiriéndose a los gallegos palabras como «hijos de puta», «cabrones» o «txakurras». Pérez Revilla y sus compinches se convencen de que los de la barra son policías camuflados y urden a toda prisa un plan.

Media hora después, cuando los gallegos salen al oscuro aparcamiento, justo cuando están a punto de encaramarse al Austin 1300 en que salieron de España, los cinco etarras los interceptan a punta de pistola. Al ver el arma, dos de los gallegos se quedan estupefactos.Humberto, el mayor, se yergue peleón pero antes de que pueda mover un dedo recibe un tremendo botellazo en el cráneo.

Los etarras amarran a la espalda las manos de sus prisioneros, incluidas las del malherido Humberto. Los introducen a empellones en el maletero y parten con ellos, usando el Austin y su propio vehículo. Enfilan hacia Saint Palais, en pleno corazón del País Vasco francés, a medio centenar de kilómetros de distancia.

Allí, protegidos por sus cofrades de Iparraterrak y amparados por la simpatía que despertaba la oposición a Franco, los etarras tienen una estructura que permite albergar, dar trabajo y hasta entrenar a los que salen de España para integrarse en la banda o huyen de la policía. El centro del entramado es un vivero al que los lugareños llaman La Serra, donde en los momentos álgidos labora hasta una treintena de personas.

Es en el vivero, en uno de los barracones, entre tenazas de podar, martillos, carretillas y aperos de labranza, donde Pérez Revilla y sus colegas inician el interrogatorio. La tortura se prolonga hasta el amanecer.

Al cabo de una noche agónica, en la que lo único que logran arrancar de la boca de sus cautivos son gemidos, gotas de sangre, dientes y la desnuda verdad, Pérez Revilla y los suyos comienzan a sospechar que se han equivocado. No han capturado a unos policías, enviados desde España para husmear en el santuario etarra. Aquellos tres seres hechos pedazos no son agentes camuflados. Se trata quizá, como los muchachos han jurado desde el primer momento, de simples emigrantes gallegos.

El grupo de asesinos, torturadores y secuestradores estaba comandado por Tomás Pérez Revilla, asesinado en 1984 por los GAL, junto a Manuel Murua Alberdi, alias El Casero; Ceferino Arévalo Imaz, alias El Ruso; Jesús de la Fuente Iruretagoyena, alias Basakarte,; Prudencio Sudupe Azkune, alias Pruden, y Sabino Atxalandabaso Barandika, alias Sabin.

"Una granja en la localidad francesa de Saint-Palais y un nombre, el del ex etarra Manuel Murua, son las pocas referencias que existen para tratar de saber dónde están los cadáveres de estos tres españoles desaparecidos hace más de treinta años."

Hoy, 33 años después, un juez de San Sebastián ha decidido reabrir el sumario para investigar el secuestro, tortura, muerte y desaparición de los tres jóvenes gallegos.

OTROS ASESINATOS SECRETOS DE LA BANDA TERRORISTA
No ha habido muchos otros casos de desaparición de las víctimas en la historia de ETA. El 4 de abril de 1976, ETA ocultó los cuerpos de los policías José Luis Martínez Martínez y Jesús María González Ituero.

Los otros episodios corresponden a ajustes de cuentas en el seno de la propia organización terrorista. "Son crímenes que revelan luchas internas, ambiciones desmedidas y represión brutal en el interior de la organización. Los terroristas consideraron que era necesario ocultar esas historias." Ahí hay que encajar el asesinato de Eduardo Moreno, Pertur, y el de José Miguel Echevarría, Naparra.

La banda terrorista tampoco ha reconocido los 13 muertos de la calle Correo, el 13 de septiembre de 1974.

Hay otros casos de atentados no reconocidos cuando la organización terrorista comete "errores". Así sucedió con el asesinato de otros tres jóvenes que ETA confundió con policías de paisano. Y lo mismo sucedió con Juan José Uriarte, un taxista vizcaíno de 41 años que cayó abatido por las balas el 18 de mayo de 1985. Enseguida se descubrió que Juan José Uriarte era primo del obispo de Bilbao, Juan María Uriarte.

Son los asesinatos ocultos de una banda terrorista que ahora se sienta con el Gobierno de España a negociar la deposición de las armas. La misma banda terrorista: ETA.

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