AGLI

Recortes de Prensa     Sábado 25 Noviembre  2006

Programación docente en la neolengua: autoayuda
Escrito por AGLI y CORUÑA LIBERAL   25 Noviembre 2006

Las asociaciones cívicas AGLI (para la defensa de la libertad de idioma) y Coruña Liberal (para la defensa de la libertad) han unido sus esfuerzos para responder a la petición de ayuda, a veces angustiosa, de numerosos profesionales de la enseñanza, ante el creciente acoso de que vienen siendo víctimas por parte de las nuevas autoridades, y de sus correas de transmisión sociales. La pinza que se está ejerciendo sobre estos funcionarios y trabajadores está compuesta por dos palancas;

1ª, la inspección de educación, que siguiendo las nuevas directrices políticas, concentra todos sus esfuerzos en la 'normalización' forzosa, con abandono de cualquier otra preocupación por la calidad del servicio público de educación;

2ª. las organizaciones sociales que profesan como ideología el totalitarismo lingüístico, entendido como la sumisión de toda manifestación pública al criterio de que ha de expresarse exclusivamente en lengua gallega o en el constructo o sucedáneo burocrático que se ha estado creando durante todos estos años para suplantarla, y, en todo caso, para erradicar al español, que quedaría relegado así a la intimidad o al uso privado, lejos del control burocrático o incluso del control social de los adeptos a esta extraña cruzada, siguiendo los modelos catalán y vasco que produjeron el exilio de miles de docentes.

Ambas palancas giran sobre un punto de apoyo jurídico inconsistente: la Ley de normalización lingüística y sus desarrollos reglamentarios.

Decimos que es inconsistente porque, aunque el concepto de normalización contiene en sí el germen de cualquier totalitarismo -en cuanto la elite política decide quien es normal y quien no, y se aplica, con el poder del Estado, a 'normalizar' a los declarados anormales- las garantías del estado de derecho establecidas en nuestra Constitución, han impedido, hasta el momento, que los normalizadores hayan podido extraer las consecuencias más perversas de tan aberrante concepto.

En consecuencia, aunque ideal o ideológicamente, en el proyecto normalizador, sí cabe cualquier aberración jurídica, no caben, sin embargo, de momento, en el ordenamiento positivo, gracias a las garantías constitucionales y legales aún vigentes.

Los profesionales que se vean amenazados por los inspectores de educación, reducidos, al parecer, a inspectores de normalización, están amparados por la ley; no importa cuantas intimidaciones y cuantas claudicaciones se hayan producido ya.

Hasta ahora, el mecanismo de la imposición era activado por la autodenominada 'Mesa pola normalización lingüística' que excitaba el celo administrativo, y demandaba en juicio que se expedientase a los inspectores renuentes. Sobre este modelo normalizador han recaído dos acontecimientos de signo contrario:

en primer lugar, el relevo político que ha transmutado la desidia en celo normalizador, lo que hace innecesaria esa labor de la Mesa como chivato

en segundo lugar, la sentencia, ampliamente comentada, que desapodera a la Mesa de unas atribuciones que ya no necesita, pues ha sido suplida con ventaja por las nuevas autoridades, que han convertido a toda la Administración en una gigantesca e incansable Mesa: la Mesa total. El sueño de todo totalitario, el control del Estado para imponer su capricho.

Pero, en realidad, las nuevas autoridades sólo tienen el control del ejecutivo, y una mayoría exigua en el legislativo regional, que, por otra parte, no puede derogar las garantías constitucionales. En este sentido y respecto de esta cuestión, la Administración normalizadora está funcionando como una organización ilegal, pues la misma deslegitimación que la Justicia sentenció para la Mesa, es predicable de cualquier otro ente que no sea el titular de los derechos lingüísticos. Y parece que sólo es titular de derechos lingüísticos la persona física dotada del apéndice capaz de articular el habla, o, por extensión suya, la corporación de varias personas físicas en que sea visible esa titularidad de derechos lingüísticos, que se agrupen, en todo caso, para defender derechos propios, y no , como la malhadada Mesa, para perseguir los ajenos.

¿Qué hacer ahora, cuando el entusiasmo de la Mesa ha pasado a la Administración?

El profesional que se vea inquietado en su libertad y en su dignidad, se enfrenta a un expediente disciplinario por infracción del deber de obediencia.

La construcción de este expediente presenta algunas dificultades para el normalizador. Explicaremos seguidamente su mecanismo según los informes y quejas que nos están llegando:

En primer lugar, el inspector convoca una reunión en el centro, y, un poco en función de su personalidad, adopta una actitud paternalista “no se metan uds. en líos; no vale la pena; total, qué más les da; piensen en sus hijos, ... ” (me abstendré ahora de calificativos morales) o, directamente, una autoritaria: “las programaciones en gallego en tal fecha; de lo contrario, inicio las diligencias para el expediente disciplinario”

El paternalista, si hay algún irreductible, acaba en la actitud autoritaria.

Por tanto, debemos analizar brevemente el mecanismo y el fundamento del método coactivo, que es la verdadera esencia de la normalización, ya que el que cede al argumento paternalista, lo hace, salvo entusiasmo de converso, para evitar las consecuencias.

Transcurrido el ultimátum sin efecto, el inspector, muy a su pesar, “inicia las diligencias” es decir: formula un escrito de acusación ante el delegado provincial contra el renuente.

El delegado provincial, a la vista de ese escrito de acusación o denuncia, decide -no tenemos constancia de que lo haya decidido ya, en algún caso, pero es de suponer que lo hará en función de la conspiración de que forma parte- decide, decíamos, iniciar el expediente, a cuyo efecto, firma una resolución que se notifica al denunciado, indicándole los motivos. Este es un tema crucial, sobre el que volveremos.

En ese escrito se le da un plazo, generalmente de diez días, para que el denunciado alegue lo que tenga por conveniente en su descargo y se le comunica el nombramiento de un instructor, que será un funcionario administrativo, generalmente dócil al poder.

El instructor, a la vista de las alegaciones, hará una propuesta, generalmente de sanción. Ya veremos su posible alcance. Comunica la propuesta al denunciado, que vuelve a disponer de un plazo de diez días hábiles para alegar lo que crea conveniente. A la vista de estas nuevas alegaciones, en su caso, o transcurrido el plazo sin que se produzcan -ya que el denunciado puede 'pasar' del asunto- el instructor eleva la propuesta al delegado. La propuesta puede ser de archivo o sobreseimiento -no es habitual- o de sanción [b) Suspensión de funciones, teóricamente, hasta un máximo de tres años, o c) Traslado con cambio de residencia. Esto asusta mucho, pero, claro, hay que situarlo en su contexto. Porque, si por hacer las mayores barrabasadas, no les pasa gran cosa a los funcionarios, como nos informa copiosamente la jurisprudencia, en el peor de los casos, que nosotros sostenemos que, por este motivo, no puede llegar a producirse, el asunto habría de reducirse a unas muy cortas vacaciones no remuneradas. Lo que, insisto, juzgamos imposible, porque el instructor y toda la cadena, también están sujetos a las leyes, y a leyes de mayor rango que el reglamento de los documentos en gallego: al Código penal, por ejemplo, como se verá].

Ahora bien: todo ese mecanismo no funciona sin un cierto contenido: ¿cuál es la infracción?

El profesional que ha hecho su programación como siempre, no tiene conciencia de haber hecho otra cosa que no plegarse al capricho del inspector.

En efecto: el único cargo que puede sustentar ese expediente es el de faltar a la obediencia debida (art. 4,1 del reglamento disciplinario: Son faltas graves: a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.)

La primera cuestión que surge ante esta tipificación es si un profesional está obligado al capricho normalizador, concretado en ese extremo.
Obviamente, nosotros defendemos que no lo está.

En un sistema democrático, en un Estado de derecho, las restricciones de la libertad son las imprescindibles para la conservación del orden social y el respeto de los derechos de todos. Y, detrás de ese capricho, no se cobija más derecho que el de la Mesa, desautorizada por los tribunales en su rijosa exigencia.

Nosotros somos ciudadanos respetuosos de la ley, aunque no creemos que cualquier basura se convierta en ley por el mero hecho de que unos legisladores enajenados le presten esa apariencia. En los procesos de Nüremberg, la defensa pretendió justificar las conductas de los acusados con la ley. Y, en efecto, actuaron en cumplimiento de las leyes de normalización (por ejemplo, había una que era de 'arianización' de la economía. El legislador nacionalsocialista consideró que no era normal que los judíos fuesen dueños de negocios, tiendas, acciones, ... y decidió normalizar la situación) Por supuesto, aunque el concepto es, en esencia, el mismo, estamos a una distancia enorme, aunque no insalvable, de aquella situación, debido a que aún disponemos de una Constitución democrática que nos ampara, y a que el poder regional aún no controla al poder judicial, que conserva bastante de su independencia, y puede mandar a la cárcel a cualquiera que se haga acreedor a ello.
En primer lugar, el profesional que se vea inquietado en su libertad y en su dignidad como consecuencia de la política que estamos denunciando, debe exigir al inspector, con firmeza y serenidad, que le notifique por escrito la orden o requerimiento, ya sea de presentar la programación en la neolengua, ya de traducirla a ella, y esperar tranquilamente a recibir la notificación, si es que ya el inspector no lo escribe y entrega en el acto, con acuse de recibo -es importante para contar los días del ultimátum, si se expresa uno, aunque también puede ser una fecha fija-.

Cuando el profesional reciba ese documento, que nos haga llegar una copia digital, o su transcripción, indicando la fecha de notificación, cuanto antes. Nuestro equipo de asesores jurídicos le orientará sobre lo procedente, con la debida reserva y sin ningún compromiso.

En ese requerimiento, la inspección intentará fundamentar su orden en una normita totalitaria pero de ínfimo rango -un decreto 247/95- que dice, nada menos, que toda la documentación administrativa que se produzca en los centros de educación deberá estar en la neolengua.

Una programación docente no es un documento administrativo. Naturalmente, el normalizador totalitario pretenderá que todo lo que produce la administración y sus agentes -funcionarios- es documento administrativo. Pero la programación no es un documento esencialmente administrativo, por varias razones: la educación no es un servicio público sujeto a monopolio: ¿cambia la naturaleza, administrativa o no, de la programación, si la elabora un profesor contratado por un centro privado? (¿es mixta la programación elaborada por profesor que trabaje en un centro concertado?) Estamos hablando de 'obediencia' y en el estado que propugna como valor superior de su ordenamiento la libertad, obediencia, la necesaria. Sólo la necesaria. ¿por qué se ha hecho necesaria, de repente, la programación en la neolengua? ¿por un capricho político? Pues que paguen traductores, como parece que van a hacer con las lápidas. Pero, además, en derecho sancionador no caben dudas. Si hay duda sobre el carácter administrativo del documento, no puede haber sanción. Probablemente la programación es un documento estrictamente docente en manos del profesor que la ha elaborado con ese fin. No tiene que elaborarla con otro fin, aunque pueda servir a la inútil voracidad documental de la administración, que lo convierte, a saber con qué fines, en un documento administrativo cuando se incauta de ella. Si el cambio de naturaleza se produce con el cambio de manos, y admitimos la memez reglamentaria de que todos los documentos administrativos tiene que estar en la neolengua, y admitimos además, que como los romanos que pasaban el Ulla, los normalizadores han olvidado la lengua oficial del Estado que cubre el déficit fiscal de sus retribuciones, pues que se lo hagan traducir. La nómina de trballadores da lingua consiente ese ejercicio inútil y mucho más.

Además, el profesor molestado con esta exigencia estúpida, puede a adaptar a su caso y dirigir a la Delegación de Educación y al Ministerio Fiscal, los modelos de recurso que iremos ofreciendo en esta página.

Hoy incluímos el primero, a la Delegación de educación respectiva.

El próximo será el del Ministerio Fiscal.

Sr./a. Delegado/a provincial de Educación:

Soy .    .           .           .           .           .           .           . , dni o NRP . . . . . . . . . . . . . . .del cuerpo de .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  .
con destino en el Centro .  .   .   .   .   .   .   .   .   .   donde se me puede notificar.

El día .   .   . . . . .  el/la inspector/a D/ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . me requirió verbalmente ante testigos (citar) (ó) por escrito cuya copia acompaño, para que presentase la programación de mi asignatura en lengua gallega, bajo apercibimiento de expediente disciplinario. 

Yo ya he presentado la programación, como siempre, pero ahora la inspección no la entiende en español, o, sin explicación lógica alguna, me exige un mero ejercicio de traducción. 

Me asiste el derecho a presentar la programación en la lengua oficial de mi elección, no en la de elección del/a Sr/a inspector/a, en cuya lengua de uso o preferencia nunca se me ha ocurrido entrometerme.

La lengua es una de las circunstancias personales o sociales por las que está prohibida toda discriminación, como lo prueba la protección penal establecida en el art. 314 de la L.O. 10/95. 

Esa nueva exigencia, no obedece a cambio normativo alguno, sino -salvo que la inspección haya perdido la capacidad para entender la lengua española- a mero capricho, por lo que incide injustificadamente en mi libertad de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales, incurriendo por ello en varias faltas disciplinarias y, probablemente también, en un grave delito, de lo que doy cuenta al Ministerio Fiscal y traslado a Ud. 

Por seguir el orden del Decreto 94/1991:

art. 3º, faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución y al Estatuto de Autonomía en el ejercicio de la función pública.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de mi condición o circunstancia personal o social de hispanohablante, así como el acoso por la misma razón.

d)La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen un perjuicio grave ... a los ciudadanos (no me negará mi condición de ciudadano)

i) La obstaculización del ejercicio de las libertades públicas. No concibo cómo puede atreverse alguien a imponerme el uso de una de las dos lenguas oficiales: evidentemente considera inútil o inhábil la otra, que es la común de todos los españoles, y la oficial del Estado.

Art. 4º. faltas graves:

b) El abuso de la autoridad en el ejercicio del cargo. ¿qué justificación puede tener esa nueva exigencia? No se ha tomado la molestia de motivarlo seriamente.          
ñ) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.

Es muy posible que el/la inspector/a actúe por orden de alguna autoridad superior. En ese caso, la falta correspondiente será imputable también al titular de esa autoridad, y, en cualquier caso, si no promueve la acción disciplinaria contra el/la inspector/a después de la presentación de este escrito, le alcanzará la responsabilidad que derive de

1.    La tolerancia de los superiores respecto de la comisión de las faltas muy graves o graves de sus subordinados.

Es posible que la extrema sensibilidad lingüística, estrictamente unidireccional (es decir, orientada sólo a una lengua) haga perder la perspectiva jurídica del problema, o que normas de rango menor, dictadas sin el debido respeto del principio jerárquico y del sentido común obscurezcan la verdad de que ninguna autoridad puede forzar a nadie al uso de una u otra de las dos lenguas cooficiales. La confusión sembrada por poderes subordinados desaparece a la vista de la Constitución, o de una ley orgánica como el Código penal:

Artículo 542.[Impedir el ejercicio de otros derechos cívicos]  
Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.

El uso de la lengua oficial del Estado, es un derecho cívico que no puede conculcar el/la Sr/a inspector/a, por propia iniciativa, interpretando por sí mismo el ordenamiento jurídico en un sentido perverso, contrario a su primer principio inspirador, que es la libertad, u obedeciendo una orden delictiva:

Artículo 314.[Discriminación laboral] Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la situación de igualdad ante la ley tras requerimiento o sanción administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a doce meses.

Estos preceptos son mucho más claros respecto del alcance de las facultades del/a Sr./a. inspector/a que el decreto 247/95 de la Junta de Galicia, que no fue utilizado en estos diez años de vigencia para molestarme de esta manera, lo que demuestra que esa administración puede dejarme en paz diez años más, al menos.

Fecha y firma,

Gritar no al proceso de rendición
EDITORIAL Libertad Digital  25 Noviembre 2006

Poco hay más necesario en España que construir un país en que las víctimas del terrorismo no tengan que salir a la calle para protestar por los tratos entre su Gobierno y sus verdugos. Lejos queda aquel 22 de enero de 2005 y aquella primera manifestación, convocada precisamente ante el riesgo de que De Juana Chaos saliera de prisión, el mismo De Juana Chaos al que Zapatero califica ahora de hombre de paz. Entonces las víctimas aún pensaban que, además del apoyo de la ciudadanía, contaban al menos a su lado con los dos grandes partidos no nacionalistas. Peces Barba demostró ese día con su ausencia su carácter de comisario político. El Gobierno casi al completo demostró su totalitarismo con las detenciones ilegales por una agresión que jamás existió a un ministro demasiado pagado de sí mismo como para aceptar ser abucheado.

"Memoria, dignidad y justicia" fue el lema aquel día y ha sido el leit motiv de las distintas convocatorias que ha realizado desde entonces la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y ha sido precisamente en los últimos meses en los que estas sencillas reivindicaciones han sido más atacadas desde el Gobierno y el PSOE a cuenta de un proceso al que llaman de paz, y que consiste en otorgar a los terroristas, todo lo lentamente que les permite esa cuerda que se estira pero no acaba de romperse, las reivindicaciones por las que asesinaron a quienes no podrán manifestarse hoy, a las cinco de la tarde, en la calle Velázquez de Madrid. Un proceso que, llamado de paz, no es más que la rendición del Estado de Derecho frente a una banda terrorista.

Los obispos, justo un día antes de la manifestación de las víctimas, han recordado que no se puede colaborar con los terroristas ni con quienes lo apoyan, esos "hombres de paz", según el lenguaje pervertido del presidente del Gobierno. La justicia, han afirmado, "quedaría herida si los terroristas lograran total o parcialmente sus objetivos por medio de concesiones políticas que legitimaran falsamente el ejercicio del terror". Y precisamente esta manifestación se ha convocado por el ataque que a la justicia supone el proyecto de reforma del Código Penal, que permitiría poner en la calle a buena parte de una banda terrorista que, vistos los réditos, está más lejos que nunca de recapacitar y arrepentirse de sus crímenes.

Las víctimas empezaron a manifestarse hace casi dos años para evitar que una alimaña como De Juana Chaos, un individuo repugnante que celebraba los asesinatos desde la cárcel, pudiera salir de ella habiendo cumplido unos pocos meses por cada crimen. Hoy lo hacen no sólo porque el Gobierno prepara una reforma que permitiría que muchos como él salieran de la cárcel prematuramente, sino también porque ordenan a la Fiscalía que lo trate bien y lo alaban por ser favorable al proceso de rendición. Que es la misma razón por la que insultan a las víctimas del terrorismo; porque se oponen a los dictados del Gobierno y se niegan a continuar sacando sus muertos por la puerta de atrás.

Aunque sólo fuera por los insultos de Peces Barba, Hernando y otros seres de similar talla moral, habría que estar con las víctimas. Como en todas las manifestaciones que han organizado estos dos últimos años. Como en las que, con toda seguridad, tendrán que convocar durante el resto de la legislatura.

La verdadera manipulación de las víctimas
POR EDURNE URIARTE ABC  25 Noviembre 2006

EL liderazgo de las asociaciones de víctimas en la movilización ciudadana contra la negociación política con ETA las ha hecho objeto de numerosas manipulaciones. La primera, la más burda, la de su presentación como agrupaciones de extremistas y exaltados condicionados y controlados por el PP. Los adalides de la negociación que difunden estas imágenes pretenden borrar del recuerdo de los ciudadanos el hecho de que el movimiento cívico que impulsó a fines de los noventa la resistencia ciudadana contra ETA no surgió del PP. Surgió de la sociedad, de las víctimas, de los intelectuales, de las asociaciones cívicas, de los ciudadanos de a pie hartos de la parálisis del miedo y el silencio. El PP se sumó y, lo que es más importante en este debate, el PSOE, al principio, también. Las víctimas están donde estaban; el PP, también. Quien ha cambiado de posición es la cúpula del PSOE.

Pero aún hay algo peor en el cuestionamiento de las víctimas que esta tergiversación de la historia y del significado de la resistencia. Hay otra manipulación, no de las víctimas, que no se dejan, pero sí del concepto de víctima que es especialmente inquietante porque suele ir disfrazada de supuesta sensibilidad humana y solidaridad hacia el dolor, de alusiones al respeto a las víctimas o de la obligación de escucharlas. Consiste en convertirlas en exclusivos afectados del terrorismo etarra, en reducir la persecución a toda una sociedad al problema de unos pocos. Y, además, se acompaña de su consideración como un problema puramente humano y no político. Se difuminan los factores por los que esas víctimas lo han sido y éstas pasan a ser individuos aislados que tuvieron la mala fortuna, terrible, digna de comprensión y solidaridad y todo eso, pero mala suerte, de caer entre las bombas de un grupo terrorista.

Lo que viene después es sencillo. Consiste en convertir la negociación con ETA en una cuestión fundamentalmente pragmática, en una «solución de un problema», libre de incómodos principios democráticos y éticos, conveniente para el conjunto de españoles y que no debería ser condicionada por esa minoría «desafortunada» que sufrió las iras de esos criminales elevados ahora a la categoría de negociadores. Hace unas cuantas semanas un ciudadano lo explicaba en una carta dirigida a un periódico y lo hacía crudamente, sin los tapujos de los intelectuales y los políticos: ellos han sido víctimas, todo mi apoyo y bla, bla, bla, pero son unos intolerantes si pretenden imponer su opinión, porque yo no quiero ser una víctima del futuro y reivindico mi derecho a negociar. Dicho de otra forma, reivindico mi derecho a la rendición y a la ruptura de los principios democráticos porque tengo miedo y no quiero arriesgarme.

Esa es la diferencia, la frontera entre los principios democráticos y éticos que distinguen a quienes se manifiestan contra la negociación política con los terroristas y quienes están dispuestos a esa negociación. Y si esa negociación acaba por desarrollarse, al menos que no se manipule la historia y que cada uno ocupe su lugar. Los que protagonizaron la resistencia democrática, en la posición de dignidad y honor que les corresponde, y los ligeros de principios, en otra bien distinto.

A las dos manipulaciones señaladas se suma un error que cometen las propias víctimas, pero también muchos de quienes coinciden con su discurso y que contribuye a esa tergiversación de la separación de las víctimas del resto de la sociedad sojuzgada. Y es que restringen demasiadas veces el concepto de víctima a quienes han sufrido directamente las bombas de ETA y a sus círculos más cercanos. Comprendo que es el resultado de un proceso necesario como ha sido el reconocimiento mismo de la existencia de las víctimas y de su dignificación, algo que no tuvo lugar hasta fines de los noventa. Pero ello no debe llevarnos a olvidar que una buena parte de la sociedad vasca y aún mayor del resto de la española han sido también objetivos de ETA, al menos, objetivos potenciales, aunque las bombas no los hayan alcanzado. Y, por lo tanto, víctimas. Y eso incluye a todos los que han rechazado las exigencias de los terroristas, es decir, la aceptación de que el País Vasco no es España y su independencia. Cualquiera que disienta de lo anterior es una víctima potencial de ETA, sobre todo cuando lo expresa en público. Y cuando decide callarlo por miedo, sigue siendo una víctima a la que se le impide su derecho a hablar. Otra cosa es que algunas de estas víctimas deseen negociar con sus agresores. Pero eso no cambia su condición de víctimas.

Las víctimas de ETA son muchas más que las que se agrupan en la AVT o en cualquier otra asociación. Constituyen la gran mayoría de la sociedad española, la que no ha apoyado o sostenido a los terroristas. Dejemos de una vez de hablar de las víctimas como un pequeño grupo, a este paso, exótico, incluso. La historia de la persecución de ETA nos incluye a todos, a millones de españoles. Y cuando el Gobierno afirma, con supuesta magnanimidad, que las víctimas serán escuchadas en el «proceso de paz» debería tener presente que se refiere a todos esos millones.

Pero, además, el debate sobre las víctimas no es solamente el de la justicia que se les debe a quienes han sufrido directamente las bombas, los tiros y la extorsión de ETA. Si eso es esencial porque pone a prueba la solidez del sistema judicial, hay otro asunto incluso más relevante que pone a prueba toda la democracia. Se trata del debate político que está detrás de la negociación. El de la legitimidad del terrorismo. Pero también el de la legitimidad de sus reivindicaciones. Si el estado y todos los defensores de los principios democráticos han pedido durante tantos años la resistencia y el riesgo de muerte a tantos y tantos ciudadanos lo han hecho porque pensaban que ese sacrificio era imprescindible para sostener nuestro sistema de libertades. Y no sólo porque un demócrata no puede ceder ante los terroristas, sino también porque sus reivindicaciones, todas y cada una de ellas, son innegociables. Y no me refiero sólo a su sistema político totalitario, sino también a la autodeterminación del País Vasco y cualquiera de sus pasos intermedios.

Ese es el contenido fundamental de las manifestaciones promovidas por las asociaciones de víctimas y las del conjunto de la resistencia frente a ETA. Dejémonos de vacíos y engañosos cantos a la solidaridad con las víctimas. Porque se trata de mucho más que de la solución de sus casos particulares de dolor e injusticia. Se trata de tomar decisiones trascendentales para la democracia española y para los principios políticos que rigen la vida social de todos los españoles.
EDURNE URIARTE, CATEDRÁTICA DE CIENCIA POLÍTICA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

Decálogo de apoyo a la manifestación de la AVT
Raúl González Zorrilla Periodista Digital  25 Noviembre 2006

Las razones para estar siempre al lado de las víctimas del terrorismo, mayoritariamente representadas por la AVT, son tantas como los motivos que tenemos todos los ciudadanos españoles demócratas para manifestarnos mañana en Madrid demandando al Gobierno “Rendición en mi nombre no”. De cualquier forma, y como aunque parezca éticamente imposible, todavía no son pocos los que necesitan más razones para expresar públicamente su apoyo a quienes más han sufrido la violencia terrorista en este país, proponemos un breve decálogo de motivos para solidarizarnos con quienes, con la mayor dignidad del mundo, mostrarán mañana su total oposición a la negociación política que el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto en marcha con la banda terrorista ETA.

1) Las víctimas del terrorismo, como cualquier otro ciudadano, han de ser agentes activos en el proceso de negociación con la banda terrorista ETA que ha puesto en marcha el Ejecutivo socialista. Pero, además, las víctimas del terrorismo, como hombres y mujeres directamente afectados por el horror criminal, han de tener un derecho prioritario de participación política para defender la justicia democrática, para proteger la memoria de sus fallecidos y para proclamar la verdad de lo sucedido.

2) Frente a la presencia omnipresente de los verdugos, que ahora regresa a sus niveles más álgidos gracias a la legitimidad que les está proporcionando el Partido Socialista en el Gobierno, las víctimas del terrorismo, con el convencimiento de que es imposible alcanzar la paz sobre el olvido de lo padecido, sobre la injusticia y la impunidad, se han convertido en el único antídoto válido para superar el cáncer moral que el terrorismo ha extendido por no pocos rincones de la sociedad vasca y española.

3) Las víctimas del terrorismo, en condiciones profundamente dramáticas, siempre han dado un ejemplo modélico de respeto al sistema democrático, de lucha por la Justicia, de renuncia a la venganza, de repulsa a cualquier método violento para terminar con ETA y de trabajo firme por mantener la verdad de lo sucedido a pesar de los muchos intentos que en este país se han hecho por manipular tanto las historias particulares de muchos asesinados por ETA como la propia historia colectiva de los vascos.

4) Los familiares de las víctimas del terrorismo conocen mejor que nadie toda la atrocidad, el dolor, el drama y las consecuencias que se derivan de cada atentado criminal. Las víctimas acumulan en sus múltiples, ocultas y trágicas historias, toda la infamia que se ha vertido en este país y, por ello, poseen una absoluta autoridad para desmontar despropósitos ideológicos que, aún hoy, tratan de legitimar, directa o indirectamente, las mayores aberraciones terroristas.

5)Las víctimas del terrorismo son las únicas que pueden liderar el proceso que lleve a la sociedad vasca en particular, y a la sociedad española en general, a observar la realidad política desde el punto de vista de quien la sufre y no de quien la provoca, desde la mirada del que muere y no del que mata y desde el prisma de quienes, en muchos casos, han dado lo mejor de sí mismos para defender la libertad de todos.

6) El testimonio incansable e irreductible de las víctimas del terrorismo es la gran vacuna contra la permanente tentación de la impunidad. Ninguna ley de los hombres tiene capacidad para devolver a la vida al casi millar de víctimas provocadas por la lacra del terrorismo etarra y, por ello, los familiares de las víctimas del terrorismo no demandan una justicia restitutiva que, por ejemplo, sí puede reclamar alguien que ha sido víctima de un robo. Pero la imposibilidad de que exista una justicia restitutiva no exime, de ninguna manera, de la demanda de una justicia reparadora. La justicia reparadora, que a pesar de lo que digan algunos dirigentes socialistas moralmente idiotizados nada tiene que ver con el odio y es sinónimo de ejemplaridad democrática y de probidad moral, es la principal petición de las víctimas del terrorismo.

7) Las reclamaciones de las víctimas han de tener una prioridad fundamental porque en ellas se agazapa el testimonio palpable del drama que vivimos en el País Vasco y en el resto de España y porque, como conocedoras directas del horror que se encierra detrás de cada crimen terrorista, las víctimas son han de ser referentes sociales privilegiados para poner de manifiesto toda la crueldad ética que se encierra detrás de cada atentado.
Blog de Raúl González Zorrilla http://gonzalez-zorrilla.blogspot.com/

Hincar el diente
TONIA ETXARRI El Correo  25 Noviembre 2006

Si después del derroche de mensajes y guiños producidos durante los últimos meses, los socialistas tienen que recuperar el discurso de la obviedad (a saber: que los actos delictivos del entorno de ETA tendrán respuesta policial y judicial) puede obedecer a dos razones contradictorias. O bien los asesores de Zapatero se ven obligados a rebobinar sobre lo insinuado a la banda, al ver que no pueden avanzar sin que la presión popular se les eche encima, o bien tienen que aclarar que el gobierno jamás se comprometió a nada y nunca les prometió la luna, como parece que se creyó el entorno de Otegi.

Seguramente, con el tiempo y la publicación de las actas de los encuentros en su día, se sabrá el meollo del intercambio, como ha ocurrido con anteriores treguas. Pero lo que parece evidente es que, a la ilegalizada Batasuna, no se le ha oído exigir nada diferente a la autodeterminación y la territorialidad. Esos temas sobre los que, según Permach, los socialistas no se acaban de atrever a «hincar el diente».

En Batasuna no han cambiado el discurso. Y si llegaron a creer que la propina consistiría en cierta impunidad para los terroristas y su entorno mientras durase la negociación entre ETA y el Gobierno, fue porque algún mensaje confuso de Zapatero junto al de algunos partidos emplazando a los jueces a que se acomodasen a la coyuntura política y el cambio de criterio de la Fiscalía en algunos procesos judiciales, así lo dieron a entender.

Pero como el Estado de derecho, a pesar de los tropezones, ha seguido funcionando, ha vuelto el terrorismo a la calle. Los últimos episodios han sido calificados de «ataques fascistas» por el delegado del Gobierno. Paulino Luesma, después de insistir, con más moral que el Dalai Lama, en el 'brindis al sol' tradicional (que se desmarquen de la violencia, que la condenen) lanza una advertencia que revela que él también es partidario de «rebobinar» para corregir errores. Porque, si «haremos frente al terror con la ley en la mano», como no podría concebirse de otro modo, ¿a qué venía que el ministro Rubalcaba haya dado solemnidad a lo obvio para asegurar que a los ladrones de pistolas, en Francia, se les acabará persiguiendo y deteniendo?

Seguramente, al reconocer que el proceso va mal, estaba dirigiendo un mensaje a la Asociación de Víctimas del Terrorismo que hoy ha convocado una manifestación en Madrid para protestar por la negociación con ETA. El lehendakari ayer estuvo con otras víctimas. Con la Asociación andaluza, en un hotel. Hace algunos años, Ibarretxe presentó su campaña de arrope a las víctimas. Su lema se llamó «con cara y ojos». Fue magníficamente presentada por Maixabel Lasa pero no consiguió romper la barrera de hielo que le sigue separando, al lehendakari y su gobierno de los colectivos más mayoritarios de las víctimas. Demasiada indiferencia durante tanto tiempo.     t.etxarri@diario-elcorreo.com

Conde Pumpido
De una a ninguna
José Antonio Martínez Abarca Libertad Digital  25 Noviembre 2006

El Fiscal Cándido Conde Pumpido ha ordenado, bueno, susurrado (no sea que alguien se entusiasme y lo tome como una obligación), que hay que investigar las herriko tabernas, sí, pero "una a una", para comprobar sobre el terreno el único hecho digno de ser creído por un progresista: que no hay pruebas ni las habrá que acusen a las herriko tabernas de pertenecer al entramado etarra.

O sea, que la policía de Cándido, que es a la policía de verdad lo que los "estupas" de la "mordida" mexicana a aquellos serios "calimeros" españoles de antes (esos que dirigían el tráfico franquista con un orinal en la cabeza), va a empezar a registrar los bares abertzales al mismo ritmo que los indolentes corsos de los tebeos de Asterix cargaban de riquezas las naves del gobernador romano corrupto de turno. "A trabajar", les urgía un colaboracionista. "No sólo eres un renegado sino que además dices palabrotas", le respondían los divertidísimos corsos, tumbados a la bartola (como aquellos peones camineros de la España cañí que interpretaba Boadella en sus programas humorísticos de la tele, rellenando socavones a socavón por programa bajo el lema "España nunca ha sido un camino de rosas"). "¡Pero es que a este paso tardaremos años en terminar!". "Muchachos, más despacio, de-de-de-despacio, que he oído que tenemos años para hacer el trabajo".

Cándido y su muchachada tienen años por delante, "de-de-de-despacio" y sin que se me entusiasmen, para comprobar la premisa a la conclusión de la que parten. Una vez que tenga revisadas las primeras herriko tabernas una a una habrá que empezar a revisarlas media a media, cuarto y mitad a cuarto y mitad y así subdividir en fracciones diabólicas hasta llegar a la piadosa filosofía de vida de la secta indostánica de los jainitas, que barren morosos antes de dar un paso en media baldosa no sea que pisen sin querer cualquier gusarapo o algún dialogante ácaro. Que ésos indios sí que tienen ansias infinitas de paz.

Con las ganas de cumplir con sus obligaciones legales y laborales que tiene Cándido, otro de esos legañosos de barba con aspecto de salvado de avena que ve amanecer junto a Garzón para inmediatamente después empezar a trabajar en el depurado estilo corso, o sea, como San Máximo, que ganó la guerra acostado, hay tiempo hasta para descubrir lo que ya se sabe. Haciendo un cálculo somero según el nuevo cómputo solar del calendario candidiano, estamos por lo menos a dos docenas de militantes del PP detenidos de lograr que el fiscal general encuentre algún delito en algún filoetarra. Dará lugar Cándido, antes de cerrar ningún negocio, a que las fotos en huecograbado de los etarras dispersados por las cárceles españolas que tupen las paredes de estos locales tan simpáticos se conviertan, por la humedad y la natural extinción de la vida humana, en las caras de Bélmez.

El cardo y la rosa
POR M. MARTÍN FERRAND ABC  25 Noviembre 2006

JOSÉ Montilla sale mejor parado si, con generosidad, se arrancan de su biografía las páginas correspondientes a su tiempo como ministro de Industria, Comercio y Turismo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En esos días, para no desentonar de su jefe y sus colegas, entró al trapo de todas las provocaciones que le salieron al paso. Quizá para pagar alguna deuda vieja de su PSC, tomó partido en asuntos mercantiles que exigían su neutralidad arbitral, como su insensato apoyo a la opa de Gas Natural -léase Caixa- sobre Endesa, una versión actual del timo de la estampita.

Ahora, ya revestido como president, encabeza una nueva versión del tripartito que se llevó por delante a Pasqual Maragall y, de paso, le obligó a Zapatero a bailar con Artur Mas en una fiesta improvisada, inconclusa y, sobre todo, insustancial. Las críticas más enardecidas que Montilla ha recibido por su discurso de investidura se refieren a los estropicios fonéticos que hace del catalán; pero esa es cuestión de poca monta. Manuel Fraga tiene un uso del gallego menos fino que el que Montilla hace del catalán y no fue eso lo que le sacó de la pista del poder.

En su discurso Montilla ha reconocido sus limitaciones y eso, en tiempos en que la brillantez y el talento son considerados como agravante, no va mal en una sociedad, como la catalana, que quiere lo que sabe sin saber muy bien lo que quiere. En ese ambiente no deja de llamar la atención la intervención del portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, quien, con desdén, valoró el discurso del que es, desde ayer, presidente de la Generalitat «más propio de un presidente de comunidad autónoma (...) que de una nación que busca su lugar en el mundo».

Puig es, por lo que sabemos de él, un veterano de la política, a la que no llegó desnudo. Es ingeniero de Caminos por la Politécnica de Barcelona y experto en Administración de Empresas por la de Madrid y, próximo a cumplir sus primeros cincuenta años, ya debiera saber que de lo que Montilla tomó posesión es, precisamente, de la presidencia de una comunidad autónoma. De tanto jugar con las palabras y darle pellizcos de monja a la realidad nacional española empezamos a perder, si alguna vez lo tuvimos, el buen sentido.

Cataluña será una nación porque así lo ha admitido, con desprecio a la Historia y la lengua españolas, la mayoría del Congreso de los Diputados; pero Montilla no es presidente de la nación catalana, una ficción sin estructura administrativa: encabeza el Ejecutivo derivado de la voluntad del Parlament. De ahí que, si como dice Puig, el discurso fue «de presidente de comunidad autónoma», la oposi-ción de CiU se expresa con admiración a un personaje al que, para tratar de denostarle, rinde pleitesía. Quiso ofrecerle un cardo y le ha regalado una rosa. ¡Que se besen!

La Iglesia advierte que cualquier «concesión política» a ETA puede «legitimar el terrorismo»
JESÚS BASTANTE. MADRID ABC  25 Noviembre 2006

«La justicia, que es fundamento indispensable de la convivencia, quedaría herida si los terroristas lograran total o parcialmente sus objetivos por medio de concesiones políticas, que legitimaran falsamente el ejercicio del terror». De este modo, la Conferencia Episcopal advirtió de las posibles consecuencias del actual «proceso de diálogo» entre ETA y el Gobierno.

En la esperada instrucción pastoral «Orientaciones morales ante la situación actual de España», aprobada el pasado jueves (pero que no se hará pública hasta la semana próxima), los obispos inciden en que «los eventuales contactos de la autoridad pública con los terroristas han de excluir todos los asuntos referentes a la organización política de la sociedad, y ceñirse a establecer las condiciones conducentes a la desaparición de la organización terrorista, en este caso de ETA».
Para la Iglesia española, «la exigencia primordial para la normalización de la sociedad y la reconciliación entre los ciudadanos es el cese absoluto de toda violencia, y la renuncia neta de los terroristas a imponer sus proyectos mediante la violencia».

En la situación actual, el Episcopado español reclama a Gobierno y oposición que trabajen «conjuntamente, con todos los medios legítimos a su calcance, para que llegue cuanto antes el fin del terrorismo». Al tiempo, advierte que «todos están obligados a anteponer la unión contra el terrorismo a sus legítimas diferencias políticas o estratégicas. A nadie le es lícito buscar ninguna ventaja política en la existencia de esta dura amenaza».

Como adelantó ABC, el texto ha sido «muy matizado», y en el mismo se incluyen referencia explícitas a la unidad de España -aunque finalmente se ha eliminado su calificación como «bien moral»-, así como una denuncia del «laicismo radical y excluyente» que experimenta nuestro país.

La pastoral sigue los pasos de la «Valoración moral del terrorismo en España, de sus causas y sus consecuencias», aprobada ahora hace cuatro años. Así, se califica el terrorismo como «intrínsecamente perverso, del todo incompatible con una visión moral de la vida justa y razonable».

En este punto, los obispos recuerdan que «es objetivamente ilícita cualquier colaboración con los terroristas, con los que lo apoyan, encubren o respaldan», y advierten que «una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político legítimo, ni de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político».

«Indulgencia» si hay paz
Aunque la instrucción resalta que «el terrorismo no produce sólo daños materiales y desgracias personales y familiares, genera también en la sociedad un grave deterioro moral», los obispos abren la puerta a determinadas medidas de «indulgencia» en el caso de que los terroristas «renuncien a la violencia y al terror».
«Una sociedad madura y más si está animada por un espíritu cristiano -indica el documento- podría adoptar en algunos casos alguna medida de indulgencia que facilitara el fin de la violencia, pero nada de esto se puede ni se debe hacer sin que los terroristas renuncien definitivamente a utilizar la violencia y el terror como instrumento de presión».

Las víctimas de ETA, señaló el portavoz, «ocupan un lugar destacado» en el documento. De este modo, los obispos «expresan su afecto, respeto y solidaridad, extensibles a sus familiares, amigos y personas que han sufrido directa o indirectamente el terrorismo».

Sobre la unidad de España, Camino aclaró que el documento «habla de una unidad histórica, espiritual y cultural de todos los pueblos de España». En el resumen a los medios, sólo se dice que «la unidad histórica y cultural de España puede ser manifestada y administrada de muy diferentes maneras. En esa cuestión la Iglesia se limita a recomendar a todos que piensen y actúen con la máxima responsabilidad y rectitud, respetando la verdad de los hechos y de la historia, considerando los bienes de la unidad y de la convivencia de siglos y guiándose por criterios de solidaridad y respeto hacia el bien de los demás». No obstante, fuentes episcopales indicaron a este diario que de la lectura íntegra del texto «se desprende una defensa de la unidad de España, dentro de la diversidad que permite el sistema democrático».

La instrucción también recoge una «valoración moral» de los nacionalismos «en la situación concreta de España». Así, la Iglesia «reconoce la legitimidad de las posiciones nacionalistas, siempre que, como todo proyecto político justo, se justifiquen en referencia al bien común de toda la población, directa o indirectamente afectada».

«Laicismo radical y excluyente»
Junto al análisis de la realidad política, los obispos también alertan de la «fuerte oleada de laicismo» surgida en los últimos años en nuestro país. Así, la instrucción pastoral denuncia que «el laicismo radical y excluyente, impulsado por algunos sectores, está en la base de algunas legislaciones, que deterioran gravemente el bien común de una sociedad, formada en buena parte por católicos». Al tiempo, pide «un ordenamiento justo» para que «todos podamos convivir».

PIDE QUE "NO QUEDEN IMPUNES LOS DELITOS DE ETA"
Alcaraz: "La memoria, la dignidad y la justicia no tienen color político"
El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha declarado en los micrófonos de la COPE que "la memoria, la dignidad y la justicia no tienen color político". "Defender la legalidad vigente y que no queden impunes los delitos de ETA, en esto estamos de acuerdo la mayoría de los españoles", ha dicho Francisco José Alcaraz que ha anunciado que terminó este viernes por la noche el discurso que pronunciará en la manifestación de este sábado. "Se ha cambiado a última hora. Que los asistentes vean un discurso que no voy a poder adelantarles porque va a ser una sorpresa", ha dicho.
Libertad Digital  25 Noviembre 2006

En relación a la cesión de un local para un acto de Batasuna-ETA por parte del PSOE de Burlada (Navarra), el presidente de la AVT, Francisco José Alcaraz, ha declarado en La Mañana del Fin de Semana de la Cadena COPE que "a todas esas personas que confiaban en el proceso de paz" hay que decirles que "tienen un motivo más para ir a la manifestación".

"Que un partido como el PSOE esté ayudando a los terroristas es indignante. Las decisiones que se están tomando en estos momentos son de extrema gravedad. Imagine lo que será en un futuro no muy lejano. Con la reforma del Código Penal. Con los terroristas paseándose por calles y ayuntamientos. Imagínese el futuro que les espera a nuestros hijos", ha declarado Alcaraz.

Sobre las últimas decisiones judiciales, el presidente de la AVT cree que España tiene "una justicia que de alguna forma está remando al proceso de rendición ante ETA". La razón, según Alcaraz, es que "quien la maneja y quien la controla es el Gobierno, con la colaboración del señor Conde-Pumpido que hace la vista gorda ante las acciones de Batasuna y la colaboración confesa y declarada de jueces como el señor Garzón".

Sobre los insultos del Gobierno a la AVT por parte del PSOE, Alcaraz considera que "las palabras que salen de boca de la vicepresidenta y de josé blanco (respeto y cercanía a las víctimas, etc), me sorprenden en tanto que los hechos evidencian una situación completamente distinta". "Lo que me preocupa es que todavía haya españoles que confíen en estas palabras", asegura.

Pilar en la «paz de Azcoitia»
POR BLANCA TORQUEMADA ABC  25 Noviembre 2006

AZCOITIA (GUIPÚZCOA). Pilar Elías estará esta tarde otra vez (una más) en primera línea de la manifestación de la AVT en Madrid, junto a otras víctimas del terrorismo. Luego, emprenderá el camino de regreso a Azcoitia, donde vuelve a presentarse a las elecciones, un paso difícil y necesario. Lleva va ya andadas varias legislaturas como concejal del Partido Popular en su pueblo natal, en el que cualquier ejercicio de libertad política y ciudadana «estorba» al totalitarismo nacionalista y, cómo no, a la «reinserción» del «cristalero».

En el valle del Urola, la cuna de San Ignacio, apenas se mira hacia fuera, como cabría esperar de la vocación abierta y universal del Santuario de Loyola (reconvertido por algunos en guarida de citas indeseables), sino hacia las tripas de un victimismo identitario perennemente insatisfecho. Sopla un viento fuerte y cálido que preludia lluvia. Azcoitia (10.492 habitantes, con gobierno municipal del PNV y sólo dos ediles constitucionalistas, Pilar por el PP y un representante del PSE) es una localidad silenciosa y algo destartalada. Más fabril que monumental, aunque no le falten una hermosa iglesia de portada barroca, la de Santa María la Real, ni rotundas casas solariegas.

El problema de las listas
No es el caso del edificio donde vive Pilar Elías, un bloque modesto y convencional. Hace 64 años, cuando ella nació, lo hizo construir su abuelo, al lado del surtidor de gasolina propiedad de la familia. Siempre ha sido su casa. Los locales comerciales abundan en el pueblo, así que no hay resquicio de justificación al hecho de que el etarra Cándido Azpiazu, el que en 1980 asesinó a su esposo Ramón Baglietto, haya decidido instalar su negocio en el mismo inmueble de la viuda de su víctima.
La cristalería está aún cerrada, a mediodía, y la concejal aguarda a los periodistas en su piso, en la segunda planta. En la sala (después de superado en la puerta el férreo y necesario control de sus escoltas), desgrana su día a día asediado por la putrefacción moral y condicionado por la falta absoluta de libertad.

Se lamenta de la carrera de obstáculos para elaborar las listas electorales, una dificultad corregida y aumentada en esta ocasión: «Ha muerto de repente un buen amigo que me ayudaba en todo, me preparaba los documentos y los papeles para el notario. Ahora me ha dicho María San Gil que no me preocupe, que vendrá algún chico de Nuevas Generaciones a echarme una mano. De aquí no se quién conseguiré para la candidatura, tres como mucho, pero si no hay, ya me marcharé a buscarlos a Burgos».

No ha renunciado a su condición de vecina de Azcoitia ni se resigna a que le arrebaten essus raíces por la fuerza. Ejerce cuando las circunstancias se lo permiten. «Es aquí costumbre de siempre -explica con naturalidad, como si no estuviera sometida a una opresión tortuosa- que se junten los que han nacido el mismo año, para cenas y reuniones. A mí este invierno los de mi quinta me pidieron que no fuera a una excursión porque, decían, estaban los ánimos muy caldeados, y ya les contesté que de todas formas no habría podido, porque Rita Barberá me había invitado a las fallas. Así están las cosas».

Pilar pasa la mitad de la semana en Azcoitia, donde atiende sus obligaciones en el Ayuntamiento, y el resto en Zarauz, donde viven sus dos hijos y sus nietos. Cuando está en su pueblo, no se resigna a enclaustrarse: «Voy al mercado, que lo tengo al lado, y también a la peluquería. Hablo con todos, como siempre. Aunque cada vez es peor el odio con el que me miran muchos jóvenes por la calle. ¡No sé cómo se puede mirar con tanta rabia! Ahora andan otra vez con las pancartas. El miércoles pasado, cuando volví a casa, ya me habían colocado en la puerta las de «De Juana askatu»».

Pero el último capítulo ominoso de esta historia siempre inacabada no fue cosa de los «borrokos»: «Todos los años se hace una cena con los internos de la residencia de ancianos del pueblo, y vamos los de la Corporación municipal a pasar un rato con ellos. Ahí estaba yo, acercando las tortillas a unas señoras mayores, cuando ví que estaba sentada enfrente la madrastra de Cándido, la que le crió cuando quedó huérfano. No me quitaba el ojo y yo le sostuve la mirada, no me iba a marchar por eso. Si tenía que pasar a su lado para coger los aperitivos, pues lo hacía, cómo no, y sonriente. Hasta que se me acercó de muy mala manera y me soltó; «¡A ver si dejas descansar a los muertos!». ¡Con qué hostilidad!».

Esta gélida y perpetua subversión de valores, la misma que en aquel célebre reportaje de cámara oculta de Telecinco se manifestó en el reproche proferido por la esposa del etarra-cristalero («¡Es que esa mujer no tiene humildad!») hace que no se den en esta presunta «paz», la «paz de Azcoitia», los requisitos irrenunciables: el reconocimiento del daño causado y la petición de perdón. Azpiazu ha cumplido con la Justicia, pero no con la sociedad democrática. No con Pilar. «Ahora debían pensar que como ya estoy vieja no me volvería a presentar a las elecciones, pero mientras tenga fuerzas, lo haré», dice ella con vehemencia rocosa.

Agasajos a los etarras
Mientras, la Azcoitia que sí puede expresarse a sus anchas prodiga los homenajes a los «gudaris» de «Euskalherria». El último, a Asier Altuna, un individuo que acaba de salir de prisión porque en 2001 prestó su garaje para guardar un coche-bomba ya preparado para asesinar a un concejal socialista de Éibar. Cosas de chicos.

La dignidad de Pilar, y su coraje, son el tributo a la memoria del esposo asesinado, un antídoto contra la culpabilización de la víctima, de todas y cada una de las víctimas. Abajo, ya ha abierto al público, como cada tarde, la cristalería Aldako. Un negocio sin mucho trasiego de mostrador que permite cobijar en la trastienda la mezquindad y la ausencia de arrepentimiento. En la «paz de Azcoitia» el bálsamo no es el silencio complaciente de muchos, sino la rebeldía. La resistencia incómoda, irreductible, de Pilar.

«Salgo a la calle para que mi madre no sea otra víctima»
Los jóvenes del PP vasco denuncian que Interior tiene datos de seguimientos de etarras
C. Morodo La Razon  25 Noviembre 2006

Madrid- Pocos mensajes pueden tener tanta fuerza en la denuncia del problema de la violencia en el País Vasco como el de la militancia juvenil de lo que en la anterior legislatura se llamaba el «frente constitucionalista», aunque sólo sea por esa curtida experiencia en dar la batalla por la causa de la libertad, bajo la sombra de la escolta, como concejales en pequeños feudos «abertzales».

En este escenario de fractura de la unidad de acción del PSOE y del PP aprendida después de tantos errores del pasado y, sobre todo, de la tregua-trampa del 98, que dejó a los nacionalistas como únicos consentidores, ayer sólo los jóvenes populares vascos dieron un paso al frente para instar a la movilización social ante la manifestación que hoy ha convocado la AVT en Madrid contra la negociación política con ETA.

En un duro manifiesto, al que pusieron rostro once militantes de Nuevas Generaciones, se describe un hostil escenario de violencia y amenazas que ha ido a peor, comparado con 2004, por la rehabilitación de facto de Batasuna en la calle y en la vida institucional, con la «connivencia socialista».

«Hace meses vivimos un momento en el País Vasco donde los terroristas y sus simpatizantes eran repudiados socialmente, ahora volvemos a ser nosotros los repudiados, ahora son ellos los que se sienten más fuertes y envalentonados», señala la declaración que lleva por título «En defensa de la libertad».

Seguimientos de los radicales
Ante una realidad marcada, según el dibujo de los populares vascos, por «el rebrote alarmante de la “kale borroka”, por la continuidad de las amenazas, extorsiones y chantajes, y en la que se negocia con Navarra y los navarros como si fuesen mercancía», sobresalió el testimonio de Carlos García, concejal del PP en el Ayuntamiento de Bilbao.

«Lo estamos pasando tan mal como hace muchos años, tan mal o peor. Ha vuelto la “kale borroka”, ha vuelto la quema de contenedores y han vuelto los seguimientos y esto lo sabe el presidente del Gobierno y el PSOE. Hay informes por escrito que tiene el Ministerio del Interior de los seguimientos que nos están realizando», señaló.

Interior, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, contestó diligentemente negando tener noticia de esas vigilancias, que sí ha confirmado, sin embargo, la Ertzaintza.

Una amplia delegación del PP vasco, con María San Gil a su cabeza, se sumará hoy a la manifestación de la AVT con un mensaje en apoyo de la vuelta al Pacto Antiterrorista y de la unidad de los demócratas para alcanzar la «derrota definitiva de ETA».

El secretario general del PP, Ángel Acebes, resaltó precisamente ayer que el objetivo de la marcha que esta tarde recorrerá las calles de Madrid es «pedir un presidente del Gobierno que llame a la unidad de los demócratas para derrotar al terrorismo». «Los españoles no quieren un Gobierno o un partido político que se siente a negociar por la tarde con quienes han estado robando armas por la mañana», añadió. El «número dos» de Rajoy hizo hincapié, sobre todo, en el valor de apoyo a las víctimas que tiene la manifestación y arremetió contra el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por su falta de transparencia.

«Ya basta de intoxicaciones, ya basta de ocultismo y de negociaciones secretas con ETA-Batasuna», afirmó, antes de preguntarse en alto «¿cómo puede decir el ministro del Interior que hay dificultades para que arranque el proceso cuando públicamente y en secreto se han reunido para decidir la agenda sobre el futuro de los españoles en esa mesa fuera de las instituciones democráticas».

La cúpula del PP arropará a las víctimas como ha hecho en todas las anteriores protestas convocadas en esta legislatura. El jefe de la oposición ha variado incluso su agenda, en la que estaba previsto un viaje a Argentina, para poder estar presente en el acto, y militantes de las distintas organizaciones regionales se desplazarán también a la capital. «Yo quiero estar mañana [por hoy] en la manifestación de la AVT porque no quiero que mi madre tenga que ser socia y formar parte de esa asociación como víctima del terrorismo», proclamó Carlos García. El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que solicita al Gobierno socialista que conceda ayudas a las víctimas del terrorismo en función de su representatividad y de su número de miembros, según explicó el diputado Miguel Barrachina.

Declaró por videoconferencia
«Me estaba pudriendo en el agujero»
José María Aldaya relata el sufrimiento que padeció durante los 341 días que estuvo secuestrado por ETA

MADRID El Correo   25 Noviembre 2006

José María Aldaya regresó ayer a su peor pasado. Al momento en que permaneció 341 días «humillado» en un «agujero maldito» de reducidas dimensiones, cargado de humedad, sin ventanas e iluminado de forma «pobre» con la energía proveniente de una batería de coche. Aquejado de graves problemas físicos que le obligan a caminar con muletas, el empresario guipuzcoano secuestrado por ETA hace once años declaró por videoconferencia desde Bilbao en el juicio que se sigue contra uno de sus supuestos captores -el etarra Gregorio Vicario- en la Audiencia Nacional.

En apenas diez minutos, el industrial desgranó los más de once meses que permaneció encerrado en un zulo de apenas tres metros de largo, por uno de ancho y dos de alto. Recordó cómo, la noche del 8 de mayo de 1995, «tres o cuatro personas» encapuchadas le secuestraron en la proximidades de su domicilio en Hondarribia. A punta de pistola, le conminaron a introducirse en el maletero de un coche. Una vez dentro, le inyectaron un sedante. Dormido, su pesadilla comenzó al despertarse maniatado de pies y manos.

Durante casi un año permaneció recluido en ese habitáculo claustrofóbico. De aquellos días hay una cosa que nunca olvidará: la humedad. «Estaba mojado todo el día y tenía callos en las manos por escurrir el agua con una bayeta. Me llené de postillas y granos». Las filtraciones eran tan abundantes que «llenaba palanganas a diario». «Me estaba pudriendo», explicó de forma gráfica.

Aquellas condiciones de vida le han pasado factura. Explicó que debido a la extrema humedad que le empapó los huesos durante más de 300 días, tiene «mal» la espina dorsal y las dos caderas, donde le han colocado sendas prótesis. De una de ellas ha sido operado recientemente, motivo por el cual el pasado día 6 no pudo comparecer en la Audiencia Nacional y ayer tuvo que declarar por videoconferencia.

Nervios
Aldaya relató que «nunca» abandonó el zulo y que su único contacto con el exterior fue uno de sus secuestradores, que siempre iba tapado con un pasamontañas. A pesar de que con sus captores nunca tuvo lo que él definió como conflictos «peligrosos», sí admitió que hubo «problemas de nervios» porque reconoció tener «genio» y haber exigido la puesta en libertad. En este sentido, aseguró haber escrito varias cartas a la dirección de la banda terrorista para que le dejasen «fuera para poder organizar» su vida. Tampoco olvida cómo su secuestrador le fotografiaba de vez en cuando para demostrar a su familia que no había sido asesinado. Preguntado por el fiscal si había llorado durante su cautiverio, el empresario confesó que «muchísimo. 341 días metido en un agujero dan para llorar y para algunas cosas más». Aun así, admitió su parte de fortuna: «Tuve suerte de salir vivo de ahí».

Abandonó el zulo el 14 de abril de 1996. Un par de horas antes de hacerlo, «el hombre me dio de cenar y me entregó un reloj viejo que tenía que tirar cuando me despertase. Me dijeron que me dirigiese a una luz». Al cabo de un rato, el empresario llegaba a un caserío ubicado en el alto de Azkarate. Fue entonces cuando, casi un año después de ser apresado, volvió a ponerse en contacto con su familia.

Una década más tarde, Aldaya dijo ayer que aún no lo ha superado. «Mi mejor terapia es mi trabajo, me refugio en la empresa». Durante su declaración sólo se permitió un gesto de humor. Afirmó que lo único bueno que había sacado del encierro era que dejó de fumar, un vicio que recuperó al poco de quedar en libertad. «Bueno, empecé rápido, en algo me tenía que vengar».

Su testimonio fue escuchado sin inmutarse por Gregorio Vicario, que no dejó de pasear indiferente por el recinto acristalado de la sala de vistas de la Audiencia Nacional. El etarra se negó a declarar a las preguntas del fiscal. Sólo habló para mostrarse «orgulloso de ser de ETA».

Tanto el Ministerio Público como la Asociación de Víctimas del Terrorismo piden para Gregorio Vicario 17 años de cárcel por un delito de detención ilegal. El resto de los terroristas implicados en el secuestro ya fueron condenados en un juicio anterior. Vicario también fue juzgado ayer por el asesinato del coronel del Ejército Leopoldo García Campos en 1994. El fiscal pide por este atentado 56 años y medio de cárcel. El jueves, el etarra fue condenado a 8 años por colocar un coche bomba en Barcelona.

El castellano y la política lingüística, en la investidura
La Razón   25 Noviembre 2006

El castellano regresó ayer al Parlamento de Cataluña de la mano de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía. Su líder Albert Rivera quiso emplearlo durante su intervención en el debate de investidura para dar buena cuenta de su defensa del bilingüismo. Para redondearla, también utilizó el catalán. No fue el único momento en que la lengua se transformó en protagonista de la sesión, ya que Josep Piqué también le dedicó especial importancia, anticipándose incluso a Ciutadans. El líder del PP de Cataluña manifestó su preocupación por que ERC sea la encargada en el nuevo Gobierno de gestionar la política lingüística y pidió a José Montilla cambios en este ámbito. En concreto, Piqué reclamó el fin de las sanciones por rotular en catalán y apeló incluso a la condición del nuevo presidente como castellano-hablante para que invierta la línea marcada por el antiguo tripartito. En su réplica, Montilla recordó que si hay algún idioma amenazado en Cataluña es precisamente el catalán y, por eso, consideró necesarias políticas de «discriminación positiva» para velar por el futuro de la lengua vernácula. «Demos un paseo por cualquier librería... todo el mundo entiende y habla el castellano y todavía no todo el mundo entiende o habla el catalán, o lo habla de manera deficiente: yo soy un ejemplo mejorable», describió. Para argumentar que la Generalitat debe persistir en fomentar el uso de la lengua propia porque su condición no es la misma que la del castellano. El líder socialista compartió con Piqué que la cuestión lingüística no debe servir como pretexto para la confrontación y admitió algunos problemas «puntuales».

Recortes de Prensa   Página Inicial